El PP reedita su estrategia de los 90 en la que el fin justifica los medios aunque se desestabilice a las instituciones del Estado
Lo explicó con todo lujo de detalles el periodista Luis María Ansón en 1998: “Fue una operación de acoso y derribo. Algunos lo hicimos desde el convencimiento honesto de que era un servicio al sistema democrático. (...) Desde una labor crítica normal no se conseguía desalojar a González del poder”. Y dijo más cuando se le planteó en una entrevista si un sector de la prensa presionó durante aquellos años al mundo judicial: “Sin duda. Por reflexión o instinto, los medios reaccionaron atizando algunas situaciones. Ese fue el caso de los conflictos y el papel de la justicia. Al atizar el fuego en ese sector se favorecía la erosión (...). Hubo que elevar la crítica hasta extremos que a veces afectaron al propio Estado. Con la bonanza económica no hubiera habido quien lo echase”. La historia nunca se repite, pero en ocasiones rima. La España de 2024 no es aquella de los 90 del siglo pasado y tampoco la de la primera década del XXI, pero se le parece bastante. Hoy a la crispación le llamamos polarización, pero es lo mismo. Hoy en la Moncloa hay un gobierno de izquierdas como entonces. Hoy la oposición ha elevado el nivel de la crítica hasta límites insospechados. Y hoy la derecha política, judicial y mediática vuelven por la senda del 'todo vale' o 'el fin justifica los medios' que años después han versionado incluso en público. Entre el “para acabar con González se rozó la estabilidad del Estado” que admitió Ansón, el “que caiga España, que ya la levantaremos” de Montoro, “el que pueda hacer que haga” de Aznar y el “nuestra obligación es echar a Sánchez lo antes posible y lo haremos con todos los medios a nuestro alcance, también los judiciales” de Tellado en esta misma semana apenas hay diferencias. Todos los caminos convergen en una misma estrategia de acoso y derribo con el propósito de instalar el marco de una corrupción estructural en torno a Pedro Sánchez.
No es la corrupción, es el marco
En algunas crónicas de los informadores políticos aparecía esta semana el reconocimiento explícito de la dirección del PP de que poco o nada le importa a Feijóo que la Audiencia Nacional archive la querella presentada contra el PSOE por financiación ilegal porque para entonces ya habrán instalado en la opinión pública el relato de las “bolsas de dinero” que supuestamente llegaban a la calle Ferraz. Así tal cual. Sin ningún escrúpulo admiten en Génova que lo importante para sus intereses, más allá de la realidad de los hechos, es generar un determinado ambiente. Al entorno de Feijóo se le preguntó, según aparece en varias crónicas, sobre las consecuencias que podría tener para la formación que la querella no sea admitida, y respondieron que ese “riesgo” estaba “calibrado” antes de presentarla ante el juez y que con la decisión ya habían logrado encajar el mensaje en la opinión pública de las “bolsas de dinero” fuese mentira o verdad. El PP construyó su querella con el testimonio publicado por The Objective de un presunto empresario anónimo y con voz distorsionada por el propio digital para evitar la identificación que sostenía haber llevado 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE. Una información, por cierto, de la que apenas se han hecho eco el resto de medios en la órbita ideológica de la derecha y que no aparece ni en el sumario del caso Koldo que investiga un juzgado de Madrid ni en los informes de la Guardia Civil que sitúan el exministro Ábalos en el epicentro de una trama que pagaba comisiones y otras contraprestaciones a cambio de adjudicaciones en la Administración. Con eso y con la decisión del Tribunal Supremo de encausar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos, en la calle Génova dan por amortizada la semana y creen que Sánchez ha entrado ya en tiempo de descuento. Lo que tratan de evitar a toda costa es que la opinión pública conozca qué hay detrás de la decisión del alto tribunal y que es, además de una querella del novio de Isabel Díaz Ayuso contra el fiscal, un correo manipulado y un bulo difundido desde el teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez. La mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha implicado personalmente en la defensa de la pareja de su jefa, un defraudador confeso que dio un pelotazo durante la pandemia con la venta de mascarillas y, luego, cometió dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación documental para pagar menos impuestos de los que debía. Así que, de repente, el foco regresa dónde todo empezó y apunta otra vez a la pareja de Ayuso, quien en una intervención desatada en la Asamblea de Madrid acusó este jueves a Sánchez de “mafioso” y “estalinista”, “tirano” y “caradura”. Nada como el insulto para soslayar la falta de argumentos. La causa abierta por el Supremo es, para La Moncloa, la traducción exacta de la célebre frase del ex portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, con la que presumió de controlar la Sala Segunda del Alto Tribunal desde detrás. “Es exactamente lo que hemos visto esta semana con la apertura de la causa contra el fiscal general: el control de la Sala Segunda por detrás”, advierten en el Gobierno.
Crisis de liderazgo
La inflamada ofensiva del PP responde, en palabras del círculo de Sánchez, a una crisis de liderazgo de Feijóo, “que se sabe cuestionado internamente”, como demuestran las declaraciones de varios dirigentes populares que dudan “de la eficacia de una estrategia de confrontación vacía de contenidos”. Algo que, por otra parte, los socialistas ven que es un “pegamento parlamentario” para la mayoría que hizo posible la investidura y “un acicate para la cohesión de la izquierda política”. Sin embargo, tanto el caso Ábalos como la decisión del Supremo llegan en un momento en el que el Gobierno no tiene garantizada la aprobación de los Presupuestos, Sumar cuestiona algunas decisiones del Consejo de Ministros y Podemos eleva el nivel de la crítica contra el gabinete de Sánchez. “Nada que perturbe la tranquilidad del presidente”, advierten los socialistas, que llaman de paso la atención sobre “el impostado giro social que anunció Feijóo, su ausencia de proyecto más allá del pretendido acoso y derribo y su debilidad interna frente a una Ayuso que le marca cada día el paso”. Cada miércoles en cuanto acaba el habitual cara a cara de Feijóo con Sánchez en la sesión de control al Gobierno, Ayuso y su jefe de gabinete lanzan inmediatamente desde sus redes sociales los mensajes que el PP hace suyos, incluido el “pa'lante” que Miguel Ángel Rodríguez (MAR) ha acuñado para referirse a la imputación de Begoña Gómez, el Fiscal General, Ábalos y otros tantos nombres inmersos en causas judiciales. Y esto mientras la prensa afín a Feijóo destaca del líder popular, mucho más que sus propuestas, su “nueva y juvenil imagen” gracias a dos cirugías oculares y un nuevo peinado. Información de primera mano, con entrecomillados de la dirección popular y hasta de la peluquera que atiende al líder del PP en A Coruña y a la que atribuyen la gran exclusiva del año, que Feijóo “ha renunciado al tinte vegetal”.
El PNV recela de una estrategia que busca solo embarrar
Ironías aparte, no es el tinte ni la obsesión por la imagen lo que hoy por hoy aleja a Feijóo de la posibilidad de alcanzar el Gobierno. Es la falta de disposición de los todavía socios de Sánchez a apoyar una moción de censura impulsada por el PP, como confirmó el hecho de que Jordi Turull calificara esta semana de “fantasía” unas declaraciones de la presidenta de Junts, Laura Borrás, en esa línea y que ella mismo luego se vio obligada a matizar. Tampoco el PNV está por la labor como confirman las palabras de su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, para quien “hay muchísimas cosas que alejan completamente” a su partido de los populares, a quienes les pone “muy nerviosos que pueda aprobarse el presupuesto de 2025” y Sánchez “pueda acabar la legislatura aunque sea a trancas y barrancas”.
Esteban, que suele ser de los políticos que hablan con mayor claridad, sostuvo en una entrevista con RNE que el PP mantiene una “estrategia equivocada” con la que trata de “embarrar” la conversación pública, como demuestra su intento de convertir la “judicialización del caso Koldo en un tema de financiación ilegal del PSOE que por ahora no se ve”. Así las cosas, desde el Gobierno, además de defender que el caso Ábalos está perimetrado y tuvo una respuesta contundente mucho antes de que el exministro haya sido imputado, declaran tener “absoluta tranquilidad” porque “no solo no ha habido financiación ilegal” sino que en la sede de Ferraz “no hay ni ha habido dinero efectivo” desde hace más de un lustro. “Ni empleados, ni dirigentes tienen siquiera tarjetas de crédito. Pagan sus gastos y, después de justificarlos, se les abonan por transferencia bancaria”, explican desde la secretaría de Organización.
"La Unidad Valenciana de Emergencias, primer organismo de Ximo Puig suprimido por Carlos Mazón", presumía la cuenta oficial del PP valenciano en X hace ahora un año. A modo de explicación, añadía: "Es el primer paso de la reestructuración del sector público empresarial anunciada por el Gobierno valenciano".
El PP se lía con las explicaciones sobre el senador investigado por supuesto acoso
Un par de frases de Alberto Núñez Feijóo durante una entrevista radiofónica este martes ha torcido la estrategia del PP ante el escándalo por las supuestas agresiones sexuales cometidas por el ya exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón. Los de Feijóo optaron por un perfil discreto, conscientes de que un caso de acoso podría saltar en sus propias filas. Y así ocurrió con el senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, como protagonista. Tras las palabras de Feijóo, el PP embarrancó en una cadena de contradicciones y explicaciones a medias. La dirección nacional señaló a la andaluza como responsable de la gestión, pero los protocolos internos apuntan a que la encargada de investigar es Génova.
“Sabemos que esto puede ocurrir”, dijo Feijóo en esRadio al filo de las nueve de la mañana. Fue el propio líder del PP el que, a cuenta de una pregunta sobre el escándalo de Errejón, mencionó una “investigación” sobre un posible caso de acoso y agresión referido al senador y alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce. “Nadie pone la mano en el fuego por nadie”, añadió el líder de la oposición. Este martes, Landaluce no asistió al Pleno del Senado. El caso no surge por la denuncia de las concejalas supuestamente afectadas, sino por la filtración de unos pantallazos de wasap publicados de forma fugaz por Alvise Pérez en su canal de Telegram. Poco después, desaparecieron los mensajes. Feijóo relató que tras “salir una referencia” a Landaluce “automáticamente hablamos con él y se aclara este asunto”. “Cualquier tipo de denuncia que haya sobre mi partido tenemos que investigarla”, dijo. Pero las palabras de Feijóo provocaron el efecto contrario al buscado. Desde la dirección nacional aseguraron a los periodistas que la gestión de la “denuncia”, en palabras de Feijóo, dependía del PP andaluz de Juan Manuel Moreno. A lo largo de la mañana del lunes, desde la dirección estatal del partido derivaron la gestión al PP de Andalucía que lidera Moreno. La Junta de Andalucía intentó circunscribir el caso a la dirección provincial del PP de Cádiz. El portavoz parlamentario, Miguel Tellado, aseguró que la investigación estaba abierta, mientras la secretaria general, Cuca Gamarra, la dio por cerrada. Todo casi a la vez.
Un protocolo secreto que atañe a Génova
“El PP en Andalucía está trabajando en conocer de primera mano los hechos, pese a que no consta denuncia alguna en este caso, ni pública ni privada”, dijo Tellado en una rueda de prensa en el Congreso en la que dijo que la investigación seguía abierta. “Se activó de manera inmediata” el protocolo interno (y secreto) sobre acoso, “como no puede ser de otra manera”, aseguró minutos después Gamarra, que zanjó: “Se preguntó a esas dos mujeres, se puso en contacto la dirección del PP en Andalucía, en Cádiz, para conocer la veracidad y que ellas pudieran explicarse”. Pero el protocolo al que hace referencia Gamarra no deja la resolución de este tipo de conflictos a las direcciones autonómicas y mucho menos a las provinciales o locales. Es la dirección nacional la que debe investigar y resolver. La responsabilidad, según el documento, es de Génova, 13. Así consta en el documento, adelantado por El Periódico y al que ha tenido acceso elDiario.es. Porque el protocolo no es público, pero sí está disponible para todos los trabajadores del PP en la intranet de la organización. La última versión del “Protocolo de prevención del acoso laboral” del PP es de mayo de 2023, un año después de la llegada de Feijóo al liderazgo del partido. En este marco, el documento establece como “acoso sexual (...) todo comportamiento verbal, no verbal o físico, de naturaleza sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante, humillante y ofensivo”. El texto sigue: “El carácter laboral se presume al producirse en el ámbito de la organización de la entidad, así como cuando la conducta se pone en relación con las condiciones de empleo, formación o promoción del trabajo”. En cuanto al procedimiento, el protocolo asegura que “se inicia por denuncia de la presunta víctima de acoso (o por aquella Persona Sujeta que, no siendo víctima de acoso, sea testigo del mismo)”. Dicha denuncia se dirigirá “al director del Departamento de Recursos Humanos o al OCN a través del Canal Ético”. El OCN es la Oficina de Cumplimiento Normativo del PP, un departamento de ámbito nacional cuya función es velar precisamente por el buen cumplimiento de las leyes a nivel interno. El Canal Ético es un canal de denuncias que también se gestiona en Génova, 13. El protocolo establece que “el OCN, junto con el director de RRHH, deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la veracidad” de la denuncia. Se formará una Comisión Instructora formada, de forma preferente, por la persona responsable de RRHH y otras dos del OCN.
Una denuncia fugaz y una negación a medias
En la tarde del lunes se despejaron algunas incógnitas. Pese a lo dicho por Cuca Gamarra, nada hace indicar que se haya activado realmente el protocolo antiacoso. ElDiario.es intentó, sin éxito, una confirmación tajante sobre cuál había sido el canal utilizado para la investigación interna.
La fugaz publicación del eurodiputado de Se Acabó la Fiesta mostraba varios pantallazos de conversaciones de wasap en las que dos concejalas de Algeciras comentan sobre algunas supuestas actitudes del alcalde de la ciudad, José Antonio Landaluce. Una de ellas relata en un momento determinado que cuando estaban sentados en una mesa con otras personas le “metió mano por debajo de la mesa”, algo que, según el relato, percibieron los demás. En sendas cartas trasladadas a los periodistas desde el PP andaluz a media tarde, ambas decían negar “las acusaciones difundidas”, aunque ninguna de las dos desmiente que los pantallazos sean reales.
Es exageradamente improbable que se pueda hacer mayor ridículo.
Ahora a ver si tienen la cara necesaria para seguir opinando sobre el caso de Errejón... mmm... conociendo la infinita hipocresía de toda la fachosfera cree el llobu que sí, aunque se contradigan a si mismos.
A medida que va cayendo por la pendiente de la ignominia, Alberto Núñez Feijóo confirma sus cada vez más serias limitaciones. La tragedia valenciana nos lo está mostrando como un político que no está a la altura de su cargo y que carece de los recursos para ejercerlo. Cabe preguntarse si su gente se estará dando cuenta de ello. Desde luego, sus inefables asesores no. Pero es que ya no sólo falla con una constancia sistemática, sino que ahora cada vez que habla hace el ridículo. Si no fuera porque este hombre, con el apoyo de los más ultramontanos, de Vox, puede ganar las próximas elecciones, ante Feijóo solo cabría el escarnio, la risa colectiva. Pero su colocación en el mapa del poder obliga a analizar sus movimientos. Tiene que haber alguna razón, por abstrusa que sea, para que el miércoles declarara que había hablado con la presidenta de la Comisión Europea para acordar pedirle ayuda ante la catástrofe valenciana. Aparte de que habría que confirmar que esa conversación se produjo, que Feijóo puede perfectamente habérsela inventado, lo más probable es que esta no fuera más que un intercambio de saludos. Porque la señora Von der Leyen con quien habla es con el presidente del Gobierno. Para lo que sea. Y con nadie más. Pero, ¿por qué miente Feijóo? Posiblemente por el impulso infantil, sea suyo o de sus asesores, de parecer más fuerte de lo que es. O, mejor, de ser tan fuerte como Pedro Sánchez. De hacer lo mismo que él. Ridículo, ¿verdad? Pero no original. Hace mes y medio Feijóo alquiló un palacete en las cercanías de Madrid para hacerse una foto con sus barones en la escalera de entrada porque el edificio se parecía mucho a La Moncloa. Y su recua de tertulianos de cabecera no dijo nada. Puede que hasta ellos mismos sintieran un poco de vergüenza. Aunque también es muy probable que esos sentimientos no se estilen por esos pagos. Su intento de ser investido sin tener los votos suficientes para ello ya fue una buena pista de cómo concebía el presidente del PP sus tareas de liderazgo. De una manera que tiene mucho de impostura, de falsedad sin base alguna. La larga lista de falsedades, mentiras y bulos que han trufado desde entonces sus muchísimas intervenciones públicas confirma que esa característica está en el centro de su estrategia política: alguien le ha debido decir que es bueno salir todos los días a la palestra y él se aplica diligentemente a ello, para decir siempre lo previsible, que el Gobierno es muy malo, si no perverso. Se podrían escribir muchas páginas con sus exabruptos. Simplemente, para recordarlos, porque tienden a olvidarse de tan poca sustancia que tienen, de tan falsos que suelen ser. Pero nadie se va a tomar la molestia de hacerlo. ¿Para qué? Para concluir que con sus falsedades, sus insultos y sus gritos el PP lo único que pretende es llenar el tiempo y que no tiene otra cosa para hacer política. La gente empieza a acostumbrarse al estilo de Feijóo. A su molesta mediocridad que no ofende a nadie, de banal y obvia que es. Pero ayer ha marcado un hito. Por su osadía, que no por su incidencia ni eficacia. Cuando ha sugerido que la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar podrían ser las responsables de que la Generalitat hubiera tardado tanto en dar las alarmas sobre la DANA, el líder del PP ha rizado el rizo. Desesperado porque no pintaba nada en la crisis -y está claro que Feijóo quiere ser alguien y hacer sombra a Sánchez- y horrorizado porque ya empezaba a ser un clamor popular que Carlos Mazón lo había hecho francamente mal y podría incurrir en serias responsabilidades políticas por la gestión de la crisis, con las negativas consecuencias que ello podría tener en la imagen colectiva del PP, algún asesor del presidente se ha sacado de la manga lo de la AEMET y la Confederación Hidrográfica y el líder lo ha cantado como si tal cosa.
Desde el gobierno no quieren entrar al trapo. Prefieren que Feijóo se cueza en su propia salsa y que los acontecimientos sigan su curso. Los tertulianos del PP ya se han puesto manos a la obra para denunciar con argumentos casi siempre falsarios, y reconociendo indirectamente los fallos de Mazón, que eran Pedro Sánchez y el gobierno quienes deberían haber tomado las riendas de la crisis valenciana antes de que ésta estallara. Pero eso tiene poco recorrido, aunque no pocos fans del PP se agarrarán a ello. Y la verdad terminará por abrirse paso, de una u otra manera. Porque los fallos en la gestión de la Dana han sido garrafales y demasiado públicos. Veremos. Pero una vez más surge la pregunta de que si con un líder así el PP puede llegar a La Moncloa. Lo de estos últimos días refuerza las dudas. Y confirma que la clave para Sánchez y la izquierda es aguantar.
El descontrol en la política de Emergencias valenciana: de entregarla a Vox a la desconfianza de Mazón en su propio equipo
La política de Emergencias nunca fue una prioridad para el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La evidencia ha sido la catástrofe de la DANA en la provincia de Valencia. Pero los precedentes evidencian que la semilla del desastre de la gestión se plantó nada más arrancar la legislatura. Y todo, pese a que hace menos de tres años una pandemia azotó el mundo y en 2019 otro temporal salvaje arrasaba la comarca de la Vega Baja. La virulencia con que los efectos del cambio climático se están cebando con el litoral mediterráneo tampoco fue suficiente evidencia para estar alerta.
En el primer Gobierno que puso en marcha tras ganar las elecciones, Mazón entregó la gestión de las Emergencias a Vox, un partido negacionista climático y sin experiencia previa de gobierno. El máximo hito de la exconsellera de extrema derecha al frente de Justicia e Interior fue desmantelar la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), creada por el anterior gobierno de PSPV-PSOE y Compromís para coordinar catástrofes. A los cuatro meses. El propio Mazón se empleó a fondo en “vender” este éxito político porque se acababa con “un chiringuito”. Tras la ruptura con Vox, las competencias en Emergencias las asumió la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Como responsable directo del área, ejerciendo de secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Pradas situó a Emilio Argüeso, un exdiputado de Ciudadanos que recaló en el PP para acabar de dinamitar a la formación naranja en la Comunitat Valenciana en la pasada legislatura. Argüeso está en excedencia como guardia civil y tiene experiencia como policía local, pero no en gestión ni es de la confianza del presidente, como se ha acreditado en esta crisis. El cargo que ahora ocupa Argüeso, en la anterior legislatura lo desempeñaba José María Ángel y dependía directamente del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Mazón ha preferido que de su departamento de Presidencia cuelguen otras competencias como la dirección general de Industria Musical, que asumió como propia este verano. Así, varias fuentes consultadas por elDiario.es que acceden a las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), donde hay una veintena de responsables de instituciones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, explican que “Emergencias de la Generalitat es un descontrol”. “El problema es que no hay liderazgo ni existe un mando único”, señalan. Y como muestra un botón. El presidente de la Generalitat está apoyándose en sus comparecencias públicas en José Miguel Basset, jefe provincial de Bomberos de la Diputación de Valencia. Ni su secretario autonómico, que está haciendo trabajos sobre el terreno y no asiste presencialmente a los Cecopi, ni tampoco el director general de Emergencias y Extinción de Incendios, Alberto Javier Matín Moratilla, funcionario de emergencias de la Diputación de Alicante. En el caso del subdirector general de Emergencias, el funcionario Jorge Suárez, sí que ha intervenido en alguna de las ruedas de prensa para defender que toda la actuación fue correcta y “basada en protocolos”. Por su parte, el secretario autonómico se encuentra a pie de barro en primera línea en uno de los puestos de mando avanzado, concretamente en el de Paiporta. Pero existen otros tres puestos de mando avanzado en Requena, Chiva y un municipio de la Ribera. Otras fuentes confirman la falta de coordinación y de reflejos en aquella primera reunión del Cecopi. “Hay una falta total de experiencia en el equipo de Mazón y el presidente tampoco se fía”, remachan. Estas mismas fuentes, también conocedoras de la primera reunión del desarrollo del primer Cecopi, convocada la tarde del martes, aseguran que, además de que la convocatoria inicial se hizo “ultratarde” por parte de la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, aún se retrasó más con la llegada del president Carlos Mazón. Hubo que poner al día al presidente sobre todo lo que estaba pasando. Los alcaldes también han criticado duramente la gestión de la catástrofe, la descoordinación y la falta de información y ayuda por parte de la Generalitat. La primera reunión entre alcaldes y los gestores de la crisis la convocó el día 31 la Diputación de Valencia. El presidente de la Generalitat y el Gobierno se sumaron. La descoordinación se ha evidenciado en la falta de gestión de los propios recursos. Mientras el Gobierno de Mazón ya estaba solicitando la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias y posteriormente del Ejército, tenía a sus cientos de bomberos forestales de brazos cruzados. Según los sindicatos, los seis helicópteros del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat permanecieron en sus respectivas bases sin intervenir durante los dos primeros días de la emergencia, mientras desde el Ejecutivo autonómico se solicitaban medios del resto de España. Por su parte, de las 26 unidades de estos bomberos solo movilizaron dos el martes. Lo mismo ocurrió con otras instituciones que se ofrecieron y que también criticaron en redes que no se les movilizara.
Pedro Sánchez en el Cecopi
En la reunión del Cecopi del pasado jueves por la mañana a la que asistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se produjo una situación muy llamativa que evidencia la necesidad de que el mando único mande mensajes claros y contundentes. Los bomberos de Castellón solicitaban en la reunión que se mandara un mensaje por SMS para que se frenara la movilidad de la población ante la gran cantidad de agua que estaba lloviendo. Desde Valencia, otros bomberos defendieron que se fuera prudente. Según fuentes presentes en la reunión, Sánchez asistió en silencio al debate hasta que intervino: “Pero vamos a ver, ¿no podemos avisar a la gente?”. Nada más acabar el Cecopi, todos los móviles de Castellón afectados por la DANA recibieron el mensaje de alerta.
La responsabilidad de Mazón y la responsabilidad de la ciudadanía
Todavía seguimos consternados por las dimensiones de la tragedia de la DANA que ha asolado la provincia de Valencia. Ni siquiera sabemos seis días después del desastre el número total de fallecidos. El fango, los montículos de vehículos y enseres colapsan las calles de localidades muy pobladas próximas a la capital valenciana, aparte del olor a putrefacción y humedad. Tras la desolación llegan las preguntas y la indignación ciudadana. ¿Cómo es posible que en 2024 no se hubiera podido avisar a la población para minimizar las víctimas? ¿Cómo es posible que si la AEMET estuvo advirtiendo todo el fin de semana pasado y el martes 29 de octubre a las 7.37h de la mañana difundió una previsión alarmente no se activó la emergencia a los ciudadanos? Esta decisión política hubiera salvado muchas vidas. Seguramente habrá un proceso judicial donde se pedirán responsabilidades a políticos como Carlos Mazón, presidente de la Generalitat de Valencia. Este político que eliminó las emergencias de Valencia porque las consideraba un chiringuito del anterior presidente socialista, Ximo Puig, ha demostrado una gran incapacidad para regir el destino de los valencianos. Recordemos que el PP tiene obsesión contra los servicios de emergencias, ya que afirmó que la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue el capricho faraónico de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero Mazón tendrá qué dar muchas, muchísimas explicaciones. Y sobre todo contestar a dos preguntas básicas: ¿por qué activó la alarma tan tarde, a las 20.12h, cuando ya había muertos y gente con serios problemas por el agua? ¿De dónde se sacó que la DANA se alejaba a la serranía de Cuenca, según afirmó en una comparecencia a las 13.00h y publicó en un tuit que luego borró? Y ahí sigue Carlos Mazón haciendo alarde de su incapacidad y de su sectarismo. Actuando tarde y mal, rechazando ayuda de autonomías como la andaluza, la vasca o la catalana, no cediendo competencias. Todo por su sillón. Es incomprensible que no haya dimitido ya. La Universidad de Valencia hizo los deberes y protegió a sus trabajadores (profesores y personal de administración y servicio) y a sus estudiantes. A mí me llegó un correo electrónico a mediodía del martes 29 de la organización el Congreso Internacional: Memorias Disidentes. Género y sexualidad frente al franquismo porque el jueves 31 tenía que clausurarlo. En ese primer correo se informaba que a media mañana se había suspendido el congreso por alerta 3 por viento. Y luego recibí otro correo por la noche y más los días siguientes. Si la Universidad no hubiera tomado esa crucial decisión seguramente habría que lamentar más víctimas. También querría señalar que me tengo por una persona informada, aunque no sigoa la AEMET, y yo no sabía que iba a venir una DANA tan violenta en Valencia, atendiendo a los medios nacionales de prensa y más teniendo en cuenta que tenía previsto viajar a esa ciudad en AVE para asistir al Congreso mencionado. Todo es política y la política nos atropella. Cuando la gente dice que pasa de la política, que no vota, que da igual a quién votes, miente. El discurso de la antipolítica que se ha instalado en el mundo en los últimos veinte años, fomentado por las extremas derechas, es una gran mentira y una auténtica manipulación. Una mala decisión política puede llevar consecuencias tremendas para los ciudadanos. Una buena decisión puede salvar miles de vidas. Este artículo va dedicado a los que no votan, a los que no creen en la democracia, a los que votan a partidos que niegan el cambio climático, a los que votan a formaciones que niegan el Estado, y a los que votan a organizaciones que se oponen al gasto social, a los impuestos, en definitiva al Estado de bienestar. Si una analiza los resultados electorales de las elecciones autonómicas de 2023 en la Comunidad valenciana comprobará algunos datos muy interesantes. En los municipios de La Plana-Utiel-Requena votaron masivamente al Partido Popular y a Vox. El PP recibió 8.001 votos, el 38,52% y Vox 2.245, el 10.8%, mientras que el PSOE recibió 6.328, el 30,46%, y Compromís 1.153, el 5,55%. En la comarca de L’Horta Sur, vapuleada por la DANA, con localidades como Benetússer, Paiporta y Alfafar, el PP recibió 72.267 votos, el 29,84% del total, y Vox 33.147, el 13,69%, mientras que el PSOE alcanzó 74.975, el 30,96%, y Compromís 35.339, el 14,59%. Es decir, un 43,53% votaron al PP y a Vox, formaciones de derecha y extrema derecha que se oponen a las restricciones y a las políticas frente al cambio climático y apoyan todo tipo de recorte que desmonten el Estado del bienestar. En Valencia, que incluye tres barrios de las afueras muy afectados como el de La Torre, el PP consiguió 145.180 votos, el 34,99%; el PSOE, 98.657, el 23,78%; Compromís, 66.987, el 16%, y Vox, 54.580, el 13,15% de los votos. En resumen, y para no abrumar con datos, en la capital valenciana apoyaron a partidos negacionistas del cambio climático el 47,14% de los que acudieron a las urnas. También son las mismas formaciones que recortan en medios materiales y humanos. Los recortes matan. Esto ya nos lo enseñó la crisis del 2008. Además, muchos de estos negacionistas son una máquina expendedora de bulos y mentiras. La ciudadanía apenas lee prensa seria ni artículos científicos y rigurosos, sólo redes sociales con noticias fake y son fácilmente manipulables. Y a su vez esparcen más mentiras y más rumores falsos. Asimismo son las mismas siglas que han apoyado las políticas urbanísticas que no sólo han destrozado el litoral valenciano, sino que han causado estragos en la orografía y en la geología, alterando el paisaje a cambio de grandes pelotazos económicos. Recordemos los numerosos casos de corrupción del PP valenciano. No puede ser que recorriendo en coche la carretera sólo por la provincia de Valencia se vea a un lado la costa llena de torres de hormigón y al otro lado en pequeños montes una ristra de casas unifamiliares con piscinas diseminadas por el territorio o bien urbanizaciones con chalets y más piscinas. Eso sólo para empezar es un gran despilfarro de recursos.
Por último, quiero señalar que, aunque no conozco la mayoría de esas localidades, tengo una especial simpatía por muchos de esos pueblos y otros muchos valencianos gracias a María Moliner. Esta brillante y no siempre reconocida bibliotecaria recorrió sus calles para modernizar las bibliotecas del Patronato de Misiones Pedagógicas durante la Segunda República. Llegó a instalar una moderna red bibliotecaria de 105 establecimientos repartidos en Albal, Paterna, Benissanó, Rocafort, Guadassuar, Riola, Benimàmet, Ràfol de Salem, Fortaleny, Cullera, Pinet, Campo Arcís, Requena, Casa de Eufenia, Simat de Valldigna Bellús, Alfarrasí, Beniadjar, Bafol de Salem y Salem, o Bárig. Lamento mucho las pérdidas humanas y la destrucción material enorme, provocada por la devastadora DANA, pero eso con tiempo y paciencia se recuperará. Las personas fallecidas no vuelven. Murieron sorprendidos por una avalancha de agua que no esperaban porque nadie les informó. Descansen en paz y espero que se les haga justicia.
Que la próxima tragedia no nos pille con un gobierno del PP
Cuando llegue la próxima tragedia, solo pido una cosa: que no me pille bajo un gobierno del PP. Sea una inundación, un atentado, un terremoto, una pandemia, un gran accidente o el meteorito, mi principal deseo no es un refugio, un chaleco salvavidas ni una vacuna: que por favor no dependa de un gobierno central, autonómico o municipal del PP. Porque volverán a hacerlo. El historial de la derecha gestionando desastres es de antología, no fallan ni una sola vez. Es decir, fallan en todas las ocasiones. Fallan en la prevención, fallan en la alerta, fallan en la atención, fallan en el trato a las víctimas, fallan en la comunicación, fallan en decir la verdad, fallan en asumir responsabilidades. Es un patrón calcado de un desastre a otro: el Prestige, el Yak-42, el 11M, el Metro de Valencia, el Madrid Arena, las residencias madrileñas en pandemia, y ahora la DANA valenciana. Una tras otra, sin excepción. El comportamiento de Carlos Mazón antes, durante y después de la catastrófica riada puntúa muy alto en el ranking de ineptos y negligentes. Sus decisiones, y sobre todo su falta de decisiones, su desprecio a las víctimas y a la verdad, y su huida hacia delante, superan la infamia de sus predecesores, que mira que dejaron el listón alto: Fraga de cacería mientras se hundía el petrolero, Rajoy y los hilillos de plastilina, Trillo mintiendo sobre la identificación de los militares muertos, Aznar y Acebes señalando a ETA, Cotino intentando comprar el silencio de las víctimas, Ana Botella largándose de fin de semana a un Spa en Lisboa, Ayuso abandonando a miles de mayores porque “iban a morir igual”… A todos los supera el cada vez más acorralado presidente valenciano, desaparecido durante horas en pleno desastre, retrasando un poco más la ya de por sí tardía alarma por llegar tarde a la reunión y tener que ponerle al día los técnicos cuando ya se estaba ahogando gente, incapaz de gestionar las horas posteriores, y ahora mintiendo y refugiándose en los medios amigos para intoxicar y salvar el culo. El suyo y el de su gobierno: no tiene nombre lo de su consellera de Justicia e Interior reconociendo que a las ocho de la tarde se enteró de que existía un sistema de alerta a la población. No puedo dejar de acordarme estos días de la pandemia de Covid: fue una calamidad, dejó miles de muertos y estuvo llena de errores e improvisación. Pero imagínate que nos hubiera pillado estando en la Moncloa un tal Pablo Casado, que solo unos meses antes había sido el candidato del PP a las generales.
Todas las tragedias mencionadas tienen algo más en común: la impunidad de sus responsables políticos. Es otra constante en el manual de gestión de desastres que usa la derecha: nadie dimite, nadie asume nada, nadie pide disculpas, nadie es condenado. A mi deseo del primer párrafo sumo otro deseo más: que la muerte evitable de más de doscientas personas en Valencia no quede impune. Porque la DANA era inevitable, la riada era inevitable, la destrucción material era inevitable. Lo que no era inevitable eran las más de doscientas personas que murieron por no ser avisadas a tiempo. Habría habido muertos, dada la dimensión inmanejable y sin precedentes del desastre, pero muchos se habrían salvado con solo recibir la alerta horas antes, cuando el presidente de la Generalitat no estaba en el único sitio donde debía estar.
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