Atendiendo a la pregunta del hilo, voy a responder con la idea que tengo acerca de la misma. El margen de votos entre la derecha y la izquierda, no será demasiado en esta ocasión, y el PSOE tiene muchas más probabilidades de apoyos por parte de partidos nacionalistas, cosa que el PP no alcanza. El problema es si Podemos se empeña por ir en solitario habida cuenta de que la coalición encabezada por Yolanda Díaz no quiera darles representación alguna; creo que se les pide a los votantes de Podemos apoyos, pero nada que ver con sus líderes, por el gran batacazo sufrido recientemente. Llevarlos en alguna lista electoral, significaría la posibilidad de un nueva hecatombe, nadie apuesta por caballo perdedor y con poco fuelle. Son la imagen de la derrota. Esta es la triste realidad para los podemitas.
Sin embargo, los miles de votos que se perderán, por la sumisión de gentes que siguen viendo a Podemos como la solución (que santa Lucía les conserve la vista), ya no al partido, sino a los líderes fracasados, puede significar que el PP y Vox nos gobiernen durante cuatro años, aunque mayores desgracias este país las ha sufrido y ha sabido remontar.
Ahora es la hora de la verdad, como se dice en la tauromaquia; veremos si a Podemos le interesa más un gobierno de coalición PSOE-Izquierda, aunque ellos, cosa que ya debieran haber hecho por honestidad política, tengan que volver a sus casas, o solo les interesa sus peticiones. Que no quieran dar algo por nada, es muy significativo, aún los retratará más como casta política.
Si son capaces, cosa muy extraña en ellos conociéndolos como se les conoce, que les importe un pimiento que Vox alcance el poder (el colocar la alfombra roja que tantas veces he repetido, y por ello recibido insultos) será el verduguillo que recibirán. Ya pueden hacer la maleta como partido, como ha hecho Ciudadanos. Demasiado egoístas serán, y demasiado se les ha dado din saberlo administrar.
Si están de acuerdo con mi planteamiento, no hace falta que me respondan; el silencio, en ocasiones, dice más que las palabras. Gracias.
Las contradicciones del PP: vota con Bildu, no respeta la lista más votada y complica la Alcaldía de Barcelona
El 28M supuso una victoria de la derecha en el mapa territorial español. Todo ello tras una campaña en la que el PP atacó a Pedro Sánchez con temas como los pactos con sus socios parlamentarios y las supuestas compras de votos por correo. Pero la apertura de las urnas y el recuento también ha marcado otro antes y después para el PP. Los de Alberto Núñez Feijóo se han olvidado de parte de sus consignas durante la campaña y están cayendo en sus propias contradicciones.
Uno de los temas centrales de la campaña fue EH Bildu y la inclusión en las listas de condenados por delitos de sangre. Los populares se lanzaron contra Pedro Sánchez por haberse apoyado en el grupo vasco para sacar algunas leyes durante la legislatura. Pero el PP, a los cuatro días de las elecciones, dio su voto a favor a una proposición de ley impulsada por los abertzales en el Parlamento vasco sobre el autoconsumo energético. Muriel Larrea, portavoz durante el debate y presidenta del PP de Gipuzkoa, lo justificó así: “El voto a favor era necesario y así lo hemos hecho”. Sucedió esto un día después, además, de que Alberto Núñez Feijóo ofreciera los votos de su partido allí donde hicieran falta para que EH Bildu no gobierne.
¿La lista más votada?
El Partido Popular también ha caído en otra contradicción después de las elecciones del 28: ya no habla de la lista más votada. Los de Alberto Núñez Feijóo están dispuestos a llegar a pactos para lograr las mayorías necesarias para la investidura aunque no fueran la primera fuerza. Este es el caso de Extremadura, donde María Guardiola fue la segunda opción tras Guillermo Fernández Vara. Aunque hay tensión con Vox y no quiere que entren en el Ejecutivo, la popular se ha postulado para ser la presidenta y tendrá que pactar con la ultraderecha para lograrlo. Los populares no respetan esta regla tampoco en Canarias, donde la lista más votada fue la encabezada por el presidente socialista en funciones, Ángel Víctor Torres. Los populares han cerrado un acuerdo de Gobierno con Coalición Canaria, por el que harán presidente a Fernando Clavijo, mientras que la Vicepresidencia recaerá en el popular Manuel Domínguez. El PP también puso en el foco en la recta final de campaña la supuesta compra de voto por correo en Mojácar (Almería). Este tema, después del 28M, ha desaparecido de la agenda de los populares. Se da la circunstancia de que el último detenido y en prisión por este caso está ligado a los conservadores. La dirección del PP no entró en tromba como sí hizo con los implicados del PSOE, incluso se llegó a vincular al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con la trama por parte de dirigentes como Esteban González Pons. Los populares también en estas horas han caído en su propia contradicción respecto a las huelgas. El vicesecretario Esteban González Pons escribía este jueves en Twitter respecto a las protestas en Justicia: “Nos cuentan de dentro del Ministerio que se está coaccionando a los sindicatos de funcionarios para que abandonen su encierro, negándoles, incluso, recibir comida. Esas formas son impropias en una Democracia. El Gobierno debe mantener la negociación con limpieza”. La crítica que hace Pons no la hizo con la Comunidad de Madrid en diciembre del año pasado después de que los sanitarios del comité de huelga de médicos de familia, encerrados en la Consejería de Sanidad, denunciaran que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso impedía que se les hiciera llegar comida caliente, a pesar de la mediación de la Policía.
El dilema de Barcelona
Los populares, como reconocen, se encuentran también en una situación que “no es fácil” en Barcelona. Sus votos pueden ser decisivos a la hora de elegir el día 17 al futuro alcalde: Xavier Trias (Junts) o Jaume Collboni (PSC). Daniel Sirera, líder del PP en el consistorio con cuatro concejales, ha asegurado que no apoyará a un candidato soberanista, pero sus condiciones para sustentar a Collboni hacen casi imposible que el socialista lo logres de esa manera (un gobierno con los populares y sin los comunes, tercera fuerza). Esta fórmula en voto es muy complicada, pues al ser el socialista segunda fuerza, sólo puede obtener el bastón de mando con mayoría absoluta. Las contradicciones del Partido Popular durante estos días también afecta a la propia fecha de las elecciones. Feijóo ha puesto en duda esta fecha insinuando que el presidente busca la desmovilización: “Sánchez quiere que los españoles elijan urnas o vacaciones”. Asimismo, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ido más allá y ha intentado sembrar sombras de fraude. Estas palabras contrastan con la propia decisión de Feijóo hace tres años, cuando llevó a Galicia unos comicios el 12 de julio. Durante estos días posteriores al 28M también han salido a relucir algunas medidas que el Partido Popular no señaló durante la campaña que centró en “derogar al sanchismo” frente a las propuestas de gestión. José Luis Martínez-Almeida, que obtuvo la mayoría absoluta ese domingo, atrasó hasta el lunes la publicación de las plazas públicas en escuelas infantiles, que han dejado fuera a 10.000 niños cuyas familias lo solicitaron. También después de las elecciones se ha conocido la subida por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (que obtuvo mayoría absoluta el 28M) la subida de más de un 12% del precio del menú de los comedores escolares. Ahora será de 5,50 euros, una cantidad fijada por el propio Ejecutivo regional (suponiendo un coste adicional de 110 euros para las familias al año).
La crisis en Castilla y León
En este escenario después del 28M, las miradas también están puestas en los pactos a los que tiene que llegar el PP con Vox para dominar asambleas autonómicas y ayuntamientos. La dirección nacional pretende aplazarlos lo máximo posible para que no afecten a su imagen de cara a las elecciones generales del 23 de julio. Por eso ha dado prioridad a buscar las alianzas con regionalistas, como con el PRC en Cantabria o Coalición Canaria en el archipiélago. Pero estos días tras las elecciones están también marcados por la crisis en el Gobierno de Castilla y León. formado por el Partido Popular y Vox, por el conflicto que enfrenta al Ejecutivo regional con los ganaderos por la tuberculosis bovina. La decisión de rebajar los controles por parte de la Consejería de Agricultura, en manos de la ultraderecha, ha desatado un choque también con el Ministerio de Agricultura, los tribunales (se ha aceptado suspender la orden) y la Unión Europea. El duelo es también interno entre los populares y los de Santiago Abascal, poniendo también sobre la mesa la contradicción de la imagen que vende el PP de que los gobiernos de la derecha son más estables que los de la izquierda.
Si gobernase PP y VOX seria mejor para España que lo es el gobierno sanchista-podemita con el apoyo vergonzoso de bilduetarras, golpistas catalanes y peneuvistas, pero sin la menor duda.
Séneca escribió:Si gobernase PP y VOX seria mejor para España que lo es el gobierno sanchista-podemita con el apoyo vergonzoso de bilduetarras, golpistas catalanes y peneuvistas, pero sin la menor duda.
España es como es, no lo olvidemos. Su sociedad, que al fin y al cabo es la verdadera España, está compuesta por ciudadanos que piensan muy diferente unos y otros, incluyendo, hoy por hoy, pues españoles aún lo son, aquellos que no desean pertenecer a ella, y tienen el mismo derecho a elegir sus representantes como los que hacen de "España" su santo y seña sin importarles lo verdadero: los ciudadanos. O sea, España es una sociedad de hombres y mujeres, viva.
Bajo el punto de vista político democrático, el total de la sociedad entrega su apoyo a aquel partido, o coalición de partidos, que considera defenderá mejor sus derechos, bien consiguiendo sus deseos y ambiciones, o como mínimo respetándolos. Visto de esta manera, quien llegue a gobernar con más apoyos, lo es legalmente, y no tiene sentido renunciar a ellos si no le compromete.
Hablar con desprecio de los votantes de Bildu, de los votantes separatistas catalanes, de los votantes podemitas o de otras formaciones, de la izquierda o la derecha, es hablar con desprecio de los españoles, de cierta parte de ellos. Quien así se comporta, y divide la sociedad en “buenos y malos” no tiene sentido de lo que dice, al menos sentido de la realidad, porque la bondad y la maldad que cree en los demás son sentimientos subjetivos. Lo que puede ser bueno para unos pudiera resultar ser malo para otros.
Usted espera para el mes de julio unos resultados electorales que le beneficien, y sobre ello nada diré, pero lo que a usted pudiera beneficiar, hay otros ciudadanos, hoy por hoy también españoles, que el resultado pudiera serle perjudicial. Unos y otros deberán aceptarlo si son demócratas y entienden que la sociedad, toda en su conjunto, es soberana para decidir. Como en ella, en la sociedad, todos tenemos derechos y obligaciones, como por ejemplo poner nuestro grano de arena, ponga usted el suyo y respete al castillo que entre todos debemos formar.
Séneca escribió:Si gobernase PP y VOX seria mejor para España que lo es el gobierno sanchista-podemita con el apoyo vergonzoso de bilduetarras, golpistas catalanes y peneuvistas, pero sin la menor duda.
La España del PP y VOX, es la España profunda, vieja, sin ilusiones, de picaros y corruptos, la que se perderan derechos humanos y democraticos y volveremos a las cavernas.
Ayuntamientos contra la ciencia y la salud pública ....
Llama la atención lo rápido que la sociedad española ha normalizado a la extrema derecha. Fuimos de los últimos países europeos en contar con un partido de esta naturaleza, pero una vez en las instituciones, su normalización ha sido veloz. España es así en muchos aspectos: las cosas tardan en llegar, pero cuando llegan, se materializan con inusitada rapidez. Tanto, que ya tenemos evidencias de lo que ocurre cuando gobiernan.
Existe un debate en toda Europa sobre hasta qué punto la ultraderecha tiene el potencial destructivo de las democracias que se le atribuye. Los más escépticos apuntan que cuando estas fuerzas llegan a gobernar se encuentran con las restricciones propias de la gestión que les impiden llevar adelante sus propuestas, pierden la pureza y comienzan a dejarse apoyos por el camino. Sin embargo, los análisis de las consecuencias de la presencia de la extrema derecha en los gobiernos muestran otra realidad. Sus efectos son abundantes, como muestran numerosas investigaciones que recogía hace unos meses aquí. Por sintetizar: por un lado, la extrema derecha contamina a la derecha sistémica y la convierte en derecha extremada; por otro, se ponen en duda valores de convivencia básicos en las democracias, y finalmente sus políticas, ajenas a la ciencia y presas del populismo, acarrean consecuencias económicas, sociales y, en muchos casos, de salud pública. En España la presencia de Vox en el Gobierno de Castilla y León muestra de forma clara cómo el populismo tiene consecuencias inmediatas en cuestiones clave, como ha quedado de manifiesto en el caso de la tuberculosis bovina. Promesas electorales irreales e inviables para contentar a los ganaderos, caso omiso a la normativa y un profundo desprecio a la ciencia han acabado acarreando serios perjuicios económicos a los ganaderos, pudiendo llegar a poner en riesgo la salud pública, como señala el sindicato de veterinarios de Castilla y León. “Llevamos muy al extremo la salud pública”, declaraba hace unos días el consejero de agricultura de Vox en Castilla y León. Ni la cercanía de la pandemia le hizo reflexionar un instante sobre el terrible sentido de esa frase. Estos dos elementos esenciales, obviar a la ciencia y a la normativa –en especial la europea–, se encuentran también en conflictos como el de Doñana, esta vez sin necesidad de que Vox gobierne, porque cuando compite con el Partido Popular por los votos de la provincia de Huelva, los populares no dudan en mostrar su perfil de derecha extremada y se apuntan al desprecio de la ciencia y al desafío a las instituciones europeas. De paso, en ambos casos, la extrema derecha enarbola la bandera de la defensa nacional frente a esa Europa tecnocrática que nadie entiende, y la derecha extremada se aprovecha del malestar creado. Junto a las cuestiones relacionadas con las migraciones y los derechos de las mujeres, las políticas ambientales serán las que más sufrirán el desprecio al conocimiento, a la ciencia y a la normativa de que presume la extrema derecha en toda Europa, y ante la que calla –y otorga– la derecha extrema. El próximo sábado, formarán parte de algunos gobiernos municipales. Un peligro para la salud pública.
El 19 de abril de 2022 tomó posesión por primera vez en España, concretamente en Castilla y León, un gobierno autonómico con presencia de la extrema derecha. Alberto Núñez Feijóo había sido proclamado presidente del PP dos semanas antes, pero aún le faltaban algunos días para renunciar a la presidencia gallega y asumir el nuevo cargo, circunstancia que aprovechó para hacerse el sueco e intentar distanciar al ‘nuevo PP’ de la decisión tomada en Valladolid por el barón Fernández Mañueco. Ese juego ha terminado. Con el acuerdo alcanzado ayer entre el PP y Vox para gobernar en la Comunitat Valenciana, el ‘moderado’ Feijóo ya no podrá mantener sus calculadas ambivalencias. Su nombre quedará inscrito en la historia como uno de los líderes europeos que contribuyeron activamente a abrir las instituciones a la ultraderecha, dinamitando la tradición de la vieja democracia cristiana de establecer un ‘cinturón sanitario’ en torno a ella. El pacto en Valencia –que proporcionará a la ultraderecha la presidencia de las Corts y un número de consejerías “proporcional” al resultado de las elecciones del 28M- cuenta con la bendición de Génova, y es el abrebocas de un aluvión de acuerdos que previsiblemente suscribirán ambos partidos para gobernar en comunidades y municipios donde suman mayoría, con independencia de si fueron o no los partidos más votados. En un intento por salvar la honra, la dirección nacional del PP ha vetado la presencia en el gobierno valenciano del líder de Vox, Carlos Flores Juberías, condenado en 2002 por violencia machista contra su expareja y madre de sus hijos, a la que decía cosas como “te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que mueras y acabe contigo”. El pretendido golpe de autoridad ética que implicaba el veto (poco les importó por lo visto negociar con el propio vetado el pacto de gobierno) no hizo la menor mella en Flores Juberías, que dijo que no tenía la intención de entrar en el ejecutivo autonómico y que su objetivo es presentarse como cabeza de lista de Valencia para las elecciones generales. De modo que, si el PP gana este 23J, pero sin una mayoría suficiente que le permita prescindir de Vox, es muy probable que veamos en el Congreso al repudiado Flores junto al resto de sus compañeros ultras apoyando al muy digno Feijóo. Según ha trascendido, el acuerdo de gobierno en la Comunitat Valencia consta de cinco “ejes estratégicos”. Atención al primero: “Libertad, para que todos podamos elegir”. ¿Qué diantres significa esto? ¿Debemos entender que los votos que les permitirán a PP y Vox gobernar una de las comunidades más importantes de España surgieron en una tenebrosa tiranía? ¿Puestos a elegir, facilitarán las condiciones a las mujeres para que puedan elegir sobre su cuerpo en caso de abortar? ¿Qué entienden estos señores –sí: señores: en los equipos negociadores no había ninguna mujer- por libertad, esa palabra con la que tanto se llena hoy la boca la derecha vernácula? ¿Habrá leído alguno de los negociadores al menos un ensayo sobre ese concepto de enormes complejidades, o acaso su máxima elaboración intelectual al respecto es la libertad para ir de copas acuñada por la superstar Ayuso? Otro ‘eje estratégico’: “Sanidad y servicios sociales, para reforzar la sanidad pública y los servicios sociales”. ¿En serio? ¿Reforzar la sanidad pública quienes fueron los pioneros de eso que se llama sanidad concertada y que no es otra cosa que una semiprivatización encubierta, el famoso ‘modelo Alzira’ que puso en marcha Eduardo Zaplana a finales de los 90 y que posteriormente se exportaría a Madrid? Solamente en un territorio sin memoria, sacudido como la mítica Macondo por la peste de la amnesia, podrían tomarse en serio promesas de este tipo. Y un ‘eje’ más: “Señas de identidad, para defender y recuperar nuestras señas de identidad”. Mal asunto cuando los gobiernos se proponen decidir sobre las “señas de identidad” de toda una sociedad. ¿A qué se refieren? ¿A desempolvar el blaverismo, aquella corriente de esencialismo valenciano que surgió como reacción a las inclinaciones catalanistas de Joan Fuster? ¿Volverán a echar fuego a las guerras lingüísticas que se daban por encauzadas? ¿Intentarán convertir a la Comunitat Valenciana en un ariete contra Catalunya -donde el PP y Vox no consiguen, pese a todos sus esfuerzos y algunos avances, tener una influencia política digna de tal nombre-, del mismo modo que Ayuso ha pretendido construir un nacionalismo madrileño como bastión contra el Gobierno central? ¿Es consciente el PP –Vox seguro se frota las manos- del berenjenal que están animando?
Estamos comenzando una época incierta en nuestra segunda experiencia democrática, y son muchas las preguntas y preocupaciones que surgen ante un escenario donde la extrema derecha formará parte decisoria de las instituciones. El PP ha asumido la responsabilidad de blanquear definitivamente a Vox y ya no podrá desentenderse de una decisión que, además de las consecuencias que puede tener para la convivencia en el país, causa enorme preocupación en una Europa ya inquieta por el ascenso de la ultraderecha a los gobiernos de Polonia, Hungría e Italia y su penetración en los parlamentos de países que hace solo un par de décadas parecían inmunes a la expansión de esas organizaciones reaccionarias. Sostienen algunos analistas que la experiencia de algo más de un año de gobierno en Castilla y León demuestra que las actuaciones de Vox han tenido más impacto en el terreno retórico que en la acción política, restando –deliberadamente o no- importancia a la presencia del partido de Abascal en las instituciones. Omiten que los discursos inflamados de intolerancia, xenofobia, homofobia y antifeminismo son también acciones políticas y contribuyen a crear el ambiente para la radicalización de la sociedad. Además, Castilla y León es tan solo una primera manifestación de la participación de Vox en un gobierno, y de alguna manera, con mucho equilibrismo, el PP intenta guardar las formas. Veremos qué pasará cuando se conformen los próximos gobiernos autonómicos y municipales. Y, sobre todo, si a Feijóo le toca recurrir a Abascal para intentar la investidura. Esto apenas comienza.
"...Omiten que los discursos inflamados de intolerancia, xenofobia, homofobia y antifeminismo son también acciones políticas y contribuyen a crear el ambiente para la radicalización de la sociedad..."
Ese es su metodo: omitir, manipular, tergiversar...no sé ni como sentirme...enfadada ya no sirve...
El por qué Vox pide consejerías de cultura y educación donde gobierna con el Pp puede parecer una paradoja, pero es lógico: -Para el Pp es una consejería secundaria, nunca dará la de Economía a sus socios. Así cumplen con el reparto. -Obsesión de Vox por el adoctrinamiento progre y adoctrinarlos en lo suyo, lo de visitas escolares a corridas de toros será normal, cazadores dando charlas sobre su afición . . Lo hagan bien o rematadamente mal el resultado no es tan visible como en otras,, se trata más bien de una consejería de “percepción” de los resultados. Como no es algo del todo tangible y más a largo plazo que 4 años pueden seguir teorizando con sus fobias y afinidades sin sufrir desgaste ni preocupación, excepto que se te caigan los colegios a cachos.
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Cinco años de oposición policial al Gobierno progresista: el uso de Jusapol por PP y Vox para agitar la calle
El nacionalismo extremo de Vox encandila a un amplio sector de las Fuerzas de Seguridad, pero la oportunidad de agitar la calle y utilizar la alta valoración de sus miembros por la sociedad española, y su previsible reflejo en la mayoría de los medios de comunicación, es algo a lo que el PP de Alberto Núñez Feijóo ha decidido no renunciar. La última gran manifestación de policías y guardias civiles se acordó en la misma sede nacional del PP el pasado mes de diciembre. Miles de agentes, familiares y simpatizantes de los uniformados habían llenado el centro de Madrid un año antes, en la manifestación del 27 de noviembre de 2021. Una protesta de las Fuerzas de Seguridad en reivindicación de sus condiciones laborales no resulta ajena a cualquier gobierno de la democracia, pero esta reunía una peculiaridad: los motivos de la concentración, al menos los públicos, respondían a una manipulación constatable de la realidad. Los manifestantes protestaban por lo que no decía un proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos.
La protesta contra la reforma de la conocida como Ley Mordaza, la de aquel día y la que se extendió posteriormente, es paradigmática respecto a la oposición ideológica de un amplio sector de policías y guardias civiles al Gobierno progresista. Pero esa beligerancia en las reivindicaciones que trascendían las condiciones laborales de los agentes se había fraguado antes de que Pedro Sánchez llegara al poder, concretamente en el mismo caldero que el auge de Vox, el que hervía al calor del proceso soberanista en Catalunya. Para aquella protesta del otoño de 2021, con Jusapol a la cabeza, los sindicatos policiales habían atraído a responsables políticos de toda la derecha, como ya hicieran en Barcelona el 20 de enero de 2018, el día en que la asociación policial se hizo visible más allá del ámbito de las Fuerzas de Seguridad. En la protesta de 2018, los policías y sus entornos llevaban una supuesta exigencia de subida salarial a Barcelona, donde no están ni la sedes del Ministerio del Interior ni de Hacienda, organismos de los que dependían la satisfacción de sus revindicaciones. Los sindicatos argumentaban que inundaban de banderas españolas la capital catalana porque así, de paso, apoyaban a los compañeros de la ‘Operación Copérnico’, el despliegue de las fuerzas estatales para intentar detener el referéndum nacionalista. Con el PP todavía en el Gobierno, su representante en primera línea fue Xavier García Albiol, quien encarna las posturas más xenófobas del partido. En el centro, previo a su estrepitoso fracaso político, Albert Rivera, dejándose fotografiar haciendo el gesto de la “J” de Jusapol con una mano y con otra agarrando la pancarta. Vox envió una nutrida representación. Aquel día, una nueva fuerza de choque política se erigía para lo que vendría después, la moción de censura y un Gobierno progresista con los “comunistas” dentro, una afrenta esta última que un sector de funcionarios obligados a mantener “neutralidad” en sus actuaciones por la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no estaban dispuestos a dejar pasar sin más. Tres años después de la manifestación de Barcelona, ya en noviembre de 2021, sindicatos policiales y líderes políticos de la derecha reunían en la capital de España a una multitud para protestar contra el texto que los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos habían consensuado como enmienda a la reforma de la conocida como Ley Mordaza, impulsada por el PNV. Para ello, Jusapol redactó un decálogo en el que denunciaba que su seguridad y la de los ciudadanos quedaría comprometida si esas propuestas de la izquierda se incorporaban al texto que sancionaba las infracciones sin categoría de delito. Una interpretación de un texto que casi nadie había leído pero que la mayoría de las tertulias televisivas de las mañanas repetían como una verdad indiscutible. Sin embargo, el decálogo estaba repleto de omisiones a la totalidad del texto pactado, contradicciones respecto a su literalidad y algunas objeciones ideológicas que se supone no concernían a los policías, como cuando protestaban porque el DNI fuera a escribirse en lenguas cooficiales. Entre otros mantras se repetía que los policías se convertirían en “taxistas” de los detenidos una vez identificados en comisaría [leer aquí]. Decenas de miles de personas salieron a la calle: la letra pequeña era lo de menos, en letra mayúscula podían gritar contra Pedro Sánchez y Podemos.
Víctimas y policías, la “sociedad civil” del PP
Un alto cargo del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Zapatero constata la novedad de esa hostilidad. “Nosotros también tuvimos tensiones y manifestaciones, pero las protestas tenían un contenido sindical, nada declaradamente político. Pero claro, Jusapol no existía”, afirma. Durante ese Gobierno socialista (2004-2011), la punta de lanza de la “sociedad civil” que utilizaba el PP contra el Gobierno eran las asociaciones de víctimas del terrorismo. El propio Rajoy llegó a encabezar grandes manifestaciones contra la supuesta “traición de Zapatero” a los asesinados por ETA. El PP llenaba autobuses que llegaban de toda España a Madrid, aunque la convocatoria oficial corría a cargo de la AVT, presidida entonces por Francisco José Alcaraz, que con el tiempo acabaría siendo diputado de Vox. La trascendencia del PP en esas protestas supuestamente ajenas a la política se ha reproducido en la última legislatura. El pasado 20 de diciembre, nueve sindicatos de Policía y asociaciones de la Guardia Civil fueron convocados a la sede nacional del Partido Popular y allí acordaron manifestarse en la calle contra el Gobierno. El motivo aparente, otra vez la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que se antojaba inminente. Desde el partido justificaron que se trataba del habitual encuentro que mantienen los presidentes del PP cuando llegan al cargo con los representantes de las Fuerzas de Seguridad. Pero algunos de los convocados entendieron, que además de interesarse por ellos y anunciarles la cantidad de leyes del actual Ejecutivo que iba a derogar, Feijóo les animaba a protestar. Más allá de interpretaciones lo que ocurrió después es que el líder de Jupol, Aarón Rivero, tras haberlo pactado con el PP, convocó al resto de organizaciones a una sala aparte de Génova, ya sin responsables del partido, para debatir la convocatoria de una manifestación urgente. La publicación por elDiario.es de esa reunión y la polémica que le sucedió terminó por desanimar a la mayoría de los presentes, pero Jupol, que goza de una mayoría arrolladora en la actualidad, siguió adelante con la convocatoria. También en Guardia Civil a través de Jucil. A cinco meses de las autonómicas y municipales, la cíclica precampaña que vive el país en los últimos años protagonizaba la vida política con especial intensidad. Si el Partido Popular contenía en su seno a la extrema derecha que se escindió y formó Vox, los sindicatos policiales tradicionales evitaban el maximalismo y la agresividad que exhibe Jusapol, primero asociación, que después se institucionalizó convirtiéndose en el sindicato de Policía Jupol, y en la asociación de la Guardia Civil Jucil, también mayoritaria. Los sindicatos tradicionales, con el SUP a la cabeza, se vieron arrollados en las elecciones internas de 2019 en la Policía por esas exigencias inflexibles y la agresividad que contra ellos también mostraba Jupol, tanto en redes sociales –donde sus trols atacaban a periodistas, políticos y compañeros– como en los propios centros de trabajo, según denunciaban. La hostilidad contra la izquierda o los nacionalistas en las manifestaciones de Jusapol alcanzó su cénit el 3 de marzo de 2020 cuando, embozados, los asistentes rompieron el cordón policial, ante la pasividad de sus compañeros de la Unidad de Intervención Policial, y accedieron a la zona de seguridad del Congreso de los Diputados.
Nacionalismo vs. economía
Este movimiento corporativista presenta otro paralelismo con la política española: si las previsiones demoscópicas adelantan un triunfo de la derecha en las próximas elecciones pese a los buenos datos económicos, obtenidos en un contexto internacional de pandemia y guerra, los sindicatos tradicionales se hundieron pese a haber arrancado un acuerdo al último gobierno del PP que suponía una subida media de 400 euros netos mensuales para los miembros de las Fuerzas de Seguridad. La exigencia de Jupol y Jucil de no parar hasta la “equiparación salarial” con mossos y ertzainas, algo materialmente imposible –entre otras cuestiones por las distintas categorías en las jerarquías de unas y otras policías–, arrasó en las elecciones internas. “¿Y luego qué querrán, equipararse con los policías municipales? Si creemos en el Estado de las autonomías eso es absurdo”, asevera un antiguo cargo acostumbrado a lidiar con los sindicatos policiales. Jupol pretende que un policía nacional salga de la academia, sin necesidad de tener un título superior, con 2.500 euros como primer salario. La diferencia con otros funcionarios, como profesores o sanitarios, resulta enorme.
Corrupción y elecciones sindicales
Justo un mes antes de las elecciones generales, los sindicatos policiales tienen su propia convocatoria. El 28 de junio se pone a prueba el estado de salud de las posturas radicales de Jupol. El sindicato Jupol llega a la cita con el desgaste de figurar como imputado en un juzgado de Madrid, así como su anterior secretario general, por malversación de fondos. La acusación con la que nació Jusapol de denuncia de los sindicatos policiales como un nido de prebendas y privilegios se tambalea con un caso que ha arrojado conclusiones de Asuntos Internos como el de las 97 tarjetas de crédito repartidas entre líderes del hoy sindicato mayoritario, una de ellas a nombre de su actual líder, Aarón Rivero. Resta por ver cómo será la relación de Jusapol si Feijóo alcanza La Moncloa. La intensa relación del PP con la principal asociación de víctimas, la AVT, se rompió un 27 de octubre de 2013, poco más de un año después de que Rajoy llegara a La Moncloa. Estrasburgo tumbó la 'doctrina Parot' y el Gobierno se vio obligado a aplicar reducciones de condena a los condenados por terrorismo. Aunque la entonces presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza –luego multicontratada por el Gobierno autonómico del PP en Madrid– intentó culpar desde el estrado a los jueces de la Audiencia Nacional, la muchedumbre se reveló contra los políticos del Partido Popular allí presentes con gruesos insultos y conatos de agresión. La herramienta del PP en la oposición se le volvía en contra.
No, con la violencia machista no se juega ni se justifican pactos
En un nuevo intento de justificar el porqué en los pactos que el PP está cerrando o ha cerrado ya con Vox en Ayuntamientos y Comunidades, no aparece la lucha contra la violencia machista, Feijóo se saca de la manga una nueva excusa. La violencia machista es una obviedad y por eso no aparece en los documentos de los acuerdos, donde sí aparece la violencia intrafamiliar. Lo que es una obviedad, y hay que recordárselo al señor Feijóo, es que sus socios en gobiernos municipales y autonómicos, sus socios de ultraderecha, niegan la existencia de la violencia machista, la niegan por escrito y la niegan de viva voz. Así que si uno pacta con quien niega lo que el otro socio considera una obviedad, quizás sí es importante dejarlo claro en los acuerdos. Porque si la violencia machista es una obviedad, como dice Feijóo, luchar contra ella debe ser una prioridad, y no diluirlo dentro de ese término que a la ultraderecha le gusta tanto, y que el PP compra, de violencia intrafamiliar. Porque no es lo mismo. La violencia machista es la que mata a las mujeres, porque son las mujeres las que son asesinadas por sus maridos o sus parejas que, en muchos casos, antes de asesinarlas, han ejercido contra ellas todo tipo de violencia psicológica o física. Porque son los hombres los que matan a las mujeres porque creen que son sus amos y eso justifica cualquier tipo de violencia sobre ellas. Son los hombres los que matan a las mujeres cercenando su libertad, las mujeres son las víctimas. Esto, que dice Feijóo, que es tan obvio, lo niega su socio de gobierno, con el que ha pactado también suprimir las concejalías de Igualdad en los municipios en los que van a gobernar juntos. Y es tan obvio, que de alguien condenado por violencia machista, como quien fue candidato de Vox en la Comunitat Valenciana, dice Feijóo que tuvo "un divorcio duro". Alguien que le dijo a su mujer, entre otras muchas cosas, "puta, te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo" es alguien que, según el líder del PP, dijo esto porque tuvo un divorcio duro y consecuentemente cometió algún exceso verbal. Esto es lo que dice Alberto Núñez Feijóo. No, con la violencia machista no se puede jugar, ni ser tibio, ni encadenar excusas y argumentos para justificar pactos con quienes la niegan. No tiene ningún tipo de justificación, y si de verdad el PP quiere luchar contra ella, este compromiso debe estar en todos los documentos que firme con Vox, porque si no, estará entregando a la ultraderecha el marco ideológico mientras a las mujeres las siguen asesinando.
Está ocurriendo que las concejalías de Igualdad son suprimidas y cambiadas por concejalías de Familia que por supuesto Vox controlará. Como puedo imaginar el presupuesto que iba para una irá a la otra al menos hasta los nuevos presupuestos municipales.
Supongamos que Pp y Vox pillan el poder, ¿qué harán entonces los propagandistas de Vox para redes sociales que ponen cualquier suceso para indicar que "ellos nos protegerán y no pasará"?
¿Y si el PP tuviera que gobernar con un partido terraplanista?
Oigo estos días el argumento de que negar la violencia machista es como defender que la Tierra es plana: el negacionismo machista equiparado a la conspiranoia de quienes sostienen, contra toda evidencia científica, que lo del globo terráqueo, pse, no está tan claro. ¿Es comparable rechazar que el machismo mata, con afirmar que la esfericidad terrestre es todo un montaje? No sé, hagamos la prueba, a ver qué tal suena un cuento así: Imaginemos que un partido terraplanista entra por primera vez en las instituciones. Nadie lo esperaba, nadie lo vio venir, pero sucede. Lo hace a lomos de un clima de incertidumbre, miedo y paranoia muy extendida; y aprovechando un creciente malestar social que convierte esta opción política en voto de protesta, incluso para gente que no se considera terraplanista. Lo hace también mediante bulos, fake news y campañas en redes sociales que logran que el terraplanismo se abra paso de repente en la conversación pública. El partido terraplanista entra primero en el parlamento andaluz, enseguida en numerosos ayuntamientos, y finalmente en el Congreso de los Diputados. No participa en ningún gobierno, pero sí consigue que sus ideas se oigan en las instituciones y, más importante, en los medios de comunicación: los portavoces terraplanistas son invitados con normalidad a televisiones y tertulias, donde pueden difundir sus teorías sin encontrar apenas rechazo, al contrario: con la complicidad de algunos periodistas. Su presencia hace que, por ejemplo, en ayuntamientos y parlamentos autonómicos ya no salgan adelante declaraciones institucionales contra el terraplanismo. O que el partido exija los nombres y apellidos de los profesores de geografía para “depurar casos ideológicos”. Su legitimación y normalización anima a que en los institutos haya padres terraplanistas que denuncian a profesores por “adoctrinamiento terrarredondista” y pidan pin parental para las clases de geografía. O que una diputada suba a la tribuna del Congreso y diga a gritos que “la Tierra no es redonda” y “no aceptamos su geografía ideológica y totalitaria”. Hay muchas bromas y memes al respecto, pero siguen ganando peso. El terraplanismo insiste una y otra vez en sus argumentos: “La redondez de la Tierra es un concepto ideológico que nosotros no compartimos”, dice su líder, que añade: “No negamos que parece un círculo, pero hay muchos tipos de figuras circulares, no tiene por qué ser una esfera”. Otro de sus representantes es más rotundo: “La Tierra redonda no existe”. En las encuestas ya hay un 20% de jóvenes que se declara terraplanista, mientras sus teorías triunfan en Tik Tok, circulan en los institutos de Secundaria, y son reproducidas por youtubers y famosos de medio pelo. Como resultado de ese crecimiento del terraplanismo, el Partido Popular empieza a matizar su discurso: ya no afirma con rotundidad que la Tierra sea redonda; lo considera “una obviedad” y por tanto “no debe llamar la atención que no esté en los textos”. Un consejero andaluz del PP dice que prefiere “hablar de Tierra circular que de Tierra esférica, ya que el primero es un concepto más amplio, que engloba a ambos y por tanto es más representativo.” Otro consejero de Castilla y León, tras formar gobierno con los terraplanistas, reduce todo a un problema de “libertad de expresión”.
Tras las elecciones municipales y autonómicas, el partido terraplanista se convierte en imprescindible para que el PP pueda gobernar en ciudades y comunidades. Aunque Feijóo insiste en que “La Tierra es redonda, y desde el PP no daremos un paso atrás al respecto”, su partido firma acuerdos que asumen el terraplanismo. En los documentos oficiales se sustituyen las menciones al “globo terráqueo” por simplemente “la Tierra”, o incluso “la Tierra cualquiera que sea su forma”. En algunos ayuntamientos acuerdan vetar en los edificios oficiales la exhibición de bolas del mundo y mapamundis. Borja Semper repite a diario que él siempre defenderá con firmeza la redondez de la Tierra, pero los acuerdos de gobierno de su partido aceptan propuestas de los terraplanistas. Se espera que tras las elecciones generales gobiernen juntos y que la enseñanza de geografía quede en sus manos, además del ministerio de Cultura. ¿Qué os parece? Así contado suena tan terrorífico como inverosímil, ¿verdad? Un mal cuento distópico. Igual de terrorífico, inverosímil y distópico que nos debería parecer ese mismo relato si sustituimos “terraplanismo” por “negacionismo machista” (podéis abrir todos los enlaces y comprobaréis la rigurosa literalidad del relato). Pues ahí estamos, gente.
No fue “un divorcio duro”: la sentencia por violencia psíquica habitual del dirigente de Vox Carlos Flores, al detalle
No fue “un divorcio duro”, tal como relativizó Alberto Núñez Feijóo la condena por violencia machista al dirigente valenciano de Vox Carlos Flores. Fue una persecución machista durante meses, con reiterados insultos y amenazas a su exmujer, en presencia de sus hijos menores de edad. La sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia que confirmó la condena a un año de prisión a Flores, como responsable criminalmente en concepto de autor de un delito de violencia psíquica habitual y de 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones injustas detalla la retahíla de insultos que dedicó a su exmujer y a su exsuegro y la estrategia fallida del hoy dirigente de Vox para desacreditar a la denunciante asegurando que sufría “celos” y “despecho”. Al líder valenciano de Vox se le prohibió aproximarse durante tres años a su exmujer, a la que tuvo que indemnizar en concepto de responsabilidad civil con 6.000 euros.
La sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 de Valencia declaró como hechos probados que Carlos Flores, catedrático de la Derecho Constitucional de la Universitat de València, se dedicó a proferir insultos a su exmujer bajo el balcón de su vivienda o en la entrada del colegio de sus tres hijos menores de edad durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2000 y enero y febrero del año siguiente.
En ocho ocasiones, Flores “se colocó bajo el balcón” de la vivienda de su exmujer y le dirigió expresiones como “ladrona, secuestradora de niños, dueña de calabozo, puta”, le gritó que se “buscara la vida” y le preguntó si no se decidía “a hacer las esquinas todavía”. El 11 de octubre de 2000, el dirigente ultra siguió a bordo de su motocicleta a su exesposa y a sus hijos hacia el colegio y le espetó: “¿No puedo hacerlo?, ¿molesto?, imbécil, cuida a tus hijos ladrona, ¿te falta dinero?, ¿no te paso bastante?, mantenida, que vives a costa de tus hijos, ¿no te da vergüenza?”.
“Loca, ladrona, secuestradora de niños”
El 21 de diciembre de 2000, la víctima tuvo que llamar a la Policía al haberla increpado su exmarido en el jardín de la urbanización donde vivía con expresiones como “hombre, ya está aquí la mantenida esta, la fugitiva esta”. Además, Carlos Flores le impidió entrar en su domicilio. El 12 de enero de 2001, en otro encuentro, le dijo: “loca, más que loca, ladrona, secuestradora de niños, manipuladora, sabes dónde más duele, que ésta es mi favorita”, en referencia a una de las hijas que se negaba a acompañarle. Cinco días después, el dirigente de extrema derecha siguió por la calle a sus hijos que caminaban con su madre y su abuelo materno y le dijo a su exsuegro: “Cruza enfrente que es el barrio de las putas, vete con las putas que es lo que tienes que hacer, ¿es que no tienes mujer a la que cuidar?, anda y vete”. La situación fue de tal calibre que su hija mayor, de 11 años en aquel entonces, avisó a agentes de la Policía Local que se hallaban en las inmediaciones “para que intervinieran”.
“Te voy a estar jodiendo hasta que te mueras”
El 24 de enero del 2001, Flores volvió a arremeter contra su exsuegro mientras se dirigía al colegio con sus tres nietos. Le dijo: “Sinvergüenza”, “ladrón”, “hijo de puta”. Al día siguiente, la madre y el abuelo acompañaban a los tres hijos al colegio y el ahora líder valenciano de Vox los siguió hasta la entrada del centro docente y le espetó a su exesposa: “Puta, ladrona, secuestradora de niños, más que ladrona, te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo, ladrona”. La víctima tuvo que salir acompañada por otra mujer “ante la insistente presencia del acusado en el lugar”, según el apartado de hechos probados de la sentencia. El 9 de febrero se repitió una escena similar en el colegio. Flores le dijo a su exmujer “mantenida, búscate la vida” y la siguió hasta su domicilio, por lo que la víctima llamó a la Policía. La sentencia condenó a Flores como autor de un delito de violencia psíquica habitual y de 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones injustas, aunque lo absolvió de los presuntos delitos de amenazas, injurias, lesiones psíquicas y coacciones y de una falta de lesiones. Sin embargo, el dirigente de Vox interpuso un recurso de apelación contra el fallo cuestionando la valoración de la prueba por parte de la magistrada. La sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, por el contrario, considera que el relato de los hechos es “claro, preciso y se encuentra debida y ampliamente argumentado” en relación con la prueba practicada durante la vista oral, en la que declararon ocho testigos por parte de la acusación y dos de la defensa.
El dirigente ultra acusó a su víctima de 'prefabricar' pruebas
El recurso de Carlos Flores, recuerda la sentencia, se limita a “dar otra versión de los hechos, a interpretar las pruebas practicadas de un modo distinto a lo efectuado por la magistrada (...) orientándolas hacia su exculpación, contradiciendo las declaraciones de algunos testigos, los que le perjudican, imputándoles animadversión personal y subrayando aspectos parciales de las declaraciones de otros, dándoles subjetivamente un sentido exculpatorio”. El dirigente de Vox también se escudó en una supuesta “prefabricación” de las pruebas por parte de la víctima, argumentando que una de las testigos propuesta por la defensa declaró que la exmujer de Flores le pidió que grabara un video desde su casa “para poder demostrar la persecución de la que era objeto”. Una declaración que, según la sentencia, “en modo alguno presupone” una “prefabricación” de pruebas sino que demostraba “la preocupación de la denunciante por poder acreditar ante los tribunales la realidad de unos acontecimientos de relevancia penal”. De hecho, el delito fue probado “sin necesidad” del video mediante “abundante prueba testifical, documental e incluso con las propias declaraciones del acusado”.
Flores propuso la declaración “manifiestamente inoportuna” de sus hijos
Por otro lado, Carlos Flores también argüía la denegación de la exploración en el juicio oral de sus tres hijos menores de edad. “Tal denegación no vicia en modo alguno ni el juicio ni la sentencia, basada en otras múltiples pruebas”, señala la sentencia. La propia sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia sostuvo en un auto que la exploración de los vástagos resultaba “manifiestamente inoportuna, tanto por la edad de los testigos, como por la condición de hijos comunes de ambas partes implicadas, a quien debe procurarse, por encima de todo, [que] queden preservados de las refriegas entre los padres”. El fallo considera la propuesta “poco conveniente” a tenor de “los intereses de los niños”, dado que eran menores de edad y que un interrogatorio en un juicio contra uno de sus padres podría suponer un “inevitable trauma”. Un psicólogo y una pedagoga que declararon durante el juicio aludieron a la “nefasta situación emocional de los menores” en la que “inevitablemente” la conducta de Carlos Flores “no ha podido ser sino perjudicial”. Además, la defensa del dirigente de Vox argumentaba que se había producido una “provocación constante por parte de la víctima”. Así, aludía a un “reiterado incumplimiento” del derecho de visitas a los hijos. Sin embargo, la sentencia considera que “incluso de ser cierta, en modo alguno puede constituirse en causa de justificación o de exculpación de su actuar”. Ni siquiera eran “estos los hechos que se enjuiciaban”, recuerda. Y “en modo alguno pierden relevancia penal los insultos que acreditadamente” dirigió Carlos Flores a su exmujer por el hecho de que el recurso de apelación del dirigente ultra argumentara que se trataba de “insultos siempre relacionados con los hijos”. La sentencia sostiene que expresiones como “ladrona” o “secuestradora de niños”, independientemente de las “motivaciones en el fuero interno” del acusado, “ni justificaban ni exculpaban ni hacían menos reprochable su comportamiento”.
Ansiedad, insomnio y 'huida' de la víctima
El recurso del dirigente valenciano de Vox se escudaba en la “animadversión” de su exmujer como supuesta causa de su denuncia “y razón de su inveracidad”. Así, atribuía la acusación a los “celos derivados” de que Carlos Flores tuviera una nueva relación , al “despecho o trauma de la denunciante, dadas sus creencias religiosas, por haber sido dejada por su esposo y haber perdido su condición de mujer de profesor de universidad”. La sentencia, por su parte, concluyó que “más allá de la mala relación entre unos esposos que han llegado a la situación judicial en la que se encuentran”, no eran suficientes las “simples conjeturas” del dirigente ultra para invalidar la acusación. La defensa de Carlos Flores también cuestionaba que se le pudiera aplicar el artículo 153 del Código Penal, que castiga al que “habitualmente ejerza violencia física o psíquica” sobre su excónyuge o sobre los hijos. El recurso mantenía que el informe médico forense no detectó “ningún daño psíquico” en su exmujer. La sentencia, por el contrario, recuerda que un informe psiquiátrico forense concluyó que la víctima presentaba un cuadro de adelgazamiento, ansiedad e insomnio. Los síntomas mejoraron con el tratamiento médico, el apoyo de su familia y la 'huida' de la mujer a Barcelona. Aunque la víctima no presentaba secuelas psíquicas graves, la mujer tenía “temor” a su exmarido y baja autoestima. Además, cada vez que tenía que volver a Valencia, sufría problemas de ansiedad por la “alta conflictividad con su exmarido y los comentarios de su entorno social”.
La defensa de Carlos Flores se escudaba en el supuesto incumplimiento de su exmujer del régimen de visitas. El 27 de diciembre de 1999, un auto del Juzgado de Primera Instancia número 24 de Valencia acordó un régimen de visitas que permitía al dirigente de Vox ver a sus hijos los lunes, miércoles y jueves de cada semana desde la hora de salida del colegio hasta las 20:00 horas. Sin embargo, en julio del 2000 ese régimen de visitas fue suprimido mediante otra resolución que limitaba el derecho de visita del padre a a los fines de semana alternos y a la mitad de las vacaciones durante dos semanas. La sentencia del mismo juzgado, dictada el 7 de diciembre del 2000, acordó que el régimen de visitas fuera los fines de semana alternos (desde el viernes a la salida del colegio hasta las 20h00 del domingo, además de dos semanas de vacaciones). La resolución fue confirmada por la sección décima de la Audiencia Provincial de Valencia el 23 de mayo del 2001. “Pese a los regímenes de visita aludidos, el acusado siguió a la denunciante e hijos en el camino de ida al colegio”, indica la sentencia. En una ocasión, Flores pidió a algunos escolares que llamaran a sus hijos. Otro día impidió a su exmujer “la entrada normal al colegio”.
No quiero ultras en mi gobierno, les regalo el Parlamento
Se nos dice en el artículo 1 de la Constitución que España es una Monarquía parlamentaria. Se nos dice que el Parlamento es el pilar central de la democracia, porque representa como ningún otro poder la voluntad popular. Por lo visto, se trata de una institución fundamental en la arquitectura del Estado que merece el máximo respeto de los ciudadanos, ¿no? Pues no. Lo que estamos viendo en el tejemaneje de los pactos entre el PP y Vox revela que al primer partido de la oposición y a su formación amiga de la extrema derecha se las trae al pairo el significado simbólico que tiene la institución parlamentaria en la democracia española. El PP está metido en un berenjenal formidable por sus pactos con Vox. Por una parte, necesita sus votos para la investidura en varios gobiernos autonómicos y, posiblemente, en la del próximo presidente del Gobierno central. Por otra, pretende transmitir la imagen de que le disgustan esos apoyos, sin duda envenenados. Una de las fórmulas que han encontrado los populares para intentar resolver el embrollo consiste en ofrecer al partido de Abascal la presidencia de parlamentos y otras prebendas en los poderes legislativos autonómicos y nacional a cambio de que renuncie a entrar en los gobiernos o, por lo menos, de que contenga la voracidad en el reparto de carteras. De acuerdo con un singular ucase que se sacó de la manga Núñez Feijóo al explicar por qué la extrema derecha podía formar parte del gobierno de la Comunitat Valenciana y no del de Extremadura, los ultras sólo tendrían derecho de entrar en los gobiernos allí donde hubieran obtenido un porcentaje de votos parecido al que lograron en la Comunitat Valenciana. Para los casos en que no cumpliera ese requisito vaporoso, deberán conformarse solo con cargos parlamentarios, a modo de aquellos premios de consolación que se nos daban en la infancia para evitar un desarrollo traumático de la personalidad. Está por ver cuál será el recorrido de la nueva regulación pactista de Feijóo. Como ya es conocido, la líder del PP extremeño, María Guardiola, ha ofrecido a Vox no solo la presidencia de la Asamblea, sino también la secretaría general para “poder tener el control de la Mesa” de la institución, tal como ha revelado sin el menor empacho la propia Guardiola. El ‘pack’ incluye además la cesión por el PP de su escaño en el Senado a la extrema derecha. Los de Abascal, muy dignos, han replicado que de ninguna manera. Que ellos exigen entrar en el gobierno, no solo porque sus escaños son imprescindibles para la investidura de Guardiola, sino porque el PP ni siquiera fue el partido más votado en las elecciones del 28M. Ni hablar, replicó desafiante la líder conservadora. Y, emulando a José Mota, advirtió categórica: si hay que ir a nuevas elecciones, se va. Algunos analistas progresistas han erigido a Guardiola en una Juana de Arco moderna que ha tenido la valentía de plantarse ante los bárbaros de la extrema derecha. Como una luz en la oscuridad que puede hacer reflexionar al PP sobre la equivocación que está cometiendo con sus devaneos con Vox. Por el contrario, desde medios de la derecha han tachado a la extremeña de “alcornoque” y la han acusado de poner en riesgo la cruzada nacional de la derogación del sanchismo. Yo ignoro cuál ha sido la motivación última de Guardiola. Lo que sí sé es que las consecuencias de su reacción pueden resultar beneficiosas tanto para ella como para Feijóo. Si hay repetición de elecciones en Extremadura y el PP las gana por mayoría absoluta como algunos pronostican, el mensaje a Vox sería evidente tanto en relación con los pactos autonómicos como ante la eventualidad de un pacto a nivel nacional: Abascal debería cuidarse de tener mucha hambre con tan pocos dientes. Algo parecido a lo que dijo Bismarck sobre el rey Humberto de Italia durante el reparto de África. Y se habrá conseguido transmitir la idea, a quien quiera comprarla por lo menos hasta las elecciones generales del 23J, de que el PP está dispuesto a pactar con Vox única y exclusivamente por el objetivo supremo de sacar Sánchez de la Moncloa por el bien de España, es decir, como un sacrificio más que por deseo de poder o afinidad ideológica. El éxito o fracaso de esta estrategia –hay un sector beligerante de la derecha que no lo comparte- se medirá muy pronto en las elecciones. De momento, hay un perdedor: la institución parlamentaria, que ha quedado convertida en una especie de moneda devaluada en las transacciones políticas. Hemos visto cómo la líder del PP extremeño se ufana de no gobernar “con quienes niegan la violencia machista y deshumanizan a los inmigrantes” y presenta como una proeza democrática haberles ofrecido a cambio la máxima responsabilidad de la Asamblea.
Podrá alegarse que los cargos legislativos no dan a la extrema derecha tanto margen de acción para ejercer una influencia en la vida de los ciudadanos como el que tendrían si ocuparan alguna de las carteras del ejecutivo. Menos aun si no ostentan una mayoría en el Parlamento. Falso. Ya hemos visto en el Congreso de los Diputados la capacidad de Vox para envilecer el debate político, y sin tener el control de la Cámara. Darles ese control equivale a regalarles la mejor plataforma para difundir y normalizar su discurso de odio e intolerancia. Por lo demás, en democracia son importantes los símbolos, y lo que se está transmitiendo en este cambalache negociador del PP con Vox, con el único fin de llegar al poder allí donde sea posible, es que la casa del pueblo ha quedado convertida en algo parecido a lo que describió Vargas Llosa en su novela de elocuente título La casa verde.
Los pactos con Vox convierten al PP en una “jaula de grillos” ante la falta de dirección de Feijóo
Entre el “verano azul” de una playa artificial que ha dado lugar a todo tipo de mofas y la algarabía interna por los pactos con Vox, el PP hubiera deseado borrar esta semana del calendario. El carajal provocado por la solemne declaración de principios de la extremeña María Guardiola para no hacer coalición con la ultraderecha y poner, de paso, en evidencia al valenciano Carlos Mazón ha convertido al PP en un partido de baronías en el que cada cual toma las decisiones por su cuenta sin que se atisbe coordinación ni dirección alguna. Tanto que por primera vez desde que Alberto Núñez Feijóo fue aupado a la presidencia nacional, precisamente por los barones que ahora se rebelan, le llueven las críticas por el desgobierno que reina en la planta noble de la calle Génova. El intento fallido de Feijóo de establecer un argumento porcentual para justificar la alianza con la ultraderecha en Valencia y negarla en Extremadura no han hecho más que añadir ruido al ruido en un partido, en el que unos asumen como propio el ideario de Vox sin reparo, y otros no están dispuestos a enredarse en las guerras culturales de la ultraderecha para abandonar la centralidad política. Todo con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, y a pesar de haber instalado el marco de un cambio político imparable que hoy se ve amenazado por las exigencias de Vox. El PP prometía, frente “al gobierno del ruido” de Sánchez, un Ejecutivo estable y sereno, y lo que ha proyectado esta semana es un sonoro estruendo dentro y fuera de sus filas. Tener como socio a un partido cuyos dirigentes presumen de ser antivacunas, niegan el cambio climático y la violencia machista, se declaran supremacistas o cargan contra el colectivo LGTBI no es la mejor carta de presentación ante el 23J, por mucho que los altavoces mediáticos de la derecha traten de relativizar el discurso del odio o descalifiquen a quienes dentro del PP no están por la labor de hermanarse con los de Santiago Abascal a cualquier precio. “Al final nos vamos a convertir en la misma jaula de grillos que dijimos que era el PSOE durante años”, advierte un dirigente autonómico contrario a anteponer los gobiernos a los principios y que ve en Feijóo a un “diletante incapaz de poner orden” en tanto desgobierno. Pablo Casado intentó dirigir el PP sin el respaldo de sus barones y le echaron por la ventana de la séptima planta de la sede, tras enfrentarse entre otros a la madrileña Isabel Díaz Ayuso. Y ahora que Feijóo proclama su respeto por las baronías, el carajal no es el mismo pero las consecuencias que se atisban en el horizonte han hecho que algunos dirigentes vean en peligro el resultado que auguraban para las generales y el esperado cambio de ciclo. “No se puede, sin confundir al electorado, decir una cosa y la contraria: bendecir el acuerdo con la ultraderecha en Valencia e invocar la pureza de los principios en Extremadura”, se lamenta un dirigente popular. Y tampoco, añade un diputado popular, “cruzarse de brazos mientras a la dirección nacional no se le ocurre otra cosa que asumir el ruido por las contradicciones entre territorios” y confiar en que bajen los decibelios en las próximas semanas. El argumentario oficial sostiene que la política de pactos del PP no sólo incluye a Vox, sino también a los regionalistas de Cantabria o a Coalición Canaria. El problema es que, pasado el 23J, Feijóo no podrá gobernar si no es con el apoyo de Abascal, ya que ninguna encuesta le acerca a la mayoría absoluta y el escenario de un gobierno en minoría no entra en los planes de los ultras, dispuestos a poner un alto precio a sus votos. De ahí que el resultado de las generales vaya a ser determinante en lo que finalmente ocurra en Extremadura, a pesar de que hoy parezca encaminada a una repetición de las elecciones. Todo dependerá del resultado del PP, de la posición del tablero que ocupe Vox y hasta del número de diputados que obtenga finalmente el PSOE. Lo que hoy se presenta como un veto inamovible, después de las generales puede ser un donde dije digo, digo Diego.
Un gol en tiempo de descuento
Lo proyectado por el PP esta semana ha sido en todo caso un espectáculo de entropía en medio de una ausencia clamorosa de coordinación nacional que a muchos dirigentes les ha recordado a los peores tiempos de Rajoy, donde se podía escuchar cómo crecía la hierba mientras se acumulaban los problemas y no se tomaban decisiones que evitaran el desgaste de las siglas. La consigna es que los dirigentes territoriales bajen la intensidad de sus valoraciones públicas y de sus diferencias con los ultras con el propósito de enfriar el problema, dilatar las negociaciones con los de Abascal allá donde sea posible y ver si el electorado toma conciencia de la importancia del voto útil. Con este mismo contexto puede explicarse también la desgana con que desde Génova afronta la celebración de los debates electorales mientras el presidente del Gobierno multiplica su presencia mediática a la espera de que el PP responda a las ofertas de los medios que tiene sobre la mesa. En La Moncloa aguardan a saber cuál será el siguiente paso de los grupos que propusieron debates y han sido aceptados todos ellos por el PSOE al silencio que han dado por respuesta los populares. “A diferencia de ediciones anteriores donde los grandes comunicadores presionaban a los líderes para que aceptaran sus envites, en esta ocasión no escuchamos demasiadas voces interesadas”, lamentan desde el partido del gobierno. Fuentes socialistas entienden que a Feijóo no le quedará más remedio que aceptar un 'cara a cara' porque dio su palabra en Onda Cero al periodista Carlos Alsina, pero que tratará de esquivar a toda costa el debate a cuatro (Sánchez-Díaz-Feijóo-Abascal) propuesto por Atresmedia, Mediaset y Prisa “para evitar tener al lado al líder de los ultras y que se visualicen las dos únicas formas posibles de gobierno (PSOE-Sumar o PP-Vox)”. Tampoco están convencidos de que el PP decida enviar a Feijóo a un debate a siete al que está obligada RTVE con los representantes de todos los partidos con representación parlamentaria.
Con un asunto y el otro (el lío interno del PP y el debate sobre los debates) no parece que la derecha haya arrancado esta precampaña, como acabó la del 28M, imponiendo el marco y llevando al PSOE a un extremo del cuadrilátero hasta noquearlo con sus alianzas con Bildu y el “que te vote Txapote” y con la supuesta compra de voto por correo que en el caso del municipio almeriense de Mojácar ha paralizado la constitución del ayuntamiento por una investigación judicial sobre las presuntas prácticas fraudulentas, no del PSOE, sino del PP. Como en el fútbol, en política también se puede marcar gol en tiempo de descuento. Que se lo digan al ex convergente Xavier Trías. Hasta el 23J, todo es posible.
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