Breve reaparición de 'El Largo' para sacar al PP de otro apuro con la Gürtel
“Ninguna pregunta, señoría”, “no hay preguntas señoría”. Los abogados de las defensas contestaban el miércoles al presidente del tribunal que no demandaban más aclaraciones de Francisco Correa, líder de la trama Gürtel y principal acusado también en la pieza que se juzga estos días, la que afecta al ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte. El magistrado José Antonio Mora se disponía a llamar a declarar al segundo acusado cuando le interrumpió uno de los 38 abogados: “Señor presidente: la defensa de Correa”. Y la cámara enfocó a Javier Iglesias Redondo, al que la banda del comisario Villarejo llama ‘El Largo’ y al que tenían por su contacto con el presidente del Gobierno de entonces, Mariano Rajoy. El mismo al que Luis Bárcenas acusa de ofrecerle oscuros pactos de parte del PP.
La presencia de Iglesias en la sala no debe sorprender. Es el abogado de uno de los acusados, el constructor Alfonso García-Pozuelo, pionero en las confesiones dentro de la causa Gürtel. El miércoles, el letrado titular de Correa, Juan Carlos Navarro, tenía otro juicio en Valencia y no podía asistir a la sesión. La sustitución parecía un trámite hasta que el letrado Iglesias, una constante en los episodios más turbios de los casos judiciales que afectan al PP, aclaró que tenía algo que preguntar a su defendido ocasional. Javier Iglesias: “Solo una aclaración, señor Correa. Mire, el Ministerio Público y las acusaciones populares le han preguntado por el apunte “campaña” [en los papeles de la trama, presuntamente referido a que una parte de las mordidas iban a financiar al PP de Boadilla], que ya nos aclarado usted que que no se acuerda o si podía responder a campaña electoral o que se quedase con ese dinero. Mi pregunta para aclarar esto es la siguiente: Durante el tiempo que tuvo relación con las autoridades del Ayuntamiento de Boadilla, ¿alguno de ellos le solicitó o le dijo que parte del dinero que usted les daba pudiese ir para el PP, al margen de campaña?”. Correa: “No” Iglesias: “¿En ningún momento” Correa: “No, yo creo que no”. En 47 minutos, Francisco Correa había ido contestando a todas las preguntas de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular. Como la mayoría de los acusados en esta pieza, el líder de Gürtel ha asumido los hechos presentados por el Ministerio Público en una confesión escrita que busca una rebaja en la petición de condena. Pero en el juicio, la memoria falla a Correa en una cuestión relevante: no sabe si una parte de las mordidas iban para el Partido Popular. Contrasta con la confesión por escrito de uno de sus compañeros de banquillo, el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, y de algún otro, en los que detallan que la red de corrupción financió la campaña de las autonómicas de 2003 y las generales de 2004 en el municipio. La Fiscalía pide por ello que el PP sea condenado como beneficiario a título lucrativo de 200.000 euros de la corrupción. Sería la tercera condena para el PP, como partido, en un juicio de Gürtel. Correa había dicho en la vista que pese a que en la contabilidad de la Gürtel pone “campaña”, él pudo pedir a sus subordinados que anotaran eso cuando en realidad el concepto fuera otro, o incluso tuviera pensado quedarse él ese dinero. Juan Carlos Navarro, abogado habitual de Correa, con quien el acusado había trabajado su confesión, no tenía previsto formular pregunta alguna a su cliente durante el juicio. Su sustituto ocasional, Javier Iglesias, argumentó que no había quedado clara una cuestión y lanzó la pregunta. Pero ¿qué interés tenía para los intereses de Correa esa aclaración? ¿Quién se beneficia de que el líder de la Gürtel asegure que nunca ningún político del PP le pidió dinero para el partido? elDiario.es se ha dirigido al letrado Javier Iglesias para que ofrezca una explicación, pero no ha obtenido respuesta. Para observar la secuencia completa hay que retroceder unos segundos. Justo antes de que Iglesias tome la palabra para formular una pregunta en favor de los intereses del PP, el presidente del tribunal había preguntado al abogado que defiende formalmente al partido, Jesús Santos, y éste había dicho que no quería hacer ninguna pregunta a Francisco Correa.
El trago del Congreso
La última aparición retransmitida de Javier Iglesias había sido su comparecencia ante la comisión que investiga el caso Kitchen en el Congreso de los Diputados, el 6 de mayo de 2021. Allí, apelando al secreto profesional de los abogados, se negó a contestar una y otra vez a las preguntas de los portavoces. Cuando llegó el turno de Gabriel Rufián, el político de ERC advirtió: “Usted es el abogado de los Corleone. Será el primero en caer”. Sin embargo, el juez Manuel García Castellón cerró la instrucción del caso Kitchen menos de tres meses después, archivando la imputación de María Dolores de Cospedal, rechazando la citación de Mariano Rajoy y sin hacer mención alguna al abogado Javier Iglesias, pese a los numerosos indicios en el sumario de que, como poco, conocía la operación parapolicial contra Luis Bárcenas. Pese a que Javier Iglesias había informado al tribunal de que actuaba “en sustitución” del abogado de Correa, la relación profesional con el líder de la Gürtel se remonta a tiempo atrás, al menos formalmente. Correa dijo el miércoles en el juicio que a él, para intermediar con el PP, le llamaban “las grandes constructoras”, pero que no quería ahondar en eso porque en otro juicio ya lo había hecho “y se armó un gran revuelo”. Francisco Correa se refería a su declaración en el primer gran juicio de Gürtel, donde afirmó que la gran obra adjudicada en los consejos de ministros presididos por José María Aznar incluían una mordida del 3% para el Partido Popular. El magistrado que instruía el caso de la caja B entonces, José de la Mata, decidió llamar a Correa para ratificar aquello en sede judicial, lo que sin duda abriría una nueva e importante línea de investigación. Pero Correa se echó atrás y no abrió la boca. Antes, según desveló elDiario.es, había recibido la visita en prisión de Javier Iglesias, según éste porque el abogado valenciano del jefe de la Gürtel le había solicitado incorporarse a la causa. El foco de atención se puso en Javier Iglesias cuando 'El Mundo' publicó en julio de 2013 que el abogado había ofrecido en prisión un pacto a Bárcenas, en el verano de 2013, para que no tirara de la manta sobre la caja B del partido y los sobresueldos en negro: Destituirían a Gallardón, a las fiscales del caso, su mujer quedaría libre y el caso se archivaría por una nulidad. Pero Bárcenas tenía que estar callado. Iglesias siempre ha negado esos hechos. El tesorero, por su parte, amplió las acusaciones contra él durante el juicio de la caja B: le acusó de haberle ofrecido 500.000 euros de los empresarios que financiaban al PP a cambio de fabricar otros papeles de Bárcenas cuando saltó el escándalo. Antes de su irrupción en el juicio de Boadilla, Javier Iglesias había comenzado a borrarse de la actualidad. Como otros grandes personajes del caso Villarejo, habitantes de una simulada habitación de poder en la sombra, pasaba al olvido de lo que una vez pareció el caso llamado a levantar las alfombras del poder en cuarenta años de democracia. Hasta ahora había aparecido de forma puntual en la trama, como esos personajes de ficción que el guionista deja ver fugazmente en algunos capítulos y de los que solo se intuye su relevancia. Falta por saber si la cámara le enfocará sonriendo en el último capítulo, en una escena final que desvele su auténtico peso en la historia
Rajoy se divierte en 'El Hormiguero' mientras su ministro del Interior responde por el espionaje a Bárcenas
Mariano Rajoy está en plena tournée de promoción de su libro Política para adultos (Plaza & Janés, 2021), una suerte de ensayo sobre cómo ve la actividad pública una persona que se ha dedicado a ella de forma ininterrumpida durante toda su vida laboral. En el libro, el expresidente del Gobierno pasa muy de puntillas por el asunto de la corrupción, una de las losas de su partido. Y tampoco se detiene en el recurso a las cloacas del Estado precisamente para aplacar una de esas investigaciones, la trama de Gürtel, en la que indaga desde hace tres años la Audiencia Nacional en la llamada operación Kitchen.
Pero la realidad ha hecho que su gira promocional haya coincidido en el tiempo con el momento de mayor voltaje político de la comisión parlamentaria sobre esa operación, centrada en el espionaje al extesorero Luis Bárcenas sufragado supuestamente con fondos reservados para evitar que información comprometedora para el partido y sus dirigentes llegara a los investigadores de Gürtel. Esta semana fue el turno de quien fuera su ministro, Jorge Fernández Díaz, que apuntó a la formación conservadora al asegurar que la operación parapolicial no pudo nacer en Interior porque el interés sobre Bárcenas no correspondía al departamento que dirigió sino a quien podía perjudicar, el Partido Popular. "El GAL o el Faisán eran asuntos de Interior; Bárcenas no era funcionario del Ministerio", aseveró. Fernández Díaz es, en la actualidad, el principal procesado de la operación Kitchen tras la decisión del juez Manuel García Castellón de cerrar inesperadamente el pasado verano esa pieza exonerando a María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido entre 2008 y 2018, y sin citar siquiera como testigo a Rajoy, el máximo beneficiado de aquella operación y jefe directo del que fuera ministro del Interior. Pero a falta de que tres jueces de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidan si el caso Kitchen debe ceñirse al sabotaje de la causa de la caja B del PP, ideado y desarrollado dentro de los márgenes de Interior, o si hay que seguir investigando la presunta implicación de la cúpula del partido, miembros de esa dirección sí tendrán que seguir dando explicaciones en el marco de la citada comisión.
Comparecencia
Tras meses de comparecencias, Rajoy cerrará las sesiones el lunes 13 de diciembre. Se espera que durante su intervención salgan a relucir las continuas referencias de Villarejo y otros investigados a "El Barbas" o "El Asturiano", los motes con los que se referían a él los miembros de la trama. Y también un informe de Asuntos Internos con notas del comisario según las cuales el expresidente conocería la oferta y amenazas a Bárcenas en prisión para que no confesara la caja B. Estos indicios, que a todas luces saldrán a relucir durante la investigación parlamentaria, no fueron considerados por el juez de la suficiente entidad como para citar como testigo a Rajoy, al que ni siquiera citó por su nombre en el auto en el que decidió cerrar la instrucción descargando toda la responsabilidad de la trama en Fernández Díaz. "Ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que el señor Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro", escribió García Castellón. En su libro, Rajoy también pasa de puntillas por esta cuestión. "A mí me tocó lidiar con varios asuntos que afectaron al PP mientras yo lo presidí", afirma como si la corrupción no fuera con él. Tampoco ahorra críticas a la prensa al decir que "cuando solo se informa de los casos que afectan a un partido, pero se ignoran o minusvaloran los de sus rivales, es evidente que se ofrece una imagen distorsionada de la realidad". Al expresidente también le "sorprende que se conviertan en una especie de dogma de fe un informe policial, los escritos de un comisario o una petición concreta de la Fiscalía". La misma actitud ha mantenido en algunas entrevistas ofrecidas en los últimos días. A la agencia Efe le dijo, por ejemplo, que es "absolutamente falso" que destruyera pruebas, como le acusa Bárcenas. Pero inmediatamente recupera una posición ajena al asunto y lo compara con cualquier otra política: "¿Que pude haber hecho más? Seguro que sí. En cualquier materia de gobierno pude haber hecho más. Nunca me he tenido por alguien que acierta siempre". También en 'El Hormiguero' respondió, de manera somera, al respecto. "No se puede pasar por alto" la corrupción, dijo. "De hecho, todas aquellas personas que actuaron mal han sido condenadas y están fuera del partido", añadió. Y zanjó: "A los corruptos hay que detectarlos a tiempo y tomar medidas". Un mensaje, en todo caso, dedicado a quienes ahora comandan el PP.
Citas con Villarejo
Días antes de su intervención en el Congreso está citada la que fuera su número dos. Cospedal, desimputada de esta causa el pasado verano, tiene previsto comparecer la semana que viene, el jueves 9 de diciembre. A la ex secretaria general los parlamentarios le preguntarán previsiblemente por sus encuentros secretos con Villarejo, que el juez enmarca en el derecho de reunión, y por otro informe de Asuntos Internos que da cuenta de la existencia de hasta 70 comunicaciones, entre llamadas y mensajes, entre el comisario Villarejo y la ex secretaria general y su entorno entre mayo y noviembre de 2013, durante los primeros meses de la operación de espionaje. Los agentes cruzan la información de esos contactos –extraída de un teléfono Samsung intervenido a Villarejo tras su detención en 2017– con las anotaciones que el policía iba haciendo en sus agendas. Así, por ejemplo, consta que el 11 de julio de 2013, cuando se produjo el "nacimiento" de la operación Kitchen, Villarejo y Cospedal hablaron durante 19 segundos y el policía recogió en su diario el siguiente apunte: "Cospe. Muy mosca con la citación. Le aconsejé que llamara a Chisco", el apodo del número dos de Interior, Francisco Martínez, procesado en esta causa junto a su jefe, el exministro Fernández Díaz. Durante su comparecencia de esta semana, el que fuera máximo responsable de Interior, aunque con cautela, aludió a la posible implicación en el espionaje del CNI y de quien tenía mando sobre el servicio de Inteligencia durante el Gobierno de Rajoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, a la que está enfrentado. "No puedo ir más allá, ni debo ir más allá", dijo tras precisar que se está intentando defender en el juzgado de las acusaciones contra él y que, en consecuencia, no podía, ni debía, decir más. Esta vía, que sí esbozaron algunos diputados, también se ha encontrado con el rechazo del juez a investigarla. Un día antes que Fernández Díaz y también en plena gira promocional de Rajoy, la comisión parlamentaria recibió al consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que se negó a dar detalles de la reunión que organizó entre el abogado que trabaja para el PP, Jesús Santos, y un amigo de Bárcenas, Agustín de Diego, por pertenecer a su "ámbito privado". López, actual miembro de la dirección del PP, era entonces magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando se produjo ese encuentro, en plena instrucción del caso Gürtel. A preguntas de los diputados afirmó que se limitó a presentarle y se negó a dar detalles del encuentro.
Diecisiete confesiones para el juicio de Gürtel donde el PP se juega su tercera condena
Dieciesiete acusados en el juicio por la actuación de la trama Gürtel en Boadilla han reconocido los hechos que les atribuye la Fiscalía durante sus declaraciones en la vista oral. Son mayoría entre las 24 personas que se sientan en el banquillo de los acusados y a los que acompañan 11 sociedades como presuntas responsables civiles. Completa la lista de acusados el Partido Popular, al que el Ministerio Público atribuye haberse beneficiado de 204.198,54 euros de la corrupción, y contra quien se vuelven las confesiones que refuerzan el relato de la acusación.
Una parte de las mordidas que repartían Francisco Correa y su red criminal habrían ido a financiar dos campañas electorales en el municipio de Boadilla del Monte, uno de los más ricos de España, y bastión tradicional del Partido Popular; que no ha perdido el poder allí ni siquiera después de que se destapase todo el escándalo. Se trata de las campañas autonómicas de 2003 y de las generales que se celebraron un año más tarde. Algunos de los acusados tenían cosas que contar al respecto; otros se han limitado a reconocer su participación en la trama en la cual se habría producido esa transferencia de fondos de dinero negro al PP. La formación política se enfrenta a su tercera condena, la segunda como beneficiario a título lucrativo del dinero de la corrupcón de Gürtel. El Partido Popular, por boca de su abogado, Jesús Santos, rechazó contestar a las preguntas de las partes cuando tocó el turno de su comparecencia como acusado bajo el argumento de que "nada puede aportar" sobre los hechos que se juzgan. Estos son los acusados que han confesado y el puesto o papel que desempeñaban. Arturo González Panero, alcalde de Boadilla El regidor del municipio entre 1999 y 2009 aseguró que el PP le dio instrucciones de que había que pagar parte de los gastos de las dos campañas citadas "por fuera". Durante su declaración, que se extendió durante dos jornadas, González Panero aseguró haber recibido "llamadas de Moncloa" durante la presidencia de José María Aznar y directrices del presidente regional del partido, Pío García-Escudero, en relación a varias personas y actuaciones de la Gürtel en el municipio madrileño. González Panero confirmó punto por punto la relación del Ayuntamiento con la trama, según la cual, se llevaba una mordida por adjudicar a empresas de la trama de Correa y compañía o una comisión, junto al jefe de la red, por que esos contratos fueran a terceros. Una de los argumentos que le dio Correa para adjudicar a determinadas empresas es que ayudaban al partido y que una parte de esa comisión "tenía que ir al PP". "No sé si ese dinero fue al PP, pero lo dijo", añadió. Al relatar esa supuesta financiación irregular de campañas, el exalcalde ha ejemplificado que, si en un acto se necesitaba un número elevado de banderolas, se facturaban 30 al PP y otras "200 había que pagarlas por fuera". Francisco Correa, líder de la Gürtel "Si se adjudicaba a mi candidato, el empresario me aportaba dinero en efectivo y yo lo llevaba al Ayuntamiento. Se lo entregaba a González Panero". Así confirmó el líder de la Gürtel el sistema en Boadilla. "Salía a concurso una obra en el Ayuntamiento y algunos empresarios me contactaban. Oye, que estoy interesado en esta obra en Boadilla. Y yo por la relación que tenía [con el entonces alcalde Arturo González Panero] hacía de lobby. Si conseguíamos la adjudicación, el empresario me aportaba la cantidad o la comisión correspondiente. Yo intentaba que se adjudicara al candidato que yo ofrecía", añadió. Sin embargo, a la hora de confirmar la veracidad de una anotación en la caja B de la trama Gürtel, a Correa le falló la memoria. Aseguró que aunque pusiera "campaña", él podía haber ordenado que se escribiera eso y luego, por ejemplo, quedárselo él. Fue el momento en el que un abogado vinculado a episodios oscuros del PP, pese a no ser su representante legal, tomó la palabra para preguntar a Correa, como su abogado sustituto, si escuchó alguna vez que el dinero de las mordidas iba al partido. "No, yo creo que no", respondió Correa. Pablo Crespo, número dos de la trama Pero a continuación llegó el turno de Pablo Crespo, que aseguró que lo que ponía en esos papeles respondía a la verdad. "Esos números son míos y lo tengo claro (…) Los apuntes eran fieles, no nos vamos a engañar. Era una contabilidad B pero era real". De esta manera, confirmó que bajo el concepto campa o campaña se consignaron fondos con destino a las gastos electorales del PP en Boadilla en 2003 y 2007. Respecto a esta última campaña, el pago se consignó bajo el nombre de Tomás Martín. "Era la caja B que llevaban en Pozuelo, de la que sale una entrega que no era para Tomás Martin sino para el PP", aclaró Crespo, antiguo secretario de Organización del PP gallego. José Luis Izquierdo, contable de Gürtel Se escudó en que él realizaba una administración "auxiliar" y que "siempre" se le dictaba lo que tenía que poner en la contabilidad b en la que aparecen, entre otras, las anotaciones referidas sobre la desviación de dinero negro para el PP. Antonio de Miguel, arquitecto del Ayuntamiento Ratificó la confesión escrita, entregada al tribunal días antes del comienzo del juicio. En ella, su abogado describía gráficamente el sistema de corrupción: "Existía una práctica que consistía en que las ofertas que presentaban los licitadores a concursos, se pasaban a mi representado, el señor De Miguel Reyes, para que este las valorase desde el punto de vista técnico (no económico) y emitiese informes con las puntuaciones correspondientes. Era habitual que a mi mandante le facilitasen una plantilla con los diferentes aspectos técnicos a valorar de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras". Tomás Martín Morales, gerente de la empresa del suelo Explicó las "necesidades económicas" del PP en el municipio y como 'Gürtel' sufragaba su "actividad interna". "Además de vender gestiones municipales y proyectar o anunciar las futuras que se iban a hacer como comunicaciones de precampaña, había que mantener toda la estructura del partido viva. Había que organizar comidas, fiestas, viajes o una reunión, alquilar una sede. Mucha actividad preelectoral y también de sostenimiento", afirmó. La fiscal interrogó a Martín Morales por su escrito de confesión, en el que hacía referencia a que Correa le explicó que recibió instrucciones de la cúpula del PP a través de Pío García-Escudero. "Se me dijo que tenía conocimiento el presidente regional del partido y que tenía que ser así. Yo cumplí instrucciones", afirmó ante el tribunal. Alfonso Bosch, gerente de la empresa municipal "Yo he contratado fundamentalmente, y me arrepiento de ello, con las empresas del señor Correa", confesó Bosch, quien, sin embargo, dijo no saber nada de la financiación del partido. El también exdiputado autonómico declaró: "No tengo ni idea. No he participado en la campaña porque yo estaba en otros sitios. No tengo ni idea de que se haya derivado dinero al PP". Isabel Jordán, subordinada de Correa Jordán aseguró que tanto la campaña electoral del PP del municipio de 2007 como los actos de precampaña de 2006 fueron pagados con dinero de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla, de comisiones que pagaban a la trama empresas adjudicatarias de contratos del Ayuntamiento y de la caja B del grupo de sociedades de Correa. Sobre la trama de corrupción y la relación de su jefe con el alcalde de Boadilla, Jordán relató que una noche, volviendo de una cena, Corra le confesó: "Mira, ni te preocupes, no va a pasar nada. Vamos a poder tener todos los contratos de Boadilla que yo quiera; me los van a adjudicar todos porque tengo al señor Arturo Panero cogido de los huevos". Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica El constructor ya pactó en el primer juicio de Gürtel una rebaja de la petición de pena a cambio de confesar su implicación en los sobornos. En esta vista reconoció que pactó con Correa una mordida del 3%, el mismo porcentaje del que habló el líder de la Gürtel en aquel primer juicio. Dijo que toda la gran obra del Gobierno de Aznar llevaba una mordida del 3% y que una parte iba para el partido. Luego no quiso ratificar la confesión ante el juez de la caja B. Ramón Blanco Balín, arquitecto de la trama internacional El exvicepresidente de Repsol y antiguo amigo de José María Aznar está acusado de organizar la estructura internacional de blanqueo de la trama Gürtel. Fue él quien presentó a Correa al gestor de los fondos de Juan Carlos I. En su declaración en la pieza de Boadilla se limitó a acudir a su escrito de confesión. "Yo he reconocido los hecho que han sido ciertos. No quiero perjudicar a nadie", dijo. Carlos Martínez Parra, empresario "Tenía conocimiento de que se nos adjudicaban obras en Boadilla, porque mi padre tenía buen trato con Correa y hablaba con él para conseguirla", aseguró Martínez Parra, del Grupo Martínez Nuñez. "Mi padre me dio un maletín con dinero y se lo entregué a un señor de la empresa de Correa, creo que era Crespo. Le di la cantidad de 1.380.000 en efectivo", explicó. "El destino –dijo– era para entregar a los funcionarios o personas que intervinieron en la adjudicación". José Luis Ulibarri, empresario Con él volvió a salir el tema del 3% en mordidas. "Era un 3% lo que le di a Correa. Un millón de los 33 que costó", aseguró el empresario burgalés acerca de la única vez, según dijo, que pagó por operar en Boadilla del Monte. También lanzó una sospecha sobre lo que le prometió el líder de la Gürtel y lo que terminó haciendo realmente: "Yo me temo que Correa no habló con mucha gente. Pero eso lo pienso ahora". Jacobo Gordon, empresario Amigo de Alejandro Agag, el yerno de Aznar, Gordon declaró: "En 2005 Correa me pide un favor: facturar un millón para no pagar impuestos y que luego me haría unas facturas por el mismo importe, y yo accedí". Javier Nombela, subordinado de Correa Empleado de las empresas de Francisco Correa, Nombela se refirió a uno de los proyectos de Boadilla que se juzga, la Oficina de Atención al Ciudadano. "Había mucha relación en Boadilla por el tema del (Banco) Santander. Isabel llevaba colaborando con el Santander incluso con las obras, ella fue incluso con el barro… llegamos a tener un contrato con ellos... El encargo surgió de allí. La OAC funcionó bien en Majadahonda. El proyecto surgió por la relación con el alcalde", declaró en el juicio. Javier del Valle Petersfeld, asesor fiscal Contó cómo el alcalde de Boadilla, González Panero, le presentó a Correa. Ambos le propusieron crear una cuenta conjunta a través de una sociedad que el jefe de la Gürtel tenía domiciliada en Portugal. Hasta que Correa y González Panero se pelearon en 2004. El asesor fiscal Del Valle dijo al tribunal que llegó a mover alrededor de 1,2 millones de euros del alcalde de Boadilla por Suiza y Estados Unidos. Rafael Martínez Molinero, empresario Miembro del consejo de administración de Teconsa, aseguró que él nunca manejó dinero y que no entregó a la trama mordidas por las adjudicaciones, pero que la empresa que dirigía sí lo hizo. Luis de Miguel, primer gestor internacional de la Gürtel "Conocí en el 98 a Correa y creé la estructura societaria", dijo Luis de Miguel ante el tribunal. "Se emitieron dos facturas mediante las cuales se envió el dinero a Suiza", añadió. El gestor, que fue sustituido después por Blanco Balín, intentó defenderse alegando que no sabía la procedencia del dinero.
Y los intachables votantes de ese partido esperando que esos nos vuelvan a gobernar. Si quienes estuvieran en el banquillo fueran Podemitas estaríamos ahogados en titulares de prensa.
En la tierra del llobu esto también se llama cinismo.
Ojito con una nueva ola de bulos contra la izquierda según se acerque la sentencia.
Rajoy y el PP normalizan la mentira en el Congreso
Ayer cerró la comisión Kitchen en el Congreso, la que investiga el espionaje a Luis Bárcenas, utilizando medios del ministerio del Interior para hacerse con documentos en posesión del ex tesorero del PP que pudieran perjudicar al partido en las investigaciones por la contabilidad paralela. Cerró las comparecencias, ya saben, Mariano Rajoy que llegó tan dispuesto a negarlo todo que negó incluso lo que está demostrado por la justicia y con sentencia condenatoria.
En la vorágine negacionista en la que entró el expresidente del Gobierno, los 'no sé', los 'no me consta' o los 'no soy consciente' llegaron a su punto esperpéntico cuando Rajoy negó reiteradamente la existencia de una caja B en el Partido Popular. Hay hasta tres sentencias judiciales que lo acreditan, dos de la Audiencia Nacional y una del Tribunal Supremo, o cuando defendió a quien fuera su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, imputado por la Kitchen y a quien el juez va a sentar en el banquillo. Mariano Rajoy fue a la comisión Kitchen a mentir, como si le importunara estar ahí. De hecho, llegó a decir que no sabía por qué le habían traído. Y todo esto en sede parlamentaria, donde quien fue presidente del Gobierno, y su partido, el partido popular, intentaron normalizar la mentira. Se podrá debatir si las comisiones parlamentarias sirven o no sirven, si cumplen su cometido o no, pero mientras tanto, y mientras se convoquen comisiones, los comparecientes están obligados a respetar a los diputados que les interpelan, pero sobre todo, a la institución, que al final nos representa a todos. ¿Hasta qué punto se puede aceptar esa normalización de la mentira en la institución en la que reside la soberanía popular? ¿Hasta qué punto se tiene que normalizar la falta de respeto disfrazada de socarronería o campechanía que tantos aplauden y que oculta una falta de respeto inmensa por la institución? Rajoy mintió ayer en el Congreso, él lo sabe y su partido lo sabe. Afortunadamente, la justicia desmiente a Rajoy, aunque esto a él parece importarle poco y esto es quizás peor que la propia mentira.
La comisión Kitchen fracasa al intentar recabar información sustancial del caso
La comisión del Congreso que investiga el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados prepara sus conclusiones sin la mayor parte de la documentación que había solicitado al Ministerio del Interior, al juez del caso Kitchen y a la Fiscalía. Solo el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha remitido algunos documentos a los diputados, entre los que no se encuentran los expedientes disciplinarios a los investigados o los procedimientos para adjudicarles destinos privilegiados, a modo de recompensa, durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Con la última solicitud de información a Interior se ha producido una respuesta que ha molestado especialmente a algunos miembros de la Comisión. Estos habían solicitado diversa información acerca del confidente sobre el que se montó la operación de espionaje a la familia Bárcenas, el chófer Sergio Ríos, hoy miembro del Cuerpo Nacional de Policía, retirado temporalmente de sus funciones desde hace unos meses. Ríos recibió una pistola, con cargo a los fondos reservados, durante el espionaje a la familia Bárcenas. La comisión de Interior solicitó formalmente al Ministerio el expediente sobre la concesión de la licencia de armas. Recibió como respuesta un párrafo del número dos de la División de Personal de la Policía certificando que Ríos ya ha devuelto las dos armas que tenía, que se corresponden con la entregada por la brigada política y la reglamentaria. La solicitud de ese expediente consta en el documento firmado por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el pasado 6 de octubre y dirigido al Ministerio del Interior. En él también, el Congreso pide los expedientes de los traslados de los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano a las embajadas de Países Bajos y México, respectivamente. En la documentación remitida por Interior al Congreso no consta ninguna información al respecto. Ocurre lo mismo con la información reservada que se abrió a Fuentes Gago con motivo de su imputación en el caso Kitchen: Interior no la ha facilitado y tampoco ha explicado el motivo. Del chófer, los diputados reclamaban el expediente de acceso a la Policía, uno de los pagos que recibió presuntamente por actuar como topo infiltrado en la familia Bárcenas. El silencio ha sido la respuesta de la Dirección General de la Policía y del Ministerio del Interior. Los diputados del Grupo Socialista y de Unidas Podemos han escuchado del portavoz del PP, Luis Santamaría, y también de algunos comparecientes, el reproche de que ellos jugaban con ventaja al tener acceso a la causa porque sus partidos estaban personados como acusación popular. Los portavoces de los grupos aludidos alegaban que los documentos a los que hacían referencia en sus intervenciones, tales como informes de Asuntos Internos, autos judiciales o escritos de Anticorrupción, habían sido publicados por los medios de comunicación, procedentes de un sumario sobre el que no pesa el secreto reforzado desde hace meses. Y era entonces cuando algunos comparecientes se defendían rechazando comentar informaciones por el mero hecho de que hubieran sido publicadas en la prensa. Los diputados, por ejemplo, no han obtenido grabación alguna del comisario Villarejo de las que están incorporadas a la causa y cualquier mención en sus conclusiones finales deberá remitirse a las publicaciones al respecto de los medios de comunicación. La remisión de determinada documentación por parte de Interior ha servido, al menos, para conocer la arbitrariedad de algunos procesos administrativos en el Ministerio. Los diputados han recibido los expedientes de las medallas rojas al Mérito Policial con las que fueron condecorados todos los miembros de la primera línea de la brigada política, con una asignación vitalicia del 10% de su salario. Y así han podido comprobar cómo todo se reduce a un formalismo que incluye una frase con la que se justifica la concesión de un premio que, por ley, requiere haber puesto en riesgo la vida: "Meritoria trayectoria profesional". Solo las medallas de Oro y Plata requieren de una argumentación mayor. Se da la circunstancia de que, de todos los investigados, el único que recibió la Medalla de Plata, con un 15% de paga vitalicia, fue el artífice de la brigada política, Eugenio Pino. Sin embargo, todos los trámites, incluido el informe preceptivo de un "juez instructor especial" y secretario, para concederle el citado reconocimiento, se solventaron en una sola jornada, tal y como publicó elDiario.es.
García Castellón alega su "independencia judicial"
Si los diputados no tuvieron excesiva fortuna con el Ministerio del Interior, del juez del caso, Manuel García Castellón, obtuvieron únicamente unas nociones de derecho penal comprimidas por el instructor en dos párrafos, que incluían una advertencia sobre una supuestamente amenazada "independencia judicial". El 22 de febrero, García Castellón dedicó unos minutos a recordar en un escrito que las causas judiciales permanecen secretas hasta la fase de instrucción, hasta el juicio oral. "Tal y como es público y notorio, el procedimiento, en el marco del cual se interesa la referida documentación, se encuentra en fase de instrucción y por tanto con carácter reservado", aseguraba el magistrado sobre el sumario de Kitchen, publicado por los medios de comunicación en todos sus extremos de interés. En el segundo párrafo, el juez apelaba a la "garantía de la independencia judicial" para no satisfacer la solicitud de documentación, así como a los derechos de las partes implicadas. García Castellón decidió firmar el auto de imputación de María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, coincidiendo con el momento en el que este declaraba ante la comisión y a pocas horas de que lo hiciera ella. La ex número dos del PP ha dicho después que antes de su imputación hubiera contestado a las preguntas de la comisión, pero que su situación procesal posterior se lo impide. La utilización como argumento de defensa de la personación de PSOE y Unidas Podemos en la causa durante las comparecencias de la comisión alcanzó su punto álgido cuando Cospedal les responsabilizó de que no contestara a pregunta alguna por su situación procesal, en relación a que su imputación fue archivada por el juez tiempo después, pero que todavía no es firme porque han recurrido las acusaciones populares, entre otros, así como Anticorrupción. Evitó la ex número dos del PP que el auto que pone fin a la instrucción y en el que el juez Manuel García Castellón la exculpa también ha sido recurrido, entre otros, por el que fuera ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado, Francisco Martínez. Los diputados, y especialmente los socialistas, tampoco encontraron lo que buscaban en la Fiscalía. El Grupo Socialista impulsó que se solicitaran los informes de la UDEF en varios casos de corrupción del PSOE: Gürtel, caja B, Lezo, Púnica (estos dos últimos sería la UCO). En su respuesta, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, trasladaba a Batet que la documentación requerida está "sometida a un tratamiento procesal específico y que solo puede disponer de ella el propio órgano encargado de las correspondientes investigaciones". "A ello hay que añadir que el Fiscal solo dispone de copias de dicha documentación para su propio uso", añadía. El escrito de Delgado se acompañaba de otro del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, informando de que tres de las causas de corrupción del PP señaladas están en el juzgado de García Castellón y una cuarta, en el 5. Luzón cometía un error y aseguraba que Lezo es competencia del Juzgado Central de Instrucción número 5 y Gürtel del número 6, cuando es al revés.
El PP aguarda una nueva sentencia de Gürtel asediado por las confesiones de excargos y empresarios
El tercer gran juicio al Partido Popular por las corruptelas de la trama Gürtel quedó este martes visto para sentencia. Durante más de dos meses, la Audiencia Nacional ha enjuiciado la actividad de la red en Boadilla del Monte, la quinta ciudad española con mayor renta y feudo histórico de la formación. Un procedimiento con casi 40 acusados y en el que el partido que ahora dirige Pablo Casado se expone a su tercera condena por beneficiarse de la trama corrupta de Francisco Correa. En este caso, como responsable a título lucrativo de las ilegalidades cometidas en el municipio madrileño.
La tesis de la Fiscalía, que pide que el PP sea condenado al pago de 204.198,64 euros, es que el partido se benefició de las mordidas que empresarios habrían pagado a cambio de adjudicaciones de obras, parcelas y servicios del Ayuntamiento, pues parte de ese dinero se habría destinado a pagar gastos de campañas relacionadas con el municipio. Las pesquisas revelaron que la red de Correa desplegó su actividad en la localidad madrileña al menos entre 2001 y 2009 causando un perjuicio a las arcas municipales de cuatro millones de euros. La formación conservadora, cuya defensa pidió este martes su absolución y descargó toda responsabilidad en determinados “servidores públicos” de comportamiento “execrable”, tiene ahora en su contra la catarata de confesiones de excargos del partido y empresarios que han reconocido los hechos por escrito y en el juicio buscando una reducción de sus peticiones de pena. Son los 16 ‘arrepentidos’ —todos menos el exalcalde Arturo González Panero— a cuyo relato la Fiscalía sí da credibilidad. Entre ellos, el líder de la trama, Francisco Correa, y el que fuera su número dos, Pablo Crespo, que reconocieron el amaño de adjudicaciones en Boadilla con el beneplácito de los cargos municipales del PP. Ambos cumplen largas condenas por otras ramas del caso y formaban parte de lo que el juez instructor definió como el “grupo criminal” de Boadilla del Monte, formado por empresarios y políticos del PP local que habrían recibido dinero y regalos a cambio de esas adjudicaciones. La fiscal Concepción Nicolás dio especial relevancia al testimonio de Crespo, también ex secretario de Organización del PP de Galicia, quien reconoció que los pagos al PP estaban en algunas ocasiones incluso escritos en su agenda personal y que admitió que se abonaban “en negro” actos del partido, según se encargó de recordar la representante de Anticorrupción. Y al de César Tomás Martín Morales, antiguo gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla y exjefe de campaña del PP en la localidad, que explicó las "necesidades económicas" del PP en el municipio y cómo la Gürtel sufragaba su "actividad interna". De hecho, Martín Morales incorporó a su confesión un anexo en el que detalló las cantidades recibidas de la red tanto en precampaña y campaña electoral, como para sufragar “comidas, fiestas o viajes”. La fiscal lo interrogó durante su declaración por su escrito de confesión, en el que hacía referencia a que Correa le explicó que recibió instrucciones de la cúpula del PP a través de Pío García-Escudero, entonces presidente regional del PP. "Se me dijo que tenía conocimiento el presidente regional del partido y que tenía que ser así. Yo cumplí instrucciones", afirmó ante el tribunal. La Fiscalía también puso en valor la declaración de empresarios como Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica, que ya pactó en el primer juicio de Gürtel una rebaja de la petición de pena a cambio de confesar su implicación en los sobornos. En esta vista reconoció que pactó con Correa una mordida del 3%, el mismo porcentaje del que habló el líder de la Gürtel en aquel primer juicio. “Ha venido a reconocer lo que pagó, que coincide con la carpeta azul, y cómo había hecho llegar cada una de las cantidades”, dijo la fiscal sobre el constructor.
"A escondidas" del PP
Este martes, en su informe de conclusiones, la defensa del PP, que ejerce el abogado Jesús Santos, insistió en que el partido no podía ser condenado porque “desconocía por completo” esos presuntos “actos” que, de haber tenido lugar, se habrían llevado a cabo “sin su conocimiento ni consentimiento”. A este respecto, el letrado insistió en que esos gastos se habrían realizado “a escondidas o al margen del partido” y por “personas que carecían de poder para comprometer al partido”, cuya intención era “beneficiarse a sí mismos”. En este contexto, el representante del PP recordó que el partido "contaba con amplio margen de presupuesto" para las campañas electorales de 2003 y 2007 y que tenía "un techo de gasto al que no se llegó". Así, si se hubiera querido añadir nuevos gastos habría "un amplio colchón" para hacerlo, insistió. La Fiscalía considera, sin embargo, que los testimonios de otros acusados, de los testigos, de los peritos y la documentación obtenida durante la larga instrucción de este caso ponen de manifiesto que existió un “lucro” para la formación y, en consecuencia, la “obligación” del partido es resarcir ese dinero aunque no tuviera conocimiento de los hechos delictivos que se estaban produciendo. “Todos y cada uno de los pagos están perfectamente acreditados”, aseveró la fiscal, que insistió en que quien se “aprovecha” o “enriquece” como consecuencia de un delito tiene la obligación de devolver esos fondos “aún cuando no tenga conocimiento de una conducta ilícita anterior”. En su exposición, la fiscal dejó claro que daba toda credibilidad al relato del auditor interno de la formación durante la etapa enjuiciada, Carlo Lucca Bugniani, que declaró como testigo a propuesta del PP. Según la fiscal Concepción Nicolás, en su interrogatorio afirmó que “el PP es una sola persona económica, un único mandante con un solo número en el registro de partidos y aclaró que los gastos de las campañas municipales tienen que pasar por los servicios comunes y que todo se contrata desde Génova”. A juicio de la representante de Anticorrupción, todas las cuestiones relativas a si la financiación del PP de Boadilla se conocía en Génova fueron resueltas “fácilmente” por este testigo. “Hablamos de una sola persona jurídica y de una sola persona económica. Así de fácil”, insistió la fiscal. Esta fue la tesis que intentó rebatir este martes la defensa del PP. Santos —que también se remitió en varias ocasiones a la declaración de este testigo— insistió en que los candidatos a unas elecciones no pueden comprometer ni realizar gastos en nombre del partido y que ésta es una facultad reservada a los apoderados. "No es que no exista prueba de cargo para acreditar ese uso o ese disfrute [de los supuestos gastos desviados a campañas], es que hay prueba que pone de manifiesto todo lo contrario", aseveró. La última palabra, en todo caso, la tendrán los tres miembros del tribunal de la Audiencia Nacional, un órgano judicial que no ha dado demasiadas alegrías a los conservadores. El partido fue condenado en primera instancia por la Audiencia Nacional en mayo de 2018, en la primera sentencia que confirmó la existencia de una financiación irregular en el PP. Entonces, el tribunal especial admitió que la "contabilidad paralela" no era objeto de su fallo, pero los magistrados estimaron que era un "contexto" necesario para explicar la red de Correa. Esa resolución desencadenó la moción de censura de Pedro Sánchez y acabó poniendo fin a la carrera política de Mariano Rajoy. Dos años después, en octubre de 2020, el Tribunal Supremo confirmó esa sentencia aunque eliminó las alusiones a la existencia de una caja B. Los jueces justificaron esa decisión —"intrascendente en el fallo", advirtieron— en el hecho de que no podía haber responsabilidad penal sin que existiera acusación o defensa. El PP aprovechó estos pasajes para afirmar que aquella moción de censura se basó "en la mentira". Pero la verdad judicial volvió a imponerse apenas doce meses después. El pasado 28 de octubre una tercera resolución, la de la caja B del PP, ratificó que hubo una “contabilidad paralela” en el partido “de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni fue fiscalizada por el Tribunal de Cuentas”.
La Audiencia Nacional condena de nuevo al PP por lucrarse con la Gürtel
El tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, conformado por los magistrados José Antonio Mora, José Ricardo de Prada y María Dolores Hernández, que ha ejercido como ponente del fallo, ha emitido este viernes la sentencia por las actividades de la trama Gürtel en la localidad madrileña de Boadilla. De forma unánime los magistrados rechazan toda la argumentación presentada por la defensa del PP, que llegó a alegar la prescripción de los hechos, y condenan a la formación política como partícipe a título lucrativo, por lo que tendrá que pagar 204.198,64 euros.
Tercera condena al PP
Es la tercera condena para el Partido Popular después del juicio por la primera época de la Gürtel, donde también fue sentenciado por lucrarse con la trama, y de la condena del juicio por los usos de su caja b, como responsable civil subsidiario.
Un “beneficio evidente”
El tribunal concluye que existe un “acervo probatorio sólido” de que el PP obtuvo un “beneficio evidente” con las actividades de la trama “tanto para las campañas autonómicas y municipales de 2003 y 2007 como fuera de ellas”, logrado a través de comisiones abonadas por empresas, por otras mordidas conseguidas con cargo a “administraciones públicas” o directamente en negro desde la caja b del líder de la Gürtel, Francisco Correa.
“Financiación irregular”
Los magistrados aseveran que el Partido Popular consiguió de este modo “financiación irregular a través de fondos ilícitos provenientes de conductas delictivas” del entramado corrupto, que fue “ocultada al Tribunal de Cuentas”. El tribunal “alcanza la convicción” tras la numerosa prueba practicada y las confesiones de casi la totalidad de los acusados, de que existió una “dinámica de beneficio mutuo” entre la trama de Correa y el Partido Popular y sus dirigentes acusados, que provocó la “sustitución de la administración por el entramado criminal” debido a la ascendencia de Francisco Correa en los cargos del partido implicado, que obedecían sus órdenes en materia de contratación.
Principales condenas
Los magistrados condenan a un total de 23 acusados por delitos como el cohecho, la malversación de caudales públicos, el fraude a la administración, la falsedad en documento público o el blanqueo de capitales entre otros. Para la mayoría tienen en cuenta los atenuantes de confesión o reparación del daño causado al haber abonado importantes cantidades económicas, excepto para el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, de quien el tribunal dice que su declaración fue “la única que no supera el filtro de suficiencia mínimo”, ni ha contribuido “en modo alguno a reparar el daño”. González Panero se lleva la principal condena con 36 años y 11 meses de cárcel por delitos de asociación ilícita, cohecho, fraude a la administración, falsedad en documento, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación y malversación de caudales públicos. Le siguen el líder de la Gürtel y su mano derecha, Francisco Correa y Pablo Crespo respectivamente, con 13 años y medio de prisión cada uno por cohecho, fraude a la administración, falsedad en documento, tráfico de influencias, prevaricación, contra la Hacienda Pública, blanqueo y malversación. El exgerente de la empresa pública municipal de la vivienda en Boadilla y jefe local de campaña del PP, Cesar Tomás Martín Morales, es condenado a 6 años y dos meses de prisión; mientras que el exdiputado popular Alfonso Bosch tendrá que cumplir 4 años y 4 meses de cárcel por asociación ilícita, cohecho, prevaricación, fraude a la administración, falsedad en documento y malversación. Otros integrantes de la trama como el contable José Luis Izquierdo es condenado a un año y medio de cárcel por cohecho y falsedad; mientras que el ingeniero financiero Ramón Blanco Balín cumplirá dos años y 4 meses por fraude, falsedad, cohecho y prevaricación.
Los empresarios
Los empresarios José Luis Ulibarri, José Luis Martínez Parra o Jacobo Gordón son condenados a año y medio de cárcel, dos años, y un año y cuatro meses respectivamente, por delitos como falsedad, blanqueo, cohecho o tráfico de influencias. Al también empresario Alfonso García Pozuelo le será sustituida la pena de cárcel por multa debido a los atenuantes contemplados.
Las charlas de Cospedal y Villarejo, el prólogo de la operación Kitchen por la que no se procesó a la secretaria general
“La libretita... sería mejor poderla parar”. Según ha revelado el diario El País este lunes, esas fueron las palabras que María Dolores de Cospedal dirigió por teléfono a José Manuel Villarejo el 20 de enero de 2013 sin saber que estaba siendo grabada. En ese momento ella era presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular, que gobernaba España con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Hasta la fecha, la Audiencia Nacional ha concluido que diversos mandos del Ministerio del Interior conspiraron para sacar de la circulación grabaciones comprometedoras que Luis Bárcenas tenía sobre líderes del PP. Este nuevo documento amplía el foco a los papeles del tesorero en un caso en el que Cospedal ha conseguido de momento evitar el banquillo. El juez Manuel García-Castellón zanjó la investigación de la operación Kitchen, un entramado parapolicial que trataba de borrar pruebas de corrupción contra el partido, en julio del año pasado. Un auto en el que daba por demostrado que Sergio Ríos, chófer de la esposa de Luis Bárcenas, fue captado por un grupo de altos mandos del Ministerio del Interior, que por orden del ministro Jorge Fernández Díaz habrían decidido deshacerse de grabaciones que el extesorero guardaba a modo de minas antipersona contra altos cargos del PP, incluido Mariano Rajoy. Ese auto fue confirmado posteriormente por la sala de lo penal y dejó fuera del juicio a la única representante de la estructura orgánica de Génova 13: la secretaria general María Dolores de Cospedal. Hasta entonces, el juez no había descartado la implicación de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro: cuando llamó a declarar a la exministra de Defensa, lo hizo porque “su intervención, a través de Andrés Gómez Gordo [un agente de la máxima confianza de la número dos del PP que lo llevó al Gobierno de Castilla la Mancha cuando era presidenta], al parecer pudo ser decisiva” para que el chófer Sergio Ríos aceptara espiar al matrimonio Bárcenas para la cloaca y el PP. Estos indicios, para el juez, desaparecieron cuando Cospedal compareció en el verano de 2021 en la Audiencia Nacional para negar una parte y no acordarse de otras. Fue exonerada poco después, cuando García-Castellón envió a juicio a la facción policial de la operación y dejó fuera la vertiente más política y vinculada al PP. Habló entonces de la “debilidad” de los argumentos de las acusaciones para incriminar a Cospedal y su marido. Según el magistrado, el material intervenido no demuestra que ella estuviera detrás de la operación. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional lo confirmó hace poco y eso, salvo giro de guion, deja a la exsecretaria general del Partido Popular fuera de peligro de cara al juicio, pese a sus comprometedoras charlas con Villarejo. El juicio de la operación Kitchen, por tanto, tendrá un trasfondo político pero sólo habrá policías y mandos policiales acusados, incluyendo en este segundo grupo a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior y amigo personal de Mariano Rajoy y cargo público del PP desde la década de los ochenta, y a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad y diputado del PP por Madrid hasta hace dos años. Se les atribuyen delitos de descubrimiento de secretos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación entre otros. Las grabaciones que revela El País este lunes se enmarcan en el mismo momento de pánico en el Partido Popular por lo que Luis Bárcenas, extesorero, tuviese guardado en los cajones como munición para defenderse de lo que pudiera depararle la trama Gürtel, entonces todavía en sus primeros años de investigación. La operación Kitchen fue puesta en marcha en 2013 y la documentación de la causa refleja decenas de seguimientos a Luis Bárcenas y su familia entre julio y octubre de ese año. Las conversaciones reveladas este lunes tienen lugar unos meses antes, en enero. Cuando el diario El Mundo reflejaba en su portada que “Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP”. Apenas 11 días antes de que El País revelase la contabilidad paralela del extesorero, que ha acabado siendo la piedra angular de las acusaciones en varias piezas del caso Gürtel. Y volvieron a hablar el 26 de abril de ese año cuando la Policía ya elaboraba informes sobre los documentos a petición del juez Pablo Ruz: “Me llama [el ministro] ayer por la noche diciéndome que voy a tener un día para verlo [el informe] hasta que se lo dé al juez, y digo, y para qué me llamas”, afirmó Cospedal. Estas conversaciones, por tanto, no hablan sobre el dispositivo policial puesto en marcha desde Interior para sustraer grabaciones a Luis Bárcenas, pero tienen lugar apenas unos meses antes de que empezaran los seguimientos tras el reclutamiento de Sergio Ríos para infiltrarlo en el núcleo familiar del tesorero. En esas conversaciones Villarejo especula con varias posibilidades para amortiguar el impacto de la información sobre la caja B del Partido Popular, como ascender a los responsables policiales de los informes que apuntalaron el poder probatorio de los papeles de Bárcenas.
Los audios inéditos
Estas grabaciones abren nuevos caminos en la investigación de las relaciones entre el comisario Villarejo y el Partido Popular, pero no han pasado por manos del juez. Según explica El País, la grabación de estas conversaciones no está contenida en ninguna carpeta del extenso sumario del 'caso Tándem', formado por más de una veintena de piezas separadas. Cientos de grabaciones fueron incautadas en la detención del comisario jubilado pero mucha de esa información permanece, por ahora, encriptada y no es accesible a los investigadores. Ni el juez ni la sala de lo penal, por tanto, tuvieron esta grabación encima de la mesa a la hora de decidir el cierre de la investigación sobre Kitchen. Tampoco la Fiscalía y las acusaciones populares, que ya entonces estaban convencidas de que Cospedal y su marido promovieron la sustracción de grabaciones a Bárcenas. Está por ver ahora si alguna de las partes mueve ficha después de la revelación pero, en ausencia del archivo original, todo tendrá que hacerse a través del documento que ha publicado El País. Por ahora ni el juez ni la sala de lo penal se han mostrado muy por la labor de tomar en serio las grabaciones hechas públicas por la prensa que no han podido encontrar en el archivo de Villarejo. “Son unos audios de origen desconocido y por tanto de dudosa fiabilidad”, dijo el juez instructor sobre las conversaciones que afectaban a Cospedal y que fueron publicados por el digital Moncloa.com. Esa charla, alegó entonces García-Castellón, es sólo un fragmento de un total “cuya duración y contexto se ignoran”. La sala de lo penal también restó credibilidad y peso probatorio a los audios que llegaban con cuentagotas al juzgado, tanto por su forma como por su contenido. “Presenta dudas que las afirmaciones que se recogen en los audios intervenidos sean ciertas cuando algunos pasajes de lo que dice es negado por el mismo en otras grabaciones o por tercero”, dice sobre Villarejo. Esos audios, para la sala de lo penal, no probaban la intervención de Cospedal en la operación Kitchen. Así que respondió negativamente al recurso de Anticorrupción para investigar en este caso a la número dos del PP. Está por ver, por tanto, el futuro que estas grabaciones hechas públicas este lunes tengan dentro de la Audiencia Nacional. Todo dependerá de si las acusaciones populares o la propia Fiscalía Anticorrupción, que siempre consideró que el caso Kitchen se cerró en falso, deciden ponerlos en conocimiento del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y si el juez entiende que tiene que ver con la causa, si no aportan indicios sobre nada o si merece la pena abrir una nueva instrucción.
La retirada del recurso del PP acerca la primera condena firme de Gürtel en la era Feijóo
La orden del nuevo líder popular de retirar el recurso que pedía la absolución de Luis Bárcenas para salvar al partido aumenta las posibilidades de que el PP sea considerado responsable civil subsidiario en sentencia firme
Camps se encara con Correa tras la confesión del empresario en el juicio de la Gürtel: "Eres un hijo de puta, me estáis jodiendo la vida"
El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, se ha encarado con el empresario Francisco Correa al finalizar la tercera sesión del juicio de la última pieza de la trama Gürtel que se celebra en la Audiencia Nacional. Según confirman varias fuentes presenciales a Levante-EMV, Camps le ha espetado a Correa: "Eres un mentiroso. No sé por qué dices que me has visto. Yo a ti no te ha visto nunca". Sin embargo, otras fuentes presenciales han confirmado a este periódico que Camps habría bajado las escaleras gritándole a Correa “eres un hijo de puta” al tiempo que se encaraba con él y le gritaba en el hall de la Audiencia Nacional: “Eres un hijo de puta, me estáis jodiendo la vida”, según ha adelentado elplural.com.
Camps y el empresario y líder de la trama Gürtel han podido coincidir a la salida del edificio de la Audiencia Nacional porque Correa disfruta de un permiso penitenciario que le permite acudir por su propio pie a la sala de vistas. Precisamente hoy se ha producido la declaración de Francisco Correa que, a preguntas de la Fiscal Anticorrupción, ha asegurado que sólo ha visto tres veces en su vida a Francisco Camps, ya que la relación estrecha con el jefe del Consell la mantenía Álvaro Pérez antes conocido como "El Bigotes", director de Orange Market, la sucursal valenciana de la trama Gürtel. Correa ha reconocido que coincidió con Camps en la boda de la hija de José Maria Aznar, en la boda de Álvaro Pérez y en una reunión en un hotel de Madrid.
Esta alusión directa a Francisco Camps en su declaración es lo que habría provocado la reacción airada de Camps ante las declaraciones de Correa en la vista. Una de esas ocasiones en la que ambos coincidieron habría sido la boda de Álvaro Pérez. De hecho, la Fiscal Anticorrupción ha solicitado que se incorpore a la causa un vídeo de la boda de Pérez para demostrar la amistad que le unía con Camps. "Eres un mentiroso. Me estáis arruinando la vida. Me compadezco de vosotros y vuestra situación en la cárcel. Pero eso no significa que tengais que mentir para poder salir", aseguran fuentes conocedoras de la conversación a Levante-EMV.
Camps, el Bigotes y Correa: la banda de Gürtel regresa enfrentada a la Audiencia Nacional
El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, aún no ha agotado su periplo judicial, tras casi 15 años envuelto en problemas con la Justicia. Las penas que acumula no se extinguirán hasta 2031, en el mejor de los casos. Es, por tanto, un hombre acostumbrado a los juzgados, al que no perturbó los nervios presentarse de nuevo en la Audiencia Nacional este martes, esta vez para declarar por su papel en la adjudicación del ‘stand’ de la Comunidad Valenciana en Fitur en 2009 y otros contratos menores a Orange Market, empresa de la red. Correa llegó a la sede judicial, situada en un polígono industrial en San Fernando de Henares, con el abrigo en la manga, a pesar del frío intenso de la mañana. Dentro lo esperaban sus antiguos socios, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, ‘el Bigotes’, también acusados pero que, al contrario que Correa, no disponían de un permiso penitenciario estos días para acudir por su propio pie.
Las largas condenas pesan y los tres principales encausados de la Gürtel hace tiempo que han cambiado de estrategia y se brindan a colaborar con la Fiscalía. A lo máximo que aspiran es a que sus sentencias no se alarguen en exceso en las causas que les resten y a cierta benevolencia con los beneficios penitenciarios. No sonríen para las cámaras. Se diferencian en esto de Francisco Camps, expresidente de la Generalitat y repetidamente absuelto en los procesos judiciales que desde hace 14 años lo han venido cercando. La Fiscalía pide para él una pena de dos años y seis meses de cárcel por prevaricación y fraude a la administración, pero el exlíder valenciano sigue siendo inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Cuando aparece en la sede judicial, a escasos minutos del arranque, se acerca risueño y bien trajeado a las cámaras.
—Buenos días. ¿Quieren algo de mí esta mañana? Camps pasa a repetir, como hizo recientemente en una comparecencia pública, que la Fiscalía Anticorrupción se ha “cebado” con él y lo ha perseguido “constantemente” sin que los tribunales lo hayan condenado, circunstancia que es “para hacérselo mirar”, en su opinión. Se despide, entra en el edificio y sube a la primera planta, donde la veintena de acusados y otros tantos abogados esperan a que dé comienzo la sesión. De pie junto a una columna, charla con sus acompañantes a dos metros de Correa, al que ve de espaldas. Camps dice en el exterior que no le preocupa lo que pueda declarar Álvaro Pérez, quien lo llamaba “amiguito del alma” en una célebre conversación navideña interceptada por la Policía. “No, si es que qué más da […] Hay que tomárselo con mucha paciencia y tranquilidad”. Pero dentro, cuando responden Correa, primero, y después Pablo Crespo, niega ocasionalmente con la cabeza, incluso musita alguna frase de contrariedad. “Es de coña”, llega a decir. Son vacilaciones mínimas; la mayor parte del tiempo atiende en silencio, inmóvil en el asiento.
Verse sin mirarse
El interrogatorio de Correa se extiende y el acusado insiste, cuando la fiscal le pregunta por algún detalle que no le viene a la mente, en que si no responde es porque no se acuerda, no porque no quiera colaborar. Cuando termina, agradece repetidamente que le permitiesen venir al juicio sin grilletes, haciendo uso de sus días de permiso penitenciario. El magistrado da 15 minutos de receso. Los acusados y los abogados salen, Correa va al servicio. Al volver, pasa al lado de Camps, pero no lo mira. Tras el descanso, empieza Pablo Crespo, serio, con una declaración de intenciones: “Pretendo conducirme con nobleza”. Crespo repasa con la fiscal facturas y anotaciones manuscritas en sus libretas. Varias veces insiste en que los detalles precisos de lo sucedido en la Comunidad Valenciana los recordará mejor Álvaro Pérez, quien tenía una “relación estrecha” con Camps y al que ‘el Bigotes’ “de forma cariñosa llamaba 'el curita'”. Pasadas las 15 horas, el presidente repara en que varios de los abogados tienen billete de vuelta a Valencia este mismo martes. Pérez todavía no ha intervenido. La sesión se suspende hasta el día 13. Camps es de los primeros en salir. Según algunos testigos, espera a Correa en la puerta y esta vez las miradas sí se cruzan. “Eres un hijo de puta”, le dice. De acuerdo con su entorno, recoge Europa Press, el tono ha sido más moderado, ha usado otras palabras: “Me estás arruinando la vida”. Al parecer, Camps se ha molestado con la declaración de Correa, que ha confesado los hechos previo acuerdo con la Fiscalía. Correa ha asegurado que conoció a Camps en la boda de la hija del expresidente del Gobierno José María Aznar y que coincidió con él “dos o tres veces”. Correa ha ido un poco más allá y ha señalado al irritado expresidente valenciano como la persona que introdujo a Gürtel en la Comunidad Valenciana. Pero lo que le ha espinado especialmente, prosiguen esos testigos, es un chascarrillo de Correa. “Si me dan el tercer grado, vengo”, ha bromeado el líder de la Gürtel cuando el presidente del tribunal le ha recordado que podía renunciar a su derecho a la última palabra para no volver a las sesiones.
Viajes, favores, regalos y amaño de contratos: la confesión del 'Bigotes' en 'Gürtel' acorrala a Francisco Camps
Tras el registro policial de la oficina de Orange Market en Valencia, el 6 de febrero del 2009, Álvaro Pérez 'El Bigotes', delegado de la trama 'Gürtel' en la ciudad, efectuó tres llamadas telefónicas. Entre sollozos, El Bigotes pidió a sus tres interlocutores —Pedro García, entonces director de la televisión autonómica Canal 9; el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y el vicepresidente Vicente Rambla— que advirtieran al “jefe” de que todo iba bien. ¿Quién era el “jefe”?, le ha preguntado la fiscal anticorrupción durante su declaración en el juicio por la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional (AN). “Paco Camps”, ha contestado tajante Álvaro Pérez, que ha alcanzado un pacto de conformidad con el Ministerio Público.
La confesión del Bigotes supone un duro lastre para la defensa de Francisco Camps, para quien Anticorrupción pide una pena de dos años y seis meses de prisión, además de inhabilitación para cargo público durante una década, por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la administración pública. Al día siguiente de aquel registro, ordenado por el entonces juez de la AN, Baltasar Garzón, se celebraba el bautizo de la hija de Álvaro Pérez. “De los ciento y pico invitados vinieron 20, mi familia y poco más”, ha explicado. El padrino ni siquiera se presentó pero Pedro García, uno de los pocos amigos del PP que sí que acudió, ejerció como tal. “Me han jodido la vida, estoy destrozado”, lamentaba en las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía. Sin embargo, El Bigotes insistía a sus tres interlocutores para que tranquilizaran al “jefe”. “Porque le conocía y sabia que estaría tremendamente preocupado”, ha explicado en el juicio de las adjudicaciones, por 1,8 millones de euros, del 'stand' de la feria Fitur y de contratos menores a la trama por parte del Ejecutivo valenciano que presidía Camps. La operación policial dio al traste con la vida de Álvaro Pérez en Valencia. El Bigotes había empezado a trabajar en los albores del siglo XXI en la red de empresas de Francisco Correa, quien la definió en la anterior sesión del juicio como un “brazo del PP”. Cambió la imagen del PP y modernizó el diseño de los mítines de los populares, ha dicho. Sin embargo, a partir del 2003 la vinculación con la sede nacional de Génova se resquebraja (las relaciones con Mariano Rajoy eran “pésimas”, ha dicho). “No estaba para nada a gusto con mi trabajo, en un hotel de Madrid me encontré con Camps, estuvimos charlando, le dije que estaba harto y fue la primera vez que me propuso que me fuera a Valencia a trabajar”, ha relatado El Bigotes. “Vais a tener trabajo, vas a estar bien y a tener calidad de vida con tu familia”, le dijo Francisco Camps, heredero en el Palau de la Generalitat Valenciana de Eduardo Zaplana. Dicho y hecho, el jefe de la red 'Gürtel' autorizó la creación de una filial en Valencia bajo la marca de Orange Market. Con un pie en la ciudad, El Bigotes le pidió a su amigo Camps que le recomendara algún periodista experto en comunicación y marketing para dirigir la oficina. Francisco Camps le propuso un nombre: Ignacio Blanch, “un amigo suyo de la infancia y de la juventud muy bien relacionado en Valencia”, ha explicado el acusado. En 2004, El Bigotes ya es un vecino más de la acogedora ciudad. Con la particularidad de que se ocupa de todos los actos del PP valenciano, que en aquella época —y hasta 2015— disfrutaba de una total hegemonía electoral y gobernaba en todas las instituciones y en las tres grandes capitales de provincia. Sin embargo, el objetivo de la red era conseguir contratos públicos de la administración autonómica, tal como detalló Correa en su declaración. “Hacíamos sólo actos del PP y empecé a preguntar y a pedir, sólo tenia una persona de referencia para que me ayudara: la misma persona que me dijo que fuera a Valencia”, ha dicho El Bigotes en referencia a Francisco Camps. Un hecho en el que ha ahondado Pablo Crespo en la misma sesión del juicio: “Nuestra ventaja comercial era la buena relación de Álvaro Pérez con Camps”. La relación de amistad del Bigotes con el entonces presidente valenciano y con su esposa, Isabel Bas, fue a más. El acusado ha declarado que llegó a hacer regalos a los padres de ambos (“unos revisteros y unas mantas muy bonitas”), con quienes también comió en alguna ocasión. “Había mucha gente en Valencia que sabía cuál era mi relación con Camps”, ha dicho a preguntas de la fiscal anticorrupción, Concepción Nicolás. También ha recordado un viaje a Roma con Juan Cotino en el que estuvo con Francisco Camps.
Amistad con la familia Camps
Por la farmacia de Isabel Bas, situada en la céntrica plaza del Ayuntamiento, se pasaba Álvaro Pérez a dejar algún recado para el presidente autonómico. Como quería molestarlo lo mínimo, aprovechaba su amistad con Isabel Bas para comunicarle los problemas de Orange Market en materia de cobros y adjudicaciones, según ha declarado. “Si podía tomarme un café con Isabel y decirle mira tengo este problema, si tienes un hueco y se lo puedes comentar a Paco”, ha explicado. El antiguo “amiguito del alma” de Francisco Camps también se ofreció a colaborar con Isabel Bas en un proyecto, que finalmente no llegó a realizar, de “limpiar la cara” y reformar su farmacia (aunque ha matizado que la intención era que la esposa de Camps y su socia sufragaran los gastos). El Bigotes también intentó hacerle algún favor a Estrella Camps, hermana del expresidente, para un “proyecto parecido al festival de Eurovisión”, tal como se desprende de una conversación telefónica con Pedro García reproducida en el juicio en la que califican la propuesta de “mierda” y de “marroncete”. “Le pidió su hermano que viniera a verme y me contara el proyecto”, ha afirmado Pérez en el juicio. La fiscal, además de las ya míticas conversaciones navideñas entre Camps y El Bigotes (“te quiero un huevo”), también ha reproducido un fragmento del discurso de Álvaro Pérez en su boda celebrada en Valencia. “Siempre me ha dado cosas buenas, siempre se preocupa de mí, es cojonudo como persona y como amigo, no falla jamás y eso es la hostia”, decía ante los invitados sobre el entonces presidente autonómico. El Bigotes, que ha asegurado que “hablaba con el corazón”, ha dicho: “Me parecería obsceno negar lo evidente”, en referencia a su amistad con Camps.
“Influencia jerárquica y moral”, según Crespo
Si el Ministerio Público ha logrado apuntalar la íntima relación de amistad entre ambos acusados, tampoco se ha quedado corto con la mecánica de los amaños de las adjudicaciones públicas que recibió la trama. Pablo Crespo ha resumido la operativa: “No es lo mismo llegar a puerta fría que ir introducido por una persona que tiene influencia jerárquica y moral”, ha dicho en referencia a Camps. “Esa es la esencia, no decidimos ir a Valencia porque fuera una región extraordinaria en todos los sentidos, lo hicimos porque teníamos esa facilidad”, ha agregado. Uno de los contratos más sonados fue el del stand de la feria Fitur del 2009. “No tienes que preocuparte de nada, te llamarán”, le dijo el entonces vicepresidente Vicente Rambla. “Con Vicente era una de las personas, junto con Ricardo Costa, a las que más lloraba para que se me pagara”, ha recordado El Bigotes. Otro de los contratos que obtuvo Orange Market fue la elaboración de la Guía de Comunicación, un pen drive de la Generalitat Valenciana que costó 58.580,96 euros. “Lo hace Ignacio Blanch por su amistad con Esteban González Pons [actual eurodiputado del PP] y Paco Camps”, ha dicho Álvaro Pérez. El acusado ha insistido en que las instituciones para las que trabajaban pedían sistemáticamente a la red de empresas de 'Gürtel' que fraccionaran las facturas, una mecánica común en todas las adjudicaciones enjuiciadas. Sin embargo, la alargada sombra del zaplanismo se proyectaba en algunos departamentos del Ejecutivo autonómico. El Bigotes ha puesto el ejemplo de la entonces consellera de Bienestar Social Alicia de Miguel, también acusada. “Había una serie de consejeros con los que yo podía tener acceso y otros, como Alicia, que eran mucho mas fieles a Zaplana que a Camps, yo no trabajaba con esa consejerías que ya tenían empresas de cabecera”, ha explicado. A pesar de la intensa guerra entre zaplanistas y campistas, Álvaro Pérez tenía “muy buena sintonía” con la expolítica del PP, a quien “siempre le gastaba bromas” y le decía: “¿Cuándo me vas a dar trabajo?”. Orange Market pretendía adjudicarse tres actos organizados por Bienestar Social: “Se lo dije a Camps: habla con Alicia”. La intervención de Francisco Camps desactivó las reticencias: “Me llamó Alicia y me dijo: ya me has convencido”. “Claro, porque ya te ha llamado el jefe”, ha apostillado en el juicio. En otros contratos, como unos actos adjudicados por la Conselleria de Educación y Deporte, Camps también sirvió para agilizar trámites: “Vuelvo a recurrir a Paco Camps para que llame [al entonces conseller Alejandro] Font de Mora y me los dan”, ha declarado. Una operativa similar ocurrió con la celebración del Open de Tenis en Valencia. Una llamada de Camps “solucionó” los problemas que habían surgido con la empresa organizadora, ha dicho Pablo Crespo.
Camps: “Es una absoluta mentira. ¿No se dan cuenta?”
Tras nueve años y dos meses en prisión, Crespo ha expresado su “sentimiento de vergüenza”. “Me he dado cuenta de que hemos actuado de una forma que no se debe de hacer y estoy pagando lo que me toca pagar”, ha dicho ante el tribunal. Álvaro Pérez, por su parte, se ha pasado seis años entre rejas. Al fondo de la sala, Francisco Camps se revolvía por momentos en su asiento en el banquillo de los acusados, cuando interrumpía la lectura de un libro sobre el Papa recientemente fallecido Benedicto XVI. En un momento de la declaración, el presidente del tribunal le ha llamado la atención: “Señor Camps, guarde silencio y respeto a la sala”, le ha espetado el magistrado José Antonio Mora. El expresidente valenciano ha negado, a la salida del juicio, su relación de amistad con Álvaro Pérez y la ha limitado a lo “estrictamente profesional”. “Todo esto es un montaje espectacular que no hay por donde cogerlo”, ha dicho en declaraciones recogidas por Europa Press. Francisco Camps ha contextualizado la famosa conversación telefónica navideña en una “tarde” en la que “la gente con tranquilidad y el absoluto relax del hogar puede decir este tipo de cosas”. Camps también ha respondido sobre la relación que El Bigotes mantenía con algunos de sus familiares. “Que diga eso me parece un escándalo absoluto; es absurdo. Es una absoluta mentira. ¿No se dan cuenta?”, ha preguntado el expresidente valenciano, quien también ha criticado a la fiscal anticorrupción.
Los datos y testimonios que desquician a Camps en el juicio por la ‘Gürtel’ valenciana
Los cabecillas, que llegaron a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, sitúan al expresidente como la vía de entrada de la trama en la Comunitat Valenciana
"Yo le pedía que me ayudara y él me ayudaba", dijo en la vista oral El Bigotes, quien ha insistido en que mucha gente en Valencia conocía la buena relación que tenía con Camps, a quien dirigió un emotivo discurso durante su boda
Primeras querellas contra el presidente de la Audiencia por "revelar información secreta" al 'número 2' de Interior del PP en plena operación Kitchen
El abogado Javier Vasallo, que ejerce la defensa en el caso Kitchen de quien fuera chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, ha anunciado la presentación de la primera querella contra el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, por la cadena de whatsapps cruzados durante casi un año, en plena investigación secreta de la causa, con quien fuera número 2 de Interior con el PP, Francisco Martínez, que ha acabado procesado en el procedimiento como uno de los principales responsables del operativo ilícito de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, pagado con fondos reservados. La querella, que será presentada "en los próximos días" ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo donde está aforado el presidente de la Audiencia Nacional, se dirige contra José Ramón Navarro, según el letrado, por delitos de revelación de secretos con "grave perjuicio para la causa" y obstrucción a la justicia, que llevan aparejadas penas de hasta 4 años y medio de cárcel.
"Gravísimo daño a la causa"
El abogado considera que el presidente de la Audiencia Nacional, mediante un "ejercicio arbitrario" de su cargo, ha actuado indiciariamente de forma "directa" en el procedimiento "revelando datos" que "permanecían bajo secreto", ocasionando un "gravísimo daño a la causa y a terceros" y "favoreciendo en cambio" a su "amigo o protegido" Francisco Martínez, al que "presta ayuda" a tenor de los mensajes avanzados por la SER. El letrado asevera que el contenido de esos whatsapps “no tienen otra traducción que la ayuda directa” al investigado Martínez y pide al Supremo una investigación profunda para averiguar de qué forma Navarro ha podido acceder a una causa que permanecía bajo secreto en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, y depurar en su caso las responsabilidades existentes. El abogado de Sergio Ríos denuncia la supuesta "doble vara de medir" porque su cliente ha sido acusado en el caso por dos delitos contra la intimidad a 8 años de cárcel, y por el contrario ni siquiera se investiga al presidente de la Audiencia Nacional por revelación de secretos, encuadrado dentro de esos mismos delitos contra la intimidad, a pesar de los indicios que revelan durante casi un año los mensajes incorporados al sumario. En este sentido, Javier Vasallo anuncia que la querella también se dirigirá contra los dos fiscales anticorrupción del caso por omisión del deber de perseguir un delito, al no haber impulsado la práctica de diligencia alguna tendente a averiguar la posible actuación delictiva del presidente de la Audiencia Nacional. El letrado sostiene que esta "inacción" debería significar que los fiscales fueran "apartados de la causa" y advierte "posibles causas de nulidad" en el procedimiento. La querella será presentada con esta calificación penal "sin perjuicio de otros delitos o más responsables o colaboradores que pudieran surgir en el transcurso de la investigación".
Unidas Podemos se querellará contra el presidente de la Audiencia Nacional por revelación de secretos
El grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso se va a querellar contra el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, por revelación de secretos al haber presuntamente “asesorado” al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez cuando el sumario del ‘caso Kitchen’ todavía estaba bajo secreto y él estaba imputado. Lo anunció este viernes el presidente del grupo, Jaume Asens, a su llegada a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, en la que hoy comparece el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para exponer el Plan Normativo Anual del Gobierno. “Los datos que son secretos en una causa y se revelan para favorecer, para ayudar a un investigado por un delito, en este caso por corrupción, que es amigo, que es protegido, pueden ser como mínimo un delito de revelación de secretos”, argumentó. Barajó que el magistrado podría haber incurrido en delito de obstrucción a la justicia, pero de momento la querella será por revelación de secretos, que le parece “más claro”. Asens, además, pidió la dimisión de Navarro y al Consejo General del Poder Judicial que le “abra un expediente disciplinario” por los mensajes que se intercambió con Martínez sobre este tema y que ahora han divulgado diversos medios de comunicación. El presidente de Unidas Podemos denunció que “el compadreo entre el Partido Popular, sus corruptos y la cúpula judicial es un escándalo”, e ironizó que, con estos mensajes, se sabe que “la Audiencia Nacional también se lo afinaba al Ministerio del Interior” de Jorge Fernández Díaz, quien en su día comentó “esto la Fiscalía te lo afina” al ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.
'Nadie sabe nada': los subalternos de Camps se desentienden de los contratos con 'Gürtel' pese a las confesiones
El undécimo episodio de la mítica serie Los Soprano se titula 'Nadie sabe nada' (Nobody Knows Anything, en inglés). Algo así ha pasado con las declaraciones de varios exconsellers y antiguos altos cargos del Gobierno de Francisco Camps en las últimas sesiones del juicio por la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional.
Alicia de Miguel y Manuel Cervera, exconsellers de Bienestar Social y de Sanidad, respectivamente, defendieron que tenían delegadas las competencias para la contratación. David Serra, exresponsable de la empresa pública que abonó pagos a la trama 'Gürtel' por varias ediciones del Open de Tenis, se excusó en que se limitó a conformar las facturas y que la orden de pagar le vino del gabinete del entonces conseller popular Alejandro Font de Mora.
Y Rafael Peset, alto cargo del departamento de Sanidad, dijo a preguntas de la fiscal anticorrupción que en un corrillo de subsecretarios le sugirieron que la empresa Orange Market trabajaba bien, sin dar más detalles. En general, todos los acusados que no han pactado con el Ministerio Fiscal alegaron que la decisión de contratar a la red Gürtel vino avalada por funcionarios y minimizaron los importes abonados en relación con el presupuesto global autonómico. Además, negaron haber recibido órdenes de Francisco Camps para adjudicar contratos menores a su entonces “amiguito del alma”, Álvaro Pérez 'El Bigotes'. En la causa hay dos bandos claramente diferenciados. La cúpula y el segundo escalón de la trama, tras largas temporadas en prisión de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, han pactado con Anticorrupción y han confesado que el enlace de la red en la administración valenciana era su máximo responsable, el entonces presidente autonómico, Francisco Camps. Además, Enrique Navarro, jefe de gabinete de la exconsellera Alicia de Miguel entre 2003 y 2007 declaró que la decisión de contratar con Orange Market era una manera de “congraciarse” con el campismo —en el contexto de la guerra interna del PP con los últimos zaplanistas— de cara a repetir en la siguiente legislatura. En su turno, Alicia de Miguel contraatacó y acusó a su exjefe de gabinete de haber mentido “vilmente” y lo responsabilizó de las contrataciones con 'Gürtel'. “No dijo que yo maté a Manolete porque no se lo preguntaron”, señaló la expolítica del PP. Una referencia, la de la muerte de Manolete, que ha aflorado también en alguna otra declaración de los acusados, quejosos de los pactos de algunos compañeros de banquillo con la Fiscalía. El bando que defiende la pulcritud de las contrataciones con la trama ha desfilado esta semana ante el tribunal de la Audiencia Nacional. Una de las declaraciones que más benefician a la defensa del expresidente fue la de Dora Ibars, que a pesar de su cargo de directora general de Comunicación en el Palau de la Generalitat aseguró no haber mantenido “ningún tipo de relación profesional ni personal” con Camps. “Lo he conocido más estos días en los pasillos [de la sede de San Fernando de Henares de la AN]”, apostilló. Sin embargo, algunos acusados han reconocido algo obvio: que conocían perfectamente que El Bigotes organizaba los actos del partido. “Por su fisionomía y su lenguaje corporal se le veía fácil”, dijo Alicia de Miguel. Arantxa Vallés, exgerente de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana, se refirió a sus “características peculiares” y concluyó: “Con que lo vieras una o dos veces no te pasaba desapercibido”. “Un señor con un bigote impresionante”, fue la descripción de Álvaro Pérez que dio al tribunal el exconseller Manuel Cervera.
David Serra, exdiputado autonómico del PP que había sido señalado como uno de los políticos más cercanos al delegado de 'Gürtel' en Valencia argumentó que su presencia en la boda de El Bigotes fue más bien a título de “relleno”. Aunque Serra también reconoció que El Bigotes, del que dijo que era un “bravucón”, se ofreció a presentarle al encargado de una joyería que vendía relojes de alta gama para compartir los “descuentos” de los que disfrutaba Álvaro Pérez. Todos coinciden en atacar al enviado de 'Gürtel' a la capital valenciana y en retratarlo como un señor un poco pícaro que pasaba por allí. No en vano, el escrito de confesión de Álvaro Pérez, además de su contundente declaración, es una de las más comprometedoras pruebas para apuntalar la acusación. La próxima semana el juicio encara las últimas declaraciones de los acusados, con Francisco Camps como estrella invitada.
La antigua mano derecha de Camps cierra el círculo alrededor del expresident en su último juicio pendiente
La declaración del ex número dos del PP valenciano sirve a la Fiscalía para apuntalar sus tesis tras meses de declaraciones que han ido cercando al expresidente de la Generalitat
Costa ha confirmado la buena relación existente entre Camps y 'El Bigotes', en línea con lo ya declarado por los cabecillas de la trama o extrabajadoras de sus empresas
Varios testigos han confirmado también a lo largo del juicio que recibieron indicaciones para contratar a las firmas de la 'Gürtel', algo que niegan una parte de los acusados en el procedimiento
Hitskin.com
» Gitano de 16 años mata a taxista a puñaladas
» Wordle
» UTBH (sin máscara) debate con Fonsi Loaiza.
» ESTE ES EL FINAL de la IZQUIERDA ESPAÑOLA MÁS MISERABLE de la HISTORIA | UTBH
» Periodismo rabiosamente actual
» Militares españoles en la reserva señalados como partidarios de Putin y contrarios a la OTAN
» Un poco de piano...
» Para ti, facha.
» Temas de menos de dos minutos
» Cambia dos letras
» Cambia tres letras
» Begoña Gerpe:
» twitts
» Israel denuncia “pogromo” en Ámsterdam
» El cumpleaños más triste de la princesa Leonor.
» Mas música de Corea del Sur:
» Somos polvo de estrellas
» Detenido en Barcelona un padre por herir gravemente a su hijo, en lo que se investiga como un posible caso de violencia vicaria
» El teatro de Will. (Videos)
» Nerdle
» Gestión de la DANA
» Mazón un cadaver político
» VOX: Es lo que hay.
» Qué estas escuchando?
» CAMBIO CLIMÁTICO
» Toda mi solidaridad con las familias que han perdido algun ser querido
» Menuda racha lleva el Marlaska, yo que el me largaba
» Opera.
» A hacer sudokus