El PP continuará con el desmantelamiento de la sanidad pública en 2022
Al mismo tiempo, los dirigentes populares de la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Región de Murcia aplicarán rebajas fiscales que beneficiarán principalmente a grandes fortunas
El Partido Popular continuará con el desmantelamiento de la sanidad pública en 2022. Así lo señalan los datos recogidos por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que sitúan a tres autonomías gobernadas por los populares a la cola en gasto sanitario: la Región de Murcia —que destinará 1.433 euros por habitante—, Andalucía —con 1.388 euros—y la Comunidad de Madrid —con 1.300 euros—. El trío autonómico se queda, de esta forma, lejos de la media nacional para el próximo año: 1.679 euros por habitante.
Sin embargo, la baja inversión en sanidad en estos territorios no resulta una novedad. El pasado mes de diciembre, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, señalaba la gestión presupuestaria del Partido Popular: “Las comunidades que tienen mayor gasto sanitario por habitante —superior a 1.600 euros— son el País Vasco y el Principado de Asturias. Y las dos comunidades con menor gasto —inferior a 1.300 euros por habitante— son la Comunidad de Madrid y Andalucía”. De este modo, Chicano dejaba en entredicho a Isabel Díaz Ayuso, que aseguraba la ejemplaridad de su política sanitaria y haber recibido el “reconocimiento” de otras administraciones.
Y es que los presupuestos para 2022 reflejan cómo la población andaluza, murciana y madrileña serán las más desprotegidas de toda España en un ámbito tan esencial para garantizar el bienestar como es la sanidad. Tres autonomías vinculadas por el mismo partido político al frente del gobierno regional: el Partido Popular. No obstante, la baja inversión en el servicio público resulta especialmente reseñable, además, por las rebajas fiscales a grandes fortunas que los presidentes autonómicos han promovido.
Roberto tiene un trabajo estable, con un sueldo decente, que le permite pagar un seguro privado de salud; cada mes, 36,21 euros. Es un seguro bastante completo, opina. Tiene acceso a rehabilitación, fisioterapia, hospitalización psiquiátrica o preparación al parto (aunque esto no lo va a necesitar, jeje). En los últimos meses ha usado su seguro privado varias veces: aquel dolor de garganta que resultó ser una faringitis y por el que le recetaron antibióticos, un problema dental, una quemadura en la pierna y molestias estomacales. No ha necesitado pedir cita en el centro de salud desde ni se sabe. El seguro le cubre esas cosas y más rápido. Además, en el barrio residencial en el que vive, a las afueras, abrieron un hospital privado hace unos años. Es una zona de nuevas construcciones, con muchas familias jóvenes residentes, y a la que no ha llegado la infraestructura pública. Roberto no entiende por qué la gente se manifiesta por la sanidad pública si, en realidad, con un seguro privado como el suyo estás bastante cubierto. ¿Qué problema hay con la sanidad privada exactamente? El problema es que está todo muy politizado, piensa. Roberto es una persona ficticia creada para esta columna, pero lo cierto es que España está plagada de Robertos, personas con un seguro privado low cost que les ha generado la ilusión de que lo público no es necesario y que, por tanto, cualquier reivindicación en su favor es una simple y maquiavélica trama orquestada desde la izquierda. En el otro extremo de los robertos están los pacientes que ya no pueden soportar semanas o meses de espera para hacerse una colonoscopia o cualquier prueba con un especialista, y terminan pagando de su bolsillo una póliza privada. Aquí hay una base de clientes completamente nueva: ciudadanos definidos por la desesperación, no por la convicción, que realizan un esfuerzo económico importante para poder entrar en una consulta sin que su dolencia o malestar se vuelva crónica. Se viene párrafo de datos. En torno a una cuarta parte de los españoles paga un seguro privado. En Madrid, Cataluña y Baleares, al menos un 30% de sus habitantes cuenta con una póliza, según Unespa. Entre 2011 y 2021, las personas con seguro privado han pasado de 8,5 a 11,5 millones. También según la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, el año pasado las aseguradoras de salud facturaron 10.543 millones de euros, lo que supuso un aumento del 7%.
Este incremento encaja en un patrón que se repite: se merma el sector público y lo privado se convierte, ya no en algo complementario y accesorio, ya no en un “por si acaso”, sino en su reemplazo ad hoc. Los propios profesionales de la sanidad privada llevan tiempo denunciando el perjuicio que les supone también a ellos el deterioro de la sanidad pública. Con muchos ciudadanos dirigiéndose a la privada, con seguros express por 20-30 euros a mes, el sector también está aumentando sus listas de espera y perdiendo el acceso rápido a las consultas con especialistas. Por supuesto, además, este es un camino de doble vuelta: el de algunos pacientes que se imaginaron que la frase “máxima cobertura” en su seguro significaba exactamente eso. Para estos ingenuos, los beneficios de la sanidad privada se convierten en un espejismo cuando vuelven a un hospital público a recibir asistencia sin copagos. Hace unas semanas un usuario de Twitter compartía un hilo con varios vídeos de personas llegando a un SUAP de la Comunidad de Madrid. Todos aparcaban el coche, se bajaban, se dirigían andando a la puerta del centro, leían lo que parecía un cartel advirtiendo de que en el SUAP no había médico, dudaban sobre qué hacer entonces, gesticulaban, daban media vuelta y se iban por donde habían venido. No imagino mayor fracaso político y social que esa escena.
Otras comunidades, no solo Madrid, tienen en marcha huelgas de sus sanitarios. Otras regiones, no solo la capital, tienen problemas con su sanidad pública: por el envejecimiento y la dispersión de la población, por las nuevas inversiones necesarias para afrontar los tratamientos más caros, porque los profesionales están mejor pagados en otros países de Europa y muchos se van… El problema de la sanidad no es solo madrileño, pero hay varias cosas que solo ocurren en Madrid. Son al menos tres anomalías. La primera: que Madrid es el único lugar de toda España donde se insulta a los médicos, a los pacientes y a cualquiera que ose protestar. Ante una de las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan en la ciudad –la segunda en pocos meses–, la respuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sido la de siempre: el desdén, el insulto y la provocación. Que empezó este mismo sábado, antes de la manifestación, con ese tuit mezquino de la Comunidad de Madrid, tergiversando las palabras de la viuda de Carlos Saura en defensa de la sanidad. Y que después ha seguido, tras la manifestación, con los habituales desprecios a los cientos de miles de personas que salieron a la calle a defender la sanidad. “Lo único que demuestra es la frustración de la izquierda”, aseguró este lunes Ayuso, que sigue aplicando su manual. La presidenta de Madrid vive por y para la confrontación, y está dispuesta a mantener este pulso hasta el final. Aprovechando que venía esta manifestación, Ayuso se programó un viaje a Israel, para reunirse con el gobierno más extremista de este país en muchos años. ¿Sabe la presidenta de Madrid cuáles son sus competencias? ¿Que la política exterior no le toca a su Gobierno, pero la sanidad sí? Es su estrategia de siempre: entretenerse con todo lo que no le toca para eludir sus responsabilidades. La segunda anomalía: la ausencia de una negociación digna ante este conflicto. Madrid es la única comunidad donde el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se ha negado a reunirse con los sanitarios, en huelga desde hace más de dos meses. No les quiere siquiera recibir, en un desprecio difícil de entender. ¿Qué tiene en su agenda en estos momentos el consejero de Sanidad que tenga más relevancia que este asunto? ¿Alguien en el PP lo sabe explicar? El argumento de Ruiz Escudero es que “esta es una huelga política” contra Ayuso, lo que choca de bruces con la realidad. Porque lo que piden los médicos no es que caiga Ayuso: son reivindicaciones laborales y salariales a las que tiene derecho cualquier trabajador. Son peticiones como una subida de 400 euros a los médicos de atención primaria –la propia Isabel Díaz Ayuso prometió en 2020 una subida aún mayor, de 479 euros, que después no cumplió–, o que se contrate a más médicos de familia y pediatras para desatascar el colapso de los centros de salud. La tercera anomalía se resume en este gráfico: Madrid es la comunidad más rica de España y la que menos invierte por habitante en Sanidad. Ayuso también es la presidenta autonómica que más impuestos ha recortado en su mandato, pero no encuentra dinero para los médicos. El Gobierno de Madrid, desde que ella está al frente, ha rebajado los impuestos en alrededor de 600 millones de euros anuales; un regalo que fundamentalmente ha ido destinado a las rentas más altas de la región. Por poner las cifras en proporción: lo que piden los médicos de atención primaria supondría una inversión de 42 millones de euros anuales entre mejoras de sueldo y nuevos contratos. Entre las últimas rebajas de impuestos que ha aprobado el Gobierno de Madrid hay una especialmente sangrante para los intereses de cualquier ciudadano común. Se trata de un incentivo fiscal para inversores extranjeros, a los que Ayuso bonificará con una deducción del 20% en el IRPF del tramo autonómico. Según las explicaciones que dio la propia presidenta, a un rico de otro país que se compre un piso en Madrid de 300.000 euros se le devolverán 60.000 euros en seis años a través del tramo autonómico en el IRPF. ¿Y si invierte un millón? Pues la Comunidad de Madrid le regalará 200.000 euros. Las consecuencias de este regalo fiscal para millonarios extranjeros son muy fáciles de pronosticar: tal y como denuncian los expertos, que los precios de los pisos en Madrid suban aún más. Todo se fía a lo de siempre: a esa mítica curva de Laffer, tantas veces desmentida, que dice que rebajar impuestos genera riqueza. Y mientras el Gobierno de Madrid acusa a los médicos de “una huelga política” aplica su política, que tiene coherencia, que sigue un plan. Que pasa por un modelo de sociedad donde sobran los servicios públicos y el Estado actúa como Robin Hood, pero al revés: robar a los pobres para dárselo a los ricos.
No quiero ni pararme a pensar qué podría pasar si en unos meses tenemos que hacer frente a algo parecido a la pandemia del covid. Tenemos a unos médicos cabreados, muy cabreados, porque quienes tienen que hacerles caso, escucharlos, sentarse a hablar con ellos para que les cuenten qué necesitan, no para ellos, sino para hacer mejor su trabajo, no lo hacen. Unos médicos que arrastran meses de muchísimo estrés, de muchísima carga de trabajo, y que ahora, cuando hay que sentarse a ver qué hay que mejorar, nadie parece estar por la labor.
Tenemos la memoria tan corta que se nos olvida que fueron ellos los que estuvieron soportando lo peor de esas semanas de pandemia. Fueron ellos los que, sin nada, sin material, iban cada día al hospital a intentar salvar vidas, completamente desbordados por la llegada de pacientes y ante una enfermedad que no sabían muy bien cómo combatir. Fueron ellos nuestros soldados en esa guerra que nos vino sin avisar. Y serán ellos los que nos tengan que sacar de la próxima, no sabemos cuándo ni cómo, pero habrá otra, no lo duden. Porque nuestras guerras no son con armamento pesado como en Ucrania, nuestras guerras las libramos con ciencia y medicina, es la única ventaja de vivir en este primer mundo.
Pero todo esto lo hemos olvidado o lo han olvidado los políticos. No interesa ahora abrir ese melón. Lo que importa es dejar atrás la crisis, pensar en lo que viene en los próximos meses, que es básicamente elecciones, elecciones y elecciones, y lo demás, pues a lidiarlo haciendo oídos sordos. Y se equivocan, porque no hay peor error que no escuchar lo que te están pidiendo. Escuchar a quienes piden una cita para su dermatólogo o cardiólogo y tienen que esperar meses para que les reciban. No hay peor estrategia que la de encerrarse en tu búnker y pensar que esto no importa. Cómo gestionas y cuidas la sanidad pública es importante, y dice mucho de ti cómo repartes el gasto por habitante, cuánto dedicas de tu presupuesto a cuidar la sanidad primaria, la que atiende a la gente cerca de su casa, la que se convierte en el primer escalón de una cadena que tiene que funcionar para que se salven vidas. Si el centro de salud no tiene médico, no tiene urgencias, no tiene un mínimo de equipamiento para atender los casos más graves, la salud de alguien se está poniendo en peligro. La del vecino que llegue con un infarto, la de una niña que llegue con dolores abdominales, la de un adulto que llegue con síntomas claros de estar sufriendo un ictus. Esto es así. Quien pueda y quiera, puede apostar por tener además un seguro privado con el que tirar para intentar agilizar las citas de los especialistas, de las visitas de urgencias al pediatra. Pero la vida es larga y lo que te puedes pagar hoy quizás no te lo puedas permitir mañana. Así que pensar que esto no va contigo porque lo tuyo ya lo tienes solucionado es un inmenso error. Esto hay que pelearlo por ti, por tu vecino o por quien quieras, lo conozcas o no. Tengo demasiados casos cercanos en los que, sin la sanidad pública, su salud no sería hoy la misma. Su diagnóstico y su tratamiento sería impagable con un seguro de salud privado. Sus revisiones no serían iguales y desde luego, el trato, el que le han dado esos médicos, tampoco. Lo he dicho muchas veces, creo que no hay profesión más vocacional que la de un sanitario: dedican años para formarse, dedican horas de sueño para atender a sus pacientes, no tienen horarios, no tienen días festivos, si hay una urgencia saben que da igual dónde estén, hay que ir, hay que estar. Luego ya podemos hablar de sueldos, de lo indignante que puede sonar que estemos hablando de lo que se paga en un sector y en otro, de lo que pagamos aquí a los médicos y de lo que les pagan fuera. De lo que cobran aquí algunos presidentes de asociaciones o instituciones, pero eso ya es para nota. Lo primero sería resolver sus condiciones, los medios con los que trabajan, los tiempos que tienen para cada paciente. Es fácil, sólo hay que sentarse y hablar.
Juanma Moreno pone en venta la sanidad pública andaluza
El presidente del PP andaluz ha decidido poner en venta la sanidad pública andaluza, a pesar del rechazo frontal de los sindicatos y de los partidos de la oposición. Se acaba de publicar en BOJA la orden que abre por primera vez en la historia la puerta en Andalucía a los conciertos con empresas privadas en Atención Primaria.
La orden ya estaba aprobada el pasado 23 de febrero, una fecha de triste recuerdo para la democracia española, y que ahora retoma todo su simbolismo en este golpe de estado sanitario para los andaluces y andaluzas.
Hace algún tiempo, el PP dijo que estaban estudiando esta opción como posibilidad, que no había nada cerrado, pero mentían descaradamente; Moreno Bonilla y los suyos siempre han tenido muy claro debilitar la sanidad pública, para que la privada haga un extraordinario negocio a costa de nuestra salud. Al PP no le importa la salud de las personas, le importa la cuenta de resultados. Desde ahora, la Junta de Andalucía dispone de respaldo legal para derivar a pacientes de atención primaria a clínicas privadas, pagando 65 euros por la primera consulta a dichas empresas, 150 euros la consulta al especialista, 90 euros para consultas posteriores y 215 euros por consultas de “alta resolución”. Asimismo el SAS fija una tarifa máxima de 215 euros por día de hospitalización en planta que se concierte para estancias de uno a siete días de duración, de 150 euros diarios para las que se prolonguen de ocho a treinta días y de 125 euros para las estancias de más de 30 días. El importe máximo que se fija para un día de estancia en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) es de 750 euros, y para estancias por casos agudos de salud mental se establecen tarifas máximas que oscilan entre los 130 y 200 euros diarios, según la duración de las mismas. También se incluyen precios por procedimiento de radioterapia y protonterapia, con importes máximos que oscilan entre los 42.000 euros si se trata de un tratamiento completo de protonterapia pediátrico con anestesia, y los 3.000 euros que el SAS podría pagar por concertar un tratamiento completo de radioterapia sin ingreso. Y no se queda aquí la cosa, sino que se abre la puerta también a que los profesionales de la privada trabajen en los centros de salud públicos. La orden igualmente faculta al SAS para concertar con centros privados de fuera de Andalucía. Los sindicatos sanitarios han puesto el grito en el cielo, porque mientras Juanma Moreno escatima y recorta recursos para la sanidad pública, fija los precios para la privada. Todo ello no va a reducir las listas de espera ni solucionará el colapso asistencial, porque la sanidad privada no tiene recursos suficientes para asumir lo que la pública no puede. Pero lo que sí está muy claro es el mensaje que Juanma Moreno pretende lanzar a los sanitarios: o aceptas trabajar a destajo o privatizo tu trabajo. Y todo lo ha hecho aplicando el “rodillo” de su mayoría absoluta sin negociar absolutamente nada con nadie. El portavoz y secretario general del PSOE en el Parlamento Andaluz, Juan Espadas, le ha hecho una pregunta obvia a Moreno Bonilla: Si no quiere privatizar la sanidad pública andaluza, entonces ¿por qué le pone precio? La situación de los centros en Andalucía se deteriora cada día que pasa: faltan médicos porque los contratos que se ofrecen no son estables, de hecho los contratos sanitarios que finalizaron en enero aún no han sido renovados. Además, las jubilaciones tampoco se suplen y muchos sanitarios se están marchando a otras comunidades o incluso a otros países con más seguridad laboral y mejores retribuciones. Hoy la sanidad andaluza es la peor valorada en España. Andalucía es la segunda región con menos inversión sanitaria por habitante y segunda en listas de espera. Además, un millón de pacientes fueron derivados a la sanidad privada en 2022, cinco veces más de lo presupuestado. La mayoría absoluta de Moreno Bonilla solo ha servido para dos cosas: para regalar a los más ricos millones de euros en beneficios fiscales y para que algunos se forren a costa de la salud de los andaluces. Lo mismo ahora que se acercan las elecciones es bueno reflexionar sobre ello.
Señales de alarma desde Reino Unido previenen a España: la privatización en su sanidad ha aumentado la mortalidad
Una investigación de la Universidad de Oxford presentada en Sevilla revela que la externalización de los servicios sanitarios británicos ha incrementado la tasa de muertes evitables y advierte de los peligros de procesos privatizadores como el que propugnan comunidades del PP.
Señales de alarma desde Reino Unido previenen a España: la privatización en su sanidad ha aumentado la mortalidad
Una investigación de la Universidad de Oxford presentada en Sevilla revela que la externalización de los servicios sanitarios británicos ha incrementado la tasa de muertes evitables y advierte de los peligros de procesos privatizadores como el que propugnan comunidades del PP.
Y es triste pensar que esa mayor mortalidad probable en las comunidades gobernadas por el PP, por su afán privatizador, van a afectar mayoritariamente a los no votantes del PP.
A marapez, Tinajas y a athenea les gusta esta publicaciòn
Moreno no retira la privatización de la Atención Primaria en su nuevo proyecto pese al acuerdo con los sindicatos
El nuevo proyecto de orden sobre la prestación de asistencia sanitaria de la Junta de Andalucía no termina de dejar claro si cumplirá el acuerdo alcanzado con los sindicatos el pasado mes de mayo. Con este pacto, que puso fin a largos e intensos meses de movilizaciones sociales, el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla se comprometió a retirar de la orden del 23 de febrero la posibilidad de privatizar las consultas de Atención Primaria, así como la utilización de instalaciones públicas por parte de empresas privadas.
Sin embargo, el nuevo proyecto que contiene la propuesta de modificación no plasma lo que UGT, CCOO, CSIF y el Satse negociaron con la Administración de Moreno Bonilla. Como se puede comprobar en la página web de la Junta, en ninguno de los apartados, ni en el que aborda los "problemas que se pretenden solucionar" ni en el que trata los "objetivos de la norma", se hace alusión a la voluntad del Ejecutivo andaluz de suprimir el contenido relacionado con la externalización de servicios de Atención Primaria, tal y como se firmó.
La descripción del proyecto se limita a mencionar la necesidad de adaptar la regulación a "la situación sanitaria actual y la simplificación normativa evitando redundancias innecesarias". Una maniobra que ha sido muy criticada por los sindicatos. Así, desde UGT lamentan que la Consejería de Salud siga "dando vueltas y vueltas para justificar lo injustificable".
La orden, que todavía sigue en vigor, incluye un anexo con las tarifas máximas fijadas para los servicios sanitarios objeto de concierto y convenio. Entre otras, establece, por ejemplo, un precio techo de 65 euros por cita de Atención Primaria, de 150 euros por primeras consultas o de 215 euros por consultas de "alta resolución". Es decir, en los centros de salud podrían existir de forma conjunta consultas realizadas por médicos de familia comunitarios y al lado una por un médico privado.
Crítica situación de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid
Por: MARCIANO SÁNCHEZ BAYLE
La situación de la Sanidad Pública en Madrid vive momentos críticos desde hace tiempo. Los principales problemas que tiene podrían resumirse en: desfinanciación; elevado gasto farmacéutico; importante privatización que va en aumento; pocas camas hospitalarias; Salud Pública bajo mínimos; un caos organizativo impuesto con la desaparición de las áreas de salud; y una Atención Primaria deteriorada y abandonada.
1.Infrapresupuestación crónica de la Sanidad La Sanidad Pública madrileña ya fue en 2001 la que recibió las transferencias del INSALUD con un menor presupuesto per cápita. Desde entonces con los gobiernos del PP se ha mantenido siempre en el último/penúltimo lugar entre las CCAA en cuánto a gasto y presupuesto per cápita. El último dato de gasto sanitario la sitúa en 1.625 € por habitante en 2022, en el penúltimo lugar (media de las CCAA 1.789 €). En 2024 tiene el presupuesto sanitario por habitante menor de todas (1.468,38, media de las CCAA 1.906,29), es decir se precisarían 3.065 millones € más de presupuesto sanitario para estar en la media. De hecho, en los 2 últimos años el presupuesto aprobado para Sanidad en Madrid estaba por debajo de lo que ya se conocía, según datos del propio SERMAS, de la cuantía del último presupuesto liquidado. Por otro lado, la Comunidad de Madrid viene perdiendo ingresos de los impuestos propios mediante rebajas de los mismos a las personas con más rentas, de manera que con el 27,39% de lo no recaudado por estas políticas fiscales hubiera sido suficiente para igualar el gasto sanitario al promedio autonómico per capita. Una buena demostración de que sin ingresos fiscales suficientes no es posible tener buenos servicios públicos, y de que se trata de una política intencionada de desfinanciación de los mismos.
2.Elevado gasto farmacéutico Mientras tanto el gasto farmacéutico tiene un crecimiento muy superior al de los presupuestos sanitarios con lo que se disminuye más aun los fondos disponibles para la asistencia sanitaria. Entre 2014 y 2023 el gasto en farmacia ha crecido en un 61,83% en Madrid, y todos los años se presupuesta para farmacia menos dinero del que ya se conoce se gastó el año anterior. Mientras tanto la utilización de genéricos está estancada y no se realizan políticas de control y racionalización del uso de medicamentos.
3.Privatización desbocada La privatización es seguramente el fenómeno más conocido de la sanidad madrileña que no para de favorecer los intereses del sector privado y que se ha situado a la cabeza de las CCAA con mayor grado de privatización del país. La crisis anterior y la pandemia se utilizaron de manera importante para favorecer los beneficios privados en detrimento del sistema público.
Como la privatización tiene ya un largo recorrido sabemos ya bastante de sus efectos negativos, entre los que habría que destacar: produce un aumento de los costes (entre 7 y 11 veces sobre su alternativa en el sector público),; hipotecan la política sanitaria al realizar contratos a muy largo plazo (hasta 30 años en algún caso): se ha constatado una mala calidad de las construcciones y el equipamiento; disminuyen el número de camas (Madrid es la única región del mundo donde después de abrirse 11 hospitales se dispone de menos camas hospitalarias que antes de hacerlo); tienen menos personal (lo que se ha relacionado con una menor calidad de la asistencia y mayor mortalidad); empeoran las condiciones laborales: externalizan aspectos claves (conviene recordar que los hospitales PFI tienen el laboratorio y la radiología en otras empresas); favorecen las corruptelas; acaban en manos de grandes multinacionales que hipotecan la soberanía y el control de un servicio básico (en Madrid Quirón/Fresenius y Ribera Salud/Centene forman prácticamente un oligopolio): existe un control escaso o inexistente sobre el cumplimiento de los contratos denunciado por la Cámara de Cuentas; y finalmente existen evidencias científicas de que un mayor grado de privatización aumenta la mortalidad evitable al anteponer los intereses económicos y la rentabilidad por delante del derecho a la salud. Sin embargo, el proceso continúa en aumento con pocos visos de retroceder.
4.Pocas camas hospitalarias En una situación en la que la población no para de creer en Madrid, las camas hospitalarias publicas disminuyen (se pasó de 15.531 camas en 2015 a 14.541 en 2022, un 6,37% menos). El número de camas por 1000 habitantes era de 3,05 en 2022, y el de públicas 2,04 (en 2011 eran 2,39), y ello a pesar de la apertura de la apertura del pseudohospital Zendal que como es conocido nos cuesta dinero por mantenerlo vacío. Si tenemos en cuenta que las camas/1000 habitantes de la UE son 5 y de la OCDE 4,7 se entiende por qué cualquier aumento del pico de la demanda asistencial acaba produciendo el sobrecogedor espectáculo de camas y enfermos en los pasillos esperando días para ser ingresados.
5.Salud Pública bajo mínimos La Salud Pública ha sido sistemáticamente despreciada por la Comunidad de Madrid y mantiene recursos a pesar de la experiencia de la pandemia que evidencia su necesidad de refuerzo. Un índice es que se le dedica solo el 1,1% de los presupuestos públicos frente al 3,6% del conjunto del país.
6.Desaparición de las áreas de salud Es conocido que la ley de libre elección elimino las áreas de salud dentro de la Comunidad de Madrid. Una medida pensada para favorecer las derivaciones a centros privados y que ha tenido el efecto de dinamitar la necesaria colaboración entre Atención Primaria y Especializada que es básica para garantizar el buen funcionamiento del sistema sanitario.
7.Atención Primaria (AP) deteriorada y abandonada La AP madrileña tiene el menor gasto por habitante de todas las CCAA, expectativa que se mantiene en los presupuestos de 2024 (se precisarían 836 millones € más para igualarse a la media de las CCAA). La consecuencia es que el número de profesionales, médicos, de enfermería, personal administrativo y de unidades de apoyo está por debajo de la media del país y en algún caso (enfermería en el primer lugar en cuanto a TSI por profesional). De resultas se producen unas elevadísimas listas de espera que hacen la AP madrileña casi inaccesible a la población. En octubre de 2023 según el Barómetro Sanitario la demora media era de 9,58 días, y un 85,4% de quienes pedían cita con medicina de familiar la obtenían en más de 48 horas y el 543,8% en más de 7 días. Además, el 19,97% de las personas señalaban que no habían logrado consultar con AP teniendo un verdadero problema de salud.
Los efectos de estas demoras se hacen notar en el aumento de las urgencias hospitalarias (Madrid tiene el mayor número de urgencias/1000 habitantes de todo el país: 817,37 versus 651,8 de promedio de las CCAA) y en el incremento continuado del aseguramiento privado. En Madrid el 40% de la población ya tiene un seguro privado (el 25% de promedio en España) y se ha encontrado una relación significativa entre los días de demora en AP y el porcentaje de población con un seguro privado.
Por otro lado, se cerraron las urgencias en AP o están insuficientemente cubiertas (frecuentemente falta médicos u otros profesionales) y hay muchos centros en los que las plantillas están incompletas de manera que la continuidad asistencial está gravemente dificultada.
Por supuesto todo ello hace que la prevención y la promoción estén abandonadas y además los mecanismos de participación ciudadana son inexistentes.
El panorama es desolador. En esta situación cabe una pregunta. ¿Se trata de una deriva resultado de la incompetencia o de otras circunstancias? Obviamente no, desde el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, al menos a partir de la época de Esperanza Aguirre, se ha buscado el deterioro y la desfinanciación intencionada de la Sanidad Pública para demostrar que no funcionaba y ofrecer una excusa para su progresiva privatización, en gran parte utilizando para ello fondos públicos, lo que ha agravado más aún las carencias de los centros de gestión tradicional que han visto jibarizados sus presupuestos y por lo tanto su capacidad de responder a las demandas asistenciales de ka población. Es pues urgente cambiar este círculo vicioso, porque aunque hasta ahora se mantiene el apoyo mayoritario de la población y de los profesionales a la Sanidad Pública, si se sigue deteriorando el sistema sanitario será complicado que pueda mantenerse indefinidamente.
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