Ya podemos decir que habia una campaña antidemocrática contra Podemos?

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marapez escribió:: El número dos de Interior con el PP: “¿Aquellos de Podemos no tenían antecedentes? ¡Cagüenlaputa!”

30 de enero de 2016. Las conversaciones entre PSOE y Podemos para la formación de gobierno están en una fase incipiente. Los resultados de los comicios generales del 20 de diciembre anterior han abierto la posibilidad de que un acuerdo entre ambos partidos desbanque al Partido Popular del Ejecutivo. El Ministerio del Interior exprime la maquinaria de su brigada política para poder ofrecer a los medios afines información negativa de Podemos. El secretario de Estado de Seguridad escribe a un destacado miembro de la brigada política: “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo? El comisario Enrique García Castaño le contesta que ”nada“. ”¡Cagüenlaputa!“, exclama Francisco Martínez.

Hace dos semanas que varios medios han publicado el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un dossier policial que terminarán por despreciar los tribunales, pero que ocupa portadas y minutos en televisión vinculando a Podemos con financiación procedente de Venezuela e Irán. Para el Ministerio del Interior no es suficiente. García Castaño es en ese momento jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), encargada de seguimientos, captación de fuentes, escuchas… El comisario lleva cuarenta años cumpliendo con encargos especiales de distintos gobiernos. Se ha implicado en la Operación Kitchen, en las maniobras policiales contra el separatismo catalán… y contra Podemos.
García Castaño, solícito con el secretario de Estado de Seguridad, se salta la escala de mando y trata directamente con el número dos de Interior, dejando un reguero de indicios que terminarán arrastrando o a este último hasta una petición de quince años de cárcel por parte de Anticorrupción por la operación el espionaje a Bárcenas con fondos reservados. García Castaño también está procesado en el caso Kitchen, aunque el grave estado de salud que padece en la actualidad detendrá con probabilidad el procedimiento contra él, como ya ha ocurrido en el primer juicio del caso Villarejo.
El comisario García Castaño, conocido en la Policía como ‘El Gordo’, le ha ofrecido en días anteriores a Martínez información sobre candidatos de Podemos en las distintas circunscripciones. El 30 de enero, Martínez le recuerda lo que le prometió. “Sería muy interesante saberlo… Y si han estado en temas abertzales temas de extremismo violento, etc…”.
Quedan casi dos años para que otro comisario, José Manuel Villarejo, sea detenido y en su casa aparezcan las pruebas de las distintas operaciones parapoliciales durante ese periodo. Los chats de WhatsApp que hoy publica elDiario.es estaban, sin embargo, en el teléfono de Martínez. El mismo móvil que volcó la Unidad de Asuntos Internos cuando se presentaron en su casa, junto a los fiscales, en el marco de la investigación del caso Kitchen, en marzo de 2020.
Los policías habían destacado en sus atestados los mensajes destacados para esa pieza separada sobre el espionaje a Bárcenas, pero la guerra sucia contra Podemos o la Operación Catalunya siguen sin encontrar hueco en el caso Tándem, que instruye el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional. Finalmente han sido incorporados a la causa en bruto, una vez la instrucción ha finalizado y se divisa ya el juicio.
“Josetxu Arrieta el único que pertenecía a ETA”, le explica el comisario al político. Del pasado del que fuera senador por Podemos ya había informado Okdiario el 26 de diciembre, al que identificaba como “un etarra arrepentido”. Arrieta explicó que ingresó en ETA con 17 años, todavía en dictadura, y que se benefició de la amnistía de 1977. García Castaño le explica sobre unas fotos que le había enviado con anterioridad a Martínez: “[Es] el último que aparece en las fotos que te mandé, los moros con esos nombres nada”.
El secretario de Estado de Seguridad deja entrever su decepción: “Digo que si los demás están limpios… tampoco violencia callejera, anarcas, etc???”. El comisario le contesta: “Lo vuelvo a mirar, pero creo que no”. Es cuando Martínez zanja: “¡Cagüenlaputa! Alguno tiene que ser chungo”.
El número dos de Interior le pide al comisario que mire “con ojos atentos” y García Castaño promete insistirle a Castiñeira, en alusión al entonces jefe de la Brigada Provincial de Información en Madrid, Germán Castiñeira. “Los trabajó mucho tiempo”, dice el jefe de la UCAO sobre su compañero comisario.
Los mensajes hallados en el teléfono de Martínez son una prueba más de cómo el Ministerio del Interior maniobró contra Podemos desde casi su irrupción, tal y como demuestra el cruce de las anotaciones de Villarejo en su diario con hechos acreditados [leer aquí]. Este lunes, el diario El País ofreció otros mensajes de Martínez con el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, que abundan en esta guerra sucia contra el partido morado y contra el independentismo catalalán, consistente en obtener informaciones sin contrastar que luego eran filtradas a determinados medios de comunicación en los momentos en que consideraban más podían dañar al adversario político.
Unos días antes de la conversación citada, el 20 de enero de 2016, García Castaño alude a la operación Catalunya en su conversación con Martínez. “No se te ocurra darle una medalla a Salamanca [Carlos, otro comisario], dice Pino que la propones tú, fui yo el que le dije a Fornet que tirara para adelante con el famoso escrito de la udef, te acuerdas?”. García Castaño alude a la difusión, en rueda de prensa, de un supuesto informe de la UDEF que atribuía delitos a Artur Mas y otros dirigentes independentistas por parte de José Manuel Sánchez Fornet, en aquella época secretario general del Sindicato Unificado de Policía y colaborador habitual de García Castaño y Villarejo.

“La Fiscalía son unos cagados vendidos a la izquierda”
En este clima de negociación para un cambio de Gobierno, Antena 3 había difundido unas imágenes, el 21 de enero de 2016, que habían sido tomadas dos años antes, el 10 de diciembre de 2014, en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Según la cadena, “un avión de las fuerzas aéreas venezolanas, normalmente utilizado por Nicolás Maduro, llega a Madrid para trasladar a Venezuela, a Anna Gabriel, portavoz de la CUP en el parlamento de Cataluña, a María José Aguilar, dirigente de Podemos en Castilla-la Mancha, y a Ignacio Gil de San Vicente, suegro del número uno de ETA David Pla y padre de una terrorista detenida en Francia”.
Cuatro días más tarde de la información, el 25 de enero, se escriben por WhatsApp el comisario y el número dos de Interior.
García Castaño: ¿La fiscal general de qué va? Porque la Fiscalía Anticorrupción no quiere saber nada de lo de Podemos y lo de la CUP.
Martínez: Porque son unos cagados completamente entregados a la izquierda, que solo buscan destruir al PP.
García Castaño: Yo no entiendo nada.
El comisario Enrique García Castaño acabaría confesando en la Audiencia Nacional su participación en el caso Kitchen y describiendo cómo informaba puntualmente al secretario de Estado de Seguridad de la operación parapolicial con fondos reservados. Antes de que eso se produjera y rompieran su relación, el político y el policía hablan, el 1 de marzo de 2017, todavía en términos afectuosos, del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Se refieren a la creación de una comisión de investigación en el Congreso y ‘El Gordo’ afirma: “Jorge es el cadáver a pasear para que no se llegue más arriba. Hablo del tema catalán, la grabación es una pieza más del puzle”.

https://www.eldiario.es/politica/numero-interior-pp-no-tenian-antecedentes-caguenlaputa_1_9992771.html

Espero que haya consecuencias penales.

V.I.P. Mensajes : 46486

Pues espera sentado... Rolling Eyes

Pues si, cuando llega a algún juicio "alibi", supongo el delito ya ha prescrito. Lo habitual, pues.

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No entiendo eso de que los delitos prescriban. Es absurdo.

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el.loco.lucas escribió:: No entiendo eso de que los delitos prescriban. Es absurdo.

Supongo que es una argucia en defensa del reo, para que no pueda ser acusado del "asesinato de Julio César"...; la justicia debe tener unos límites en el tiempo, para poder actuar, de lo contrario deja de ser justa.

el.loco.lucas escribió:: No entiendo eso de que los delitos prescriban. Es absurdo.

Yo lo entiendo a efectos prácticos en caso de delitos leves, pero desde luego no en casos como este, que linda directamente con un golpe de estado, o en casos donde se meten en sus bolsillos millones en dinero público. Esto ciertamente no tiene sentido, pero ya ha pasado en repetidas ocasiones.

V.I.P. Mensajes : 31725

Y en ella estaba el ex director de El País entre 2014 y 2018, Antonio Caño. Eran los momentos del idilio con Albert Rivera y en contrapartida intentar bloquear desde el periódico cualquier acuerdo Psoe-Podemos. Era algo que funcionaba a todos los niveles.Y lo mejor; no tenían que ponerse de acuerdo en alguna reunión secreta Pp, el sector del Psoe que no lo quería y policía porque nunca estuvieron más de acuerdo en algo y cada uno por su lado. Era la concordia y consenso de la transición democrática que tanto alaban... o como lo llamen de eslogan.

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La Gürtel de Podemos no existía: crónica de tres años del caso que arrancó por unos rumores

Diciembre de 2019. Un abogado, José Manuel Calvente, acude a un cuartel de la Guardia Civil para denunciar un rosario de irregularidades contables del partido político que acababa de despedirle. Podemos, que en ese momento negociaba su entrada en el Gobierno con el PSOE, vio cómo un juzgado de Madrid abría una matrioshka judicial llamada caso Neurona que no dejaba de crecer hasta que, tres años después, ha quedado archivada. El magistrado Juan José Escalonilla, señalado por Podemos como artífice de un episodio agudo de 'lawfare', ha dictado el sobreseimiento de un caso que llegó a ser comparado con la trama Gürtel, que se nutrió de informes policiales dudosos y que aportó gasolina a la hoguera que medios y partidos de derechas crearon a raíz de la apertura de diligencias.

Calvente acudió a la Guardia Civil después de haber sido despedido por Podemos con unas acusaciones de acoso sexual a una compañera que nunca se pudieron probar. Allí empezó a trazar un relato que combinaba sus conocimientos como coordinador del equipo legal del partido con las aportaciones de compañeros que, afirmó, no querían ir a declarar por miedo a represalias. Sus palabras llegaron al juzgado 42 de la Plaza de Castilla de Madrid, donde disparó por aspersión y reconoció que muchas de sus acusaciones estaban basadas en “rumorología”.
Los dardos de Calvente eran una oferta difícilmente superable. Atribuyó el menú clásico de la corrupción a un partido que basaba su existencia en la idea de renovar las instituciones y acabar, precisamente, con la corrupción: financiación ilegal, sobresueldos, facturas falsas, omertá interna y hasta una 'caja B' en el seno del partido que entonces comandaba Pablo Iglesias, recién nombrado vicepresidente del Gobierno.
El primer auto de Escalonilla no invitaba a pensar en una macrocausa. Puso en marcha las diligencias “esenciales”, dijo entonces, para ver qué había detrás de todo aquello. Prensa y analistas conservadores, espoleados por el propio denunciante, no pudieron resistirse: había nacido “la Gürtel de Podemos”, en los juzgados y en los titulares. Vox tardó menos de una semana en conseguir su personación como acusación popular.
Un caso “peor” que Gürtel o Filesa habría implicado, entre otras cosas, el amaño de adjudicaciones de contratos y obras en administraciones públicas por valor de cientos de millones de euros o la financiación irregular con dinero negro de campañas del partido. En este caso Neurona, las cantidades no sostenían la comparación pero el marketing de las piezas separadas sí hizo su trabajo, aunque todas ellas, poco a poco y a lo largo de tres años, fueron archivadas.
Quedó archivada la bautizada como 'caja B' de Podemos, que investigó irregularidades en la gestión del Fondo de Solidaridad. La exsenadora Celia Cánovas denunció salidas opacas de dinero de esta caja hacia una asociación: “No consta la existencia de distracción de los fondos”, dijo la Audiencia de Madrid. Tampoco había delito en la reforma de la sede del partido, asunto por el que sí ha sido sancionado el PP en su trama Gürtel: no hubo “distracción de dinero” para “pagos y obras ajenas” a la reforma, dijo el juez.
Finalmente los complementos salariales no eran sobresueldos irregulares a altos cargos de partido. Las donaciones que se hacían al Proyecto Impulsa no eran delictivas porque Podemos acreditó el destino que se dio al dinero. Los contratos con la consultora portuguesa ADB Europa eran contratos de consultoría, y no documentos que demostraban una “presunta red global de corrupción política” como dijo Calvente.

El partido, tres años imputado

Las primeras acusaciones e imputaciones cayeron como una bomba cuando Podemos formaba parte del Gobierno de coalición desde hacía medio año. El propio partido fue imputado como persona jurídica, un honor que hasta entonces solo había tenido el PP pero no por corrupción sino por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. Con Podemos, fueron llevados la banquillo atemporal Juanma del Olmo (secretario de comunicación), Daniel de Frutos (Tesorero), Rocío Val (gerente), Carlos García (administrador) y Elías Castejón (Neurona).
La Fiscalía, en función de la pieza, jugaba un papel dual, solicitando el archivo de algunas diligencias y dando a entender que no tendría problema en que otras llegaran, incluso, a juicio. Las distintas piezas separadas, antes de sus respectivos archivos, se iban alimentando de informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que cimentaban las afirmaciones, ahora no probadas, dentro y fuera del juzgado.
Vox, mientras tanto, impulsaba en la Plaza de Castilla las acusaciones contra Podemos que no le habían servido de nada en la Fiscalía Anticorrupción. También daba rienda suelta a la ofensiva penal contra rivales políticos que había desarrollado durante el procés, la pandemia y ahora contra las negociaciones de investidura. Los de Santiago Abascal, incluso, intentaron juntar sus dos causas preferidas y pidieron, sin éxito, que Hugo 'El Pollo' Carvajal declarase en el caso Neurona. Si la investigación avanzaba era un éxito y si no lo hacía, para los de Abascal, era una prueba de la existencia de “una mafia”. El PP de Pablo Casado llegó a acusar a Pablo Iglesias de viajar a Bolivia a obtener información privilegiada del caso.
Nuevas piezas se fueron abriendo y cerrando, dejando tras de sí un reguero de informes policiales y acusaciones no probadas. Juan Carlos Monedero, fundador del partido, llegó a ser acusado por la UDEF de cobrar de Neurona con una factura “falsa” y que, según consideró el juzgado, era verdadera. Estuvo dos años y siete meses imputado. Varias colaboradoras de la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, fueron imputadas para dilucidar si habían malversado caudales públicos al sujetar y cuidar en momentos concretos a sus hijos.
El juez Escalonilla tardó 15 meses en decidir que no era delito, cerrando un 'caso niñera' por el que otro magistrado llegó a dirigirse por escrito al Congreso para advertir a Montero, que solo puede ser imputada por el Tribunal Supremo, de que había unas diligencias abiertas.

El último fleco: el caso Neurona

Una a una, las piezas separadas del caso Neurona fueron cayendo en el archivo y solo una siguió adelante: la que daba nombre al caso. El juez Escalonilla quería saber si Podemos pagó sobreprecios a esta consultora mexicana por unos trabajos de comunicación política en las elecciones de 2019 que, en realidad, ni siquiera se habían realizado. Un caso que ha ido desmontándose por fascículos. Juanma del Olmo fue el primero en afirmar delante del juez que esos trabajos sí se habían realizado. Era noviembre de 2020.
La Policía cuestionó los argumentos defensivos del partido pero, al final, el juez entendió que esos trabajos sí habían existido y solo quedaba saber si además hubo un sobreprecio que pudiera derivar en un delito electoral. Un informe pericial que nadie quería realizar hasta que Aleix Sanmartín se ofreció, con un análisis que no dejaba otra salida al juez Escalonilla: los trabajos se pagaron, incluso, por debajo del precio de mercado. Por el camino, el juez también archivó la causa contra Podemos con un argumento que tuvo que esperar más de tres años: el partido, como persona jurídica, no podía ser acusado de un delito electoral.

Su último auto, el que ha cerrado la última pieza del caso Neurona, no es para todos los públicos. “Cabe concluir en base a lo anterior que no consta indiciariamente acreditado que el numerario de la cuenta electoral desde la que se abonó el importe de dicho contrato fuera distraído para fines distintos a los contemplados en la LOREG”. No hubo, por tanto, ni apropiación indebida de fondos electorales, ni tampoco un delito electoral.
Tres años después, la macrocausa que llegó a ser comparada con la Gürtel o con Filesa ni siquiera llegó a juicio, después de que el propio denunciante reconociera que muchas de sus acusaciones se basaban en “rumorología”. Al final, se ha convertido en una investigación por la cual Podemos ostenta, por el momento, el récord nacional de imputación penal de un partido político por sus finanzas. Por delante solo está el PP, pero no por la Gürtel, la de verdad, en la que ha sido considerado responsable a título lucrativo, sino por cuando fue acusado sin éxito de destruir los ordenadores de Luis Bárcenas.

https://www.eldiario.es/politica/gurtel-no-existia-cronica-tres-anos-caso-arranco-rumores_1_10760924.html

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Ocho años de acusaciones sin pruebas contra Podemos: ni facturas falsas ni financiación ilegal ni sobresueldos

Podemos nació en las primeras semanas de 2014 y se convirtió en la gran sorpresa con cinco diputados en las elecciones europeas de ese año. Y casi paralelamente empezaron sus problemas en los tribunales mucho antes de que el partido gestionase ninguna institución. Durante casi una década diferentes instancias, la judicial, la periodística y también los cuerpos policiales han tratado de poner en duda la limpieza de sus cuentas.

Más de una decena de denuncias, acusaciones policiales e imputaciones se amontonan en los archivos de los juzgados sin que ninguna haya reunido pruebas para llegar a juicio. El caso Neurona, después de tres años de investigación y centenares de titulares de prensa radio y televisión, es el último en seguir ese camino después del informe PISA, la persecución a la jueza Victoria Rosell y últimamente las denuncias de Vox por delito de odio.
“Podemos tiene cuatro casos de corrupción sin haber gestionado un solo euro público”. Pablo Casado, entonces portavoz del comité de campaña del PP, se pronunciaba de ese modo en una entrevista en Onda Cero en febrero de 2015, aun con Mariano Rajoy en La Moncloa. Para entonces, dos personas que saben bien a qué huele el banquillo de los acusados habían abierto fuego judicial contra el partido con pólvora mojada: Emilio Rodríguez Menéndez y Miguel Bernad.
El primero es un abogado que se hizo famoso por fugarse varias veces de la Justicia y ser condenado, recientemente, por estafa. El segundo lideraba un pseudosindicato, Manos Limpias, condenado por participar en extorsiones judiciales. A finales de 2014 acudieron al Tribunal Supremo para denunciar que Iglesias, entonces eurodiputado, y otros miembros de Podemos blanqueaban dinero del chavismo por haber trabajado para la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS). También por la facturación supuestamente ilegal de la productora con la que gestionaban el programa ‘La Tuerka’, donde se dio a conocer el exlíder del partido.
El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, dictó entonces un auto cuyos argumentos se han reproducido en una docena de ocasiones para archivar este tipo de pleitos. Esa primera querella, afirmó el Supremo, “se limita a transcribir un artículo periodístico” sin aportar “datos objetivos y accesibles”. Un principio, un nudo y un desenlace que, casi una década después del nacimiento del partido, se siguen repitiendo: acusaciones basadas en informaciones periodísticas o documentos policiales que nunca pasan el filtro de una investigación judicial.
La munición con la que se disparaba al partido era de fogueo pero suficiente para lanzarse al contraataque contra una formación que, en poco más de dos años de vida, había planteado una moción de censura contra Mariano Rajoy, había buscado capitalizar políticamente el descontento del 15M e, incluso, había sacado un ‘tramabús’ a la calle señalando a políticos y periodistas como integrantes de una estructura corrupta. El entonces presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, también presentó sin éxito una querella contra Iglesias tras ver su cara en ese ‘tramabús’ que circuló por distintas ciudades españolas.
Parte de esa munición surgió de las maniobras urdidas desde el Ministerio del Interior que entonces dirigía el hoy procesado Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior entonces y amigo íntimo del presidente Mariano Rajoy. Una estrategia que había comenzado casi en cuanto el partido logró su primer triunfo electoral en las europeas de 2014, tal y como reveló años después el diario del comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los actores clave de la guerra sucia contra la formación. El mismo grupo secreto de policías que durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy se había dedicado a combatir extrajudicialmente el proceso soberanista en Catalunya tenía ahora en Podemos un nuevo enemigo al que combatir de forma prospectiva y sin control judicial.
Años después, las anotaciones de Villarejo desvelaron que a los cuatro meses de aquellos comicios ya estaba manteniendo encuentros con periodistas para facilitarles información del partido. Pero la mayor evidencia de la guerra sucia contra Podemos por parte de aquella cúpula policial llegó tras las generales de 2015, cuando los 69 diputados que logró la formación —que se convirtió en tercera fuerza política— podían imposibilitar un nuevo Gobierno del PP. Okdiario y El Confidencial informaron del contenido del llamado informe P.I.S.A. (Pablo Iglesias Sociedad Anónima): un texto sin firma ni sello que pretendía demostrar la financiación irregular del partido con dinero procedente de Venezuela e Irán.
Su contenido fue despreciado, primero, por la Audiencia Nacional y, después, por el Tribunal Supremo. Pero en ese momento, cualquier información que vinculara a la marca de Iglesias con el chavismo resultaba vital para la brigada política y los enemigos del partido. Tanto es así que uno de sus miembros, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, llegó a trasladarse a Nueva York para entrevistarse con un exministro de Hugo Chávez, al que ofreció ayuda para él y su familia a cambio de supuestas pruebas sobre los vínculos de Podemos con Caracas. El informe policial que resultó de aquel encuentro nunca llegó a un juzgado pero fue publicado por el diario ABC.
La investigación del caso Villarejo ha acreditado la participación del comisario en aquellas maniobras junto a otros miembros de ese grupo de mandos policiales. Sin embargo, los funcionarios serán únicamente juzgados por la operación para favorecer al PP a través del sabotaje de la más grave causa de corrupción de la formación: el caso Gürtel. Pero, entretanto, esos informes apócrifos, sin atribución a una unidad policial, ni firma de funcionarios sí han servido durante años para alimentar las portadas de determinados medios de comunicación coincidiendo con momentos álgidos en el debate político.
Por ejemplo, esa misma brigada política filtró en mayo de 2016 a OkDiario una supuesta orden de pago de 272.325 dólares por parte del Gobierno venezolano a favor de Iglesias a través de una cuenta en un paraíso fiscal y cuando el partido ya estaba fundado. El documento resultó ser falso, tal y como acreditó la entidad bancaria Euro Pacific Bank. Para elaborarlo, la Policía contó con Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano que recibió el permiso de residencia por su colaboración con el Ministerio del Interior español, según confesó él mismo en un juzgado madrileño.
De forma más reciente, en 2022, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón intentó resucitar las diligencias abiertas en su día a raíz del citado informe PISA para tratar de poner en marcha otra investigación sobre la supuesta financiación irregular de Podemos a partir del testimonio del exgeneral venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal’. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acusó al juez de utilizar “artificios” para intentar sortear los límites legales y seguir adelante con las pesquisas. Según los jueces, el antiguo jefe de la Inteligencia militar de Chávez solo pretendía “retrasar” su extradición a Estados Unidos. El juez acató esa orden y detuvo la investigación.
García Castellón es el mismo juez que reconvirtió una investigación sobre la presunta participación de Villarejo en la difusión del material del teléfono robado a una excolaboradora de Iglesias, Dina Bousselham, en un caso sobre el entonces vicepresidente del Gobierno. El magistrado estableció como prioridad determinar si él había dañado su tarjeta del móvil a pesar de que ella lo exculpaba. Durante dos años, ordenó todo tipo de diligencias, sin consultar a la Fiscalía, entre las que figuró incluso una comisión rogatoria internacional. El Supremo rechazó la exposición razonada contra Iglesias. Ante la imposibilidad de imputarlo, el juez cerró la instrucción del caso.
Al margen de la brigada política, uno de los principales casos de guerra sucia contra Podemos fue el que afectó a Victoria Rosell, jueza de profesión y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género hasta hace unos días, con Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. El Supremo confirmó en noviembre de 2021 la existencia de una conspiración para tumbar a quien, en ese momento, era diputada de Podemos a través de la manipulación de una causa judicial que ella había instruido cuando estaba en activo.
La persecución, otra vez a medio camino entre la política y los tribunales, comenzó tras las elecciones de 2015. El juez que la ejecutó, Salvador Alba, está en la cárcel desde hace poco más de un año. Pero, entre medias, la admisión en el Supremo de una querella contra la diputada presentada por el que fuera ministro del PP José Manuel Soria provocó que Rosell dimitiera de su cargo electo y que no concurriera en las elecciones de junio de 2016, convocadas ante la falta de acuerdo para formar Gobierno. A partir de entonces las bases de la conspiración comenzaron a tambalearse, pero el objetivo de apartar de la política al que era uno de los perfiles más relevantes de Podemos se había logrado.

Tres años de caso Neurona

El caso más transversal a las distintas etapas del partido y que más se ha prolongado en el tiempo es el conocido como ‘caso Neurona’: la macrocausa judicial que arrancó hace más de tres años en un juzgado de Madrid para investigar las cuentas de Podemos, que llegó a tener una decena de piezas separadas y que ha quedado sobreseída hace apenas unos días.
El caso arrancó a finales de 2019, cuando Podemos negociaba su entrada en el Gobierno de coalición y cuando un antiguo abogado del partido, José Manuel Calvente, acababa de ser despedido bajo acusaciones de acoso sexual que la formación nunca pudo probar. El letrado acudió a la Guardia Civil para denunciar irregularidades de todo tipo en la contabilidad de Podemos: una ‘caja B’, sobresueldos ilegales, dinero negro en la reforma de la sede central y miedo entre los trabajadores para no decir nada.
Para la formación de Ione Belarra, tal y como han dicho en público todos sus dirigentes en repetidas ocasiones a lo largo de estos tres años, el caso Neurona es uno de los mayores ejemplos de ‘lawfare’ contra un partido que ha vivido la política española reciente. Tanto por el desarrollo de la causa, que mantuvo imputado al propio partido durante más de dos años, como por su capitalización por parte de la derecha, que llegó a hablar de ‘la Gürtel de Podemos’ y, en el caso de Vox, a personarse como acusación popular.
El propio Calvente reconoció en su primera declaración judicial que una parte de sus acusaciones venían de “rumores” que había escuchado cuando trabajaba en el partido, y que muchos de sus testimonios no querían ir al juzgado para evitar represalias. Aún así el instructor, Juan José Escalonilla, puso en marcha batería tras batería de diligencias, abriendo y cerrando piezas separadas a medida que las imputaciones se sustentaban en las palabras de Calvente o en informes policiales que el tiempo ha desvelado como dudosos.
Las piezas centradas en aspectos como la contabilidad o las entradas y salidas del dinero se fueron archivando, dando paso a otras que afectaron al ámbito personal de los dirigentes de Podemos, como el conocido como ‘caso Niñera’. La investigación penal a varias colaboradoras de la entonces ministra Irene Montero por si habían malversado dinero público al cuidar de una de sus hijas cuando era un bebé. Al final, más allá de unas fotos donde alguna de ellas sujetaba a la pequeña, el propio juez reconoció que ni siquiera había pruebas de que esos cuidados hubieran existido.
Todo esto ha servido para que Podemos denuncie desde hace años que Escalonilla se lanzó a una “investigación prospectiva”. El último en hacerlo ha sido el exdiputado Juanma del Olmo, uno de los imputados, en esta entrevista con El País. El partido entiende que la causa no ha conseguido demostrar ninguna irregularidad pero sí ha relacionado su imagen con la de episodios más populares y reales de la corrupción española, como la ‘caja B’ del PP cuya existencia sí ha sido demostrada judicialmente.
Del Olmo estuvo imputado hasta hace unos días, cuando el instructor del caso decidió dar carpetazo al asunto. Lo hizo cuando ya solo quedaba una pieza separada, la que daba nombre a la causa: la que investigaba si Podemos había pagado más de 300.000 euros a la consultora mexicana Neurona por trabajos no realizados, o que en realidad habían resultado más baratos, en las elecciones generales de 2019. Esa pieza se atascó durante más de un año a la espera de que alguien quisiera hacer un informe pericial para ver si, efectivamente, habían existido sobreprecios. El perito Aleix Sanmartín confirmó que, incluso, Podemos había pagado ese trabajo por debajo del precio de mercado y el caso ha ido al sobreseimiento provisional, todavía pendiente de posibles recursos.
Todos estos casos se han cruzado con otras querellas y pleitos sin recorrido judicial pero con mucha estela mediática y política. Por ejemplo, las varias denuncias por delito de odio que el Tribunal Supremo ha rechazado contra dirigentes de partido, entre ellos la propia Ione Belarra, por relacionar al partido de extrema derecha con el nazismo. O la querella, de la que nunca más se supo tras el acto de conciliación, que presentaron contra Victoria Rosell, por unas declaraciones que hizo en TVE.

Ninguna de estas querellas, en muchas ocasiones lanzadas por rivales políticos o por asociaciones y abogados cercanos a la extrema derecha, han pasado el filtro de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Desde la prevaricación hasta el blanqueo de capitales pasando por el fraude fiscal, el odio y las injurias, todas han naufragado en la sala que preside Manuel Marchena, por norma general con Pablo Iglesias como protagonista acompañado de dirigentes y antiguos miembros como Ione Belarra, Irene Montero, Juan Carlos Monedero o Iñigo Errejón, abarcando desde la financiación de Podemos hasta la gestión de la pandemia desde el Gobierno.
Acciones judiciales que ni siquiera han llegado a juicio y que siempre han terminado en el archivo o el sobreseimiento con una misma premisa: no hay pruebas, más allá, de recortes de prensa, especulaciones o declaraciones sin sustento documental de ninguna trama de corrupción en el partido que el año que viene cumplirá una década en el tablero político español.

https://www.eldiario.es/politica/ocho-anos-acusaciones-pruebas-facturas-falsas-financiacion-ilegal-sobresueldos_1_10770052.html

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La 'policía política' de Rajoy espió a 55 diputados de Podemos: Pablo Iglesias fue rastreado más de cien veces

Agentes de la Policía Nacional espiaron durante meses a decenas de diputados de Podemos durante la última etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno. Eso es lo que se desprende de la documentación, adelantada por El País y a la que ha tenido acceso infoLibre, sobre el uso de bases de datos policiales en 2015 y 2016 que la Unidad de Asuntos Internos ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que el pasado mes de febrero admitió una querella de la formación morada contra el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino por las supuestas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre personas que formaban parte de Podemos.

El interés de aquel Ministerio del Interior, que entonces liderada Jorge Fernández Díaz, por desacreditar ese espacio político, que irrumpió en 2015 en el Congreso de los Diputados con 69 escaños, fue algo que pusieron de manifiesto los WhatsApp de Martínez que fueron aportados en su día a la investigación del caso Kitchen. "¿De aquellos de Podemos que tenían antecedentes... ¿Pudiste confirmar algo?", preguntaba en enero de 2016 el ex secretario de Estado de Interior a Enrique García Castaño, comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo. "Pues lo pedí y voy a llamar porque no volví a preguntar", respondía el policía en una conversación en la que deslizaba que, más allá de un nombre, creía que no hay nada más sobre el resto. "Cagüenlaputa. Alguno tiene que ser chungo", replicaba entonces Martínez.

Ocho años después de aquel intercambio de mensajes, la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional sobre el supuesto espionaje político a Podemos revela cientos de consultas en bases de datos policiales sobre al menos 55 diputados entre 2015 y 2016. Eso es lo que se desprende, al menos, de la documentación que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha remitido al Juzgado Central de Instrucción nº5 tras una auditoría hecha por la Unidad de Informática y Comunicaciones sobre las solicitudes de acceso de funcionarios policiales a datos de parlamentarios en cualquiera de los ficheros informatizados de los que dispone el Cuerpo Nacional de Policía. Herramientas que permiten, entre otras cosas, conocer desde antecedentes a diligencias policiales.
Las plantillas remitidas evidencian, en algunos casos, búsquedas exhaustivas con nombre y apellidos de algunos parlamentarios desde decenas de unidades policiales y comisarías. En otros, sin embargo, los ficheros incluyen también consultas de personas con nombres similares a los de algunos diputados pero con fechas de nacimiento diferentes. Ahora, toda esa información en bruto deberá ser cribada a fin de aclarar qué búsquedas en las bases de datos policiales estaban justificadas y cuáles no, así como la posible vinculación de estas últimas con la guerra sucia contra Podemos. Hay que recordar, en este sentido, que este tipo de consultas están prohibidas cuando las mismas se hacen al margen de la legalidad.
Entre los afectados se encuentra, por ejemplo, el exlíder de Podemos Pablo Iglesias. En el fichero sobre él remitido a Pedraz, constan más de un centenar de búsquedas sobre él en esos dos años en las bases "Personas", "Objetos", "Sidenpol" o "Argos". La primera, el 7 de enero de 2015. La última, el 29 de diciembre de 2016. Entre las palabras clave utilizadas, figuran expresiones como "joyas", "hospederías" o relativas a viajes de avión o barco, así como sobre identificaciones que se le hubiesen podido hacer en la calle. Una parte importante de las consultas se hicieron desde la Brigada de Información, pero también desde la Comisaría General de Policía Judicial o diferentes comisarías locales.

Numerosas son también las búsquedas que se hicieron sobre otro cofundador de Podemos, el hoy portavoz de Sumar, Íñigo Errejón. En el fichero enviado a la Audiencia Nacional que lleva su nombre, constan más de una treintena de consultas en bases de datos policiales. "Detalle hospedería", se resalta en alguna de esas operaciones realizadas. La Unidad de Asuntos Internos también remite al instructor un archivo relativo a Carolina Bescansa, otra de las personas que estuvo en el origen de Podemos. En su caso, figuran once búsquedas entre enero de 2015 y septiembre de 2016.
Durante aquellos dos años, en los que se disparó de forma indiscriminada con informes policiales fabricados sobre una falsa financiación irregular de Podemos que abrió periódicos e informativos –el famoso informe Pisa–, también se hicieron búsquedas en relación a la exministra de Igualdad y recién elegida eurodiputada, Irene Montero: más de una veintena en las aplicaciones "Objetos", "Personas" o "Sidenpol". O sobre la actual líder de Podemos, Ione Belarra. Consultas que también se extendieron a varios ministros actuales de Sumar que por aquel entonces se encontraban integrados en la formación morada. Es el caso de la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz. O del responsable de Asuntos Sociales, Pablo Bustinduy.
Entre los ficheros enviados por Asuntos Internos a la Audiencia Nacional, en los que se hace constar desde la fecha y hora de la búsqueda hasta la IP desde la que se realizó o el usuario que la hizo, también aparecen otros relativos a la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género Victoria Rosell, al que fuera candidato de Compromís a la Generalitat Valenciana Joan Baldoví o al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez.

"Deberían ir a prisión"

"Esta es la guerra sucia política y judicial que el PSOE acaba de legitimar pactando con el PP el Consejo General del Poder Judicial", ha señalado Belarra en un mensaje en la red social X. "Esto no era contra Podemos, era contra la democracia y el avance social que representaba nuestro espacio", ha completado en un segundo mensaje. En la misma línea, se ha pronunciado el exlíder de la formación morada. "Los mandos policiales y sus jefes políticos responsables de esto deberían ir a prisión. Pero, después de que el PSOE haya legitimado a la derecha judicial repartiéndose el CGPJ con el PP, ¿alguien cree que no habrá impunidad? Espero equivocarme", ha escrito Iglesias en la antigua Twitter.

"Todo el aparato del Estado puesto al servicio de un partido corrupto y mafioso intentando parar la soberanía popular. No lo consiguieron ni lo conseguirán. Que los responsables lo paguen", han señalado, por su parte, desde Sumar. Baldoví, por su parte, ya ha dejado clara su intención de acudir a la justicia tras conocer que es uno de los afectados por el supuesto espionaje masivo. "Hoy más que nunca creo en la política, en la buena política, en la que tiene que mantener al PP lejos del Gobierno estatal. La que tiene que acabar con el Gobierno de la vergüenza del PP aquí (en alusión a la Comunidad Valenciana). Y a los que me espiaron un mensaje: nos vemos en los tribunales", ha señalado el actual portavoz de Compromís en las Corts Valencianes.

https://www.infolibre.es/politica/policia-politica-espio-decenas-diputados-unidas-durante-gobierno-rajoy_1_1838459.html

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