Según datos del INE, Antonio es el nombre más común entre los hombres españoles. Más de 640.000 aparecían en la estadística oficial a finales de 2021. En 2023, puede haber muchos más. España es un país de Antonios, pero ninguno tan particular ni tan afortunado como el presidente de la CEOE. Ya quisiera un Antonio cualquiera, de Lugo, Logroño o Jaén, haber cobrado durante los últimos cuatro años 300.000 euros de salario fijo más otros 50.000 de variable. Ya quisiera un Antonio de Parla o de Mataró haber sido autónomo y no tener que preocuparse de la subida de la cuota mensual como trabajador por cuenta propia. De despreocuparse del colapso de la Seguridad Social. De que el ministro Escrivá no suba, por sorpresa, los tramos. De que se equivoque en el cobro de las cuotas a final de mes y diga que ya si eso a final de año lo devolverá. O de que acumule meses de retraso en la devolución de los pagos duplicados. Ya quisiera un Antonio cualquiera además tener la suerte de que la Inspección de Trabajo no pille a tu empresa en un supuesto fraude de ley para burlar el pago de cotizaciones sociales y para escatimar derechos laborales y no busque la forma de ponerte de patitas en la calle. No, eso no le pasa a un Antonio cualquiera de los 640.000 que hay en España. Llamarse Antonio no basta. Hay que ser de Getxo, vivir en uno de esos imponentes palacios de finales del siglo XIX junto a la ría de Bilbao, ser aficionado a la navegación y acumular 35 años en cargos patronales para ser autónomo -de los presuntamente falsos- y ser un privilegiado. Solo así, y llevando el apellido Garamendi, claro, se puede predicar y no dar ejemplo. Lo que viene siendo aplicar la ley del embudo, lo ancho para uno mismo y lo estrecho, para el resto. Garamendi no es un autónomo cualquiera, aunque haya cotizado en el mismo régimen en el que lo hacían los 40.000 falsos autónomos que el Ministerio de Trabajo detectó durante todo el año pasado. Él no sabe lo que es la precariedad laboral de este tipo de trabajador, ni lo que significa no cobrar por haber caído enfermo, ni carecer de vacaciones pagadas, ni levantarse cada lunes por la mañana y no saber lo que esa semana se puede ingresar… Garamendi es un privilegiado que hace apología del empresariado mientras su propio empleador, con su aprobación y su complicidad, se ahorraba las cuotas de Seguridad Social durante los últimos cuatro años. Este jueves ha saltado a los titulares de la prensa porque la CEOE ha regularizado su situación ante el temor de tener que hacer frente a una sanción administrativa y porque ha trascendido que, en adelante, será ya un trabajador por cuenta ajena que cobrará 400.000 euros anuales, después de una subida del 9%. Ahí es nada, casi el doble de lo que se niega a que suban los salarios del conjunto de los trabajadores españoles.
Como presidente de los empresarios se ha opuesto a la subida del SMI para que los trabajadores más vulnerables cobren al mes 1.080 euros mensuales; a una subida del 5% de los salarios que proponían los sindicatos para mitigar los efectos de la inflación; al impuesto a las eléctricas, a la intervención de los precios de la energía, al recargo de solidaridad para las rentas altas… Todo mientras se refería a las medidas más sociales del Gobierno como una apuesta segura por “la pobreza a medio y largo plazo”, como si alguna vez hubiera visto la penuria de cerca o supiera lo que significa. Y este fue el que se hizo con el timón de la patronal en medio de una gran expectación, con dos máximas -sentido de Estado y lealtad institucional- y con la promesa de que la negociación colectiva y el diálogo social eran instrumentos fundamentales para la regulación del mercado laboral. Hablaba por lo visto, de lo que afectase solo a su salario y su cotización.
El BCE admite que las subidas de los tipos de interés no están bajando la inflación, pero amenaza con más aumentos
Algunas de las principales voces de la institución, como Luis de Guindos o la alemana Isabel Schnabel, reconocen el fracaso de la estrategia de asfixiar la economía, aunque lejos de plantear alternativas, insisten en seguir incrementando el 'precio' del dinero
marapez escribió:El BCE admite que las subidas de los tipos de interés no están bajando la inflación, pero amenaza con más aumentos
Algunas de las principales voces de la institución, como Luis de Guindos o la alemana Isabel Schnabel, reconocen el fracaso de la estrategia de asfixiar la economía, aunque lejos de plantear alternativas, insisten en seguir incrementando el 'precio' del dinero
La bajada del IVA y bonificar los carburantes ahorra 2.100 millones a los más pobres y 3.700 millones a los ricos
Las bajadas del IVA de la electricidad, el gas y los alimentos, vigentes en este momento, y la bonificación de los carburantes, que expiró al cierre de 2022, suman en total un ahorro de 2.100 millones euros para el tercio de familias más pobres, según cálculos del Banco de España. Este ahorro se eleva hasta 3.700 millones para el tercio de familias más ricas de nuestro país.
La institución constata que las rebajas de impuestos y los descuentos generalizados benefician más a las rentas más altas, porque de media gastan más al tener más coches o más casas, y más grandes, y adquieren alimentos más caros. Mientras, su poder adquisitivo apenas se ve dañado por la inflación o los aumentos de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), tan solo sufre su ahorro. En esta crisis, y estudiando estas cifras desde el otro lado, el Estado dejó de ingresar o gastó 1.600 millones más en el tercio de familias más ricas que en las más pobres con estas medidas del Gobierno para paliar el golpe de la crisis energética. La subida de los precios internacionales del petróleo y del gas desde el verano de 2021 por la salida de la pandemia y los problemas en las cadenas de suministro globales se exacerbó con la invasión rusa de Ucrania. Y hoy es ya una crisis de inflación expandida a toda la cesta de compra.
Un pago puntual de 860 euros para los más pobres
El cálculo del Banco de España asume, por una parte, una bajada del IVA de la luz y de la electricidad del 21% al 5% desde julio de 2021 hasta diciembre de 2023. Por otra, una rebaja del IVA de los alimentos básicos del 10% al 5% y del 4% al 0%, según los distintos supuestos contemplados en el Real Decreto de diciembre, de enero de 2023 a julio de este mismo año. Y, por último, la bonificación al litro de los carburantes de 20 o 15 céntimos de abril de 2022 hasta el final del año pasado. Estas son los periodos aprobados por el Ejecutivo hasta el momento, pero podrían ser ampliados o reducidos. De hecho, la institución propone “sustituir estas medidas por una transferencia puntual de renta de 860 euros focalizada en el 30% de los hogares con menor renta”. Según defiende, este pago único “mantendría el nivel de protección de estos hogares pero reduciría el coste presupuestario de la intervención publica la mitad”. Según las cifras que maneja el Banco de España, el ahorro del 10% de las familias más pobres apenas fue de 100 millones de euros con la bonificación de los carburantes. Y, según otros análisis, este ahorro prácticamente se ciñó al ámbito rural, porque las rentas bajas no disponen en general de vehículos con motor de combustión. Por eso, desde el primer plan de choque aprobado en marzo de 2022, muchos economistas pidieron medidas para el transporte público, que el Gobierno no implementó hasta el verano. En el otro extremo, para el 10% de familias más ricas, el descuento de 20 céntimos en la gasolina y el diésel implicó un ahorro de casi 500 millones de euros en total. El efecto funciona siempre en una progresión ascendente (regresiva) cuando aumenta la renta de los hogares, según los cálculos del Banco de España. Y ocurre lo mismo con las bajadas del IVA, aunque con menos pendiente (es decir, la diferencia del ahorro es menor entre las rentas más altas y las más bajas que en el caso de los descuentos en las gasolineras). La rebaja de impuestos en los supermercados, por ejemplo, consigue un ahorro de 450 millones para el 10% de familias más pobres. Un cifra que sube a 750 millones para el decil de hogares más ricos. Y eso, suponiendo que los comercios repercuten la bajada del IVA en los precios de los alimentos por completo, sobre lo que han surgido muchas dudas desde que se anunció la medida.
La inflación es mayor para los más vulnerables
En noviembre, el BCE publicó un informe para el conjunto de la eurozona en el que avisó de que la diferencia del golpe de los incrementos de precios entre rentas bajas y altas fue de alrededor dos puntos en 2022, un máximo desde que se calcula (2006), porque la mayor parte del gasto de los más vulnerables se va en energía y en el supermercado, como se muestra en el gráfico anterior. Es decir, esta crisis se está ensañando con los trabajadores más vulnerables, como también ha advertido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Este organismo fiscalizador lo reflejó en otro cálculo similar al del BCE, de nuevo, porque son las rentas bajas las que dedican una mayor parte de su gasto total a alimentación y luz, calefacción o carburantes. Precisamente, lo que más ha subido en estos meses.
Rebaja de 2,5 puntos de la inflación
En términos macro, las bajadas de impuestos, el descuento a los carburantes y el resto de medidas importantes del Gobierno (tope al gas, transporte público o límite a la actualización de los alquileres de viviendas) para combatir la pérdida de poder adquisitivo de las familias en esta crisis de inflación redujeron efectivamente el IPC general (Índice de Precios de Consumo) en 2,5 puntos [en variación interanual] en diciembre, “frente a un escenario sin medidas”, según explica el Banco de España. En el último mes de 2022, el IPC se moderó al 5,7% frente al mismo mes del año anterior, tras tocar techo en el 10,8% de julio. En enero, subió solo una décima al 5,8%, principalmente por la retirada de las bonificaciones en las gasolineras. “Durante buena parte de 2021 y 2022, el repunte de la energía y la existencia de cuellos botella en las cadenas globales de suministro –ambos shocks de oferta negativos– supusieron una considerable presión al alza sobre los precios de todo el conjunto de bienes y servicios de consumo”, recuerda la institución de la que está al frente el gobernador Pablo Hernández de Cos. “En los últimos meses, los shocks de oferta negativos mencionados anteriormente están revirtiendo, parcialmente, con una mayor intensidad de la esperada. En este contexto: ¿los efectos indirectos 'negativos' asociados a los descensos en el precio de la energía se materializarán de la misma manera –en términos de intensidad y velocidad, pero con el signo opuesto– que los efectos indirectos ”positivos“ asociados al encarecimiento de la energía?”, añade. “¿Cuántas presiones alcistas –por los efectos indirectos 'positivos'– aún quedaban por reflejarse en la inflación subyacente [la que excluye en su cálculo la energía y los alimentos]?”, incide. Algunos de esos “efectos indirectos” son el crecimiento de los márgenes de las empresas: la capacidad de convertir en beneficios los ingresos al trasladar la subida de los costes a los precios de venta.
“Los datos más recientes sugieren que el dinamismo que los márgenes empresariales habían mostrado hasta el tercer trimestre de 2022 (fundamentalmente para recuperar los niveles pre pandemia) se habría prolongado en el cuarto trimestre, lo que situaría estos márgenes por encima de los niveles observados a finales de 2019”. Y, por otro lado, están las subidas de los salarios, que por ahora son moderadas en general, y sufren una pérdida histórica en términos reales, con el impacto de la inflación. Los salarios en convenio cerraron 2022 con una subida del 2,8%.
Los grandes bancos cerraron casi cuatro sucursales al día en 2022
Los efectos finales de los grandes ERE del año anterior dejan el saldo de plantilla de las cinco principales entidades en una pérdida de más de 5.400 trabajadores. La gran banca ganó 20.800 millones en 2022
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Tanto la retribución como la condición de autónomo de Garamendi son hechos conocidos por filtraciones periodísticas, en lugar de ser difundidos por la propia organización, que rechaza dar explicaciones ante las cuestiones concretas trasladadas por infoLibre
La patronal, que ha recibido 33,9 millones de euros en la última década, está obligada por la Ley de Transparencia a difundir información de retribuciones y contratos con la administración
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