La juez encarcela a dos exdirectivos de Eurobank y dos testaferros de los EREPrisión incondicional para los empresarios y fianza de 50.000 euros
para los otros dos detenidos. Alaya abandona el juzgado tras 24 horas
tomando declaración y redactando autosPodría haber superado el plazo límite para la detención ilegal
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24 HORAS EN LOS JUZGADOS La
juez Mercedes Alaya, que investiga el 'caso de los ERE' sale de los
juzgados tras interrogar durante un día completo a los imputados.
la juez Mercedes Alaya
llega a los juzgados sevillanos. Sábado, 15.51: la magistrada abandona
la sede judicial con gafas de sol, maleta con documentos y exhausta. La
instructora ha estado un día completo tomando declaración a los últimos
detenidos de la Operación Heracles y finalmente pasadas las 15.00 de hoy
ha enviado a la cárcel a los dos exdirectivos del grupo Eurobank,
Eduardo Pascual y María Vaqué, así como el testaferro de los ERE Eduardo Leal e Ismael Sierra, cuñado de Juan Lanzas.
La juez ha impuesto a Leal y Sierra una fianza de 50.000 euros para
poder eludir la cárcel, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción había
solicitado la prisión incondicional. Ambos están acusados de asociación
ilícita, malversación, falsedad y un delito contra la Hacienda Pública.
Para los dos exdirectivos de Eurobank, procesados por el Juzgado 5 de
Instrucción de la Audiencia Nacional por el caso Eurobank, Alaya ha
decretado prisión incondicional sin fianza. Pascual está acusado de
cohecho, prevaricación, un delito fiscal, asociación ilícita, falsedad y
malversación.
La magistrada ha acusado el cansancio, y cuando ha abandonado los
juzgados, el desgaste físico era patente. En el pasado la juez ya ha
dado muestras de su tesón en jornadas maratonianas, agotadoras, en las
que los imputados soportan interrogatorios eternos y con un tono más que
incisivo. Como en la declaración del exconsejero Antonio Fernández, que
duró tres días y cuyo último día completó una jornada de 24 horas. Pero
hoy la instructora ha tomado una decisión especialmente llamativa al
prolongar su jornada de manera extrema y forzar al límite el plazo de
detención legal de 72 horas. Hace solo tres semanas que la juez se
reincorporó al trabajo después de una baja por enfermedad de seis meses.
Su salud, por tanto, es delicada. Y desde el miércoles arrastra tres
días a un ritmo frenético con 20 detenciones y nueve citaciones
judiciales a sus espaldas.
La madrugada ha sido intensa y tras decidir que enviaba a prisión a
Eduardo Leal, testaferro del intermediario Juan Lanzas, e Ismael Sierra,
cuñado de Lanzas, Alaya ha tomado declaración a Pascual y Vaqué esta
mañana.
El problema surgido a raíz de estos retrasos en las eternas
comparecencias puede resultar muy grave para la instrucción. Los cuatro
imputados fueron detenidos el miércoles por la mañana. El plazo legal si
se trata de una detención judicial, desde que una persona es arrestada
hasta que el juez toma una decisión al respecto, ponerle en libertad o
enviarle a prisión, es de 72 horas. Este plazo ya se habría cumplido si
el miércoles la detención fue ordenada por la juez. En ese caso, las
defensas tienen en bandeja un argumento clave para presentar una nulidad
que afecte a la instrucción por prevaricación judicial.
En caso de que la detención haya sido policial, el plazo comienza a
contar desde que los detenidos son puestos a disposición de la juez, por
lo que en ese caso no habría mayor problema. Estos matices son
fundamentales y se irán conociendo a medida que trasciendan los detalles
de la Operación Heracles, dado que esta investigación está bajo secreto
de sumario.
Pero Alaya aún afronta un problema añadido: desde que detuvo a estas
cuatro personas que esperan en calabozos, la instructora ha tomado
declaración a personas que no han sido detenidas, por lo que se ha
retrasado su comparecencia y se ha primado la declaración de personas
imputadas, pero que no esperaban a la juez en un calabozo, como el ex
director general de Trabajo Javier Guerrero o el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín.
