El Gobierno multara usuarios que compartan coche

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El Gobierno ha decidido poner coto a otra de las iniciativas que plantean una alternativa a los sistemas institucionalizados y que forman redes de ayuda mutua entre ciudadanos para adquirir servicios a menor coste que, de otro modo, en muchos casos no podrían permitirse en estos tiempos difíciles.

Después de limitar el crowdfunding –el sistema de cooperación colectiva para la financiación de proyectos a través de las redes sociales–, de acometer la Reforma Energética imponiendo peajes a los particulares por el autoconsumo doméstico de energía mediante pequeñas placas solares, de cerrar los bancos de alimentos no dependientes de instituciones –como el del 15M de Tetuán en abril– o del acoso sistemático a los centros sociales autogestionados –como el reciente caso de Can Vies en Barcelona o La Madreña en Oviedo–, le llega el turno ahora a los servicios de transporte compartido.

Compañías como Blablacar, Carpooling o Uber han entrado en el punto de mira del Gobierno del Partido Popular, que ha decidido imponer multas tanto a los usuarios de sus servicios como a las plataformas que los ofertan a través de internet.

El Ministerio de Fomento, dirigido por la ministra Ana Pastor, hizo pública ayer la advertencia para las personas que usen este método para viajar a un precio asequible en coches compartidos que no cuentan con la correspondiente autorización de transporte: estarán incurriendo en una “infracción muy grave” que conllevará sanciones de entre 401 y 600 euros.

Las empresas de las páginas web promotoras que no posean la licencia administrativa correspondiente se enfrentarán por su parte a sanciones que pueden oscilar entre 4001 y 6.000 euros.

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Comparto esta aclaración que acabo de encontrar

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Citación :

Contrario a lo que muchos medios de comunicación están publicando, el gobierno no sancionará a quienes usen BlaBlaCar para compartir gastos de viaje ni multará al servicio. El origen de la falsa noticia es un comunicado de prensa del Ministerio de Fomento que parece estar dirigido a empresas como Uber que, por el momento, su operación es ilegal en España.
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POR EDUARDO ARCOS

TEMAS: POLÍTICA STARTUPS
MÁS DE: BLABLACAR, ESPAÑA
Muchos medios de comunicación están publicando que el gobierno sancionará a personas que decidan compartir coche en viajes con servicios como BlaBlaCar con multas de entre 401 a 600 euros. Y que, así mismo, sancionará con multas de entre 4000 a 6000 euros a empresas que oferten servicios de transporte sin la licencia correspondiente.
Pero la nota de prensa original emitida por el Ministerio de Fomento nunca se refiere a un servicio en particular y tampoco hace referencia a sancionar personas por compartir gastos en viajes. Recordemos también que BlaBlaCar es un servicio que pone en contacto a conductores y pasajeros que pretenden hacer un viaje desde el mismo origen al mismo destino y cualquier transacción monetaria se hace simplemente para compartir los gastos, nada más.
En la fuente original, el comunicado de prensa, se explica claramente:

Citación :: Ante la aparición de anuncios en los medios y redes de comunicación mediante los que diversas empresas hacen pública su intención de poner en marcha plataformas de contratación de servicios de transporte de viajeros en vehículos de turismo particulares, el Ministerio recuerda que es necesaria dicha autorización y que los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre velarán por el cumplimiento de la legislación vigente en la materia.

Esto parece ser dirigido particularmente a nuevos servicios como UberPOP, que como ya explicamos ayer, por el momento es ilegal de acuerdo al artículo 197 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres:

Citación :: De conformidad con lo establecido en el artículo 140 de la LOTT, se considerarán infracciones muy graves:
1) La realización de transportes públicos o alguna de sus actividades auxiliares o complementarias, careciendo de la concesión, autorización o licencia que, en su caso, resulte preceptiva para ello de conformidad con las normas reguladoras de los transportes terrestres.

De hecho, en el artículo 101 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres no da lugar a dudas:

Citación :

Se consideran transportes privados particulares los que cumplen conjuntamente los dos siguientes requisitos:

a) Estar dedicados a satisfacer las necesidades de desplazamiento de carácter personal o doméstico del titular del vehículo y sus allegados. En ningún caso, salvo el supuesto de percepción de dietas o gastos de desplazamiento para su titular, el transporte particular puede dar lugar a remuneraciones dinerarias directas o indirectas.

Por lo que, por el momento, no, el gobierno no planea multar a BlaBlaCar o sancionar a las personas que usen el servicio.

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Pues me alegro que todo sea un bufo. Ahora no se si poner el siguiente post... Bueno, ya que lo he encontrado, lo pongo. :diente:

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“Un español de verdad no comparte coche. Un español se endeuda y se compra un BMW. El resto es comunismo”

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El lobby taxista ahí metiendo presión amenazando con poner siempre la Cope cuando te subas...o musiquita pachanguera. Mad

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marapez escribió:: El Gobierno ha decidido poner coto a otra de las iniciativas que plantean una alternativa a los sistemas institucionalizados y que forman redes de ayuda mutua entre ciudadanos para adquirir servicios a menor coste que, de otro modo, en muchos casos no podrían permitirse en estos tiempos difíciles.

Después de limitar el crowdfunding –el sistema de cooperación colectiva para la financiación de proyectos a través de las redes sociales–, de acometer la Reforma Energética imponiendo peajes a los particulares por el autoconsumo doméstico de energía mediante pequeñas placas solares, de cerrar los bancos de alimentos no dependientes de instituciones –como el del 15M de Tetuán en abril– o del acoso sistemático a los centros sociales autogestionados –como el reciente caso de Can Vies en Barcelona o La Madreña en Oviedo–, le llega el turno ahora a los servicios de transporte compartido.

Compañías como Blablacar, Carpooling o Uber han entrado en el punto de mira del Gobierno del Partido Popular, que ha decidido imponer multas tanto a los usuarios de sus servicios como a las plataformas que los ofertan a través de internet.

El Ministerio de Fomento, dirigido por la ministra Ana Pastor, hizo pública ayer la advertencia para las personas que usen este método para viajar a un precio asequible en coches compartidos que no cuentan con la correspondiente autorización de transporte: estarán incurriendo en una “infracción muy grave” que conllevará sanciones de entre 401 y 600 euros.

Las empresas de las páginas web promotoras que no posean la licencia administrativa correspondiente se enfrentarán por su parte a sanciones que pueden oscilar entre 4001 y 6.000 euros.

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Limitaciones al crowdfunding? Shocked

¿por qué razón? y cómo es posible?

Y si que trajo controversias el tal servicio Uber... huelga de taxistas contra este servicio, en París, Madrid, Londres, Berlín y también en Italia...

Taxi drivers in European capitals strike over Uber

Commuters face a day of disruption in London, Berlin, Paris and Madrid as taxi drivers stage a protest against Uber, the taxi service app

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Italian taxi drivers hold a placard reading 'Don't take an illegal taxi, take a white regular taxi' during a protest against the growing number of minicabs. Photograph: Andreas Solaro AFP/Getty Images
[Taxistas italianos sostienen una pancarta que dice "No tomar un taxi ilegal, tomar un taxi normal blanco" durante una protesta contra el creciente número de minicabs.]

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V.I.P. Mensajes : 20909

Claro eso es por la competencia desleal que supone esa actividad y que destroza el sector del taxi.

» Angel Carromero a 'The Washington Post': "Un coche del gobierno cubano nos embistió"
» El Gobierno copia una Ley del Gobierno anterior.
» Si el Gobierno del PP tiene apoyo Espiritual Oficial, es el gobierno laico ?
» Hungrya multara a sus mendigos, Se puede ser mas gilipollas
» Serio problema, tener un gobierno que no para de socavar los pilares y cimientos que sustentan el estado de derecho, no es buen gobierno.