Al regresar de su cautiverio, el rey Fernando VII promulgó una real orden, fechada el 4 de mayo de 1814, donde era suprimida la libertad de imprenta, que fue aprobada por la Junta Suprema de la Nación en las Cortes de Cádiz, y promulgada luego en la Constitución de 1812 (artículo 371). A tal motivo desaparecieron muy pronto la mayor parte de los periódicos en España, llevando una vida lánguida los escasos que pudieron continuar imprimiéndose. Esta real orden prohibitoria se hizo extensa a los países de ultramar, donde la imprenta funcionaba más o menos libremente desde 1813, mientras no llegó a tierras americanas la anulación de dicha libertad, ocurrida en el transcurso de 1815.
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