Así es cómo ETA pedía a sus militantes que denunciaran... ¡4.000 torturas!

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Lainformacion.com ha tenido acceso a un documento en el que ETA pedía a sus militantes que denunciaran torturas porque "nunca os van a represaliar por una denuncia falsa".

Un informe encargado por el PNV asegura que en el País Vasco hubo más de 4.000 casos de tortura a miembros de ETA por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Un informe encargado por el PNV denuncia más de 4.000 casos de torturas a etarras

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Terrorismo

Más de cuatro mil personas fueron torturadas en Euskadi por las Fuerzas de Seguridad del Estado durante los últimos cincuenta años, según la investigación realizada por el Instituto vasco de Criminología y encargada por el Gobierno vasco.

Así, el informe identifica a 4.009 etarras, un 83% hombres y el resto mujeres, y es una de las iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo de Urkullu dentro de su Plan de Paz y Convivencia.

Sin embargo, el elevado número de casos corresponde a una estrategia de obligado cumplimiento para todos los miembros de la banda criminal: denunciar sistemáticamente torturas y incluso dañarse a sí mismos para imputar estas lesiones a los agentes.

Lainformación.com ha tenido acceso a un documento incautado a ETA en el que la banda pedía a sus militantes que denunciaran en falso torturas y que daba consejos sobre cómo hacerlo. "Denunciar a cuant@s más txakurras (perros en euskera) podáis, aquí la imaginación no tiene límites y podéis desarrollarla sin miedo, nunca os van a represaliar por una denuncia falsa; aunque no se pueda comprobar ya habremos conseguido parte de lo que pretendemos, y sin coste alguno", es uno de los muchos ejemplos que pueden leerse en la circular distribuida por los asesinos.

Lea aquí el documento incautado a ETA en el que obligan a sus militantes a denunciar torturas

No obstante, sus autores, Paco Etxeberria, el doctor en Medicina Carlos Martín Beristain y la licenciada en derecho Laura Pego, aseguran que han analizado más de 22.000 documentos y recogido más de 900 testimonios.

Con respecto a cuándo se produjeron estos supuestos malos tratos, el informe sostiene que el año en el que más supuestas torturas tuvieron lugar fue en 1975, cuando el régimen franquista decretó el último estado de excepción. Por otro lado, los ochenta, con 1.184 torturados, fue la peor década.

La distribución por autoría prácticamente iguala a la Guardia Civil (1.589 casos) con la Policía Nacional (1561). Sobre la Ertzaintza se recogen 310. El resto corresponde a Policía Municipal (4), funcionarios de prisiones (19) y otros (39). De 64 no tienen datos.

En cuanto al método utilizado, el autor señala que los tres cuerpos de las FSE utilizaron las técnicas del plantón y la extenuación física. El uso de la bolsa se le atribuye a la Guardia Civil, que compartió con la Policía Nacional el empleo de los electrodos y la bañera.
No hay apenas condenas

La rotundidad de las afirmaciones de este estudio contrasta con la realidad judicial en España: en más de 50 años, la Guardia Civil ha sido condenada en doce ocasiones y la Policía Nacional en nueve.

Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en ocho casos por incumplir las obligaciones contraídas en contra de la tortura, aunque siempre ha descartado que estos malos tratos se hubieran producido efectivamente.

Baste como ejemplo señalar que Garikoitz Azpiazu "Txeroki", ex jefe "militar" de la banda criminal, en una carta incautada al terrorista por las Fuerzas de Seguridad tras su detención en Francia el 16 de noviembre de 2008, admitía que "lo relacionado con las torturas falsas sufridas por Igor en manos del enemigo está en buen camino".

De esta manera, "Txeroki" asegurana en relación a la detención de Igor Portu y su compañero Mattin Sarasola el 6 de enero de 2008, a quienes se atribuye la colocación de un coche-bomba en la T-4 , "visto el resultado que estamos obteniendo y el daño que le causamos al enemigo, es muy importante que los militantes interioricen bien en la eskola (los cursillos de formación que reciben los etarras) la importancia que tiene el tener preparada la cantada, igual que hace el talde de Igor. Siempre hay que denunciar torturas y nunca ratificarse ante el juez".

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Las torturas a las víctimas de violencia policial en Euskadi: "Le colgaron de la ventana y apagaron cigarrillos en sus brazos"

"En una detención, ataron al detenido a una litera y fue golpeado con una especie de fusta o látigo que los propios guardias civiles denominaban 'picha de toro', hasta que ambas plantas de los pies terminaron completamente moradas. También relata que le introdujeron la cabeza en el váter, tirando de la bomba, que le colocaron una almohada en la cara y le pisaban hasta hacerle sangrar de la nariz, que le colgaron de una ventana, que le apagaron cigarrillos en los brazos, que le quemaron la oreja con una cerilla, que fue golpeado con los codos en la espalda, y que también recibió golpes con una barra de unos 15 centímetros de diámetro tanto en la espalda como en las nalgas, extremo que él asocia con una rotura de coxis. También recuerda la presencia, en las dependencias, de un perro grande al que llamaban Pelusa. Le daba más miedo que ellos todavía".
El de arriba es uno de los testimonios reales de los primeros 35 casos de víctimas de violencia policial recogidos por la comisión de valoración para el reconocimiento de este colectivo de personas que sufrieron "vulneraciones de derechos humanos en el contexto de violencia de motivación política" al amparo de una ley aprobada en 2016 para el período entre 1978 y 1999 (en democracia) y de un decreto de 2012 para la dictadura. De los casos analizados, 55 en total, once de ellos fallecidos, cinco son de 1985 y dos de 1978 (no se concreta si antes de la promulgación de la Constitución) y el resto son de la dictadura o de la Transición. Serán homenajeadas este sábado y antes, este miércoles, se han presentado sus casos ante el Parlamento Vasco, algo que se hará anualmente a partir de ahora. En total, se han recibido ya 1.017 expedientes que están pendientes de análisis y resolución. Se propone que cada año se haga un acto similar en memoria de este colectivo.

Esta norma vino a complementar un marco jurídico que reconoce a las víctimas del terrorismo (de ETA –con 853 víctimas y 2.597 heridos– pero también del GAL y otros grupos) y a las de la Guerra Civil y la dictadura. Fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy al entender que ponía en cuestión la actuación policial al margen de sentencias judiciales o incluso con sentencias favorables a los denunciados por torturas y el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez alcanzó un acuerdo con el de Iñigo Urkullu para limar los problemas jurídicos más polémicos. También recibió otros recursos de PP, Ciudadanos y sindicatos policiales que fueron decayendo. En Navarra está en vigor un texto similar.
Repiten los autores de la memoria anual en varios momentos que han detectado "patrones" de vulneraciones de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. No detallan si el contexto cambió del paso de la dictadura a la democracia. Un ejemplo de esos episodios que se repetían: "muertes en controles de la Policía en que la víctima es ametrallada al paso del vehículo sin más aviso". Otro: "Graves casos de tortura y malos tratos [...]: la bolsa, la bañera, golpes, el pato, la rueda, humillaciones constantes, privación sistemática del sueño, clima de terror ambiental, amenazas a extender la acción a familiares, amigas, exposición a gritos de terceros reales o grabados". Se alude a un "clima de arbitrariedad y control social mediante el terror y el abuso de autoridad", particularmente en zonas de Bizkaia y se alude al caso de "una veintena de personas que fueron introducidas en un autobús de línea de madrugada para ser conducidas al cuartel de la Guardia Civil de Bermeo". Una persona consta que fue "detenida y maltratada" hasta diez veces y hay más ejemplos con cinco arrestos.
Se destaca también el "componente añadido de humillación por razones de género" a mujeres. "Estaba agotada. Llevaba sin dormir ni comer tres días [...] y me condujeron a un cuarto donde me hicieron desnudarme completamente. Y empezaron a tocarme los pechos, a reírse de mí. Intenté cubrirme y me amenazaron para que no lo hiciera mientras me decían 'Pues vaya mierda de pechos', 'Quién se va a acostar contigo si no vales nada', 'Como mujer no vales nada', 'A ti quién te va a querer', ...", se lee en uno de los testimonios. Y hay más: "En mis dos detenciones se repitieron insultos y amenazas machistas. 'Eres una puta terrorista que te has metido en ETA para follar'. Me abren los pantalones y me dicen que me van a violar y que me van a hacer un hijo policía".
De 55 expedientes, 12 víctimas guardan relación con miembros de alguna de las facciones de ETA. En concreto, son tres de la organización antes de las escisiones, dos de ETA militar y otros tantos de la rama político-militar, uno de la sexta asamblea (LCR) y uno de la quinta asamblea, además de otras tres personas. Hay víctimas de CCOO, COA, ELA, PNV, LAIA, EMK, PCE o de las Juventudes Obreras Cristianas. Sin embargo, 26 no tenían afiliación política alguna. ¿Y los victimarios? En 33 casos fue la Guardia Civil, en 16 la Policía Armada (o la Policía Nacional si son más recientes), en cuatro ambos cuerpos y en dos casos o incontrolados o sin precisar.

La comisión de víctimas de violencia policial reseña también las dificultades que se está encontrando para encontrar información y documentos acreditativos de las vulneraciones denunciadas. Constata igualmente que existió en España otro "patrón", el de la "frecuente" omisión del "deber de investigar adecuadamente las violaciones de los derechos humanos". Si hay investigación, era "superficial y desenfocada". "La actitud de la Fiscalía y de la judicatura, connivente con el poder policial, no es la de velar por las garantías o la legalidad, aunque fuera la franquista, sino más bien la de convalidar actuaciones o simplemente dar curso a las detenciones, ordenar el envío a prisión aunque luego no hubiera causa alguna y siguieran sobreseimientos de las causas. La evidencia de malos tratos cuando comparecían ante el juez nunca llevaba a reprochar ese hecho", critican con dureza.

Durante la presentación parlamentaria, llevada a cabo por Juana Balmaseda y Jon Mirena Landa como presidenta y portavoz de la comisión de valoración, respectivamente, la coalición PP+Cs ha expuesto sus dudas sobre el terreno de "inseguridad jurídica" en el que se mueven estos expedientes por fijar "causantes" con "entrevistas". "Están teniendo funciones cuasi jurisdiccionales", ha enfatizado su portavoz, Carmelo Barrio. Al contrario, Balmaseda y Landa han defendido su función rigurosa y que no pretenden sustituir a los tribunales. Sí han planteado dos necesidades, la de ampliar el objeto y el período temporal para atender a más posibles víctimas y una "campaña específica" y "sostenida" en el tiempo para que cale en la sociedad la importancia del reconocimiento de todas las personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos.

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