El juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Lezo, ha citado como investigados (la nueva figura jurídica de la imputación) a 24 personas relacionadas con el primer pelotazo del Canal al otro lado del Atlántico, la compra de la filial Inassa en el año 2001. Entre los citados no está de momento el ex presidente regionalAlberto Ruiz-Gallardón, que presidía el Consejo de Gobierno que autorizó esta adquisición. Entre los citados sí está el actual presidente de Adif, Juan Bravo; el presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda; y el ex consejero madrileño Pedro Calvo. La Fiscalía Anticorrupción había pedido la imputación de todos la semana pasada.Tendrán que declarar todos los miembros del consejo de administración del Canal que el 14 de noviembre de 2001 asistieron al mismo y votaron a favor de la adquisición de la sociedad Inassa: Pedro Calvo Poch, Ignacio López-Galiacho Perona, Juan Mª del Alamo Jiménez, Fernando Autrán Pérez, Juan Bravo Rivera, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri Ruiz, José Manuel Herrero Sanz, José Antonio Llanos Blasco, Roberto Molero Gómez-Elegido, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos Cuenca, Miguel Ángel Saldaña, Roberto Sanz Pinacho. También aparece en el listado Arturo Canalda como el director gerente del Canal que diseñó la operación.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]Juan Bravo, exmiembro del Consejo de Administración del Canal de Isabel II en 2001 y hoy presidente de Adif. EFE

Entre los investigados también figuran Gaspar Cienfuegos-Jovellanos Fernández, consejero de Canal Extensia en el momento de los hechos (esta empresa se creó expresamente para servir de vehículo para comprar Inassa), Pablo López de las Heras (subdirector de Nuevos Negocios del Canal), José Antonio de Cachavera Sánchez (director económico del Canal), Salvador Cardona Aucejo, Javier Vilaplana Oliva, Jesús Sánchez Sánchez, Esteban Palacios Ortega, Santiago García Benavides y Ángel Conde Álvarez. Las declaraciones se producirán entre el 9 y el 15 de enero.
De momento el juzgado no ha citado a Gallardón. La Fiscalía ha dejado abierta su futura imputación y la de todo su consejo de Gobierno porque falta por analizar documentación. "Hasta la fecha no obra incorporado a las actuaciones ni el acta redactada sobre este Consejo de Gobierno ni la concreta documentación de la que dispusieron los consejeros antes de adoptar su acuerdo, información que resulta esencial para poder avanzar en la investigación y solicitar la declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad que adoptaron este acuerdo". señaló en su escrito el ministerio público. El juzgado también solicita que se llame a declarar como testigos a otras 21 personas.
En un auto fechado el 26 de diciembre, el juzgado solicita nuevas diligencias relacionadas con esta pieza del caso Lezo. Entre ellas todo el expediente que llegó al Consejo de Gobierno en noviembre de 2001 por el que los consejeros aprobaron la compra de Inassa. También solicita a la Comunidad de Madrid "la identificación completa de todos los miembros del Gobierno que dictaron el acuerdo de 29 de noviembre de 2001 así como el acta que, en su caso, se redactó de la reunión celebrada para adoptar el mencionado acuerdo".

[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]El auto del juzgado citando a declarar como investigados al consejo de administración del Canal

El juzgado pide al Canal "la certificación o documentación que acredite la totalidad de documentación remitida al Consejo de Gobierno tras la celebración del Consejo de Administración de CYII de fecha 14 de noviembre de 2001, debiendo detallar toda la información que obre en su poder sobre dicha remisión y personas que gestionaron la misma". La Consejería de Hacienda, por su parte, deberá aportar "testimonio de los informes o documentos que hubiera elaborado valorando la forma en que Canal Extensia adquirió las acciones de Inassa y la incidencia que tuvo la utilización de la sociedad panameña Sociedad de Aguas de América SA incluyendo toda la información que acredite las personas a las que dirigieron sus informes y las consecuencias que el mismo tuvo".