La investigación seguida por el Consejo de Europa sobre cómo España y Turquía utilizan la justicia contra los políticos catalanes y curdos, respectivamente, prácticamente ya ha concluido. Y el informe que ha ido elaborando el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo no puede ser más duro y contundente. En él se alerta de que varios políticos catalanes de alto nivel fueron procesados y finalmente condenados a largas penas de prisión por sedición y otros delitos, por declaraciones hechas en el ejercicio de sus mandatos políticos, o apoyando al referéndum inconstitucional sobre la independencia de Catalunya en octubre del 2017. Así consta en el informe del Consejo presidido por el letón socialista Boris Cilevics, relator de una misión de investigación que ha durado un año y medio.
Esta Comisión parlamentaria pide a las autoridades españolas que reformen los delitos de rebelión y de sedición porque “no puedan interpretarse como si quedara sin efecto la despenalización de la organización de referéndums ilegales del 2005, y que no lleven a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas”. Y añade la petición que “se considere el indulto o la excarcelación” de los presos políticos “condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional y las manifestaciones multitudinarias pacíficas relacionadas”. Y todavía más, pide que se deje de perseguir los exiliados y los numerosos ex-altos cargos acusados y pendientes de juicio “relacionados con el referéndum del 2017”.
Finalmente, el informe pide a las autoridades españolas que dejen de pedir a los políticos catalanes que renieguen de sus opiniones políticas profundamente arraigadas, a cambio de un régimen penitenciario más favorable o de la posibilidad de un indulto, y sugiere que lo podrían hacer exigiendo que se comprometan a perseguir sus objetivos políticos sin recurrir a medios ilegales.
Hace pocos meses la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, criticó alEstado español por la violación de la libertad de expresión y le exigió reformas legales, con una reforma de los delitos de injurias en la corona, enaltecimiento del terrorismo, ofensas religiosas, discurso de odio y difamación.
