La democracia en su mayor apogeo , ahora el TC dice que el primer estado de alarma incostitucional

Z escribió:

NEROCAESAR escribió:

Z escribió:

Nolocreo escribió:: Gracias a las medidas de confinamiento se salvaron muchas vidas, ¿ahora quieren cuestionar esto, o no tienen nada mejor que hacer..?
Esto solo puede ocurrir en España..

A la mayoría de la gente le han comido el tarro con el rollo del "corona"...

Cada vez dices más burradas, con perdón de los pobres burros. ¿Los miles de muertos que esa gracia a ocasionado, son también comidas de tarro, o tampoco ha ocurrido?

Insisto, haces el ridículo.

Hace ya meses vi las estadísticas de muertos en España de varios años, las cifras de muertos del año 2020 fueron muy parecidas a las del 2019 y 2018 sin "bicho"...

Tu haces el ridículo...

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1.1. Se exige respeto a los demás miembros del foro. Los insultos y faltas de respeto a otros foreros podrán ser sancionados con una amonestación o con baneo directo (temporal o definitivo).

Mentira

2. f. Cosa que no es verdad.

Monitorización de la Mortalidad

Salú y República.

Los enterradores del sistema

Nos acusan a los periodistas de antisistemas porque consideran que nuestras críticas socavan su 'autoritas' pero no se dan cuenta de que son sus propios enterradores y, a la par, los nuestros

"Yo las oí. Sonaban como las demás. Daban el mismo sonido. Pero no se las podía oír igual. Porque significan: las palabras significan."

Vicente Aleixandre.

La ley es interpretable. La Constitución es interpretable. Las palabras y los conceptos ¿son interpretables? Si son interpretables ¿son tales conceptos? No existe un diálogo ni una conversación si no partimos de unas bases comunes. ¿La violencia es un concepto común o una entelequia interpretable? La violencia ambiental que nadie vio. ¿El orden público es un concepto común o es un conjunto de sílabas que puede mutar su significado según unas mentes más o menos brillantes lo consideren a su antojo?

¿Hay un relativismo absoluto a la hora de malear los conceptos? ¿Esperamos que el pueblo pueda seguir confiando en un sistema cuyas bases son mutables, alternantes, cuyo relato dependa del ingenio o la voluntad o de los fines? ¿Todo es cuestión de discursos y de elaboraciones? El pueblo huirá. No es soportable. ¿Es lo que buscan? Nos acusan a los periodistas de antisistemas porque consideran que nuestras críticas socavan su autoritas pero no se dan cuenta de que son sus propios enterradores y, a la par, los nuestros.

Entiéndanme, yo conozco el sexo de los ángeles sobre el que disputan. Sé bien que el núcleo central del debate reside en el concepto de ''suspensión'' de derechos y el núcleo material en la definición de ''alteración del orden público'' pero les he visto ya, a unos y a otros, crear tantas realidades ad hoc que me rebosa el hartazgo. Era muy sugerente la doctrina que recortaba la acusación popular para un banquero y ha dado mucho de sí la que consideraba un ''alzamiento tumultuario'' algo etéreo y voluntarista que servía a un objetivo pero no casaba con ningún concepto anterior. Lo mismo sucede ahora con ese ''orden público'' alterado que obligaba a decretar el estado de excepción. Construcciones, lucubraciones, entretenidas para sus seminarios a 500€ la ponencia, sutilezas bizantinas, pero imposibles para controlar una catástrofe inédita en la que los ciudadanos están muriendo a centenares.

Una persona, una sola, un solo voto convierte en inconstitucional lo que si no hubiera un miembro dimitido o se hubiera renovado el órgano podría no serlo. Inconstitucional tras un análisis tardío que no resiste la transformación periodística de la determinación de la regla constitucional formal en un acto ''ilegal'' del Gobierno, como han pretendido los titulares. Si el TC nos hubiera dicho ahora que la Ley vigente y constitucional –nadie ha dicho nunca lo contrario ni la ha modificado– que regula los estados de excepción es una porquería, pues podría entenderlo. Si las sesudas cabezas de ese órgano constitucional o de otros ámbitos dijeran que tenemos un sistema de estados de excepción ininteligible y que hay que mejorarlo, pues lo aceptaría gustosa. No, lo que se está diciendo es que el Gobierno optó mal -y con él todo el Congreso- y la tesis de sentido común es que con la ley vigente en la mano no podía optar por otra cosa y menos con la situación de crisis urgente y de bronca política.

Por una sola opinión el Constitucional nos dice que debió elegirse el estado de excepción pero la ley que lo regula dice en su artículo 13:

Cuando

El libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos

El normal funcionamiento de las instituciones democráticas

El de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden publico, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo

COMA

El Gobierno podrá (…) declarar el estado de excepción.

Ya que el Código Civil deja claro que en la interpretación de las normas debe estarse en primer lugar a ''el sentido propio de sus palabras'', de haberse llamado a Pérez Reverte y sus colegas, les hubieran dejado claro que esa frase es una oración subordinada adverbial condicional (prótasis) y que su función gramatical es señalar una condición necesaria e imprescindible para que pueda darse la proposición principal (apódosis). La Gramática de la RAE es más gorda que el Código Penal incluso pero también tiene estudiosos y es evidente que en esta redacción del legislador la apódosis gubernamental solo puede darse si se cumple alguno de los supuestos de la prótasis, que están tasados.

Es por eso que en su ingenio se han tenido que sacar de la manga que la propia pandemia era una alteración del orden público, como si el coronavirus fuera un peligroso agente judeo-masónico infiltrado que pusiera en riesgo las instituciones democráticas y los servicios públicos y el orden público por el mero hecho de trastocarlos con sus efectos. Es una concepción del orden público franquista o delirante la que nos proponen. Es una concepción del orden público que nadie en su sano juicio hubiera tenido en enero de 2020.

Nos dicen que para confinarnos hubiera sido mejor optar por un estado de mayor rigor que hubiera dado al Gobierno potestades impensables para hacerlo cumplir, desde entrar en los domicilios de los infractores hasta tenerlos detenidos durante 10 días con solo comunicarlo al juez o, incluso, haber secuestrado publicaciones. Nos dicen que dotar a Sánchez de este poder era más constitucional y mejor que dejarle poner multas. Nos dicen que con 60 días –es todo lo que puede durar el estado de excepción– el coronavirus acojonado se hubiera retirado. Nos dicen lo que no podemos creerles y olvidan enviar un emisario a Casado para que deje de hacer el ridículo con su ley sanitaria nueva. Señor Casado, con lo que ha dicho el Constitucional no podría hacer una ley así jamás.

Lo peor de todo es que jugando a los demiurgos doctrinales no han reparado o no les han importado las consecuencias que su órdago tendrá no solo en el futuro sino ahora mismo. ¡Qué mas da si eso les da artillería a los míos y si gano a mis compadres! ¡Qué más da si dejo sin armas contra la expansión del virus a los gobernantes actuales y a los jueces que tienen que entrar en juego! Ya se está viendo. La resolución del Tribunal Superior de Cataluña que autoriza el toque de queda en las localidades de mayor incidencia dice que lo hace ''por el momento mientras no opere la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional (…) para ajustarnos a sus dictados a los que estamos obligados todos''. Esa es la cuestión porque si el Gobierno, respaldado por el Parlamento, precisa del estado de excepción para lo que se considera una suspensión de derechos ¿qué van a hacer ahora los jueces? No pueden ratificar esas restricciones administrativas. Los jueces usando las leyes sanitarias pueden inmovilizar a enfermos o a sus contactos con nombres y apellidos y poco más.

Hay otra cuestión vergonzosa que se refleja en ese párrafo del TSJC: la sentencia no nata la conocemos todos y también los jueces catalanes pero por la prensa. No se han podido aguantar, aunque hay quien dice que casi acaban a guantazos. Han hecho público un fallo que sirviera de pimpampum pero que no tenía argumentos. Han filtrado después esos argumentos y, ante la indefensión, el sector discrepante ha filtrado sus votos particulares. Dan mucha pena. Un grupo de periodistas con una exclusiva o una productora con un final para su serie de éxito es más capaz de guardar su voto de silencio que los integrantes del máximo órgano constitucional. Son de una frivolidad moral y profesional que espanta por muy importantes que se vean ustedes mismos cuando meten los brazos entre las puñetas.

Un sistema que no tiene certezas es un sistema fallido.

Un sistema que depende de los nombres de quienes están llamados a defenderlos es una fuente de defecciones absoluta.

Al sistema lo están enterrando ustedes. Ustedes son los antisistema.

Salú y República.

Si parece un asalto al poder...

Estamos aceptando, al parecer, que los medios y la justicia hagan política y de extrema derecha. Algo raro ocurre en España cuando ningún país ha osado declarar ilegal una medida que salvó miles de vidas

La escalada ya va en sprint. Los síntomas que se venían advirtiendo adquieren una aceleración nítida. El Tribunal Constitucional como punta de lanza en este momento sentencia que el estado de alarma y el consiguiente confinamiento en los inicios de la pandemia -aunque no discute su necesidad- fue ilegal. La Covid-19 trajo la primera paralización global de la actividad en la historia para evitar la extensión de los contagios y va a ser la excepción judicial española la única que considere la medida inconstitucional. Dando la nota una vez más. Y a petición de Vox. Ahora. Porque el partido ultraderechista lo pidió y lo votó en su momento. Igual que el PP de Casado.

Son datos esenciales para valorar la preocupante foto de lo que ocurre en España. Y en un momento en el que la pandemia vuelve a intensificarse en nuestro país y en el mundo. Aquí la incidencia sobrepasa otra vez los 500 casos cada 100.000 habitantes, los ingresos hospitalarios se han duplicado en dos semanas y los profesionales de la sanidad están muy preocupados. La relajación de las medidas, las nuevas variantes y el estar aún lejos de la inmunidad de grupo con la vacunación, mantienen este panorama hoy.

El Constitucional opina –por un ajustado margen de 6 contra 5- que debía haberse aplicado el estado de excepción. Es el de alarma el que encajaba entonces, según la ley, porque "sí había una crisis sanitaria" y no una alteración del orden público que afectara "el normal funcionamiento de las instituciones democráticas" como exige el estado de excepción que, éste sí, recorta derechos y libertades a lo grande. Javier Pérez Royo, catedrático de la materia, lo explica perfectamente y, como otros expertos, advierte peligrosas intenciones en esta sentencia.

No hace falta ser muy versado en leyes, sin embargo, para ver que algo raro ocurre en España cuando ningún país ha osado declarar ilegal una medida que salvó, sin duda, miles de vidas. El dato que señalaba la nueva ministra de justicia (450.000 vidas) procede de un estudio realizado en once países europeos y publicado en la revista Nature en junio de 2020. Aseguraba que el confinamiento en concreto había evitado más de 3 millones de muertes por Covid-19 en el mundo; unas 450.000 en España. Coincidía con las cifras de otros estudios aquí. Por supuesto se trata de una estimación, pero es de pura lógica que si la principal vía de contagio son los aerosoles, la proximidad física, el confinamiento, funcionaría. Y así ha seguido siendo y es mientras se mantengan las normas, pese al cansancio de la pandemia.

Las evidencias señalan lo caro que cuesta primar la bolsa sobre la vida. Y apuntan a dirigentes ultraliberales y de extrema derecha adheridos a ese criterio. Donald Trump eludió medidas drásticas en un principio para no dañar la economía. Consideró que 200.000 muertes por coronavirus era un precio asumible que pagar. Lo peor es que han sido más de 600.000. Y menos mal que la llegada de Biden frenó la deriva porque el nuevo presidente estadounidense afrontó muy en serio aplicar medidas efectivas. Bolsonaro, en Brasil, aún ha sido peor porque la Covid-19 se ha llevado por delante a más de medio millón de personas. La Universidad Johns Hopkins –que ha venido aportando los datos más fiables desde el comienzo- atribuye a España 81.000 muertos por Covid-19, pero la cifra general revienta en Madrid y tiene notables peculiaridades en España.

Por coronavirus y por desatención de otras dolencias debido a la saturación y recortes previos en Sanidad, España registró en 2020 la cifra más alta de mortalidad en un siglo y Madrid fue la luctuosa campeona con más del 40% de ese exceso sobre la media de España que fue del 17%. El resto, con la venta política y mediática del ayusismo, ya la conocen. Estas actitudes pasan factura y por ello precisan un más aplicado marketing. Lo que pasa es que en el liberalismo salvaje –y más si viene trufado de corrupción- cuando mueren pobres que gastan o improductivos que además de gastar no generan beneficio tampoco les causa mayor problema.

Los datos los fui recogiendo y enlazando en el libro "La Bolsa o la Vida" (Roca Editorial 2021) y también los de la pandemia política. Pablo Casado se ha atrevido a acusar al Gobierno por no respetar la sentencia del Tribunal Constitucional, tras llevar casi tres años atrincherado sin renovar el Poder Judicial que, evidentemente, le favorece. Pero además ha dicho, al hilo de esa sentencia ad hoc, "Pedro Sánchez usó la pandemia para extender su poder", que fue "un abuso de poder" cuando lo que el TC dice es que se quedó corto, que debería haber aplicado el de excepción, que es absolutamente restrictivo. Y lo dice Casado cuando no ha habido en el mundo una oposición más miserable que la española. Aprovecharon la pandemia para dañar a toda la sociedad al no pararse ante nada para tumbar al Gobierno. Y ahora vuelven a pescar en el río que ha revuelto la sentencia del Tribunal Constitucional.

Votaron las sucesivas prórrogas del estado de alarma (hasta que Pablo Casado prefirió dejar de hacerlo) a un costo insufrible. Lo que se oyeron Pedro Sánchez o Pablo Iglesias para sacar adelante la votación nos estremeció de asco a millones de personas que no dábamos crédito a ese uso del Congreso. Mentaron ETA y Paracuellos, dijeron que "la izquierda desprecia secularmente a los homosexuales" y similares, nada que ver con la salud. El 31 de mayo –en sesión de control al Gobierno- la entonces portavoz Cayetana Álvarez de Toledo llamó al vicepresidente Iglesias casi sin respirar: "hipócrita radical, discípulo de los ayatolás y prohijado de Chávez y Maduro, racista visceral, espantajo de los inversores, fatuo, mentiroso, caudillito carismático, caspa e hijo de un terrorista". Esto último motivó una demanda judicial. El PP acusó a Sánchez de haber establecido "una dictadura constitucional" ya –tras avalar la que sí se estaba produciendo en Hungría-. Y ya ven, ahora han sido Vox y el TC caducado los que se apuntan.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que admite el cartel electoral de Vox con las mentiras sobre los que llaman "menas" ya daba pistas. Es una cadena aterradora en realidad. Y ya se está anunciado como inevitable que "el fallo del Constitucional sobre el confinamiento anticipa una guerra total de la derecha contra el Gobierno". Es así, pero esta frase viene cargada de metralla. Estamos aceptando, al parecer, que los medios y la justicia hagan política y de extrema derecha. Y todo esto mientras las cloacas revientan al mismo tiempo en los juzgados.

Donald Trump se organizó el plantel jurídico casi como el PP en España. Desde que llegó al cargo logró hacer más nombramientos que sus antecesores en muchos años y consiguió tener en la Corte Suprema 6 jueces conservadores frente a 3 progresistas en el mayor desnivel de la historia estadounidense desde los convulsos años 30. Y han ocurrido dos cosas: que algunos de ellos han hecho prevalecer su dignidad de magistrados sobre su orientación política y que Biden trata de ampliar la Corte Suprema, el tribunal de mayor rango, el poder judicial de allí, para conjugar la treta de Trump.

Hagan algo, se puede. Y, en último extremo, siempre queda contemplar la visión más real y pragmática del problema. Lo explicaba el periodista Javier Valenzuela: "Ellos juegan un partido de fútbol americano, nosotros un partido de tenis en campo inglés. Cuando nos dan una patada en la espinilla, llamamos al árbitro, él se encoge de hombros", decía Valenzuela si recuerdan. Ahora ya no, ahora el árbitro les da la razón.

O aprendemos a jugar con las mismas armas, marcando las reglas y en nuestro campo, o nos vamos a comer la pelota en algún lugar a la sombra. Porque si esto parece un asalto al poder por vías diferentes a las urnas en un suelo sembrado de minas y con pantallas de Gran Hermano (el de Orwell por supuesto) igual es que no estamos en un momento del mayor primor democrático.

Salú y República.

Salus populi suprema lex est

Los jueces pueden y deben determinar si algo es ilegal pero no decidir sobre si las medidas sanitarias que se adoptan son proporcionadas y pertinentes técnicamente. Ni tienen la formación para hacerlo ni debería ser esa su función

Los romanos lo tenían más claro hace un par de milenios que nosotros hoy: "La salud de las personas, o salud pública, es ley suprema". Así rezaba el primer principio del derecho público romano, como puede leerse en De Legibus, de Cicerón. Ciertamente, lo tenían mucho más claro que el Tribunal Constitucional, cuya última resolución sobre la presunta inconstitucionalidad del estado de alarma aplicado al control de la pandemia muestra que, además de su marcada politización, el alto tribunal está más preocupado por discusiones bizantinas sobre el sexo de los ángeles que por las medidas que hay que poner en marcha cuando la mayor pandemia de los últimos decenios amenaza a la sociedad y arrasa con las vidas de miles de personas.

Tal como apunta Oriol Farrés, profesor de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona, hay una genealogía entre la salud y la solidaridad basada en esta máxima del derecho romano. Ello sitúa a la salud como un bien común que en ocasiones tiene que estar por encima de la salvaguarda de algunas libertades individuales, especialmente en una emergencia sanitaria como la pandemia de COVID-19 por la que atravesamos, en aras de la salud y en bienestar de la colectividad.

No cabe la menor duda, como lo demuestran numerosos estudios epidemiológicos y de salud pública internacionales, que de no haberse adoptado las medidas draconianas de confinamiento y limitación de la movilidad, las llamadas "medidas no farmacológicas", se habrían producido muchos miles de fallecimientos adicionales a los más de ochenta mil que hemos tenido en España. La mortalidad excesiva habría sido mucho mayor. Si no se hubiese optado por el estado de alarma estaríamos lamentando el no haberlo hecho y habríamos tenido que despedirnos de muchos más familiares y amigos que de los que dolorosamente tuvimos que hacerlo y no sólo por causa directa de la COVID-19 sino también por el colapso total que se habría sufrido en el sistema sanitario que habría tenido un enorme impacto en mortalidad por otras patologías que no se podrían haber atendido con normalidad, con una intensidad mucho mayor del que tuvimos que padecer a pesar del confinamiento. El mundo supera ya los cuatro millones de muertes por COVID-19, una cifra de defunciones propia de una conflagración de proporciones mundiales, y si no se hubiese actuado en muchos lugares con la contundencia necesaria para frenar la transmisión, estaríamos ante una cifra que superaría los diez millones de muertes

Por desgracia, no parece ser ese el talante ni la forma de entender los ordenamientos jurídicos que nos rigen, ni de buena parte del aparato judicial que lo aplica. Para muchos jueces y tribunales parecen importar mucho más las libertades individuales definidas en forma egoísta, por encima del bien común y de las responsabilidades y garantías colectivas. Prima la aproximación individualista sobre los principios de justicia social y salud colectiva. Y esto resulta sumamente preocupante porque pone en cuestión el bien común y las acciones necesarias para lograrlo. En el fondo se trata de una ideologización de la justicia que torpedea la salud pública y el empeño social para mantenerla. No es posible aceptar que "la libertad de contagiarse y contagiar a los demás debe prevalecer sobre el deber de protegernos y proteger a los demás". Una sentencia de la trascendencia de esta, que se presenta desde un Tribunal Constitucional prácticamente dividido en dos mitades, aporta poco a la seguridad jurídica que necesita nuestra sociedad.

A ello se agregan las limitaciones y carencias de un Estado Autonómico donde muchas élites territoriales parecen más atentas a la defensa a ultranza de sus parcelas de poder que a los intereses del Estado en su conjunto. Este orden de cosas resulta a todas luces insuficiente para enfrentar problemas que trascienden fronteras autonómicas y nacionales y tienen un alto grado de interdependencia territorial como es el caso de una pandemia.

No cabe la menor duda de que España necesita ser más moderna y efectiva en la conformación de su Estado, y en los mecanismos de cogobernanza (sanitaria y de otras políticas públicas). Se debería avanzar en la federalización de las instituciones, evitar la confrontación sistemática, los debates nominalistas, y la judicialización continua de los conflictos políticos y la politización de temas que, como la presente pandemia, deberían afrontarse, principalmente, con criterios científicos y de salud pública. Si, como señala el propio Tribunal Constitucional en su sentencia, "no se cuestiona la idoneidad de las medidas sanitarias adoptadas al amparo del estado de alarma", y si el propio estado de alarma fue refrendado en el Congreso y se mantuvo solo mientras tuvo ese refrendo, entonces ¿qué se cuestiona? Esta es una pregunta muy pertinente que debería llevarnos a rechazar cualquier planteamiento que desde el punto de vista político quiera cuestionar el acierto de la decisión de confinar con base en la sentencia del Constitucional.

Por otra parte, resulta inconcebible que en un momento en que la nueva ola de contagios y la elevada incidencia en todo el país, concentrada en personas jóvenes, que requiere medidas restrictivas tales como los toques de queda, los cierres perimetrales o el restablecimiento de la obligatoriedad en el uso de la mascarilla en zonas de elevada incidencia, no se opte por una acción coordinada y basada en parámetros consensuados. Es decir, que todo quede al arbitrio de cada Comunidad Autónoma, y dentro de ellas dependa de la voluntad (Valencia, Cantabria y Cataluña) o de la falta de ella (Aragón y Canarias) de los Tribunales Superiores de Justicia para validar las medidas sanitarias que urge poner en práctica.

Lo último que se necesita es un tira y afloja en el que las resoluciones de jueces, Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional reviertan medidas sanitarias que tienen un fundamento epidemiológico y bases sólidas de salud pública que los jueces no tienen capacidad de evaluar. Los jueces pueden y deben determinar si algo es ilegal pero no pueden ni deben decidir sobre si las medidas sanitarias que se adoptan son proporcionadas y pertinentes técnicamente. Ni tienen la formación para hacerlo ni debería ser esa su función.

La pandemia ha mostrado, además, la necesidad de una revisión exhaustiva del ordenamiento jurídico en materia de salud pública para garantizar que, con independencia de si hay una declaración del estado de alarma o se decreta el estado de excepción, se cuente con las herramientas para garantizar la protección de la salud de todos los ciudadanos sin tener que embarcarse en laberintos kafkianos de judicializaciones improcedentes.

La Ley de salud pública del 2011 necesita ser profundizada y perfeccionada. Hay que llevarla hasta sus últimas consecuencias e integrar en ella los elementos que permitan blindar los recursos necesarios e institucionalizar los elementos de una co-gobernanza en materia de salud pública que nos lleve a un modelo federal de cooperación horizontal entre Comunidades Autónomas, orquestado por el Gobierno del Estado y en el que exista unicidad territorial para las grandes cuestiones en materia de salud pública. El apoyo de una Agencia Estatal de Salud Pública es algo a todas luces urgente e imprescindible.

Posteriormente, sería pertinente hacer los ajustes necesarios a los instrumentos con los que cuentan los ordenamientos jurídicos autonómicos, tomando en cuenta las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19 y las dimensiones de las crisis sanitarias que dan lugar a situaciones de emergencia.

Sería oportuno reflejar de manera más fidedigna lo que acontece en la gestión de una emergencia sanitaria, fortaleciendo el ejercicio de la autoridad sanitaria dentro del ámbito de las competencias autonómicas en la materia y articulando estas actuaciones sanitarias con las actuaciones extra sanitarias que están sujetas a otros ámbitos de autoridad y que se benefician del refrendo por parte de los gobiernos en su conjunto

Ello tiene implicaciones tanto en lo concerniente a la definición de lo que es una crisis sanitaria, como en lo relativo a la multisectorialidad de las medidas que deben ser tomadas para contender con ella (y que trascienden el ámbito sanitario), así como en lo que se refiere a los mecanismos necesarios para posibilitar la prontitud y ejecutividad de la respuesta que hay que dar ante desafíos de esta naturaleza

En nuestra opinión, la declaración de emergencia ocasionada por una crisis sanitaria debe ser competencia del Consejo de Ministr@s en la totalidad del territorio o en una parte del mismo (una o más Comunidades Autónomas), a propuesta del Ministerio con competencias en materia de sanidad. Sin perjuicio de la necesaria validación posterior de esa declaración por el Parlamento.

En todo caso, las Autoridades Sanitarias, con el Ministerio de Sanidad a la cabeza, han de aumentar en su capacidad de acción para responder a situaciones de crisis. Esto implica reforzar, en plazos muy breves la infraestructura existente, racionalizar la asistencia sanitaria en sus distintos niveles, desde la atención primaria y los servicios de urgencias extrahospitalarias, hasta hospitales y UCI; montar dispositivos ad-hoc para ampliar la capacidad de atención sanitaria (centros de acogida medicalizados y hospitales de campaña como reserva estratégica asistencial) y reclutar personal sanitario y sociosanitario para reforzar temporalmente la operación del sistema.

En cuanto a las medidas de salud pública que van más allá de las actuaciones puramente sanitarias y que son competencia de otros sectores de la administración, resulta importante el refrendo del Consejo de Ministr@s y de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. En este aspecto, lo más importante en situaciones de crisis es que las medidas sanitarias estén claramente delegadas competencialmente en la Autoridad Sanitaria y que no necesiten ratificación ya que la puesta en marcha de las medidas sin dilación alguna es esencial en aquellas situaciones que, de forma inminente, amenazan la salud y la vida de las personas.

Como estamos viendo, una emergencia ocasionada por una crisis sanitaria puede extenderse más allá del periodo que dura una declaración de "estado de alarma" o de "estado de excepción" de ámbito nacional o autonómico. Los sucesivos estados de alarma han finalizado, pero la pandemia continua y la crisis sanitaria prosiguen y exigen medidas sanitarias y extra sanitarias que requieren respaldo jurídico para atajar la transmisión con independencia de que avancemos en el proceso de vacunación.

Por ejemplo, sabemos que ha sido muy importante tomar medidas para mitigar los efectos negativos de la pandemia en la economía de las personas y de las empresas y en la vida social de la ciudadanía, pero que lo importante ha sido priorizar la protección de la salud de las personas, intentando dañar lo menos posible la economía, la actividad laboral, el intercambio comercial y la circulación de bienes y de personas, sin comprometer la seguridad sanitaria.

En suma, lo que debe primar como razón de ser que vertebre una modificación a la Ley de Salud Pública es establecer el marco jurídico que confiera la mayor legitimidad al empeño público multisectorial de reducir la exposición a riesgos para la salud controlar la transmisión de agentes infecciosos, de preparar en todo lo posible la infraestructura sanitaria para responder adecuadamente, de llevar a cabo las medidas sanitarias y extra sanitarias de salud pública de contención del problema de salud que origina la crisis sanitaria, con la mayor firmeza e integralidad posible y de facilitar la plena convergencia de las acciones de salud pública extra sanitarias que hay que aplicar para mitigar el impacto de la emergencia.

Sería necesario empezar a elaborar esas modificaciones de la Ley de Salud Pública cuanto antes. Si no lo hacemos, si no aprendemos esta lección de la pandemia, habremos tirado por la borda una gran oportunidad para no volver a cometer los mismos errores.

Salú y República.

Los magistrados discrepantes del Constitucional dicen que el estado de alarma evitó "el contagio masivo de una enfermedad mortal"

El presidente del tribunal y otros cuatro integrantes del tribunal firman votos particulares contra la sentencia que censura al Gobierno. Argumentan que sus compañeros no tuvieron en cuenta la proporcionalidad de las medidas, que no se suspendieron derechos y que el estado de excepción no está pensando para afrontar crisis sanitarias

El Constitucional rechazó la semana pasada la herramienta jurídica utilizada por el Gobierno para amparar las medidas contra la propagación del coronavirus. El tribunal entendió que el estado de alarma no era adecuado para esa situación, que requería uno de excepción. Pero la sentencia se acordó por un margen de un solo voto, seis contra cinco. Ahora, los magistrados discrepantes, incluido el presidente del Constitucional, el conservador Juan José González Rivas, han plasmado en votos particulares el rechazo a los argumentos de sus compañeros.

Los votos discrepantes están firmados, además de por González Rivas, por Cándido Conde Pumpido, María Luisa Balaguer, Andrés Ollero y Juan Antonio Xiol, aunque el contenido de este último aún no se conoce. Hay un hilo que une los textos de estos magistrados, que coinciden en señalar que la sentencia basada en la ponencia de Pedro González Trevijano falló en tres puntos concretos: no valoró la proporcionalidad de las medidas aprobadas para proteger la vida de los españoles, erró al decir que se suspendieron derechos cuando solo se limitaron, y se equivoca al pensar que los estado de alarma, estado y sitio son progresivos en función de la gravedad de los hechos, cuando en realidad están pensados para situaciones distintas.

"Ninguno de los derechos fundamentales ha sido suspendido"
El presidente del tribunal, el conservador Juan José González Rivas, comienza su voto afirmando que en su opinión, la suspensión de los derechos fundamentales "solo existe cuando así se acuerda formalmente por el poder público que tiene atribuida esa facultad", y añade que eso no ocurrió con la declaración del estado de alarma: "Es claro que, en este caso, no se ha adoptado una decisión formal de esta clase, con lo que ninguno de los derechos fundamentales ha sido suspendido en sentido propio".

Argumenta que la limitación de circulación se circunscribió siempre a lo marcado en la Constitución y ese derecho nunca llegó a suspenderse completamente y critica que la mayoría del tribunal no haya abordado en la sentencia la proporcionalidad de la medida. "El Tribunal debería de haber analizado si las restricciones a la libertad deambulatoria obedecían a finalidades legítimas y si se orientaban a ellas de una manera necesaria y proporcionada", escribe González Rivas.

Además el presidente del tribunal se remite a una parte de los trabajos parlamentarios sobre la Ley del Estado de Alarma que Pedro González Trevijano no reflejó en su sentencia, y que señalaban que esa herramienta constitucional estaba pensada para "circunstancias de tipo sanitario", "tales como epidemias". Y añade que durante el estado de alarma hubo un control judicial "que hubiera desaparecido o menguado sustancialmente si se hubiese declarado el estado de excepción".

El presidente del tribunal resume al final de su voto su postura. Afirma que el Gobierno trató de contener una emergencia sanitaria con medidas "constitucionalmente admisibles", estaban limitadas en el tiempo, eran proporcionales y respondían a criterios científicos; desde el primer momento se preservó la vida como derecho fundamental –se evitó "el contagio masivo de una enfermedad entonces desconocida y mortal"–, limitando la circulación pero "permitiendo la movilidad de las personas para atender sus necesidades básicas".

El estado de excepción es para "problemas de orden público"
En su voto particular, Andrés Ollero critica que parte del debate en el Constitucional haya girado en torno a si, debido a los hechos que se trataba de combatir, era necesario un estado de alarma, de excepción o incluso de sitio, como si fueran "una escala progresiva", algo que este magistrado no comparte. Argumenta que no va en función de los derechos a los que afecte la situación a la que se haga frente, porque una "una pandemia puede afectar con más intensidad a determinadas facetas de los titulares de derechos constitucionales que un posible golpe de estado o la invasión de divisiones acorazadas".

"En aquellos estados de excepción, afortunadamente lejanos, una saludable multicopista se podía convertir en indicio criminal. En un -por mí, felizmente, no experimentado- estado de sitio, parece aconsejable no acercarse irrazonablemente a los tanques. Si olvidamos rasgos tan elementales puede que resulte fácil que no acertemos", añade.

Ollero recuerda además que el estado de excepción no puede imponerse por más de dos meses, por lo que quien lo declarase hubiese transmitido a la población que se podía frenar la pandemia en ese limitado periodo de tiempo. "A lo largo del desarrollo del estado de alarma se han expresado no pocas majaderías, incluso por portavoces autorizados, pero es de justicia reconocer que no se llegó a ese extremo".

Insiste en su voto particular en que las medidas han sido siempre proporcionales si se tiene en cuenta que el fin a proteger era la vida humana y sometidas a control por parte de los tribunales. Remata con que el estado de excepción habría supuesto –pensado para "problemas de orden público con notorias connotaciones políticas"– habría afectado al contenido de derechos fundamentales, y que el de alarma – que "remite a catástrofes y situaciones como la actual pandemia"– solo puede considerarse inconstitucional si las limitaciones de derechos han sido desproporcionadas. Ollero cree que no.

"Genera más inseguridad jurídica de la que intenta combatir"
María Luisa Balaguer, por su parte, lamenta que no haya sido posible alcanzar "una argumentación asumible para la mayoría" y critica la "polarización extrema" que se ha dado en el tribunal. En su opinión, la sentencia "genera más inseguridad jurídica de la que intenta combatir". Es más, llega a criticar el "ruido interno" generado en el tribunal, que ha sostenido, dice, "posiciones extrajurídicas poco recomendables para el futuro, en una institución que solo debería pronunciarse a través de sus resoluciones".

"Es difícil aceptar como contraria a la Constitución una legislación que ha permitido, de una manera rápida y eficaz, arbitrar medidas sociales efectivas de cara a proteger bienes jurídicos tan importantes como la vida y la salud de las personas, y en un contexto de identificación con las medidas del entorno europeo que no han sido discutidas, con el grado de intensidad que lo son en España, en sus estados respectivos", sostiene Balaguer.

Además, advierte de la sentencia puede desembocar en que "que podría llegar a considerarse constitucional cualquier declaración de un estado de excepción que contempla medidas suspensivas de derechos, aprobadas por la mayoría de una Cámara", y carga contra el argumento de que la importancia de los hechos exigieran el estado de excepción en lugar del de alarma. Sostiene, como Ollero, que no se concibieron para ser elegidos por la gravedad de los hechos, sino por su naturaleza: riesgo para el sistema constitucional en el primero, crisis sanitarias –con desabastecimiento–, entre otros escenarios, para el segundo.

"La razón del confinamiento, y la de otras opciones como los cierres perimetrales o el toque de queda, fue evitar los contagios exponenciales, una medida estrictamente sanitaria, por tanto, cuya finalidad única es prevenir la pérdida de vidas humanas", escribe Balaguer, que añade que en su opinión fueron proporcionadas y difíciles de juzgar ahora, con mucha más información de la que se tenía entonces.

Estos votos particulares se unen a los de Juan Antonio Xiol y Cándido Conde Pumpido. Este último aseguró que la sentencia que declara ilegal el confinamiento "no resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma". Y añadió que se utiliza "un mero atajo argumental (calificar como suspensión una restricción intensa de un derecho fundamental con una argumentación muy pobre) para estimar la inconstitucionalidad de una medida sanitaria solicitada por un partido político -en referencia a Vox- que previamente había apoyado expresamente en el debate y votación parlamentaria de la prórroga".

Salú y República.

V.I.P. Mensajes : 20909

Esperaremos a ver lo que dicen la semana que viene, para pasado mañana se anuncia mucho calor.. Neutral

El Constitucional da permiso a Feijóo para limitar derechos fundamentales apoyado en su legislación autonómica

El tribunal de garantías ha levantado la suspensión sobre los artículos de la Lei de Saúde de Galicia que permiten a la Xunta limitar el derecho a circular y el derecho de reunión

Solo unos días después de declarar ilegal el confinamiento acordado por Pedro Sánchez el Tribunal Constitucional acaba de dar permiso para que Alberto Núñez Feijóo pueda limitar derechos fundamentales apoyado en una ley autonómica. La Lei galega de Saúde fue aprobada en solitario por el Partido Popular, sirviéndose de su mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia a finales del pasado mes de febrero. El Gobierno de Pedro Sánchez la recurrió al Constitucional, provocando la suspensión temporal de la norma, pero ahora los magistrados han revisado aquella suspensión y devuelven a Feijóo casi todos los permisos que el Gobierno le había arrebatado. Solo se mantiene la suspensión del precepto que abría la mano a la vacunación obligatoria de la población. Recuperan vigencia y plena legalidad los artículos que habilitan al Gobierno gallego para limitar la movilidad o las reuniones de los gallegos o cualquier otro ciudadano español que resida en Galicia.

La revisión se produce para evitar que caduque la primera suspensión, algo que sucede a los cinco meses de haber sido dictada. En abril el Gobierno frenó en seco las intenciones legislativas de Feijóo y en aquel momento el Constitucional no tenía más remedio que atender todos los requerimientos de Moncloa. La ley, sin embargo, permite a los magistrados del órgano de garantías meter baza cuando lo que se plantea es la renovación de una suspensión. Así lo han hecho para darle al presidente gallego poderes por encima de su ámbito competencial.

La decisión del Constitucional ha sido adoptada por unanimidad, tal y como recoge el auto que el organismo ha publicado en su página web. Sin embargo, el acuerdo se ha producido en un momento de máxima tensión entre los magistrados, más pendientes de sus peleas internas que de un asunto que han acabado resolviendo por vía telemática, tras el plante de seis magistrados conservadores que decidieron no acudir al pleno en el que se debatía el asunto.

Se trata de una decisión que no resuelve el fondo, a la espera de sentencia definitiva, pero que sí devuelve a Feijóo plenos poderes para limitar derechos como el de reunión o establecer confinamientos motivados por razones sanitarias. El ponente del auto ha sido el magistrado conservador Andrés Ollero, que ha considerado que los argumentos de la Abogacía del Estado carecían del peso suficiente para que la prórroga a la suspensión de la ley antipandemia del PP gallego se acordase en los mismos términos que en el pasado mes de abril.

La defensa de una ley para controlar la pandemia ha sido el eje del discurso político con el que los populares han ejercido el desgaste al Gobierno durante la crisis del coronavirus. Ahora, Feijóo vuelve a conseguir tener su ley prácticamente intacta tras fracasar las negociaciones emprendidas entre la Xunta y el Gobierno central para encontrar un punto de acuerdo sobre los artículos más restrictivos de la norma. Que el Constitucional siga negando el derecho de la Xunta a convertir la vacunación en obligatoria es algo que apenas preocupa al barón gallego del PP, que lleva meses diciendo que esa parte de su norma o estaba mal redactada o se había entendido mal. En cuanto al resto, la Abogacía del Estado considera que no se puede permitir a un presidente autonómico tener la llave de los derechos constitucionales sin estar obligado a consultar a un juez. El ponente del auto discrepa y aclara que nada impide al Gobierno gallego seguir buscando el refrendo judicial cada vez que acuerden una medida que limite derechos constitucionales.

Sea como fuere, el Constitucional abre la mano ahora para que un Gobierno autonómico pueda limitar los derechos civiles de sus ciudadanos tras calificar como ilegal que el Gobierno central hiciera lo propio sobre el apoyo de un estado de alarma respaldado por la mayoría del Congreso. Donde el Constitucional dijo que Pedro Sánchez no, ahora dice que Feijóo sí.

Salú y República.

V.I.P. Mensajes : 44831

Feijoo es "compañero". Rolling Eyes

Administrador Mensajes : 37951

El ridículo que está haciendo el TC es tremendo. Han perdido definitivamente el juicio y la vergüenza.

V.I.P. Mensajes : 31117 Localización : La muerte

el.loco.lucas escribió:: El ridículo que está haciendo el TC es tremendo. Han perdido definitivamente el juicio y la vergüenza.

Los diferentes TC. el ridículo que esta haciendo el sistema democrático, que es diferente. Y todo por representar que las sociedades democráticas, son tan civilizadas , que hay una serie de herramientas estatales, que velan por las libertades de sus ciudadanos y sus derechos y que hay separación de poderes
Y lo único que se esta debatiendo es si la gente puede ir al bar a tomar una caña, para contarse cuatro vulgaridades , ese el derecho y la libertad que exige la sociedad

Sánchez y sus compinches son una amenaza para la democracia, la constitución y los derechos constitucionales, lo podemos ver cada día.

Administrador Mensajes : 37951

Séneca escribió:: Sánchez y sus compinches son una amenaza para la democracia, la constitución y los derechos constitucionales, lo podemos ver cada día.

Amenaza para democracia es tu forma de "pensar":

Séneca escribió:: Un partido comunista como Podemos no debería tener cabida en democracia, es algo anacrónico en la Unión Europea, después de la caída del muro de Berlín el comunismo en Europa debería ser algo anecdótico y no estar presente en ningún gobierno democrático.

Propones la ilegalización de un partido absolutamente democrático simplemente porque no toleras sus puntos de vista.

Tus palabras demuestran que tú eres el intolerante y antidemócrata. Al menos no seas cínico y reconoce que a ti la tolerancia y la democracia te importan un pimiento.

el.loco.lucas escribió:

Séneca escribió:: Sánchez y sus compinches son una amenaza para la democracia, la constitución y los derechos constitucionales, lo podemos ver cada día.

Amenaza para democracia es tu forma de "pensar":

Séneca escribió:: Un partido comunista como Podemos no debería tener cabida en democracia, es algo anacrónico en la Unión Europea, después de la caída del muro de Berlín el comunismo en Europa debería ser algo anecdótico y no estar presente en ningún gobierno democrático.

Propones la ilegalización de un partido absolutamente democrático simplemente porque no toleras sus puntos de vista.

Tus palabras demuestran que tú eres el intolerante y antidemócrata. Al menos no seas cínico y reconoce que a ti la tolerancia y la democracia te importan un pimiento.

Yo no he pedido la ilegalización de nadie, otros si han pedido la ilegalización de VOX, quien no respeta la constitución y aprueba leyes y acuerdos inconstitucionales debería tener alguna penalización como la tiene quien no respeta el código de circulación o el código penal.
Los partidos absolutamente democráticos condenan todas las dictaduras incluidas las comunistas.

Administrador Mensajes : 37951

Séneca escribió:: Yo no he pedido la ilegalización de nadie

Vaya. ¿Y cómo interpretamos esto?:

Séneca escribió:: Un partido comunista como Podemos no debería tener cabida en democracia

Séneca escribió:: otros si han pedido la ilegalización de VOX

Y hay quién le pone chorizo a la paella, pero no viene a cuento.

Séneca escribió:: quien no respeta la constitución y aprueba leyes y acuerdos inconstitucionales debería tener alguna penalización como la tiene quien no respeta el código de circulación o el código penal

¿Eso ha hecho Podemos? ¿Cómo, si es imposible? ¿Algún ejemplo?

Séneca escribió:: Los partidos absolutamente democráticos condenan todas las dictaduras incluidas las comunistas.

Bueno, al menos reconoces que VOX no es democrático. Nunca condenaron la dictadura franquista.

Podemos forma parte del gobierno de España y cuando el Constitucional dice anula leyes, decretos o acuerdos inconstitucionales, podemos esta implicado.

Las urnas estan poniendo a Podemos en su sitio a medida que los españoles les van conociendo por eso cada elección que hay, ellos bajan y si las urnas deciden que Podemos no tenga votos pues hay que respetarlo.

La dictadura franquista ya es pasado, pero la cubana, china, venezolana, nicaragüense o peruana son actualidad y Podemos no las condena.

Administrador Mensajes : 37951

Séneca escribió:: Podemos forma parte del gobierno de España y cuando el Constitucional dice anula leyes, decretos o acuerdos inconstitucionales, podemos esta implicado.

Pésima redacción. No se entiende. Es curioso que los que más odiáis sois al mismo tiempo los que peor escribís. Resulta evidente que la ignorancia alimenta el odio.

Séneca escribió:: Las urnas estan poniendo a Podemos en su sitio a medida que los españoles les van conociendo por eso cada elección que hay, ellos bajan y si las urnas deciden que Podemos no tenga votos pues hay que respetarlo.

Si lo hacen las urnas será una cuestión democrática. Pero lo de decir que otra forma de pensar no tiene cabida en democracia sólo lo defiende un antidemócrata.

Séneca escribió:: La dictadura franquista ya es pasado, pero la cubana, china, venezolana, nicaragüense o peruana son actualidad y Podemos no las condena.

Claro. Sólo hay criticar las dictaduras que a ti no te gusten. Las de los tuyos no hace falta criticarlas. Brillante.

el.loco.lucas escribió:

Séneca escribió:: Podemos forma parte del gobierno de España y cuando el Constitucional dice anula leyes, decretos o acuerdos inconstitucionales, podemos esta implicado.

Pésima redacción. No se entiende. Es curioso que los que más odiáis sois al mismo tiempo los que peor escribís. Resulta evidente que la ignorancia alimenta el odio.

Séneca escribió:: Las urnas estan poniendo a Podemos en su sitio a medida que los españoles les van conociendo por eso cada elección que hay, ellos bajan y si las urnas deciden que Podemos no tenga votos pues hay que respetarlo.

Si lo hacen las urnas será una cuestión democrática. Pero lo de decir que otra forma de pensar no tiene cabida en democracia sólo lo defiende un antidemócrata.

Séneca escribió:: La dictadura franquista ya es pasado, pero la cubana, china, venezolana, nicaragüense o peruana son actualidad y Podemos no las condena.

Claro. Sólo hay criticar las dictaduras que a ti no te gusten. Las de los tuyos no hace falta criticarlas. Brillante.

Criticar dictaduras que desaparecieron hace mas de 40 años y aplaudir a dictaduras comunistas actuales como hace Podemos nos demuestra quienes son y están con los totalitarios.

el.loco.lucas escribió:: El ridículo que está haciendo el TC es tremendo. Han perdido definitivamente el juicio y la vergüenza.

Claro para los podemitas y sanchictas que un tribunal defienda los derechos fundamentales de los españoles es un obstáculo para sus pretensiones totalitarias, pero España no es ni Venezuela ni Peru.

Administrador Mensajes : 37951

Séneca escribió:

el.loco.lucas escribió:: El ridículo que está haciendo el TC es tremendo. Han perdido definitivamente el juicio y la vergüenza.

Claro para los podemitas y sanchictas que un tribunal defienda los derechos fundamentales de los españoles es un obstáculo para sus pretensiones totalitarias, pero España no es ni Venezuela ni Peru.

No sabes lo que dices. Es tan falso como ridículo que el Tribunal haya defendido derechos fundamentales ni que haya sido un obstáculo para supuestas pretensiones totalitarias. De hecho lo que el Tribunal dijo, no es que no se pudieran establecer las limitaciones que se establecieron durante el Estado de Alarma, sino que para hacerlo se debió haber recurrido al Estado de Excepción. Algo que precisamente permite recortar mucho más los derechos y las libertades.

V.I.P. Mensajes : 20909

Pues entonces ese Tribunal no ha dicho las cosas bien claras, pues lo que dio a entender fue otra cosa.. Twisted Evil

el.loco.lucas escribió:

Séneca escribió:

el.loco.lucas escribió:: El ridículo que está haciendo el TC es tremendo. Han perdido definitivamente el juicio y la vergüenza.

Claro para los podemitas y sanchictas que un tribunal defienda los derechos fundamentales de los españoles es un obstáculo para sus pretensiones totalitarias, pero España no es ni Venezuela ni Peru.

No sabes lo que dices. Es tan falso como ridículo que el Tribunal haya defendido derechos fundamentales ni que haya sido un obstáculo para supuestas pretensiones totalitarias. De hecho lo que el Tribunal dijo, no es que no se pudieran establecer las limitaciones que se establecieron durante el Estado de Alarma, sino que para hacerlo se debió haber recurrido al Estado de Excepción. Algo que precisamente permite recortar mucho más los derechos y las libertades.

Lo que el TC ha dejado claro es que el gobierno ha violado la constitución y derechos fundamentales de los españoles, también ha dejado claro que el gobierno no puede hacer lo que quiera y eso a los totalitarios les jode mucho.

Administrador Mensajes : 37951

Nolocreo escribió:: Pues entonces ese Tribunal no ha dicho las cosas bien claras, pues lo que dio a entender fue otra cosa..

Tú no te has leído el texto de la sentencia, sólo cuatro titulares de la prensa de derechas. Así que no tienes ni idea de lo dijo el Tribunal.

Administrador Mensajes : 37951

Séneca escribió:

el.loco.lucas escribió:

Séneca escribió:

el.loco.lucas escribió:: El ridículo que está haciendo el TC es tremendo. Han perdido definitivamente el juicio y la vergüenza.

Claro para los podemitas y sanchictas que un tribunal defienda los derechos fundamentales de los españoles es un obstáculo para sus pretensiones totalitarias, pero España no es ni Venezuela ni Peru.

No sabes lo que dices. Es tan falso como ridículo que el Tribunal haya defendido derechos fundamentales ni que haya sido un obstáculo para supuestas pretensiones totalitarias. De hecho lo que el Tribunal dijo, no es que no se pudieran establecer las limitaciones que se establecieron durante el Estado de Alarma, sino que para hacerlo se debió haber recurrido al Estado de Excepción. Algo que precisamente permite recortar mucho más los derechos y las libertades.

Lo que el TC ha dejado claro es que el gobierno ha violado la constitución y derechos fundamentales de los españoles, también ha dejado claro que el gobierno no puede hacer lo que quiera y eso a los totalitarios les jode mucho.

el.loco.lucas escribió:

Nolocreo escribió:: Pues entonces ese Tribunal no ha dicho las cosas bien claras, pues lo que dio a entender fue otra cosa..

Tú no te has leído el texto de la sentencia, sólo cuatro titulares de la prensa de derechas. Así que no tienes ni idea de lo dijo el Tribunal.

Un gobierno que gobierna a base de decretos inconstitucionales son unos putos totalitarios de mierda y deberían pagar por ello, la constitución, la soberanía nacional de los españoles y sus derechos fundamentales están por encima de Sánchez y sus esbirros.

Administrador Mensajes : 37951

Séneca escribió:

el.loco.lucas escribió:

Nolocreo escribió:: Pues entonces ese Tribunal no ha dicho las cosas bien claras, pues lo que dio a entender fue otra cosa..

Tú no te has leído el texto de la sentencia, sólo cuatro titulares de la prensa de derechas. Así que no tienes ni idea de lo dijo el Tribunal.

Un gobierno que gobierna a base de decretos inconstitucionales son unos putos totalitarios de mierda y deberían pagar por ello, la constitución, la soberanía nacional de los españoles y sus derechos fundamentales están por encima de Sánchez y sus esbirros.

El Tribunal no dijo que no se pudiera hacer lo que se hizo. Dijo que se debió haber hecho de otra forma.

Eso, para alguien con un mínimo de entendimiento, significa que hubo defecto de forma, un mecanismo legal incorrecto, una cuestión técnica, pero en ningún momento se dice que lo que se hizo no se pudiera hacer.

Tampoco se debe olvidar que el Tribunal Constitucional está fuera de plazos, en situación inconstitucional por falta de renovación, con una composición política de cuando el PP tenía mayoría, que casi todos los catedráticos de Derecho Constitucional, y muchísimos jueces en ejercicio, dicen que la sentencia es política, y un disparate. Y salió por 6 a 5. Es mucho más irregular la actuación del Tribunal que la del Gobierno.

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