La derecha ante Algeciras: Feijóo vincula el crimen a la religión y Vox y Cs al origen extranjero del agresor
La ultraderecha de Vox se puso este jueves a la cabeza de las reacciones xenófobas tras el ataque cometido en Algeciras (Cádiz) en dos iglesias por un ciudadano marroquí de 25 años con antecedentes psiquiátricos que costó la vida a una persona y causó heridas a otras cuatro. PP y Ciudadanos optaron por una reacción más moderada, aunque a su manera enfatizaron la condición de extranjero pendiente de expulsión del detenido y la religión que profesa.
Muy llamativa fue la reflexión que lanzó al aire el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto en Barcelona. Después de decir que no tenía intención “de echar más leña al fuego”, declaró: ”Hay personas que matan en nombre de un dios o de una religión. Sin embargo nosotros... Desde hace muchos siglos no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias. Y hay otros pueblos que tienen otros ciudadanos que sí lo hacen”.
Las palabras de Feijóo señalando al Islam empañaron el cuidado que, unas horas antes, había puesto su secretaria general, Cuca Gamarra, a la hora de pronunciarse sobre lo ocurrido. Gamarra prefirió identificarse con el comunicado hecho público por la Conferencia Episcopal llamando a no caer en demagogias y no identificar el terrorismo con ninguna religión ni fe. No se debe hacer “ningún llamamiento que pueda alentar algo que sea negativo para la sociedad española”. “Todos debemos ser responsables en ese sentido”. Por eso Gamarra se negó “a estigmatizar a ningún colectivo por lo que haya hecho uno de sus integrantes” y criticó la reacción de Vox: “Ese no es el camino, sino combatir con toda la dureza a aquellos que cometen estos actos y que son integristas, pero respetando a aquellos que no lo son, que forman parte de nuestra sociedad”, declaró.
“El terrorismo existe”
Feijóo, además de fijarse en la religión del autor del ataque y lamentar lo ocurrido, se quejó de que el Gobierno no le hubiese informado, cuando ya habían pasado casi 20 horas desde el suceso. “El terrorismo islámico existe, todos recordamos los trenes de Atocha” y en “un país en la situación geográfica en la que estamos tiene que tratarse con mucho sentido y visión de Estado”, acertó a decir. “Reaccionar en caliente es lo contrario de una reacción meditada”. El reproche del PSOE llegó enseguida. Hay veces que “es mejor permanecer callado y parecer responsable que hablar así”, escribió la portavoz socialista y ministra de Educación Pilar Alegría en un apunte en Twitter. Advertido de las críticas que estaba recibiendo, Feijóo hizo una declaración a última hora de la tarde en la que, contradiciéndose a sí mismo, consideró “evidente que lo que ha ocurrido no tiene que ver con la religión, no se puede criminalizar ninguna religión. Una cosa es el fanatismo y otra cosa es la religión”. Tenemos un problema de integrismo islámico tanto en países occidentales como en países islámicos y “ante esto hay que luchar todos juntos”, precisó.
Las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, que motivaron el reproche de Gamarra acusaban implícitamente al Gobierno de complicidad con el ataque por abrir las puertas al islamismo. “Unos les abren las puertas, otros los financian y el pueblo los sufre”, escribió en Twitter. “No podemos tolerar que el islamismo avance en nuestro suelo”, añadió.
Culpa de la inmigración
El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, fue aún más explícito al relacionar el ataque con la inmigración irregular. “Llevamos mucho tiempo denunciando las consecuencias de esta inmigración ilegal, descontrolada”. “Hablamos de culturas incompatibles con la nuestra”, sentenció. También Ciudadanos puso el énfasis en la nacionalidad del atacante. El coordinador del grupo parlamentario de este partido en el Congreso, Guillermo Díaz, exigió en rueda de prensa que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, explique cómo es posible que el autor del atentado siguiera “deambulando” en España desde que se decretó su expulsión hace siete meses. Eso sí, exigió a los demás partidos que no aprovechen el ataque para hacer “propaganda”, que es como definió el mensaje de Vox. “No se trata de rascar nada aquí, todas las valoraciones que se hacen son propagandísticas y no se deben hacer”. PP y Cs han pedido la convocatoria del Pacto Antiyihadista, dando por confirmado que el ataque se planificó y consumó con una intencionalidad terrorista, algo que la investigación todavía no ha establecido oficialmente. Con esa reunión el principal partido de la oposición quiere que la política responda con “unidad” al yihadismo. Cs lo expresa de otro modo: quiere que la cita sirva para acordar un “contraataque democrático” frente al terror. Vox no comparte esta estrategia. De hecho, no ha firmado el Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, también conocido como pacto contra el yihadismo o pacto antiyihadista, suscrito en 2015 por PP y PSOE y apoyando posteriormente por el resto de los partidos con la excepción de ERC, PNV, Podemos e IU.
El panorama que nos ofrecen la derecha y la ultraderecha en los últimos tiempos (también es verdad que no me paro a analizar el más allá), es lo más parecido a esos cuentos que nos acunaban a la hora de dormir cuando éramos niños.
Si uno toma lo que nos están ofreciendo estos días, podrían identificarse claramente a aquellos personajes que poblaron nuestros sueños infantiles.
También es verdad que pudiera ser que estos especímenes no han llegado más allá y que esas lecturas son prácticamente las últimas que tuvieron a lo largo de su vida y por ello, imagino, su vida y sus acciones, lo que dirige sus pensamientos cuando se hicieron mayores, es todo aquel mundo fantástico del que no han podido separarse. Imaginan todo lo que les rodea como ese mundo fantástico de buenos y malos, de hadas, de brujas, de cenicientas buenas que luchan por hacerse valer, en un mundo que les intenta usurpar su felicidad. IDA es la cenicienta buena, salida de la nada, apoyada por un brujo, MAR, que habita en el más allá y al que solo ella puede llegar. Sus consejos son proverbiales y sabe que, haciendo todo lo que él le diga, conseguirá vencer a todo el mal que le rodea. Son muchos los enemigos que la acechan, todos ellos habitan en el mundo gris del mal, ese que representan los terribles socialcomunistas, filoetarras e independentistas que quieren destruir su amado pais (o Madrid, que es lo mismo) y que tienen en sus garras, ya abducidos a muchos, como todo el personal sanitario, los descendientes de aquellos a los que no les quedaba más que morir de mala manera en las residencias, a los que viven en casas que se caen, porque ¿a quién se le ocurre irse a vivir a un lugar por el que se va a construir un metro? Todas esas fuerzas del mal, seguidoras del mal supremo, tienen que ser vencidas gracias a los poderes del brujo maestro. Pero, mira tú, que ahora va y aparece otra mujer, bella como ella (o más) que parece querer hacerle sombra. "Espejito, espejito, ¿quién es la más bella de entre todas las mujeres", pregunta. Y en el espejito se le aparece MAR y le dice "No hagas caso, mi bella IDA, tú lo eres y esa advenediza pagará caro su intento. Tú solo sigue mis consejos, como siempre. ¿Alguna vez te he fallado?". Pero la pobre IDA no lo ve claro, porque al ahora rey del reino le parece que esa nueva cenicienta le hace tilín, y sabe que puede serle de utilidad para que IDA no le llegue a quitar algún día el reino y le destierre a su verde país galaico, como le profetizó cierto día una meiga de su pueblo. La nueva cenicienta va a aliarse con el rey y juntos van a pelear contra la de siempre, la defensora de la libertad, que ya ve cómo a los enemigos de toda su corta vida, los del país de las sombras, se les ha unido un nuevo enemigo, pero esta vez en su mismo reino. Mientras tanto, en el antiguo condado de Voxterra, que pertenece al mismo reino, pero es un condado aparte y que tiene sus propias leyes, el conde Abascalino también quiere apoderarse del reino y para ello se está rodeando de juglares muy graciosos en las tierras de los castellano-leoneses, vocingleros en la zona centro, mentecatos en tierras andaluzas y muchos sabios, de entre los que no sabe con cuál quedarse, porque cada uno reúne, piensa él, condiciones suficientes para arroparle. Se ha acercado a la antigua lideresa de un grupo más bien rupestre y agrícola que ya desapareció, comido por su impotencia,y en el que se hacía pasar por centrista-liberal-españolista y en el que era una flor tan potente como una rosa (de ahí su nombre), aunque luego se marchitó. También se acercó a otra lideresa venida de allende los mares, de la otra zona del Atlántico, y que llegó en bajel de oro cargado de monedas falsas (como luego pudo verse) y que se llamaba como la de Alba (antigua saga muy, muy del reino). Pero el golpe de efecto final ha sido intentar lograr el apoyo de un viejo-brujo que, aunque está en las últimas, parece querer reverdecer su pasado en las filas del país del mal (el de los socialcomunistas), pero ahora en el otro bando. A los hijos, nietos y tal vez bisnietos, de este señor-brujo, les ha dado un pataflus cuando se han enterado. "Pero abuelo, a sus años, ¿cómo se le ocurre meterse en estos líos". Y recuerdan las otras extravagancias del viejo brujo en tiempos recientes, como cuando intentaba hacerse pasar por Napoleón. "Mirad, hijos, nietos, etc, yo aún tengo mucho que aportar. La economía es mi fuerte y tenemos que conseguir que a España la admitan en la Sociedad de Naciones y tal vez en el Benelux, que, anticipo, será el origen de una Europa dirigida por el buen hacer del conde Abascalino" Y entonces, ante el ataque desaforado de ideas de grandeza que se movían por la cabeza de su padre, su hijo mayor, que ya era bastante mayor también, consiguió inyectarle un Valium y llevárselo a la cama. En fin, en este cuento todos estos personajes se mueven por interese diferentes en un fantástico mundo de ogros, brujos y brujas, lacayos, condes, lideresas y cenicientas que buscan un futuro cargado de felicidad, dinero para todos ellos y libertad, mucha libertad. Continuará...
Los violadores, que se pudran en la cárcel. Los terroristas, que se pudran en la cárcel. Los pederastas, los asesinos, los padres que matan a sus hijos. Los corruptos que no sean de mi partido. Los independentistas. Que se pudran todos en la cárcel. Penas más altas. Reformas del Código Penal cocinadas al calor de la “alarma social”. Doctrina Parot. Cumplimiento íntegro de penas. Prisión permanente revisable. Esa es la ola en la que navegamos desde hace décadas. Una ola de varios pisos de altura, rugiente. No es fácil escapar de ella ni pasarla por debajo, y menos aún surfearla a contracorriente. Lo normal es que si lo intentas y no vas bien preparado y con convicción, si dudas y te tiemblan las piernas, te lleves un buen revolcón, tragues mucha agua, acabes por ahogarte. Los que tenemos ya una edad y algo de memoria, sentimos un fuerte dèjá vu estos días. Ya pasó años atrás con los condenados por terrorismo de ETA. Les caían cientos, miles de años de cárcel, y los jueces les negaban beneficios penitenciarios aplicándolos sobre el cómputo total y no la pena máxima. Se llegó a retorcer la ley al extremo de aplicar la llamada “doctrina Parot” con carácter retroactivo. Todo muy constitucional. Hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la tumbó y empezó a “soltar terroristas”. Cada vez que uno pisaba la calle, escándalo político y mediático, y anuncios de nuevas medidas para endurecer los castigos. Cualquier cantidad de años de cárcel era pequeña cuando de terroristas se trataba. Salían después de haber pasado entre rejas 20, 25, 27 años, casi el máximo de 30 años. Insisto: 20, 25, 27, 30 años entre rejas. Daba igual: era un escándalo, estaban en la calle, se habían ido de rositas, impunidad, una burla a la víctimas y a la democracia, había que volver a retorcer la ley para condenarlos de nuevo como fuera. Lo mismo ahora con los condenados por delitos sexuales. Hace unos días salió a la calle un violador en Lleida, beneficiado por la reducción de su condena tras la nueva ley. Violador múltiple, peor aún. Un escándalo. El ruido apenas nos dejó oír que el condenado habría salido igualmente el próximo mes de julio, pues lleva casi 15 años en la cárcel. Otro similar en Asturias: excarcelado por una rebaja, sí, pero después de pasar 13 años en prisión. Aragón: salida adelantada unos meses, después de 12 años encarcelado. La mayoría de “beneficiados” ya había pasado en prisión más años de los que habrían tenido en otros países europeos por delitos similares, pero no es bastante. Que se pudran. En el caso más mediático de los últimos años, y origen de la actual ley, el de La Manada, fueron condenados finalmente por el Supremo a entre 15 y 23 años de cárcel. Habrá a quien le parezcan pocos años y quiera que se pudran. No era eso lo que reclamaban quienes se manifestaron contra el fallo inicial del tribunal navarro. En el instituto deberían llevarnos de visita escolar a una cárcel, a ver si así valorábamos mejor lo que supone un año de cárcel. Y cinco, diez, quince, veinte… Lo peor de la noticia del violador de Lleida no es que salga a la calle: es que sale sin rehabilitar. Pero de eso hablamos menos: nos importan los años de cárcel, pero no lo que sucede mientras están entre rejas, si se rehabilitan o salen igual o peor que cuando entraron. Y el problema del “que se pudran en la cárcel” es ese: que en efecto se pudran. Que salgan podridos, no reinsertados. Y hay algo peor que violadores saliendo de prisión: violadores que no llegan a entrar, por no ser condenados, incluso por no ser denunciados, por la indefensión de las víctimas, sin la protección integral que les da la nueva ley, y que es de lo que deberíamos estar hablando: de todo aquello que va a proteger mejor a las víctimas y que no es el Código Penal.
Aunque ya no sirva, aunque ya sea tarde, no renunciemos a defender ciertos principios para que la próxima vez la ola no nos pille de espaldas. Reformulemos el primer párrafo: Los violadores, que se reinserten en la cárcel. Los terroristas, que se reinserten en la cárcel. Los pederastas, los asesinos, los padres que matan a sus hijos. Que se reinserten todos en la cárcel. Y que el Código Penal no sea la única ni la principal protección para las víctimas.
Las derechas llaman desperdicio a que los ríos lleven agua hasta el mar
En su anhelo por convertir el agua en una fábrica de votos, los partidos de derechas españoles (PP y Vox) vuelven a calificar como desperdicio que los ríos lleven agua al mar. Acto seguido concluyen que ese líquido debería almacenarse con más embalses para satisfacer la sed insaciable de, sobre todo, el sector económico del regadío.
Este movimiento es recurrente cuando se acercan, como ahora, elecciones autonómicas y municipales. Así que el presidente andaluz (y también del PP en esa comunidad), Juan Manuel Moreno Bonilla, publicaba recientemente que el embalse de Olivargas libera agua y que “ya ha tirado al mar 22 hm3, lo que consume Huelva en dos años” porque no “no hay dónde almacenarla”. La provincia de Huelva es un teatro de guerra electoral donde el agua para el regadío de frutos rojos se presume pieza clave. Allí Vox creció hasta superar al PP en las elecciones generales de 2019. En las andaluzas de 2022, el PP contraatacó hasta hacerse con el 42%. Ese porcentaje le duplicaría los concejales que consiguió hace cuatro años. Poco después de la reflexión hidrológica de Moreno Bonilla, el partido de ultraderecha subió la apuesta. “Estamos desperdiciando nuestra agua”, ha dicho el diputado de Vox José María Figaredo este miércoles en el Pleno del Congreso. Se refería al agua que el Ebro o el Tajo desembocan en el mar. “En España se pierde cada año muchísima agua. Hectómetros cúbicos que son vertidos al mar sin motivo alguno”. Publicitaba así su programa electoral –que enarbolaba al hablar– dirigido a Alicante, Región de Murcia, Almería o Castilla-La Mancha. “¿Por qué quiere usted dejar a media España sin agua?”, le preguntó a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La disputa por votos en Alicante, Murcia o Almería está servida y la planificación hidrológica recién aprobada, con el trasvase Tajo-Segura de fondo, una nueva guerra del agua en la que las desembocaduras fluviales pueden ser calificadas de desperdicio hídrico. “El agua tiene que llegar al mar. Así se completa el ciclo del agua que se estudia desde la escuela”, explica el doctor en Geografía y experto fluvial Alfredo Ollero. “La función de los ríos es llevar el agua del continente al mar y el mar necesita esa agua”.
El agua es más que un recurso económico
Hablar de desperdicio, tirar, verter es “algo recurrente que denota una concepción del agua como recurso económico, como producto, e ignorando su importancia en ese ciclo y que está asentada científicamente desde hace siglos”. Dentro de esa importancia está regular la salinidad del mar, “que se altera” sin el agua dulce, aportar alimentos a la cadena marina y suministrar material. “Algo muy importante que la gente olvida a menudo es que los ríos llevan sedimentos a la costa y que los sedimentos son imprescindibles para contrarrestar la erosión y la subida del nivel del mar”, recuerda el doctor en Hidrogeología de la Universidad de Boston Sergio Fagherazzi. Fagherazzi insiste en que “los humedales costeros necesitan esas aportaciones para aumentar su elevación. Y con los embalses bloqueamos el flujo de sedimentos y se favorece la erosión. ¡Necesitamos todo el sedimento que podamos conseguir en este periodo de elevación del nivel del mar!”. Ollero coincide: “Los sedimentos son, además, los que llevan los nutrientes para los ecosistemas marinos. Los pescadores saben que cuando ha habido una crecida del río hacia el mar es cuando se dan mejores faenas”. De hecho, por más que el diputado de Vox llamara desperdicio al volumen de agua que el Ebro desemboca por su delta, en realidad llega poquísima agua y, por tanto, poquísimos sedimentos: unas 100.000 toneladas al año que suponen el 1% de lo que afloraba antes de cuajar la cuenca con presas. El delta del Ebro desaparece acosado por la erosión de la crecida del mar y sin aportaciones de arena que lo reconstruyan. El pasado diciembre se adjudicaron los trabajos para estudiar cómo llevar más sedimentos a la costa: 11 millones de euros. Y del material que traslada el Ebro al mar dependen las playas desde el delta al cabo de Cullera en la provincia de Valencia. El turismo de sol y playa. España gasta decenas de millones de euros cada año en reponer arena en playas. Hay más ejemplos de cómo la intervención humana desbarajusta las desembocaduras fluviales. “Desde la segunda mitad del siglo XX se ha intervenido tanto en los ríos que los hemos convertido en tuberías y almacenes”, describe el experto Ollero. La llegada del Segura al mar fue trastocada por obras que pretendieron obligar al río a salir como querían los humanos. El espigón se orientó equivocadamente, lo que ha derivado en un tapón de lodos.
Disputa por los votos en los regadíos
Ajena a la acumulación de evidencia científica, la disputa electoral no da tregua. Y el trasvase Tajo-Segura, directamente relacionado con que el Tajo lleve más agua rumbo al Atlántico, ha desplegado el mapa: Alicante, Almería, Murcia... En Alicante, Vox obtuvo 100.000 votos en las últimas elecciones autonómicas (un 11%), pero se quedó mucho más atrás en las municipales (un 3,6%) mientras el PP superó el 29%. Allí se disputan más de 1.600 concejales y 35 escaños autonómicos. En Almería, se ha reproducido la batalla onubense: Vox pasó de 20.000 a 80.000 votos en 2019 y se hizo muy fuerte en zonas de regadío como Níjar, El Ejido o Almanzora. Pero en 2022, el PP les comió muchísimo terreno. En la Región de Murcia, principal receptora de agua del acueducto que viene desde Castilla-La Mancha, tienen un escenario parecido.
En medio de este panorama, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, recordó en la sesión plenaria que “el agua no se tira al mar”. “Los ríos necesitan que esa agua, que es un bien ambiental fundamental, facilite los ecosistemas fluviales, facilite la actividad en sus riberas”. Y luego añadió que “los ríos no son propiedad de ninguna comunidad autónoma, son dominio público de todos y no existen cuencas excedentarias o deficitarias, en todas las cuencas la demanda siempre supera la disponibilidad”. El investigador Alberto Ollero va más allá y afirma que “tenemos la obligación de restaurar los ríos por nuestra propia supervivencia. Revertir el destrozo de los últimos 70 años”.
Así se gestó la campaña de ruido y mentiras sobre los fondos europeos desmontada (por tercera vez) por Bruselas
La primera mentira fue probablemente la del entonces eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano. El 20 de mayo de 2021, poco después de que el Ministerio de Economía enviara a Bruselas el Plan de Recuperación español para acceder a 140.000 millones de euros de los fondos del Next Generation EU (la mitad en subvenciones que no deben ser devueltas), Garicano presentó a los medios su "análisis". Decía en él, como contó en un largo hilo en Twitter, que el plan "no cumple las reglas".
Garicano no era cualquier opinador al respecto, era uno de los pocos eurodiputados que había negociado con la Comisión Europea y con los gobiernos el reglamento de los fondos. Sabía que el plan sí cumplía. Semanas después la Comisión Europea pidió a los ministros de Economía que lo aprobaran tal y como estaba. Estos así lo hicieron.
El "análisis" de Garicano fue replicado y aplaudido por una larga lista de "expertos" y economistas, los mismos que llevan tres años equivocándose o mintiendo sobre los fondos europeos siempre desde el espectro de la derecha. Mientras en Madrid, entrando el verano, se iba apagando relativamente el ruido y en Bruselas los eurodiputados se iban de vacaciones, el 17 de agosto de 2021 la Comisión Europea anunció que España recibía 9.000 millones en concepto de pre-financiación con cargo a esos fondos.
Era el primer país en recibir esas transferencias, como fue el primer país en ver su Plan de Recuperación aprobado. Desde entonces España ha seguido siendo siempre el primer país. Fue el primero que recibió el primer pago, el segundo pago y este viernes un tercer pago. Van 37.000 millones de euros en subvenciones que no deben devolverse. España recibió 9.000 millones de prefinanciación en agosto de 2021, 10.000 millones a finales de 2021, 12.000 millones a finales del primer semestre de 2022 y ahora 6.000 millones. Este año puede pedir otros dos tramos, de 10.000 y 7.000 millones, que estarán condicionados entre otras reformas a la de las pensiones. Todos los gobiernos tuvieron dificultades para que los fondos llegaran a la economía real, pero un año y medio después de su puesta en marcha los ritmos se aceleran. El Tercer Informe del Ministerio de Economía contaba la semana pasada que la velocidad de ejecución es ya de 2.000 millones de euros al mes, lo que daría para este año unos 25.000 millones de euros ejecutados. El mismo informe explicaba que se han financiado 190.000 proyectos, se han creado 150.000 nuevas plazas de formación profesional, se han contratado 2.500 nuevos investigadores, se han comprado 800 equipos de alta tecnología hospitalaria y se ha pagado la modernización digital de 113.000 pymes. El ex corresponsal del diario El País en Bruselas, Bernardo de Miguel, recordaba la semana pasada estos datos y señalaba que faltan por llegar el 77% de los fondos que España tiene asignados. La vuelta del otoño de 2021, cuando sus señorías eurodiputados volvieron a Bruselas, vio el inicio del ruido. Con los del Partido Popular a la vanguardia, empezaron a usar el mecanismo de preguntas parlamentarias por escrito para poner en duda ante la Comisión Europea el buen uso de los fondos. En varias ocasiones los comisarios responsables, Valdis Dombrovskis y Paolo Gentiloni, les respondieron que la Comisión Europea no tenía ninguna duda del buen uso del dinero. Pero el ruido siguió. Cada vez que se acercaba el momento en el que Madrid debía enviar a Bruselas la solicitud del pago de un nuevo tramo de los fondos, cuando los corresponsales explicaban qué hitos era necesario cumplir y cómo negociaban los ministros con los comisarios europeos, desde las terminales de la derecha mediática madrileña se encendía el ventilador. Llegados al otoño de 2022 se llegó a decir, falsamente, que la Comisión Europea había bloqueado los fondos. En un gesto insólito, la portavoz comunitaria sobre temas económicos tuvo que salir en Twitter a desmentir la información. La última idea del Partido Popular fue movilizar a la presidenta del Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, la conservadores alemana Monika Hohlmeier. En varias ocasiones dijo que no sabía a dónde iba el dinero, a pesar de que los comisarios Dombrovskis y Gentiloni, en comparecencias parlamentarias y por escrito, le habían explicado que no había dudas sobre el destino de los fondos. Raro es el mes en el que la Comisión Europea no envía informes al Parlamento Europeo sobre la ejecución de los fondos. Hohlmeier preside esta semana una misión parlamentaria de visita en Madrid para "investigar" dónde había terminado el dinero. Llega una semana tarde. Más de la mitad de la misión la componen eurodiputados españoles.
Cómo funciona la fiscalización
La fiscalización del uso del dinero es responsabilidad de la Comisión Europea y en última instancia de los tribunales nacionales y europeos. Cuando la Comisión considera que se cumplen los hitos y reformas para el siguiente desembolso, envía un informe al Ecofin, el órgano que reúne a los 27 ministros de Economía y Finanzas. Estos, entre los que hay liberales, populares, socialistas, ecologistas y alguno a la derecha de la derecha, como el polaco y el húngaro, siempre han validado esos informes. Maciej Berestecki, portavoz de la Comisión Europea en Madrid, contaba en enero en Bilbao, durante unas jornadas sobre el impacto de las políticas europeas en el País Vasco, que a pesar del "esfuerzo administrativo enorme" que conlleva la gestión de los fondos, el Ejecutivo europeo no había encontrado más que "algunos pequeños problemas en su distribución o la organización de convocatorias". "No vemos unos problemas grandes como para que la Comisión tenga que intervenir en el caso de España", concluía.
Ruido parlamentario
El Parlamento Europeo puede ser utilizado para el ruido, algo que los eurodiputados conservadores españoles no dudan en usar sin remordimientos y que sirve para generar titulares falsos en Madrid, pero no mueve un centímetro en la Comisión Europea. Este viernes, la presidenta de la Comisión Ursula Von der Leyen decía en un comunicado de prensa: "Doy la enhorabuena a España. Que siga trabajando así de bien, que la Comisión está de su lado". En algunos medios la frustración era tal que se llegó a decir que las buenas palabras de Von der Leyen al Gobierno español se debían a un supuesto enamoramiento de la presidenta con Pedro Sánchez. Enamoramiento que en principio debía también estar afectando a Valdis Dombrovskis, vicepresidente para temas económicos, halcón entre los comisarios y miembro del Partido Popular Europeo, que tuiteaba el viernes: "Enhorabuena España. La Comisión Europea avala la tercera solicitud de pago del Plan de Recuperación". Bruselas aplaude porque sabe que el ritmo español debería ser el de los 27 pero ningún otro país lleva esa velocidad. El cuadro económico que maneja la Comisión Europea muestra que sólo España tiene ya preliminarmente aprobado el tercer pago, que debería certificarse definitivamente en un Ecofin a finales de marzo.
Tercer pago aprobado: España.
Segundo pago aprobado: Italia.
Primer pago aprobado: Chipre, Croacia, Grecia, Francia, Letonia, Lituania y Portugal.
Prefinanciación: Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Luxemburgo, Malta y Rumanía.
No han recibido nada: Bulgaria, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Polonia y Suecia.
Igual el policia no se infiltró en el bando adecuado.
Una docena de denuncias por el ataque con ácido en el homenaje a Guillem Agulló y el agresor sin identificar
Más de 48 horas después del lanzamiento de un líquido abrasivo sobre las 250 personas que participaban en un homenaje a Guillem Agulló, la Policía Nacional sigue sin identificar al autor o autores de los hechos. Resultaron afectados cerca de una decena de asistentes al acto en memoria del antifascista, asesinado por la extrema derecha en Montanejos en 1993. Fuentes de la investigación han informado a elDiario.es que hasta el momento se han registrado una docena de denuncias y mantienen que no ven una motivación política en el suceso, sino una reacción que se produjo como consecuencia del ruido y la música del evento. Como informó elDiario.es, el Centro Social Terra, entidad con 22 años de arraigo en Benimaclet plenamente integrado en el tejido asociativo de este combativo barrio que saltó a la polémica recientemente al conocerse que un agente de la Policía Nacional se infiltró el colectivos vecinales y antifascistas de la zona, fue el organizador del actividad. Desde la entidad destacan que son muy cuidadosos con las molestias que pueden generar y que precisamente por eso se optó por hacerlo durante la mañana y la tarde. Así, hubo una calçotada popular que contaba con los correspondientes permisos en la calle Reverendo Rafael Tramoyeres. El lanzamiento del ácido se produjo casi a las 19.00 horas, cuando estaban a punto de finalizar la actividad. Llama la atención la dificultad policial para identificar al autor, cuando según el relato de testigos presenciales, “dos policías subieron al edificio desde donde se había lanzado la sustancia, en la calle Reverend Tramoyeres, e inspeccionaron todos los pisos del edificio, de tres plantas”. Hubo únicamente “un vecino que no abrió la puerta, según nos dijeron”. Por supuesto, “el piso del vecino que no abrió la puerta era el que todos señalábamos con el dedo: estaba claro que nos lo habían tirado desde ahí”. Según este testigo, así se lo dijeron a los agentes, quienes, para au sorpresa, les contestaron: “sabemos quién ha sido. Te puedo decir hasta el piso y la puerta”. Según el parte de lesiones que una de las afectadas ha adjuntado a una denuncia, al cual ha tenido acceso este diario, “presenta eritema bien delimitado en pómulo izquierdo, párpado superior izquierdo y frente”. Además, “las lesiones que presenta en pómulo son circulares, de un centímetro de tamaño, dolorosas a la palpación” y el “párpado superior izquierdo doloroso a la palpación con leve inflamación”. El diagnóstico es “corrosión de región anatómica de grado no especificado” y se le receta Furacín pomada asociado a “quemadura química”.
Ribó lo califica de “acto de terror”
Las máximos responsables políticos del Ayuntamiento de València condenaron los hechos este lunes. El alcalde de València de Compromís, Joan Ribó, calificó de “intolerable” y de “acto de terror” el lanzamiento de líquido corrosivo: “Espero que la Policía localice al autor y sea sancionado, es intolerable”. La vicealcaldesa socialista, Sandra Gómez, mostró su “más firme condena a los intolerantes, a los violentos y a los agresivos” y su total apoyo “a todos los vecinos y vecinas”. Además, añadió que “esta ciudad es abierta, tolerante, diversa y plural cuando además se está rindiendo homenaje a una persona que fue asesinada por los intolerantes, por eso más que nunca debemos rechazar frontalmente cualquier acto violento”.
“Deje ya de molestar a la gente de bien y de meterse en las vidas de los demás”, dice Alberto Núñez Feijóo en una frase que le define, que explica cómo ve España el líder de la oposición. Es pura lógica elemental: si en la cabeza de Feijoo existe la “gente de bien” –y es aquella indignada con lo que aprueba la mayoría absoluta del Parlamento español–, es porque también existe la “gente de mal”. Ya saben, todas esas malas personas que votan a las izquierdas y a los nacionalistas catalanes y vascos: a la decena de partidos (186 diputados, mayoría más que absoluta) que respaldaron esa ley trans que tanto molesta a Feijóo. Se supone que todos los españoles somos iguales ante la ley, dice la Constitución. Pero nuestros autodenominados “constitucionalistas” se quedaron en la monarquía y en lo de la “indisoluble unidad” de España. No leyeron mucho más. Su Constitución es tan pequeña y excluyente que acaba en el artículo 2. Tampoco ha entendido bien Feijóo en qué consiste eso de “meterse en las vidas de los demás”. Porque es justo lo que él está haciendo, con su oposición a una ley que amplía derechos, no los limita. Al igual que antes ocurría con la ley del matrimonio igualitario, ejercer esos derechos no es obligatorio: es opcional. Nadie va a forzar a Feijóo a que se inscriba en el Registro Civil como “progenitor no gestante”, igual que nadie obligaba a los obispos españoles a casarse con otro señor. Tal vez sea demagogia: que Feijoo sea plenamente consciente de la verdad y utilice este argumento populista como arma electoral a sabiendas de que es falso. O tal vez sea un problema de comprensión lectora elemental. Porque solo desde la demagogia o la ignorancia se puede interpretar que ese cambio en el Código Civil del que Feijóo se mofa y que sustituye “padre” por “padre o progenitor no gestante” y “madre” por “madre o progenitor gestante” implica anular la palabra padre y madre del vocabulario o la ley. ¿Qué gramática española estudió Feijóo? ¿Qué idioma distinto al mío habla el líder de la oposición para no entender que esa conjunción disyuntiva indica una opción, no una obligación? ¿Que no se trata de eliminar a padres y madres, sino de reconocer derechos a otras familias distintas a las que Feijó considera “de bien”? No solo los derechos de las personas trans. También los de esos hijos con dos madres o dos padres: familias españolas con los mismos derechos que las demás. A pesar de la derecha, que durante años los quiso en el armario, y se opuso con todas sus fuerzas a que pudieran casarse o adoptar. Feijóo tampoco está siendo demasiado original con esta división entre la “gente de bien” y la de mal, entre los “españoles de bien” y los demás. Es una visión de España donde no todos los españoles cabemos, una construcción nacional excluyente y antidemocrática que la derecha y la extrema derecha han mantenido desde hace ya siglo y medio. Que empezó a finales del XIX, con aquella definición de la “antiespaña” del reaccionario Marcelino Menéndez Pelayo. Esos malos españoles que el nacional catolicismo identificó con la izquierda y el nacionalismo vasco y catalán. Exactamente igual que hoy. La nación fue en su concepción una idea progresista. Que arranca con la Revolución Francesa, que convierte a los súbditos en ciudadanos y al pueblo en soberano. Cuando llegó a España, la primera reacción de la derecha fue negar esa posibilidad y defender la monarquía absoluta anterior (y al nefasto Fernando VII, el rey felón). La segunda fue intentar una construcción nacional basada en la identidad católica y en la exclusión de quienes no pensaran igual. De negar la nación –esa idea liberal afrancesada– la derecha española mutó hacia el nacional catolicismo y, después, al franquismo. Y el poso de esa construcción excluyente de la patria sigue vivo en la derecha actual: en sus ideas y en sus discursos. En una visión de España donde media España sobra, porque “molesta” a la España “de bien”. En 2007, Mariano Rajoy convocó “a los españoles de bien”, a “los españoles normales”, a manifestarse contra ese presidente que acabó con ETA, y al que la derecha insultaba como “zETAp”. En 2019, fue Santiago Abascal quien abogó por dar armas “a los españoles de bien” para que pudieran defenderse (de los españoles de mal, es de suponer). Después fue Pablo Casado quien tachó al presidente de “antipatriota”, “traidor” y “felón”, y llamó a los “españoles de bien” a manifestarse contra Sánchez. Y es ahora Alberto Nuñez Feijóo quien sigue esta nefasta tradición y acoge como propia esa visión excluyente donde quienes no piensan igual que él son malos españoles. Gente sin principios. Gente de segunda. Gente con menos derechos que los demás. Todo esto, mientras Feijóo apela al centro, al diálogo y a la moderación.
El PP intenta engordar el caso Mediador mientras obvia la trama Kitchen y exime a la alcaldesa de Marbella
El Partido Popular ha encontrado en el caso Mediador la palanca para inocular en la agenda mediática y política el virus del “todos son iguales” en plena precampaña del 28M. La trama, que supuestamente cobraba comisiones por poner en contacto a empresas con administraciones públicas en Canarias, ha sacudido a todo el Grupo Socialista en el Congreso al estar directamente implicado uno de sus diputados, ya dimitido. Pero el PP pretende convertirlo en un escándalo nacional, e incluso internacional, que implica a Pedro Sánchez y a la UE. Todo, mientras defiende a la alcaldesa de Marbella o ve “muy bien” que Feijóo y su candidata en Baleares, Marga Prohens, compartan mesa y mantel con un imputado por corrupción.
“Toda España está mirando hacia la bancada de la izquierda preguntándose quién es quién en la organización criminal”. La frase es de la petición formal de una comisión de investigación registrada el miércoles por el PP en el Congreso con la intención de dirimir “las responsabilidades políticas” que puedan existir sobre el caso Mediador. El PP reclama “ejemplaridad” máxima al PSOE. Que caiga cualquiera relacionado aunque sea de soslayo con las personas implicadas en la supuesta trama.
El contenido de la petición se cimenta básicamente en el uso de las instalaciones del Congreso que pudo hacer el diputado dimitido, Juan Bernardo Fuentes, alias Tito Berni, quien quedó la semana pasada en libertad con cargos. Nada más saltar el escándalo, el PSOE le reclamó el acta de diputado, pero diversas informaciones aseguran que algunas cenas organizadas por él y a la que asistieron otros diputados pudieron ser pagadas por los empresarios que, supuestamente, pagaban mordidas a cambio de contratos. Pese a que la investigación judicial está en principio acotada a posibles irregularidades en la administración de Canarias, el PP eleva el tiro y apunta directamente a Pedro Sánchez “en su triple condición de presidente del Gobierno, del Grupo Socialista y secretario general del PSOE”. “No puede eludir dar explicaciones y asumir responsabilidades políticas y más aún si cabe porque el presunto cabecilla de la trama es (...) un relevante miembro del PSOE y diputado”, apunta el escrito registrado en el Congreso. El texto sigue y afirma que el escándalo, que podría estar relacionado con el destino de alguna partida de fondos europeos, “daría la razón a la UE sobre las sospechas sobre España y la transparencia de la gestión de esos fondos”. Unas “dudas” que no han sido expuestas por la misión del Parlamento Europeo que ha visitado España hace escasos días. El PP reconoce en su escrito que “la trama se centraba en empresarios con expectativas de negocio en la Zona Especial de Canarias, caracterizada por sus especiales beneficios fiscales”. Pero añade, siempre con el uso del condicional: “Diversos ministerios también estarían salpicados por la sospecha”. El martes, el PP ya pidió las comparecencias parlamentarias de varios ministros y registró decenas de preguntas a todos los departamentos para intentar introducir al Gobierno en la trama.
Feijóo, en Ibiza con un imputado
El texto de la petición de la comisión de investigación se sumaba a las declaraciones de la secretaria general, Cuca Gamarra, en la rueda de prensa en la que anunció la iniciativa y en la que dijo: “Parece que el PSOE ya lo sabía y ha buscado desde el principio minimizar los daños y no investigarlo”. Gamarra puso como ejemplo de mala praxis que se hayan producido dimisiones en algunos niveles territoriales canarios, ya que revelaría que alguien filtró información de una investigación secreta que afecta, además, a un alto cargo retirado de la Guardia Civil. La 'mano derecha' de Feijóo en el Congreso incidió en que lo ocurrido afecta a todo el grupo parlamentario porque algunos diputados (15, según las primeras informaciones) podrían haber cenado con algunos empresarios quizá relacionados con la trama, y sin que esté de momento demostrado que sabían nada al respecto. Pero el PP no ve ningún problema en que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, comparta acto, mesa y mantel, con un imputado por corrupción y de su propio partido: el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí. Ambos coincidieron este domingo en un acto de precampaña en la isla balear. Y se sentaron en la misma mesa: la presidencial. Junto a ellos, la candidata autonómica del PP, Marga Prohens, y el presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó. Estos dos últimos dedicaron elogiosas palabras al investigado por la Justicia. “Quiero para los próximos años en nuestra isla la tranquilidad de Vicent Marí gobernando el Consell Insular”, dijo Marí Bosó. “Gracias por lo que has conseguido”, añadió Prohens, que concluyó: “Los ibicencos te reconocen, te estiman y quieren que seas su presidente. Por eso yo y este partido necesitamos que sigas siendo el alcalde de alcaldes. Pero sobre todo que sigas siendo Vicent Marí”. Gamarra, preguntada por cómo podían sembrar dudas sobre todo el Grupo Socialista por la cena referida, mientras su propio jefe de filas comparte mesa con un investigado que además preside una administración pública, se limitó a responder: “Me parece muy bien que comiera con él”.
De la Kitchen a la alcaldesa de Marbella o la 'número tres' de Ayuso
Los intentos del PP de elevar de categoría la tormenta del caso Mediador coinciden también con el escrito final de la Fiscalía Anticorrupción en la instrucción del caso Kitchen, la investigación judicial sobre el uso del Ministerio del Interior durante los Gobiernos de Mariano Rajoy para tapar la corrupción del caso Gürtel, los papeles de Bárcenas que confirmaban los sobresueldos de los dirigentes del PP y, de paso, fabricar pruebas contra Podemos o dirigentes de partidos independentistas catalanes. Anticorrupción pide para el exministro Jorge Fernández Díaz y el que fuera su 'número dos', Francisco Martínez, 15 años de cárcel. Un éxito, en parte, para el PP, que ha logrado dejar fuera a la posible X del caso ya que el juez Manuel García Castellón desimputó a María Dolores de Cospedal, pese a la insistencia de la Fiscalía, y ni siquiera llamó a declarar a Mariano Rajoy. Para el PP, el caso Kitchen es algo del pasado. “Tiene bastantes años, no es actualidad y no hay nada nuevo”, dijo Cuca Gamarra. Y añadió: “Está claro cuál es la actualidad y dónde están las responsabilidades políticas y las explicaciones que se deben pedir y exigir”. El PP tampoco encuentra motivos para exigir explicaciones a la alcaldesas de Marbella, Ángeles Muñoz, cuyo marido ha sido procesado por la Audiencia Nacional por blanquear supuestamente dinero del narco. El hijo de él (“la ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”) también está procesado en el mismo caso, relacionado con el narcotráfico sueco. Muñoz, cuyo millonario incremento patrimonial no declaró hasta que lo desveló elDiario.es, será la candidata del PP para revalidar la alcaldía de la ciudad malagueña. Ha recibido el respaldo de Feijóo, del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y del coordinador general del PP, Elías Bendodo. Estos dos últimos, como ella, crecieron políticamente en la provincia de Málaga. Muñoz ha sido la anfitriona de los jefes del PP en la Marbella del lujo. Ángeles Muñoz pretende silenciar a elDiario.es y ha demandado tanto al medio como a los periodistas que han informado tanto del proceso judicial contra su familia como de su creciente y millonario patrimonio, que ha logrado supuestamente con sus dietas como alcaldesa y el sueldo de senadora. Este mismo miércoles, Gamarra ha insistido en que Ángeles Muñoz no tiene “ningún procedimiento penal” abierto y en que “ha dado todas las explicaciones sobre el patrimonio”. Para justificar que hablen del caso de Canarias y no del que afecta a su destacada alcaldesa, la secretaria general dijo que “el caso de Tito Berni está ”en todas las portadas y en la televisión“ y que ”todos los periodistas escriben y se preguntan sobre esos 15, cinco o tres diputados del PSOE“ y que es ”evidentemente de lo que se lleva hablando los últimos días, mañana, tarde y noche, en todos los medios, en las cafeterías y restaurantes“. Lo de “Tito Berni” es una idea de la factoría Isabel Díaz Ayuso. Cuando la dirección nacional del PP todavía se plantaba qué hacer con el caso Mediador, la presidenta de la Comunidad de Madrid marcó el paso (una vez más) a Feijóo al señalar que este proceso “va a terminar con el Gobierno” y al señalar directamente a Pedro Sánchez. Pero mientras nada relaciona, de momento, a Sánchez con el diputado canario, Ayuso designó como su 'número tres' en el PP de Madrid a una imputada por corrupción, incapaz de explicar movimientos bancarios por valor de miles de euros. Es la actual alcaldesa del municipio de Arroyomolinos, Ana Millán. El 28 de mayo, repetirá como candidata. Otro asunto relacionado con Ayuso que no pone en duda la “ejemplaridad” de nadie es el de la comisión que recibió su hermano de una empresa que contrató en plena pandemia con la Comunidad de Madrid. El último que pidió cuentas a la 'lideresa' fue el entonces presidente del PP, Pablo Casado. Menos de una semana después, los barones del partido lo dimitieron y colocaron en su lugar a Alberto Núñez Feijóo.
Que nadie es la patria, aunque todos los somos ya lo escribió Borges. Unos más que otros, claro. “La patria, amigos, es un acto perpetuo como el perpetuo mundo”. Lo que no es patria son los símbolos. Todo mejoraría si descubriéramos el verdadero sentido de esa palabra que tanto gusta a los que defienden lo indefendible y justifican lo injustificable; a los corruptos; a los engreídos y a los próceres de una nación que para ellos es grande y libre y para el resto, diminuta y cautiva. Hay más patria en los que echan 12 horas en el tajo por un mísero sueldo que en muchos de los que exhiben con orgullo la bandera en sus muñecas y se jactan de hacer marca España por presidir una empresa del Ibex. La lista de más de 30.000 declarantes que legalizaron dinero negro tras pagar a Hacienda, en ocasiones, menos del 3%, gracias a la amnistía fiscal que el Gobierno del PP aprobó en 2012 está llena, seguro, de patriotas. De los de la bandera, de los que se emocionan con el himno, pero en el fondo demuestran que su única patria es el dinero. Estos días el Gobierno está que trina porque Ferrovial, la multinacional española en manos de la tercera fortuna del país, ha decidido trasladarse a Países Bajos con excusas de mal pagador. Por ejemplo, la falta de seguridad jurídica, como si España fuera la Guinea de Obiang. Por ejemplo, que le es más fácil saltar desde allí a la bolsa norteamericana. Por ejemplo, que gran parte de su negocio ya está fuera de nuestras fronteras. Pero nada dicen, sin embargo, de su abultada deuda y que según todos los expertos es el motivo de peso que esconde la controvertida decisión. Nada hay en las normas comunitarias que impida el traslado de una compañía que ha hecho de la obra pública española su principal fuente de negocio desde los años 50 del siglo pasado. De ahí que la vicepresidenta económica haya echado en cara al presidente de la multinacional su traslado. “Se lo debe todo a España”, ha dicho Nadia Calviño Pero solemnizar lo obvio en este caso parece que, a juzgar por la reacción de la derecha política, es una ofensa. No se entiende, teniendo en cuenta que algún día volverá a ser Gobierno, el entusiasmo con el que el PP ha acogido la decisión de Ferrovial y dejado caer de paso que habrá más empresas que sigan su camino. Es una vergüenza la deslealtad de la compañía con España y es una vergüenza que la derecha muestre por ello una satisfacción contenida y aproveche para culpar de ello al Gobierno, en lugar de poner negro sobre blanco la ausencia de una armonización fiscal europea que impida la deslocalización de las empresas para optimizar su factura fiscal. España deja cada año de recaudar 4.000 millones de euros por la elusión fiscal que practican los grandes grupos al desviar parte de sus beneficios a paraísos fiscales o países con bajas tributaciones, según datos del think tank norteamericano National Bureau of Economic Research (NBER). Pero no fue el único. Alemania dejó de ingresar un 29% del total de lo que recauda por Sociedades; Francia, el 22% e Italia, un 18% mientras que Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Suiza y Luxemburgo -territorios con menores tributaciones- recibieron 465.000 millones de los mercados emisores.
Se trata de un debate abierto hace lustros. De ahí la iniciativa de Bruselas para aplicar un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades de toda la UE, que ha sido bloqueada en no pocas ocasiones por algunos Estados miembros. De eso debiera estar hablando la derecha española: del daño causado por Ferrovial a las mismas arcas públicas de las que ha vivido durante décadas y de cómo neutralizar la competencia fiscal en la UE . Pero, claro, la patria para ellos, como para la familia Del Pino y otros muchos, solo es el dinero.
Las cloacas del Estado indagaron la vida sexual de un periodista que investigó el caso Taula
Matar al mensajero ante las graves acusaciones que se desvelaban en el caso Taula. El sumario del caso Kitchen, en el que se investiga las maniobras del Ministerio de Interior durante la etapa del Partido Popular junto al excomisario Villarejo para obtener la información en poder del extesorero Luis Bárcenas, ha desvelado que las cloacas del Estado investigaron en 2016 la vida sexual del periodista Juan Nieto, que entonces cubría la información de tribunales en la edición valenciana del periódico "El Mundo" y que después también trabajó paraLevante-EMV. El sumario del caso Kitchen revela una conversación entre el número dos del Ministerio de Interior, Francisco Martínez, y el jefe de la Unidad Central Operativa UCO) de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy en la que, entre comentarios claramente homófobos, comparten información sobre la orientación sexual del periodista, según reveló anoche el diario digital "Infolibre". Igualmente, Martínez y Corbí se hacen eco en la conversación por la aplicación de mensajería de un bulo que extendieron las defensas del caso Taula, en concreto las pertenecientes a la pieza del presunto pitufeo que se imputaba al medio centenar de concejales y asesores del Ayuntamiento de València, sobre la supuesta (y falsa) relación entre el periodista y varios destacados juristas de València, para intentar desprestigiar el trabajo del profesional de la comunicación sobre esta macrocausa de corrupción que comenzó a investigarse en 2014. El caso Taula estalló el 26 de enero de 2016 cuando se detuvo a 24 personas, entre ellos el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, la exconcejala de València Maria José Alcón, así como la secretaria municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia Mari Carmen García Fuster -que fuera mano derecha de Rita Barberá-, además de practicar una treintena de registros. El caso afectó a la exalcaldesa de València, Rita Barberá, que llegó a declarar ante el Tribunal Supremo por el presunto pitufeo, después archivado por la Audiencia de València, dos días antes de fallecer el 23 de noviembre de 2016. No ha sido la única situación de acoso a la que se ha tenido que enfrentar el periodista en su dilatada carrera. Los responsables de una consultora de comunicación, implicada en la presunta financiación ilegal de la campaña del PP del Ayuntamiento de València en 2011 (que sí se juzgará por la Audiencia), demandaron por la vía civil al periodista Juan Nieto, por una colaboración con las empresas de la trama Gürtel, y lograron que se le condenaron en primera y segunda instancia, aunque el Tribunal Supremo anuló ambas sentencias. El periodista, que actualmente trabaja en la edición valenciana del periódico "El Español" declina comentar detalles de estos graves hechos, aunque asegura estar "estupefacto" ante las revelaciones del sumario del caso Kitchen y confirma a Levante-EMV que emprenderá acciones legales contra los dos protagonistas de la conversación homófoba por intromisión en su intimidad y para denunciar "unas prácticas que no representan la vocación de servicio a la ciudadanía que representa la Guardia Civil". De hecho, Nieto es hijo, nieto y sobrino de agentes de la Guardia Civil. Un detalle que consideraban "curioso" los dos protagonistas de la conversación homófoba recogida en el sumario Kitchen. La gravedad de la información provocó ayer una catarata de apoyos al periodista Juan Nieto, además de dos comunicados de apoyo de la Unió de Periodistes Valencians y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Ambas asociaciones de periodistas condenan "rotundamente la violación de la intimidad y el espionaje padecido por el periodista Juan Nieto por parte de la dirección de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, lo que supone un claro menosprecio al derecho de información y una amenza a la libertad de expresión".
Para la asociación de periodistas valencianos, "es intolerable que en un Estado democrático se produzcan hechos com los revelados y que suponen un claro ataque al trabajo que han de hacer los periodistas". Y concluyen que la gravedad de los hechos relatados supone un ataque a dos de los derechos reconocidos por la Constitución Española: el primero, el intento de menoscabar el derecho a la información libre y veraz a la ciudadanía, blindado en su artículo 20, así como el derecho a la intimidad, recogido también en la Constitución en su articulo 18". La Unió de Periodistes yla FAPE muestran su apoyo a Juan Nieto y expresan su solidaridad ante el ataque sufrido por hacer su trabajo. La investigación ilegal sobre el periodista también ha provocado reacciones políticas. La vicealcaldesa de València y candidata socialista a la alcaldía, Sandra Gómez, ha exigido a la candidata del PP, María José Catalá, que dé "explicaciones" sobre las supuestas "prácticas mafiosas" ejercidas contra un periodista "por investigar la corrupción de los 'populares' valencianos y de la exalcaldesa de la ciudad, Rita Barberá", según informa la Agencia Europa Press. Al respecto, Sandra Gómez ha aseverado: "Sinceramente, como demócrata, estoy totalmente consternada con la información sobre grabaciones de espionaje a periodistas que simplemente realizaban su trabajo, que era destapar los casos de corrupción del Partido Popular". Gómez ha manifestado, a través de un comunicado, su apoyo "a todos los profesionales que han sido víctimas de las redes de espionaje de los gobiernos del Partido Popular utilizando las cloacas del Estado para extorsionarles y amenazarles". Por su parte, la portavoz del PP en València, María José Catalá, a preguntas de los periodistas sobre esta cuestión, ha señalado que ella "no ha ostentado ninguna responsabilidad en el Ministerio de Interior hasta la fecha" ni tiene "intención de hacerlo", por lo que "desconoce" el procedimiento. En respuesta a Gómez, ha agregado: "No sé si ella pretende contestarme a cuando le pido explicaciones" sobre el caso Mediador.
Los mensajes del ex número dos de Interior retratan cuatro años de guerra sucia del PP en el Gobierno
Por segunda vez en la historia, un ministro del Interior se sentará en el banquillo de los acusados. El primer titular de la cartera con Mariano Rajoy, su amigo Jorge Fernández Díaz, y el número dos de éste, Francisco Martínez, se enfrentan a una condena de quince años de cárcel, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción en relación con el espionaje parapolicial a Bárcenas con fondos reservados. Solo los socialistas José Barrionuevo y Rafael Vera fueron juzgados, y condenados con una petición superior (23 años), por el terrorismo de Estado de los GAL, financiado igualmente con el dinero destinado a la seguridad nacional.
El teléfono móvil requisado a Martínez por los investigadores del caso Kitchen muestra el recorrido cronológico de una cruzada contra independentistas y políticos de izquierda y por una trama de corrupción para favorecer al Partido Popular desde el Gobierno entre 2012 y 2016. La noticia, tres años después, de que Martínez iba a ser imputado dio pie a un nuevo escenario en la trama, la del reparto de responsabilidades: “el marrón” no se lo va a comer solo, el número dos de Interior ha sido “leal” a Rajoy y Cospedal. “Soy un pringao utilizado”, le confesó a una amiga.
Esa frase aparece en los chats que han comenzado a publicarse esta semana, de los que la Unidad de Asuntos Internos había seleccionado con anterioridad pasajes para incorporar a sus atestados del caso Kitchen. Pero en esas conversaciones completas hay más: nuevas pruebas de la estrategia del Gobierno de Mariano Rajoy para atacar a los líderes del proceso soberanista en investigaciones extrajudiciales y otra para fabricar casos contra los fundadores de Podemos. Las operaciones parapoliciales en Catalunya apenas han tenido reflejo en un par de causas en juzgados locales; las maniobras contra Podemos siguen huérfanas de una investigación judicial. El magistrado García Castellón se ha negado a perseguir ambas en el marco del caso Villarejo, al tiempo que ha insistido hasta lograr circunscribir Kitchen a un operativo ideado y desarrollado en el Ministerio del Interior, de espaldas de Génova y el Palacio de la Moncloa, según él. Quince años de cárcel por malversación, revelación de secretos y delitos contra la intimidad es la petición de Anticorrupción para Fernández Díaz, Martínez y el director adjunto operativo de la Policía en aquella época, Eugenio Pino. Los intercambios de mensajes entre estos dos últimos, en los cuatro años de la guerra sucia, retratan las maniobras parapoliciales que desveló elDiario.es el 30 de noviembre de 2014. En pleno ecuador de aquella estrategia, este medio desveló que un grupo secreto de policías buscaba información comprometedora de políticos separatistas al margen de cualquier causa judicial. El objetivo era entregar pruebas de origen dudoso a determinados medios para desgastar al adversario. “Jefe, ya me están ofreciendo la cuenta del Errejón, pero con la condición hablada esta mañana de que salga en uno de los dos periódicos”, le dice el director operativo de la Policía al secretario de Estado de Seguridad el 20 de abril de 2016. “Eso no será problema”, contesta el político. Cuatro días antes, el Tribunal Supremo había tumbado la querella del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra el citado fundador de Podemos y Pablo Iglesias, que incluía el dosier PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), pero el Ejecutivo de Rajoy no cejaba en su empeño de sabotear un posible acuerdo para formar Gobierno entre el PSOE y los aludidos. El patrón contra Podemos había sido ensayado durante cuatro años para contrarrestar el auge separatista en Catalunya. En aquellos días de 2016, la brigada política compaginaba ambos frentes. “Nos aparecen cuentas de Convergència en Suiza. A nombre de Forum y Catdem [una fundación que había sido registrada meses antes]”, escribe el policía. “¿De verdad?”, se entusiasma el número dos de Interior. El comisario promete “papeles”, que es lo que reclama el número dos de Interior. Dos semanas después, la información se revela falsa, como reconoce Pino: la fundación no tiene cuenta en Suiza, pero en su obcecación, el policía insiste en que la tuvieron y en que van a seguir investigando en esa dirección, fuera de todo proceso judicial, solo con el interés de que salga publicado. El político, su jefe, le da el visto bueno. Ya había ocurrido en 2014 cuando un banco suizo negó que existiera la supuesta cuenta falsa de Trias que la brigada política obtuvo y filtró.
Policías ultras y un político ambicioso
Pino había sido el jefe de los antidisturbios en los Gobiernos de Aznar, obsesionado con la unidad de España y admirador de las legiones romanas. Resultó el comisario elegido por el Ejecutivo de Rajoy para dirigir la Policía. Sin él no se entiende el funcionamiento de aquella brigada política. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción pide también 15 años de cárcel para él por su participación en el espionaje a Bárcenas. Francisco Martínez llegó a la política de la mano de Soraya Sáenz de Santamaría, a la que conoció en el Congreso por su puesto como letrado de las Cortes. Al alcanzar el Gobierno, el PP pensó que por su formación podía ejercer un buen papel como jefe de gabinete de Fernández Díaz, amigo personal de Rajoy y especialista en crear embrollos con sus declaraciones. Pronto, el brillante estudiante de universidad privada quedó deslumbrado por un mundo de espías y secretos oficiales que le era totalmente ajeno y que le llevó a desbordar sus cometidos oficiales. A eso se sumó que un año después de llegar a Interior, el primer secretario de Estado, Ignacio Ulloa, letrado del Tribunal Constitucional, dio un portazo al detectar lo que se estaba gestando en el Ministerio. Martínez ascendió a número dos de Interior y se puso al frente de un grupo de mandos policiales fuertemente ideologizados, una característica que, por otra parte, no les había impedido traspasar la línea de la legalidad con gobiernos de cualquier signo. Ya en la secretaría de Estado de Seguridad, y ante la debilidad política de Fernández Díaz, Martínez aspiró a sucederle. El político novato aprecia en aquellos comisarios, depositarios de tantos secretos, una palanca para cumplir sus objetivos. Se salta la escala de mando continuamente y les trata personalmente. Incluso intenta mimetizarse con su forma de hablar y pensar, chulesca y carpetovetónica. Ellos llevan manipulando voluntades toda su vida profesional. Con las misiones que les encomienda ese Gobierno liberan las convicciones ultras que siempre han tenido y además sacan partido profesional y económico de ello: todos serán condecorados con medallas pensionadas y algunos premiados con destinos dorados. Enrique García Castaño lleva ofreciéndose a realizar encargos especiales a todos los Gobiernos casi cuarenta años. Con el PP ha participado en la Operación Catalunya, en la Kitchen y en las maniobras contra Podemos. En plenas negociaciones políticas para relevar al PP, el comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo ofrece a Martínez información que mancharía la reputación de candidatos de Podemos.
Buscar “antecedentes” a Podemos
El 30 de enero de 2016, el secretario de Estado de Seguridad le pregunta: “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo?” García Castaño le contesta que “nada”. “¡Cagüenlaputa!”, exclama Francisco Martínez. Unos días más tarde, Martínez le recuerda: “Sería muy interesante saberlo… Y si han estado en temas abertzales temas de extremismo violento, etc…”. Hacía unos días dos medios digitales habían publicado el contenido del informe PISA, un dossier sobre la supuesta financiación en Irán y Venezuela de Podemos que despreciaron los tribunales y que había confeccionado aquella Policía del PP. El contenido más relevante para la investigación del caso Kitchen –el espionaje a Bárcenas con fondos reservados– había sido extraído del teléfono por la Unidad de Asuntos Internos para incorporar a sus atestados. El juez Manuel García Castellón impuso en su momento severas medidas que impedían a las partes acceder al contenido del teléfono del ex secretario de Estado de Seguridad en su totalidad, pero ahora, cuando se divisa el juicio de Kitchen, el magistrado ha decidido que solo los chats de los que se extrajeron algunas frases para los informes policiales sean conocidos en su totalidad por las partes. Su contenido, por tanto, podrá ser esgrimido en el juicio. Icíar Castro Álvarez es una alta funcionaria, con plaza en el Congreso de los Diputados, a la que su buen amigo Francisco Martínez se llevó a Interior para integrar el gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad. Castro Álvarez debía haber declarado como testigo, pero el cierre inesperado del caso Kitchen que decretó García Castellón el 29 de julio de 2021, aún con diligencias por practicar, le ahorró el trance. Castro no es una pieza relevante de los manejos de aquel Ministerio, pero la gran proximidad a Martínez hace que el chat entre ambos resulte muy revelador sobre la situación en la que se encuentra el secretario de Estado próxima a su imputación, abandonado por todos a los que sirvió: en el Gobierno y en el partido. Martínez: Soy un pringao utilizado. Icíar: Qué hijosdelagranputa. Nadie te obliga a mantener lealtad a un miserable. Martínez: O varios (…) Ya, pero eso no me exonera, Ici. Icíar: Lo sé, esa es la putada. Pero tú no tienes que asumir lo de otros. Martínez: Ya lo sé, pero el hijoputa me grababa a mí. Icíar: Pero tú no has hecho nada por tu propia iniciativa. Martínez: Ya. Pero por iniciativa de terceros tampoco he hecho nada de lo que dice la prensa. Icíar: Te han engañado, pero tú no eres un delincuente ni un corrupto. Martínez: Eso lo sabes tú y yo y algunos más… es evidente que no valoré bien los riesgos. Estuvimos en una piscina de tiburones. Tú sabes que yo lo que quise es ser leal y eficaz… tal vez demasiado leal… La Unidad de Asuntos Internos entregó al juez informes con extractos de estos chats que consideró relevantes. Esos atestados ahondaban en la “conexión política” de la trama Kitchen. Martínez había dejado por escrito quién mandaba en todo aquello y cuando tuvo que pedir ayuda no dudó en hacerlo a la más alta instancia. El 24 de marzo de 2019, ante la posibilidad de quedarse fuera de las listas para las generales de 2019, envía un mensaje a Mariano Rajoy: “Creo que tú sabes que solo he sido leal y he trabajado con un enorme coste personal”. Cuando los rumores de que va a ser imputado son muy fuertes, Martínez recurre a varios de sus amigos, jueces y policías. Uno de ellos es, nada menos, que el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, al que escribe insistentemente en busca de información sobre la causa y le traslada que “lo ideal es que todo se quedase tranquilo” antes de las elecciones. “Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal”, escribió el 5 de junio de 2019 a Navarro. Jorge [Fernández Díaz] era su jefe directo. ¿Por qué fue leal también a Rajoy y a Cospedal, especialmente a ésta cuando en un principio ni siquiera era afiliado al PP? Entre mensajes para quedar a cenar con sus esposas, Navarro le da ánimos, promete preguntar por su caso y, al menos en el chat, le da largas. El contenido de esos mensajes ha motivado que los dirigentes de Podemos, con su secretaria general al frente, Ione Belarra hayan pedido la dimisión de Navarro. Con los pocos amigos que le quedan ya por esa época en el Partido Popular también intercambia mensajes. Es marzo de 2019 y el ex secretario de Estado de Seguridad se escribe con José Ramón García Hernández, ex diputado que tampoco revalidó su escaño en las elecciones de noviembre de ese año. Martínez: Yo creo que nuestro amigo cree que me voy a comer el marrón yo solo….!!??? José Ramón: Paco a quien te refieres? Martínez: A JFD . Y a su ex jefe. Me sigues? José Ramón: Al máximo? Martínez: Al anterior máximo. Si no voy en las listas, me joden. En aquellas fechas ya era líder “máximo” del PP Pablo Casado, por lo que Martínez se está refiriendo a Mariano Rajoy cuando habla de que no se va a “comer el marrón solo”. Este jueves, El Periódico de Catalunya publicó que el mismo día en que trascendió el escrito de acusación de Anticorrupción en Kitchen, con la petición de condenas para los acusados el expresidente del Gobierno telefoneó a Fernández Díaz. La relación entre ambos se deterioró tras la salida del Gobierno de Fernández Díaz y más tarde con la suspensión de militancia del ex ministro del Interior al ser imputado en la pieza Kitchen.
“SSS, menuda zorra”
Ese mismo verano, el ex secretario de Estado de Seguridad acude a un notario a depositar las pruebas de que al menos uno de los miembros del Consejo de Ministros de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, con el que él se escribía a diario, conoció, cuando no impulsó, la operación de espionaje a Bárcenas, así como que el CNI también participó en las maniobras. A un periodista, en el chat que mantiene con él, Martínez le dice, una vez cae en desgracia: “SSS [las siglas de Soraya Sáenz de Santamaría], menuda zorra”. Así las cosas, la declaración como investigado de Martínez levantó una gran expectación por si el secretario de Estado cumplía con las confesiones de su teléfono y tiraba de la manta. Pero no ocurrió así. El 29 de octubre de 2020, en su declaración como investigado, se negó a reconocer cualquier delito. Al silencio de Martínez contribuyó el juez instructor, Manuel García Castellón. Este había respondido a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a Cospedal que esperaría a lo que Martínez declarara al respecto. El ex número dos de Interior pidió acogerse a su derecho a no responder a la Fiscalía ni al resto de las partes, solo a su abogado y al juez. Y el juez García Castellón no le hizo ninguna pregunta por Cospedal en 78 minutos de interrogatorio. En junio de 2021, Martínez volvió a hacer unas declaraciones públicas. Fue citado ante la comisión de investigación del caso Kitchen en el Congreso y ante los diputados dijo que todas esas acusaciones que recogía su teléfono se debían al despecho: “En un momento en el que yo estaba roto se dicen cosas así de un amigo, de un familiar…”. Entre entonces y ahora se ha producido la petición de quince años de prisión que hace Anticorrupción y la seguridad de que se sentará en el banquillo, al confirmar las conclusiones del instructor la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Sí. Vale. En el PP hay cargos y simpatizantes de centro-derecha, homologables, según la expresión al uso, con los democristianos europeos. También están los que se identifican como de centro, signifique esto lo que sea, en la famosa escala del 1 al 10 del barómetro del CIS. Y liberales, sí, también hay los sedicentes liberales, aunque muchos no pasen un test básico de liberalismo anglosajón, que es el auténtico liberalismo. De todo esto hay en el PP. Sin embargo, en la formación que preside Núñez Feijóo sigue pesando el alma ‘facha’ de la que no ha podido, o no ha querido, desprenderse desde sus días fundacionales, cuando siete exjerarcas franquistas fundaron Alianza Popular, reencauchada en 1989 con el nombre Partido Popular. De ello dan fe los pactos que está consumando estos días el partido con Vox, sin que se escuche la menor reprobación por parte de los pretendidos liberales, centristas y demás homologables con Europa. Se podrá aducir que el objetivo de dichos pactos es meramente táctico, por ser la única vía con que cuenta el partido para alcanzar el poder allí donde carece de mayoría suficiente para gobernar en solitario. Es decir, cosas de aritmética política. Esa es la idea que ha intentado transmitir en algunos momentos la errática dirección nacional del PP: que los pactos con la extrema derecha no se hacen por afinidad ideológica, sino por forzado pragmatismo, después de que el PSOE haya rehusado facilitarles a los populares su investidura en distintos territorios como el PP lo hizo desinteresadamente para que los socialistas gobernasen en Barcelona y Vitoria. O sea, según el argumentario de Génova, la culpa de que Vox entre en gobiernos populares es única y exclusivamente del PSOE. Resulta evidente que los apoyos en Barcelona y Vitoria se urdieron para sustentar esta narrativa. Sin embargo, más allá de alegaciones tácticas, la naturalidad, cuando no el entusiasmo, con que se están aceptando en el aparato y la militancia del PP los acuerdos reaccionarios con Vox y la presencia de fascistas en las instituciones revela la inexistencia del menor conflicto moral en la alianza con la extrema derecha. Si algunos albergaban aún dudas al respecto, lo ocurrido en Extremadura las ha disipado por completo. Recordemos: la líder del PP, María Guardiola, proclamó días atrás con aspavientos de heroína de la democracia que jamás gobernaría “con quienes niegan la violencia machista y deshumanizan a los inmigrantes”, en alusión a Vox. Les ofreció a los de Abascal a cambio –quizá por considerarlo mercancía menor- la presidencia de la Asamblea, la Secretaría de la institución y el escaño del PP en el Senado. Vox rechazó el trato, pero Feijóo avaló a la baronesa extremeña inventándose aquella regla del umbral de votos que permitía a Vox entrar en gobiernos populares y que los ultras no cumplían en Extremadura. Pues bien, el cabreo monumental de amplios sectores del PP, liderados por Isabel Díaz Ayuso y Esperanza Aguirre, obligó a Feijóo a aplacar a su baronesa rebelde, que se ha tragado su asomo de dignidad y ha aceptado finalmente dar una consejería a Vox en su futuro gobierno. La regla de Feijóo para los pactos duró en vigor menos de 10 días. Lo que ha sucedido es muy simple: el PP nunca ha hecho una verdadera transición democrática –por ejemplo, es falso que haya condenado al franquismo, como repite una y otra vez- y por eso resulta natural que una corriente mayoritaria dentro del partido no vea ningún problema en pactar con la extrema derecha. Algunos sostienen que lo que estamos viendo no es más que un reencuentro familiar, puesto que, a fin de cuentas, Vox surgió de las entrañas del PP. El argumento, sin ser falso, omite que Vox nació en realidad como una contestación al PP y con la vocación de ser un actor con personalidad y programa propios en el nuevo escenario político. Así, mientras los populares intentan formalmente mantener sus vínculos con la tradicional centro-derecha europea, la formación de Abascal ha entrado a formar parte de otra constelación política, de clara inspiración fascista, que está desafiando abiertamente los valores en que se ha construido el proyecto europeo tal como lo conocemos. En teoría, la consolidación de Vox debería haber permitido clarificar el magma de la derecha, liberando al PP de su lastre ultra. Pero no ha ocurrido así, y es evidente que los populares están lejos de sacudirse de su historia. Feijóo sabe que entre los demócratas europeos aún está mal visto abrir las puertas de las instituciones a la extrema derecha, aunque la doctrina del cordón sanitario haya comenzado a relajarse. Uno de los principales promotores de esa relajación es el presidente del Partido Popular Europeo y líder de la Unión Social Cristiana de Baviera, Manfred Weber, que seguramente ve con buenos ojos las andanzas de los conservadores españoles con Vox. Sin embargo, la poderosa Unión Demócrata Cristiana (CDU), el partido conservador más influyente en el continente, mantiene con firmeza el veto a la ultraderecha en las instituciones alemanas y europeas. Por eso acabamos de ver a Feijóo en Bruselas vendiendo el discurso de que el PSOE no le ha correspondido sus apoyos en Barcelona y Vitoria, en un intento de justificar sus acuerdos con Vox, porque sabe que en algún momento el caso español ocupará un lugar central en el debate sobre los riesgos de la democracia en Europa.
Feijóo ya ha entrado en la historia europea como uno de los líderes que abrieron las instituciones a la ultraderecha y será el responsable, junto a su partido, de las consecuencias de dicha decisión. Tal como advirtió el filósofo Theodor Adorno en su obra ¿Qué significa superar el pasado?, el problema tras la Segunda Guerra no era tanto la aparición de grupúsculos neonazis, como la impregnación de la ideología nacionalsocialista en las estructuras de poder. Hablaba de la Alemania de los años 60, en la que simpatizantes del nazismo ocupaban cargos institucionales. Pero sus palabras cobran fuerza en nuestros días, con la expansión en Europa de una ola reaccionaria que no tiene reparos en utilizar, con sus debidos ajustes, recursos retóricos propios de los totalitarismos de los años 30. Hace un par de días, por citar un ejemplo, el vicepresidente y consejero de Cultura de Castilla y León, Juan García-Gallardo, se refirió a la bandera gay como “un trapo arcoíris” que “une a la plutocracia internacional” con la “izquierda más sectaria”. Quien haya estudiado el lenguaje de nazismo encontrará ecos evidentes en el discurso del consejero de Vox. Se equivoca Feijóo si cree que podrá minimizar el daño de sus pactos con Vox. Supongo que en este momento su deseo más intenso para evitar líos mayores es que, de ganar las elecciones generales, lo haga con mayoría suficiente para gobernar en solitario. Sin embargo, cabe la posibilidad de que después del 23J tenga a Santiago Abascal sentado a su diestra en el Consejo de Ministros con el beneplácito de su partido y la euforia de sus huestes. Todo vale ya en la cruzada nacional para derogar el sanchismo. Y el partido fundado por Manuel Fraga y sus amigos no será el que aborte la sacra alianza.
Un amigo andaluz, como yo, me comentaba estos días atrás: “¡Quién nos iba a decir, Baltasar, que la sustancia del debate político se iba a trasladar a El Hormiguero! ¡Qué sinsentío!” Tiene mucha razón. El sinsentío es la traducción fonética autóctona del sinsentido, concepto que, según la RAE, significa “cosa absurda y que no tiene explicación”. Para mí, expresada con acento de mi tierra, esta alocución resalta aún más lo ilógico, insensato y desatinado del hecho que se señala.
Vivimos ahora mismo en una vorágine de sinsentidos a propósito de los pactos del PP con la ultraderecha para compartir gobiernos autonómicos y municipales. En ayuntamientos, diputaciones, cabildos y comunidades autónomas en las que el PP tiene que apoyarse en Vox, el desatino se abre paso sin solución de continuidad, sin que nadie parezca arrugarse en lo más mínimo por esto, o al menos, sin que les cueste demasiado mantener cara de póker. Lo único que permanece es la manipulación del lenguaje por quienes se constituyen en voceros de esas artimañas dirigidas a asimilar las dosis suficientes para que no se den cuenta de la realidad que ocultan.
Estamos viendo de todo: subidas de sueldo “porque yo lo valgo” frente a anteriores críticas de derroche y dispendio de los otros; retirada de banderas arcoíris en plenas conmemoraciones del orgullo LGTBI junto a intentos de “mano dura” con los partidos que las mantengan en sus dependencias institucionales, pero claro, sin que los perpetradores se reconozcan homófobos, porque por ahí alguien tiene "un amigo gay". Se respeta al diferente, siempre y cuando sus demostraciones de afecto sean hechas en privado, relegando al armario a quienes tanto han sufrido para finalmente poder salir de él. Quien diga que esto no es retroceso, se equivoca. A riesgo de repetir lo obvio, he de decir que, porque nuestros hijos vean con normalidad a una pareja de personas del mismo sexo en la calle no se pone en riesgo su identidad sexual, ni su género, ni sus preferencias sexuales, sino que simplemente los hará más tolerantes y alejará de nuestra sociedad la homofobia o LGTBIfobia. Nadie está obligado a hacer lo que no quiere, como tampoco nadie debe estar forzado a esconderse o avergonzarse por ser quien realmente es. Esto, amigas y amigos, es democracia, es tolerancia, es convivencia. Lo contrario nos acerca peligrosamente al fascismo, que es lo que, con uno u otro disfraz se nos está poniendo delante de los ojos. Lo grave es que vamos recibiendo la pócima en tarritos pequeños hasta que estemos infectados, sin capacidad de reaccionar. Sobre la violencia de género, por desgracia, se verifican las peores predicciones: más de un millar de mujeres víctimas a manos de los “machos” de turno han sido borradas de un plumazo, como no podía ser menos y entre viriles golpes de pecho, al imponer el cambio de paradigma retrógrado de la violencia intrafamiliar o de violencia doméstica, en la que todos pueden ser víctimas y agresores, equiparando una violencia endémica con alguna otra que acontece de manera muy esporádica y excepcional. En Burgos, sin ir más lejos, era tradición que los plenos comenzaran con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista. En el primero que ha celebrado esta nueva corporación, presidida por la popular Cristina Ayala, se ha mantenido el homenaje, pero con un cambio semántico de calado: los sesenta segundos se han dedicado a recordar la violencia que sufren también –dice la presidenta– niños o ancianos. Y ya de paso, se ha suprimido la concejalía de Igualdad, de acuerdo con el pacto suscrito entre PP y Vox. Es sabido que la ultraderecha española no admite estas "tonterías" de la violencia de género; ahí tienen al presidente del Parlament Balear, el ultraderechista Le Senne, que ya ha dejado clara su opinión sobre las mujeres: “Son más beligerantes porque carecen de pene". Una explicación muy científica, donde las haya.
Malos tiempos para el medio ambiente
Por su parte, la presidenta de las Corts Valencianas, una proclamada antiabortista, muestra por dónde van los tiros, usando eufemismos como el muy reiterado de “consejería del medio forestal” (Extremadura por ejemplo) que viene a ser un afianzamiento en la idea de que el cambio climático no existe y que a lo que vamos es a colaborar con el electorado ganadero, pudiente o no, y con los propietarios de terrenos agrícolas, que ven con malos ojos que Bruselas se inmiscuya en sus asuntos, para lo cual cuentan con el amplio respaldo de la ultraderecha, para garantizar que puedan hacer “su santa voluntad”. El primer avance lo tuvimos cuando la comisión del medio ambiente del Parlamento Europeo vio cómo se rechazaba una ley clave para el Pacto Verde que afecta a toda la UE, por los votos en contra del PPE y la extrema derecha, quienes consideran que la denominada Ley de Restauración de la Naturaleza es contraria a los intereses de los agricultores. Como lo leen. La norma pretende recuperar un 20% de los ecosistemas europeos hasta 2030. Aquí tenemos la proposición de ley de regadíos de Doñana que el Parlamento Andaluz se apresuró a tramitar desafiando las advertencias de Europa. Las vacas enfermas de Castilla y León son otro ejemplo pionero. ¡A ver qué va a ser eso de inmovilizar el ganado! ¡Que los ganaderos de la comunidad están hasta la coronilla de sacrificar los animales mientras el problema no se acabe de arreglar! El “problema”, como es sabido, es una pelea en España que dura ya 80 años y que gracias a estas medidas se ha conseguido que seis comunidades autónomas estén libres de tal infección. En Castilla y León sólo Burgos, Valladolid y León han controlado este mal. El resto del territorio se encuentra aún en situación delicada. Avanzamos, mientras, hacia el 2030, año que la UE ha fijado como aquel en que la enfermedad tiene que estar erradicada por completo. Pero eso no entra en los supuestos de Vox, enredado en una batalla que permita el movimiento de la cabaña, aun a riesgo de extender los efectos nocivos y contagiar a otros ejemplares. A fin de cuentas, hablamos de una ultraderecha que, no olvidemos, niega lo europeo. Pero no todo es lo rural. Hay otras involuciones preocupantes, como la cuestión lingüística. En Baleares, Vox no entra en el Govern, como se jactan los populares, que no cuentan que les han dado vía libre en los consells insulares. Eso y la imposición de 110 medidas que, entre otras cosas, arbitran la creación de una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística para terminar “con las devastadoras políticas socialistas y separatistas” de la izquierda, obviamente. Todo el conocimiento de Ramón Llull borrado de un plumazo por arte y gracia de los pactos que el PP ha facilitado, con tanta alegría, a estos enemigos de la democracia y de la libertad. Por su parte, la ex presidenta de la cámara de representantes valenciana, que es de Vox, no le va a la zaga. Antigua delegada de Hazte Oír en Castellón, denunció que el tripartito de izquierdas había dedicado dinero público a la inmersión lingüística y a erradicar el español y el valenciano original. Y de paso, asegurando que el anterior presidente, Ximo Puig, ha adoctrinado en los colegios mediante mentiras históricas e introduciendo, ¡ay! ¡mal de males!, la "ideología" de género.
Nefastas conclusiones
Podría seguir y no parar de reseñar barbaridades, pero lo dejo aquí porque me gustaría sacar algunas conclusiones. La primera y principal es que, claramente, hemos entrado en el terreno de la involución y la pérdida de derechos. Recuerdo algunas advertencias de marketing electoral, en el sentido de que es contraproducente amenazar con la llegada de Vox a los gobiernos. Bueno, pues no sé qué es peor. Porque cuidando de no entrar en el barro, hemos caído en el lodo. La ultraderecha está aquí y sus efectos son innegables. Una segunda derivada indica que está clara la voluntad del PP de gobernar en común con Vox. Y quien se mueve no sale en la foto. Eso ha debido pensar la candidata popular a la Presidencia de Extremadura, María Guardiola, quien, tras darse golpes de pecho afirmando que bajo ningún concepto iba a dejar entrar a un partido de las características xenófobas, antifeministas, antimigrantes y antiLGTBI como VOX, unos días más tarde ha tenido que tragar lo dicho, cediendo a Vox una consejería, de Gestión Forestal y Mundo Rural (algo que de nuevo hay que resaltar interesa mucho a la extrema derecha). A fin de justificar el cambio de postura, María Guardiola ha señalado que sus principios “permanecen intactos”, pero que primero está el futuro de los extremeños (¡menudo futuro!, habría que decirle). Ya saben, parafraseando a Marx (Groucho): “tengo estos principios; si no le gustan tengo otros”. "Donde den los números, PP y Vox gobernarán; allí donde haya un gobierno de coalición, habrá retroceso. Lo que está ocurriendo es un recorte obsceno de derechos a cambio de votos. Causa sonrojo". Esta frase, del presidente Pedro Sánchez, es tan cierta como que el PP va camino de la extinción gracias a sus propios manejos. La estrategia del ala dura de la formación que fundó Manuel Fraga ya da con creces sus frutos. Tras haber eliminado al sector moderado –Ciudadanos– a todas luces innecesario, todo el campo es orégano para los ultras, probablemente el objetivo marcado desde tiempo atrás. Y no se llamen a engaño, que en el paquete hay un "premio" sobre todos los demás: la memoria democrática y el olvido definitivo de las víctimas del franquismo, con gran alborozo por parte de quienes, desde la justicia, tendrían que proteger y ampliar ese legado y esos derechos, y no lo harán si el sector más conservador se instaura en el poder. A veces pienso que el rechazo de Núñez Feijóo a debatir con Pedro Sánchez, con Yolanda Díaz y con Santiago Abascal no es sino una forma de darle todo el protagonismo a la ultraderecha, que son los que de verdad marcarán la agenda. Todo parece ser la puesta en marcha de un método bien estructurado, en concierto con otros países, con un fin muy concreto: la instauración del fascismo. Sin paliativos. Que nadie se llame a engaño el día 23 de julio, y si algún progresista se queda en casa por discrepancias ideológicas con los candidatos o candidatas de ese sector, será corresponsable de lo que acontezca. La indiferencia ha sido siempre el principal enemigo de la democracia y de los valores que la integran. Nuestros actos tienen consecuencias y arrepentirse después no sirve de nada. Progreso o retroceso. Optar por esto último, o permitirlo con nuestra pasividad, sería consolidar lo dicho por mi amigo onubense, valverdeño por más señas, un verdadero sinsentío.
Los hechos, los datos, nos están interpelando a gritos. Arde Francia en disturbios de enorme entidad protagonizados por jóvenes, adolescentes incluso, tan desesperados como para pensar que no tienen nada que perder. Nada. Franceses de piel menos clara. El detonante fue que un policía disparó a bocajarro a un chico argelino de 17 años, Nahel, y lo dejó seco en el acto. La ultraderecha francesa ha recaudado 700.000 euros para el agente que lo asesinó, nos cuenta el periodista Rafael Narbona. Las recauda un vocero de las ondas, Jean Messiha, de quien parte la iniciativa. Como contraste, se han recaudado 100.000 para la familia de Nahel por otras vías. Ya tenemos los ingredientes del cóctel explosivo. La historia nos ha enseñado que primero fueron a por los emigrantes, después a por los hijos de los emigrantes, después a por todos los pobres y desfavorecidos. Y ya está pasando, en España también. Vean el gobierno para ricos con el dinero de todos de Ayuso en Madrid. Y lo que se empieza a plasmar en los pactos del PP con Vox. Y lo que quieren para España entera. Pero sigamos. El “periodista” de ultraderecha francés, egipcio en realidad, es similar a los que en distintos grados operan en España. En el más alto, Jean Messiha aplaude al asesino e incita a mal llamados ciudadanos a hacer lo mismo. Cuando se empieza a justificar la violencia es el fin, además de un inmenso error estratégico. No hay mano dura suficiente para aplacar la ira máxima, y menos en esta sociedad hedonista e infantilizada.
En este contexto, el panorama que dibuja Feijóo con cuanto anuncia puede tener consecuencias devastadoras. Anuncia y le compran los medios de tal manera que ya hablan de él dando por hecho que va a ser presidente de España. Por cualquier lado que se mire. Veamos Europa. Dice que llevan “semanas” pensando en su presidencia rotatoria tras ganar las elecciones. El gobierno actual de España lleva años gestando su contenido. Con un programa aprobado que no puede cambiar Feijóo. El plantel que ha elegido además y que recogía con gran conocimiento Andrés Gil en elDiario es verdaderamente espeluznante. Desde una Ana Palacio, la ministra que presionó a la Asamblea General de la ONU mintiendo sobre la autoría de los atentados del 11M, y a todas las embajadas a la par que el gobierno de Aznar trataba de convencer a los corresponsales extranjeros acreditados en España, como hizo con directores de grandes medios.
El resto de su biografía es de similar calado: un perfil ultraconservador y pocos escrúpulos. Fue defensora de Berlusconi, para acabar miembro del consejo asesor de United Against Nuclear Iran (UANI) y del consejo de administración de Enagás, como detalla Andrés Gil. Un clásico. Arias Cañete, un machista acreditado y con turbulencias fiscales. O Méndez de Vigo, ministro de Cultura que, a medias con Cospedal, quería educar a los niños en “valores castrenses”. Si al PP, caso de llegar al gobierno de España, se le ocurre incumplir acuerdos comunitarios nos sancionarán para pagarlos entre todos. Además, los pactos del PP ya proyectan preocupantes sombras hasta en su proyección económica. La ultraderecha no “cree” en el cambio climático en contra de la ciencia, obstaculiza su protección en Europa y está recibiendo barra libre del PP para operar así en España. Las consejerías de medio rural para Vox, como la del patético sainete de Extremadura, nos sitúan ante un país convertido en un secarral al que nadie querrá venir “de vacaciones”, siendo el turismo motor económico para quienes todo lo fían al sol que cae. Es lo que se anticipa por este camino. Atendamos al desmontaje de la educación que se propone el PP y que ya practica en comunidades como Madrid: mínima inversión en la pública y nuestros recursos para la concertada. Educación en civismo: un candidato a la presidencia del gobierno de un país democrático no puede hacer estas declaraciones, le invalidan por completo. Malherido, su oponente; su decencia sí lo está y de gravedad. Es ejemplo de manual de la deshumanización fascista Ya no le faltaba más que el intento de provocar una rebelión entre los barones del PSOE descontentos y que Sánchez le deje gobernar aunque no gane las elecciones. Bien es verdad que siguiendo las directrices de Felipe González, que no es la primera vez que aparece para arreglar a su modo la formación de gobiernos de Sánchez. Las democracias parlamentarias se fundamentan en mayorías, no en amaños. Por lo demás, el PP ya nos ha demostrado su afinidad con Vox en las elecciones del 28M. Y en el programa que Feijóo presentó este martes. Además de promesas sobre lo que ya son realidades en España, se despliega en leyes represoras y recuperación de delitos, como si fuera tan fácil arbitrarlas de un plumazo. Desde luego por métodos democráticos llevan procesos más complejos. Feijóo va a por todas, con la colaboración de medios que más parecen folletos de promoción electoral.
El machismo, la negación de la violencia cuando, casualmente, se multiplican los asesinatos machistas. Insisto: no hay país que dedique tres turnos policiales a proteger a cada mujer amenazada. El problema está en la ideología que lo alienta. Tampoco es fácil aplacar la ira de los desheredados por el capitalismo que terminan siendo todos menos sus élites. Aprendan de Francia y de la inconstancia de un PP que camina hacia atrás sin que ningún escrúpulo le coarte para alcanzar el poder. Aprendan de una vez a detectar las voces que mienten a sueldo.
La doble vara de medir de la derecha: de denunciar la "cultura de la cancelación" a ejercer la censura
Hace cerca de seis años, mujeres de todo el mundo alzaban la voz para hacer tambalear los pilares sobre los que se sostiene la violencia sexual. Lo hacían con dos sencillos gestos: señalar a los agresores y tender la mano a las víctimas. El movimiento MeToo traspasó fronteras e interpeló a cientos de miles de mujeres de todo el mundo que decidieron no callar más. Esa ruptura del silencio vino acompañada de un mandato: dejar de normalizar la presencia de los agresores machistas en los espacios de poder, bajarles de su pedestal y ponerle nombre a la violencia que ejercían sistemáticamente. Quienes desde entonces vienen clamando por el fin de la complicidad con los agresores, fundamentalmente voces de mujeres feministas, han tenido que soportar el peso de una reacción que las acusaba de querer imponer una suerte de "cultura de la cancelación". Aquellos que se echaban las manos a la cabeza por una supuesta censura que iba a terminar con la libertad de expresión, son los mismos que ahora acometen su ofensiva contra expresiones culturales de toda índole.
En los últimos años, el grito feminista ha puesto en cuestión el elogio constante y el homenaje acrítico a hombres salpicados por la violencia sexual. El movimiento feminista busca dejar de normalizar la violencia y dar un golpe en la mesa para empezar a escuchar a las víctimas. Este fue el fondo que llevó a las feministas asturianas a protestar contra la estatua del cineasta Woody Allen que todavía hoy se pasea por las calles de Oviedo, debido a las acusaciones de abuso por parte de su hija. Dejar de tolerar a los presuntos agresores fue también lo que motivó a la Comisión 8M de Mérida para concentrarse a las puertas del Teatro Romano en protesta por el concierto de Plácido Domingo. El tenor había sido acusado por decenas de mujeres de haber ejercido un acoso sexual sostenido durante décadas.
El feminismo ha tratado de romper con ese silencio cómplice que opera ante la violencia machista, especialmente cuando quien la ejerce goza de prestigio y reconocimiento mundial. El objetivo de las mujeres no es otro que el de dar crédito a las víctimas, cuyo testimonio siempre está en duda, especialmente cuando sus agresores se llaman Roman Polanski -condenado por abuso sexual contra una menor- o Gérard Depardieu -acusado como autor de abusos sexuales por trece mujeres-. "Nosotras no planteábamos que se cancelara ninguna actuación, ni que se retirase su obra. Lo que pedíamos era que desde la administración no se fomentara la contratación de personas con actitudes violentas reconocidas". Habla Marisa Tena, miembro de la Comisión 8M de Mérida y una de las activistas que hace dos años se concentraron contra Plácido Domingo. "No cuestionamos el contenido de sus canciones ni su faceta artística, reprobamos la actitud violenta contra mujeres", incide. La feminista Blanca Cañedo recuerda nítidamente el debate que se abrió en suelo ovetense respecto a la escultura que homenajeaba al director de Annie Hall y Manhattan. Y aunque reconoce que los actos de boicot pueden ser controvertidos, lo cierto es que el señalamiento por parte de las feministas ha sido siempre contra "personas que habían agredido a mujeres", por lo que la acción de protesta lo que busca es criticar que "se ensalcen sus figuras". Movimientos como yo sí te creo, opina la activista asturiana, "no pueden quedarse en una frase", sino que deben ir acompañados de un "te apoyo, te ayudo e intento que tus agresores den un paso atrás". Pero ¿existe verdaderamente una cultura de la cancelación? ¿Se ha ejercido una cancelación real sobre los hombres señalados como agresores? Sobre este mismo asunto se expresó el actor Johnny Depp hace dos años en Donostia. El también cineasta, entonces inmerso en varios procesos judiciales con su expareja, criticó ante los medios de comunicación que "la cultura de la cancelación" se ha convertido en "aire contaminado que se exhala". "No dudo que este movimiento, como tantos otros, ha surgido con las mejores intenciones. Pero está descontrolado. Nadie está seguro. Ninguno de vosotros tampoco", asintió. Lo hizo mientras recogía el Premio Donostia con el que había sido galardonado. "La confusión" entre censura y cancelación "es voluntaria", escribe Lucía Lijtmaer, autora del ensayo Ofendiditos. Sobre la criminalización de la protesta, en un artículo publicado el año pasado por El País. "No es casual que un intelectual de la talla de John Irving hablara ya en los años noventa de un nuevo puritanismo censor que impedía la publicación de la famosa novela American Psycho, de Bret Easton Ellis, refiriéndose a las críticas feministas que recibió el texto", recupera la también periodista. Lo que ocurre, concluye la escritora, es evidente: "Lo que les jode es larespuesta social". Esa reacción adversa hacia la mirada crítica feminista es la que ha recuperado ahora el portavoz de campaña y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Sémper, a través de una nota difundida este lunes en la que carga contra "la hipocresía de quienes llevan abrazando la cultura de la cancelación durante años". A las críticas masivas contra la censura de la ultraderecha, los conservadores responden volviendo a agitar el avispero de la "cultura de la cancelación ".
Censura sin límites
Mientras el discurso reaccionario no ha tenido ningún reparo en tildar a las feministas de censoras, es la misma derecha la que ha ejercido una censura real y sin límites contra distintas expresiones culturales, desde su conquista del poder. Virginia Woolf, Lope de Vega e incluso Buzz Lightyear, han pasado en los últimos días a estar en el punto de mira de la guerra cultural de la derecha allá donde han prosperado los pactos entre PP y Vox. La extrema derecha "adapta sus discursos en función de sus intereses y del momento", reflexiona Marisa Tena, "no tiene un perfil democrático". Mientras las feministas impugnaban toda conducta "contraria a los derechos humanos", como es la violencia machista, lo que hace la derecha es "censurar todo lo que no coincide con ellos para quitarlo de en medio". PP y Vox "no quieren que se hable de lo que no les gusta", completa Blanca Cañedo, quien lanza una advertencia: "Si no comenzamos a reaccionar ante estas pequeñas cosas, llegarán otras enormes". Lo cierto es que la censura de la derecha por motivos ideológicos no es nueva. En esa ofensiva, el Partido Popular es pionero. En 2016, el PP de Getafe (Madrid) pedía cancelar los conciertos de Fermín Muguruza y Los Chikos del Maíz en el marco del festival Cultura Inquieta. Los motivos que alegaba: ofensa a las víctimas del terrorismo. También el PP de Santiago de Compostela acusaba al cofundador de Kortatu y Negu Gorriak de "apología del terrorismo" allá por 2007. Y lo mismo hizo el PP de Zaragoza tras exigir la cancelación de una actuación de los navarros Berri Txarrak en septiembre de 2015. El mismo año, el Gobierno de Ana Botella prohibía un concierto de Soziedad Alkoholika alegando "peligro de alteración del orden público" y en 2019 el PP de Madrid retiraba de la programación de las fiestas de Aravaca un concierto del cantautor Luis Pastor y su hijo, Pedro Pastor. Tan sólo días antes la censura había recaído sobre el grupo Def con Dos, en el marco de las fiestas de Tetuán. La actriz Pamela Palenciano vivió en sus propias carnes la persecución de la extrema derecha, esta vez a través de los tribunales, por su monólogo sobre la violencia de género No solo duelen los golpes. "Esto sí que es censura y que no vengan ahora a hablar de la cultura de la cancelación", decía la también activista hace unos días a infoLibre. "Desde el Partido Popular no vamos a permitir ni censura, ni cancelación, ni victimismo, ni manipulación ni intromisiones políticas, sea quien sea el censor y pertenezca al partido que pertenezca", dice ahora la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.
Emilio Romero, periodista venerado por la corporación, dejó dicho que “la derecha gobierna para doscientas familias y eso no da para votos suficientes, por eso, para ganar unas elecciones, la derecha tiene que mentir”. Romero sabía de lo que hablaba, era periodista y falangista y había ocupado puestos relevantes en la prensa del Movimiento. Sabía, por tanto, cómo debía operar la derecha y cómo el periodismo. Es decir, para esa coalición de intereses hace falta una prensa que mienta y arrope la mentira. Esta coalición ha quedado muy al descubierto en el debate entre presidenciables que pasará a la historia del mal periodismo o periodismo burdo. El debate no fue sino la culminación de una legislatura entera llena de mentiras y bulos, fragmentos de bombas de racimo contra la verdad, “con ánimo de engañar”, como definió la mentira Agustín de Hipona, santo para los cristianos que tienen, por cierto, prohibido mentir. Podríamos decir que ha sido una pertinaz lluvia fina, pero es demasiado poético para el daño a la democracia. El cara a cara fue eso, el colofón, la apoteosis. Y visto lo visto, unos días más tarde en otro debate en la RTVE, se pueden comprobar las contradicciones e intenciones, primero, del candidato Feijóo, en fuga de la televisión pública; simultáneamente, de los organizadores, un debate de sastrería, de agradaores. Y para el postureo de uno o dos, sedientos de audiencia y notoriedad. Regocijados en la creencia de su papel mesiánico en la democracia. Por lo que se vio, hubiera sido mejor un —solo uno— árbitro de ajedrez y una respuesta institucional correctora de las mentiras vertidas, corrosivas, no ya por el resultado del debate, sino por la manipulación de la voluntad popular mediante la mentira. Quizá la dolorosa evidencia o algo de vergüenza torera ha permitido que, tiempo después, se haya podido observar una cierta autocrítica en la profesión, poca, más bien apología corporativa y las habituales danzas y cortejos de las cuchipandis. Y ello porque en la corporación ha anidado la especie de que la libertad de expresión es suya así como los debates, un caso claro de falta de lectura del artículo 20 de la Constitución española que establece el derecho constitucional a recibir información veraz. Pero, ¿cuándo decidimos que los debates eran del periodismo, sin control democrático, y no un derecho de la ciudadanía? En la defensa corporativa, se ha llegado a decir que son los no periodistas los que han tenido la osadía de criticarlos. El colmo de la arrogancia. La RTVE nos ha dado una pista. Que la televisión es una buena herramienta de difusión política, por supuesto. Madison y Monroe, los inventores de esto, lo hubieran deseado, pero nunca hubieran privado a los electores de su control. No podemos como demócratas entregar los intereses democráticos a quienes solo pelean por la audiencia o por agradar a sus acreedores. Una televisión pública, con buenos profesionales que contrasten, unos debates regidos por una institución independiente, moderados por quien sepa moderar, que no tiene por qué ser periodista. Citaba a Romero para destacar su profesión de periodista, pero también su militancia falangista. Porque hemos utilizado el término ultramarino de trumpismo —que colonizó el periodismo dócil— para definir este nuevo estilo político, pero no nos es nuevo. Si acaso arraiga bien en España, como francotrumpismo, narcotrumpismo, según la zona, o como plutotrumpismo en todas. Y aquí acudo a Umberto Eco y su Los14 síntomas del Ur-Fascismo eterno. Porque el nuestro es genuino, sí, pero pariente; la mentira es el síntoma principal de la manera de hacer política, léase a Romero, del Ur-Franquismo eterno. Se podría decir que el franquismo es cosa del pasado, pero no. Los síntomas de aquel están en el programa, praxis y proceder del PP de ahora. En todo caso, como dejó dicho también, Primo Levi, “cada época tiene su propio fascismo”, y éste que ya está entre nosotros, tiene las mismas características y se basa igualmente en la mentira. Pero no debe triunfar el desánimo sino el estímulo de volver a la hazaña, a la aventura de vivir en democracia. Hay una generación que venció al franquismo póstumo y lo hizo también contra la mentira de la prensa del Movimiento, no extinguida sino de cuerpo presente, presente en otros medios que de pronto se convirtieron en demócratas. Sabiendo, además, que los intereses privados son poderosos.
De Shakespeare sabemos que “en el teatro somos nosotros los que vemos lo que sucede, los que somos seducidos. Somos hechizados una y otra vez por las atrocidades del malvado, por su indiferencia ante la decencia humana, por las mentiras que parecen resultar eficaces, aunque nadie las crea” En todo caso, mandamos, en democracia las mentiras se pueden volver como un bumerán. Mi sueño es que la ciudadanía democrática se sepa defender. Con mentiras no hay democracia.
Uno de los momentos más contraintuitivos de la campaña ocurrió cuando Alberto Núñez Feijóo durante la entrevista en El Hormiguero dijo que eliminaría el impuesto a las grandes fortunas y el público asistente aplaudió. Es seguro que entre los que lo hacían no habría ningún beneficiado por esa rebaja fiscal y es seguro también que los que aplaudían dependen de los impuestos para sufragar la sanidad pública porque el público de esos programas cobra cincuenta euros y un bocadillo. ¿Cómo es posible comprender que un sector de la población aplauda lo que le inflige dolor? Porque considera que quien lo hace promete más dolor a sus enemigos. No importa que baje los impuestos a los ricos y a él no le toque nada, puede que incluso sufra más, pero ese líder promete que lo pasarán aún peor aquellos que odian. Feijóo puede ser presidente prometiendo lo mismo que Donald Trump, dolor para los enemigos sin ninguna contraprestación a cambio, solo por el simple placer de ver cómo sufren los rojos, los maricones, las personas trans, las migrantes y las mujeres. Timothy Snyder acuñó el término sadopopulismo para hablar de Trump, Fintan O`Toole lo utilizó para explicar el Brexit y me voy a permitir acuñar esa conceptualización para definir lo que sería una victoria de un Alberto Núñez Feijóo indistinguible de la extrema derecha europea. A veces la izquierda tiene problemas para comprender por qué alguien puede votar en contra de sus intereses materiales sin tener en cuenta que también se vota atendiendo a los intereses culturales. Atender a esa consideración puede hacer más comprensible el hecho de que una parte importante de la población de clase trabajadora con escasos recursos y dependiente de un estado del bienestar robusto pueda votar a quien promete eliminar servicios públicos y reducir la recaudación fiscal haciendo que los ricos sean todavía más ricos. Es una explicación dramática, pero plausible, se trata de elegir quién te administra el dolor y dirigir ese dolor de manera más intensa hacia sus enemigos. Timothy Snyder en El camino hacia la no libertad lo expresa de la siguiente manera: “A algunos estadounidenses se les puede persuadir para que tengan unas vidas más cortas y peores siempre que tengan la impresión, acertada o no, de que los negros (o tal vez los inmigrantes, o los musulmanes) van a sufrir aún más.” El Brexit funcionó en esos mismos términos. Una coalición de intereses entre quienes no tenían nada que perder y aquellos que nunca pierden. Entre un obrero blanco rural de la Inglaterra profunda y un aristócrata de la City. Entre un chav y Jacob Reeg Moss pero con un enemigo identificable común: Europa y los inmigrantes. Una alianza entre los privilegiados y los vulnerables nacionales para suministrar más dolor a los que vienen de fuera y así construir una fantasía nacionalista cimentada en la construcción de un fantasma. Cornualles es una región conservadora del Reino Unido en la que viven unos 500.000 habitantes. Entre el año 2007 y 2013 recibió más de 650 millones de euros en subsidios comunitarios y en los siguientes años hasta 2020 acabó recibiendo otros 600 millones más de las instituciones europeas. En total se reciben unos 1.200 euros per cápita, lo que significa un 64% más que la media de Reino Unido debido a que es una zona con muy escaso desarrollo. No hay una región más favorecida por los fondos europeos, pero a pesar de ello El 57% de los habitantes votaron por abandonar la UE. No se trata de no sufrir dolor, sino de sentirse por una vez poderoso y dañar a aquellos que creen los responsables de su situación. No importa que sea mentira.
Si algo caracterizó el sadopopulismo brexitero fue el uso de la mentira como factor vehicular de la campaña. El asesor Dominic Cummings fue el artífice de una política en la que no importaba lo que se dijera mientras fuera efectivo, la misma estrategia que ha usado Miguel Ángel Rodríguez con Ayuso y Feijóo. El secreto está en mentir tanto y de manera tan flagrante que la mentira acabe por no afectar porque ya todo el mundo asume que Feijóo es un mentiroso. Para comprender hasta qué punto puede llegar a ser una estrategia de un éxito incontestable no hay más que mirar a Boris Johnson. El escritor Fintan O`Toole describe de una manera muy descriptiva cómo funciona la protección ante la mentira a través de mentir siempre y de manera desacomplejada: “No puedes desenmascarar a un hombre desnudo: la mendacidad de Johnson siempre ha sido descarada y desnuda. Prosperó no a pesar de ella, sino gracias a ella”. Mentir es fácil para llegar al poder. Pero luego es necesario no defraudar las expectativas creadas. “Derogar el sanchismo” no es diferente a ese lema etéreo que consistía en prometer la inversión de los 350 millones de libras semanales que se iban a Europa al sistema nacional de salud británico. Es irrealizable. El problema de basar una campaña entera en un proyecto que no es posible desarrollar porque está basado en una caricatura inexistente es que tarde o temprano pondrá a Feijóo en un callejón sin salida del que solo será posible salir llevando a cabo esa pulsión sadopopulista de infligir un dolor eterno a los enemigos. Si la extrema derecha sale victoriosa tendremos que tener presente un grito de ira constante en la pulsión de sus electores. Si gana el amigo del narco será por el apoyo de aquellos que no creen que su vida vaya a mejorar con él en el gobierno, no le votan para eso, sino para que cause dolor a quienes odian en un ejercicio sádico de revancha colectiva. Feijóo es nuestro Brexit.
El PP no escarmienta y presiona a todos, incluso a Felipe VI
Mi abuela lo llamaba “escarmiento”. Te advertía que ibas a coger un resfriado si ibas al instituto sin anorak, pero lo hacías. Y te resfriabas. A la semana siguiente volvías a salir de casa “a cuerpo gentil”, como ella decía. Y te espetaba: ¿Es que no escarmientas? Cada vez se utiliza menos, pero escarmentar es un verbo delicioso, de difícil traducción. Se refiere al aprendizaje que se extrae de un error cuyas consecuencias hemos sufrido. Después de recibir una lluvia de pedradas de una cadena de galeotes a los que libera, Don Quijote asegura haber escarmentado. Sancho se muestra escéptico: “Así escarmentará vuestra merced como yo soy turco”, le dice. En pocas páginas ya andan metidos en otro lío. El PP no escarmienta. Y por eso están solos, con la única compañía de Vox, que los encierra a cal y canto en esa soledad. Los españoles han castigado en numerosas ocasiones sus políticas de acoso y derribo al gobierno de turno cuando estaban en la oposición. Se trata de una estrategia que les ha salido mal muchas veces y ahora les ha vuelto a fallar. En esta última legislatura han subido la apuesta, gracias a la sofisticación que permiten los bulos y a lo fácil que resulta destruir reputaciones en la economía de la atención. Al desacreditar al Gobierno por sus pactos, han denostado prácticamente a todo el arco parlamentario. Esa operación se ha reforzado con decisiones como la de bloquear durante cinco años el Consejo del Poder Judicial, que incide en la ilegitimidad atribuida al Gobierno. Qué distinta autoridad política tendría ahora el Partido Popular si lo hubiera renovado sin escudarse en excusas marrulleras. Se habla mucho de que el PP podría exigir correspondencia si hubiera facilitado en 2019 la investidura de Pedro Sánchez, o la de Hernández Vara hace unas semanas en Extremadura. Pero sin llegar a tanto, su situación sería distinta si no hubieran ofendido a las víctimas del terrorismo, tolerando –cuando no practicando– el “que te vote Txapote” sin torcer el gesto. Cómo cambiarían sus perspectivas si no hubieran demonizado el sanchismo, si no hubieran acusado de traición al presidente del Gobierno, si hubieran aportado algo constructivo durante la pandemia, en lugar de intentar defenestrar al Gobierno legítimo. Pero siguen presionando con el racarraca: Feijóo pide estos días al PSOE que le deje gobernar mientras Ayuso sigue hablando de traición. La insistencia de Feijóo demuestra que no ha entendido nada. Presionar no equivale a negociar. Presionar es propio de quien cree tener derecho a heredar. Y en democracia los gobiernos no se heredan. Feijóo demostraría entender el laberinto en que se encuentra si estuviera haciendo otro discurso. Imaginemos algo así: “Voy a pedir el apoyo del Partido Socialista y, para ello, siendo consciente de la importancia que le ha dado el Gobierno actual a las políticas climáticas, estamos dispuestos a discutir nuevas medidas para profundizar en soluciones”. Después podría añadir: “En consonancia con lo expresado en las urnas, ofrezco al Partido Socialista reforzar las leyes sociales que mayor beneficio han reportado a los ciudadanos, particularmente las pensiones, la subida del salario mínimo y la reforma laboral”. Claro que, a continuación, tendría que romper sus pactos con Vox.
El PP sufre una incapacidad congénita para negociar. En el imaginario de la derecha española, hablar significa ceder, negociar equivale a ser derrotado y pactar es lo mismo que rendirse. No hay ninguna connotación positiva en el acuerdo, sólo debilidad y villanía contagiosas. Todo empezó con “no se negocia con terroristas”, un lema hipócrita, puesto que todos los gobiernos, incluidos los del PP, lo hicieron mientras ETA existía. Doce años después de su desaparición, el PP insiste en una traslación poco matizada: los representantes políticos de Bildu también son terroristas y, por tanto, tampoco se habla con ellos. Como el virus de la villanía es peor que la peste, los que hablan, pactan o negocian (es decir, se rinden) con Bildu quedan contaminados. Y quienes hablan con quienes hablan con Bildu, también se contagian. En la fantasía sin matices de la derecha, quien acuerda algo con independentistas atenta contra la Constitución tanto como ellos: contagiados también. El último paso lo ha explicado Cuca Gamarra: negociar con un prófugo de la justicia equivale a trasladar la capital de España a Waterloo. Según la teoría del contagio, Feijóo se convertiría en filoetarra, sanchista y traidor si aceptara los votos del PSOE. Aún así los pide: el absurdo. En lugar de adoptar una posición abierta y conciliadora, presionan con argumentos ridículos. Pero ojo, que el tacticismo les puede fallar de nuevo. Cuando insisten en que Feijóo se presentará a la investidura tenga o no los apoyos, están presionando al jefe del Estado. El artículo 99 de la Constitución dispone que “el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”. No concede ninguna prioridad a la lista más votada, precisamente porque serlo no implica tener la mayoría. Plantear una investidura fallida para fortalecer el liderazgo de Feijóo o como plataforma de lanzamiento para una posible repetición electoral equivale a hacer un uso espurio de la propia investidura y de la figura del Rey. Si no escarmientan rápido se pueden encontrar con otro sonoro portazo en Palacio.
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