Al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, le preguntaron por qué estuvo durante un año sin cortar al ex número dos de Interior, Francisco Martínez, que le pedía información sobre las pesquisas secretas de la causa de Kitchen, en la que terminó siendo imputado. Su respuesta fue un tanto inquietante: que le estaba dando “largas” porque vio que era una persona “desvalida”. Es la explicación que ha dado esta semana a la Cadena Ser tras la revelación de un chat de whatsap entre ambos que, en realidad, habla del desvalimiento de los millones de españoles que no tienen contactos en las altas esferas de la judicatura ni pueden pagar una botella de Vega Sicilia, el vino con el que el imputado promete agasajar al juez la próxima vez que cenen.
Los tribunales tendrán que dilucidar si hubo delito pero, como poco, este episodio ilustra una alarmante falta de ética que engorda la lista de las razones de muchos ciudadanos para desconfiar de casi todo. Porque la actualidad sirve argumentos para todos los gustos, desde los pagos del FC Barcelona al vicepresidente de los árbitros, la trama que supuestamente lidera un general de la Guardia Civil (condecorado por encima de sus posibilidades) y las fotos con prostitutas de un diputado canario que militaba en el PSOE, un partido abolicionista. Y luego está lo del pseudoperiodismo, dispuesto a hacer el juego al que la diga más gorda, con o sin pruebas. Jueces, políticos y altos cargos que tendrían que extremar la ejemplaridad de sus comportamientos en sus ámbitos de decisión pero que provocan todo lo contrario, una sociedad cada vez más enferma de desafección y más desconectada de los protagonistas de la esfera pública. Tras años encadenando crisis económicas, políticas e institucionales, los abusos y la corrupción funcionan como un peligrosísimo disolvente social, veneno puro para la convivencia democrática, que actúa con mucha más eficacia después de todas las promesas de regeneración que no han llegado a cristalizar. En algunos casos por incapacidad de aplicar medidas valientes y en otros por la resistencia numantina de quienes tienen la sartén por el mango. El ejemplo más clamoroso de esto último es el bloqueo de la renovación de la cúpula del Poder Judicial que, a nueve meses de que se celebren elecciones generales, sigue sin representar a la mayoría que salió elegida en las anteriores, en 2019. La camaradería de los mensajes del presidente de la Audiencia Nacional y el ex alto cargo popular da pistas sobre las motivaciones para el atrincheramiento de los conservadores en el Consejo General del Poder Judicial. Al PP le quedan unas cuantas causas pendientes. ¿”Desvalido” Francisco Martínez? Desvalida se queda la sociedad cuando duda de la neutralidad de su sistema judicial. Cuando pierde la fe en las instituciones. Desvalidos nos quedamos todos cuando la antipolítica se extiende como el hongo de The Last of Us, la serie apocaliptica de moda, y cuando caemos en la cuenta de que quizá Pedro Pacheco fue un visionario al proclamar aquello de que "la justicia es un cachondeo”. Desvalida se queda la democracia si no se lanzan mensajes claros de que existen herramientas para que el bien común prevalezca sobre los intereses de unos pocos. Francisco Martínez no está desvalido. Él juega un partido en el que conoce a los árbitros.
El derecho constitucional a la libertad de expresión ya tiene su límite en los delitos de odio y el derecho a no ser ofendido no puede limitarlo porque jurídicamente no existe.
La historia de los países está codificada en sus leyes y la historia del Derecho es la historia de la separación entre el pecado y el delito.
En su cuento El Aleph, Jorge Luis Borges describe un punto ubicado en el sótano de una antigua casa en el que se puede ver el universo desde todos los ángulos posibles. Algo parecido pasa con el artículo 525 de nuestro Código Penal, el que castiga la ofensa a los sentimientos religiosos: en él se puede ver toda la historia de España. ¿Que no? Pasen y vean.
Pecado y delito La palabra ‘blasfemia’, de origen griego, significaba injuria contra alguien. La connotación religiosa, en realidad, estaba tipificada en la asebeia, que era el cargo criminal por “profanación y burla de objetos divinos” o “irreverencia hacia los dioses del Estado”. Por este cargo fueron condenados Sócrates, a muerte, y Aristóteles, al exilio.
La asebeia griega se traduce al latín como ‘impiedad’, entendida como falta de fe religiosa. Pero, en pos de la paz social, los romanos eran tolerantes con las religiones de los pueblos conquistados. Su solución ante el problema de aquella nueva secta apocalíptica que venía liándola parda, el cristianismo, fue dejar el asunto en manos de las autoridades y la justicia hebreas: Jesús fue condenado por blasfemia, penada con la muerte por el código Levítico.
Más tarde, Santo Tomás de Aquino, siguiendo la doctrina de San Agustín, afirmará que “aunque todo delito es pecado, no todo pecado es delito”.
Y será ya con el absolutismo cuando Estado y religión se abracen más pasionalmente: la expansión de los reinos devenidos en imperios requería la unidad política basada en la ortodoxia religiosa.
Apareció Lutero con su cisma, y la blasfemia volvió a estar de moda como forma de acabar con los que amenazaban la unidad doctrinal y el poder de Roma, castigada entonces con atravesamiento de lengua con barra de hierro, cárcel y muerte, entre otras linduras.
Tuvieron que plantearse el siguiente dilema: si la blasfemia ofendía a Dios, ¿podía el Todopoderoso ser sujeto pasivo protegido por los tribunales terrenales? Sonaba a pecado de soberbia. Por no hablar de que era muy improbable que la víctima se presentara a poner la denuncia.
Determinaron que la “blasfemia herética”, aquella que cuestiona la doctrina de la Iglesia, era un delito de religión y debía ser juzgada por los tribunales eclesiásticos, y la “blasfemia simple”, la injuria o el escarnio de Dios y sus cositas, era un delito contra la religión y debía ser juzgada por los tribunales seculares. Aquí ya no era a Dios al que se ofendía sino los sentimientos de sus fieles. Así, la reacción que produce en los demás pasó a ser parte integrante de la blasfemia como delito de desorden público.
Pero llegó el siglo XVIII y las ideas de la Ilustración dieron un giro al asunto. O, como dirían en el país de Borges: se armó el quilombo.
Se armó el quilombo: llegó la Ilustración En la Revolución francesa, y poco antes en la americana, se acabó con la relación entre Iglesia y Estado y se cortó el cordón umbilical que unía el delito con el pecado, se planteó una ciencia del Derecho penal de carácter empírico y la blasfemia dejó de ser delito en Francia en 1791. Aunque poco después la moralidad católica será restaurada, que se lo pregunten si no a Baudelaire o Flaubert.
Estas ideas, origen del liberalismo, causaron una furibunda reacción en las élites españolas: Castilla era, desde tiempos de Isabel I, el reino elegido por Dios para expandir su palabra en un mundo con gran oferta en infieles.
En España, este divorcio entre pecado y delito tiene su propia historia de idas y venidas y dejó su huella en las diferentes constituciones y códigos penales aparecidos a partir del siglo XIX, desde que las Cortes de Cádiz promulgaron la Constitución de 1812, la cual, en cuanto a división entre Iglesia y Estado y al contrario de lo que se podría esperar, no fue, ni mucho menos, un viva la Pepa.
A pesar de su carácter revolucionario, la necesidad de unidad frente a la invasión francesa los llevó a ser muy moderados en el tema religioso, y esto quedó reflejado constitucionalmente: “La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única verdadera”. En su Código Penal de 1822, se categoriza la blasfemia dentro de los “delitos contra la religión del Estado”, con penas de entre quince y cuatro meses de prisión. Una nadería comparado con el apachurramiento de lengua de tiempos anteriores.
Pero regresó el Borbón, se gritó “Vivan las cadenas” y la cosa se torció.
Empezaba así un tira y afloja entre dos ideas contrapuestas de España, la confesional y la liberal, con la blasfemia como centro gravitatorio e Iglesia y Estado como esas parejas que no se pueden ni ver pero que no terminan nunca de perderse de vista.
Iglesia y Estado: una relación tóxica Tras el apoyo incondicional de la Iglesia al absolutismo de Fernando VII empezaron las tensiones entre conservadores y liberales. En la Constitución de 1837 se mantiene la católica como religión oficial, pero no se llega a aprobar el Código Penal correlativo.
Los moderados deciden reorganizar la sociedad: la Constitución de 1845 tiene una clara vocación confesional y en el Código Penal de 1848 la blasfemia deja de ser delito grave y el escarnio a seres imaginarios pasa a ser solo una falta. La reforma de 1850 no aporta ninguna diferencia, pero tras la inestabilidad de los gobiernos de la década de los sesenta, destronada y exiliada Isabel II, comienza la primera República y vuelven las ideas de la ilustración. Su Constitución de 1869 permite por primera vez el ejercicio de la libertad de culto y su Código Penal de 1870 ni siquiera tipifica la blasfemia como falta, algo que, para algunos, no tendrá perdón de Dios.
La reacción no se hizo esperar: en 1874 el general Pavía disuelve las Cortes y el general Martínez Campos da un golpe de Estado y proclama a Alfonso XII nuevo rey. Empezaba la Restauración católica borbónica. En la Constitución de 1876 la única y verdadera volvió a ser la religión oficial del Estado. Pero seguía vigente el Código Penal de 1870, que pasaba olímpicamente de la blasfemia, lo que resultaba discordante con la nueva Carta Magna.
Los carlistas y los nuevos movimientos obreros no paraban de dar por saco. Para que no les fastidiaran el invento, liberales moderados y conservadores se alternaban en el poder con la regente María Cristina en el trono. Pero no les dio tiempo ni consenso para ponerse con el alicatado del Código Penal: un anarquista italiano se cepilló a Cánovas del Castillo y por culpa de los gringos perdimos Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Las élites conservadoras estaban que echaban espuma por la boca. Le tocaba el turno a Alfonso XIII y la blasfemia seguía sin ser castigada.
Siglo XX cambalache: el imperio contraataca Recién en 1928 se apañará esta contradicción entre el Estado confesional de la Constitución del 76 y el Código Penal del 70, que seguía vigente: en el nuevo Código Penal de la dictadura de Primo de Rivera se recuperarán los tipos de blasfemia, profanación y escarnio como falta, ampliándolo a aquello que pudiera ofender a los demás cultos.
Tras la dimisión del dictador y la caída de Alfonso XIII llega la Segunda República, y con su Constitución de 1931 se separan una vez más Iglesia y Estado. Aunque no sin resistencia: casi la mitad de la Cámara no participó en la decisión. En su Código Penal de 1932 sigue el respeto a los sentimientos religiosos como bien jurídico protegido. Tal vez la tensión con los sectores conservadores derivara en esta concesión.
La reacción se vino arriba con el levantamiento militar del 36. Tras la Guerra Civil y el triunfo del bando nacional, Franco querrá revivir la idea mítica del imperio español, para lo que contará con el sector más cavernario de la Iglesia católica como pieza fundamental en su plan de adoctrinamiento social. El nacionalcatolicismo extenderá sus tentáculos por todos los ámbitos, empezando por la educación. Iglesia y Estado volverán a su antiguo romance, y el Código Penal de 1944 rescatará el delito de blasfemia, castigando el escarnio, el ultraje y las expresiones injuriosas contra el panteón celestial.
En 1967, tras las presiones del bloque occidental y en modesta concesión al liberalismo, se promulga una Ley Orgánica del Estado donde el régimen reconoce el derecho a la libertad religiosa, pero el Código Penal de 1973 mantiene el delito de blasfemia y amplía el amparo a los sentimientos religiosos a las demás supersticiones reconocidas.
Muerto Paco y con Juan Carlos como rey y dique de contención de la conspiración bolchevique-judeomasónica, empezará la Transición. No será fácil teniendo al nacionalcatolicismo tutelando el camino. En la Constitución del 1978 se vuelve al modelo de un Estado aconfesional que reconoce y garantiza la libertad religiosa y en 1983 se reforma el Código Penal para ajustarlo al nuevo marco constitucional democrático. Se elimina la protección especial a la religión católica y en la Ley Orgánica de 1988 la blasfemia deja de ser delito, aunque se mantiene como falta para suprimirse finalmente en 1989. Pero permanecerá la protección a la sensibilidad de los fieles, que se colará en el Código Penal de 1995, vigente actualmente, donde ya no queda ni rastro de la palabra blasfemia pero sigue latiendo en el artículo 525 con lo que, desde tiempos remotos, es parte de su definición: el escarnio a los sentimientos religiosos.
Oé oé oá, la religión es un sentimiento que no puedo parar El artículo 525 dice:
1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican.
Gran parte de las religiones se basan en que su fe es la verdadera, siendo las otras falsas o meras desviaciones de la verdad divina revelada en exclusividad, lo que convierte a dogmas y postulados de unas en herejías y blasfemias para las otras. Penalizar la ofensa a los sentimientos religiosos en el marco de la libertad de culto equivale a que todas las religiones puedan querellarse contra las demás por considerar sus divergencias como ofensas. Si quisieran, los musulmanes españoles podrían querellarse contra Salman Rushdie y aquellos que lo han publicado por lo ofensivo de sus Versos satánicos. E incluso contra todos los medios que publicamos las caricaturas de Mahoma en solidaridad con Charlie Hebdo cuando el atentado en París. Estarían en su derecho.
Por otro lado, el artículo 525, como concesión al laicismo, dice:
2. En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna.
Y aquí, en mi opinión, se llega a una contradicción entre ambos puntos del artículo, porque el laicismo y el ateísmo se basan en el empirismo aplicado a los sistemas de creencias disponibles en el campo público de las ideas. Su sistema de creencias –por igualarlo a lo religioso– se basa en la crítica a las religiones, por lo que su expresión puede implicar una ofensa a los sentimientos de aquellos que sí creen en ellas. Si desde el laicismo se utilizara el punto 2 del artículo podría darse la proliferación de querellas contra el cristianismo por sostener públicamente que los que no creen en Dios son “necios, empobrecidos de entendimientos y corrompidos” (Salmos 14:1, Romanos 1:20-32, Efesios 4:18, entre otros), un clara ofensa a los sentimientos laicos.
Se rompería así la convivencia pacífica y democrática de la pluralidad de ideas, por ser las convicciones de unos ofensas para los otros, y viceversa.
Por no hablar de lo difícil que resulta comprobar la veracidad de la ofensa y medir el daño en los sentimientos.
Se busca perito experto en heridas de sentimientos No hay discusión sobre lo subjetivo de algo como la ofensa, y no hay perito capaz de comprobar si una herida en los sentimientos coincide con las características de aquello que se dice que la ha causado, trasladando la prueba empírica que relaciona causa y efecto a la valoración personal del juez.
La catedrática de Derecho Civil María Paz García Rubio, en su estudio monográfico Arte, religión y Derechos Fundamentales. La libertad de expresión artística ante la religión y los sentimientos religiosos (algunos apuntes al hilo del caso Javier Krahe), dice sobre el punto 1 del artículo 525 que “la regla en cuestión no es a su vez manifestación de otro derecho fundamental, sino resultado de la incorrecta elevación de un bien infraconstitucional al rango de límite de un derecho de naturaleza constitucional”. Y aclara que “la Constitución permite la limitación del derecho a la creación artística –como de otras libertades fundamentales–, pero únicamente si se puede fundamentar a partir de la garantía de otros derechos, bienes o intereses constitucionales; pero si el hipotético derecho a no sentirse ofendido por las expresiones de otros no forma parte de la libertad religiosa, no se puede convertir lo que no es un bien constitucional en límite a un derecho fundamental; mucho menos cuando se adopta la forma más restrictiva de limitación como es una tipificación penal”.
El derecho constitucional a la libertad de expresión ya tiene su límite en los delitos de odio, que necesita de una relación directa entre lo expresado y acciones coercitivas posteriores en detrimento de un determinado colectivo o culto, y no se conoce caso de creyente que dejara de practicar su fe por herida en sus sentimientos.
Sin que exista el derecho a no ser ofendido, no puede este limitar el derecho fundamental de la libre expresión.
Un pecado en el Código Penal Aunque la blasfemia no conste como bien jurídicamente protegido, la utilización del escarnio a los sentimientos religiosos sirve para que, en pleno crecimiento de la ultraderecha, grupúsculos de fanáticos herederos del nacionalcatolicismo exijan una protección especial de su fe para acallar la libertad de expresión de los que piensan diferente. Y esta práctica, se admitan o no a trámite las querellas, cuesta tiempo y dinero a los acusados por el hecho de ejercer su derecho constitucional de expresar libremente sus ideas, lo que desincentiva cualquier expresión contraria al catolicismo e impone el tabú sobre ideas e iconografías que son parte del espacio público y de la historia común. Es así como el pecado de blasfemia sigue latente en nuestro Código Penal no en su forma explícita pero sí en su resultado material coercitivo.
Nuestros legisladores tienen en sus manos el corregir esta discordancia entre la Constitución y el Código Penal para que por ese punto, el artículo 525 -nuestro Aleph-, no se nos cuele aquella idea arcaica de España como Estado confesional contraria al pensamiento liberal de las democracias modernas. Cerrarán así la ventanita por la que los demonios del pasado intentan volver para reclamar sus privilegios en un presente en el que ya no mandan y son ni más ni menos que uno más entre iguales.
No hacerlo no será delito pero sería un pecado.
Salú y República.
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El principal artífice de la salida del Reino Unido de la UE y antiguo líder de la extrema derecha dice que los ‘tories’ son “casi tan inútiles como los comisarios en Bruselas”.
Nigel Farage, el gran artífice y defensor del Brexit durante años, reconoce ahora que la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha sido un fracaso para la economía de su país. El político de extrema derecha y antiguo eurodiputado y líder del partido del Brexit culpa a los políticos británicos conservadores por no aprovechar lo que él consideraba una oportunidad.
Farage está retirado de la política y ahora es tertuliano de GB News, un canal dedicado a la opinión conservadora, aunque es todavía presidente honorífico del partido Reform UK, lo poco queda del partido de extrema derecha que consiguió en 2016 su principal razón de ser: la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ahora Farage se une a la mayoría de la población que considera que el Brexit ha sido en la práctica dañino para su país.
Este lunes, en un programa nocturno de entrevistas de la BBC, Farage fue interrogado sobre los malos datos económicos del Reino Unido, que es la economía entre las siete grandes del mundo que peor se ha recuperado de la pandemia y la que tiene la inflación más alta en medio de una caída de las relaciones con su principal mercado, el europeo, y una escasez acuciante de trabajadores en sectores clave.
“No nos hemos beneficiado del Brexit económicamente, de lo que podríamos haber hecho… Me temo que lo que el Brexit ha probado es que nuestros políticos son casi tan inútiles como los comisarios en Bruselas. Hemos gestionado mal esto, desde luego”, dijo Farage. Según él, la subida del impuesto de sociedades y los nuevos requisitos del papeleo en el Reino Unido “están echando a las empresas” de su país. “Ahora que hemos recuperado el control, estamos regulando nuestras propias empresas incluso más de lo que estaban reguladas cuando éramos miembros de la UE”, dijo. “El Brexit ha fracasado”, añadió, sin que la presentadora le hubiera hecho directamente esa pregunta. Farage culpa a los tories, que llevan 13 años en el poder, y, según él, han “fallado” al país.
Arrepentidos El 65% del electorado cree que el Gobierno conservador ha gestionado “mal” el Brexit y sus consecuencias frente al 23% que opina lo contrario, según la última encuesta de YouGov con datos de abril. Y estas son cifras mejores para los conservadores comparadas con los de hace unos meses, probablemente por el efecto del acuerdo en febrero sobre el protocolo de Irlanda del Norte, uno de los puntos de fricción desde la salida del Reino Unido del bloque comunitario.
El electorado tiene pocas esperanzas de que ningún partido vaya a gestionar bien los efectos del Brexit. La respuesta más común desde hace meses a quién lo haría mejor es “no sé”, según sondeos que repiten la pregunta.
La mayoría de la población cree ahora que fue “un error” salir de la Unión Europea: el 53% frente al 34%, según las últimas encuestas de YouGov. En junio de 2016, el 52% votó a favor de salir de la Unión Europea frente al 48% que apoyó quedarse.
Pese a que la opinión pública ha cambiado, el Brexit sigue siendo un debate que ni el Gobierno ni la oposición laborista apenas toca por lo polarizador que puede volver a ser y por las escasas posibilidades de revertirlo por completo.
El primer ministro, Rishi Sunak, que fue uno de los defensores del Brexit en su dividido partido en 2016, intenta ahora hacer algunos arreglos respecto a la ruptura total que eligió el Gobierno de Boris Johnson para la relación entre la UE y su país. Por ejemplo, Sunak ha abandonado la idea de abolir este año automáticamente todas las leyes derivadas de la legislación de la UE -el plan inicial de los tories- y quiere mayor cooperación con su la Unión en investigación y defensa.
Keir Starmer, el líder laborista, dice que está estudiando una propuesta que permita que los ciudadanos de la UE que residan y paguen impuestos en el Reino Unido puedan votar en las elecciones generales, pero también asegura que no planteará un nuevo referéndum sobre el Brexit.
La ETA no existe, pero colea. Hace unos días, los amables señores de Bildu presentaron unas listas electorales trufaditas de asesinos convictos y hubo quien se molestó. Los putos ofendiditos. Sesudísimo debate sobre la reinserción, los derechos civiles y el sursuncorda. Los unos, que si no hay que entrometerse en las listas ajenas. Los otros, que es la confirmación de que el gobierno está en manos de la kale borroka. Algo tiene el terrorismo con barniz izquierdoso, que encandila. Cuando los chicuelos de Falange presentaron al candidato García Juliá (pistolero en la matanza de Atocha) a la Alcaldía de Bilbao, el respetable no tuvo dudas.
En fin. El otro día compareció Otegi y nos contó, muy circunspecto, que los susodichos se retiraban. Gran jolgorio. Habrá quien espere agradecimiento por no proponer a José Bretón para ministro de Educación. Que sí, que el asunto de ETA tiene sus complejidades y que el Estado no se puede poner campanudo hasta que no aclare las numerosas vulneraciones de derechos humanos (supuestamente) perpetradas por los picoletos y los maderos. Pero, vamos, no me jodas: no te puedes hacer el sorprendido si a los de Covite les escuece que presentes al asesino de padre a concejal del pueblo.
Acto seguido, los que estaban de perfil se plantaron de lleno a celebrar la gran conquista de la dignidad y la democracia. A enemigo muerto, gran lanzada. Palmaditas en la espalda por haber desactivado el resorte propagandístico de la ultraderecha. Manda narices. Enfangado en estas cuestiones, me pregunto qué les parecerá a los señores de Fregenal, provincia de Badajoz, este divertido sainete. O hablamos de Ayuso (que quiere arreglar el cambio climático poniendo un geranio en cada balcón) o nos enfrascamos en las planchas electorales de una pedanía de Álava. Bueno, creo que podríamos ir terminando… ¡cáspita! ¡Entra un teletipo! Aznar se ha juntado con Almeida (señoras, guarden a sus hijas) y ha vaticinado una excarcelación "masiva" de etarras y un referéndum de autodeterminación en el País Vasco. No gana uno para disgustos. Agárrense a la silla, porque se viene un raca raca monumental: que si hay que ilegalizar a Bildu, que si el Constitucional se opone es porque está infiltrado por la masonería sanchista, que si fumigan las nubes para que no llueva y dale que vengo con el fraude electoral. ¿Cómo? ¿No se han enterado? Desde hace semanas, al goce de la precampaña y la sequía, empezaron a florecer los capullos de la conspiración. Resulta de que. El Gobierno ha estado provocando una sequía química que resolverá a pocos días de las elecciones para quitarle el mérito a la virgen de las cuevas y quedarse con el usufructo de las rogativas. Solo compras este nivel de chaladura cuando tienes acciones en todos los frenopáticos, así que prepárense para que todos los del chip de las vacunas empiecen con la matraca de que los iluminatis han apañado las elecciones. El trumpismo nuestro de cada día.
Ilegalizar partidos es una práctica habitual de las dictaduras o de los regímenes autoritarios. Los sistemas democráticos solo aplican una medida tan drástica en supuestos muy excepcionales de utilización partidista de la violencia para la consecución de objetivos políticos. El pluralismo es la esencia de la democracia. Como valor superior de nuestro ordenamiento constitucional, la pluralidad política presupone la diversidad de opciones igualmente legítimas que deben poder convivir en el espacio público. Las peticiones de ilegalización de Bildu vuelven a poner de manifiesto compromisos frágiles con el pluralismo. Lo cierto es que nunca han estado presentes tantas peticiones de borrar partidos del mapa democrático. Desde determinados discursos de extrema derecha se pide continuamente ilegalizar a partidos independentistas, nacionalistas o a fuerzas de izquierda. Pero también hay voces progresistas que pretenden la expulsión del tablero democrático de formaciones de la derecha radical o incluso del PP. Ese rechazo del pluralismo ideológico ha sido un rasgo distintivo histórico en España del pensamiento conservador. Algunos autores han examinado en profundidad los orígenes en el pasado de esas concepciones y las han conectado con las reiteradas dificultades para vertebrar el sistema democrático en nuestro país. Américo Castro analizó nuestra construcción estatal desde el siglo XV y la relacionó con la enorme influencia de la Iglesia Católica, que comportó la expulsión de los judíos y de los moriscos, así como la aniquilación de protestantes y miembros de otras creencias catalogadas como herejías. Esas visiones sobre la limpieza de sangre o la pureza de espíritu arraigaron hondamente en la sociedad. La Inquisición fue una de las instituciones más populares del país durante siglos. La persecución de las mentalidades discrepantes estuvo siempre muy presente y torpedeó aquí la implantación de una democracia liberal como la que se desarrolló en otros lugares (basada precisamente en el pluralismo). La noción ancestral de esa España eterna era incompatible con la presencia de traidores que carcomían su carácter sagrado. Uno de los principales padres intelectuales del conservadurismo español, Marcelino Menéndez Pelayo, escribió una de sus obras más conocidas con el título Historia de los heterodoxos españoles, en la que en ocho tomos retrataba despiadadamente a un largo listado de infieles anticatólicos, ilustrados irreverentes o liberales recalcitrantes. De hecho, con fundamento en todos esos dogmas de limpieza ideológica, el golpe de estado de 1936 y la brutal represión del franquismo incorporaron como objetivo central el exterminio de enemigos de la patria y de heterodoxos de la anti España. No resulta difícil detectar actualmente esa perspectiva antipluralista en los ámbitos del llamado franquismo sociológico. Con esos antecedentes históricos, deberíamos preservar con firmeza el pluralismo democrático. En la actualidad no hay ningún grupo político con representación parlamentaria que utilice la violencia e incumpla la Ley de Partidos. Ni Bildu ni ningún otro. Para que se pueda acordar la disolución de una organización política, la ley exige como premisa el respaldo de métodos violentos o de actuaciones terroristas. Al no existir ETA ni terrorismo activo, ese requisito resulta de concurrencia imposible. La inclusión de candidatos condenados por terrorismo no es una premisa para la ilegalización, sino que está configurada en la ley como un indicativo (entre muchos otros) de soporte a dinámicas terroristas existentes. La ilegalización de Bildu carecería del más mínimo encaje legal y, además, se trata de un partido que no alienta la violencia para la obtención de fines políticos. El debate sobre la inclusión de candidatos condenados no es nuevo. Se ha producido otras veces, también en relación con delitos diferentes. Afecta a cuestiones como los principios éticos que deben inspirar las listas electorales, los efectos de la reinserción o el mensaje simbólico que se traslada a la ciudadanía. Pero no puede justificar las peticiones de ilegalización, que están más relacionadas con las concepciones de pretender expulsar aquello que a algunos les desagrada. Sin embargo, quienes plantean esas exigencias pueden ser objeto igualmente de demandas de expulsión, porque también pueden irritar a sus adversarios. Y ese bucle acaba siendo opuesto al pluralismo democrático.
Esas inclinaciones excluyentes han sido tradicionalmente conservadoras en nuestro país, pero ahora también están impregnando a sectores progresistas, en el marco de la denominada cultura de la cancelación. Cuando a alguien no le gustan las ideas de un partido, lo correcto para un verdadero demócrata será intentar persuadir a la sociedad de que no lo apoye, en lugar de pretender recurrir al comodín fácil de requerir su desaparición forzosa. Como explicó John S. Mill, nuestras ideas no son infalibles y la manera de defenderlas no puede ser extirpando las contrarias, sino aceptando la exposición de todos los argumentos en el debate público, para que sea la ciudadanía la que pueda optar libremente por lo que más le convence. Ilegalizar partidos implica anular políticos, ideas y votantes. No resulta admisible hacerlo cuando los postulados de una formación política se expresan sin violencia, porque supondría un ataque al pluralismo. Además, vincular estas peticiones infundadas con ETA puede suponer una patrimonialización de la lucha contra el terrorismo con finalidades electorales, de aspecto poco edificante, porque esa defensa de la democracia fue colectiva. Las proclamas de ilegalización de un partido sin justificación siempre están conectadas con discursos autoritarios y poco democráticos.
La victoria de la derecha en las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado domingo certifican que estamos ante el fin de un ciclo político. Un ciclo que acabará de rematar las elecciones generales adelantadas al 23 de julio en esta, quizás la última, jugada al todo o nada del todavía presidente Pedro Sánchez y su equipo. Un ciclo en el que, por primera vez en muchas partes, la izquierda más allá del PSOE ha tocado poder, ha gestionado y ha llegado más lejos que nunca. Llegan nuevos gobiernos a las autonomías y posiblemente a la Moncloa, que pretenderá hacer creer que hace borrón y cuenta nueva, que elimina de un plumazo lo anterior, como pasa cada vez que viene un nuevo gestor, y al final, tan solo acaba pintando un poco la fachada. Las izquierdas lo saben bien, pues la lista de incumplimientos del gobierno de coalición es bien larga, y quizás en parte por eso se explique la deserción de una gran parte de su electorado. La derecha toca cosas, pero no se acaba de atrever en muchas otras. Mete mano a lo público, pero prefiere no levantar polvareda en otros asuntos, todavía presos de ese supuesto consenso progresista, esa ‘dictadura de lo políticamente correcto’ que algunos dicen haber venido a derribar y que es todavía hoy un blindaje resistente, por mucho que nos quieran convencer de que la juventud es reaccionaria. El saqueo habitual de la derecha y el todavía más debilitamiento de lo público, convirtiendo los derechos en negocios, va a provocar daños irreparables en los más vulnerables. Una sanidad pública cada vez más precaria, una educación que dejará a muchos atrás, y unas políticas sociales darwinistas que acelerarán la imparable segregación clasista va a tener efectos todavía más devastadores en la clase trabajadora, y eso es innegable. Al proyecto neoliberal, del que forma parte también la socialdemocracia, hay que sumarle un nuevo actor legitimado por ellos mismos que es la extrema derecha, que no solo existe y enturbia el debate, sino que toca poder y gobierna. Vienen a destrozar lo poco que queda del llamado Estado del Bienestar y van a intentar quitar más derechos a los más vulnerables. Para eso ha venido: para mantener el statu quo y los privilegios de los de siempre, dejando hacer a los mayores (PP) y segando la hierba por abajo. El matonismo fascista de siempre. La ola reaccionaria y su batalla cultural es global, y su cruzada contra los consensos construidos durante años en materia de derechos está llegando incluso a convencer a una parte de la izquierda, que a menudo usa los mismos marcos, el mismo lenguaje y los mismos memes que la extrema derecha. Ese es su mayor logro. Vox ha entrado en muchos ayuntamientos, se consolida en otros, es llave para muchos gobiernos autonómicos y cuenta ya con una coraza que ha parado las flechas: a sus votantes se la suda que una de sus candidatas haya sido detenida por traficar con drogas en Parla, les han votado más. Y que el candidato para la Generalitat Valenciana fuese un ex Fuerza Nueva condenado por violencia machista. Pecata minuta. Al menos no dicen ‘niñes’ ni van de la mano de la ETA. Tenemos la memoria muy corta, y quizás deberíamos recordar de dónde venimos para entender qué ciclo dejamos atrás y qué y sobre qué nos va a tocar construir. La llegada de una nueva izquierda a las instituciones hace diez años no fue fruto única y exclusivamente de la habilidad de sus impulsores, sino de un conjunto de factores que lo hicieron posible. El desgaste de los dos grandes partidos ante la corrupción y la gestión de la crisis económica que precarizó todavía más a la clase trabajadora sembraron un malestar creciente en la población que la izquierda supo canalizar bien a través de movimientos sociales, huelgas generales, presión en las calles y buenas campañas de comunicación poniendo sus temas en el centro: vivienda, sanidad, educación, futuro, frente a una ‘casta’ que se negaba a tocar los privilegios de los de siempre y que la crisis ni despeinaba.
Hay que recordar que entonces, los propietarios de los medios y muchos de los presentadores eran exactamente los mismos de hoy. Su discurso era el mismo y su antipatía y miedo a las izquierdas, también. La sombra de ETA era todavía más reciente, y ni siquiera había la cantidad de medios de comunicación de izquierdas o progresistas que hay ahora. Ni tantas redes sociales. Eso sí, las calles estaban llenas todas las semanas por unas u otras causas, y la extrema derecha de hoy estaba todavía contenida en el PP. Albiol ya existía y ganaba con sus promesas de limpiar Badalona con fotos de gitanos rumanos rebuscando en la basura; la ultraderechista PxC había conseguido 67 concejales en Catalunya con un discurso contra las personas migrantes y musulmanas; y en València llevábamos ya veinte años de hegemonía del PP, que ganaba reiteradamente a pesar de los numerosos escándalos de corrupción; y por si fuera poco, teníamos varios concejales neonazis en algunos pueblos y violencia fascista cada semana. Y cuando todo esto se difuminó en pocos años y llegó la izquierda, algunos sabíamos que esto no sería más que una tregua en la que tocaba aprovechar las posibilidades que presentaba sembrar pero que debía servir para rearmarse para un futuro. Para el que justo acaba de llegar. Esto lo han entendido y lo han llevado a la práctica numerosos movimientos sociales en todo el país, que han aprovechado el viento para remar y se han instalado en sus barrios para quedarse, esté quien esté en las instituciones. También han surgido nuevos, nuevas generaciones descontentas con la cada vez menos incidencia de las izquierdas institucionales en la mejora de la vida de la clase trabajadora, y que han iniciado un proceso de ruptura política y generacional con quienes llegaron con la marea del ciclo anterior. Lo que nos aterra y nos parece una aberración, tiene, sin embargo, múltiples puntos débiles, y tendrá muchos más conforme les toque gestionar. Con el gobierno PP-VOX de Castilla y León hemos visto una avanzadilla de lo que puede pasar: la derecha de toda la vida, el PP, ha venido a gestionar, a repartirse el pastel, como ha hecho siempre. Y los enfants terribles de Vox no son más que el mal menor que tienen que aguantar para contentar a sus cuñados. Les dejaran ladrar, pero no morder. Es la derecha cobarde de siempre. Hay que buscar el equilibrio entre asumir la gravedad del asunto y huir de relatos apocalípticos que promuevan la apatía, el nihilismo y la rendición. Este marco es precisamente el que pretende instalar la derecha en la izquierda, y aunque nos salga estos días como desahogo, no puede recluirnos en el armario, no podemos avergonzarnos de nuestras ideas ni renunciar a lo conseguido, ni mucho menos a lo soñado. Y no hablo solo de las instituciones ni de sus gestores, sino en todo el amplio espectro de la izquierda, también en la que esta vez ni siquiera ha votado, pero sigue trabajando en sus barrios y en sus movimientos sociales como ha hecho siempre. A algunos les va a tocar bajar a la calle por primera vez y descubrir un mundo que ya existía mucho antes de que esa nueva izquierda universitaria llegase a las instituciones. A otros les va a tocar dejar de vivir de ello y decidir si, una vez se acabó el curro, se acabó la militancia. Y a otros les va a tocar asumir que, si quieren de verdad construir al margen de los partidos y las instituciones, deben ser capaces, además de destruir lo viejo, de construir una alternativa real que tenga efectos en la mejora de la vida de las personas, también a corto plazo. El derrotismo y las distopías siempre son reaccionarias. Lo expliqué en un artículo en el que reivindicaba escribir mejores futuros, lo dijo estos días también Ken Loach ante el estreno de su última película, y es el mantra que conduce el hilo del último disco de Los Chikos del Maíz. Hay futuro. A pesar de todo. Hay que dejar de llorar ya y ponerse a trabajar.
Laberinto escribió:"...Hay futuro. A pesar de todo. Hay que dejar de llorar ya y ponerse a trabajar."
Me quito el sombrero ( no llevo, pero me lo pondría para quitarmelo) . Gran artículo y grandioso final!
Gracias por traer esto, marapez!
Laberinto.
Hay futuro, pero sólo si todos combatimos, en todas las áreas de nuestra vida, el neofascismo, los haters, las calumnias, las mentiras, los bulos, las difamaciones, y los insultos indiscriminados de la bulocracia, toda esa basura que arruina diariamente nuestra sociedad... y nuestro foro.
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