A veces, cuando me enfado mucho, parecería que estoy a punto de llorar. Y de hecho lo estoy. La rabia se me sube a los ojos y me tiembla la voz. Es algo que me ha sucedido solo en un par de ocasiones. El factor que se repite en todas ellas, curiosamente, es un sentimiento de injusticia, un hartazgo y asco por mi interlocutor. Lo que quiero decir hoy es que te comprendo, Elisa, comprendo tu enfado. Yo, probablemente, habría llorado. Esta semana dos de los poderes más corruptos de nuestro tiempo —la política universitaria y la de partido— se unían para insultarnos una vez más a la cara. ‘La Nerona’ de Madrid —sería un buen nombre para una pizza, pero estoy hablando de la presidenta de la Comunidad— era nombrada alumna ilustre por la Universidad Complutense en un acto donde compartía protagonismo con el alumnado que se manifestaba a las puertas al grito de “Ayuso, pepera, los ilustres están fuera”. El foco los iluminó también a ellos y a Elisa. A Elisa, que hizo del desmantelamiento a tumba abierta de lo público su causa personal. Y eso, no hay garganta que lo aguante. Más allá de lo evidente, del hartazgo general, me pregunto en qué momento se ha hecho necesario premiar a una política con un galardón universitario. En qué punto de las últimas décadas esto se nos ha ido tanto de las manos como para considerar a la clase política una suerte de nuevo estamento nobiliario. ¿Se han fijado en que hablamos sobre ellos como quien discute el argumento de una telenovela? A nadie le producen ya admiración los políticos. A muy poca gente respeto y, mientras tanto, aumenta el asco hacia la parafernalia que adorna la profesión. Todos, absolutamente todos los partidos y colores, alimentan en mayor o menor medida esta impresión, este halo de luces led poco atractivo, pero por lo demás eficiente. Poco a poco, todos han empezado a jugar a interpretar y creerse esa fama inmerecida, a darse brillo con el prestigio absurdo que les otorga ocupar un puesto en una institución pública tan importante como las demás. Es decir, tan frágil, tan gris. Existen hasta alcaldes de pueblo en los que se ha apreciado un crecimiento de varios centímetros por la coronilla. ¡Quién sabe si se comunicarán mediante ondas entre ellos! Ya nadie quiere ser político. Corrijo: casi nadie quiere serlo. Fuera de las juventudes de partido (que me recuerdan cada vez más a una secta; si quieren colaborar, váyanse a una ONG) ni siquiera los niños admiran la profesión. Quizás porque es cada vez más difícil tolerar esa desfachatez, esa ignorancia atrevida que los impulsa lejos, muy lejos. Los monstruos como Ayuso son hombres bala del circo mediático. ¿Para cuándo el televoto en unas elecciones? Y claro está, la impotencia se acumula. Y llega un día, después de mucho trabajo, de feliz anonimato o merecido reconocimiento, en que nos toca compartir espacio con cualquiera de estos personajes. Y yo confieso que cada vez que veo el vídeo con el discurso de Elisa no puedo evitar el nudo en la garganta y las ganas de llorar. Porque no es justo. No es justo que hayan logrado que nos dé tanto asco pensar en ser políticos.
-Papá, ¿qué es un yonqui del dinero? –me preguntó mi hija pequeña, la de las preguntas incómodas a la hora de la cena. Acababa de oír esa expresión en el telediario: “Condenado a casi ocho años de cárcel el yonqui del dinero”. Se referían al juicio por el caso Taula, una de las piezas de la corrupción política y empresarial de la Comunidad Valenciana; y en concreto a Marcos Benavent, ex gerente de la empresa pública Imelsa, famoso desde el día en que se presentó al juzgado disfrazado de jipi y se mostró arrepentido: “El dinero es una droga y yo me convertí en un yonqui del dinero”, dijo ante los medios en 2015, juntando las palmas de las manos en actitud de oración, en plan yogui. Convertido en icono de toda una época de desenfreno corrupto, este personaje teatral ha reaparecido estos días como un mal recuerdo de un tiempo que hoy nos resulta inverosímil, paródico, berlanguiano. -Papá, ¿qué es un yonqui del dinero? Benavent acertó en su denominación, exacta para caracterizar aquellos años de pelotazo y comisión, cuando los yonquis del dinero se quitaban el mono arrimando el cazo a obras públicas y contratos con las administraciones, el país entero era un descampado de dineroadictos buscando su dosis, y por todas partes había camellos ofreciendo mierda de la buena. -¡Papá! ¿Me vas a explicar qué es un yonqui del dinero? Por simplificar, le dije a mi hija que es alguien que nunca tiene bastante dinero, que quiere más, mucho más, y está dispuesto a cualquier cosa por conseguirlo. -¿Un avaricioso entonces? ¿Como el rey Midas? Más que eso. Alguien que ya tiene dinero como para vivir muy bien el resto de sus días. Incluso tiene dinero para que vivan muy bien sus hijos, y aun así quiere más, más, siempre más... -Vale, ya lo he entendido –dijo mi hija, que sabe cuándo pararme. Pero yo me estaba calentando al recordar a otros yonquis ilustres, así que seguí: “No solo sus hijos; también los hijos de sus hijos, y los hijos de los hijos de sus hijos, y las esposas y maridos de sus hijos, y otros familiares allegados. Y si no lo estropea, puede tener asegurada la vida de varias generaciones con su apellido. Pero el yonqui del dinero quiere más, no tiene bastante, le da igual vivir en un palacio, tener todos los gastos pagados, disfrutar de todo tipo de lujos, recibir regalos, sentarse a las mejores mesas, codearse con dirigentes mundiales y grandes empresarios… Nada de eso será suficiente para un yonqui del dinero”. -Creo que ya lo he pillado, papá –daba igual, yo había cogido carrerilla y sin darme cuenta estaba levantando la voz y dando puñetazos en la mesa: “¡Un yonqui del dinero no se conforma con recibir honores, que pongan su nombre a avenidas, parques, universidades, hospitales! ¡No le basta con ser aclamado cuando sale a la calle y que su retrato cuelgue en cada despacho! ¡No le vale ni con ver su cara en monedas y billetes, date cuenta! ¡Su cara en monedas y billetes!” -Papá, yo ya… “¡El yonqui del dinero hace negocios en la sombra, confiado en su impunidad, para seguir amasando su fortuna! ¡Cobra comisiones, se relaciona con corruptos, se lleva el dinero a paraísos fiscales, tiene testaferro, engaña a Hacienda! ¡Hasta se busca una amante que le ayude a conseguir nuevos contactos, nuevos negocios, nuevas comisiones!” -Cariño, tranquilízate, estás asustando a las niñas –mi mujer trató de calmarme, bajé la voz: “El yonqui del dinero, cuando lo pillan, se escapa. Se larga a otro país, pone a salvo su fortuna, cambia su residencia fiscal, porque quiere más, el dinero es su droga y no puede parar”.
Quedamos todos en silencio, oyendo de fondo las noticias. Mi hija susurró señalando a la tele: “Bueno, papá, pero a ese lo han condenado a cárcel. Al final, a los yonquis del dinero los pillan, ¿no? -¿No deberías estar ya en la cama?
Una vez, alguien me dijo que el centro (político) no era una ideología sino una actitud. Que el centro eran las formas, la manera de expresarse, la perspectiva de encarar lo que piensas. Así, existía el centro derecha y el centro izquierda, que básicamente eran dos ideologías muy distintas expresadas de la misma manera.
Esa me parecía la única definición digerible de "centro", toda vez que ha quedado demostrado por la vía de la práctica que, al menos en España, no existe. Hoy vemos cómo Ciudadanos tiene como mayor valor electoral (puede que mañana ya no) a Begoña Villacís, una mujer que se hizo fotos derribando chabolas, una imagen con la que no se hubiera atrevido la ultraderecha de un buen puñado de países europeos. Podríamos decir que Villacís, y durante muchos tiempos Cs, fue un partido de derecha muy dura con esas formas que llamaban "centro". Spoiler: sale mal.
Ahora, si se fijan, nadie dice ser de centro. Ahora al centro lo llaman "moderación". Tú puedes decir que el actual gobierno es el menos feminista de la historia de la democracia perteneciendo al PP y ser "moderado". Porque "moderado" es la pose, la forma, no dar miedo a mi madre como Pablo Iglesias. Nadie puede negarte ser "moderado" porque "moderado", amigos, no es nada. Si de manera moderada justificas que se machaque a gente pobre que trata de saltar una valla para poder sobrevivir en Europa, usted puede llamarse "moderado", pero usted es lo que es. Toda vez que el centro ha muerto y que la política en año electoral solo son gestos, vamos a hartarnos de presenciar la carrera por alcanzar la moderación universal o, peor, por definir al otro como radical para demostrar, aún más, lo "moderado" que eres tú. De esta forma, ni siquiera tienes que guardar las formas: vale con demostrar que el otro es un extremista para sentarte en el cómodo sillón de la moderación por la vía de los hechos mediáticos. La verdad política y la verdad electoral son esferas totalmente diferentes. Yo creo que en un tiempo en el que afrontamos retos mayúsculos como el desafío climático, la lucha contra un sistema económico que (hablemos de la inflación de los alimentos o el precio de la vivienda después de tocar los tipos de interés) está demostrando no seguir ni sus propias reglas porque al dinero en España le importan más cosas que el dinero, la batalla por los derechos laborales o los intentos por democratizar las empresas, se requieren soluciones radicales, políticos valientes, personas que decidan gobernar con vistas a una década y no a unas elecciones. Si para conseguir conquistar el poder hay que pasar por el filtro de la moderación (antes centro), porque así lo exige la verdad electoral, pues bienvenido sea. Pero en estos tiempos, la pusilanimidad en la política solo puede quedarse en la forma. Quien mejor lo ha entendido es la ultraderecha europea y le va bien. Tomemos nota.
Hay que ser socialista antes que marxista (y que todo)
Pilar Llop es una jurista brillante y una feminista que no necesita demostrar su pedigrí. Es inapelable su formación y su experiencia. Pero antes que todo, antes que jurista, antes que feminista, antes que experta, es socialista. Bueno, mejor que socialista, es del PSOE. Y en el PSOE ser del PSOE va por delante de todo.
Desde que Felipe González dejó claro que había que ser socialista antes que marxista, el PSOE cumple su función histórica por encima de todo. Cuando a la socialdemocracia se le permitía ser la margen izquierda del sostén del sistema, el PSOE fue socialdemócrata. Cuando dejó de valer, abrazó el socioliberalismo. Cuando para su papel de pata izquierda del establishment toque hacer otro viraje a la derecha, se hará. El PSOE es socialista (lo que sea que signifique eso para ellos ahora) antes que todo. Antes que feminista, también. En plena rueda de prensa de presentación de la enmienda a la Ley del Solo Sí es Sí, Patxi López no tuvo empacho en reconocer que el PSOE había tenido grandes diferencias con la Ley Trans, pero que asumió su derrota parlamentaria. Días antes, el PSOE daba por zanjado el debate sobre esa ley y se subía al carro, pero si para sostener el argumento que toca ahora hay que desdecir el anterior (para agarrarse a otro todavía más antiguo), el PSOE lo hará. Son contados los casos dentro del PSOE que llegaron arriba del todo que no tuvieron esta actitud propartido antes que las propias ideas. Los que no lo hicieron acabaron fuera. Odón Elorza es el último caso. Esto ocurre más o menos igual en todos los partidos, pero el problema en el PSOE es que lo que hay que defender no es una línea ideológica uniforme. En ese partido hay que defender lo que sea que haya que defender para sostener el régimen. Y ahora tocaba hacer como que se revierte la ley de Igualdad. Que Pilar Llop patine de esa manera tan tremenda como hizo en la entrevista de la Cadena Ser, si manifestó que probar que hay violencia en una agresión sexual es sencillo y que los jueces están formados y son competentes en este terreno, es porque ella es socialista antes que feminista. Es imposible que crea eso. Porque creerlo es considerar que no había que tocar la ley de cómo estaba antes en este aspecto, y en ese argumento no hay tecnicismo jurídico alguno: es una manifestación casi filosófica, de lectura del mundo, que es imposible que haga una feminista hoy. Pero ella lo hizo. Exceso de celo. Defender el sistema antes que lo demás. Ser socialista antes que todo. Entre medias, lo que ha hecho es desbaratar la táctica de su partido de manifestar que los cambios son retoques técnicos. Eso ya no se puede sostener. Es bastante posible que el PSOE acabe de perder las elecciones. Cuando el PSOE juega a ser antiestablishment, cuando se manifiesta contrario radicalmente a la CEOE, cuando aparentemente se enfrenta a alguna de las patas que sostienen el régimen del que es parte fundamental, no es más que táctica electoral. Si alguna vez lo hiciera, lo borrarían del mapa como lo han intentado (y casi conseguido) con cualquier opción que ha surgido a su izquierda con la mínima posibilidad de prosperar. Lleva ocurriendo desde el arranque de la democracia y no parará. Por eso el PSOE es socialista antes que feminista si hace falta. Y por eso alguien tan brillante como Pilar Llop ha empañado una trayectoria brillante como la suya.
Aparentemente hay una profunda controversia por la ley del consentimiento, dentro del Gobierno y con la oposición, que incluye a medios y periodistas afines. Pero es otra la maniobra que avanza y la usa como detonante. ¿Alguien se cree que a los críticos de esta norma en concreto les importan en lo más mínimo las mujeres agredidas sexualmente? A poco que cualquiera se fije en la experiencia demostrada, se ve que no. ¿Cuándo les han visto denunciar con este empeño a los asesinos de casi 1.900 mujeres víctimas de la violencia machista? Lo que se mueve es el apetito por los servicios públicos y no es ajena a este recrudecimiento la lucha por defender la sanidad pública, de gran fuerza estos días. No quieren en modo alguno perderla. Tumbado el Gobierno, o adiestrado en el sueño húmedo del extinto bipartidismo, todo sería más fácil. No sacan beneficios de tener en la cárcel a un violador más o menos tiempo, como ha ocurrido en el pasado con leyes del propio PP sin que se armara ningún alboroto ¿No leyeron por ejemplo a Antón Losada? De los servicios públicos sí obtienen grandes bocados. Se trata de cuestionarlos y que cuaje la idea en la sociedad. Son las políticas habituales de derechas; la diferencia actual estriba en la forma para captar adeptos, con cierto éxito. Un titular de portada de ABC marcaba estos días esa dirección: “[url=https:// https//www.abc.es/espana/moncloa-busca-mayo-plebiscito-sobre-servicios-publicos-20230205194054-nt.html]Moncloa busca hacer del 28 de mayo un plebiscito sobre los servicios públicos[/url]”. Haría muy bien: son derechos. Y lo presentan como una treta malvada y, sobre todo, como si otras opciones políticas que apuntan en la dirección contraria (en su saqueo) fueran equiparables. Restar servicios ya lo hacen. No es una jugada limpia: el caramelo contiene un relleno envenenado en el interior. En la práctica vemos que multitud de personas están comprando la satisfacción de odiar sin cabeza a cambio de unas pérdidas incalculables en su calidad de vida. Nunca fue el Estado del Bienestar en España equiparable al de otros países europeos. Se han hecho enormes avances, pero invertir en la sociedad es un “gasto” que los depredadores de lo público no soportan. Gobiernos del PSOE los impulsaron. La coalición actual con Unidas Podemos los ha despegado a niveles ya de los países de nuestro entorno. Detrás de grandes titulares de la manipulación, sin duda de la cacería desatada contra Irene Montero -y el Gobierno en consecuencia- por la ley del “solo sí es sí”, está ese objetivo: el despojo del Estado del Bienestar, ganar para someterlo a un severo recorte. Es muy rentable en manos precisas, ya lo vieron en el Consenso de Washington en 1989 que inició este ciclo. Cada vez se les nota más, ni disimulan. Y tumbar a Podemos se contempla como una llave para que las cosas funcionen de su gusto. Ciertamente el Estado del Bienestar es seña de identidad de la socialdemocracia y un bastión acreditado en el PSOE que, sin embargo, se muestra más ambiguo en otros pilares de la izquierda. Ahora la “alarma social” por esta ley le hace titubear. Muchos intereses empujan. En mayo de 2021 ya se dio a elegir a los votantes de Madrid entre salud y terrazas. Y ganaron las terrazas. Y se extendió la falsa disyuntiva a muchos puntos de España, entre aplausos a la osadía impulsora. Esa tendencia, brutalmente neoliberal, se llevó por delante mucha salud y hasta vidas humanas que pasaron a ser piezas de desecho. Es aterrador enfrentar a los defensores de la cervecita en la calle con la realidad. Se escudan para practicar justificaciones inadmisibles en que el mal era general. No tanto, hubo grados diversos y jamás un daño exculpa a otro por ir juntos de la mano en comandita. ¿Cómo es posible que se atrevan a plantear a nivel “plebiscito” los servicios públicos? ¿Tan seguros están de la estulticia de sus seguidores? ¿Les funciona mejor si se lanza en clima de “alarma social” por una ley feminista? ¿quién, en sanidad, se paga de su bolsillo pongamos por caso el tratamiento de un cáncer? ¿Quién se espera un año para que le atiendan un tumor maligno que crece en su garganta, como se le planteó al periodista Javier Valenzuela? Ojalá se hiciera ese plebiscito en serio, contándolo todo, pero eso informativamente en España es una entelequia. Ahora -y siempre- se trata de optar por sanidad y educación pública, transportes y servicios de calidad, inversión en investigación y cultura y cuanto incluye el Estado social o por recortarlo o privatizarlo, dar exenciones fiscales a los ricos, favorecer sus intereses, y ¡sobre todo! poder desplegar el odio al contrario. O, como titulaba El Mundo, encabezando portada el domingo, convertirse en foco de élites como lo es Madrid, dicen, y puente con las élites latinoamericanas y europeas. Ya sabrán ese asuntillo del parque inmobiliario de lujo y las regalías de impuestos. ¿En serio espera alguien que el deseo y la posibilidad de ser foco de élites llegue a los 6 millones y medio de residentes en Madrid y, si consiguen llevar a la derecha y ultraderecha a la Moncloa, a los 47,5 millones que viven en España? Es que ni siquiera advierten que las élites precisan la desigualdad para considerarse por encima de otros, como tales. Lo peor es que en muchos casos los ciudadanos, no saben ni qué compran, salvo esa capacidad de despellejar a cuanto suena a izquierda. Son las políticas que ya se practican, sobre todo, en comunidades dirigidas por el PP en coalición o similitud ideológica con Vox. Las derechas con fuerte componente fascista, al modo de Trump, son intervencionistas. No rebajan siquiera la carga fiscal salvo a los ricos, la cobran y redistribuyen de otra forma para que paguen menos sus protegidos. Y dedican gruesas partidas a las fuerzas de orden -ejército, policía- que les ayuden a mantener “su seguridad”. Numerosos medios e informadores están haciendo una labor inconmensurable en favor de estos objetivos. Sorprende que, si no es remunerada en dinero o en especie, se dé con tal inconsciencia por satisfacer antipatías personales o espíritus corporativistas. Hay que informar a los ciudadanos con rigor y aportar los elementos para que juzguen lo que se les viene encima por los diferentes caminos, sobre todo al que se aboca, acreditadamente dañino. Los resultados se ven ya. En la encuesta 40dB para el grupo PRISA este lunes se deslizaba un dato preocupante. Si bien dos tercios de los consultados apoyan los nuevos impuestos a empresas y grandes fortunas para que paguen más, hay un número importante de contribuyentes que admiten cometer fraude fiscal. Es práctica habitual del incivismo patrio, lo nuevo es la desfachatez en confesarlo, alardear de ello. La mayoría de estos evasores, por cierto, se dicen votantes de Vox. El artículo de la socióloga Belén Barreiro recuerda la declaración de Rocío Monasterio en las elecciones de Madrid: “Tenemos como prioridad evitar las políticas del consenso socialdemócrata de cualquier partido”. Es decir, los servicios públicos. En un clima casi bélico como el que vivimos, los gases tóxicos lanzados por la derecha y sus medios y que compran antiguos votantes del PSOE -lean, un 10% estarían dispuestos a votar al PP y Vox- consiguen enmascarar la labor del gobierno de coalición en favor de la sociedad. Ese Gobierno ha elevado las rentas a 17 millones de personas entre beneficiarios del SMI, pensionistas y trabajadores públicos y hasta algunos beneficiarios parecen sufrir la nebulosa esparcida, dado que pueden esperar en una butaca cómoda para una larga estancia a que la derecha haga lo mismo. Las oportunas siembras de la oposición sucia -que incluye a cómplices de todo el arco ideológico- han despertado a la bestia que prefiere rebajar su sanidad, la educación de sus hijos y nietos, volver a los sueldos más bajos de la UE15, o a raquíticas pensiones a cambio del placer de insultar como verdaderas alimañas a Irene Montero. Asentar el machismo, el odio al igual, la veneración servil a los dueños, la mentira permanente, les compensa. Craso error ideológico ceder a las presiones de todos ellos, a la alarma social artificial que han creado, para desdibujar la ley del Ministerio de Igualdad. Desatender las voces sensatas y reformar por el grito en tertulias y telediarios no sale bien nunca a largo plazo. Salvo que quiera adelantar elecciones -y aunque así fuera- a Pedro Sánchez le han metido un gol. El PSOE no tiene mayoría absoluta, una coalición con el PP actual sería un suicidio solo aplaudido por los falsos socialistas. No debe olvidar el agónico camino electoral de 2019. ERC ha dicho que la reforma ha de contar con la aprobación de Igualdad. ¿A nadie le llama la atención el tratamiento político y mediático dado a la ley del consentimiento y el dedicado a la masacre de ancianos durante la pandemia dejados morir sin asistencia médica? Por poner un ejemplo. Pues eso, masivamente, se compra en el pack que cuestiona los servicios públicos y en la algarabía de esa ley cuyos sesgos son impermeables a la información veraz y quedan grabados de forma indeleble. Ya es inútil incluso intentarlo, si hasta la televisión pública estatal, TVE, se atreve a decir que han sido excarcelados 400 violadores. Es brutal esa falta de rigor. Han sido una treintena de agresores sexuales, tras haber revisado un 10% de esa población reclusa y haber modificado el 36% y no cambiado el 64%, la mayoría en menos de un año de reducción. E insistiendo, como tantos profesionales de prestigio dicen, que ocurre en algunos otros cambios legislativos. El pifostio armado con ésta no es nada inocente. Una y otra vez asombra por qué mecanismos se mueven numerosos ciudadanos. Los que no padezcan esa escafandra de niebla ya saben lo que se juegan.
Una estrategia inteligente identifica quién es la figura de la que el adversario no puede prescindir para sobrevivir a no ser que se sea tan fuerte como para ganar la guerra por aplastamiento. Es sencillo comprender la resistencia del atacado, porque su defensa será tan feroz que estará dispuesto a morir matando. Para Podemos es vital la supervivencia de Irene Montero, es el único capital político que le queda en activo con capacidad para movilizar a su electorado. Por eso es un error intentar derrocar a la reina del castillo cuando se necesita a su espacio para gobernar en la próxima legislatura. Irene Montero no es como Ione Belarra, a la que pueden rendir para continuar con el proyecto, Irene Montero es la pieza que caída en el tablero acaba la partida. La clave de bóveda que soporta el futuro del partido. Todos se necesitan. Podemos a Yolanda Díaz, Yolanda Díaz a Irene Montero, Irene Montero a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez a Podemos. De esa colaboración saldrá un gobierno de progreso. De desgastar a quienes se necesitan en buena forma para intentar amortizarlo y ganar su electorado solo saldrán beneficiados Feijóo y Abascal. La izquierda institucional ahora es un conglomerado de diferentes partidos que comparten la misma sangre, las heridas que afectan a la salud de un partido acaban afectando al resto del espacio por empatía. Son como un ente vivo integral que necesita de la salud de sus compañeros de viaje para llegar a destino. El PSOE tendría que haber sido mucho más generoso y dejar una salida decorosa a la ministra de Igualdad para garantizar la estabilidad del Gobierno de coalición. No se puede abandonar a Irene Montero a su suerte y dejar que muera despedazada por la reacción a una ley feminista y colegiada esperando sembrar algo beneficioso usando sus cenizas como abono. El PSOE ha sido injusto con Irene Montero dejando que el odio sembrado, también entre sus filas por disputas y debates feministas, fuera dirigido en exclusiva a una ministra de su propio Ejecutivo sin haber salido a defenderla a ella y a la ley como si les fuera la vida en ello. Porque la ley es tan del PSOE como de Montero. El PSOE defendió, construyó y apoyó esta ley que es tan suya como del Ministerio de Igualdad hasta que la polémica estalló. Los cálculos electorales hicieron que el PSOE dejara que el desgaste lo capitalizara Irene Montero creyendo que no llegaría hasta sus huestes, hasta que la polémica se desbordó, empezó a afectar a todo el Gobierno y llegó a manchar el liderazgo de Pedro Sánchez. Entonces sí actuó, encargando a Justicia que tapara la vía de agua sin contar con Irene Montero, que había sufrido de manera individualizada el desgaste que tocaba de manera compartida a todo el Gobierno. Una traición interna que es comprensible que duela.
Irene Montero se equivocó, Podemos se equivocó quizás empujado por la incapacidad para marcar su agenda al margen de los mandatos mediáticos del órgano de partido, pero cuando en un equipo uno de sus componentes se equivoca, el colectivo tiene que acudir en su ayuda para tapar la sangría. Abandonar a Irene Montero ha sido una estrategia nefasta, no porque no haya logrado el objetivo de desgastar su credibilidad, que lo ha hecho, sino porque ese desgaste no lo ha sufrido únicamente ella, sino todo el Ejecutivo, que solo podrá revalidar su victoria electoral con todos los miembros si rema en la misma dirección y deja de darse de palos con los remos. Pedro Sánchez ha vuelto a cometer el error de abandonar a su suerte a quien está a su lado. Lo hizo en la limpia que realizó a mitad de legislatura sustituyendo a varios ministros y cargos del PSOE que le habían sido fieles cuando todos lo abandonaron. Los partisanos no abandonan a los enfermos en la batalla. Irene Montero no merecía este trato por parte de sus compañeros de coalición. Su labor legislativa en el Gobierno se había centrado en sacar adelante leyes dejando de lado las disputas internas públicas y centrándose en las mejoras de las condiciones materiales de las mujeres y de los colectivos más vulnerables. Su trabajo en este Ejecutivo no merece el trato dispensado por quienes tendrían que haberla apoyado, un grave error de comunicación no puede empañar ese legado. No es justo que eso ocurra.
La sanidad no tiene mucha suerte como problema público. Todos pagamos impuestos, todos esperamos cobrar algún día una pensión, todos agradecemos que nos abaraten el tren o la gasolina, a todos nos gusta tener unas buenas fiestas patronales o luces en navidad; pero no todos, por suerte, estamos enfermos el día de las elecciones, ni siquiera durante la campaña electoral, o durante los largos meses de la precampaña. La gran mayoría tenemos hijos en edad de estudiar, o de ir al cine o —gracias al Supremo, siempre preocupado por la cultura— a los toros, o un pariente que necesita cuidados, o una plaza en una residencia o en un centro de día. La enfermedad es algo que siempre les ocurre a los demás para esa mayoría de votantes sanos quienes, además y en buena parte, acostumbran a tener un oportuno seguro privado que les ahorra las esperas en las consultas o en las pruebas diagnósticas en la Atención Primaria. Para la atención hospitalaria o especializada, cuando el enfermo se convierte en paciente y deja de ser rentable, ya está —y siempre está— el sistema público. No se habían apagado los ecos de los aplausos y ya estábamos despidiendo a entre veinte mil y veinticinco mil —las cifras resultan tan opacas que resulta imposible precisarlas— de aquellos sanitarios contratados para enfrentar la pandemia. Los mismos que anunciaban incorporaciones por miles al sistema sanitario nos cuentan ahora que no hay sanitarios, que ya les gustaría volver a contratar a los mismos que despidieron el año pasado; se los ha debido tragar la tierra. Diez años, una Gran Recesión y una pandemia después, la triste realidad es que Alemania, Dinamarca, Irlanda o Francia gastan entre tres mil quinientos y cuatro mil quinientos euros por habitante en sanidad y España no llega a los dos mil euros. Este domingo han coincidido dos manifestaciones multitudinarias en defensa de la sanidad pública y, en especial, de la atención primaria, en Madrid y en Santiago de Compostela. No es por casualidad —que no existe en política—. Galicia y Madrid se hallan entre las comunidades que menos porcentaje de su presupuesto sanitario dedican a remunerar a su personal (Galicia, 43,9%; Madrid, 42,3%; media estatal, 44,9% del total del gasto sanitario) y ambas son las que menos invierten en su sistema de Atención Primaria (Galicia, 11,6%; Madrid, 10, 7%; Media España: 13,9% del total del gasto).
En Galicia hemos pasado, en apenas un mes, de ser todo culpa de Pedro Sánchez, a no tener médicos en el mercado, a tener dinero de sobra en el presupuesto, a anunciar que se aumentaba el presupuesto en decenas de millones para contratar a esos médicos que no había por culpa de Pedro Sánchez y finalmente a contratarlos por cualquier medio necesario. En Madrid justo es reconocer que la línea argumental siempre se ha mantenido coherente: todo ha sido siempre y será culpa de Mónica García y Pedro Sánchez. A meses de una elecciones municipales y autonómicas, la pregunta no es tanto qué hará el votante enfermo que paga sus impuestos. La pregunta es qué respuesta dará a su dilema el votante sano que paga sus impuestos y a quien le ha prometido bajárselos aún más.
Es la economía de los pobres... y el relato, estúpido
El “es la economía de los pobres, estúpido (eldiario.es) decretado por Pedro Sánchez tras el batacazo electoral de la izquierda en las elecciones autonómicas andaluzas de junio pasado está llegando estos días a uno de sus momentos de máxima expresión. Más de nueve millones de pensionistas vieron hace unas semanas que su paga subía un 8,50% en enero gracias al Gobierno de coalición PSOE - Unidas Podemos, frente a los 0,25% de subida cuando gobernaba el PP de Rajoy. Este martes, el Consejo de Ministros subía el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 1.080 euros mensuales, con lo que ya está un 47% más alto que cuando Sánchez llegó a la Moncloa. Los funcionarios han visto que su retribución también empieza a repuntar. Las personas con hasta 27.000 euros de renta anual y un patrimonio inferior a 75.000 euros ya pueden pedir el cheque de ayuda de 200 euros para familias vulnerables... Otros asuntos -la ley del solo sí es sí, la reforma jurídica sobre la sedición y la malversación…- son objeto de mayor controversia, pero la gestión económico-social del Ejecutivo es aprobada, incluso con buena nota, por buena parte de la opinión pública española y aplaudida por organismos internacionales poco sospechosos de izquierdistas. Además de todo lo mencionado, el Gobierno ha arrancado el año con unas cuantas buenas noticias económicas. El PIB creció un 5,5% en 2022. Tenemos la inflación más baja de toda Europa. La afiliación a la Seguridad Social y el número de trabajadores con contratos estables está en récord histórico... ¿Ya pueden los partidos del Gobierno de coalición confiar en que llegarán a los exámenes electorales del año -las autonómicas y locales de mayo y las generales de finales de 2023- con los deberes económicos hechos? Ni muchísimo menos. Primero, porque las incertidumbres económicas no están despejadas: la inflación, la guerra en Ucrania, la subida de los tipos de interés oficiales y su impacto en la economía doméstica de millones de familias hipotecadas... Segundo y no menos importante: ni PP ni Vox ni sus terminales mediáticas van a reconocerle al Ejecutivo ninguno de sus logros económicos y sociales, y van a hacer todo lo que esté en su mano para que su electorado, el de derechas, no se entere. Harán una dura oposición desde el relato, construirán en cada caso un relato alternativo forzando los datos con medias verdades o con mentiras flagrantes para que ni el Gobierno ni los partidos que lo forman ganen reputación de buenos gestores económicos y sociales.
El lunes de esta semana, tras un tuit en el que Pedro Sánchez sacaba pecho por la subida del SMI, uno de los economistas de cabecera de la derecha le replicaba así: “Explíqueles que gracias a las políticas intervencionistas España tiene la tasa de paro juvenil más alta de la UE”. No mentía en esto último el economista de derechas, somos el farolillo rojo europeo en paro juvenil. Lo que no decía es que la tasa de desempleo juvenil ahora está por debajo del 30% y en épocas de Rajoy estaba casi en el doble, por encima del 55% en 2013. Este y muchos otros 'relatos' similares me recuerdan un viejo chiste de periodistas. Cuenta que en los años sesenta compitieron en una prueba de natación el entonces presidente estadounidense, John Fitzgerald Kennedy, y el de la URSS, Nikita Jrushchov. Ganó el primero, que era 23 años más joven. La prensa estadounidense tituló así: «JFK, campeón. Jrushchov, último». Y la soviética así: «Nikita, subcampeón; Kennedy, penúltimo». Es un chiste, pero además de sonrisas provoca algunas reflexiones. ¡El relato! ¡La pugna por el relato! Ya lo hemos comentado otras veces. Hay pocos eslóganes electorales o políticos tan legendarios como el de “The economy, stupid”. Se ha contado por lo general como una frase que le espetara Bill Clinton a George Bush padre en la campaña electoral de 1992 por la Presidencia de los Estados Unidos. “Es la economía, estúpido”. Pero no, no fue exactamente así. La frase nació en aquella campaña y fue clave en la victoria de Clinton, pero se popularizó no porque Clinton la usara sino porque el consultor James Carville, uno de los estrategas de la campaña del candidato demócrata, la imprimió en un cartel que pegó en las oficinas centrales de Clinton, hasta entonces gobernador de Arkansas, para que ni al candidato ni al equipo se les olvidara la estrategia que les iba a llevar a la Casa Blanca: “The economy, stupid”. Los asesores de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz en los próximos procesos electorales deberían imprimirse este otro cartel en sus respectivos cuarteles generales: “Es la economía de los pobres... y el relato, estúpido”.
Por esas maldades del azar y el calendario, hace justo un año asistimos con cierta perplejidad a dos acontecimientos casi simultáneos: la ejecución política (con nocturnidad y alevosía) de Pablo Casado y la invasión de Ucrania decretada por Putin. El único elemento común de hechos tan distintos y distantes es su carácter imprevisto, la impactante sorpresa que ambas noticias generaron. Nadie había vaticinado, pese a todas las tensiones acumuladas, que el ejército ruso cruzase la frontera e intentara tomar Kiev en cuestión de días. En el caso del PP, no sólo es que nadie hubiera pronosticado el inminente cese de su líder, sino que sólo unas semanas antes, tanto el partido como sus altavoces mediáticos demoscópicos definían a Casado como “el próximo presidente del Gobierno” (ver aquí).
En el primer aniversario de la guerra de Ucrania, Pedro Sánchez ha visitado Kiev y dos de las ciudades que acumulan más pruebas de crímenes contra la humanidad. Invitado por Zelenski en una fecha tan simbólica, el presidente del Gobierno ha vuelto a colocar a España en primera fila en la ayuda al pueblo ucraniano y en la condena del régimen de Putin. Esa posición representa según los sondeos a la mayoría de los españoles, por otra parte poco aficionados desde hace décadas a las hazañas bélicas (quizás por hartazgo de las guerras de nuestros antepasados). Este mismo jueves, mientras Sánchez anunciaba desde Kiev la entrega de más tanques a Ucrania, Núñez Feijóo elegía unas bodegas castellano-manchegas (?) como escenario para acusar al Gobierno nada menos que de “financiar la guerra de Putin” a través de las compras de gas ruso “tras el fiasco con Argelia” (ver aquí).
A uno le cuesta cada vez más analizar la estrategia política de Feijóo. La política exterior y de seguridad y defensa son terrenos clave para demostrar responsabilidad de Estado y moderación política. De hecho, sin renunciar a sus principios antimilitaristas, el socio minoritario de la coalición de Gobierno, Unidas Podemos, viene procurando no hacer de la guerra de Ucrania un motivo fundamental de discrepancia con el PSOE (por más ruido que los altavoces mediáticos conservadores hagan ante la más mínima divergencia). La política exterior y de defensa es responsabilidad del socio mayoritario y se personaliza en el presidente del Gobierno, y esa máxima se ha respetado, dígase lo que se diga, ante renuncias respecto a Marruecos, cumbres de la OTAN o envíos de armamento a Ucrania. El PP español es el único grupo conservador europeo que critica duramente a su gobierno en asuntos de Estado o de seguridad. Esta misma semana, Feijóo ha intentado crear otra inaudita polémica al exigir que se le facilitara una visita a las tropas españolas en Letonia, sin aceptar la evidencia de que ese tipo de visitas se enmarcan en delegaciones parlamentarias plurales, y que nunca en el pasado un líder de la oposición había pretendido utilizar electoralmente a las fuerzas armadas de forma tan descarada. (Ojo a algún precedente del propio Feijóo con representantes de sectores radicalizados de la Policía. Ver aquí). El otro aniversario, el del descuartizamiento político de Pablo Casado, ha venido a visibilizarse en dos fases: primero por la publicación en El País de los wasaps que retratan de forma patética la adulación ejercida por sus más cercanos colaboradores sólo horas antes de traicionarle para aupar a Feijóo (ver aquí). Y segundo, por la celebración de un almuerzo tan secreto como publicitado por el propio PP entre Feijóo y Casado con el extraño objetivo de demostrar que el expresidente existe pero que no tendrá ningún papel en el partido porque “su actividad profesional se lo impide” (?). Del mismo modo que no se puede creer de entrada casi ninguna información sobre la guerra de Ucrania porque lo más probable es que sea propaganda de parte, algo similar sucede con el relato que desde el PP se cuenta sobren Casado. Conviene no olvidar el origen de su ejecución política: la denuncia de la comisión cobrada por el hermano de Isabel Díaz Ayuso en los peores días de la pandemia por un contrato millonario de compra de mascarillas a través de la empresa de un íntimo amigo de los hermanos Ayuso. Más allá de lo que decida la justicia europea (única instancia en la que aún está abierta la investigación), desde el punto de vista político y ético lo que denunció Casado ha sido confirmado de la A a la Z por los propios tribunales que no vieron en ello delito. Feijóo llegó a la presidencia del PP gracias a un pacto de barones que establecía el blindaje de la actuación de Ayuso y que liquidaba políticamente a su denunciante y a su número dos, el inefable Teodoro García Egea, a quien casi todos esperaban como en aquella fila del avión de Aterriza como puedas a la hora de atizar a un pasajero mareado. Es imposible entender la debilidad que a menudo muestra Feijóo en su liderazgo, especialmente ante las presiones de Ayuso, sin tener en cuenta los hechos que condujeron a su entronización hace justamente un año. Leer los wasaps enviados por Cuca Gamarra o Javier Maroto a Casado antes de su liquidación y verlos ahora ejercer como mano derecha e izquierda de Feijóo en el Congreso y en el Senado lo dice casi todo. En realidad al PP le interesaba atravesar lo más rápidamente posible el aniversario de su guerra interna para volver cuanto antes al sí es sí, sus efectos y la fractura (esta sí, preocupante) causada en la coalición de gobierno. Pero se ha cruzado por medio Vox con su show Tamames. Aparte de la falta de respeto al Parlamento utilizando una de sus herramientas constitucionales con fines exclusivamente propagandísticos, conviene no avanzar demasiadas conclusiones. Abascal vuelve a garantizarse protagonismo, por efímero que sea, y el PP, por mucho que se ponga de perfil, se verá apelado a mojarse ante los disparates que plantee su inevitable futuro socio en un hipotético gobierno de derechas. Quizás incluso esa “gente de bien” a la que venera Feijóo sienta vergüenza ajena de lo que puede venir. P.D. Por cierto, es exigible a cualquier persona de bien, especialmente con cargo público y aspiraciones a presidente del Gobierno, transparencia absoluta sobre cada euro que recibe de la caja común. Pero con Núñez Feijóo no hay forma. Hace meses que denunciamos en infoLibre la negativa del PP a hacer público el sueldo de su presidente o si el partido le paga o no la casa que habita en uno de los barrios más caros de Madrid (ver aquí). Pues bien, ahora nuestro compañero Fernando Varela ha revelado también que Feijóo cobra, además de su sueldo como senador, otros 2.037 euros mensuales (en 14 pagas), exentos de tributación, para costear unos desplazamientos a Galicia que no realiza al estar domiciliado en la capital (ver aquí). La “gente de bien” no debe cobrar del erario público por lo que no hace, como muy bien exigía el propio Feijóo en otros tiempos a sus compañeros de partido (ver aquí).
Vivimos una época en que prima el relato vertiginoso de los acontecimientos sobre el análisis basado en la larga duración, cuando es este último el que posibilita, gracias a la existencia de precedentes y parangones, una mejor comprensión del presente. Para cualquier menor de 40 años interesado por la política, Ramón Tamames no sería hasta antes de ayer, y en el mejor de los casos, más que un personaje vagamente adivinado entre los que pueblan la ya polvorienta galería de personajes de la modélica transición. Para la gran mayoría, sic transit gloria mundi, un ilustre desconocido. De ahí que las biografías de urgencia hayan coincidido en destacar como un prodigioso ejercicio de acrobacia su triple salto mortal desde las filas del PCE hasta la candidatura de Vox a la presidencia del Gobierno, moción de censura mediante. El cortoplacismo es un fértil humus para la germinación de la sorpresa, que deja de serlo cuando los binoculares dejan de apuntar a las propias narices y se enfocan hacia la línea del horizonte. El nombre de Ramón Tamames sonó por primera vez en el tumultuoso ambiente universitario que alumbró los sucesos de febrero de 1956, la primera movilización masiva de estudiantes —“hijos de los vencedores y los vencidos”, según rezaba el manifiesto inspirado por Jorge Semprún, responsable comunista del trabajo entre los intelectuales— que provocó la colisión interna entre fracciones del régimen y una crisis de gobierno. Junto con Javier Pradera y Enrique Múgica, Tamames integró el “trío de La Mezquita”, epónimo de la cafetería donde se reunían para preparar el Congreso de Escritores Jóvenes, una cuña para romper el espinazo del sindicato estudiantil falangista, el SEU. A su calor acudieron estudiantes comprometidos como Julio Diamante o Jesús López Pacheco y diletantes como Fernando Sánchez Dragó, gracias a cuya proverbial facundia la policía descubriría años después quién se escondía tras la identidad clandestina de “Federico Sánchez”. Todos fueron detenidos y acabaron en Carabanchel tras ver en la prensa del régimen la lista de sus nombres con el Don delante porque, aunque rojos, todavía había clases. Fue por entonces cuando Tamames comenzó a paladear el agridulce néctar que apuran los segundones. Pese a sus protestas en contrario, el partido, en virtud de su nueva línea política basada en la reconciliación nacional, encumbró a Pradera como paradigma del hombre renacido de las ruinas de su clase y autorredimido de su estirpe tradicionalista. Hasta 1975, Tamames mantuvo una relación puntual con el PCE. Colaboró durante los años sesenta en los trabajos de la Comisión Económica del Comité Central dirigida por Tomás García (“Juan Gómez”), si bien, en su condición legal de técnico comercial del Estado y luego de catedrático, pudo publicar periódicas reediciones de su Estructura económica de España en las que volcaba los análisis que nutrían el argumentario del partido. Por esa misma condición de legal fue utilizado por el PCE para tantear a militares en activo en el siempre frustrado empeño de penetrar en los estratos superiores del Ejército, el más firme baluarte de la dictadura. Su labor se vio compensada en junio de 1975 con la cooptación al Comité Central y al Comité Ejecutivo, pasando a ser uno de los rostros visibles de la Junta Democrática. Ahora bien, poco se sabe —y tardará en saberse si no se desclasifican los archivos pertinentes— sobre la naturaleza de su participación en la Fundación PROMESA, entre cuyos miembros se encontraban algunos de los accionistas promotores del diario El País: Manuel Fraga Iribarne, Pío Cabanillas, Jesús de Polanco y él mismo. Según Juan María Peñaranda y Manuel Fernández Monzón, miembros del Servicio Central de Documentación (SECED) del almirante Carrero Blanco, los integrantes de PROMESA fueron invitados a participar en la elaboración del denominado “archivo Jano”, nombre alusivo al dios romano de las dos caras. Una metáfora impecable. Se trataba de confeccionar un fichero de las personalidades susceptibles de ocupar puestos de relevancia en cualquier ámbito tras la muerte de Franco. Su última reunión tuvo lugar en el restaurante madrileño Lhardy el 19 de diciembre de 1973, la víspera del arranque del juicio por el proceso 1.001 contra la cúpula de Comisiones Obreras y del atentado contra Carrero. Tamames y sus colegas habrían aportado en ella 25 nombres cada uno a una lista de trescientos sobre los que los dos antiguos espías del SECED no albergaban dudas de que ocuparan ministerios, subsecretarías y consejos de administración en la España transicional. Es probable que de aquellos polvos vinieran los lodos que pretendieron enfangarle en una suerte de gobierno de salvación nacional contemplado por una de las tramas golpistas del 23-F. Durante los años comprendidos entre 1975 y 1979, Tamames fue el mascarón tecnocrático de un Partido Comunista que aspiraba a presentarse ante la sociedad española con una imagen de solvencia alejada del estereotipo del bolchevique desarrapado con el cuchillo entre los dientes. Como tal, fue el representante en los Pactos de la Moncloa y el candidato a la Alcaldía de Madrid en las primeras elecciones municipales de 1979. Cierta popularidad le hizo acariciar la idea de ser alguna vez el sustituto de Santiago Carrillo sin ser consciente del todo de que la sombra del secretario general era como la del manzanillo. También, y a pesar de formar un tándem merced a los acuerdos firmados con el PSOE para la formación de gobiernos locales, fue eclipsado por la figura de Tierno Galván quien, a pesar de compartir un similar nivel de soberbia autocomplaciente, fue mucho más hábil que él a la hora proyectar una imagen pública de liderazgo patriarcal y bonancible. Tamames abandonó el barco del PCE cuando se abrieron las primeras vías de agua en el casco. Ni siquiera esperó a que lo expulsaran por cuestiones de disidencia. Tanteó la vía de un proyecto unipersonal, llamado pomposamente Federación Progresista, y participó en la fundación de Izquierda Unida con ese partido cuyos militantes, más que caber en un taxi, como decía el viejo chiste político, competían por el único sillín de la bicicleta en la que el por entonces paladín del ecologismo presumía de moverse. Tuvo un recorrido corto y en su última singladura se sumó a un partido agonizante, el Centro Democrático y Social de Suárez, antes de retirarse a contemplar las obras de la política nacional desde las vallas de unas tertulias mediáticas, a cuál más montaraz.
De allí vino a sacarle Santiago Abascal para hacer el ridículo por interposición por segunda vez en una misma legislatura. El aterrizaje de un excomunista en la extrema derecha puede resultar chocante, pero la historia ha demostrado que no ha sido algo infrecuente. En Francia, Jacques Doriot, el considerado un día número dos del PCF, se enfrentó a su antigua organización y acabó en 1940 arrojándose con su Partido Popular Francés en brazos del régimen colaboracionista de Vichy. En Portugal, José Carlos Rates, primer secretario general del PCP, abandonó el partido en 1926 y se alineó con la dictadura de Salazar. En España, Óscar Pérez Solís, dirigente del núcleo originario del PCE, impulsor de los grupos de acción y delegado en Moscú, se convirtió al catolicismo, participó en julio de 1936 en la sublevación del general Aranda en Oviedo y fue el primer secretario del sindicato falangista, la CONS. Tamames, cuya última intervención en 1981 ante el Comité Central fue para proponer la imposición de un tope de edad de 65 años a los dirigentes comunistas, se presenta a los 89 como aspirante a presidente del Gobierno en nombre de una fuerza de extrema derecha. Con ello, viene a poner el broche de cierre a una biografía dominada por el afán de ocupar el lugar preminente que siempre creyó merecer y que el destino, esquivo, le negó. Dice que es por una cuestión de vergüenza personal y que, de no hacerlo, se arrepentiría toda la vida. Es comprensible: los simpatizantes de la izquierda y en particular los militantes del PCE que un día confiaron en él, pegaron sus carteles y le aplaudieron en sus mítines deben sentir el mismo arrepentimiento y similar vergüenza. O más.
(Para leer este emotivo artículo les recomiendo que se ambienten con esta música de fondo y un paquete de kleenex a mano, que hoy va de llorar.) Como tantos españoles, me he emocionado mucho al conocer la decisión de Rafael del Pino de llevarse Ferrovial lejos de su tierra, lejos de nosotros que somos su familia. Es triste y hermoso ver emanciparse a una empresa que has visto crecer, desde chiquitita, a la que has criado, alimentado, acompañado en su crecimiento, ayudado en los malos momentos y dado todo lo que tenías para que pudiera llegar tan lejos. Es enternecedor ver cómo aquella empresita familiar que nació hace setenta años, fundada por “gente de bien” (el primer Del Pino, ex combatiente franquista en la guerra, casado y hermanado con familias del régimen), ver cómo se ha convertido en esta multinacional que ahora vuela sola, sigue su camino, se independiza de nosotros. Da pena, pero es ley de vida, siempre acaba pasando. Algo se muere en el alma cuando Ferrovial se va, sí. ¿Os acordáis cuando era apenas un bebé, cómo jugaba con aquellas primeras vías de tren, en su primer contratito del Estado? Daba gloria ver cómo engordaba, de contrato público en contrato público, siempre bien alimentada con obras ferroviarias, hidráulicas y de carreteras, primero por la generosidad franquista, luego por la no menos generosa democracia -ah, aquel glorioso año 92 que tanto bien hizo por el sector de la construcción-, que España siempre ha cuidado con mimo a sus grandes empresas con independencia del régimen existente. Lo que más congoja nos da es que otras sigan su camino, se alejen de nosotros que las hemos querido tanto. Me refiero a todas esas otras multinacionales que, como Ferrovial, también han crecido calentitas bajo el ala protectora del Estado. En algunos casos beneficiadas por contratos, concesiones, monopolios. En otros, salvadas cuando han tenido un percance, rescatadas con dinero público si hacía falta, que aquí hemos sido siempre de socializar pérdidas… y privatizar beneficios, que también están esas otras multinacionales que un día fueron empresas públicas y nuestros gobernantes vendieron. Y en todos los casos, beneficiadas por legislaciones favorables, fiscalidad a medida, pecadillos perdonados -como aquel cartel de constructoras, que no ha tenido muchas consecuencias sobre los implicados, Ferrovial entre ellos-, y barra libre para disponer del Estado: lo mismo hinchando contratos de obra pública -ay, aquellos graciosos “modificados” que disparaban el presupuesto inicial de una obra-, que encamándose con partidos políticos para obtener contratos -y a cambio financiarlos, que el amor siempre ha sido correspondido-.
Somos un país que cuida, que mima a sus grandes empresas. Solo hay que ver quiénes son nuestros gigantes: bancos -que en España siempre ganan, lo mismo en las crisis que en las bonanzas, con rescates y reestructuraciones, ladrillazos y banco malo-. Constructoras -en el país que más kilómetros de autovía y AVE, aeropuertos y calatravadas ha construido en el último medio siglo-. Eléctricas y petroleras -algunas de origen público, otras beneficiadas por situaciones de oligopolio, y todas disfrutando de un sistema energético a su medida-. Y otras empresas que en su origen fueron públicas y dudosamente privatizadas, como Telefónica. Pero ay, nuestras empresas se hacen mayores, quieren vivir su propia vida, y tras décadas de calorcito estatal, deciden volar solas, como Ferrovial, que ya llevaba años alejándose de nosotros y ahora se muda del todo. No le guardemos rencor, no le reprochemos ingratitud, al contrario: mostrémonos orgullosos de haber contribuido a su buena fortuna, y aunque no hace falta que se lo recordemos, vaya con la tranquilidad de saber que si las cosas le van mal por esos mundos, si se arrepiente de la decisión, si vuelve a necesitar de nuestro cuidado, aquí estaremos para recogerla y levantarla, como al hijo pródigo que sabe que puede volver a casa.
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