El Tribunal Supremo ha comunicado este pasado martes 26 que ha sido básicamente confirmada la sentencia que se dictó en su día por la Audiencia Provincial de Sevilla en el “caso de los ERES”. A diferencia de la sentencia de primera instancia que fue dictada por unanimidad, la sentencia del TS ha sido dictada por una mayoría de tres magistrados contra dos. No conocemos todavía ni la sentencia ni los votos particulares. En consecuencia este artículo no puede entrar en el análisis de la fundamentación jurídica en la que descansan. Cuando hacia finales de septiembre que se supone que se darán a conocer tanto la sentencia como los votos particulares, tendré ocasión de hacer un análisis de la fundamentación jurídica de los mismos. Hoy quiero simplemente ofrecer al lector el marco jurídico en el que se desarrolló la operación de los ERES, a fin de que tenga la información necesaria para valorar la decisión del TS cuando se conozca. Para que se pudieran aprobar los ERES, era imprescindible que existiera una partida presupuestaria con base en la cual pudieran ser financiados. La financiación de los ERES no se produce como consecuencia de una decisión gubernamental, sino de una decisión parlamentaria. El Gobierno, sea el del Estado sea el de una Comunidad Autónoma, tiene que aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos para remitirlos a continuación al Parlamento, que es el órgano constitucional que los debate y aprueba. La “potestad presupuestaria” (art. 66.2 de la Constitución) reside de manera exclusiva y excluyente en el Parlamento. El Gobierno se limita a elaborar un Proyecto sobre el que pierde el control en el momento en que entra en el Parlamento. Únicamente el Parlamento es portador de una “voluntad presupuestaria”. La manifestación de la voluntad presupuestaria del Estado corresponde única y exclusivamente al Parlamento, sin que el Gobierno participe en lo más mínimo en la misma. Los miembros del Gobierno que sean parlamentarios participarán como los demás miembros de la Cámara en la aprobación de los mismos. Los que no sean parlamentarios, ni siquiera podrán hacerlo. Queda claro, pues, que sin una partida presupuestaria que sea expresión de la voluntad del Estado o de la Comunidad Autónoma, no pueden existir los ERES. El Parlamento tiene que manifestar expresamente su voluntad, que es la forma en que se expresa la voluntad del Estado o de la Comunidad Autónoma, para que los ERES cobren vida. En ningún momento se ha acreditado que la acción de los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Griñán, así como la de los demás miembros de los Consejos de Gobierno por ellos presididos, haya ido más allá de la discusión en el seno del Consejo de Gobierno y la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esa es toda la relación que han tenido con la partida presupuestaria de financiación de los ERES como con cualquiera de las demás que acaban figurando en la Ley de Presupuestos. En esa operación es imposible que se cometa un delito porque no hay ningún acto con sustantividad que pueda generar una responsabilidad de tipo penal. Insisto en que la “potestad presupuestaria” es exclusivamente parlamentaria. No hay un acto del Gobierno ni de ninguno de sus miembros en el proceso de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos del que pueda derivarse responsabilidad penal de ningún tipo. Es radicalmente imposible. Puede ocurrir que, una vez aprobada la Ley de Presupuestos por el Parlamento, de la que tampoco puede derivarse responsabilidad penal de tipo alguno, en la ejecución de los mismos se pueda hacer un uso desviado de alguna partida presupuestaria. En tal supuesto, es evidente que sí puede generarse responsabilidad de tipo penal por quien haya sido protagonista de esta conducta desviada. El Presidente del Consejo de Gobierno no puede ser nunca protagonista de una tal conducta desviada, porque no interviene jamás en la ejecución de ninguna partida presupuestaria. Un Consejero o Consejera tal vez podría ser protagonista de una conducta de este tipo, aunque es muy poco probable que esto pueda ocurrir. El Consejero o Consejera no desciende al nivel en que se concretan las ejecuciones de las partidas presupuestarias. En ningún momento en el caso de los ERES se ha acreditando que algún Consejero o Consejera haya participado en la ejecución de la partida presupuestaria que los hizo posibles. No hay ninguna prueba acreditativa de una conducta desviada por parte de ninguno de los miembros del Consejo de Gobierno. Repito: ninguna. Ya veremos qué dice el TS, pero hasta el momento no se han acreditado conductas delictivas por parte ni de los expresidentes ni de los exconsejeros que han sido condenados. No hay ningún acto constitutivo de delito del que hayan sido protagonistas alguno de ellos en el caso de los ERES por el que puedan haber incurrido en responsabilidad penal. La Audiencia de Sevilla condenó la “acción de gobierno” del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Condenó la “dirección política” de la Comunidad Autónoma por parte del Consejo de Gobierno. La dirección política es, justamente, la primera tarea del Gobierno, como queda claro de la lectura del artículo 97 de la Constitución, que empieza así: “El Gobierno dirige la política…” En esa dirección política ocupa un lugar primordial la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos, que, justamente por eso, no puede generar responsabilidad de tipo penal alguna. Derivar responsabilidad penal de la tarea de dirección política, sin acreditar actos jurídicos concretos de los que puedan derivarse dicha responsabilidad, es una monstruosidad jurídica de tal magnitud, que resulta literalmente incomprensible que personas que se supone que tienen formación jurídica hayan podido cometerla.
Esperemos a ver cómo justifican dicha monstruosidad la mayoría que ha ratificado la sentencia y de qué manera la rechazan las firmantes de los votos particulares. Quedo comprometido a dar la explicación pertinente.
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Tema: Re: CASO ERES Jue Jul 28, 2022 8:06 am
Cuando no existe unanimidad entre los magistrados del Tribunal Supremo, está claro que las dudas son más que razonables para entender que hay más político que judicial en esta decisión, me parece bien que se hagan sentencias ejemplarizantes cuando se merezcan porque la corrupción es un mal que nos acompaña en este país para nuestra desgracia, pero no es normal que después de las fechorías de corrupción en la época de Rajoy, Camps y Esperanza Aguirre no haya existido ninguna sentencia que los afectase a ellos, ya que lo que pasaba en sus gobiernos ellos eran los máximos responsables como pasa con Griñan y Chaves.
Tinajas Moderador
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Tema: Re: CASO ERES Jue Jul 28, 2022 9:37 am
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Zerg Rush Moderador
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Tema: Re: CASO ERES Jue Jul 28, 2022 9:56 am
Buen resumen. Delito, falta de previsión y exceso de confianza.
A el.loco.lucas y a Tinajas les gusta esta publicaciòn
marapez V.I.P.
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Tema: Re: CASO ERES Jue Jul 28, 2022 5:44 pm
La Justicia, veleta con la corrupción La condena de cárcel al socialista José Antonio Griñán por malversación debido a su responsabilidad política, in vigilando, con los ERE deja abierto el debate sobre la discrecionalidad de jueces y fiscales frente a la corrupción. Un asunto de profundo calado democrático porque afecta al sentido de la Justicia, a los diferentes criterios que aplican sus señorías frente al abuso de lo público. Y mientras unos se van de rositas, a otros les enfilan. Las diferentes instancias judiciales son una garantía de nuestro sistema procesal. Pero la corrupción es política y acaba en el Tribunal Supremo, con un Poder Judicial politizado por el bloqueo de la renovación desde el PP y el sector conservador. La sentencia de los ERE con un ajustado tres a dos revela un debate técnico y jurídico de dos juezas progresistas discrepantes con la malversación y tres conservadores a favor, un reparto de fuerzas que no despeja la sospecha de qué ocurriría si fueran de otro signo o hasta qué punto la ideología está condicionando la aplicación de la ley.
Como no se ha hecho público el contenido de la sentencia, no cabe entrar en la letra pequeña del caso Griñán. Vaya por delante que las tramas de corrupción y clientelismo merecen una condena. Quienes las hemos investigado durante años sabemos que en su mayoría, la cúpula política se beneficia –manteniendo el cargo o con un patrimonio incompatible con el sueldo oficial– y acaban en los tribunales los ejecutores, la cohorte necesaria para llevarlo a cabo.
Sin embargo, llama la atención que tras la cascada de casos en la Audiencia Nacional, los juzgados de Madrid, Valencia o Cataluña, el expresidente andaluz es el único condenado por no detectar un sistema clientelar de ayudas, declarado ilegal, que operó durante años. Las preguntas son más que oportunas. Con los tribunales saturados de causas de corrupción, ¿Qué ha ocurrido para que Esperanza Aguirre fuera la máxima responsable de la financiación ilegal del PP de Madrid en 2019 y la misma Fiscalía Anticorrupción la exonere de toda culpa en 2022? ¿Por qué los indicios probados de hace tres años han desaparecido en la recta final de la instrucción de la Púnica? O, ¿cómo es posible que la exministra de Defensa Maria Dolores de Cospedal, a la que hemos oído conspirar, ordenar destruir pruebas de la caja b del PP, corromper a policías y amedrentar al principal inspector de la Gürtel, Manuel Morocho, nunca ha sido imputada? ¿Por qué Jose Antonio Griñán merece ser el único en el pódium de la responsabilidad in vigilando? La Justicia tiene la obligación de responder a por qué se aplican criterios tan dispares. El clientelismo y el abuso de poder genera tal desorden y desigualdad social que los jueces deberían tener un baremo común para determinar la responsabilidad política. Tras una década de macrocausas –la mayoría todavía abiertas– que afectaron a todas las altas instituciones del Estado, los jueces no han consensuado unos mínimos estándares aplicables a todos por igual para juzgar la corrupción. El resultado son numerosos altos cargos del PP sin condena frente a otros que irán a la cárcel por muchos menos delitos. Y mientras se condena a Griñán por su responsabilidad política, se libra a María Dolores de Cospedal, Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy y tantos otros “Luis, sé fuerte”. Y ahí siguen, impermeables a los tribunales. Todos del mismo signo, todos con responsabilidades políticas durante los desfalcos millonarios que dejaron a su paso. La Policía se ha pasado años documentando estos indicios. Los informes de la UCO entregados al juez de la Audiencia Manuel García Castellón acreditaron el sistema de financiación ilegal del PP. Para los agentes –y entonces también la Fiscalía–, la expresidenta Esperanza Aguirre cambió la regulación autonómica en materia de publicidad para desviar fondos y participó en reuniones con los donantes de las campañas, empresarios que después recibieron contratos millonarios de la Comunidad de Madrid. Iban tan dopados de dinero b a las campañas, el Lava Jato madrileño era de tal nivel, que Anticorrupción aseguró en su día que el dopaje electoral alteró las reglas del juego democrático. Suma y sigue. Con el expresidente de Madrid Ignacio González hubo un sistema opaco de desvío de fondos del Canal de Isabel II a través de sus filiales en Latinoamérica donde se fueron cientos de millones de todos los madrileños. El ex número dos de Aguirre, Francisco Granados, dejó agujeros de otros cientos de millones en Valdemoro, donde fue alcalde, y distintos municipios del Sur. Propició pelotazos que superan los ERE andaluces, como los 709 millones de euros en plusvalías cambiando un plan urbanístico para favorecer a sus amigos constructores. Así, a base de ejemplos, podríamos estar horas. El argumento del PSOE para exculpar al expresidente andaluz es tentador. No ha robado, no hay financiación ilegal y no favoreció directamente a ningún amiguete. Otros no pueden decir lo mismo. Y es comprensible que le parezca menor que las barbaridades de los casos Gürtel, Kitchen o Lezo. El debate no es sobre quién corrompe más o menos, si no por qué unos pagan por sus responsabilidades políticas y otros no. La falta de directrices claras y ecuánimes para juzgar la corrupción provoca desconfianza social. Cada delito está en el Código Penal, pero la discrecionalidad de cada magistrado, de cada Sala, es tal que ahonda en la frustración social. Y ¿qué es un sistema judicial sin credibilidad? El best seller de Michael J. Sandel Justicia ¿Hacemos lo que debemos?reflexiona sobre qué es hacer lo correcto. Un libro de referencia para quienes consideramos a la Justicia el dique de contención más poderoso contra los abusos. La reflexión ahora debe extenderse a si la propia Justicia hace lo que debe y si la pérdida de confianza afecta a la calidad de la convivencia. Últimamente hay demasiados jueces que parecen blindarse en su estatus de poder, ajenos a la ciudadanía, a su función social, e incluso a su deber de rendición de cuentas. Otros inclusos parecen hacer oposición al Gobierno. Una Justicia sin credibilidad es una justicia que pierde su legitimidad social. No es menor. No puede percibirse eso de según quién eres, así te juzgan. Y no puede haber baremos diferentes para según qué causas.
Hablamos por hablar, por filtraciones y por suposiciones, porque el Tribunal Supremo no ha publicado la sentencia que condena a Griñán y otros acusados a entrar en prisión o a largas inhabilitaciones. La Constitución Española dice en su artículo 120 que “las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública”. Pero el presidente de la Sala Segunda ha decidido anticipar el fallo, antes de que se redacten los votos discrepantes de las dos magistradas progresistas. No es una tontería. Los tres jueces conservadores que han generado mayoría frente a ellas dos saben que anticipando el fallo con la excusa literal de “la relevancia pública del caso” controlan mejor la información. De haber esperado a contar con la sentencia completa, como ordena implícitamente la Constitución, con los argumentos de los tres conservadores pero también de las dos progresistas, la noticia habría sido mucho más cuestionable y el debate social mucho más rico. De modo que, para qué esperar dos o tres meses: se anuncia el fallo ahora antes de vacaciones y ya vendrán las discrepantes en septiembre a decir lo que quieran. “La relevancia pública del caso”, siempre subjetiva, y en cualquier caso idéntica en julio y en septiembre, parece ser la excusa de los conservadores para convertir la decisión en una estrategia de comunicación que no muestre la debilidad de la sentencia, formulada por un Tribunal partido en dos.
Segundo. ¡Seis años de prisión!
Un buen hombre como Griñán, que jamás se ha llevado un duro y que tiene 76 años, tendrá que entrar en prisión. Aún lo podría evitar si le ampara el Tribunal Constitucional tras el recurso que se prevé interponer en otoño. Pero en su composición actual, con mayoría conservadora, el amparo probablemente no se produciría. Habrá que esperar a ver si funciona la decisión del Gobierno para que ese Tribunal pueda ser renovado aun estando en funciones el Consejo General del Poder Judicial. Si así fuera, quizá el Constitucional pueda evitar que el ex presidente andaluz pise la cárcel, aunque la costumbre manda que para evitarla la pena sea como mucho de cinco años, uno menos de los que le han impuesto.
Tercero. “Debería haber sabido”
Todo parte de una suposición: Griñán, siendo consejero de Hacienda, debería haber sabido que las ayudas que se concedían a empresas en dificultades no estaban pasando los controles obligados. Los tres magistrados pasan por alto que el Parlamento andaluz legisló sobre la cuestión, con el voto favorable del PP, y que ejerció el control que le correspondía. Como señaló el martes en El País el abogado de Gaspar Zarrías, el penalista Gonzalo Martínez Fresneda, esa suposición implica dejar al poder legislativo al servicio del poder judicial. Un parlamento puede y debe legislar y hacer una ley que permita conceder ayudas por la vía de urgencia saltando controles habituales, es equivalente a comprar mascarillas mucho más caras de lo habitual y sin previo concurso público en casos de emergencia. Los tres magistrados conservadores ignoran la división de poderes y suponen que el poder judicial está por encima del legislativo y del ejecutivo.
Cuarto. “El mayor caso de corrupción de la historia de España”
La sentencia ha vuelto a extender la gran falacia de la década. Como el volumen total de las ayudas articuladas por la Junta de Andalucía, muchas de ellas aún hoy vigentes, fue de 680 millones de euros, eso permite al PP y sus terminales mediáticos afirmar que no ha habido un mayor caso de corrupción en nuestra historia. Es una mentira sin matices. Los mayores casos de corrupción política de la historia de España los ha protagonizado precisamente el PP. La sentencia da por probado que hubo un total de 103 “intrusos”: personas que recibieron ayudas sin merecerlas. Y condenó ya a un puñado de funcionarios que utilizaron fondos públicos en beneficio personal (sí, incluso en prostíbulos). A partir de ahí se ha extendido por todo el país el gran y fácil bulo según el cual los socialistas son puteros y cocainómanos que han despilfarrado casi 700 millones de euros. Recordemos al Moreno Bonilla candidato de hace cuatro años yéndose a un puticlub para abrir allí campaña electoral. Son un motor peligroso, marrullero y mentiroso: el que forman, cada uno en su papel, unos políticos sin escrúpulos, unos magistrados conservadores (que precisamente por ser jueces tienden a ser ultraconservadores) y unos medios de comunicación al servicio de las derechas más recalcitrantes. Capaces sin que les tiemble el pulso de encerrar a un hombre honrado y bueno, que se llama Pepe Griñán. Qué miedo.
Dos de los cinco jueces del 'caso ERE' ven "un salto en el vacío" condenar a Griñán por malversación
El voto particular del fallo del Supremo sostiene que extender el desfalco fuera de la Consejería de Empleo es un "empecinamiento" basado en "especulaciones" que incurre en una "incoherencia extrema"
La sentencia se alinea con la tesis original de Mercedes Alaya, impulsora del caso, al señalar que hubo una confabulación a gran escala para repartir dinero en función de "intereses políticos"
