La sentencia sobre los proxenetas y agresores que pagaron para acceder a las menores víctimas de una red de explotación sexual en Murcia ha sacudido la opinión pública en todo el país, especialmente en la región, donde ya se han organizado cuatro grandes manifestaciones para mostrar el rechazo a la ínfima condena. Esta semana, la Audiencia Provincial ha decidido que irán a la cárcel tres de los intermediarios. En cambio, unos días antes se había anunciado la suspensión de la ejecución de las penas de prisión a todos los empresarios pederastas acusados –con la condición de que no vuelvan a delinquir–, cuyas sanciones tras haber alcanzado un acuerdo de conformidad no superan los dos años.El proceso judicial, que ha tardado más de una década en resolverse, ha terminado con condenas que muchas han tachado de insuficientes y que han generado una gran sensación de impunidad. Hay quien ve un retroceso a épocas "no solo preconstitucionales, sino decimonónicas", como es el caso de Altamira Gonzalo, miembro de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Para esta letrada, la sentencia representa "un ejemplo de justicia misógina, patriarcal y clasista". A su juicio, la dilación excesiva del proceso ha servido para beneficiar a los acusados, mientras que las víctimas, menores de edad en el momento de los hechos, "han sido ignoradas y desprotegidas a lo largo de los años", ha explicado en una conversación con Público.
Esto envía un mensaje "peligroso y disuasorio" a futuras víctimas de violencia sexual, al percibir que la denuncia no conduce a una justicia efectiva, sino más bien a un proceso tortuoso que termina con condenas irrisorias. España –recuerda la jurista– es uno de los países "en los que menos se denuncian los delitos sexuales, se calcula que apenas un 8%". A su vez, insiste Gonzalo, "más del 60% de las condenas por delitos sexuales son inferiores a dos años", es decir, que "casi no existen condenas de privación de libertad a personas que han quitado y han dañado tu libertad sexual. Es una vergüenza", lamenta.

Tatsumaru escribió:Hay otro caso. Va de un comisario de policía, se retira y deja en el despacho en un Cd  de contenido pedófilo, pero mucho. Se usa para denunciarle cuando se encuentra y revisa  y se van a  su casa al registro. Todo según procedimiento. En la casa encuentran muchísimo más material . J.E.C , el comisario retirado, es absuelto por la jueza del nº 6 Penal  de Palma por "falta de pruebas". Que cuando el juez instructor firmó la orden de registro domiciliaria "no tenía pruebas", que el material encontrado en el despacho policial "podía pertenecer a cualquiera y no podía asegurarse que fuese de su posesión y que lo descargase." De modo que lo hallado en su casa, el gran montón,  es desestimado por lo de la raíz viciada.



“Se estima que la petición policial en la que se apoyaba la resolución judicial no se encontraba suficientemente fundada, pues carecía de verdaderos indicios o sospechas suficientes”,
.
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CortoCortito escribió:

Tatsumaru escribió:Hay otro caso. Va de un comisario de policía, se retira y deja en el despacho en un Cd  de contenido pedófilo, pero mucho. Se usa para denunciarle cuando se encuentra y revisa  y se van a  su casa al registro. Todo según procedimiento. En la casa encuentran muchísimo más material . J.E.C , el comisario retirado, es absuelto por la jueza del nº 6 Penal  de Palma por "falta de pruebas". Que cuando el juez instructor firmó la orden de registro domiciliaria "no tenía pruebas", que el material encontrado en el despacho policial "podía pertenecer a cualquiera y no podía asegurarse que fuese de su posesión y que lo descargase." De modo que lo hallado en su casa, el gran montón,  es desestimado por lo de la raíz viciada.



“Se estima que la petición policial en la que se apoyaba la resolución judicial no se encontraba suficientemente fundada, pues carecía de verdaderos indicios o sospechas suficientes”,
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¿Seguro que el comisario no era bilduetarrabolivariano, de Hamas, Gitano o del Betis? 

Tatsumaru escribió:

CortoCortito escribió:


¿Seguro que el comisario no era bilduetarrabolivariano, de Hamas, Gitano o del Betis? 

Lo que tenía era tal adicción que se la  llevaba al trabajo.

CortoCortito escribió:

Tatsumaru escribió:Hay otro caso. Va de un comisario de policía, se retira y deja en el despacho en un Cd  de contenido pedófilo, pero mucho. Se usa para denunciarle cuando se encuentra y revisa  y se van a  su casa al registro. Todo según procedimiento. En la casa encuentran muchísimo más material . J.E.C , el comisario retirado, es absuelto por la jueza del nº 6 Penal  de Palma por "falta de pruebas". Que cuando el juez instructor firmó la orden de registro domiciliaria "no tenía pruebas", que el material encontrado en el despacho policial "podía pertenecer a cualquiera y no podía asegurarse que fuese de su posesión y que lo descargase." De modo que lo hallado en su casa, el gran montón,  es desestimado por lo de la raíz viciada.



“Se estima que la petición policial en la que se apoyaba la resolución judicial no se encontraba suficientemente fundada, pues carecía de verdaderos indicios o sospechas suficientes”,
.
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¿Seguro que el comisario no era bilduetarrabolivariano, de Hamas, Gitano o del Betis? 

marapez escribió:

CortoCortito escribió:


¿Seguro que el comisario no era bilduetarrabolivariano, de Hamas, Gitano o del Betis? 

Si era del betis se entiende. 

CortoCortito escribió:

marapez escribió:
Si era del betis se entiende. 

Tus muelas toas. 

marapez escribió:

CortoCortito escribió:


¿Seguro que el comisario no era bilduetarrabolivariano, de Hamas, Gitano o del Betis? 

Si era del betis se entiende. 

Murcia, tras el escándalo de explotación sexual de niñas: radiografía de un bochorno

Tan legal como incomprensible

Como Pelicot, pero al revés

Alerta en los institutos

marapez escribió:

Murcia, tras el escándalo de explotación sexual de niñas: radiografía de un bochorno

“Ahí delante, en ese edificio alto, paró un coche y subieron a mi hija con 14 años. Se la llevaron a un chalet para dársela al empresario Juan Castejón”. Estamos en una pedanía de Murcia por la que antes discurría la huerta y las acequias y ahora hay avenidas con tráfico y edificios colmena. Juana (no es su verdadero nombre) no puede entender cómo no van a entrar en prisión los empresarios que explotaron sexualmente a su hija y a diez menores más en 2014. Aquel fatídico día, al volver a casa, la hija de Juana se metió en su habitación llorando y no quiso salir en los siguientes ocho meses. Nada, nunca, volvió a ser igual. “Si lo encerraban a ese, yo descansaba”.
De momento, la Audiencia de Murcia ha decidido no encerrarlo, como tampoco encerrarán a los otros 6 condenados por el delito tipificado de prostitución de menores. Sí han entrado en prisión dos proxenetas (las llamadas 'mamis') y un cooperador (conductor de coche), mientras que otros tres miembros de la red de captación y negocio han quedado libres.
Entre los métodos que usaban para explotar a las niñas y ganar dinero con ellas, las engañaban diciendo que iban a cobrar por charlar con un señor mayor o darle un masaje en la espalda. Algunas consiguieron huir, como relata el escrito de acusación de la Fiscalía: “Quedaron a tomar café en casa de la proxeneta con un señor de unos 60 años, que resultó ser el acusado, pero cuando éste le dio un beso, a fin de empezar a ganarse a la menor acercándose en exceso a ella con la finalidad de poder tener un mayor acceso sexual, a ella le dio asco y miedo y se fue corriendo”.
Todo eso va a tener un castigo, pero proporcionalmente menor a lo que les hicieron, por un cúmulo de errores y decisiones tan jurídicamente legales como socialmente incomprensibles.
Las once niñas fueron rescatadas en 2014 por la Policía Nacional. Como revelan las crónicas de ese momento, había implicados también un guardia civil y un bufete de abogados cercano a la céntrica y costosa Plaza de las Flores. Y ahí se apagó la historia. Las familias no se unieron, las organizaciones no se movilizaron. La sociedad era otra y la mayoría de las chicas se encerraron en casa e intentaron olvidar cómo habían sido parte de una trama que reclutaba y servía niñas a un grupo de hombres que tenían algo en común: eran personas con dinero, profesionales liberales y de cierta importancia en Murcia, no solo empresarios. Eran una clase social.
Ellas desaparecieron y el tema se trató como un suceso, no como una violencia sexual que no se podía volver a repetir y que afectaba a todas las mujeres. Ellos siguieron con sus vidas y sus negocios y sus bufetes sin que se les impusiera ninguna medida hasta el juicio. La única consecuencia que tuvo que sexagenarios pagaran por sexo a niñas de 14 años es que Juan Castejón, además presidente de la patronal murciana, fuera obligado a dimitir de ese cargo cuando saltó el escándalo policial hace una década. A día de hoy, en Murcia no se sabe cuál es el despacho de abogados, qué cara tienen la mayoría de condenados o quién es el que tenía un laboratorio (alias El Médico). Todos acudieron con gorras y mascarillas al juzgado, a excepción de Castejón (alias El Petrolero para la trama) y otro empresario, Juan Peque.

Tan legal como incomprensible

El juicio ha tardado 10 años, lo que ha beneficiado a la trama porque la “dilación indebida” obliga a rebajar penas. Entre los motivos de los retrasos, además de un cambio de magistrado, está la precaria situación de la justicia y una avalancha de casos por resolver en Murcia: hay más de 190.000 causas pendientes pese a la petición de ayuda de los juzgados, lo que empuja las vistas hacia adelante en los calendarios, algo que está en el origen de muchas rebajas de penas, pero sobre lo que no se ha anunciado ninguna medida. Esta misma semana se ha conocido que el expresidente Ramón Luis Valcárcel será juzgado en 2027 por un caso de corrupción en una desaladora cometido hace veinte años, ya que no se ha encontrado fecha antes.
Además, la Fiscalía de Murcia llegó en septiembre a un acuerdo con los acusados sin contar con las menores, que no tuvieron su propio abogado en su momento pensando que ya estaban cubiertas con el ministerio fiscal –se les informó por imperativo de que podían tener además su propio letrado, otra cosa es cómo– y la jueza ha decidido que solo 3 de 13 condenados vayan finalmente a pisar una prisión al entender que están vinculados a la sociedad, integrados, que han abonado las reparaciones o tienen problemas de salud. Todo tan legal como injusto para una sociedad 10 años más consciente de la violencia sexual y el tratamiento que se debe dar a las víctimas.
De hecho, la decisión ha indignado a una parte de la ciudad que se ha constituido como una pequeña aldea gala y rebelde y que ha cristalizado en cuatro manifestaciones a las puertas del Palacio de la Justicia. “Esto es un grano de pus que tiene que explotar”, dice Gloria Alarcón, impulsora de las protestas y de la Asamblea Feminista, mientras toma un café en la histórica plaza de Teatro Romea. Había un centenar de personas, pero eso en Murcia puede ser considerado un éxito: “Aquí la gente con el sol, la cerveza y la marinera –una tapa de ensaladilla y anchoa típica– se queda bien. No piensan que algo pueda cambiar, no hay movilización, salvo en temas agrarios o de agua”.
Esta “resistencia” se ha colado en la sala de juicios y ha molestado tanto a los abogados defensores como a la jueza del tribunal. El letrado del empresario Castejón apuntó su malestar por el “tsunami social, el populismo punitivo” que, según él, estaba interfiriendo en el caso. La magistrada y ponente de la sentencia llegó a decir en sala que cuatro de las víctimas habían pedido que los acusados entraran en prisión “no nos cabe ninguna duda que presionadas por ese mismo movimiento social”, al que acusó de haber “revictimizado” a las chicas. Eso después de darles un beso y pedirles perdón en nombre de la justicia en la misma sala.
Murcia se divide entre los que no se han enterado de qué ha pasado–como un grupo de jóvenes bailarines a las puertas del Conservatorio de Danza–, los que confiesan sentir vergüenza mientras toman un café –como un grupo de jubilados que queda en una terraza de la céntrica calle Trapería– y los que aún tienen rabia e indignación. “Si los que las prostituían hubieran sido extranjeros, la gente estaría ya preparando la hoguera para meterlos dentro, pero como son hombres blancos de aquí, pues no pasa nada”, opina Rocío, que estudia un máster de Profesorado en el campus universitario de Espinardo. Cerca, un grupo de universitarios de Veterinaria: hay tres mujeres indignadas y siete estudiantes que no tenían ni idea de lo que había sucedido, “ni por redes ni nada”. Gonzalo no solo lo sabe, sino que fue a las manifestaciones ante el Palacio de Justicia de Murcia: “Fue increíble porque mientras estábamos allí protestando por algo tan grave, se oía que tiraban cohetes porque había una feria”.
Hoy no queda rastro de esas protestas. Las dos pancartas que ondeaban en las vallas que dan al río Segura han sido descolgadas. El trasiego de funcionarios ocupa la calzada donde se celebraban las manifestaciones. La misma acera que Juana, la madre de una de las menores, pisó hace cuatro días de incógnito: “Estos días tengo ansiedad e ir a las protestas fue lo único que me animó. Recuerdo que había una persona que llevaba una pancarta en la que se podía leer 'Es mi hija'. Ahí me derrumbé y me puse a llorar”.
Murcia ha vuelto a los cohetes y a la marinera, después de ser protagonista de los informativos locales y, sobre todo, nacionales. En el quiosco de la luminosa Plaza de Santo Domingo se exhiben los periódicos regionales decanos sin rastro en portada de las proxenetas y los empresarios que pagaban por niñas engañadas y engatusadas en discotecas light y en colegios públicos y concertados.
En uno de ellos, donde estudiaban al menos dos de las víctimas de la trama, hay trasiego de chavales el jueves por la tarde. Una monja sale apresurada. Chicas con mochila hablando despreocupadas sin saber que hace diez años, tras esos tabiques de piedra histórica, varias menores cayeron en una red que prometía dinero a cambio de supuestas charlas con señores mayores y que fueron bautizadas por los traficantes como “las niñas”, tal cual consta en el escrito de la Fiscalía.
La misma Fiscalía que pactó el pasado 11 de septiembre con los acusados, tras ser evidente que la dilación indebida del juicio iba a reducirles ya bastante las penas. El llamado pacto de conformidad lo firmó una fiscal que luego no ha seguido con el proceso y se ha impuesto el silencio sobre por qué se tomó esa decisión, que es legal pero controvertida. El malestar por esa decisión ha llegado a altos despachos del ministerio público en Madrid.
En las conformidades no hace falta involucrar a la víctima, “la pregunta es si este tipo de delitos pueden tener conformidad”, explica Gloria Alarcón, que es jurista y se pregunta si es casual que “la fiscal y la jueza a las que se ha repartido este caso sean mujeres, con las pocas que hay en Murcia”. Ahora ha habido un cambio de fiscal, que se ha mostrado contrario a que el empresario Castejón no entrara en prisión, pese a lo firmado anteriormente, y va a recurrir la puesta en libertad de otro de los cooperadores. El movimiento feminista espera a esas últimas decisiones para chequear si la movilización ha valido para algo, “si un error no va a llevar a otro error como pasó con La Manada de Pamplona y esperemos que no pase con La Manada de empresarios”, concluye Alarcón.

Como Pelicot, pero al revés

“Que la vergüenza cambie de bando”, se veía en algunas pancartas en las protestas hace unas semanas. Al contrario que en el caso Pelicot que hizo popular la frase, la vergüenza no ha cambiado de bando y la trama ha vivido ajena a todo el trauma que ha causado. Después de diez años, las jóvenes quieren seguir en el anonimato, muchas desean cerrar el capítulo y olvidarse. De hecho, cinco de ellas dijeron a la jueza que preferían que los acusados no entraran en prisión en la vistilla en la que se les informó del acuerdo. Cuatro dijeron que entraran. Las otras dos lo dejaron a decisión del tribunal. Los empresarios han seguido con sus negocios y, pese a que son culpables y todo ha quedado acreditado, tendrán que pagar multas ridículas por el horror que causaron, de entre 500 a 2.000 euros a cada chica.
El debate público se ha dirigido también al sesgo por género o nacionalidad, ya que las 'mamis' y el taxista que sí irán a la cárcel son de origen extranjero. Hay que tener en cuenta que las penas que enfrentaban tanto las 'madames' como los cooperadores necesarios eran mayores que las de los clientes, al margen de los recursos económicos desiguales para hacer frente a los abogados y de los sesgos que pueda tener la justicia y la sociedad. Se pedían entre 21 y 56 años de prisión en el caso de las proxenetas y entre 6 y 36 años para los cooperadores. En el caso de los empresarios que reclamaban niñas se pedían penas menores, de entre 4 y 24 años.
En el escrito acusación se relatan las prácticas mafiosas y extorsionadoras de estas proxenetas. Por ejemplo, cuando una de ellas llamó a una chica que se ofrecía para cuidar niños “para conocerla y quedar con ella, ofreciéndole trabajo para dar masajes con final feliz, a lo que ella dijo en principio que no, diciéndole que tenía sólo 15 años y era virgen, insistiéndole la acusada en que eso no era problema, que trabajaban para ella niñas con 14 y 15 años y no pasaba nada, llamándola con obstinación, hasta que accedió”.

Alerta en los institutos

Con las gafas de la actualidad y los estándares de hoy en el tratamiento de violencia sexual ha habido un evidente fallo judicial multiorgánico. Pero también se ha disparado una alerta para los institutos de la Región. ¿Puede volver a pasar? ¿Tienen buena educación sexual los jóvenes? ¿Va a cambiar algo? Ana Mellado, secretaria de Igualdad de CCOO, trae hasta la plaza Julián Romea un papel con datos oficiales de Educación. “Te pongo de ejemplo. El curso Eso no es sexo para prevenir la violencia sexual sobre menores se hizo en el 9% de los centros de la Región pese a que era un compromiso. Aquí hay un poso de catolicismo y de estos temas no se habla, pese a que es una oportunidad para mejorar la conciencia y reducir el riesgo de captación en los institutos”.
Murcia, además, tiene implantado el pin parental, una cesión del PP para obtener el apoyo de Vox, lo que permite a los padres decidir si sus hijos asisten o no a talleres de sexualidad. Preguntada la Consejería de Educación si este caso va a suponer un punto y aparte o se va a reforzar la educación sexual, fuentes oficiales responden sin más a elDiario.es que son los centros los que “tienen autonomía para programar lo que consideren más adecuado”.
Ha pasado una semana del “tsunami” y en una parte de la ciudad aún incomoda hablar del “asunto de los empresarios” porque, al contrario que hace una década, hoy ese asunto ha ido acompañado por la banda sonora de una sociedad indignada que ha sacado a la calle un espejo en el que mirarse. No va de once chicas con mala suerte como en 2014. En 2024 va de todas y de qué hemos hecho. Empieza el fin de semana, el primero sin manifestaciones y sin cámaras de televisión por todos sitios. Al lado de la catedral de Murcia, ahora en obras, la gente aprovecha una mañana fresca de sol. Una pareja de unos 60 años se toma una cerveza. “Ah sí, los empresarios, lo he oído, pero no te puedo decir mucho porque tampoco lo conozco”. Asoma un rictus de vergüenza. Es poco, pero es algo. Acto seguido les traen la marinera que habían pedido.


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Tatsumaru escribió:Hay otro caso. Va de un comisario de policía, se retira y deja en el despacho  un Cd  de contenido pedófilo, pero mucho. Se usa para denunciarle cuando se encuentra y revisa  y se van a  su casa al registro. Todo según procedimiento. En la casa encuentran muchísimo más material . J.E.C , el comisario retirado, es absuelto por la jueza del nº 6 Penal  de Palma por "falta de pruebas". Que cuando el juez instructor firmó la orden de registro domiciliaria "no tenía pruebas", que el material encontrado en el despacho policial "podía pertenecer a cualquiera y no podía asegurarse que fuese de su posesión y que lo descargase." De modo que lo hallado en su casa, el gran montón,  es desestimado por lo de la raíz viciada.



“Se estima que la petición policial en la que se apoyaba la resolución judicial no se encontraba suficientemente fundada, pues carecía de verdaderos indicios o sospechas suficientes”,
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“Tengo una morenita de 16 años para usted”: cómo operaba la red de explotación sexual de menores en Murcia

Una “dama de compañía” menor y embarazada

Intercambio de chicas

“Mami, ¿tienes algo para mí?”

Martini y whisky

marapez escribió:

“Tengo una morenita de 16 años para usted”: cómo operaba la red de explotación sexual de menores en Murcia

El móvil de Ruth Karina Dorado Toledo tenía una memoria de 7,9 gigas cargada de fotos de chicas y adolescentes. Algunas de ellas las había tomado prestadas directamente de Facebook, mientras que otras las conseguía a base de desayunos, refrescos y mensajes insistentes a través de WhatsApp.
A Karina le gustaba celebrar barbacoas en el dúplex en el que vivía en la pedanía murciana de Zarandona, con su marido Walter Jhovany Domínguez Melgar. En una de esas celebraciones, una adolescente de 15 años que se quedó a dormir allí con su madre, a quien previamente la anfitriona ya había prostituido, salió espantada del chalet. Nada más levantarse, todavía con un café en mano, Karina le advirtió que alguno de los hombres mayores que andaban por la casa estaban interesados en hablar con ella. 
La proxeneta volvió a intentarlo invitándola al Burger King de Las Atalayas y prometiéndole que se iba a “forrar” de dinero solo por “tocar y besar” a estos hombres, “que la iban a respetar”. Hombres “educados y limpios”. Los servicios se pagaban habitualmente a 50 euros la media hora, 100 la hora completa. Ese era el precio de las chicas cuando no llegaban a la mayoría de edad.
Como no paraba de escribirle una y otra vez a la menor a través del WhatsApp sin obtener la respuesta que quería, Karina le pidió, al menos, que convenciera a amigas de su edad, como finalmente hizo. A sus compañeras les dijo que podían ganar dinero “acompañando a hombres”, que “no tuviesen miedo, que no les iba a pasar nada, que solo iban a hablar” con ellos.
“Muchas veces ni siquiera saben que va a ir un cliente porque Karina les llama a escondidas de ellas al principio”, se recoge en el sumario del caso, al que ha tenido acceso elDiario.es/Murcia.
Su marido Walter llevaba y traía conscientemente a menores en su Ford rojo o negro para prostituirlas en pensiones, hoteles, domicilios particulares y casas de masaje que se encontraban desde el mismísimo centro de la ciudad del Segura hasta carreteras secundarias en dirección a pedanías u otros municipios cercanos a la capital murciana. También su hermano, Martín Galo Dorado Toledo, hacía de “taxista pirata” para la red. Ambos se encuentran entre los 13 condenados de este caso, entre los que figuran los 'empresarios' abusadores sexuales de menores, las proxenetas y los 'taxistas'. La Fiscalía llegó a un acuerdo de conformidad con los abogados de la defensa en la que reconocían su culpabilidad.
El chalet, en todo caso, no era el lugar habitual de captación, sino más bien la última estación de la explotación sexual, donde muchas veces acudían a la camilla de masaje que se encontraba en la planta de arriba del dúplex los que han sido denominados como los ‘empresarios’ de este caso, que ha despertado una destacada polémica social al entrar en la cárcel solo tres de las 13 personas condenadas y ninguna de ellas se trata de los abusadores sexuales. Entre quienes irán a prisión se encuentran la propia Karina, su marido Walter y otra de las proxenetas, Nelly Paola Céspedes.
Lo más habitual para las adolescentes era conocer a Nelly, de 22 años entonces, en la discoteca Mundo situada en el céntrico barrio murciano del Infante y donde solía divertirse la comunidad latina, al igual que en la discoteca Ibiza. Esta, en cambio, está en una zona más apartada con muchos locales, conocida como Las Atalayas. Otras fórmulas de captación eran a través de anuncios de jóvenes que se ofrecían para cuidar niños o en los propios colegios, con el boca a boca de compañeras y la promesa de ganar un dinero extra.
Una de las menores, relata el sumario cuando conoce a Nelly, “tiene conocimiento de que esto se lleva haciendo desde hace mucho tiempo y que son muchas chicas del mundo latino que están realizando estas actividades”.
Entre los detenidos por delitos de agresión sexual, prostitución y corrupción de menores, hay una joven a la que se le atribuye una infracción a la ley de extranjería. Mientras a los otros se les reconoce el papel de “cooperador explotación”, “cliente”, “captadora”, ella figura como “víctima prostituta”. Pero allí está, junto al resto de acusados. En su declaración la mujer reconoce que vino a España con veinte años indocumentada y debiéndole 1.500 euros al familiar que la introdujo al país: “Reconoció en su declaración haber venido engañada a trabajar a España, habiendo sido puesta posteriormente a ejercer la prostitución, actividad que aún continuaba ejerciendo”, revela la investigación.

Una “dama de compañía” menor y embarazada

La primera vez que la policía tiene constancia de Nelly Paola Céspedes es a través de la declaración de una menor, a la que la trama prostituye mientras estaba embarazada. Nelly y la joven se conocieron en el año 2012 en la discoteca Mundo, donde Nelly ofreció a la menor ser una “dama de compañía”, como ella misma definía. La niña tenía 16 años, pero vivía sola sin ninguna manera para subsistir: “No cobra nada, excepto lo que le entrega su madre de manera periódica”, recoge la investigación.
“Cuando [Nelly] esta tuvo más confianza con la [víctima], le dijo que tenía un amigo en Mula y que si quería ganar algo de dinero podía ir con él”, narra la policía sobre la declaración de la menor. “Nelly le presentó al individuo por la calle Sagasta, siendo este mayor, de entre cincuenta y sesenta años (...) Los tres se montaron en el vehículo y fueron a los Baños de Mula”. 
En este municipio murciano la menor entró a una vivienda con el cliente, mientras Nelly esperaba fuera. Al salir, el hombre las devolvió a Murcia, donde la joven recibió un pago de 100 euros por su servicio, “de los que le entregó a Nelly la cantidad de diez euros”, detalla la declaración. La joven recuerda este encuentro con “mucho asco”.
Tras esto Nelly presentó a la joven a otros clientes. La mayoría de las veces era trasladada a una pensión, donde Nelly le había instruido que tenía que fingir que repartía comida a domicilio. Más tarde la joven proxeneta comenzó a presentarle a otras mujeres para que la prostituyeran. En estos encuentros la cantidad que recibía la joven por el servicio comienza a disminuir, pasando a ser la mitad.
A otra de las menores, Nelly le escribe que “si quería hacer una vuelta” se podían encontrar cerca de la iglesia de El Carmen en el barrio homónimo y “prestar un servicio juntas”. La joven las conocía en la noche, las embaucaba y se las llevaba a su terreno. Peor aún, a manos de otras proxenetas.
Una de las “mamis” que Nelly presenta a la joven es Karina, a quien la Audiencia ha condenado a seis años de prisión por ocho delitos de prostitución de menores en su modalidad agravada. Su marido también resultó condenado como cooperador necesario por seis delitos de prostitución de menores. La comisión que se llevaba el matrimonio, que oscilaba entre los 10 y 50 euros, la justificaba por “la carrera”, el transporte en taxi ilegal de un punto a otro.
Según el testimonio de los condenados, Karina conocía durante años a algunos de los detenidos. Es el caso de Juan Martínez Fernández, conocido como 'el Enterrador de Totana', que en su primera declaración sostuvo que conocía a la proxeneta desde 2009: “Ha estado en casa de Karina en alguna ocasión, siempre por alguna fiesta de cumpleaños o eventos familiares”, relata el documento.

Intercambio de chicas

Nelly, Karina y Yesenia compartían en sus teléfonos móviles un álbum con centenares de fotos de mujeres a las que prostituían. Les hacían fotos ellas mismas o buscaban imágenes suyas a través de la red social Facebook: “Esas fotos son las que muestran posteriormente a los clientes para ver qué chicas son las que quieren”, detalla el sumario del caso. “Nelly conoce tanto a Karina como a Yesica [Yesenia] y cree que Yesica [Yesenia] y Karina también se conocen, entre ellas se intercambian a las chicas para los clientes que no quieren repetir”, abunda la declaración de una de las víctimas.
En ocasiones, Nelly participaba con las menores en servicios que tenían lugar en casa de Karina: “Una vez el individuo estuvo dentro de la casa, la dicente [la víctima] y Nelly subieron al primer piso y entraron una habitación donde había habilitada una camilla de masajes”, relata el sumario sobre uno de los encuentros.
Cuando suspendieron la pena de Yesenia Mercedes Balladares, la Audiencia Provincial de Murcia consideró que su participación en la trama había merecido “un reproche menor” que los otros componentes de la organización, “condenados por el doble o más de delitos, lo que sugiere que su implicación y su capacidad de decisión en la citada organización era también menor”, razonaba la Audiencia.
Lo cierto es que fue Yesenia, conocida como Yeni, la que prostituyó a la joven por la que comenzó el caso. Los padres de una menor denunciaron su desaparición el 22 de agosto de 2014. Según la declaración del padre, fue la propia Yesenia la que alertó al progenitor de que “su hija iba de una vivienda a otra, abandonando una tras de otra y dejando sin abonar los meses de alquiler”. La realidad es que la joven acabó viviendo con Yesenia, su marido y su hijo en un piso del barrio murciano Barriomar, donde ejercía la prostitución. 
Yeni ofrecía un álbum con fotos de más de 400 mujeres, entre las que se encontraba la menor. Una vez los clientes elegían a las jóvenes, Yesenia las prostituía en su propia vivienda, o esperaba junto a ellas cerca del edificio hasta que las recogían: “Se pudo observar cómo una chica embarazada acudía a la citada vivienda y tras llamar al interfono y comunicarse por teléfono, esperó la llegada de la investigada Yeni [Yesenia], quien estuvo con esta hasta la llegada de un individuo en un vehículo marca Jaguar. Tras intercambiar una corta conversación con la tal Yeni, la chica embarazada se montó en el citado coche y abandonaron el lugar”. 
Otra de las menores apunta que conoció a “Yeni a través del marido de esta que trabaja de portero en la discoteca Ibiza”, al tiempo que se relacionba en este mismo local con Nelly.
En sus vigilancias, la policía cuenta que vieron al marido de Yesenia recibir a la menor una vez el cliente la devolvió al domicilio “quien recogió algo (que bien pudiera ser dinero) que le entregó la chica embarazada”. La joven corrobora esta información en su testimonio: “Quedándose la declarante con setenta [euros] y entregado al marido de Yésica los otros diez euros”. En otros puntos del sumario se matiza que Yesenia suele quedarse la mitad de las ganancias de las menores: “Se quedaba con la mitad de lo que el cliente le daba o bien el cliente daba el cincuenta por ciento a cada una”.
Yesenia también disponía de un centro de masajes “con final feliz” en el centro de la ciudad y una red de “taxis piratas” para desplazar a las menores: “Yesica [Yesenia] suele usar taxistas para llevar a las chicas a su casa, uno con un coche negro y otro con una furgoneta blanca. (...) A ella [la víctima] la llevaron a casa de Yésica en ambos vehículos para poder estar con los clientes”. Entre los taxistas piratas a disposición de Yesenia también se encontraba Walter, el marido de Karina.
Yesenia era conocida en los círculos de prostitución antes de que empezara este caso. A principios de 2013 la Policía la identifica en una operación en el salón de juego Thabi, donde iba acompañada de dos jóvenes. La proxeneta le entregó las chicas a dos clientes habituales del establecimiento, conocidos como Curro y Lechuga.
Ese mismo año, Yesenia conoció al empresario Juan Castejón Ardid, uno de los condenados de la trama, en el Manhattan, su local de masajes “con final feliz”. Cuando cerró, Yesenia y Castejón mantuvieron el contacto: “Yeni se puso por su cuenta ofreciendo chicas, [Castejón] ha solicitado sus servicios unas veinte veces, y siendo las chicas diferentes la mayoría de las veces”, señala el acta de exploración que se le hizo a Castejón el 10 de noviembre. De los servicios que solicitó, una docena tuvieron lugar en el domicilio de Yesenia. Al empresario cartagenero, exvicepresidente de la patronal cartagenera y regional, pese a acumular diez delitos de prostitución a menores, se le ha suspendido su pena.

“Mami, ¿tienes algo para mí?”

En las conversaciones de WhatsApp recogidas en el tomo VI del sumario queda reflejada la raquítica situación social y económica a la que estaban sometidas las mujeres que demandaban a sus proxenetas más clientes, como el caso de Ylenia (nombre ficticio), quien llega a suplicarle a Karina día tras día que le apañe algún servicio, al precio que sea. 
“Mami, ¿tienes algo para mí? (...) necesito dinero para los libros de mi hija y me han embargado los hdp de la Seguridad Social”. 
Madre soltera y pluriempleada en cafeterías o como cuidadora de ancianos, Ylenia no puede responder siempre a los encargos de las mamis y pierde alguno de los trabajos que le ofrecen: “Busqué otra para ese rato y se ganó 100, es que no hay que tener flojera para trabajar”, le afea Ruth Karina, quien le relata que la noche anterior habían ido a Totana ella y otras tres chicas y “ganamos 80 cada una, pero hay que hacer orgía; la pasamos súper, había piscina, son un francés y 3 españoles; de 20.00 a 1.00 de la mañana”. 
En otras ocasiones, culpan a las menores de su posible entrada en prisión. Tal y como describe el sumario, María, nombre ficticio, se pone en contacto con inspectora del grupo II de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) “diciendo que tiene miedo de Nelly porque dice que Yeni está en prisión por su culpa y que a ella la van a deportar también por su culpa”.

Martini y whisky

Alma (nombre ficticio) es una de las menores de edad captada por la red. En el verano de 2013 había puesto un mensaje en una página de internet para cuidar niños. “Un día la contactaron para cuidar a unos críos, la recogían en Lorquí y la llevaban a Zarandona”, relata el sumario. Según la declaración de su madre, los horarios eran muy extraños y la niña manejaba mucho dinero. Aquello duró dos semanas.
Un año después, peleando por comprar ropa le dijo la niña literalmente “me voy a tener que volver a meter a puta” y le confesó que había estado “con unos viejos, pero que no había hecho nada”. 
La mayoría de las menores eran engañadas por la red para conseguir meterlas en el negocio. “Karina me echaba Martini en la bebida a pesar de que no me gustaba”, cuenta María (nombre ficticio), que se encontraba en el chalet de Zarandona el día que intervino la Policía, quien relata que los clientes sí que sabían que era menor, que ella no quería tener relaciones completas y que estaba muy asustada. 
Otra menor relata que Karina le pregunta “si quería tomar algo, contestando esta que un vaso de coca-cola. Que la dicente [la menor] manifiesta que cree que le echaron whisky. Que no le dio tiempo a beberse el refresco y llegó a la casa un señor 'viejo'”.
Karina y las demás ‘mamis’ organizaban al detalle todos los encuentros de las chicas con sus clientes: “el médico de Zara, el cabeza blanca, el del masaje, el Petrolero, el naranja, el Bartolo, el mercadillo…”. Les avisaban cuando tenían una cena y “había que ponerse guapas”, les aconsejaban cómo mentir a sus familiares para despistarles y que no se enterasen de sus negocios, les señalaban los lugares de recogida y qué le gustaba a cada cliente. 
La palabra “miedo” aparece casi en una treintena de ocasiones a lo largo de todo el sumario. Durante la investigación las menores víctimas de este caso manifiestan su temor a las consecuencias por denunciar los hechos. En sus declaraciones, muchas expresaron “miedo” a lo que las proxenetas o sus parejas pudieran hacer con ellas o sus familiares, pero también a los clientes. Miedo y asco ante unos hombres poderosos y que podrían haber sido, en muchas ocasiones, sus padres o abuelos.


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