Batasuna reclama honores y pensiones para los etarras

El aterrizaje de la izquierda abertzale está lleno de
matizaciones y negativas a dar determinados pasos. Al menos por el
momento. De modo que sus dirigentes creen necesario explicar su posición
a sus bases. En uno de los documentos atribuidos a los radicales por
las Fuerzas de Seguridad, se refieren al reconocimiento de las «víctimas
del conflicto» asegurando: «El Estado ya se encarga de honrar e
indemnizar generosamente a las víctimas de su lado. Es la parte vasca la
que debe exigir que se reconozca el sufrimiento que se le ha causado a
Euskal Herria durante todos estos años y la que debe asegurar que ese
sufrimiento sea honrado, reparado y compensado económicamente».

Este texto corresponde a un guión elaborado para explicar el Acuerdo de Guernica firmado hace un año por la izquierda abertzale,
EA, Alternatiba y Aralar. Este último partido fue el que exigió que en
la petición de alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la
comunidad internacional se introdujese la frase «como expresión de
voluntad para un definitivo abandono de su actividad armada». Batasuna
planteó inicialmente algunos reparos a este añadido, pero finalmente lo
aceptó.


En el documento que le atribuyen las Fuerzas de Seguridad,
precisa a este respecto que «la conformación de un nuevo escenario de
mínimos democráticos requiere del compromiso de todos los agentes que
han utilizado la violencia como herramienta de la acción política, que
son el Estado y ETA», y ése es el motivo por el que ha emplazado a la
banda. Pero para que los suyos no lo malinterpreten, añade que «no se le
pide ni que se disuelva, ni que abandone la violencia ni que renuncie a
intervenir en política». Tampoco se define en qué debe consistir el
alto el fuego, porque eso «se deja en manos de la comunidad
internacional, que será la que deba acordar los mecanismos de
verificación».


La izquierda abertzale reclama «su propio papel» y
considera que su reto es «articular una confrontación democrática eficaz
que haga modificar la posición de guerra de los poderes del Estado»
[como pudiera ser la conferencia de paz].


Pero, efectivamente, el asunto más llamativo es el del
«reconocimiento, la reconciliación y reparación de todas las víctimas
del conflicto». Batasuna sostiene que, «aparte de los acuerdos de
resolución con el Estado, quedará una amplia tarea para recuperar la
memoria de nuestra lucha por la libertad y dignificar el ingente
sacrificio que miles de vascos han realizado en favor del futuro de
nuestro pueblo». La izquierda abertzale viene a aceptar que ha
sido vencida y advierte de que «los conflictos que se saldan sin reparar
adecuadamente a las víctimas dejan viva la semilla de la regeneración
del conflicto en el futuro porque, en esos casos, se resuelve en un
esquema de vencedores y vencidos, y los vencidos no aceptan ese estatus
humillante y tratarán de recuperar su estatus de una forma u otra».


Batasuna está preparando un documento sobre las víctimas
todavía sin finalizar pero, cuando difundió estos planteamientos,
afirmaba que el acuerdo final «debe reconocer el sufrimiento de todas
las partes e implementar los medios jurídicos, institucionales y
económicos necesarios para paliar o reparar en lo posible el daño
causado».


«Nosotros no negamos que la otra parte también ha sufrido y
respetamos su dolor, pero exigimos justicia por el sacrificio de nuestro
pueblo. Para dar por solucionado el conflicto tenemos que hacer cuentas. A partir de ahí, nos corresponderá enaltecer la memoria de la lucha por la libertad de nuestro pueblo».


Se explica que el Acuerdo no pide la amnistía, porque sólo
cuando se hayan solucionado la autodeterminación y la territorialidad se
darán las condiciones para que no hayan «represaliados». «El acuerdo
definitivo deberá contemplar cómo se va a ejecutar la excarcelación de
todos», se lee en el documento en el que se asegura que la «legalidad
vieja» va a dar paso a una «legalidad nueva» y que, «aunque todavía no
estamos en este punto, pronto lo estaremos».


Esto no significa que los reclusos no puedan ir saliendo
antes de forma individualizada. Naturalmente no porque ellos lo pidan
-cosa que nunca se les ha permitido-, sino porque el Estado se lo tiene
que dar. «Mejor que hablar de beneficios penitenciarios convendría
hablar de derechos objetivos ahora negados».