JUSTICIA A LA ESPAÑOLA

Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Dom Mar 12, 2023 8:58 am

Hay que ver con Irene Montero, si es que los suelta a todos con su ley de si es si Twisted Evil

JUSTICIA A LA ESPAÑOLA - Página 7 Gurtel11

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Al parecer eso no crea alarma social... y no es necesario parchear una ley. Rolling Eyes

Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Dom Mar 12, 2023 2:46 pm

Lo que no crea es un bulo contra Irene Montero, es decir, no interesa.

Salú y República.

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Los fiscales fachas y el privilegio de la calma

"Nunca se han visto pronunciamientos desde un Gobierno contra el Consejo del Poder Judicial y hablando de ‘fachas con togas’ o el ‘golpe de las togas'", dijo Alberto Núñez Feijóo, líder del principal partido conservador de España, en una reunión mantenida con una asociación de fiscales conservadores de España (la más numerosa del gremio) en la que algunos de sus miembros pidieron el voto para el partido conservador, llamaron "filoetarras" a partidos que están en el Congreso salvando la ley de partidos e hicieron, en general, exhibición de poder conservador en la judicatura patria. A cambio, el líder del partido conservador prometió agasajar a sus anfitriones conservadores con cambios conservadores en las leyes cuando llegue a presidir el Gobierno. No consta que les agradeciera lo mucho que le están apoyando para conseguirlo.

La aliteración de la palabra "conservador" no es más que un recurso estilístico para remarcar lo obvio y, sobre todo, para evitar usar el gravísimo vocablo "facha", algo intolerable por lo que se ve. Y el término "reunión" está presente para no tirar del inaceptable "golpe", una palabra anatema en estas lides. Lo grave aquí no es semejante akelarre faccioso y esta connivencia desacomplejada entre los fiscales y un partido concreto; lo gravérrimo es decir "facha" y "golpe" cuando llegas al gobierno gracias a que te votaron para que lo dijeras. La democracia como fetiche de usar y tirar. El lenguaje como arma del poder para esconder sus desmanes. Pero usted no levante la voz.
Dice mi amiga y referente Henar Álvarez que cuando uno pierde las formas, pierde las formas, pero no la razón. Es esa especie de dictadura de lo formal, ese privilegio de clase que es no indignarse, ese arma del poder que es exigir la calma cuando controlas el terreno de juego y el reglamento del lenguaje, ese ejercicio permanente de la tiranía de lo correcto como arma para deslegitimar el mensaje de quien lo tiene todo cuesta arriba. Es una forma de ejercicio del poder sibilina e incuestionable, de la que participan los cuatro poderes, en la que el que se sale de ese carril está fuera.
Pues esos fiscales son unos fachas, su connivencia con un partido conservador una muestra de servilismo intolerable, los hilos que existen (y que no son exclusivos del conservadurismo) entre partidos y las togas en sus diferentes rangos son propios de democracias de dudosa calidad y estas exhibiciones públicas de fuerza compartida entre poderes un golpe blando, frío o como lo quieran llamar. Y se debe decir desde el Gobierno o desde la columna de un pelagatos como yo.
La diferencia, siempre, es el privilegio de clase que exhiben quienes pueden reunirse en estos lugares a mostrarlo obscenamente y utilizando el lenguaje que ellos imponen como correcto. Allí no cabe la indignación porque lo que está en disputa son solo unas pocas normas del juego, no el dueño del tablero. Ese es suyo y no les tose nadie. Si yo fuera parte de eso también escribiría sin poner ni un solo taco, joder.

https://www.infolibre.es/opinion/columnas/aqui-me-cierro-otra-puerta/fiscales-fachas-privilegio-calma_129_1487176.html

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La conjura de los necios

“La ignorancia, la negligencia y la estupidez siempre conspiran para triunfar”

(La conjura de los necios. John Kennedy Toole)

A veces la mejor cobertura es la falta de cobertura. Recordarán que, en un hotel céntrico de Madrid, medio centenar de miembros de la conservadora Asociación de Fiscales (AF) se reunieron recientemente con Alberto Núñez Feijóo, aspirante a la presidencia del Gobierno, para conversar sobre los males que aquejan a la justicia española. El presidente del PP expuso sus planes para acabar con la gangrena social-comunista que corroe a este pilar de la democracia, la Justicia, mientras los diligentes fiscales promovían, junto con jueces conservadores, una huelga en periodo preelectoral. ¡Como debe ser!
Entre los anuncios de alcance, el líder popular descartó enfáticamente que se vaya a modificar en esta legislatura la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dejando claro –si es que alguien lo dudaba– que incumplirá la obligación constitucional de renovar esta institución y, lo que es peor, que le importa un bledo. Es evidente, a la luz de esta afirmación, que surgen dudas razonables sobre la capacidad de Núñez Feijóo como político, servidor público y hombre de Estado, para resolver cuestiones complejas; y la certeza de complicidad de los y las fiscales presentes, que, en vez de afearle esta decisión, se la celebraron con aplausos. Podrán decir que no forman parte del poder judicial, y en España esto es técnicamente cierto, pero entre ellos hay quienes, como la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, aspiran a ser designados por el dedo divino popular, y todos, como garantes de la legalidad, tienen la obligación de acatar la Constitución.
Para reforzar sus razones, Núñez Feijóo repasó las excusas que ya conocemos: la elección de jueces por jueces; la derogación del delito de sedición; la desconfianza en el gobierno y sus socios parlamentarios. En resumen, más de lo mismo. Lo de cumplir con la Constitución solo va con los otros, no con quienes se sienten investidos de una autoridad moral que los sitúa por encima del Estado de Derecho.
Desde hace tiempo y en todo el mundo, asistimos al fenómeno de la politización de la justicia caracterizado por acusaciones y sentencias ad hoc contra adversarios políticos, con la participación de fiscales y jueces afines. Esto se denomina lawfare, que por desgracia ha existido, existe y seguirá existiendo, y en España lo hace de la mano de personajes como Antonio Narváez, fiscal que ha intervenido durante años en los procesos de ilegalización de partidos políticos. Álvaro Sánchez Castrillo señalaba en infoLibre que, según Narváez, "se está perfilando una estrategia de coalición, con Bildu que es una organización filoterrorista, con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi y lo que quede de Podemos", ante el horizonte de los comicios al Parlamento Vasco. Estas expresiones lesionan su deber de “imparcialidad” y, desde luego, quebrantan su deber como Fiscal de Sala del Tribunal Supremo en activo y exmagistrado del TC, de abstenerse de dirigir críticas a otros poderes del Estado, como es el Ejecutivo.

Derogar lo que haga falta

En el mismo sentido, Consuelo Madrigal, quien fuera Fiscal General del Estado, se refirió a las enmiendas legislativas “donde los deseos de los grupos minoritarios se convierten en ley”, añadiendo: "Esta perversión del procedimiento legislativo va unida a una perversión de la institución que hemos vivido en los últimos años. (…) ¿Cómo sería posible una regeneración benéfica para todos?". Mejor sería decir para quienes defienden, como ella, la visión ultraconservadora de la justicia.
Las miradas de los comensales de la AF se dirigieron arrobadas al candidato del PP. Según recogió El País, Núñez Feijóo agradeció su trabajo a los fiscales “que estando en puestos clave y recibiendo todo tipo de presiones, restablecieron el orden constitucional que algunos políticos quebraron”. Como saben, la propia Consuelo Madrigal llevó la acusación, junto a otros tres colegas, en el juicio del Tribunal Supremo contra los dirigentes catalanes impulsores del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, sosteniendo la calificación de rebelión que fue desestimada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que acogió, en cambio, la tesis de la acusación de la abogacía del Estado por el delito de sedición. Al menos por esto, debería ser más prudente el responsable político. Pero claro, “si sólo es una charla de café…”.
Antonio Narváez fue más lejos al desear que el líder del PP alcanzase la presidencia con una frase lapidaria: “Personalmente, digo que ojalá”. Quizás sea porque tiene aspiraciones a ser el señalado para la Fiscalía General del Estado, por ejemplo. En este mundo rancio, nadie da nada por nada. Siempre hay una contraprestación, o al menos una expectativa.
Por supuesto, Núñez Feijóo prometió derogar las leyes necesarias “nada más llegar a la Moncloa”, más aún, aseguró que en su programa electoral se incluiría la derogación de unas diez leyes. Ahora, el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha exigido al presidente popular que enumere las normas que considera hay que eliminar. No se debería derogar una ley por simple ideología, sino porque es mala. Las normas, sean de un signo u otro, van conformando el Estado de Derecho que protege a todos los ciudadanos y no sólo a los amiguetes.
Como ven, la justicia es un terreno en permanente disputa política, y no tendría que serlo. De un lado, se exige una independencia absoluta de fiscales y jueces (curiosamente quienes menos la practican son los que más cacarean de ello). De otro, se producen charlas y conversaciones privadas en las que se decide todo, si es que se sabe con quién hablar. (Esto es tristemente opaco, impropio de un sistema de justicia democrático).

El CGPJ se queda como está

A partir de aquí entenderán el interés de Núñez Feijóo en que los fiscales tuvieran clara su voluntad de no renovar el CGPJ, en la esperanza de que las elecciones generales permitan que el PP vuelva al gobierno y siga conservando las riendas del Poder Judicial.
Los intentos y pulsos realizados con la institución como rehén tuvieron un objetivo claro: los nombramientos en el Tribunal Constitucional. En un primer momento forzando la designación de dos afines, Concepción Espejel (“querida Concha”) y quien fuera fiel defensor de las posiciones populares en ámbitos como el aborto o la memoria histórica, Enrique Arnaldo. Y en segundo intento, para evitar que el alto tribunal tuviera una mayoría progresista entre sus magistrados, como finalmente sucedió.
El manoseo del CGPJ ha sido tal, que ya ha perdido toda su credibilidad y difícilmente recuperará la confianza de la ciudadanía que, en definitiva, es la que sufrirá las consecuencias. Ya no quedan dudas. No se producirá cambio alguno hasta que el PP vuelva a gobernar. Pero ¿y si las elecciones le son adversas al PP? Creo que igualmente no habrá renovación. Se han apropiado del CGPJ y no lo soltarán.
Es conocido en el foro que el PP no deja nunca en la estacada a quienes de algún modo le han beneficiado. Algo que el PSOE no suele practicar. Lo explicaba en una entrevista Concepción Sáez, vocal progresista que renunció a su cargo en este mes de abril:
“… Este Consejo pasará a la historia –además de ser, espero, el más largo de toda la historia– porque con su conformación, tanto ideológica como personal, la derecha ha conseguido que los órganos que integran el vértice de nuestra organización judicial, el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de justicia, estén dirigidos y conformados, salvo pocas excepciones, por magistrados destacadamente de derechas. Este era el objetivo de este Consejo. Y al menos el tiempo que estuvo Lesmes presidiendo, él supo llevar a cabo la tarea para la que había sido nombrado…”
¿Se dan cuenta de la gravedad de esta afirmación? Y lo peor radica en que es absolutamente cierta.

Independencia

¿De verdad alguien cree a estas alturas que estos jueces o estos fiscales son independientes? Muy al contrario, esperan acontecimientos políticos que eviten que profesionales de visión progresista alcancen los puestos de decisión. Estaría bien que tuvieran el mismo empeño en hacer su trabajo de forma más justa y diligente.
En el semanario mexicano Proceso, el jurista italiano Luigi Ferrajoli mantiene la necesidad de la independencia judicial. Lo dice así: “Los jueces deben tener la posibilidad e incluso el coraje de emitir sentencias no populares e independientes de los intereses políticos, lo que garantizará el respeto entre el Poder Judicial y los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo) con miras a mantener vivos los gobiernos democráticos”.
Pienso que los profesionales de la justicia son auténticos valedores de los principios democráticos y constitucionales, por lo que su comportamiento debe estar alejado de los políticos y las miserias que, a veces, los rodean. Pero, ¡qué difícil les resulta a algunos! Con ello contribuyen al descredito de la justicia, corrompida precisamente por quienes están obligados a defenderla.
Queda poco tiempo. Bruselas evaluará en julio los esfuerzos realizados por Gobierno y oposición para renovar el CGPJ. Se hará entonces público el informe anual sobre la salud democrática en los Veintisiete países de la UE. La vicepresidenta de la Comisión Europea, responsable del área de Estado de Derecho, Vera Jourova, ha recordado que ya en su última evaluación anual, se instó a España a renovar con carácter de urgencia el CGPJ y proceder después a la reforma del sistema de selección de vocales.
Finalmente, no debemos olvidar que, a final de junio, España asume la presidencia de turno de la UE. Quizás recuerden la serie de animación Dragones y Mazmorras estrenada en España en 1985 en la que el Amo del Calabozo era el personaje más poderoso del Mundo Mágico y podía favorecer el bien, para que los niños volvieran a casa, pero el equilibrio entre este y el mal le impedía hacerlo. En este asunto el título de Amo del Calabozo corresponde al máximo cargo del PP, quien aguantará carros y carretas hasta que los hados electorales le sean propicios mientras, de paso, arrojará lodo sobre el Gobierno español ante el ejecutivo comunitario. Y en ese empeño le apoyarán determinados jueces y fiscales conservadores que, parafraseando el título de la novela de John Kennedy Toole (cuya lectura recomiendo) se han embarcado en una “conjura de los necios”, que acabará llevando la Justicia española al desastre. Al tiempo.

https://www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/conjura-necios_129_1491777.html

Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Mar Mayo 09, 2023 10:37 pm

Cuando alguien se empeña en no tirar la basura la peste acaba siendo insorportable.

Salú y República.

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La ONU interpela a España por la aplicación del falso síndrome de alienación parental contra las madres

España se examina estos días ante la ONU en igualdad. Entre los asuntos sobre la mesa, la aplicación del llamado síndrome de alienación parental (SAP) –no reconocido por la Organización Mundial de la Salud y rechazado por el Poder Judicial– y los procesos en los que se ven envueltas las madres que denuncian abusos sexuales hacia sus hijos por parte de sus padres. Varios informes que la sociedad civil ha presentado ante el comité que examina a España documentan algunos de esos casos y denuncian sesgos en la justicia y desprotección. En la sesión celebrada este martes en Ginebra (Suiza), el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) interpeló específicamente a España por este asunto. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, reconocía que algunas madres “están criminalizadas por sustracción de menores o por desobediencia a la autoridad judicial”.
Una amplia delegación española, encabezada por la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y otras trabajadoras del Ministerio junto con representantes de Justicia, Interior o Derechos Sociales, respondió este martes a las preguntas de la CEDAW. La sesión es uno de los elementos de ese examen, que se completa con un informe que España ha presentado por escrito y también con los documentos que el Comité recaba de distintas organizaciones de la sociedad civil. Se trata de un examen que tiene lugar periódicamente y que deben pasar todos los países que han ratificado la CEDAW.
En la sesión del martes, la delegación española tuvo que responder sobre la existencia o no de protocolos para evitar la aplicación del SAP en los procesos judiciales, la formación a operadores jurídicos al respecto, los criterios para otorgar las custodias de los menores y las medidas “para quienes juzgan desde los prejuicios sexistas”. El SAP fue ideado por el médico Richard Gardner en los años 80. Según su teoría, un progenitor (la mayoría de las veces, la madre) aliena a sus hijos contra el otro en el contexto de la disputa por su custodia. Esta idea ha sido rechazada tanto por sociedades científicas y la OMS como por el propio Poder Judicial, que la tilda de “pseudo-científica” y desde 2016 pide a jueces y juezas que no la apliquen.
La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, desgranó algunas de las medidas tomadas en los últimos años, como la eliminación del consentimiento paterno para que en los casos de violencia de género los menores puedan recibir asistencia psicológica o la obligación de escuchar a los menores en los procedimientos judiciales.
“Se han adoptado medidas sobre el principio de que un maltratador no puede ser un buen padre. Antes en el 3% de los casos de violencia de género se suspendían las visitas, y ahora la regla general es la suspensión de visitas e incluso la suspensión retroactiva en los casos en los que ya existían. El interés superior del menor se identifica con el derecho a una vida libre de violencia”, explicaba Rosell, que subrayaba que los cambios normativos buscan impedir “que planteamientos sin base científica, como el mal llamado SAP, puedan ser tenidos en cuenta por las autoridades, tanto judiciales como administrativas”. Rosell destacó que el Ministerio de Igualdad se ha reunido con las llamadas madres protectoras, víctimas de violencia vicaria e institucional, y las ha incluido en la nueva estrategia contra las violencias machistas.

Informes críticos

Uno de los informes presentados ante de la CEDAW es un extracto de la investigación elaborada por varias profesoras de la Universidad Complutense de Madrid junto al Grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. La investigación está basada en el estudio de 47 casos de denuncias de abusos sexuales cometidos presuntamente por el padre y se completa con el análisis de otras 40 sentencias del ámbito civil y otras 63 del penal. Las autoras concluyen que España no está cumpliendo con la CEDAW y no actúa “con debida diligencia” en estos casos.
“Se constata la existencia de un patrón estructural de discriminación por aplicación del falso SAP, que implica un conjunto de prácticas y comportamientos dentro del sistema jurídico español y de las instituciones implicadas en la detección y evaluación de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, que pueden ser catalogados como violencia machista institucional”, subrayan. La investigación detecta falta de credibilidad a los menores, salvo cuando estos se retractan, “pese a que los protocolos más reconocidos para la detección de la violencia sexual sobre niñas y niños coinciden en señalar la retractación como una secuela contingente de la agresión sexual”.
La investigación defiende la existencia de una “pauta clara” en los juzgados de familia de ordenar modificaciones de medidas “en perjuicio del interés superior de niñas, niños y adolescentes y del vínculo con su madre”. “En los casos en los que las niñas, niños y adolescentes han intervenido en el proceso penal y han manifestado su deseo de permanecer bajo la custodia de la madre, así como su rechazo a estar con su padre, se identifica el interés superior del menor con el mantenimiento –o restablecimiento– de la relación paternofilial y finalmente con la custodia paterna”. En un 65% de los casos analizados, la madre perdió la custodia en favor del padre, que pasó a ostentarla de manera exclusiva. En un 20% de los casos se les retiró a las madres la patria potestad.

“La aplicación del falso SAP y la consecuente ausencia de perspectiva de género en las resoluciones judiciales hacen que los intentos de las madres por proteger a sus criaturas, cuando el sistema judicial ha mostrado su incapacidad para proteger a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en el ámbito familiar, las lleven a ser acusadas de delitos. Así, asistimos a una reconversión penal de las denuncias por violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes en denuncias contra la madre, tendentes a penar sus prácticas de protección y responsabilidad marental, reinterpretadas en el marco del falso SAP como delitos que tienen como finalidad dañar al padre y obstaculizar la naturalizada relación paternofilial”, concluyen las investigadoras.
La organización de Madres Protectoras también ha hecho llegar un informe a la CEDAW en el que documenta algunos de sus casos y denuncia la desprotección a la que se enfrentaron una vez denunciaron a los padres de sus hijos e hijas por presuntos abusos sexuales contra los menores. La asociación Alanna, especializada en atención integral a mujeres y menores víctimas de la violencia de género, también envió un informe al respecto. “Existe discriminación contra las madres que protegen a sus hijas e hijos basada en estereotipos de género”, denuncian. La asociación detalla que las niñas y niños que verbalizan haber sufrido abusos por parte de sus padres son obligados a reconectar con ellos. En su informe critican la falta de medidas efectivas para reparar el daño causado y evitar que estos casos sigan produciéndose.

https://www.eldiario.es/sociedad/onu-interpela-espana-aplicacion-falso-sindrome-alienacion-parental-madres_1_10208400.html

Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Miér Mayo 17, 2023 12:49 pm

Qué asco de machismo.

Salú y República.

Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Vie Mayo 26, 2023 7:51 am

V.I.P. Mensajes : 43969

CHORPRECHAAA!!!

García Castellón vuelve a dejar a Cospedal fuera de una investigación sobre el sabotaje al caso de la caja B del PP

El juez Manuel García Castellón no quiere volver a ver a María Dolores de Cospedal por la Audiencia Nacional. Después de que archivara su imputación por el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados, García Castellón se ha negado a que declare como testigo en otra pieza del caso Villarejo, muy vinculada a la primera, concretamente la que investiga presiones al abogado del extesorero para que información de la caja B del Partido Popular no llegara a los medios de comunicación.

En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez del caso Villarejo rechaza la petición de Javier Gómez de Liaño, ex letrado de Bárcenas, para que declare como testigo María Dolores de Cospedal. Gómez de Liaño figura como perjudicado en esta pieza 36 del caso Villarejo, que el juez mantuvo oculta, incluso después de archivarla, y que solo trascendió cuando la Sala de lo Penal dictó un auto obligándole a reabrirla.

García Castellón no tuvo entonces más remedio que aceptar la condición de perjudicado de Gómez de Liaño y tomarle declaración. El pasado 23 de mayo, el abogado, desvinculado hace años de la defensa de Bárcenas, insistió ante el juez en uno de los indicios obrantes en la pieza: una grabación en la que los imputados hablan de cómo un ex abogado del Estado cercano a Cospedal habría organizado la maniobra para presionar y que los papeles de la financiación irregular no llegaran a la prensa.
Gómez de Liaño situó a la ex secretaria general del PP detrás de la operación y añadió que incluso se intentó sobornar a la secretaria de su despacho a cambio de información de Bárcenas, según informó después El Periódico de España. Por esos hechos, Gómez de Liaño presentó una denuncia en otro juzgado de la Audiencia Nacional que sobreseyó los hechos por falta de pruebas. Con la negativa a citar a Cospedal, García Castellón ensancha aún más lo que Anticorrupción calificó como “línea roja” de protección a la cúpula del PP por parte del juez [leer aquí 'La exculpación de Cospedal en cinco actos (de García Castellón)] y que incluye a Mariano Rajoy.
La pieza 36 del caso Villarejo se abrió a raíz de la inhibición del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella, que había ordenado un registro en el domicilio de dos individuos, Halit Sahitaj y Jana Kleiner en el marco de otra casusa. Allí aparecieron unos correos electrónicos con cuatro archivos de audio, de 20 de octubre de 2014, en plena operación Kitchen, que mostraban, de forma indiciaria, una nueva treta para ocultar la financiación irregular del PP.

“Un encargo de personas vinculadas al PP”

Dichos archivos de audio, recogía la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en su auto, ponían “de manifiesto, de manera indiciaria, un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido con Gürtel, Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario”.
Una vez analizados los cuatro archivos de audio remitidos a la dirección de mail de Gómez de Liaño se concluyó que los tres interlocutores eran José Luis Moreno Cela, Mónica Gil Manzano y Juan Ramón Díaz Moro, hasta ahora los tres imputados en la pieza separada 36 del caso Villarejo.
Para profundizar en las pesquisas, el letrado Gómez de Liaño pidió que se imputara José Aliste Martín, un abogado que ya figura como investigado en un juzgado de Madrid por participar en una presunta trama de la brigada política del PP para obtener información contra Podemos de ex jerarcas venezolanos. Además, Gómez de Liaño solicitaba que declararan como testigos otros tres miembros del entorno de José Manuel Villarejo, además del propio policía jubilado: los abogados Javier Iglesias y Óscar Jiménez Rubia y la abogada del Estado y ex número dos del PP María Dolores de Cospedal.
La Fiscalía Anticorrupción, que ya se había opuesto en su momento al cierre de la pieza dictado por García Castellón, no apoyó la declaración de cuatro de los testigos en este momento procesal, pero sí de un quinto, y en condición de investigado. Se trata del abogado Javier Iglesias Redondo, alias 'El Largo', un habitual del círculo de Villarejo conocido por ser señalado por Bárcenas como la persona que fue a visitarle a la cárcel en el verano de 2013 para ofrecerle, en nombre del Gobierno del PP, la destitución del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de las fiscales de Gürtel, y el archivo de la causa para su mujer, si no contaba la caja B de los conservadores.
Los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas argumentan que en la declaración de Gómez de Liaño del 23 de mayo “se aportaron datos objetivos, y a contrastados en la presente causa, sobre una eventual participación en esta trama de Javier Iglesias Redondo, abogado próximo al Partido Popular que visitó a Luis Bárcenas en la prisión de Soto del Real sin ser su letrado”.
García Castellón ha aceptado que declare Javier Iglesias pero no como investigado sino como testigo. Los fiscales avisan de que del “resultado de esta declaración” depende que respalden la petición de comparecencia de Cospedal y el resto de las personas señaladas en su escrito por Gómez de Liaño.

Un viejo conocido de los servicios de Información

La Brigada Política, incluido Villarejo, habría hurgado en las cuentas privadas del abogado Gómez de Liaño, defensor entonces de Bárcenas. con la intención de encontrar dinero negro que le comprometiera. Para ello se pusieron en contacto con uno de los antiguos clientes del exmagistrado, el mafioso ruso Zakhar Kalashov, que había sido condenado en 2010 a siete años de cárcel por su pertenencia al crimen organizado ruso.
En las agendas del comisario Villarejo constan numerosas anotaciones en las que se muestra cómo la trama Kitchen investigó, sin orden ni mandato judicial, un supuesto cobro en 'b' por parte de Gómez de Liaño de hasta 5,5 millones de euros que habrían sido abonados por Zakhar Kalashov, algo que nunca se ha demostrado. Uno de los ciudadanos extranjeros a los que se le incautaron los audios, Halit [o Jaled] Sahitaj, es un viejo conocido de los servicios de Información españoles y miembro del círculo del mafioso ruso-georgiano Kazhar Kalashov, antiguo cliente de Gómez de Liaño.

https://www.eldiario.es/politica/garcia-castellon-vuelve-cospedal-fuera-investigacion-sabotaje-caso-caja-b-pp_1_10272156.html

Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Miér Jun 07, 2023 9:33 pm

Ir contra las normas quienes deben hacer cumplir las normas... al llobu le suena horrores.

Salú y República.

V.I.P. Mensajes : 43969

Oltra y Maracena: el vacío legal que pone las campañas bajo sospecha de interferencia judicial

La ausencia total de normas que regulen cómo deben actuar los tribunales durante el periodo electoral en casos que afecten a partidos políticos acaba de mostrar el riesgo de que las decisiones de jueces interfieran en las campañas. Lo sucedido inmediatamente antes y después del 28M en dos casos que mantienen contra las cuerdas a sendas formaciones de izquierdas –el PSOE andaluz y la valenciana Compromís– se erigen ahora en puntal de un debate hasta ahora soterrado: el del papel que el poder judicial juega o puede jugar, voluntaria o involuntariamente, en los procesos de competición del poder político.

En Valencia no se conoció hasta este miércoles un auto datado el 1 de junio –dos días después de los comicios autonómicos y municipales– que destapa cómo un informe policial firmado tres semanas antes ha ratificado la versión de Mónica Oltra, expresidenta de la Generalitat Valenciana y figura clave de Compromís hasta su imputación como supuesta encubridora de los abusos a una menor por los que fue condenado su exmarido. Su gabinete, señala el informe, no trató el tema de los abusos hasta que la Fiscalía le comunicó la apertura de diligencias ni borró correos electrónicos. Fue una cofundadora de Vox, Cristina Seguí, ahora alojada en otras organizaciones de extrema derecha, quien planteó la querella contra Oltra. Seguí ejerce la acusación particular al igual España 2000, que se declara heredera del fascismo.

El informe llegó al juzgado el 16 de mayo. Hasta el 26 –viernes de cierre de campaña–, el fiscal no envió al magistrado un escrito donde se mostraba favorable al alzamiento del secreto. Y el juez no dictó hasta el 1 de junio el auto que mencionaba la existencia del informe policial. ¿Habría influido de algún modo en la batalla electoral que la resolución judicial se hubiese conocido antes del 28M? Nadie tiene datos ni estudios que permitan obtener una conclusión precisa. Pero, en susurros, los expertos consultados por infoLibre coinciden en que algo habría mejorado para Compromís, cuya derrota, como la de los socialistas valencianos, deja el futuro gobierno autonómico en manos del PP y Vox.
En Maracena (Granada) ocurrió justamente lo contrario que en el caso de Mónica Oltra. El juez que investiga el secuestro de una edil a manos del exnovio de la alcaldesa –socialista– pisó el acelerador y tres días antes de las elecciones emitió un auto donde anuncia que pedirá al Tribunal Superior (TSJA) la imputación del entonces número 3 del PSOE andaluz, Noel López, como supuesto inductor del rapto. En su escrito, el juez expone de forma extensa el relato del secuestrador, Pedro Gómez, quien había declarado que el día del secuestro esnifó “dos rayas” de cocaína que le había facilitado la alcaldesa de parte de Noel López. ¿Para qué? Para que se sintiera “envalentonado”, raptase a la exconcejala de Urbanismo y así, con el miedo a cuestas, se viese obligada a callar sobre un supuesto caso de corrupción urbanística que -siempre según su relato- involucra a la alcaldesa, Berta Linares; al ahora ya exsecretario de organización del PSOE andaluz, Noel López; y a otro cargo municipal socialista, Antonio García Leyva.
[url=https://xn--el juez emiti el auto el 25 de mayo sin esperar la llegada del informe forense-wik/]El juez emitió el auto el 25 de mayo sin esperar la llegada del informe forense[/url] que había solicitado sobre la presencia de drogas en el cuerpo del presunto secuestrador. Elaborado por el Instituto Nacional de Toxicología, el informe no tardó apenas nada: lleva fecha del 29 de mayo, un día después de la jornada electoral. Y confirma que no había rastro de cocaína, lo que desmiente a Pedro Gómez. ¿Habría favorecido las menguadas expectativas electorales del PSOE tras el caso ERE que el auto saliera después de las elecciones y una vez tuviera el juez en su mesa el informe toxicológico? De nuevo, esa es la pregunta.
“Lo que debería regularse por ley es que no se omita nada que afecte a partidos durante las campañas electorales”, responde un juez de lo penal a quien infoLibre planteó lo que consta en los párrafos anteriores. ¿Y qué cabe hacer si un togado esgrime el colapso de su juzgado para aparcar cualquier decisión que afecte negativamente a un partido o actúa con gran diligencia y la adelanta si también ello opera en contra de una determinada formación política? El magistrado cuya opinión recabó este diario lo admite: no cabe hacer nada salvo que se regule en sentido contrario: que la judicatura hiberne "siempre" cualquier decisión sobre ese tipo de sumarios hasta que se hayan celebrado los comicios. Y eso -asegura otra fuente conectada al mundo jurídico- es lo que durante años ha venido haciendo el Tribunal Constitucional para evitar que ciertos asuntos “se usen como arma arrojadiza en campaña”. Pero en el país donde la publicación de sondeos políticos se prohíbe en los cinco días previos a la apertura de los colegios electorales, la hibernación es en todo caso una práctica estrictamente discrecional.
Nadie –admite la fuente judicial– puede culpar a un juez de dilatar la emisión de un auto en un país donde los papeles sepultan demasiadas veces las mesas de sus despachos. ¿Debe aceptarse entonces como irremediable que se conozca antes de las elecciones una resolución perjudicial para un determinado partido –por ejemplo, la de Maracena– y en cambio solo salga a la luz tras los comicios otra que beneficiaría a la formación política del investigado, como en el caso de Mónica Oltra? ¿Qué pasa si no trasciende hasta dos días después de las elecciones la sentencia absolutoria del expresidente de la Diputación de Valencia, antiguo dirigente socialista y ahora a bordo de una organización creada cuando su imputación por los contratos de altos cargos forzó su salida del partido?
Al político acusado, Jorge Rodríguez, y a otros 13 del banquillo se les atribuía prevaricación por el fichaje de directivos en empresas públicas que, según la Fiscalía, habían favorecido al PSPV y a Compromís. El juicio comenzó el 19 de septiembre y quedó visto para sentencia el 30 de noviembre. Pero el fallo absolutorio no fue firmado por la Audiencia de Valencia hasta el 30 de mayo. El domingo, Rodríguez revalidó su mayoría absoluta como alcalde de Ontinyent aunque perdió cinco concejales.
Este periódico no ha localizado ningún caso similar donde el potencial daño político de un acto muy lento o muy rápido haya recaído sobre el PP o Vox. Lo anterior no significa que no se haya producido algún episodio similar en su naturaleza a los arriba descritos. Pero solo han trascendido el de Maracena, el de Oltra y el del alcalde de Ontinyent.

https://www.infolibre.es/politica/caso-oltra-maracena-alcalde-absuelto-dia-siguiente-20m_1_1517712.html

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La bandera y la corona: los dos motivos por los que la Justicia europea saca los colores a España

Estrasburgo ha condenado a España por sancionar a un sindicalista que gritó que había que quemar la bandera, un nuevo reproche a los tribunales nacionales por proteger con el derecho penal símbolos como la enseña o la monarquía frente a la libertad de expresión

https://www.eldiario.es/politica/bandera-corona-motivos-justicia-europea-saca-colores-espana_1_10286849.html

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La derecha blindará el poder conservador en la Justicia si gobierna Feijóo

La derecha tiene al alcance uno de sus grandes objetivos: perpetuar su control del Poder Judicial. El bloqueo al que el PP ha sometido al órgano de gobierno de los jueces durante casi cinco años llega a su momento definitivo: si Alberto Núñez Feijóo es presidente del Gobierno tras las elecciones del 23 de julio implementará una reforma del sistema de elección de vocales del CGPJ que perpetuará una mayoría conservadora. Pero, además, podrá devolver de forma exprés al actual Consejo sus facultades para hacer nombramientos en la cúpula judicial, según informan fuentes del órgano a elDiario.es. Entre las 81 vacantes que no se han podido cubrir por la situación de interinidad y que ahora serían elegidas por una institución caduca y con una mayoría de vocales designados por el PP hay una veintena de plazas en el Supremo, donde son vitalicias.

Feijóo marcó el pasado lunes un decálogo de medidas inmediatas que pondrá en marcha si gobierna tras las elecciones del 23 de julio: “En los 100 primeros días remitiré a la Cámara una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para garantizar la independencia del Consejo, y para garantizar la independencia de jueces, magistrados y fiscales”. Esa futura norma tiene dos ideas fuerza: reformular el sistema de elección de los vocales vigente desde 1985 para dejar la mayoría en manos de los jueces y al margen de la soberanía popular, y devolver al CGPJ la capacidad de hacer nombramientos con el mandato caducado.

Ambos planteamientos los ha defendido el PP en los últimos años con asiduidad. Feijóo los incluyó, por separado, tanto en su plan para la Justicia, que presentó en el verano de 2022, como en su Plan de Calidad Institucional, de enero de este mismo año. Y esa opción de plantearlo por separado ahora se mantiene, según fuentes del PP consultadas por elDiario.es. “Ambos temas son prioritarios”, apuntan desde Génova, donde reconocen que están pensadas como dos reformas “diferenciadas”.
¿Y por qué es importante? Porque el PP puede jugar a dos velocidades y garantizarse no solo el control del futuro CGPJ, sino también sobre la veintena de magistrados del Supremo cuyo nombramiento está pendiente. Una reforma amplia y profunda de la LOPJ a través de un proyecto de ley del Gobierno implica una serie de requisitos formales que retrasarían su aprobación varios meses. Pero una modificación leve para devolver al órgano de gobierno de los jueces la plenitud de sus funciones se puede hacer directamente a propuesta de los grupos parlamentarios y con un procedimiento exprés.
Así, mientras se reforma el sistema de elección y se pone en marcha, el caduco y menguado Consejo actual recuperaría su capacidad de nombrar jueces. Es un plan que tiene defensores en el actual CGPJ. El vocal José María Macías, hombre fuerte de la derecha en el órgano, escribió un reciente artículo en ‘La Razón’ en el que instaba al Gobierno que saliera de las urnas el 23J a, “primero” y “de manera inmediata”, devolver al CGPJ las competencias para hacer nombramientos, y “después” a cambiar el método de elección para “adaptar el gobierno judicial a los estándares europeos”.
En realidad, la Comisión Europea ha pedido de forma reiterada que primero se renueve el CGPJ e “inmediatamente después” se emprenda una reforma, tal y como viene recomendando el informe sobre el Estado de Derecho desde el año 2020.
Miembros del órgano consultados por elDiario.es ven una “acción coordinada” entre el PP y un grupo de vocales del núcleo duro del sector conservador con el objetivo de “alargar el bloqueo e intentar que un órgano diezmado y con una composición desproporcionada” configure parte de la cúpula judicial. “Detrás de la propuesta de Feijóo hay trampa. El cambio en el método de elección es un señuelo para, entre tanto, recuperar los nombramientos”, dice un vocal elegido en su día a propuesta del PSOE.
De ocurrir finalmente, el CGPJ recuperaría su capacidad para designar jueces en un escenario de amplísima mayoría conservadora en el pleno del órgano. Si no hay más salidas a partir de julio —cuando se jubila el actual presidente—, el órgano quedará conformado por diez vocales conservadores y seis progresistas (cinco designados a petición del PSOE y uno del PNV). El presidente, quien tiene Vito de calidad en caso de empate, también será conservador.
Los nombramientos deben concitar el respaldo de, al menos, 10 de los 16 miembros del pleno, por lo que los vocales elegidos hace casi una década a propuesta del PP ni siquiera tendrían que ponerse de acuerdo con los miembros del otro grupo para sacarlos adelante.

Magistrados vitalicios en el Supremo

Especialmente sensibles son los nombramientos del Supremo porque, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años. Además, están pendientes de adjudicación otros 61 puestos en los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales, que sí tienen una vigencia de cinco años.
Son designaciones que no se han podido realizar porque, desde marzo de 2021, la ley impide al CGPJ hacer nombramientos en la cúpula judicial cuando está en funciones. Esa reforma fue impulsada por los socios del Gobierno de coalición y respaldada por la mayoría parlamentaria con el objetivo de forzar la renovación. El cambio fue recurrido por el PP y Vox ante el Tribunal Constitucional. Durante los últimos meses, desde la derecha judicial y política se ha criticado la demora del tribunal de garantías a la hora de resolver esos recursos, que fueron admitidos a trámite en septiembre de 2021.
Con la renovación del Constitucional y el cambio de mayorías de una conservadora a una progresista, los vocales elegidos a propuesta del PP han perdido toda esperanza de que esa reforma pueda ser anulada. Pero todo puede cambiar si el PP llega a La Moncloa y en el CGPJ se da por hecho que al menos parte del actual bloque conservador presionará en ese sentido.
Las fuentes consultadas atribuyen un papel principal en estos movimientos al citado Macías y a los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart. Esta última aterrizó en el CGPJ gracias a la recomendación del juez Fernando de Rosa, que fue consejero del Govern con Francisco Camps. Durante la última legislatura ha sido senador, y ahora es el número 4 de la lista del PP por Valencia que lidera Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional y su principal estratega en materia judicial.
Es el mismo grupo de vocales que lideró durante el pasado otoño el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, retrasando el cambio de mayorías a una progresista. Y que en los últimos meses se ha consolidado como una extensión del PP en el CGPJ. “Son los mismos que pretendían estirar los nombramientos del Constitucional hasta el cambio de legislatura. Ahora están preparando una segunda fase. Su sintonía con la cúpula del PP es total”, dicen desde el bloque progresista.
Voces de este núcleo duro niegan el vínculo directo con el PP, aunque reconocen que es “un tema de higiene constitucional” acabar con la situación de un órgano que ha sido “mutilado en sus competencias”. “Lo más sano sería que no nos diera tiempo a hacer ningún nombramiento”, dice un miembro de este grupo. En cualquier caso, es un asunto que genera división dentro del propio bloque de vocales elegidos a propuesta del PP. Las fuentes consultadas hablan de un sector conservador “más tibio” que en los últimos meses ha dado muestras de su apuesta por mantener una imagen más institucional y que, ante este escenario, plantea dudas sobre la “imagen” que se proyectaría al recuperar los nombramientos cuando el órgano tiene su mandato ampliamente caducado.
En el minoritario sector progresista las posiciones tampoco son unánimes. La visión general es que la renovación debe ser inmediata, pero hay diferencias al valorar la posibilidad de que el órgano pueda hacer nombramientos en estas circunstancias. Hay consejeros que hablan incluso de “golpe de Estado judicial”. Otros, sin embargo, critican el uso partidista de las instituciones y afirman sentirse “manoseados por unos y otros”. “La sensación es que nos manipulan para su interés. Los vocales no tenemos otra que hacer lo que dice la ley, como hicimos cuando se reformó para renovar el Constitucional”, dice otra vocal elegida en su día a propuesta del PSOE.
La ley del Poder Judicial exige “la presencia de diez vocales y el presidente” para que el pleno pueda ser constituido de manera válida. Así que ante ese hipotético escenario, la única vía para dejar inservible el órgano por ausencia de quórum para tomar decisiones sería la dimisión de al menos seis vocales. Pero es una posibilidad que, a día de hoy, parece descartada. Los progresistas ya rechazaron una renuncia colectiva hace tres meses y, aunque la medida pudiera “escandalizar” a alguno de los conservadores más moderados —en palabras de un vocal—, nadie cree que se pudieran producir salidas masivas.

La mayoría del CGPJ en manos de los jueces

Más allá de este movimiento, lo que el PP ya ha dejado claro que hará es cambiar el sistema de elección de los vocales para que los jueces elijan a sus pares. El propio Feijóo les avanzó a esta reforma a los fiscales de la asociación conservadora con los que cenó en Madrid el pasado abril, según contó El País.
Es un cambio legal al que los conservadores renunciaron en su última negociación con el Gobierno para renovar el CGPJ, que Feijóo rompió ante las críticas internas y de las terminales mediáticas más conservadoras. Lo acordado entonces era que se dejaba en manos del órgano renovado la elaboración de un informe –no vinculante– sobre esa reforma.
Y suponía, por tanto, que el PP estaba dispuesto a abordar la renovación bajo el modelo actual. El partido viró el pasado diciembre, cuando recuperó la exigencia de que los 12 vocales judiciales sean elegidos de forma directa por los jueces. En el sistema actual, que el PP mantuvo durante sus dos mayorías absolutas, son elegidos por una mayoría de tres quintos del Parlamento sobre una lista cerrada determinada por los propios jueces a través de las asociaciones profesionales.
El modelo que propone el PP es de elección directa, mediante “una única lista abierta” y con una circunscripción electoral para todo el territorio nacional. Es un formato similar al que rige para elegir a los miembros de las salas de gobierno del Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales autonómicos que se celebran cada cinco años. Con este modelo, en las últimas elecciones, los miembros de las asociaciones conservadoras coparon la mayoría de puestos y se laminó la presencia de miembros de la asociación progresista y de no asociados, que son más de la mitad de la carrera judicial.

La única experiencia de elección corporativa de los vocales del CGPJ se produjo en 1980. La APM era en ese momento la única constituida en el ámbito judicial y se hizo con los 12 puestos, aunque incluyó en su lista algún nombre progresista como el del juez del Supremo Adolfo Carretero. La elección parlamentaria de parte de los vocales del CGPJ se instauró en 1985, cuando el PSOE de Felipe González gobernaba con mayoría absoluta. En esa decisión pesó la composición conservadora de la carrera judicial y la voluntad de los socialistas de que la mayoría parlamentaria tuviera cierto reflejo en la estructura judicial.
Alianza Popular —germen del actual PP— llevó la norma al Constitucional. El tribunal de garantías la avaló, aunque advirtió del riesgo de politización partidista. La actual fórmula mixta de elección de los vocales judiciales está vigente desde 2001, en virtud de un pacto suscrito entre el PP, que gobernaba entonces con mayoría absoluta, y el PSOE. Como sus predecesores, Feijóo ha prometido cambiar el sistema. Y parece que esta vez va en serio.

https://www.eldiario.es/politica/derecha-blindara-conservador-justicia-si-gobierna-feijoo_1_10319944.html

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Al juez García Castellón no le gusta la amnistía

Sabemos qué opina el juez Manuel García Castellón sobre la amnistía porque él mismo así lo ha querido desvelar. Fue hace apenas un mes, en una conferencia organizada por un periódico de Ourense. Allí le presentó su amigo Julio Ariza: exdiputado autonómico del PP, impulsor de Vox, fundador de Intereconomía y recientemente condenado por un juzgado como culpable del concurso de acreedores de esta cadena de televisión.
Tras la conferencia, un asistente preguntó a García Castellón por su opinión sobre la amnistía. Y el juez respondió así:
“De forma directa no puedo contestar porque llevo asuntos relacionados y no puedo, por lo tanto, por un mínimo de prudencia. Como ciudadano podía decir dos cosas. Uno, que en la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y sin embargo no es posible. Y dos, estos señores han dicho que en cuanto puedan van a volver a repetirlo. Por lo tanto, ¿será está amnistía la primera de muchas otras?”
No puede contestar como juez, pero contesta “como ciudadano”. Así entiende la “mínima prudencia” Manuel García Castellón.
En esta misma conferencia, este juez –de cuya trayectoria previa publiqué hace unas semanas un largo artículo– ofreció otra frase para recordar:
“Todos los jueces tenemos ideologías, pero eso no es un problema; el problema llega cuando se traspasa a la actividad pública”
Este lunes, Manuel García Castellón ha firmado un relevante auto en uno de esos “asuntos relacionados” con la amnistía, que le deberían haber obligado a ser más prudente, como él mismo aseguró. Uno de esos escritos donde la ideología del ciudadano Manuel se traspasa al juez García Castellón.
En un salto jurídico digno del mejor malabarista, el lunes decidió imputar por terrorismo a Carles Puigdemont, en mitad de las negociaciones sobre la amnistía.
Hay tres problemas. No son menores.
El primero, que no hay terrorismo.
El segundo, que García Castellón no es el juez natural para investigar estos delitos.
El tercero, que aunque hubiera terrorismo, la Audiencia Nacional no puede juzgar al eurodiputado Puigdemont, que está aforado.
Repasemos los antecedentes, importantes para explicar este culebrón.
Desde el año 2019, Manuel García Castellón es el instructor de la investigación penal del caso Tsunami Democràtic: las protestas independentistas contra la sentencia del procés catalán que, entre otras actuaciones, colapsaron el aeropuerto de El Prat o cortaron la autopista AP-7 en la frontera entre España y Francia.
El caso llegó a la Audiencia Nacional porque, en aquel momento, los investigados estaban acusados de terrorismo y de sedición. Y aunque históricamente este segundo delito no se investigaba en este tribunal, en 2017 –tras el 1 de octubre catalán– la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió que sí, que eso era también competencia suya.
Durante tres años, García Castellón mantuvo la causa bajo secreto de sumario. Lo hizo así hasta que la Sala le llamó al orden por considerar que esta decisión no estaba motivada y por tanto podía vulnerar el derecho de defensa de los acusados, que no conocían siquiera las pruebas o las acusaciones contra ellos.
En 2022, el Parlamento eliminó el delito de sedición, que ya no existe en el Código Penal español. Y desde entonces solo los presuntos delitos de terrorismo justifican que este caso esté en la Audiencia Nacional y no en un juzgado de instrucción de Barcelona, que es donde se debería investigar.
Pero, ¿hubo terrorismo en las actuaciones de Tsunami? ¿Se puede calificar como terrorismo manifestarse sin autorización en un aeropuerto y provocar su colapso por unas horas, como ocurrió en 2019 en El Prat? ¿Es terrorismo cortar una carretera? ¿También cuando lo hace Esperanza Aguirre, como ha pasado este mismo fin de semana en Madrid?
Para que exista terrorismo, según el Código Penal, hacen falta delitos graves contra la vida o la integridad física, la libertad, la salud pública, el patrimonio… cuyo fin último sea subvertir el orden constitucional. También se considera terrorismo aquellos delitos con este objetivo que puedan provocar riesgos catastróficos. Pero más allá de definiciones penales, es difícil encajar manifestaciones pacíficas o cortes de aeropuertos o carreteras en esta definición.
Para García Castellón, lo de Tsunami fue terrorismo. Y lo argumenta sujetando las supuestas pruebas con alfileres. Para empezar, considera que sí había “riesgo catastrófico” porque si se hubiera impedido el cambio de turno en la torre de control del aeropuerto, los aviones se habrían podido accidentar.
En palabras textuales de García Castellón: “Si Tsunami Democràtic hubiera logrado su objetivo de impedir el cambio de turno de los controladores aéreos de la instalación esto no solo habría provocado daños económicos, sino que podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles para las personas que en ese momento se encontraban en vuelo a bordo de las aeronaves en el área objeto de control, con el evidente riesgo y peligro para sus vidas”.
Decir esto es tanto como argumentar que los controladores que estaban en la torre, si no hubiera llegado en hora su reemplazo por el colapso en los accesos al aeropuerto, habrían abandonado a su suerte a los aviones en vuelo y a sus pasajeros. Es evidente que tal cosa no habría pasado en ningún caso, pero el papel en el que escribe sus autos el juez García Castellón lo aguanta casi todo.
Pero el argumento más surrealista es otro. Uno donde aparece una supuesta víctima del terrorismo de los independentistas de la que la Justicia se habría desentendido hasta hoy.
Por el bloqueo de El Prat por parte de los independentistas, un pasajero francés de 65 años se fue andando al aeropuerto: una caminata de cuatro kilómetros. Tras llegar hasta la terminal, sufrió un paro cardíaco que poco después provocó su muerte.
El caso de este fallecido por infarto se conoce desde hace cuatro años. Y hasta ahora el juez García Castellón no le había prestado a esta teórica víctima ningún interés. Es difícil convertir una muerte por infarto en una prueba de terrorismo. Entre otras cosas, porque en su momento el Servicio de Emergencias Médicas desvinculó este fallecimiento de las protestas. Frente a lo que se publicó en las primeras horas, el turista sí pudo ser atendido con rapidez por los médicos, a pesar del colapso del aeropuerto. Fue trasladado en helicóptero hasta el hospital y murió allí.
Cuatro años después, García Castellón abre este nuevo fleco, que obviamente es un intento de justificar el terrorismo que la Fiscalía no ve. E indirectamente, también complica la negociación de la amnistía entre PSOE y Junts, porque el plan inicial de ambos partidos era dejar fuera cualquier delito de terrorismo con víctimas –entre otros motivos, porque lo prohíben los tratados internacionales, que consideran que este tipo de delitos no se pueden amnistiar–.
La forma en que da este paso García Castellón es tan peculiar como la propia argumentación.
El viernes pasado, el juez dio traslado a la Fiscalía del último informe de la Guardia Civil sobre Tsunami Democràtic, y pidió al fiscal que calificara los delitos.
Y ahora, sin esperar a que la Fiscalía responda, García Castellón se lanza no solo a mantener la acusación por terrorismo sino a ampliar la acusación al propio Carles Puigdemont.
No es la primera vez que se utiliza el truco del terrorismo para mantener o llevar una causa a la Audiencia Nacional. Es lo mismo que pasó con el caso Altsasu, una pelea de bar que fue investigada por la Audiencia Nacional con la excusa de que se trataba de terrorismo. Luego no era terrorismo –no lo fue nunca–, pero en el camino los acusados fueron juzgados en Madrid, y no en Navarra. Y allí se les condenó con una dureza excepcional.
Pero los curiosos movimientos de García Castellón por mantener en sus manos esta investigación contra los independentistas no terminan aquí.
Hasta hace muy poco, solo la Fiscalía figuraba como acusación en esta causa de la Audiencia Nacional. Hace apenas un mes, cuando ya llevamos cuatro años de instrucción, García Castellón aceptó que se personaran dos acusaciones más: Dignidad y Justicia –una pequeña asociación de víctimas del terrorismo presidida por un diputado autonómico del PP de Madrid– y también Vox.
Normalmente las acusaciones populares tienen que depositar una fianza en el juzgado para poder personarse. Rara vez es una cifra pequeña. Hay casos de hasta 45.000 euros, como la fianza que puso Pablo Ruz a Manos Limpias por personarse en el caso Neymar. Pero la fianza que ha puesto García Castellón a Vox para que pueda acusar en este caso es ridícula: solo 200 euros.
El hecho de que Vox esté ahora en la causa como acusación popular ayuda también a que García Castellón pueda mantener en su juzgado esta atribulada investigación. Porque la Fiscalía ya ha hecho público que no acusará por terrorismo –básicamente porque el fiscal que lleva el caso solo ve desórdenes públicos agravados–. Pero estas acusaciones populares, que en este juzgado son tan baratas, van a permitir a García Castellón alargar un poco más este culebrón.

Otro dato, uno no menor. Manuel García Castellón es también el juez que debería investigar la Operación Catalunya: lo que hicieron Villarejo y otros policías para perseguir a los independentistas catalanes de forma ilegal. Por lo que sea, este asunto le interesa bastante menos que el “terrorismo” de las protestas pacíficas.
Todos los jueces tienen ideología, como bien dice este magistrado. El problema es que a algunos se les nota demasiado.

https://www.eldiario.es/escolar/juez-garcia-castellon-no-le-gusta-amnistia_132_10662273.html

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El 'lawfare' existe pero Junts y el PSOE no pueden decir que existe

La evidencia empírica de que disponemos indica de manera inequívoca que en España se practica el lawfare. ¿O no fue lawfare la persecución judicial de Juan María Atutxa, presidente del Parlamento Vasco, que fue condenado por la Sala del artículo 61 de la LOPJ de manera jurídicamente aberrante? La sentencia sería anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero, para entonces, ya se había puesto fin a su carrera política. ¿O no ha sido lawfare la persecución de la que han venido siendo objeto los dirigentes de Podemos? ¿O la condena de Arnaldo Otegui con vulneración del derecho a un juez imparcial, que también fue anulada por el TEDH tras haber cumplido los seis años en la cárcel? ¿O la pretensión del Tribunal Supremo de repetir el juicio contra Arnaldo Otegui con el argumento de que este tiene derecho a ser condenado sin vulneración de derechos fundamentales? ¿O la persecución de la que fue objeto Victoria Rosell, que la apartó del Congreso de los Diputados? ¿O la de Mónica Oltra? ¿O la de Rodrigo Torrijos, dirigente comunista sevillano perseguido durante más de diez años en cuatro causas distintas, en ninguna de las cuales se llegó a dictar un auto de procesamiento firme? Para mayor inri, la Audiencia Nacional evaluó en 2.000 euros la indemnización por la actuación desviada del poder judicial durante más de diez años…
En algún caso el lawfare ha llegado a tener tal intensidad que ha alcanzado, en mi opinión, la categoría de golpe de Estado. Es lo que ocurrió con la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, mediante la que se resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya.
La reforma del Estatuto se aprobó siguiendo al pie de la letra la fórmula prevista en la Constitución para la integración de las “nacionalidades” en el Estado. Dicha fórmula consistía en la combinación de la democracia representativa reforzada con la democracia directa.
Democracia representativa “reforzada” en un doble sentido. En primer lugar, porque se exigía que el Proyecto de reforma fuera aprobada por una mayoría de 2/3 del Parlamento de la nacionalidad. En segundo lugar, porque dicho Proyecto de reforma se remitía a las Cortes Generales, en cuyo seno se producía una negociación entre la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y una Delegación del Parlamento proponente con el mismo número de diputados que los que integran la Comisión Constitucional.
En caso de desacuerdo entre la Comisión Constitucional y la Delegación del Parlamento proponente, se imponía la posición de la Comisión Constitucional. La Constitución encargaba, pues, a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados el “control de constitucionalidad” del Proyecto de reforma elaborado por el Parlamento proponente.
En la reforma del Estatuto catalán la Comisión Constitucional, presidida por Alfonso Guerra, ejerció dicho control con una intensidad inusitada. Tanta que Alfonso Guerra llegó a decir que “se habían cepillado” el Proyecto remitido por el Parlamento catalán.
A pesar de ello, la Delegación del Parlament aceptó el recorte y se alcanzó un acuerdo sobre el contenido de la reforma.
Dicho acuerdo sería sometido a continuación a referéndum de los ciudadanos de Catalunya, que lo aprobarían por más del 75 por ciento de los votos válidamente emitidos.
La combinación de la democracia representativa reforzada con la democracia directa se respetó en su integridad. No ha habido ni una sola norma, ni una sola, desde la entrada en vigor de la Constitución que se haya aprobado con tanta legitimidad democrática como lo fue la reforma del Estatuto de Catalunya.
La reforma estuvo en vigor durante cuatro años, sin que se planteara ningún incidente, no digo ningún incidente digno de mención, sino ningún incidente, que afectara a la operatividad del Estado de las Autonomías.
Sin embargo, el PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad y empezó a poner en marcha el juego sucio, el lawfare, con la finalidad de conseguir su objetivo.
La primera operación de lawfare fue la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps por haber participado en unas jornadas científicas organizadas por el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat de Catalunya, cuando todavía era presidente Jordi Pujol y no se había iniciado la reforma del Estatut. La contribución de Pablo Pérez Tremps versaba sobre las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno. La recusación fue aprobada por una mayoría de 6 contra 5.
Inmediatamente publiqué en El País, el 10 de febrero de 2007, una columna con el título 'Golpe de Estado', en la que denuncié la operación, que no tenía otra finalidad que alterar el equilibrio interno en el Tribunal Constitucional para anular la reforma estatutaria. Y avisé que, si el golpe de Estado se producía, las consecuencias serían catastróficas. El golpe de Estado tardó tres años en abrirse camino, pero se produjo con la aprobación de la STC 31/2010. El TC anuló parcialmente el pacto entre el Parlament y las Cortes Generales y desconoció el resultado del referéndum de ratificación de dicho pacto. Los dos elementos esenciales de la fórmula constitucional de integración de las “nacionalidades en el Estado” fueron aniquilados por el TC. Catalunya tendría que ejercer su derecho a la autonomía no con base en un Estatuto pactado por su Parlament y refrendado por sus ciudadanos, sino con un Estatuto “impuesto por el PP a través del TC”
Desde entonces el TC y el TS han sido los actores principales en lo que al ejercicio del derecho a la autonomía se refiere. De aquellos polvos estos lodos, que ahora se está buscando la forma de retirar.
A la quiebra de la Constitución Territorial en Catalunya se añadiría la quiebra del bipartidismo a partir de las elecciones europeas de mayo de 2014, en las que irrumpió Podemos. Ambas conjuntamente darían un impulso enorme a la práctica del lawfare, que acabaría conduciendo nada menos que a la corrupción institucional del Consejo General del Poder Judicial.

Dicho todo esto, pediría a los lectores que lean o relean el [url=https://OPINI%C3%93N | %27Lawfare%27, por Jordi Nieva Fenoll v%C3%ADa @eldiarioes https//www.eldiario.es/129_a2de28]artículo que publicó Jordi Nieva[/url] este pasado viernes con el título 'Lawfare', con el que estoy de acuerdo. Individualmente se puede perfectamente abordar el lawfare y formular la crítica que se estime pertinente. Dos partidos políticos que están intentando alcanzar un pacto para formar Gobierno, no pueden hacerlo. Coincido en que “el acuerdo de JxCat y el PSOE alude al lawfare de un modo tal vez inoportuno, probablemente imprudente y con seguridad innecesario.”
Pero no porque el lawfare no exista, sino porque ellos no pueden decirlo.

https://www.eldiario.es/contracorriente/lawfare-existe-junts-psoe-no-decir-existe_132_10677436.html

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El 'lawfare' en la habitación

Lawfare es un término muy reciente de origen anglosajón que se ha ido colando poco a poco en la conversación diaria sin que apenas sepamos su significado real, más allá de que levanta ampollas cada vez que sale a colación. Sin embargo, y para nuestra desgracia, el concepto que encierra es tan antiguo como el hilo negro que zurce las togas y los trajes: se trata de utilizar al Poder Judicial para acabar con el adversario político retorciendo el derecho. Un clásico. Recordemos así al propio Sócrates, que fue acusado de adorar a otros dioses y pervertir a los jóvenes y se escogió a una asamblea concreta para que fuera juzgado. Además, no es exclusivo ni mucho menos de nuestro país ni de nuestro entorno, sino que se ha expresado con nitidez en otras latitudes, singularmente en Iberoamérica, en las últimas décadas. Basta recordar lo sucedido con Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner o Lula Da Silva, todos ellos perseguidos y apartados de la esfera pública mediante la instrumentalización de los tribunales y por tanto con la usurpación de la soberanía popular que los había ubicado en la presidencia de sus respectivos países. En definitiva, un nuevo término para actuaciones de larga data.

Esta interrelación espuria entre la política y la justicia que supone el lawfare atenta no solamente contra la separación de poderes y los principios básicos de las constituciones y los estados de derecho, sino también contra los derechos fundamentales de aquellos que acaban siendo víctimas de estos procesos. Para conseguir los objetivos marcados, el establishment actúa de forma soterrada y lenta, utilizando el Poder Judicial como ariete para consolidar su hegemonía. Da igual el resultado último del proceso judicial, la lentitud de los tiempos judiciales y el desgaste público impulsado por determinados medios de comunicación, producirán el resultado deseado, pero no obtenido por la vía de la legítima disputa política. Quizás ello explique la falta de renovación del CGPJ durante cinco años. El lawfare exige tanto generar como distribuir falsedades y es una de las expresiones más nefastas de un sistema político al conseguir que determinados tribunales no busquen condenar con razones sino razones para condenar.
Todas conocemos procedimientos judiciales en nuestro país que han apartado de la vida política a personas que se demostraron inocentes al cabo de las causas. Desde el expresidente de Castilla y León, Demetrio Madrid, a la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, pasando por una persecución ilimitada a la formación política Podemos, o la, a mi juicio, excesiva dureza con la que fueron juzgados y condenados los actores políticos del Procés. No cabe duda de que todas estas circunstancias alteraron la composición política del país y desde luego afectaron gravemente a la vida y los derechos de los protagonistas. Es tan obvio afirmar que el lawfare existe en este país, como afirmar a su vez que naturalmente no todo el Poder Judicial está al servicio del mismo. Obviamente en derecho los actos dignos de reproche afectan exclusivamente a aquellos quienes los cometen, a nadie más.
Es por esta concretización de personas y actos, por lo que cuesta entender la reacción de las asociaciones de jueces y fiscales, y de otras organizaciones de la vida política, económica y judicial, en una suerte de excusatio non petita. Plantear la existencia de anomalías concretas y perseguibles no implica ni una causa general ni una persecución política, mucho menos la hiperventilación de algunas afirmando que estamos ante dictaduras, fin del Estado de derecho y las diez plagas de Egipto. La misma ofensa colectiva podría surgir de cualquiera de nosotros cuando los documentos políticos o programáticos hablan de luchar contra la corrupción, la evasión de impuestos o la violencia de género.
No, señores y señoras, claro que existe la interrelación entre política y justicia con un fin concreto, claro que se da en nuestro país y en otros en determinadas ocasiones, claro que tiene nombres y apellidos, así que poco favor haríamos a nuestra imperfecta democracia (como todas) si nos negamos a ver el lawfare en la habitación.

https://www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/lawfare-habitacion_129_1638932.html

Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Lun Nov 27, 2023 7:34 am

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Tema: Re: JUSTICIA A LA ESPAÑOLA Jue Dic 07, 2023 7:17 am

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No lo llames ‘lawfare’, llámalo indecencia

Entre los múltiples incendios que van ahumando el inicio de legislatura, el más preocupante en mi opinión es el que protagoniza el Poder Judicial, no sólo el de la propia cúpula institucional del mismo —caducada desde hace cinco años largos— sino el de magistrados y tribunales concretos que administran causas de contenido netamente político.

Asistimos cada media hora a una queja/protesta/comunicado que desde el ámbito judicial denuncia supuestas injerencias protagonizadas por los poderes ejecutivo o legislativo. Se refieren fundamentalmente a una ley de amnistía aún no aprobada, a un acuerdo firmado entre dos partidos políticos (PSOE y Junts) y a declaraciones públicas de dirigentes independentistas. Sorprende en primer lugar que hayan sido mucho más sonoras y alarmantes las críticas previas al conocimiento del texto de la proposición de ley que las escuchadas y leídas sobre la letra concreta de las 23 páginas de la misma (ver aquí). En cuanto al acuerdo PSOE-Junts, enorme carajal se ha organizado por el desafortunado párrafo que menciona la existencia de “situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política” (ver aquí). Por último, la portavoz de Junts en el Congreso ha tenido la ocurrencia-desahogo de poner nombres y apellidos a ese presunto lawfare (ver aquí).

Quienes tenemos edad para recordar, por ejemplo, cómo vivimos hace cincuenta años el asesinato de Carrero Blanco, también vemos en el retrovisor de la memoria otros nombres del ámbito judicial: Barbero, Manglano, Bacigalupo, Gómez Bermúdez, Garzón, Pedraz, De Prada, Ruz… Ya les habría gustado a cualquiera de ellos que el Consejo del Poder Judicial y todas las asociaciones corporativas hubieran saltado al unísono para defender su independencia, el rigor de sus actuaciones y la indecencia de los ataques que recibieron desde poderes mediáticos, políticos y económicos. En esa lista (abierta a añadidos de cualquier lector atento) habría que incluir también a fiscales de distintas áreas perseguidos hasta el acoso personal, familiar y, por supuesto, profesional, como Ignacio Stampa, Carlos Castresana, Dolores Delgado… ¿Dónde coño (con perdón) estaban el CGPJ y las asociaciones mayoritarias del gremio (a excepción de Jueces para la Democracia y la asociación de fiscales progresistas) para defender con tanto ímpetu e hipérbole la autonomía de su labor y denunciar las clamorosas presiones que soportaban?
Cierto que cuando se procesaban los crímenes del GAL, el caso Naseiro o los atentados del 11-M no existían las redes sociales. La inmediatez y el eco que alcanzaban las presiones, las tesis conspiranóicas o las artimañas político-jurídicas eran limitadas, se producían más entre bambalinas. Pero eran, existían, dilapidaban carreras y ensuciaban currículums. La cuestión es que uno no recuerda la demostración de una hípersensibilidad tan acusada como la que ahora expresan el sector conservador dominante en un CGPJ caducado desde hace cinco años o asociaciones profesionales mayoritarias en el ámbito judicial.
Dicho de otra forma: motivos han sobrado desde hace años para que jueces y fiscales expresaran la necesidad de que no se invadiera su sagrado y democrático territorio. Nunca lo han hecho con tan alarmante contundencia hasta que las urnas han decidido renovar la mayoría parlamentaria de una coalición progresista apoyada desde nacionalismos periféricos. Se diría que la simple mención del término lawfare tocara mente, corazón y/o bolsillos de los togados. Y quizás convenga en este punto ser absolutamente claros: llámenlo lawfare, judicialización de la política o utilización política de la justicia, pero haberlo, haylo. Sugiero algunas lecturas: aquí, o aquí, o aquí… Pero basta con citar que se han abierto más de veinte causas judiciales contra Podemos y sus dirigentes durante los últimos años y todas ellas han quedado en nada de nada de nada, como acaba de ocurrir también con Ada Colau (ver aquí). Eso sí, sería hipócrita y falsario limitar la responsabilidad (que la tienen) a los jueces que han instruido casos tan delirantes como el basado en el informe PISA, el Neurona, etc. No existe eficacia alguna en la práctica del lawfare desde la justicia si no hay acompañamiento y amplificación en el ámbito mediático. ¿Alguien conoce a alguien (que diría Gila) que haya visto estos días rectificación alguna en los medios que vomitaron portadas y portadas basadas en las falsedades llevadas a los juzgados y una tras otra archivadas cuando ya no había más remedio que hacerlo? No. Apunten: OkDiario, El Mundo, La Razón, ABC, The Objective, Atresmedia, Telecinco, LaSexta… ¿No merece un minuto de información y debate el hecho de que el asunto que ocupó portadas y horas de discusión acalorada se demuestre meridianamente falso? Compruébenlo. No exagero.

En democracia no vale actuar con la piel tan fina. Llega Miriam Nogueras con su brocha gorda y mete en una misma coctelera nombres y apellidos diversos y facilita así la indignadísima reacción del poder judicial, cuyas voces no distinguen entre Gobierno y socios de investidura, siguiendo sin complejos la hoja de ruta del PP y Vox: Gobierno rendido al independentismo y dispuesto a la abdicación del Estado de derecho con tal de mantenerse en el poder. Bien. El separatismo catalán se dirige a sus filas, y no desperdicia oportunidad alguna para darse golpes de pecho y presumir de que marca la agenda y hoja de ruta del Gobierno de coalición. Este último actúa como pato cojo, con una mano atada a la espalda o un esparadrapo en la boca para no responder a los excesos de sus socios (imprescindibles) de gobierno. No resulta fácil de gestionar, pero quizás convenga de vez en cuando que Sánchez ponga pie en pared: todo acuerdo exige lealtad más allá de los intereses legítimos de las partes. La amnistía se admite porque es justa y necesaria para centenares de ciudadanas y ciudadanos catalanes víctimas precisamente de la judicialización de la política, no porque el señor Puigdemont sea el héroe del independentismo catalán desde 1714 hasta hoy. Una cosa es que el Gobierno de coalición progresista apueste por una España plurinacional en la que caben identidades múltiples y otra muy diferente es que los representantes de esas identidades pongan cada cuarto de hora contra la pared a quienes sufren un permanente desgaste precisamente por defender la legitimidad de esas reivindicaciones en una apuesta por la convivencia sin desbordamientos de la legalidad. Como diría Rafael Azcona, “en la vida se puede ser de todo menos pesado”. Y créanme, con todo mi respeto, a menudo hay voces de cualquiera de los nacionalismos en disputa (el español o el catalán) que resultan muy pesadas, y por tanto antipáticas, excluyentes. Háganselo (hagámonoslo) mirar.
Concluyo: por supuesto que en este país existe la práctica del lawfare, la judicialización de la política o, más precisamente, la utilización de la justicia para fines políticos. “¡¡¡Qué escándalo. He descubierto que aquí se juega” (disculpen el tópico de Casablanca). Lo preocupante es que desde el ámbito judicial (eminentemente conservador) se reaccione con la misma hipocresía que el comisario Renault. Lo indignante es que el propio Consejo del Poder Judicial no haya abierto expedientes informativos o de investigación a unos cuantos jueces que han mantenido durante años en sus juzgados causas abiertas sin el menor fundamento, alimentando centenares de portadas y debates televisados sobre presuntos delitos inexistentes, siempre dirigidos contra dirigentes de la izquierda política, y concretamente contra Podemos.
Ojalá a raíz de esta estrategia de deslegitimación del gobierno de coalición progresista practicada desde la derecha política, mediática y judicial se abra una conversación pública sobre el famoso lawfare (lean aquí el sugerente análisis de Ignacio Sánchez-Cuenca). Y ojalá seamos capaces, al menos los demócratas convencidos, de denunciar sin complejos que sí, que existe el uso espúreo de las herramientas judiciales, y que quienes comparan a España con Hungría en el atropello de la separación de poderes están falseando la realidad o es que no entienden que esa separación de poderes exige, también, que desde el Poder Judicial no se haga descaradamente política partidista. Y que el PP miente cuando utiliza a sabiendas un párrafo que nunca existió en la sentencia del Supremo para llamar lawfare a la condena expresa a ese partido por la trama Gürtel (ver aquí). Se llama indecencia.

https://www.infolibre.es/opinion/columnas/buzon-de-voz/no-llames-lawfare-llamalo-indecencia_129_1666502.html