dentro de las políticas de salud pública
Euskadi busca la vía que le permita regular los clubes de cannabis
Se haría dentro de las políticas de salud pública y de reducción de daños y la normativa podría ser aprobada antes de que finalice el presente año
J. Fernández - Lunes, 24 de Agosto de 2015 - Actualizado a las 06:05h
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http://www.deia.com/2015/08/24/sociedad/euskadi/euskadi-busca-la-via-que-le-permita-regular-los-clubes-de-cannabis
Un hombre fuma mientras charla con otras personas en un club de cannabis.
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Bilbao - Ya en el año 2011, el entonces Ararteko Iñigo Lamarca apuntaba la necesidad de diseñar “fórmulas imaginativas” para que las personas adultas que no quisieran recurrir al mercado negro pudieran acceder al consumo de cannabis. Los Clubes Sociales Cannábicos (CSC), sobre cuya regulación lleva trabajando el Gobierno vasco esta última legislatura -y también durante parte de la anterior- responderían a ese modelo de consumo responsable y limitado (2-3 gramos por día y socio como máximo) de grupos privados y mayores de edad.
La plasmación definitiva en un texto legal de los derechos (y obligaciones) de estas entidades evitaría que estos consumidores, muchos de ellos con patologías clínicas susceptibles de ser tratadas con cannabinoides, tengan que acudir al mercado negro poniendo en riesgo su integridad física y su salud. El procedimiento a seguir, dado que el Ejecutivo no dispone de autorización para cambiar el Código Penal, ni las leyes de Seguridad Ciudadana o sobre Estupefacientes sería apelar al margen competencial existente en materia de Salud Pública.
Así lo entienden desde Eusfac, la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Euskadi, que considera que la Comunidad Autónoma Vasca cuenta con capacidad legal suficiente para regular los clubes de cannabis y poner fin así a su situación jurídica actual: pagan impuestos pero no son reconocidos como cualquier otra agrupación. “Es posible actuar según el principio de oportunidad y valorar distintas cuestiones cuando se trate de los CSC, como la colaboración con la Administración para prevenir y reducir daños, pero no como un café para todos, sino dentro de las políticas de salud pública”, expresaba recientemente Xabier Arana, del Instituto Vasco de Criminología.
Y es que, tal y como subraya Aitor Brion, asesor jurídico de Eusfac, la reducción de daños es doble en el caso de la actividad de los CSC: por una parte evitando que las personas consumidoras obtengan la sustancia de las redes ilícitas o el mercado negro, con los riesgos adheridos que ello comporta para su integridad y salud; y por otra parte, “el trabajo en pro de la educación que realizan estos clubes, con sus talleres de consumo responsable, sus limitaciones de dispensa por socio y día, la no negación de los efectos nocivos que puede llegar a tener los consumos desmedidos o desorganizados, etc”, subrayaba en declaraciones a DEIA.
Al margen de todo lo señalado, agregaba el abogado, existiría un tercer factor importante que redunda en esa línea: el autocultivo como herramienta de seguridad en la salud, ya que los socios de estos clubes son los que personalmente desarrollan y supervisan los tiempos y modos de la producción que luego en última instancia se consume. “Por lo tanto se evita la utilización de pesticidas o sustancias tóxicas-adulterantes que puedan inferir negativamente en la salud de los consumidores”, describía.
La llave para regular la actividad de estos clubes -con alrededor de tres mil asociados en la CAV- parece pues ser la adecuada para abrir finalmente la puerta a la regulación de estos grupos privados de consumo. Y salvo sorpresa, antes de que finalice el presente año será una realidad en los tres Territorios Históricos gracias a la aprobación de la Ley de Adicciones. No obstante, desde Eusfac se muestran con cautela; de hecho, temen que el Gobierno español maniobre y estreche su filtro centralizador y conservador para evitar que esta regulación de los CSC vea la luz.
Derechos y obligaciones “No proponemos fórmulas rupturistas o idealistas. Únicamente queremos que la Ley reconozca unos derechos y obligaciones, y si la Ley actual no puede hacerlo, que la clase política en virtud de la iniciativa social haga los cambios pertinentes para obtenerlo. Si en países como EE.UU., con la trayectoria de negación al cannabis que han tenido se ha logrado regular los CSC con derechos y obligaciones, en el Estado español también tiene que ser posible. Es cuestión de voluntad política”, sostenía Brion.
Un posicionamiento contrario a esta regulación supondría, a juicio del abogado asesor de Eusfac, “un problema de miopía social”. Y argumenta que aunque la regulación de la actividad de estos clubes no es una prioridad social sí que es una reivindicación social con solera y “más pronto que tarde se deberá abordar de una manera clara, del modo en el que se ha hecho en otros países como Uruguay, algunos Estados de EE.UU.… Es decir, sin histerias ni debates tramposos”, zanjaba. En este sentido, desde Eusfac equiparan -salvando las diferencias- el fenómeno de los CSC con lo ocurrido con el servicio militar obligatorio y la contestación social existente al mismo. Existía un contexto social favorable a acabar con la
mili pero el Gobierno no daba el paso para abolir esta obligación. “Trasladando la idea al contexto de los CSC, está claro que el consumo de cannabis es un hecho, la sociedad en su mayoría no discute que se da, e indudablemente todos, incluidos los ciudadanos que no observan con simpatía el fenómeno de los estupefacientes, prefieren que de realizarse este consumo, se dé con una seguridad jurídica, que a buen seguro otorgaría una normativa con su reconocimiento (derechos) y obligaciones”.
Ellos son los primeros interesados en buscar una solución regulada al consumo de cannabis porque, según sostienen, significaría reconocer en un texto legal una realidad social. Los CSC, insistía Brion, “no son tan tremendistas”. De hecho, en la CAV han sobrevivido desde hace ya varios años sin estar reconocidos legalmente, lo que significa sin ninguna seguridad jurídica ni administrativa. “Siempre -afirma Brion- es más favorable el reconocimiento que te puede otorgar una Ley, como es el caso de la Ley Foral de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Navarra, o la Ordenanza Municipal que sobre los CSC aprobó el Ayuntamiento de Donostia, que ser un colectivo fantasma, semiclandestino, que no pueda reivindicar su existencia ante ninguna institución, porque oficialmente no existe o existe a medias…”.
