Rajoy llega a las elecciones sin hacer público su expediente secreto como registrador

Mariano, el registrador de Santa Pola, lleva años negando su expediente ( lo de cambiar la ley en favor del gremio de registradores dos veces una con Aznar y otra en esta legislatura ya lo comentaremos) ¿ Qué secretos oculta para ser clasificado y guardado como máxima seguridad?

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Citación :: El presidente del Gobierno y líder del PP afrontará las elecciones del 20-D sin haber despejado las incógnitas de uno de los capítulos más controvertidos de su carrera política: el que encierra su expediente secreto como registrador de la propiedad.

Ese expediente o historial es clave para conocer, por ejemplo, hasta qué momento exacto simultaneó el hoy presidente las retribuciones que percibía como cargo público con sus honorarios como registrador. Pero permanece bajo llave desde que el Gobierno de José María Aznar decidió en 2001 trasladarlo a un “archivo de seguridad” localizado en el Ministerio de Justicia.

Registrador desde 1978 y todavía titular del registro de Santa Pola (Alicante), Rajoy ha encadenado sucesivos cargos públicos desde 1981 con un solo paréntesis de un bienio –de noviembre de 1987 al mismo mes de 1989- dedicado en exclusiva a ejercer su profesión.

A día de hoy, la oficina registral de Santa Pola permanece regentada desde hace 26 años por un registrador "accidental permanente" (sic). Ese sustituto que va camino de cumplir tres décadas como interino es Francisco Riquelme, compañero de oposición de Rajoy y a quien el propio presidente recomendó para el puesto.

Pese a que la transparencia se ha convertido en la recta final del mandato de Rajoy en una de las piedras angulares del discurso oficial del PP, el Gobierno ha tumbado una vez tras otra las iniciativas planteadas por la oposición para que desvelase el contenido de ese expediente, custodiado en el Ministerio de Justicia.

Y una y otra vez, el Ejecutivo ha esquivado todas las preguntas dirigidas a esclarecer el asunto. Este jueves, infoLibre preguntó a los servicios de prensa de Moncloa si el Gobierno hará público antes de las elecciones el expediente de Rajoy como registrador. Las fuentes consultadas remitieron el viernes por la tarde al comité de campaña del PP, con cuyo equipo de comunicación contactó este diario. Finalmente, no hubo respuesta.

Doble retribución

En 2013, infoLibre accedió a parte de los datos que obran en el expediente de Rajoy, custodiado en el Ministerio de Justicia. Y lo que esos datos indican es que cobró como registrador y como cargo público mientras la ley, que otorga a los registradores el rango de funcionarios pero les concede prerrogativas excepcionales, se lo permitió. Eso ocurrió al menos en el cuatrienio 1981-1985. La cuantía es un misterio, aunque los honorarios de los registradores pueden representar cifras millonarias.

El 29 de noviembre de 1985, y cuando llevaba en vigor 15 meses la ley que a partir de 1984 prohibió de manera taxativa a los funcionarios la doble percepción de retribuciones, Rajoypidió el pase a servicios especiales; es decir, la excedencia prevista para los funcionarios.

El Gobierno nunca ha accedido a aclarar el periodo exacto en que Rajoy se benefició del doblete retributivo. Ni a cuánto ascendieron esas dobles remuneraciones. Simplemente, y ante las preguntas formuladas por el PSOE e IU en la recién finalizada legislatura, se ha limitado a remachar que el presidente siempre “se ha ajustado en todo momento a la legislación aplicable”.

Hay más incógnitas. Algunas fuentes que conocen en profundidad los entresijos del colectivo de registradores albergan, por ejemplo, una duda de calado alimentada por un acervo legislativo más que confuso. Esa duda se resume en si Rajoy también cobró por partida doble entre 1985 y 1998. Porque solo en 1998 y cuando Rajoy ya era ministro de Aznar, el Gobierno modificó la normativa específica por la que se rigen los registradores. Esa normativa aparece condensada en el llamado Reglamento Hipotecario.

Era su artículo 541 el que hasta ese año de 1998 autorizaba a los registradores que entraban en política a repartirse con su sustituto los beneficios que reportase la plaza registral. Para efectuar ese reparto, los registradores que accediesen a un cargo público solo tenían que cubrir el trámite de cursar una solicitud al Ministerio de Justicia.

Los datos del expediente secreto de Rajoy a los que accedió infoLibre en 2013 constatan que la primera resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se le autorizó a reclamar los “beneficios” del reparto con su sustituto de entonces lleva fecha de 15 de marzo de 1982.

A lo largo de estos cuatro años, el presidente ha rehuido todas y cada una de las veces cualquier interpelación dirigida a desvelar los secretos de su historial como registrador. Y ni siquiera ha accedido a explicar por qué durante el bienio1987-1989, el único periodo desde 1981 en que ejerció realmente como registrador, incumplió el Reglamento Hipotecario en cuanto al precepto que le obligaba a residir en la ciudad donde tuviera su plaza.

Es decir, Rajoy tendría que haberse mudado entonces a Santa Pola. Pero no lo hizo. Justo en noviembre de 1987 se convirtió en presidente del partido en Pontevedra para, un año más tarde, ascender a la secretaría general de la organización en Galicia. En 1989, regresó a la situación de servicios especiales tras obtener un escaño en el Congreso que ha conservado ininterrumpidamente desde entonces.

Este es el de la transparencia y tal. Surprised

V.I.P. Mensajes : 31117 Localización : La muerte

Chico, das pena, que sectario eres, habla de los ERES de tu region, sinverguenza, me da un asco esta gente que se cree que los suyos son buenos y los demas malos, como se puede ser tan imbecil, me pregunto

Antisozzial escribió:: Chico, das pena, que sectario eres, habla de los ERES de tu region, sinverguenza, me da un asco esta gente que se cree que los suyos son buenos y los demas malos, como se puede ser tan imbecil, me pregunto

Lo intento, no lo creas pero llegar a tu nivel me resulta francamente complicado.

En cuanto a los ERES te puedo comentar esto, que no siendo ya la titular de la instrucción Alaya puede dejar el caso en menos de la mitad, por la inoperancia y la incapacidad de esta.

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Citación :: La exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta Magdalena Álvarez ha solicitado a la juez que investiga el caso de los ERE irregulares que incorpore a la causa un dictamen pericial técnico relativo a las competencias de la titular de la Consejería en la elaboración presupuestaria y que concluye que la imputada "actuó en todo momento con sujeción a la legalidad financiera y presupuestaria, sin recibir ninguna advertencia para impulsar medidas normativas u otro tipo de correcciones ante las irregularidades que sí llegó a identificar la Intervención".
En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Magdalena Álvarez, Horacio Oliva, reclama a la magistrada María Núñez Bolaños que incorpore este dictamen pericial a la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, y que afecta a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 50 ex altos cargos, entre ellos la exconsejera.

El dictamen pericial ha sido elaborado por Juan Ramallo Massanet, catedrático emérito de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro emérito del Tribunal de Cuentas Europeo con sede en Luxemburgo, y versa sobre las competencias de la titular de la Consejería de Economía y Hacienda en la elaboración, ejecución y control del presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía, "con especial referencia a su actuación" en la dotación de créditos del programa 31.l para ayudas sociolaborales y al control de la legalidad de los gastos generados con cargo a dichos créditos durante el periodo 2000-2004.
El abogado solicita a la juez que, una vez acordada la admisión e incorporación del referido dictamen pericial a la pieza separada del procedimiento específico, cite en el Juzgado al perito para la ratificación del mismo.
"ESTRUCTURA PIRAMIDAL"
En el dictamen pericial, consultado por Europa Press, Juan Ramallo pone de manifiesto que la consejera de Hacienda "ve constreñida sus atribuciones en función de la distribución de competencias inherente al modelo departamental por el que se rige el Gobierno y la Administración andaluzas", de manera que, en materia de elaboración y ejecución del Presupuesto, cada Consejería "tiene sus propias competencias, sin que las que se atribuyen a la Consejería de Hacienda puedan verse como vértice de una estructura piramidal".
El perito asevera, al hilo de ello, que las competencias atribuidas a la titular de la Consejería de Hacienda, "en virtud de las que se funda su imputación, no se corresponden con la legislación vigente en el periodo analizado", ya que "conlleva una invasión de competencias legalmente reservadas a los titulares de otras consejerías, a otros órganos de la Consejería de Hacienda y a la Intervención General de la Junta". "La titular de la Consejería de Hacienda no habría podido actuar de modo distinto sin invadir ámbitos competenciales ajenos e incurrir con ello en la infracción de la legalidad vigente en Hacienda", subraya.
En esta línea, señala que la responsable de la Consejería de Hacienda "no podía alterar los estados de gastos elaborados en la Consejería de Empleo, como no podía alterar los de otras consejerías, modificando la configuración de los mismos plasmada en distintos programas y partidas presupuestarias, acordes con la estructura del Presupuesto y su envolvente financiera y para ser respetuoso con los principios de especialidad cualitativa y cuantitativa".
Además, prosigue el perito, "del ordenamiento jurídico andaluz se desprende claramente que la titular de la Consejería de Hacienda no tiene cometido alguno en la gestión de los créditos que no sean de su propia Consejería", por lo que, en relación con los créditos presupuestarios del programa 31.L, "es claro que la Consejería de Hacienda no podía ser órgano gestor --tampoco los órganos dependientes de su Consejería---, y, por tanto, no podía depender de ella el uso, legal o ilegal, de fondos públicos gestionados por la Consejería de Empleo".
"RESPETO" A LAS COMPETENCIAS DEL CONSEJERO DE EMPLEO
En conclusión, pone de manifiesto que las competencias de la consejera de Hacienda "se hallaban delimitadas, como lo están hoy, por el necesario respeto a las competencias de otras consejerías y por el respeto a las competencias que el consejero de Empleo ostentaba para formular el anteproyecto de presupuesto" de dicha Consejería, "así como por las de ejecución de los créditos aprobados por el Parlamento y la tramitación de los correspondientes expedientes de gasto".
"La consejera de Hacienda no tiene competencias en la ejecución de los créditos del programa 31.L, ajeno a su Consejería, ni en los expedientes de gasto generados con cargo a tales créditos, como tampoco le correspondía el control de tales expedientes, asignado específicamente a la función interventora", apostilla el perito.
Respecto a las transferencias de financiación, asevera que, "pese a los reparos que se formulan a esta técnica de control, pretendiendo cifrar en su utilización la causa de las defraudaciones, es, por el contrario, la que se ha implantado con carácter general en la Administración pública no solo nacional sino europea, por resultar eficaz, reforzada y potente", de manera que "permitió a la Intervención detectar supuestas irregularidades en la tramitación de los expedientes de subvención, pero la Intervención no llegó a elaborar un informe de actuación".
De este modo, añade que, en relación con los informes complementarios en los que "se pretendía advertir de ello", hay que recordar que Magdalena Álvarez "abandonó el cargo en febrero de 2004, de manera que nunca pudo recibir tal informe".
"MAQUINACIÓN DELICTIVA" Y DEFENSA DE LAS TRANSFERENCIAS
"En el empleo de estas transferencias, aprobadas por el Parlamento, modificadas con conocimiento del mismo y previos los informes favorables oportunos, no observamos irregularidad de ningún tipo y por tanto consideramos que la maquinación delictiva que se presume por el empleo de estas transferencias para soslayar los controles de la Intervención no puede jurídicamente prosperar pues parte de una premisa falsa", afirma.
A su juicio, estas transferencias "no pueden ser vistas como instrumento principal de un sistema delictivo, de una trama o conspiración para adjudicar ayudas arbitrariamente, porque como tal instrumento son insustanciales y carentes de cualquier operatividad para laminar los procedimientos y controles preestablecidos en otras normas, que se mantienen incólumes".
Tras señalar que "la concepción sobre la técnica de control previo de la que arranca la imputación es 'antediluviana'", afirma que las empresas públicas "en las que opera el control financiero permanente pueden ser sometidas a fiscalización previa en determinadas áreas de riesgo o para determinados tipos de gastos, siempre que lo aprecia necesario la Intervención General y en todo caso cuando pudiera producirse menoscabo de fondos públicos".
"Sin embargo, no actuó así en este caso, en el que los reproches no pueden formularse a quien actuó en todo momento con sujeción a la legalidad financiera y presupuestaria, sin recibir ninguna advertencia para impulsar medidas normativas u otro tipo de correcciones ante las irregularidades que sí llego a identificar la Intervención", concluye.

Una pegunta más ¿ cuales son los míos y por tanto los buenos? Es que a mi me cuesta mucho identificarlo, me gustaría tenerlo tan claro como tú, todos somos imbéciles, malos y damos asco excepto tú.
Con esa premisa es mucho más sencillo.

V.I.P. Mensajes : 31117 Localización : La muerte

Venga hombre que se te ve el plumero, chico no me hagas perder el tiempo

Antisozzial escribió:: Venga hombre que se te ve el plumero, chico no me hagas perder el tiempo

Cierto, corre que Tinder está a esta hora lleno de jovenzuelas incautas.

La cosa se pone cada vez más interesante.

El sustituto de Rajoy constituye una empresa de capital inmobiliario el día antes de ser propuesto ¿ casualidad? de 90.000 € de capital social su valor ronda actualmente los dos millones. Desde luego hay que reconocerle que tiene vista el sr. registrador.

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Citación :: Francisco Riquelme, sustituto “accidental” de Mariano Rajoy en el registro de la propiedad de Santa Pola desde hace 23 años, constituyó una empresa de inversiones inmobiliarias, Inlimur, un día antes de que el hoy presidente del Gobierno le recomendase formalmente como interino para la cobertura de esa plaza. La propuesta escrita de Rajoy, y así consta en su expediente como registrador, entró en el Ministerio de Justicia el 21 de febrero de 1990. El arranque de operaciones de Inlimur se había producido la víspera.

Muy poco después, el 7 de marzo de ese año la Dirección General de los Registros y del Notariado accedió a la solicitud de servicios especiales planteada por Rajoy y aprobó el nombramiento de Riquelme como sustituto.

Riquelme, que simultanea la gestión de la plaza de Santa Pola con la titularidad de otro registro en Elche, formó la sociedad en compañía de su esposa con 15 millones de pesetas, es decir, la creó con 90.000 euros. Dos décadas después, y tras 11 ampliaciones, el capital social de Inlimur asciende ahora a 1.819.948 euros. Desde el primer momento, su mujer, Ana Parra, ha figurado como administradora única.

Inlimur tiene hoy su domicilio social en el mismo edificio donde hasta hace varios años se localizaba el registro de la propiedad de Elche cuya titularidad ostenta Riquelme, el número 1 de la localidad. En 2011, la empresa facturó 704.006 euros y declaró un beneficio neto de 187.983 euros.

InfoLibre preguntó ayer a los portavoces oficiales de la Presidencia del Gobierno si Rajoy ha participado alguna vez, directa o indirectamente, en el capital de Inlimur. Como en días anteriores, no hubo respuesta. En la declaración de bienes y rentas presentada al Congreso en noviembre de 2011, Rajoy anotó 313.781 euros junto a la leyenda "Fondos de inversión" y 143.182 en concepto de "acciones en bolsa". Los resúmenes de las declaraciones anuales de renta difundidas por el presidente no arrojan más luz sobre la materia.

Moncloa tampoco ha explicado las razones por las que el expediente de Rajoy como registrador fue trasladado a un “archivo de seguridad” en 2001 ni por qué en 1985 tardó 15 meses en cumplir la ley que desde agosto del año anterior le impedía percibir retribuciones como registrador a la vez que como cargo público. Entre marzo de 1982 y diciembre de 1985, el Rajoy registrador y el Rajoy cargo público se fundieron gracias a un artículo del Reglamento Hipotecario que permitía cobrar por partida doble: como registrador, previo reparto con su sustituto, y como cargo público. Aunque en la práctica operan como profesionales del sector privado en régimen de monopolio, los registradores poseen la condición de funcionario público.

Fincas en Murcia

Una de las ampliaciones de capital de Inlimur, efectuada en 2002, se cubrió mediante la aportación de una vivienda de Elche propiedad de Riquelme y su esposa.

Pero los principales activos de la empresa, y fueron aportados en su momento como parte del capital social, son terrenos en Abanilla, un municipio murciano de 6.569 habitantes situado a 32 kilómetros de la capital de la región y donde a finales de la pasada década comenzó a desarrollarse una oferta de ocio residencial dirigida a extranjeros.
En 2011, la cifra de jubilados británicos residentes en Murcia ya ascendía a 7.450. Al menos una de las fincas que explota Inlimur se dedica al cultivo de cítricos.

En febrero de 2011, el diario La Verdad informó de que Inlimur había sido expedientada por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) tras una denuncia Ecologistas en Acción. Instado por el Ministerio de Medio Ambiente, entonces bajo la batuta de la diputada socialista Rosa Aguilar, la orden ministerial desvelada por el rotativo murciano aludía al “uso privativo de 45.425 metros cúbicos de agua del Trasvase Tajo-Segura para el riego de 24,24 hectáreas de terreno». Riquelme calificó entonces de “atropello” que los ecologistas hubiesen filtrado la existencia del expediente.

Amigo de Mariano Rajoy desde que ambos preparaban oposiciones a registrador en 1977, Riquelme demandó en 2012 al abogado murciano José Luis Mazón, a quien reclama 100.000 euros. La interposición de la demanda se produjo después de que Mazón pidiese a la Oficina de Conflicto de Intereses él esclarecimiento de las circunstancias en que Rajoy mantiene la titularidad del registro de Santa Pola.

En declaraciones públicas, Mazón se preguntó si Rajoy se había declarado en situación de servicios especiales –la excedencia especial para funcionarios con cargo público- para poder “seguir recibiendo rentas económicas” derivadas del puesto. Riquelme consideró que Mazón estaba sugiriendo la existencia de un “apaño” entre Rajoy y él mismo para repartirse los ingresos registrales.

Como ya ha publicado infoLibre, Rajoy no solicitó pasar a servicios especiales hasta el 29 de noviembre de 1985. Es decir, 15 meses después de la aprobación de la ley 30/1984, cuyo artículo 29 prohíbe a los cargos públicos recibir retribuciones del puesto que como funcionario hubieran ocupado con anterioridad.
En noviembre de 1987, y tras abrir un paréntesis de dos años sin cargo público, Rajoy solicitó su reincorporación al servicio activo como registrador. Pero tampoco entonces cumplió la normativa que le obligaba a residir en la ciudad donde tuviera su sede el registro del que era titular. El mismo mes de noviembre de 1987, Rajoy fue nombrado presidente de Alianza Popular en Pontevedra. Al año siguiente, se convirtió en el número dos de esa formación, luego refundada en el actual PP.

Y por supuesto ni una explicación ni una palabra y el expediente del registrador de Santa Pola entre los archivos protegidos, casualmente con el de otros dos cargos del PP también registradores.

Por si la cosa de los registradores y los favores recibidos existe también una sociedad inmobiliaria ( ya es casualidad que a todos les da por lo mismo) controlada por el Colegio de Registradores.

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Citación :: Una sociedad inmobiliaria constituida en diciembre de 2002 por el Colegio de Registradores, corporación de derecho público y por tanto carente de ánimo de lucro, terminó cinco años y medio después incorporando como accionistas privados a más de 250 registradores de los más de 1.000 que operan en España. Como funcionarios, los nuevos accionistas estaban y están sujetos a las incompatibilidades previstas para el personal al servicio de la Administración Pública, pero ni el Gobierno del PSOE tomó cartas en el asunto ni lo ha hecho el del PP. La sociedad, bautizada Inversiones Inmobilarias CRE (IICRE SL), nació con 8,4 millones. Ahora, su capital social supera los 72 millones.

El objetivo formal de la creación de IICRE fue la construcción de un nuevo edificio como sede de los 55 registros de la propiedad de Madrid. La operación IICRE, sostuvo en distintos ámbitos el anterior presidente del Colegio, Alfonso Candau, resultó siendo "desastrosa" por el coste -135 millones- de esa nueva sede, localizada en el número 540 de la calle Alcalá e inaugurada en octubre de 2009, es decir, ya en pleno pinchazo de la burbuja inmobiliaria. En 2008, la sociedad había repartido 300.000 euros en dividendos y enviado a remanente otros tantos. El año pasado, la compañía arrojó pérdidas por 11 millones de euros.

Entre quienes se distribuyeron los beneficios de 2008 figura el Colegio, que controla 60 de los 72 millones del capital. Pero, sobre todo, participaron en el reparto los más de 250 registradores que en 2008 se subieron al carro de IICRE con una ampliación que elevó hasta 57,88 millones el capital. que en 2005 y con el Colegio como socio único de la compañía se había marcado en 11,15 millones. Una posterior ampliación en diciembre de 2009 elevó de nuevo el capital hasta 72 millones.

Como funcionarios, los registradores solo pueden legalmente ingresar los aranceles que cobran. Aunque no posee la condición plena de impuesto ni de tasa, el arancel se mueve a caballo entre el ámbito tributario y el de los honorarios privados:es el Gobierno el que fija los aranceles y lo cobran los únicos funcionarios españoles -registradores y notarios- que en la práctica ejercen como profesionales del sector privado.

Este lunes, infoLibre contactó con Inversiones Inmobiliarias IICRE para recabar la versión de sus directivos sobre por qué un colegio profesional cuyos miembros no cobran honorarios privados sino aranceles públicos permitió un trasvase de rentas al dar entrada a funcionarios-accionistas. Nadie devolvió las llamadas.

Los expertos consultados por este diario coinciden en que la entrada de registradores en el capital de IICRE a título personal no solo vulnera la ley de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración sino que convierte de facto al Colegio en accionista principal de una compañía con ánimo de lucro. A esa compañía, y así lo precisan sus estatutos, no puede pertenecer cualquier inversor. Tan solo, aquellos que dispongan de dinero y sean registradores mercantiles o de la propiedad.

Dado que la sociedad tiene como misión construir sedes registrales y alquilarlas a sus usuarios, aquellos registradores que no pertenezcan al accioniariado ven cómo su dinero no acaba en manos de un arrendador cualquiera sino de una empresa integrada por el Colegio y por parte de su compañeros registradores.

Que lo del ánimo de lucro de los colegios profesionales y esas cosillas lo mismo se les ha pasado por alto.

V.I.P. Mensajes : 42595 Localización : remota

si, estaba enteradísima, se difunde por todos los medios internacionales este tipo de cosas, no es ninguna novedad Corto Razz

Pur escribió:: si, estaba enteradísima, se difunde por todos los medios internacionales este tipo de cosas, no es ninguna novedad Corto

Yo más me escandalizo a medida que voy conociendo más datos. El sr. se ha montado un chiringuito para él, sus hermanos y sus amigotes. Ni más ni menos.

V.I.P. Mensajes : 42595 Localización : remota

Qué bueno que todavía tengas capacidad de escandalizarte, mi vida

Pur escribió:: Qué bueno que todavía tengas capacidad de escandalizarte, mi vida

Yo también me sorprendo y mucho. Surprised

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