Podemos y Ciudadanos son partidarios de regular la producción y distribución y el PSOE propone debatirlo
El giro hacia la prevención frente a la represión que impulsa la ONU se produjo en nuestro país en los años 80
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Si España fue de los primeros países en apostar por la prevención frente a la represión en la lucha contra las drogas, ahora podría adelantarse a la ONU en abrir el debate sobre la legalización del cannabis. Los nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos, aunque con distintos matices, son partidarios de darle carta de normalidad a la marihuana, regulando su producción y distribución, mientras el PSOE propone justamente abrir ese debate, sin pronunciarse aún por el sí o por el no.
El debate podría empezar muy pronto si la legislatura no se trunca por la falta de un acuerdo de investidura. La pasada semana ERC registró en el Congreso una proposición no de ley cuyo debate daría la medida de hasta donde querrían llegar sus señorías. Los republicanos proponen instar al Ejecutivo a regular el comercio y cultivo del cannabis dando carta de naturaleza a los clubs cannábicos que han dado pasos en ese sentido. Como Podemos, Esquerra cree que el cambio legislativo debe hacerse con todas las cautelas y la información a la población que se requieran para evitar efectos perniciosos. Ciudadanos precisa que todo lo que quede fuera de la regulación deberá seguir siendo perseguido.
UN PASO ATRÁS, PARA EL GOBIERNO
La única voz discordante será previsiblemente la del PP, minoritaria en la actual legislatura y con toda probabilidad, en la próxima. El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, aunque cree que todos los debates son buenos y respetables, su opinión es que la legalización sería un "error" y "un paso atrás". "Como profesional de la salud pública debo decir que hay muchas evidencias de los problemas que puede comportar, como se ha visto en los sitios donde se ha llevado a cabo", advierte.
Todos los partidos están de acuerdo en que la declaración de ONU no tendrá ningún efecto en España. Nuestro país dio en los años 80 el giro hacia la prevención que propone la organización mundial. Al contrario de lo que ocurre en la mayoría de los países, aquí el consumo no está penado. Los drogadictos no son delincuentes a perseguir sino enfermos a los que hay que tratar mientras se convence al resto de la sociedad de los peligros del consumo. "La apuesta ha dado tan buen resultado que las drogas solo figuran entre las preocupaciones del 0,1% de la población, frente a los porcentajes del 20% y 30%" que alcanzaba en la mencionada década, recuerda Babín.
CRÍTICAS A LOS RECORTES
La portavoz parlamentaria de drogas del PSOE, María del Puerto Gallego, critica, sin embargo, los efectos perniciosos que, a su juicio, han tenido los recortes en los servicios sociales y la red sanitaria que atiende a los adictos, además de los recortes del 50% en los presupuesto del propio plan nacional.
Desde el Ejecutivo Babín admite que "para evitar el rescate se han tenido que aplicar una política de austeridad" pero sostiene que el plan que encabeza ha sido de los menos afectados porque la mayor parte de sus recursos provienen de las incautaciones a las mafias. "Hemos incrementado incluso las ayudas a las oenegés", saca pecho.
Gobierno y oposición sí comparten una preocupación. "Al estar bien encarrilada, la cuestión de la lucha contra las drogas está fuera de la agenda política. Ha habido una relajación peligrosa", señala la diputada socialista Gallego. "El peligro del éxito es que la gente baje guardia y piedra al miedo. Contra eso empleamos toda nuestra energía", apunta el delegado del Gobierno.
