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 | | Tema: Los derechos humanos en España Mar Ago 23, 2016 5:03 pm | |
| Amnistía Internacional mantiene una serie de preocupaciones sobre el estado de los derechos humanos en España y trabaja para que el gobierno los proteja y respete en todo momento y en todos los campos.En relación a las amenazas a los derechos humanos en España, sobre lalibertad de expresión, asociación y reunión, es especialmente preocupante el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía española y el refuerzo de una legislación represiva que no muestra sino un interés de socavar la libertad de expresión.
No solo la libertad de expresión está amenazada. Derechos económicos, sociales y culturales también están amenazados: con la puesta en marcha de un decreto de ley para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el estado español está limitando el derecho a la salud y esto podría afectar al derecho a la vida de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad. También la vulneración del derecho a la vivienda es preocupante. Todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada. Sin embargo, este derecho se vulnera cada vez que se ordena un desalojo sin las debidas garantías.
En los últimos años ha crecido enormemente la preocupación por la violencia contra las mujeres. Decenas de mujeres mueren cada año en nuestro país y desde Amnistía Internacional queremos poner de relieve la gravedad y la dimensión del problema, y conseguir que las autoridades asuman su responsabilidad ante estas violaciones de derechos humanos que no tienen excusa.
En cuanto a la lucha contra la impunidad, nuestra organización mantiene desde hace tiempo diversas preocupaciones, relacionadas con tortura y malos tratos de personas por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos, así como la detención de personas en régimen de incomunicación. Además, en relación a lajurisdicción universal, España ha dado un claro retroceso en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, al impedir a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos acceder a los tribunales españoles. En este sentido, y de manera adicional, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo siguen siendo denegados en España, que ni investiga ni colabora con investigaciones llevadas a cabo por otros países, lo cual resulta tremendamente preocupante.
Otro de los motivos de preocupación y por el cual Amnistía Internacional trabaja en España es el comercio de armas. Dos veces al año, nuestra organización, junto a Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón, analizan los datos oficiales de las exportaciones de armas fabricadas en España con el fin de hacer recomendaciones a las autoridades españolas.
Además, en los últimos años ha habido en España un aumento de denuncias de abusos y discriminación contra ciudadanos extranjeros. Una de estas formas de discriminación es el racismo y en España, tanto ciudadanos extranjeros como minorías étnicas lo sufren. No son casos aislados, sino que se ha detectado un incremento preocupante de actos discriminatorios en el ámbito laboral, educativo, en el acceso a la vivienda, a lugares de ocio, etc. Todo ello va acompañado de un alarmante crecimiento de casos de tortura y malos tratos a inmigrantes o minorías étnicas por parte de agentes del Estado. Es necesario, pues, que las autoridades españolas combatan el racismo, la xenofobia y la discriminación.
 Aunque la policía en ocasiones tenga que hacer uso de la fuerza para mantener el orden público y la seguridad e impedir que se cometan delitos, sus agentes deben cumplir la obligación, contraída por el Estado en virtud del derecho internacional, de garantizar la libertad de reunión. © Emilio Morenatti
 En los últimos años ha habido un aumento de las denuncias de abusos y discriminación contra población extranjera. Una de estas formas de discriminación es el racismo. En la imagen, una manifestación contra el racismo celebrada en Alcorcón, Madrid. © AP Photo/Paul WhiteINMIGRACIÓN Y REFUGIO
 Amnistía Internacional denuncia la desprotección de las personsa que podrían estar huyendo de abusos de derechos humanos en sus países de origen y podrían necesitar protección internacional, por ejemplo, las procedentes de países en conflicto o con graves inestabilidades políticas. © Santi Palacios
 Distintas organizaciones, incluida Amnistía Internacional, advirtieron al gobierno del PP que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana vulnera el derecho de asilo de los solicitantes que intentan saltar las vallas de Ceuta y Melilla, y, con ello, incumplen distintos tratados internacionales como la Convención de Ginebra. © Santi Palacios
En lo relativo a inmigración y refugio, nuestra organización lleva años denunciando los múltiples obstáculos que se encuentran las personas en su intento de entrar en España. El informe Miedo y vallas: Los planteamientos de Europa para contener a las personas refugiadas revela cómo cerrando con vallas las fronteras terrestres de Europa e intentando que los países vecinos, como Turquía y Marruecos, actúen como filtro se ha negado a los refugiados el acceso a procedimientos de asilo, se ha expuesto a refugiados y migrantes a malos tratos y se ha empujado a la gente a emprender viajes por mar que pueden costarles la vida.
Expulsiones “en caliente”
Ante los intentos de entrada y la llegada de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas a las costas españolas, Amnistía Internacional denuncia la persistencia de expulsiones “en caliente” por parte de las autoridades españolas, así como la desprotección de las personas que podrían estar huyendo de abusos de derechos humanos en sus países de origen y podrían necesitar protección internacional, por ejemplo, aquellas procedentes de países en conflicto, con graves inestabilidades políticas, o donde se producen graves violaciones de derechos humanos como Siria, Irak, Afganistán, República Centroafricana, Sudán del Sur, República Democrática del Congo o Mali, entre otros.
Amnistía Internacional recuerda a las autoridades españolas que las expulsiones sumarias y colectivas, están prohibidas por tratados internacionales como el Protocolo IV del Convenio Europeo de Derechos Humanos. También incumplen la legislación española de extranjería, al privar a las personas migrantes de un proceso con garantías, que permita identificar de manera individualizada si estas personas necesitan protección internacional.La nueva Ley de Seguridad Ciudadana en vigor dará lugar a la expulsión automática y colectiva de personas migrantes y refugiadas desde las fronteras de Ceuta y Melilla al introducir una nueva práctica administrativa denominada "rechazo". La garantía contenida en la enmienda, según la cual los rechazos en la frontera se realizarán respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional, parece papel mojado. La enmienda no describe cómo se defenderán y respetarán esos derechos durante los rechazos.
Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que:
- Terminen con las prácticas de expulsiones ilegales y apliquen la legislación de la ley de extranjería y las normas internacionales, también en el espacio entre las dos vallas. Y rindan cuentas ante las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en nuestras fronteras.
- Garanticen el derecho de asilo, estableciendo mecanismos adecuados que permitan identificar a personas con necesidades de protección internacional, asegurando la presencia de traductores, y facilitando el acceso de las organizaciones especializadas que puedan informarles de cuáles son sus derechos.
España: queremos un lugar seguro para las personas refugiadasDISCRIMINACIÓN
La labor de Amnistía Internacional se basa en el principio de la no discriminación. Todos tenemos derecho a ser tratados por igual, con independencia de nuestra raza, etnia, nacionalidad, clase, casta, religión, creencias, sexo, lengua, orientación sexual, identidad de género, edad, estado de salud u otra condición.
En los últimos años ha habido en España un aumento de denuncias de abusos y discriminación contra ciudadanos extranjeros y miembros de minorías étnicas como los gitanos. No son casos aislados, sino que se ha detectado un incremento preocupante de actos discriminatorios en el ámbito laboral, educativo, en el acceso a la vivienda, a lugares de ocio, etc.
Además, la discriminación por motivos de religión o de creencias afecta a la población inmigrante en España en ámbitos de la vida como la educación y el empleo, pudiendo llegar a tener un impacto negativo en sus vidas a causa del aislamiento, la exclusión y la estigmatización a la que pueden llegar a ser sometidos. Las mujeres, además, pueden sufrir esta misma discriminación simplemente por llevar determinadas prendas, tal y como sucede en países como Bélgica y Francia, donde hay leyes que prohíben el velo integral en espacios públicos. También en España, algunas autoridades locales han introducido prohibiciones que se aplican en edificios e instalaciones municipales. En algunos colegios españoles también se ha llegado a prohibir el uso del pañuelo u otras prendas de vestir tradicionales y religiosas.
Los estereotipos y los prejuicios contra prácticas religiosas o culturales musulmanas también han ocasionado restricciones en el establecimiento de lugares de culto islámicos. Este tipo de discriminaciones se ven a menudo alimentadas por opiniones negativas procedentes de algunos partidos políticos y algunos sectores de los medios de comunicación, que obvian su responsabilidad de no reforzar ideas que puedan fomentar la intolerancia y la discriminación. Esta situación es denunciada en el informe Elección y prejuicio: discriminación de personas musulmanas en Europa, que recoge casos individuales de discriminación en países como Bélgica, España, Francia, Países Bajos y Suiza.
La organización pide a las autoridades públicas que elaboren y apliquen leyes y políticas y otras medidas efectivas contra la discriminación, y recuerda que los Estados no deben imponer restricciones al uso de símbolos y prendas religiosas o culturales, a menos que esas restricciones cumplan el derecho internacional.
 Mujeres con velo caminan por las calles de Barcelona. Las mujeres pueden sufrir discriminación simplemente por llevar determinadas prendas. Esto ya sucede en en países como Bélgica y Francia, donde hay leyes que prohíben el velo integral en espacios públicos. También en España, algunas autoridades locales han introducido prohibiciones en edificios e instalaciones municipales. En algunos colegios españoles también se ha llegado a prohibir el uso del pañuelo u otras prendas de vestir tradicionales y religiosas. © AP Photo/Manu Fernández
La discriminación puede impactar en las víctimas a causa del aislamiento, la exclusión y la estigmatización a la que pueden llegar a ser sometidas.
COMERCIO DE ARMAS
 Activistas de Amnistía Internacional salieron a la calle pidiendo un Tratado internaiconal sobre el comercio de armas. Este tratado se aprobó el 2 de junio de 2013. Un año y medio después, el 24 de diciembre de 2014, se ratificó. © AI Elche
Cada día millones de hombres, mujeres, niñas y niños viven bajo la amenaza de la violencia armada. Las armas están fuera de control: 640 millones de armas circulan por el mundo y cada año se fabrican ocho millones más y 16.000 millones de balas. Las armas ligeras contribuyen de forma significativa a la pobreza y al sufrimiento y desarrollan un papel clave en las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Se infligen más heridas, muertos, desplazamientos, violaciones, raptos y torturas con armas ligeras que con cualquier otro tipo de armas.
En 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas votó masivamente a favor de poner en marcha un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas que fue aprobado prácticamente por unanimidad el 2 de junio de 2013. España firmó el tratado entre los 65 primeros países, concretamente el 3 de junio de 2013, y lo ratificó en 2014. El tratado entró en vigor el 24 de diciembre de 2014.
En España, tras más de 10 años de campaña por un mayor control y transparencia del comercio español de armas, en diciembre de 2007 se aprobó la Ley de Comercio de Armas, un avance para poner fin al coste humano que tienen las transferencias irresponsables de armas. Amnistía Internacional, junto a Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón trabajan en alianza para denunciar el riesgo de que exportaciones de armas españolas puedan contribuir a facilitar o cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Y además, nos encargamos de dar seguimiento al desarrollo de la ley y a su aplicación para que suponga un verdadero avance en materia de control y transparencia.
Apuntes clave
- España ha multiplicado por 10 en la última década el volumen de exportaciones de armas, situándose en el séptimo puesto del ranking mundial de exportadores de armas, con una cuota aproximada del 3% sobre el volumen global.
- El comercio de armas en España está regulado por la ley 53/2007 y los reales decretos 2061/2008 y 844/2011.
- El Ministerio de Economía realiza dos informes al año sobre las exportaciones españolas de armamento, destinados al Congreso de los Diputados.
- Amnistía Internacional España analiza y evalúa dichos informes. Se estudian una serie de operaciones basadas en el riesgo sustancial de que puedan contribuir a facilitar graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, la denominada “Regla de Oro” del TCA, que codificó en el derecho internacional el principio de "No autorizar armas para cometer atrocidades".
- Amnistía Internacional sigue considerando que existen destinos preocupantes para una buena parte de estas transferencias, especialmente a países con conflictos armados, pero también a otros destinos donde se dan acciones violentas, de represión, de abusos contra mujeres y niñas o de crimen organizado.
- Amnistía Internacional España ha elaborado una propuesta de modificación de la Constitución española, para incluir en la misma entre otras normas, los artículos 6 y 7 del TCA, relativos a las autorizaciones o denegaciones de exportación de armas.
Exportaciones en el primer semestre de 2015*En el primer semestre de 2015, las exportaciones españolas de armas, en cifras globales, fueron:
- Autorizadas: 1.678 millones €
- Realizadas: 1.824 millones €
En total, durante la legislatura (2012 a primer semestre de 2015):
- Autorizadas: 18.503 millones €
- Realizadas: 11.527,4 millones €
Estas cifras consolidan la tendencia al alza de las exportaciones de armas de la última década. En la legislatura de 2008-2011, las cifras fueron:
- Autorizadas: 12.300,29 millones €
- Realizadas: 6.446,87 millones €
CIFRAS GLOBALES
1.678 MILL. €
Autorizadas
1.824 MILL. €
Realizadas
Las exportaciones autorizadas en el primer semestre de 2015 representan un crecimiento del 9,1% con respecto al promedio de ventas del periodo 2012-2015 y un crecimiento del 13,6% con respecto a la legislatura 2008-2011. Por su parte, las exportaciones realizadas en el primer semestre de 2015 muestran un crecimiento del 15,8% en relación con el promedio de las realizadas en el periodo 2012-2015 y un crecimiento del 28,3% si se comparan con las exportaciones medias en la legislatura 2008-2011.Partiendo del principio de "No autorizar armas para cometer atrocidades", identificamos 13 operaciones especialmente preocupantes (relativas a transferencias relacionadas con Arabia Saudí, Barhéin, Brasil, Colombia, Egipto, Irak, Israel, México, Pakistán, República Centro Africana, Túnez, Turquía y Ucrania) y otras 14 sobre las que se necesita más información para poder valorar adecuadamente la decisión del Gobierno.Por último, según las conclusiones de este informe e informes anteriores sobre exportaciones de armas españolas, y con motivo de las elecciones generales de junio de 2016, se hicieron una serie de recomendaciones a los partidos políticos y al Gobierno (grupos parlamentarios y Comisión de Defensa del próximo Congreso de los Diputados) para mejorar el sistema de control de exportaciones de armas y su transparencia. Acto de Amnistía Internacional para denunciar que el comercio de armas es un negocio lucrativo opaco que es necesario regular. © Amnistía Internacional* Resumen del análisis realizado por Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón de las estadísticas oficiales de las exportaciones de material de defensa, otro material y de doble uso del primer semestre de 2015 remitidas al Congreso de los Diputados el 20 de enero de 2016. Más información en el informe completo.REFORMA CONSTITUCIONAL
La Constitución española no protege todos los derechos por igual. Esto se ha hecho evidente con la crisis económica y las políticas de austeridad, utilizadas como excusa para poner las finanzas por delante de las personas, en un momento en que el Estado debería haber haberlas protegido con especial atención. En nuestra Constitución existen derechos “de primera” y “de segunda” según su nivel de protección judicial. Esto ha contribuido, por ejemplo, a que seamos uno de los países más desiguales de Europa, a que se hayan iniciado en los últimos años casi 600.000 procesos de ejecución hipotecaria –dejando a muchas personas en la calle sin posibilidad de defenderse ante un juez– , a que en España haya cerca de 760.000 hogares sin ingresos, o a que se haya retirado la tarjeta sanitaria a cerca de 800.000 personas cuando el derecho a la salud está igualmente reconocido. Finalmente, ¿cómo han podido aprobarse leyes que limitan el derecho a manifestarse pacíficamente, como la Ley de Seguridad Ciudadana, cuando el artículo 21 reconoce “el derecho de reunión pacífica (…) que no necesitará de autorización previa”?
Es necesaria una reforma constitucional que blinde los derechos humanos. Por ello, desde Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermónproponemos cambiar 24 disposiciones constitucionales. La mayoría de los cambios que proponemos tienen precedentes en el derecho internacional y en otros textos constitucionales. En resumen, queremos que la Constitución, entre otros:
- Trate por igual todos los derechos humanos para todas las personas, pues los derechos son indivisibles y universales, sin clases ni jerarquías. Proponemos una modificación profunda del artículo 53, de modo que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales gocen de mejores y mayores garantías de protección.
- Mejore la protección de los derechos a la vivienda y a la salud, regulando su contenido mínimo esencial.
- Incorpore el derecho a la renta básica –para que sea un derecho de primera y para hacer frente al reto de la desigualdad– y obligaciones para avanzar en la realización de los derechos humanos más allá de nuestras fronteras. Para ello se deberá garantizar una política de cooperación para el desarrollo y vigilar que las empresas españolas respeten los derechos humanos en el extranjero y el cumplimiento de las obligaciones sobre transferencia de armas en relación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
- Garantice el principio de ‘no regresividad’ de los derechos y una financiación suficiente para hacerlos valer: las crisis económicas no son excusa para poner las cuestiones económicas por delante de las personas.
- Mejore la protección respecto a ciertos derechos que consideramos protegidos insuficientemente, adecuando la Constitución a los principios de universalidad e igualdad en el ejercicio de los derechos, mejorando las garantías de las personas durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos, garantizando los derechos de acceso a la información y participación ciudadana, el derecho de reunión pacífica incluso en aquellos casos donde la comunicación previa no es posible, el reconocimiento directo del derecho de asilo y la prohibición de la pena de muerte en todos los casos.
Más información en www.blindatusderechos.org | |
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