La piel fina de los jueces y la realidad del 'lawfare' en la justicia
Los jueces han leído la palabra 'lawfare' y se han puesto de los nervios. Aparece en el acuerdo del PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, pero sin establecer que los dos partidos piensen lo mismo sobre ese concepto, que se podría definir como la utilización de la justicia para eliminar al rival político. No importa. Han decidido que esas referencias suponen una intolerable agresión al principio de separación de poderes, un rasgo esencial de la democracia liberal.
Afirman que el Parlamento no tiene derecho a revisar las decisiones de los tribunales por no estar entre sus funciones. Ese criterio se podría aplicar también en sentido contrario cuando magistrados han hecho declaraciones públicas de índole claramente política sobre la ideología del Gobierno o las leyes aprobadas por el Parlamento. Un juez reincidente es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que relacionó al PCE y a Podemos con los nazis. El CGPJ no consideró que esas entrevistas fueran motivo de sanción o crítica.
Sobre eso, no se recuerda que las asociaciones hayan mostrado nunca un criterio tan rotundo. Sencillamente, porque creen que nunca se ha producido. La realidad dice lo contrario.
El acuerdo incluye una amnistía completa en beneficio de todos los participantes del procés, pero no dice que el Parlamento vaya a investigar las decisiones judiciales adoptadas desde el referéndum de independencia de 2017. Menciona “las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura”, que son exactamente dos. Una sobre las maniobras de la policía política del PP contra el independentismo, muy documentadas por varios medios de comunicación. La segunda sobre el espionaje realizado con el programa Pegasus, reconocido por el CNI y que también ha sido investigado por el Parlamento Europeo.
Por tanto, no habrá una causa general contra la justicia española, como dan a entender las asociaciones en sus comunicados.
Esas conclusiones de las comisiones “se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política”, dice el texto del acuerdo de investidura.
En este punto es donde hay que hacer énfasis en el valor del subjuntivo en el castellano. “En la medida que pudieran derivarse”. No da por hecho que se haya probado una relación causa-efecto. Hay una posibilidad y ya veremos si se confirma. El tipo de frase que encanta a los políticos, porque no compromete a nada.
Cualquiera que haya presenciado una comisión de investigación en el Congreso, sabe que al final se llega a un veredicto político sobre sus resultados. En la práctica, su capacidad para aportar pruebas nuevas ha sido muy limitada, cuando no un espectáculo en el que todo el mundo lanza su discurso sin preocuparse demasiado si los hechos conocidos lo confirman.
Las comparecencias del comisario Villarejo fueron todo un espectáculo en esa línea. Al PP le sirvieron para afirmar que la investigación judicial del caso Gürtel fue un montaje del Ministerio de Interior de un Gobierno socialista.
Es lo que tiene el Parlamento. Cada uno puede decir lo que se le pase por la cabeza.
Sobre la intervención de los jueces en asuntos políticos, hay dos palabras que plantean serias dudas. Son ‘García Castellón’. El magistrado de la Audiencia Nacional, conocido por tomar decisiones muy favorables para los intereses del PP, ha mantenido hibernada durante cuatro años una causa en su tribunal sobre las protestas de la organización independentista Tsunami Democràtic a la que ha resucitado esta semana para relacionar a Carles Puigdemont con la comisión de presuntos actos de terrorismo, nada menos. Lo dice exactamente en los días en que su partido estaba negociando con el PSOE.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha hecho un análisis demoledor del auto del juez. “Escasa motivación”. Indicios “insuficientes”. Una imputación basada en una “deducción” hecha por una periodista. Un llamamiento al aforado Puigdemont para que declare voluntariamente que no tiene sentido. A cuenta de la existencia de una supuesta organización terrorista, afirma que “aquí no hay grupo ni organización, sino un perfil en las redes y postreramente una app o aplicación informática para teléfonos móviles”.
Claro que igual la Fiscalía de la Audiencia Nacional forma parte del proyecto de romper España.
La acusación de “judicialización de la política” ha aparecido en innumerables declaraciones de cargos políticos en los últimos años. Hay un amplio consenso, incluso en medios críticos con el Gobierno, de que ha sido una tendencia de consecuencias negativas. Los tribunales se han convertido en una extensión de la política por otros medios, y en muchas ocasiones eso ha sido culpa de los partidos.
El concepto de 'lawfare' ha sido utilizado con profusión por los partidos independentistas y por Podemos. Su presencia en el texto del acuerdo ha sido una exigencia de Junts que han terminado aceptando los socialistas. El catedrático de Derecho Procesal Jordi Nieva, que ha sido crítico con muchas decisiones judiciales relacionadas con el procés, lo considera “tal vez inoportuno, probablemente imprudente y con seguridad innecesario”.
Por mucho ruido que haya generado, esa denuncia no ha dado lugar a ninguna ley para limitar la acción de la justicia, como tampoco aparece esa intención en el acuerdo del PSOE y Junts. Más allá de la sobreactuación típica de la política española, es innegable que algunas de esas acusaciones se basan en hechos muy reales, de los que han informado este medio y otros.
El Gobierno de Mariano Rajoy utilizó a la cúpula policial para intentar promover investigaciones judiciales contra sus adversarios políticos. Montó la Operación Kitchen, por la que será juzgado un ministro de Interior y su secretario de Estado, para acabar con las pruebas que implicaban el PP en el caso Bárcenas. Promovió iniciativas policiales y judiciales para implicar a Podemos en casos de corrupción. Convirtió a la Policía en una agencia de detectives privados en favor de sus intereses.
Ese ministro, Jorge Fernández Díaz, ha llegado a solicitar que el Partido Popular también sea acusado en el juicio de Kitchen. Hay un trasfondo económico en su petición, además de una realidad. El dirigente del PP estaba intentando beneficiar a su partido en los hechos por los que se les acusaba, la investigación en la que estaba implicado Bárcenas. Ninguna asociación judicial conservadora dijo que esa intervención supusiera una quiebra del Estado de derecho.
Jueces como Manuel García Castellón y Juan José Escalonilla mantuvieron vivos casos contra Podemos a partir de pruebas endebles o inexistentes durante un tiempo exagerado. García Castellón intentó convertir el caso sobre el robo de un teléfono móvil a una asesora de Pablo Iglesias en una causa contra el propio líder de Podemos hasta que la Sección de lo Penal de la Audiencia Nacional tuvo que ponerle freno. O al menos intentarlo.
Como tal, el 'lawfare' es un concepto propagandístico en la medida de que cada partido puede utilizarlo con la argumentación que más le guste. Los independentistas lo emplean para sostener que sus dirigentes eran inocentes de cualquier delito. Si fuera así, no habría sido necesario indultarlos. La decisión política del Gobierno de Sánchez de concederles el indulto nunca sostuvo que hubieran sido condenados injustamente.
Las asociaciones judiciales y el CGPJ están convencidas de que el texto del acuerdo de legislatura incluye mucho más de lo que aparece escrito y supone una “intromisión en la independencia del poder judicial”. “Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables”, dicen.
Tienen derecho a opinar eso, pero, como jueces o vocales del CGPJ, deberían tener mucho cuidado en no inmiscuirse en asuntos políticos y no suscribir punto por punto los argumentos de la derecha. Por aquello de la apariencia de imparcialidad. Es algo que dejó de interesar hace tiempo a la APM, la principal asociación judicial, que aspira a que un cambio del sistema de elección le asegure que sus miembros controlen el CGPJ.
Los magistrados tienen derecho a defender su trabajo, pero no pueden exigir a los ciudadanos que no deben desconfiar de la justicia. No hay ningún poder del Estado que se pueda autodeclarar exento de críticas en una sociedad democrática.
Cuando están resguardados por el anonimato, algunos magistrados o fiscales dan rienda suelta a sus prejuicios políticos y califican de “puro chavismo” lo que está sucediendo estos días. Eso sólo demuestra que no conocen muy bien la situación de Venezuela, donde un importante dirigente de la oposición fue condenado a catorce años de prisión por liderar manifestaciones contra el Gobierno, y sobre la de España revelan graves carencias.
En el apartado de paradojas, conviene incluir al dirigente del PP Miguel Tellado que ha menospreciado al Tribunal Constitucional, que tendrá la última palabra sobre la ley de amnistía, al que ha calificado de “tribunal de parte” con el argumento de que “Pedro Sánchez y su Gobierno lo han invadido todo”.
Asistimos a la inauguración del 'lawfare' de derechas, por el que la institución que tiene como misión interpretar la Constitución es sólo una herramienta del Gobierno para defender sus intereses más oscuros. Evidentemente, no decían lo mismo cuando la mayoría de sus miembros eran conservadores.
Al final, ocurre lo que se esperaba cuando se confirmó que el PP no tenía ninguna obligación de cumplir la Constitución y la ley orgánica de 1985 que establece el sistema de renovación del poder judicial. Los tribunales son ilegítimos cuando no los ocupan personas de derechas. Son una herramienta más para alcanzar el poder. O la idea de que el grave conflicto político causado por el desafío independentista podía ser solucionado por los tribunales, erigidos en la última e infranqueable línea de defensa de la unidad de España.
Ese ha sido uno de los frentes de batalla en la justicia en los últimos años, aunque pocos quieran admitirlo en la derecha. Lo de esta semana es sólo un capítulo más.
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