El soldado tinerfeño Agustín Fariña asegura no poder más. Cuando parecía que veía la luz después de dos años peleando, encajaba un nuevo golpe en forma de apertura de expediente disciplinario por la presunta "falta de respeto"en la que habría incurrido grabando una conversación con un superior. Un elemento que luego presentaría como prueba en un juicio.
Una demanda de este tipo no tendría precedentes en la judicatura castrense, y sus consecuencias podrían ir desde las sanciones económicas hasta la pérdida de destino, pasando por el arresto.
Fariña, a sus 42 años, acababa de salir el mes pasado de un centro psiquiátrico al que, según él, le habría empujado el "acoso" que le habrían infligido sus superiores tras sufrir una lesión.
En 2014, a Agustín Fariña se le hundió una pierna en el barro en el transcurso de las pruebas que una vez al año se exigen a los soldados, en la carrera de los 6 kilómetros. El chasquido que notó ese día devino una torcedura que le permitió tener acceso a una baja por competencia profesional.
Fue entonces, cuando le dijeron que debía ser relegado a otro tipo de tareas, que comenzó su pesadilla.
Le acusaron de robos y de consumir drogas mediante unas pruebas en las que él alegó no haber contado con las garantías adecuadas. Asegura que la presión a la que se vio sometido le llevó al estado psicofisiológico actual, que tomaría forma de pulsiones suicidas y concluiría con su internamiento.
La lucha de este soldado canario pasa porque se reconozca una relación causa efecto entre los presuntos abusos que dijo haber sufrido y su baja, hecho que permitiría que también se le reconociera como fruto de su actividad profesional. Las grabaciones a su superior probarían este supuesto.
Este soldado español habría acabado en un psiquiátrico por los abusos de sus superiores. Leer más aquí.
Las jerarquías y la obediencia propia del ámbito militar dificulta la posibilidad de contar con testigos que intercedan por un miembro de la tropa, ya sea en calidad de acusado o denunciante, siendo este el estrato más vulnerable ante eventuales abusos.
En este contexto, las grabaciones no consentidas constituyen una parte esencial de su defensa. VICE News ha documentado ya otros casos en los que este tipo de prueba ha permitido que simples indicios se materializaran en acusaciones.
"Si la grabación le afecta a él y forma parte de la conversación, dudo mucho que prospere", explica un jurista especializado en derecho militar a VICE News bajo condición de anonimato. La misma fuente señala que ya existen sentencias del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que dan por bueno el uso de grabaciones como elemento probatorio.
Al ser preguntadas por el caso, fuentes del Ministerio de Defensa español remiten a la decisión del juez e indican que no hay una normativa militar específica sobre este tipo de supuestos, que estarían regidos por el código penal general.
En 2015, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la mayoritaria en la institución, tramitó 90 expedientes y más de 300 consultas sobre cuestiones relacionadas con la concesión, o no, de bajas. "La mayoría de consultas que tenemos en la asesoría jurídica son de situaciones médicas o expedientes psicofísicos", afirmaba a VICE News en febrero un miembro del colectivo, Marco Domínguez.
El año anterior a los datos recabados por la AUME, trascendió un informe elaborado por el Ejército de Tierra que sugería la necesidad de tomar medidas para "renovar y rejuvenecer" sus filas dificultando el acceso a contratos de larga duración. El documento señalaba un "exceso de permanencia" de los efectivos. En los últimos años, la institución ha prescindido de 10.000 militares.
Para más inri, en medio de todo este embrollo, Agustín Fariñas recibía una carta de la unidad de expedientes administrativos en la que se resolvía que su patología no le impedía ocupar determinadas plazas y pedía su reincorporación previo cambio de destino.
Fariñas anticipa que entregará los informes periciales forenses que recomiendan la baja inmediata y que continuará peleando para que se reconozca una relación causa efecto entre su baja y su actividad profesional.
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