Trapicheos del PP... o igual no.

Desde que el gobierno está en funciones la Justicia ha destapado 10 casos de corrupción que afectan a todos los estamentos del partido, desde el Ejecutivo al Congreso pasando por comunidades y ayuntamientos.

El Gobierno de Mariano Rajoy lleva en funciones cuatro meses, desde que el 20 de diciembre ningún partido haya conseguido investir un presidente. En estos 120 días de desgobierno, el Partido Popular ha sufrido su peor traca de corrupción de toda la legislatura. La Justicia, con la ayuda de la Fiscalía y de la Policía y Guardia Civil, están sacando a la luz casos cuyas implicaciones van desde el propio seno del equipo de Gobierno de Mariano Rajoy hasta diputados nacionales, regionales, alcaldes e incluso la imputación del propio partido por blanqueo de capitales además de por encubrimiento y daños informáticos.

Pocos días después de las elecciones generales, saltaba el primer escándalo de la 'era de desgobierno'. Un diputado nacional del PP, investigado. Se trata de Pedro Gómez de la Serna, a quien la Audiencia Nacional señaló por corrupción a primeros de enero tras admitir a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Junto a él, otro miembro del PP, Gustavo de Arístegui, en ese momento embajador de España en la India.

A Rajoy le estallaba esta bomba en la cara en el momento que debía iniciar las conversaciones con el resto de partidos para conseguir formar Gobierno. El PP había sido el partido que más votos había obtenido pero no suficientes para perpetuarse en el poder. Anticorrupción había actuado rápido tras recibir una denuncia contra ambos dirigentes del PP. Presentó una querella, recaída ante el juez José de la Mata, y tanto fiscal como instructor acordaron que había que actuar con celeridad dado que se habían filtrado algunas noticias sobre la denuncia y De la Serna y Arístegui podían destruir documentación.

Registros en sus domicilios y oficinas y una imputación por delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal por presuntamente cobrar comisiones a cambio de mediar para que empresas españolas consiguieran contratos en el extranjero. A pesar de las graves acusaciones, De la Serna se negó a entregar su acta de diputado. Su partido le dio la espalda, en unos momentos electoralmente complicados, pero optó por agarrarse a su aforamiento e incorporarse al Grupo Mixto. De la Serna no está imputado formalmente porque tendrá que ser el Tribunal Supremo el que lo haga, pero De la Mata le ha ofrecido que acuda de manera voluntaria a declarar. Arístegui sí dimitió tras saltar el escándalo.

Siete días después, Rajoy amanecía con otro problema. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco lanzaba un operativo para detener a altos cargos de la empresa Acuamed (Agua de las Cuencas Mediterráneas, dependiente del Ministerio de Agricultura) y apuntaba directamente a altos cargos del Ministerio de Agricultura como responsables o colaboradores en una trama para favorecer con dinero público a ciertas empresas, como FCC, Acciona o Abengoa. El magistrado, en esta ocasión, también habla de organización criminal.

En tan sólo siete días, la Justicia señalaba dos organizaciones criminales en el seno del PP. Dos días después de que estallara la operación vinculada con Acuamed, el presidente del Gobierno en funciones y presidente de su partido se encontraba con su tercera zancadilla: una juez de Madrid imputaba al partido por destruir los ordenadores de su ex tesorero, Luis Bárcenas, antes de entregárselos al juez que investigaba la 'caja B' de la formación, Pablo Ruz. El propio partido como persona jurídica tendría que ir al Juzgado a dar explicaciones por presuntos delitos de encubrimiento y daños informáticos.

Era la primera vez que el partido era imputado. Suponía un nuevo varapalo para Rajoy, quien tendría que rememorar la investigación que tanto daño hizo al partido, los conocidos como 'Papeles de Bárcenas', en la que salió a la luz cómo el partido cobraba donaciones de empresarios que el tesorero iba guardando en una caja para, entre otras cosas, sufragar campañas electorales además de ayudar a determinados dirigentes con sobres con dinero.

Ese 22 de enero era viernes. Rajoy aprovechó el fin de semana para intentar calmar los ánimos, pero al jueves siguiente saltaba su cuarto problema judicial: la “Operación Taula”. La Guardia Civil, junto a la Fiscalía Anticorrupción, y dirigidos por un juez de Valencia, detenía a 24 personas contra la corrupción del PP valenciano. Ya empezaba el 'run run' de un nombre que traería cola: Rita Barberá, senadora, ex alcaldesa de Valencia y dirigente con mucho peso dentro del partido. Esa operación ponía en jaque al PP valenciano, que finalmente quedaba disuelto por los indicios de cobro de mordidas, comisiones ilegales y blanqueo de capitales.

En tan sólo un mes, Rajoy había tenido cuatro casos de corrupción. Pero la Justicia no iba a parar. 11 de febrero, la Guardia Civil registraba la sede del PP de Madrid, entrando directamente en el mismo edificio donde el partido tiene su sede central, en la calle Génova. El juez Eloy Velasco, dentro de la 'Operación Púnica' que llevaba tiempo investigando -y por lo que está en prisión Francisco Granados, número 2 de Esperanza Aguirre durante su época de presidenta de la Comunidad de Madrid- ordenaba el registro. Otro cohecho y blanqueo de capitales para su partido. El magistrado tenía indicios de que el empresario Javier López Madrid habría pagado al PP madrileño.

Esa operación le costó el puesto a Aguirre como presidenta del PP madrileño, después de conseguir salvarse de varios casos de corrupción que implicaban a más de sus estrechos colaboradores, como es el 'caso Gürtel' o la propia Púnica, cuando saltó el octubre de 2014.

Cinco operaciones de corrupción en un mes y medio y mientras tanto Rajoy no conseguía ningún pacto para llegar a la presidencia. El partido intentaba apagar el fuego de tantos frentes de corrupción abiertos cuando llegó lo que todo el mundo esperaba: el nombre de Rita Barberá implicado el la trama de blanqueo del PP valenciano. Los investigadores detectaron un burdo mecanismo a través del cual el PP blanqueó 62.000 euros. Concejales y trabajadores de la formación ingresaban como donación a la cuenta del partido 1.000 euros y después se les entregaba la misma cantidad en dos billetes de 500 euros, que no podían ingresar en ninguna cuenta bancaria para no dejar rastro.

Barberá fue una de las personas que ingresó el dinero. Este caso llevaba a una nueva imputación del PP como persona jurídica, en este caso por blanqueo. Sin embargo, la senadora ha negado reiteradamente los hechos y se ha negado a abandonar el Senado, lo que ha provocado que tenga que ser el Tribunal Supremo quien asuma su investigación.

Financiación irregular, corrupción, blanqueo o cohecho, el PP en estos meses se había visto salpicado por todos los delitos posibles vinculados al uso fraudulento de fondos públicos y enriquecimiento personal de dirigentes autonómicos, locales y desde los propios ministerios. Hasta el PP como persona jurídica estaba salpicada.

Pero faltaba la gota que colmó el vaso: José Manuel Soria. El 11 de abril, Rajoy vio desvanecerse la estabilidad de su gobierno en funciones. Su ministro de Industria había tenido una sociedad 'off shore' en Panamá. Primero lo desmintió, después dudó y más tarde tuvo que asumirlo cuando se le encontró otra en la isla de Jersey. Era el final de Soria, y el debilitamiento de Rajoy en la fase final de las negociaciones entre partidos y en la víspera de una nueva convocatoria de elecciones generales.

Tras el escándalo de Soria, que dos días después detuvieran al alcalde de Granada, de su partido, José Torres Hurtado, por otra trama corrupta, pasó más desapercibido, aunque el edil no se salvó de tener que dimitir.

Pero todavía había más: el preboste del PP, aquel que gobernó durante ocho años España, e imagen de salvador de los males de su partido, era pillado por Hacienda. José María Aznar, multado por la Agencia Tributaria por utilizar una sociedad para pagar menos impuestos por sus ingresos, y por lo que ha tenido que pagar 270.000 euros.

Aznar señala a ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como el responsable de la filtración de sus datos fiscales, y mientras este viernes denunciaba ante la Fiscalía General del Estado que sus datos fiscales habían sido aireados a la prensa, el juez Eloy Velasco daba el último rejonazo y preparaba la imputación de un diputado madrileño.

El magistrado remitió a la Asamblea de Madrid un escrito para que informara si el ex alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, es efectivamente diputado y miembro del equipo de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. Es el primer paso para enviar su imputación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por mediar en un contrato amañado a la empresa Cofely, en el marco de la trama Púnica. Resultado final: en cuatro meses, una decena de casos de corrupción que Mariano Rajoy ha tenido que torear.