La Fiscalía pidió en noviembre imputar a Gallardón por la compra de Inassa que supuso un presunto desfalco de 70 millones

Oye que Echenique le ha puesto una pegatina del Zaragoza al carro ¡¡ Menudo sinvergüenza!!

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

Citación :: La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado mes de noviembre imputar al expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón por la compra en 2001 de la filial colombiana del Canal de Isabel II Inassa en una operación en la que supuestamente se desfalcaron 70 millones de euros y que fue "controlada" por Gallardón y "por su gente".

Así consta en una petición de los fiscales Carmen María García Cerdá y Carlos Yáñez, fechada el 28 de noviembre de 2016, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que reclaman otorgar la condición de investigados a "todos aquellos que han participado directa o indirectamente en los hechos".

Los fiscales apuntan directamente a Gallardón, pero también a los "miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que propusieron y adoptaron el acuerdo de 29 de noviembre de 2009" por el que se autorizó la compra.

Piden, asimismo, la imputación del Consejo de Administración del ente público Canal de Isabel II y de las empresas del sector público madrileño, Canal Extensia S.A. e Inassa, que intervinieron en la adquisición investigada y a las autoridades; así como de los "funcionarios públicos que por razón de sus cargos informaron o auditaron la operación sin reparo alguno".

A lo largo de su exposición, los fiscales hacen un relato pormenorizado de la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001 por 73 millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros) aprobando un endeudamiento de 51,1 millones de euros y apuntan a que el precio pagado "fue muy superior al valor de la sociedad".

Los fiscales ponen al frente de la operación a Ruiz-Gallardón y a "su gente" y exponen que tanto Ignacio González como el que era su mano derecha en el Canal, Edmundo Rodríguez, estaban al tanto de lo sucedido.

"Tanto Ignacio González como Edmundo Rodríguez tuvieron pleno conocimiento de la operación realizada y de que la misma se hizo con grave perjuicio de fondos públicos", señala la petición, que indica que "ambos, presuntamente, han participado de una organización corrupta y por ello, han dado cobertura a esta operación y se han beneficiado de la misma a través de la actividad de Inassa en Sudamérica".

Para apoyar estos hechos, en su escrito los fiscales recogen conversaciones captadas a Edmundo Rodríguez y a Ignacio González. En una de ellas Rodríguez habla del "robo de 25 millones al Canal de Isabel II en una inversión de 95 millones de dólares", datos que desde Fiscalía consideran que "encajan con los indicios de desvío de fondos en la compra de Inassa por parte de Canal Extensia".

En otra de las conversaciones captadas durante la investigación, la Fiscalía asegura que Ignacio González "acredita que el precio pagado por la adquisición de Inassa fue muy superior al valor de la sociedad"; así como el "alto grado de conocimiento que él mismo tuvo de la operación y lo fraudulento de la misma".

Se trata de una conversación entre el propio González, Eduardo Zaplana y Eduardo Belhot en la que González asegura que Ruiz Gallardón y "su gente" compraron una sociedad "que no valía ni treinta millones de dólares, por cien".

"Alberto hizo una operación de la que, no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II", expone González, que hace referencia a que la adquisición de Inassa se hizo mediante una sociedad panameña.

"No soy como esa gilipollas que me ha sustituido, yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije tenemos dos, o reventamos esto, es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo pero yo no tengo todavía un dictamen, sí de Cuatrecasas, sobre toda la operación que no te puedes imaginar", dice González en otro punto de la conversación.

A raíz de estas conversaciones, los fiscales indican que tanto González como Edmundo Rodríguez tuvieron "conocimiento total de la operación fraudulenta, que ocultaron", y señalan que se desprende que, presuntamente, Ruiz-Gallardón "tuvo el control de la adquisición fraudulenta y de algún modo estableció un pacto de silencio y operación con Ignacio González". A su juicio, estas conversaciones "señalan claramente la presunta connivencia de todos los intervinientes".

Además, sostienen que "concurren indicios suficientes como para considerar que se trató de una decisión de arriba hacia abajo", es decir que "presuntamente se gestó en el Consejo de Gobierno de la Comunidad y se cumplió escrupulosamente por los máximos responsables del Canal de Isabel II, Canal Extensia y los administradores de Inassa".

Pues nada a esperar a la fiscalía a ver. Surprised

Pues al señor exministro se le va complicando la cosa, bueno eso de complicar es un decir, ahora es cuando se empiezan a sancionar fiscales a quemarse juzgados o incluso a morirse testigos casualmente que de esto también hay.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

Citación :: La Fiscalía Anticorrupción planea pedir al juez la citación como investigado en el caso Lezo del expresidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón por el presunto desfalco en la compra en 2001 de la colombiana Inassa por el Canal de Isabel II, y lo hará una vez se termine de analizar la documentación incautada.
La Fiscalía reclamó al juez de Lezo investigar a Gallardón en noviembre de 2016 por un presunto desfalco de unos 70 millones de euros en la compra en 2001 de Inassa por parte del Canal de Isabel II, una operación que estuvo controlada por él o por "su gente".
El juez primero y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional después aceptaron la apertura de diligencias pedida por Anticorrupción para investigar esa operación, que finalmente se lleva dentro de la pieza 1 de Lezo, sobre la expansión del Canal en Latinoamérica. En concreto, la Fiscalía pidió en noviembre de 2016 al juez indagar esa compra por delictiva y en su escrito reclamaba además dirigir la investigación contra el exministro.
Ahora, Anticorrupción tiene previsto solicitar al juez Manuel García Castellón su citación como imputado, pero no lo hará hasta que no se analice la documentación incautada en los registros realizados en la operación, según han informado a Efe fuentes del ministerio público. Gracias a su petición de noviembre, los fiscales pararon la prescripción del delito, ya que la compra la acordó 15 años antes el Consejo de Gobierno presidido por Gallardón por unos 83 millones de euros cuando, según los investigadores, el valor de la empresa era mucho menor.
Las acusaciones contra Gallardón se basan en parte en una conversación pinchada en noviembre de 2016 a Ignacio González con el exministro Eduardo Zaplana y con el abogado Fernando Belhot, en la que González afirma que Inassa "no valía ni 30 millones de dólares".
"Alberto hizo una operación, que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni 30 millones de dólares, por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de 20 millones. Con un crédito del Banco Mundial, que a su vez avalaba el Canal de Isabel II", dice González en la conversación.
Para la Fiscalía, esto demuestra "la connivencia que tenía con los responsables públicos que adoptaron la decisión de la adquisición" y apunta a que esos acuerdos podrían haber reportado al propio González beneficios económicos o políticos.
En otro momento, González afirma: "No soy como esta gilipollas que me ha sustituido. Yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije tenemos dos (opciones): o reventamos esto y es un escandalazo o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes imaginar..."
De estas palabras los fiscales concluyen "el alto grado de conocimiento que el mismo (González) tuvo de la operación y lo fraudulento de la misma" y también que González ocultó el fraude "en beneficio de la organización".
Gallardón, por su parte, "tuvo el control de la adquisición fraudulenta y de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González". Dentro de esta causa han declarado hoy cuatro personas como imputadas sobre otra operación investigada, la construcción y explotación del Canal Golf adjudicadas a ACS, por las que, según las investigaciones, empresas vinculadas a Ignacio González cobraron 4 millones de euros.
Uno de ellos es el administrador de la empresa que lo construyó, que se ha negado a declarar, y la otra imputada es la mujer del administrador de la empresa vinculada a González que cobró el dinero, Tecnoconcret, quien se ha desvinculado totalmente de los negocios de su marido.

Que oye lo de Cataluña muy mal.

Por cierto Acebes al banquillo también y la CNMV se libra de ser juzgada por Bankia. Que como andamos despistadillos con lo de Cataluña lo mismo esto se nos pasa.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

Citación :: La Audiencia Nacional ha decidido que Miguel Ángel Fernández Ordoñez y el resto de la cúpula del Banco de España que llegaron a estar imputados en el caso Bankia no respondan ante ello en el banquillo de los acusados. La Sala de lo Penal ha ratificado este viernes la decisión del juez instructor, Fernando Andreu, y ha rechazado el recurso de las acusaciones para que sean juzgados Fernández Ordoñez, Fernando Restoy, así como otros antiguos responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De este modo, los responsables de la supervisión de la salida a bolsa de Bankia escapan del banquillo. Andreu dictó en mayo auto de pase a procesamiento contra 34 personas el pasado mayo y dejó a las citadas fuera. La acusación popular, ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), y el 15MpaRato recurrieron la decisión, en contra del criterio del fiscal Anticorrupción, el hoy jefe de esa Fiscalía especial, Alejandro Luzón.

De este modo, se sentarán finalmente en el banquillo Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella, Ángel Acebes, Javier López Madri o Arturo Fernández, entre otros. También se juzgará a la propia entidad por delitos de falsedad en las cuentas anuales y fraude de inversores.
En cuanto a la auditora Deloitte, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha revocado la decisión de dejarla fuera del banquillo. La auditora, sobre la que pesaba una acusación por responsabilidad civil, pasa a ser acusada penalmente y se sentará en el banquillo.
La Sala, en una de sus resoluciones, aborda el recurso de la CIC en el que pedía sentar en el banquillo a los responsables de la CNMV Julio Segura y Fernando Restoy, así como del Banco de España Pedro Comín, Pedro González, Mariano Herrera, Jerónimo Martínez Tello, Javier Aríztegui y Miguel Ángel Fernández Ordoñez.
La CIC argumentaba la omisión de valoración del expediente aportado por el Banco de España, el 2 de diciembre de 2016, por el que autorizó a que todas las cajas de ahorros fundadoras del SIP de Bankia cargaran todos sus deterioros en reservas, permitiendo que arrojaran beneficios en su último ejercicio en vez de “significativas pérdidas”, así como los correos electrónicos y las declaraciones del Inspector Casaus.
En relación con la responsabilidad del Banco de España, el Tribunal razona que el supervisor “no dio una carta blanca para cargar las pérdidas contra reservas, en términos de colaboración o acto de auxilio, la autorizaba en la medida que fuera justificada en buena forma”.
La Audiencia Nacional ha concluido que la elaboración de las cuentas es una obligación “exclusiva y excluyente” de los Administradores y la actuación del Banco de España, como órgano supervisor, nunca podría encajar en términos penales de cooperación o complicidad.
"La naturaleza de las competencias que asume el Banco de España sólo podrían encajar en una infracción penal de otra naturaleza que no es la dolosa por acción, como exige el tipo del artículo 290 del Código Penal, imprescindible para sostener el concierto delictivo, sino en la dolosa comisión por omisión, pero también con gran dificultad pues el tipo del artículo 290 Código Penal se explica caracterizando la mendacidad contable por el daño final a la economía que propició ayudas millonarias, no se halla tipificada en armonía con el artículo 11 como una infracción del deber legal de vigilancia”, dice el auto.
En el mismo sentido, el tribunal también exonera de responsabilidad penal a los dos responsables de la CNMV, porque aun considerando que las cuentas eran mendaces, según argumenta el auto, “la pretendida ausencia de diligencia por los máximos responsables de la entidad también se predica su atipicidad penal pues la ley penal no castiga la ausencia de actividad de la autoridad económica, que hubiera integrado la omisión de decisiones dando lugar a impedir la salida a Bolsa”.
Respecto a Deloitte, el instructor exoneró a la consultora de responsabilidad penal al considerar que la naturaleza particular de las sociedades profesionales, otorgaba una autonomía e independencia del socio auditor, Francisco Celma, respecto a Deloitte. La Sala no comparte el criterio del juez y acuerda extender la responsabilidad penal a la Consultora al entender que no tiene acogida esa autonomía profesional entre Celma y Deloitte.
“Socio y sociedad constituyen la misma unidad jurídica, de modo que la firma cuenta con un Control de Calidad Interno, y un Manual de Cumplimiento Normativo que comprende Políticas generales para todas las líneas de servicio, y se alega que existen Políticas de nivel 2 para la línea de auditoría” un planteamiento teórico, según añade el tribunal, que por el momento no justifica la exoneración de la responsabilidad penal.

Clara Bayarri, a favor de juzgarles
El auto contiene un voto particular de la magistrada Clara Bayarri en el que defiende que se proceda contra los responsables del Banco de España y la CNMV y considera “precipitada” la decisión de la mayoría puesto que los indicios tomados en cuenta para llamares a declarar como investigados se han confirmado y aumentado. Entre esos indicios menciona la propia declaración de Fernández Ordóñez o el tercer informe pericial de Víctor Sánchez Nogueras, que índice que la “tesis de la clara y consciente participación de los responsables” de ambos organismos tanto en el delito de falsedad contable como en el de estafa a inversores.
“Existen indicios múltiples, concurrentes y razonables de criminalidad que permiten inferir que los máximos dirigentes del Banco de España y la CNMV avalaron y propiciaron con pleno conocimiento la falsedad contable más que detectada previamente a la salida a Bolsa de Bankia, a sabiendas del grave perjuicio que con ello se iba a causar a los inversionistas, que era evidente iban a ser minoritarios, en estafa de inversores”, sostiene Bayarri.

Acebes, al banquillo
En relación con Ángel Acebes, la Sala rechaza todos los argumentos esgrimidos en su recurso y mantiene su responsabilidad penal. El tribunal indica que el auto de Andreu recoge el conocimiento previo que los encausados, entre ellos el recurrente, tenían del verdadero estado financiero de la entidad que dirigían y administraban, así como “de las múltiples y relevantes falacias contables”.
El auto concluye que Acebes fue "un miembro activo en la realización de actos necesarios para la perfección de hechos punibles de perfección sucesiva (hechos complejos) determina la responsabilidad del sujeto activo como autor por la totalidad del hecho".
El tribunal señala que las cuentas fueron "las por él formuladas y aprobadas, de no haberse formulado y aprobado, no podrían haberse presentado". Y la pretensión de exculpación- añade- porque la presentación de las cuentas formuladas por el recurrente se verificara con posterioridad por otro Consejo de Administración del que ya no formara parte "es inatendible, pues ello no determina la ausencia de tipicidad del hecho parcial, pues éste es indispensable y absolutamente necesario para la perfección del delito”.
Otro de los autos notificados hoy rechaza el recurso de Javier López Madrid y señala la intervención del apelante en cuanto a la reformulación de las cuentas anuales de 2011, donde expresamente dice que las cuentas se formularon sin borrador de auditoría, “lo cual es una circunstancia por lo menos atípica”.

Qué poquitos ministros o ex ministros le van quedando al PP sin pasar por el juzgado.

» La Fiscalía se querella contra Messi por presunto fraude fiscal de 4 millones
» La Fiscalía abre diligencias contra el Drag Sehtlas por un presunto delito contra los sentimientos religiosos
» Con sinceridad ¿Que os supone cuidar a vuestros padres , o os supuso?
» La ley Gallardón
» Este es el político del PP quien pidió matrimonio a Aída Nízar

La Fiscalía pidió en noviembre imputar a Gallardón por la compra de Inassa que supuso un presunto desfalco de 70 millones

Clara Bayarri, a favor de juzgarles

Acebes, al banquillo