No hacer del fracaso un fracaso mayor

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Ocurra lo que ocurra el domingo, la historia del 1-O ha sido un fracaso absoluto. No sólo por las fracturas que produce (catalanes frente al resto de España, catalanes frente a catalanes) sino porque los mecanismos políticos, jurídicos y policiales puestos en marcha por las partes en conflicto han sido lamentables. Ello debería eliminar, para protagonizar el futuro inmediato, a las cabezas activas y reactivas de este fracaso: no sólo Puigdemont y Junqueras, sino también y sobre todo Mariano Rajoy, que dejó pudrirse ad infinitum la situación a fuerza de no hacer nada, bajo esa tesis suya tan familiar de que el paso del tiempo lo arregla todo. Los tres --y otros muchos más-- son un peligro para el resto.

Hoy no corresponde, nuevamente, señalar las responsabilidades de cada uno, sino advertir de que ese fracaso puede extenderse en el tiempo y con perfiles más acentuados. Existe el riesgo de que el conflicto abierto en Cataluña acabe en una salida regresiva para todos los ciudadanos. El proceso de cambio social y político iniciado o demandado desde 2011 por millones de jóvenes, la transformación del modelo territorial que ejemplifica ese 82% de catalanes que desean ejercer su derecho a decidir, la reversión de tantos sacrificios en la protección social hechos en la última década por las políticas de austeridad, se encuentran en una encrucijada que no puede ser dirigida por un partido como el PP, que se ha conducido tan irresponsablemente como se ha visto en los últimos tiempos y que ha tapado con paladas de tierra su corrupción estructural.

Es urgente que el principal partido de la oposición, el PSOE, ayudado por los demás actores de la escena política, lidere una salida progresista a los conflictos visibles y a los enterrados por una agenda intencionadamente desviada. Una salida, por cierto, que sea comprendida y defendida tanto en Cataluña como en el resto de España. Cualquier solución al enfrentamiento entre las instituciones catalanas y españolas, que sin duda persistirá después del domingo, debe hacerse desde el respeto escrupuloso a los derechos civiles de los ciudadanos, seña de identidad fuerte de los países más avanzados. Entre los efectos colaterales de lo sucedido las últimas semanas no es el menor el intento de instrumentalización de la justicia y otras instituciones. La oposición debe disputarle al partido gobernante, sus aliados y los nacionalistas la idea misma de España, de la democracia y del Estado de Derecho.

Para ello es imprescindible que todos los dirigentes políticos hagan públicas sus propuestas, que sepamos qué ofrecen a partir del lunes para salir de la crisis territorial, social y política. Si son banderas, sangre, sudor y lágrimas, que lo digan claramente para que los ciudadanos decidan si ese es el camino por el que apuestan. Se ha echado en falta una presencia pública más activa del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que no puede delegar más en otros dirigentes del PSC o de su partido las explicaciones oportunas. En una crisis de estas características es su deber quemarse en el sentido amplio del término. Liderar significa convencer, aunque ello no le aporte réditos electorales sino, quizá, todo lo contrario. Dada la exasperación causada por los Rajoy, Puigdemont, Junqueras…, y el espectáculo de retórica aportado por un Albert Rivera deseoso de quedarse con los votos del oponente a costa de lo que fuera, en un ejercicio permanente de oportunismo, es a Sánchez a quien primero corresponde tomar la iniciativa política respecto a una eventual propuesta de reforma constitucional. No solo una comisión parlamentaria para definirla, sino las ideas que lleva el PSOE a tal comisión. Y a continuación invitar a Pablo Iglesias, Ada Colau y el resto de representantes de la nueva política a que abran de una vez un espacio de colaboración permanente con los socialistas para crear una mayoría alternativa, política, social e intergeneracional, no sólo en el Parlamento, sino en los programas que han de disputar la hegemonía electoral a la derecha.

La Constitución ha de ser reformada cuanto antes. Quizá esa reforma no deba afectar sólo al modelo territorial y a otros aspectos no tan sustantivos (la sucesión del Rey, el nombre de las comunidades autónomas...), sino abordar algo de lo que se habló mucho en las dos últimas elecciones generales: que los derechos económicos --la ciudadanía social-- que en ella aparecen no sean derechos meramente desiderativos (el derecho a una vivienda digna...) sino que tengan cierto carácter normativo. Pero, para ello, quien lo proponga habrá de tener en cuenta dos cauciones: la correlación de fuerzas (no sea que la Constitución que salga sea más regresiva que la de 1978 en alguno de esos aspectos), y que debe ser aprobada por un arco político tan amplio como el que existió con la norma vigente. Ya no son aceptables reformas acordadas por los dos principales partidos y promulgadas con agostidad y nocturnidad, como la del artículo 135.

La única manera de encontrar una solución duradera a esta crisis sistémica es ampliar y profundizar el ejercicio de la democracia. Reformas y cambios, pero hacia adelante. La oposición tiene que estar avizor para evitar salidas regresivas, centralizadoras, redistributivas a la inversa, a las que tan acostumbrada está históricamente la derecha de este país, a veces con la complicidad de quienes deben ser sus oponentes. España (Cataluña y el resto del territorio) necesita un impulso progresista. Una Europa muy deteriorada precisa ese aporte progresista de nuestro país. Al unísono.




P.D: De lo mejor que he leído sobre la cuestión catalana o, al menos, con lo que más coincido.

No está en desacuerdo el llobu, pero una nueva constitución no debe ser pactada y redactada por partidos, sino votada, casi artículo por artículo por todos los ciudadanos. Porque no es prerrogativa de los partidos redactar lo que les convenga y que los ciudadanos puedan decir sólo sí o no al paquete completo, sino que todos los ciudadanos tienen que ser partícipes de aceptar unos artículo sí y otros no, por mayoría.

Y el resultado sí será una auténtica Constitución democrática.

Salud y República.

el.loco.lucas escribió:

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Ocurra lo que ocurra el domingo, la historia del 1-O ha sido un fracaso absoluto. No sólo por las fracturas que produce (catalanes frente al resto de España, catalanes frente a catalanes) sino porque los mecanismos políticos, jurídicos y policiales puestos en marcha por las partes en conflicto han sido lamentables. Ello debería eliminar, para protagonizar el futuro inmediato, a las cabezas activas y reactivas de este fracaso: no sólo Puigdemont y Junqueras, sino también y sobre todo Mariano Rajoy, que dejó pudrirse ad infinitum la situación a fuerza de no hacer nada, bajo esa tesis suya tan familiar de que el paso del tiempo lo arregla todo. Los tres --y otros muchos más-- son un peligro para el resto.

Hoy no corresponde, nuevamente, señalar las responsabilidades de cada uno, sino advertir de que ese fracaso puede extenderse en el tiempo y con perfiles más acentuados. Existe el riesgo de que el conflicto abierto en Cataluña acabe en una salida regresiva para todos los ciudadanos. El proceso de cambio social y político iniciado o demandado desde 2011 por millones de jóvenes, la transformación del modelo territorial que ejemplifica ese 82% de catalanes que desean ejercer su derecho a decidir, la reversión de tantos sacrificios en la protección social hechos en la última década por las políticas de austeridad, se encuentran en una encrucijada que no puede ser dirigida por un partido como el PP, que se ha conducido tan irresponsablemente como se ha visto en los últimos tiempos y que ha tapado con paladas de tierra su corrupción estructural.

Es urgente que el principal partido de la oposición, el PSOE, ayudado por los demás actores de la escena política, lidere una salida progresista a los conflictos visibles y a los enterrados por una agenda intencionadamente desviada. Una salida, por cierto, que sea comprendida y defendida tanto en Cataluña como en el resto de España. Cualquier solución al enfrentamiento entre las instituciones catalanas y españolas, que sin duda persistirá después del domingo, debe hacerse desde el respeto escrupuloso a los derechos civiles de los ciudadanos, seña de identidad fuerte de los países más avanzados. Entre los efectos colaterales de lo sucedido las últimas semanas no es el menor el intento de instrumentalización de la justicia y otras instituciones. La oposición debe disputarle al partido gobernante, sus aliados y los nacionalistas la idea misma de España, de la democracia y del Estado de Derecho.

Para ello es imprescindible que todos los dirigentes políticos hagan públicas sus propuestas, que sepamos qué ofrecen a partir del lunes para salir de la crisis territorial, social y política. Si son banderas, sangre, sudor y lágrimas, que lo digan claramente para que los ciudadanos decidan si ese es el camino por el que apuestan. Se ha echado en falta una presencia pública más activa del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que no puede delegar más en otros dirigentes del PSC o de su partido las explicaciones oportunas. En una crisis de estas características es su deber quemarse en el sentido amplio del término. Liderar significa convencer, aunque ello no le aporte réditos electorales sino, quizá, todo lo contrario. Dada la exasperación causada por los Rajoy, Puigdemont, Junqueras…, y el espectáculo de retórica aportado por un Albert Rivera deseoso de quedarse con los votos del oponente a costa de lo que fuera, en un ejercicio permanente de oportunismo, es a Sánchez a quien primero corresponde tomar la iniciativa política respecto a una eventual propuesta de reforma constitucional. No solo una comisión parlamentaria para definirla, sino las ideas que lleva el PSOE a tal comisión. Y a continuación invitar a Pablo Iglesias, Ada Colau y el resto de representantes de la nueva política a que abran de una vez un espacio de colaboración permanente con los socialistas para crear una mayoría alternativa, política, social e intergeneracional, no sólo en el Parlamento, sino en los programas que han de disputar la hegemonía electoral a la derecha.

La Constitución ha de ser reformada cuanto antes. Quizá esa reforma no deba afectar sólo al modelo territorial y a otros aspectos no tan sustantivos (la sucesión del Rey, el nombre de las comunidades autónomas...), sino abordar algo de lo que se habló mucho en las dos últimas elecciones generales: que los derechos económicos --la ciudadanía social-- que en ella aparecen no sean derechos meramente desiderativos (el derecho a una vivienda digna...) sino que tengan cierto carácter normativo. Pero, para ello, quien lo proponga habrá de tener en cuenta dos cauciones: la correlación de fuerzas (no sea que la Constitución que salga sea más regresiva que la de 1978 en alguno de esos aspectos), y que debe ser aprobada por un arco político tan amplio como el que existió con la norma vigente. Ya no son aceptables reformas acordadas por los dos principales partidos y promulgadas con agostidad y nocturnidad, como la del artículo 135.

La única manera de encontrar una solución duradera a esta crisis sistémica es ampliar y profundizar el ejercicio de la democracia. Reformas y cambios, pero hacia adelante. La oposición tiene que estar avizor para evitar salidas regresivas, centralizadoras, redistributivas a la inversa, a las que tan acostumbrada está históricamente la derecha de este país, a veces con la complicidad de quienes deben ser sus oponentes. España (Cataluña y el resto del territorio) necesita un impulso progresista. Una Europa muy deteriorada precisa ese aporte progresista de nuestro país. Al unísono.




P.D: De lo mejor que he leído sobre la cuestión catalana o, al menos, con lo que más coincido.

Yo también es con lo que más coincido en término de síntesis política (en efecto es lo que te vengo diciendo en todos los hilos ) salvo que, me parece, le faltan datos informativos -mayor anclaje en la realidad-, Mara compartió un artículo donde se mostraba nuevamente la tibieza de Pedro Sánchez, porque el que está impulsando esto es Pablo Iglesias [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] ).