Condenados a un año y medio a los okupas del pueblo abandonado de Fraguas

Cualquiera que trate de llegar a Fraguas guiado por una ruta de Google Maps acabará por perderse. No hay carretera, ni la señalización es adecuada. Esta diminuta aldea, enclavada en plena Sierra Norte de Guadalajara, entre los pueblos de Monasterio y Arbancón, resiste aislada del ruido, la contaminación y la masificación.

Rodeada de manantiales, de frescos pinares y de naturaleza en estado puro, se trata de un lugar donde el estrés y el incivismo resultan inconcebibles. Aquí, las piedras y la vegetación salvaje eran hasta hace cuatro años los únicos testigos. En cambio, desde 2013, un grupo de okupas se ha empeñado en reescribir la historia de este pueblo, hasta entonces completamente abandonado.

Fue ese año cuando varios miembros de la Asociación de Repobladores Rurales de la Sierra Norte decidieron abandonar la ciudad, el mundanal ruido del tráfico y los agobios urbanos, para instalarse en un enclave que oficialmente no tiene la categoría de municipio. Fraguas es un rincón guadalajareño enclavado en el Parque Natural de la Sierra Norte, un pulmón natural de 125.000 hectáreas cuyas normas prohíben expresamente la urbanización sin permiso. Fraguas era hace cuatro años un pueblo fantasma. Hoy es un caserío en vías de reconstrucción.

Pero el asunto ha levantado ampollas porque la Junta de Castilla-La Mancha considera que las intervenciones realizadas no se ajustan a la ley. Que para solucionar la despoblación no basta con agarrar el petate y marcharse a vivir a un pueblo. Que hay que hacerlo con arreglo a las normas. De ahí que el Gobierno regional haya formalizado una denuncia que ha derivado en que la Fiscalía reclama 26 años de cárcel en total para seis okupas de Fraguas.

Más allá de la pugna judicial, el caso de este pueblecito ha reabierto el debate sobre el reto que plantea la despoblación en provincias como Guadalajara, que acumula decenas de despoblados y en la que más del 80% de sus municipios no supera el millar de habitantes. La paradoja que plantea Fraguas es que sus habitantes tuvieron que abandonar su pueblo para marcharse a la ciudad porque no encontraban expectativas de vida y porque la Administración les expulsó para plantar pinos; y ahora, sus nuevos moradores, llegan expulsados por la falta de oportunidades en la ciudad.

De Madrid al pueblo

El caso es que Jaime, Isabel, Lalo, Juan, Josune y otros compañeros del movimiento okupa se muestran orgullosos de haber devuelto la vida a Fraguas, y de contar con el apoyo de parte de sus antiguos vecinos en esta tarea. Su historia ha generado una expectación mediática y social inusitada. Todos ellos son jóvenes, universitarios y, en su mayoría, madrileños. Un día decidieron huir de Madrid para convertir Fraguas en el escenario de sus vidas para volcarse en la “agroecología y la autogestión colectiva”. Jaime Merino, sociólogo de 24 años y miembro de este proyecto de repoblación rural, cuenta que “al no poder desarrollarnos con dignidad en la ciudad, buscamos un sitio en el campo donde ser autónomos. Fraguas cumple nuestras expectativas. Estamos reconstruyendo el pueblo y creando un proyecto de vida sostenible y autosuficiente”.

La actividad cotidiana en la aldea es incansable. Cada semana, los “compañeros” -como les gusta llamarse- se reúnen en asamblea para distribuir las tareas. Trabajan colectivamente. Primero reconstruyeron las casas respetando el estilo y los materiales de la arquitectura tradicional. Ahora cultivan un huerto y fabrican mermelada y cerveza artesana. No disponen de suministro eléctrico, pero sí de una placa solar que ellos mismos han creado, además de un manantial que les abastece de agua. Y no permiten roles de género: todos hacen de todo. Atienden el hogar, cocinan, construyen, cultivan… “Cuando vienes al campo, no puedes seguir viviendo como en la ciudad. Defendemos un modelo de autogobierno, autogestión y autosuficiencia alimentaria que allí es muy difícil de cumplir”, afirma Lalo, madrileño de 32 años, que había trabajado anteriormente en una cooperativa de huerta ecológica en Toledo.

En la placita que da acceso a la vivienda donde se reúne el grupo se puede leer en una pizarra algunas de las normas de convivencia: “Gracias por venir y apoyar el proyecto. Cuida el entorno, limpia tu mierda, no tires las colillas al suelo; no se toleran actitudes sexistas, agresivas ni discriminatorias”. Una forma de regular la convivencia que, tal como admiten los propios okupas, fue muy difícil al principio.

Los progresos en la rehabilitación del poblado en estos cuatro años son evidentes. A pesar de los recursos limitados con los que cuenta los okupas, las obras han sido financiadas, en gran medida, con fondos propios. Han logrado levantar la casa principal, que es el centro de operaciones donde se encuentran la cocina, las mesas de trabajo y una biblioteca; el cementerio; una fuente de agua potable y una piscina para contralar los incendios. Las calles están limpias de maleza y el paisaje que se dibuja en el horizonte se asemeja al de cualquier pequeño pueblo de Guadalajara.

Desde que este grupo de okupas comenzara a actuar en Fraguas con el fin de “recuperar la memoria de esta población”, comenta Jaime Merino, “la empatía y el apoyo recibidos han sido una constante”. Especialmente, entre los antiguos pobladores de Fraguas, que empatizaron desde el principio con los planes de estos ‘nuevos pobladores’.

“Ha sido un proyecto muy constructivo. Empezamos a crear un vínculo con Guadalajara y con Isidro, Rafa y Vicente, antiguos vecinos de Fraguas, que siempre nos han apoyado. A Isidro se le abrió el cielo cuando nos vio por aquí. Estaba emocionado de poder volver a pasear por las calles de su pueblo. Este lazo es algo que nos legitimaba para quedarnos aquí", explica Jaime. Esta sintonía entre ‘viejos’ y ‘nuevos’ habitantes quedó plasmada en un libro que Isidro regaló en agradecimiento al grupo. En respuesta a esta cálida acogida, los jóvenes quieren colgar una placa en memoria de quienes habitaron la aldea en el pasado. No hay, por tanto, ruptura con el cordón umbilical de un pasado sin cuya memoria resulta imposible entender la situación de Fraguas y tantos otros despoblados de Castilla.

Expropiación y abandono

El devenir de Fraguas ilustra la decadencia del medio rural en la provincia de Guadalajara –igual que el del resto de la España interior- durante el último medio siglo. El éxodo rural a las ciudades afectó a la mayoría de pequeños pueblos de nuestro país, dando lugar a lo que el escritor Sergio del Molino ha definido certeramente “La España vacía”. Esto es, la España del silencio. La España sin habitantes. La España que se extingue.

El caso de Fraguas es especialmente sangrante. Este pueblo no se quedó vacío porque sus habitantes se marcharan a Madrid o Barcelona. Se quedó vacío por decreto. Porque así lo dispuso el régimen franquista, cuyas autoridades ejecutaron su expropiación en 1968. La razón esgrimida entonces por el Gobierno de la época consistía en transformar el municipio en monte de utilidad pública. Eso sí, a cambio de una propina de 3.000.000 de las antiguas pesetas para sus lugareños.

Lo que ocurrió, en realidad, fue una aniquilación del hábitat rural que tenía como objetivo la reforestación y la construcción de vastas infraestructuras hidráulicas como ocurrió, por ejemplo, en la población de El Vado, situado también en la Sierra de Guadalajara, cuyo caserío yace bajo el pantano que lleva su mismo nombre.

Ahí comenzó el abandono de Fraguas. Y ello hasta el punto de que los muros de sus casas acabaran devorados por la maleza. Otros edificios, directamente, fueron víctimas del expolio. Por ejemplo, la campana de la iglesia, que habían comprado los vecinos, se la llevó el Obispado a Cogolludo. Un relato de duelo e impotencia ante el tsunami del desarrollo, que arrasó poco a poco la identidad rural. Hasta que llegaron los okupas.

Conflicto con la Administración

“No le puedes decir a nadie que esto no es un pueblo. Lo es desde el siglo XV salvo en el paréntesis en que ha estado abandonado. Hemos vuelto a recuperar el pueblo”, afirma Jaime Merino, que es uno de los okupas denunciados por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

El principal inconveniente al que se enfrenta este “grupo de desobediencia civil” -tal como se autodefinen- para proseguir con su asentamiento es su ubicación geográfica. Fraguas, que dejó de ser municipio en los años 60, para convertirse en monte de utilidad pública, está incluido dentro de la superficie del Parque Natural de la Sierra Norte, creado en 2011. Esta circunstancia hace que Fraguas no se pueda volver a habitar y que sus vecinos no tengan derecho ni a servicios ni a empadronamiento. “Fuimos a la Consejería de Agricultura a presentar el anteproyecto por escrito y la respuesta fue negativa”, explica Isabel Turina, una de las okupas.

Desde ese momento, los controles de los agentes medioambientales no han parado de sucederse. Visitas, identificaciones, informes. “Hay un control absoluto sobre este monte y no les interesa que nosotros nos asentemos aquí”, enfatiza Turina. El pretexto del entorno protegido, argumentado por la Administración, no es compartido por los okupas: “Nos echan en cara el tema del medio ambiente cuando uno de los pilares de nuestro proyecto es el ecologismo y la gestión sostenible del campo. Aquí hay una reforestación de pino muy mal realizada”. En definitiva, no entienden que no sea un problema que las máquinas entren en el monte para talar la vegetación y, en cambio, resulte conflictivo que se rehabilite el caserío del pueblo. “Es un poco contradictorio que nosotros no podamos estar aquí y sí que se autoriza el uso de explosivos en el parque natural”, se queja Lalo, otro de los okupas que figuran en la denuncia de la Administración autonómica.

La situación judicial actual es, ciertamente, delicada para los okupas. La Fiscalía pide para ellos una pena de 26 años de prisión, dos para cada uno de los seis miembros del movimiento reivindicativo, tras ser denunciados por delitos de usurpación del monte, contra la ordenación del territorio y por daños al medio ambiente. Además, si la causa prospera, deberán hacer frente a una sanción de 26.000 euros en concepto de responsabilidad civil para demoler todas las construcciones del poblado y gestionar los residuos generados este tiempo.

Los jóvenes han recibido hace unos días los escritos de acusación y están a la espera de que se les comunique la fecha del juicio oral. “Estamos tranquilos. Contamos cada vez con más apoyos y resistiremos”, asevera Merino.

Lo cierto es que el respaldo al proyecto ha sido desbordante. Para canalizarlo mejor, los okupas decidieron abrir una cuenta bancaria para recaudar fondos y una página en Change.org en la que más de 60.000 voluntarios reclaman a la Junta que retire la denuncia. Las visitas de apoyo de particulares, colectivos de diferente e incluso de políticos son diarias. El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, mantuvo un encuentro con estos okupas recientemente y se interesó por las acciones de rehabilitación que el grupo ha realizado en estos cuatro años de repoblación.

Alberto Rojo, delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en Guadalajara, se muestra abierto a encontrar una solución. “Cuando conocí el asentamiento de Fraguas, empaticé con ello porque iniciativas como ésta en una provincia tan despoblada como Guadalajara son necesarias y debemos apoyarlas”. Sin embargo, según explica a eldiarioclm.es, el problema de Fraguas es que forma parte del Parque Natural de la Sierra Norte.

“Es una zona con riesgo alto de incendios y donde los habitantes no tienen acceso a servicios. No es apta, ni legal para ser habitada. Podríamos colaborar con estas personas para que iniciaran la repoblación en otros municipio de la sierra o de la comarca de Molina que lo necesite”, añade Rojo. Los okupas rechazan esta invitación, que califican de “hipócrita”, piden no confundir “legalidad con legitimidad” y exigen tanto la retirada de la denuncia como que se pongan todas las facilidades posibles para que Fraguas recupere la normalidad que tuvo antaño.

Ayudas al medio rural

El caso de la repoblación de Fraguas no es aislado. En España ha habido otras iniciativas similares, algunas de las cuales han fracasado y otras, por el contrario, se encuentran en una fase avanzada. Juan, de 31 años y natural de Huesca, es otro de los okupas que ha decidido cambiar la ciudad por Fraguas. Cuenta que, anteriormente, había participado en el proyecto de recuperación del municipio despoblado de Sieso de Jaca, en Huesca. También en esta provincia aragonesa se desarrolló otra acción de asentamiento rural en La Selva. Sus pobladores, que se enfrentan a un juicio por ello en mayo, se han movilizado para conseguir todo el respaldo posible para su causa. En Guadalajara el ejemplo más similar se localiza en La Vereda, dado que Umbralejo –municipio de la Arquitectura Negra también despoblado- fue adquirido por el extinto Icona (Instituto de Conservación de la Naturaleza) para después reconstruirlo mediante su uso como campamento del Ministerio de Educación.

El episodio de Fraguas ha puesto encima de la mesa la necesidad de combatir la despoblación. El Gobierno regional rechaza cualquier asentamiento ilegal, pero ha aprobado en recientes fechas un decreto que supone el la creación de una Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha. Se trata de un programa específicamente orientado a comarcas despobladas y del que se beneficiarán más de 600 municipios, un 17% de la población regional.

El presupuesto previsto de 490 millones de euros, que proviene del Fondo Social Europeo, el Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, se podrá destinar a proyectos tanto de carácter público como privado y sólo se podrán usar en dichas zonas afectadas. La inversión media por habitante se ha calculado en unos 1.500 euros por habitante. "El doble de lo que se destina al conjunto de la región de fondos estructurales", puntualizó José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de Castilla-La Mancha.

Las comarcas para las que está destinada la ITI tienen localidades con ratios de población muy inferiores de los fijados por la Unión Europea como “zonas escasamente pobladas”, es decir, inferiores a 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Se trata de toda la provincia de Guadalajara, a excepción del Corredor del Henares; la provincia de Cuenca en su totalidad; las sierras de Alcaraz y Segura, en Albacete; la Sierra de Almadén y los Campos de Montiel, en Ciudad Real; y la comarca toledana de Talavera de la Reina.

El Gobierno de Castilla-La Mancha admite que la despoblación es uno de los mayores lastres que arrastra este territorio, pero confía en que las inversiones que facilitará el proyecto de la ITI regional eviten que en el futuro sigan proliferando despoblados como el de Fraguas. Pero eso atañe al largo plazo. En el corto, los okupas de este enclave esperan que les sigan dejando alimentar su anhelo de reconstrucción. Pero si no hay acuerdo entre este colectivo y la Administración, el futuro de Fraguas terminará dirimiéndose en los tribunales.