CGPJ: mil dias de bloqueo

Mil días de bloqueo en el Poder Judicial por decisión del PP



El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple mil días en funciones este martes 31 de agosto. La situación de interinidad del órgano de gobierno de los jueces se remonta a diciembre de 2018, cuando expiró el mandato de cinco años que consagra la Constitución. El bloqueo se ha mantenido desde entonces por la repetición electoral de 2019 y la falta de acuerdo político para la renovación de sus veinte vocales, que tiene que ser acordada por una mayoría reforzada de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. 

El Partido Popular, que salió de la Moncloa en junio de 2018 tras la moción de censura de Pedro Sánchez, se ha resistido durante todo este tiempo a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado, la que decide qué jueces ascienden a los más altos puestos de la judicatura. El actual órgano de gobierno de los jueces cuenta con once vocales elegidos a propuesta del PP, siete del PSOE, una de IU y otro del PNV. Al frente está Carlos Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar. Su composición de mayoría conservadora —elegida cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta— nada tiene que ver con la realidad parlamentaria dibujada ahora por las urnas. De hecho, se han celebrado cuatro elecciones generales desde que se eligió. 
Pero en los últimos meses, los conservadores han desplegado toda una batería de condiciones cambiantes para pactar la renovación que van desde vetar la presencia de Unidas Podemos en las negociaciones a tipificar de nuevo el delito de referéndum o reformar la euroorden. También han puesto como excusa el sí de EH Bildu a los Presupuestos de 2021 o la posición del socio minoritario del Gobierno en contra de la monarquía. De forma más reciente han reclamado un cambio en el sistema de elección de los vocales para que los doce de extracción judicial sean seleccionados directamente por sus compañeros —como sucedía hasta 1985—, una reforma que el PP no promovió durante sus dos mayorías absolutas. En la actualidad los jueces hacen una criba de nombres, y luego los partidos eligen, siempre que alcancen esa mayoría en el Congreso. 
El pasado febrero saltó por los aires la negociación que más cerca ha estado de prosperar desde que en 2018 un mensaje de su entonces portavoz en el Senado, Juan Ignacio Cosidó, jactándose de controlar “por detrás” (con el nombramiento de Manuel Marchena) la sala más delicada del Tribunal Supremo frustrara la renovación. Marchena acabó renunciando y la negociación volvió a la casilla de salida.
En esta última ocasión, las conversaciones se rompieron ante la negativa del partido de Casado a aceptar las propuestas de Unidas Podemos para el CGPJ: Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la violencia machista, y el magistrado Ricardo de Prada, quien ya fuera propuesto por el PSOE y a quien se le atribuyen los pasajes de la sentencia del caso Gürtel que dieron por acreditada la caja B del PP y que provocaron la moción de censura contra Mariano Rajoy. 
Desde la restauración de la democracia, los tres bloqueos del PP en la renovación del CGPJ —entre 1995 y 1996, entre 2006 y 2008 y el actual— han servido para que la derecha decidiera la mayoría de los nombramientos de jueces en el Supremo. Gracias a ese lento proceso en el que participaron en su día José María Aznar y Mariano Rajoy, y que hasta ahora ha protagonizado el propio Casado, se ha dado la situación de que la Sala de lo Penal —la que examina en última instancia la mayoría de las causas penales que se juzgan en España y por la que pasan los casos de corrupción— pasara de estar formada en 1995 por siete jueces progresistas y seis conservadores a que en 2021 sean doce conservadores frente a cuatro progresistas.
Entre los vocales consultados por elDiario.es están quienes hablan de “resignación” ante la falta de señales de un posible acuerdo y los que se dicen “expectantes” ante la posibilidad de que los grupos políticos lleguen a un acuerdo en cualquier momento. Eso sí, lo que todos parecen tener claro es que si hay relevo llegará tras un pacto “discreto” y en el que no se airee ningún nombre en la plaza pública. El anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha deslizado varias veces que el acuerdo con el negociador de Casado —el consejero de Justicia de Madrid, Enrique López— estaba hecho a falta de que el líder del PP quisiera comunicar el acuerdo.
Entretanto, se espera que el presidente Lesmes haga un nuevo llamamiento público a la renovación en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial, el próximo 6 de septiembre. Ya lo hizo el año pasado, cuando también defendió que el CGPJ siguiera haciendo nombramientos con el mandato caducado.

74 nombramientos en funciones  

Precisamente durante los más de dos años y medio de mandato prorrogado, el CGPJ ha trazado buena parte de la composición de los principales tribunales para los próximos años. Ha acordado en funciones 74 nombramientos en la cúpula judicial, 21 de ellos en el Tribunal Supremo, donde se consideran especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años.
Esta cuestión ha sido uno de los puntos de enfrentamiento con el Ejecutivo, donde siempre han considerado que el CGPJ caducado debería haberse limitado a decidir sobre cuestiones de gestión. La tensión con los partidos que sustentan el Gobierno de coalición se incrementó a raíz de la urgencia con la que ambos tramitaron su iniciativa para limitar las competencias del órgano de gobierno de los jueces con el mandato prorrogado y evitar que pudiera seguir haciendo nombramientos clave. El CGPJ, con el respaldo de 16 de sus 21 miembros, acusó a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés y ambos partidos —a través de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría— contestaron pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar. Esta reforma quedó finalmente aprobada el pasado marzo. 
Previamente, PSOE y Unidos Podemos habían registrado otra proposición con la que pretendían rebajar la mayoría requerida para renovar el CGPJ y así forzar su renovación sin el concurso del PP. Pero ese texto fue cuestionado por la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la oposición y tres de las cuatro asociaciones judiciales y fue retirado por el Gobierno poco más de una semana después. Esa proposición tampoco gustaba a la mayoría de vocales del CGPJ aunque, por una cuestión de plazos, se acabó debatiendo una vez aparcado. En todo caso, el órgano advirtió de que cualquier reforma debía ser "conforme con la Constitución y el derecho de la UE". 
Podemos se ha mostrado recientemente partidario de retomar esa iniciativa ante el mantenimiento del bloqueo. “La vía orgánica del Poder Judicial se hizo en un momento en el que el bipartidismo imperaba en este país y en aquella época no se pensaba un contexto político como el actual. Sería lógico y adecuado modificar esas mayorías para adaptarlas a la realidad actual y a la realidad del Congreso y así poder desencallar la situación", aseguró la semana pasada a Europa Press su coportavoz, Pablo Fernández.

Los otros choques con el Gobierno

Los relativos a los nombramientos o el sistema de elección no han sido los únicos encontronazos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. En enero de 2020, solo dos días después de tomar posesión, el CGPJ lanzó el primer aviso al entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por sus críticas a los jueces. El órgano le pidió que evitara "la utilización política" de la Justicia tras calificar en una entrevista de "humillación" que "muchos" tribunales europeos hubieran "quitado la razón" a jueces españoles en resoluciones relacionadas con el procés. Entonces, la Moncloa reaccionó al toque de atención de la cúpula judicial cerrando filas con Iglesias y enmarcó las palabras del vicepresidente en la “libertad de expresión”. 
Tres meses después, en abril de 2020 y en pleno confinamiento, el órgano de gobierno de los jueces reprobó de nuevo a Iglesias después de que éste asegurara en un tuit que le invadía "una enorme sensación de injusticia" tras la condena por un delito de atentado y lesiones leves en una protesta contra un desahucio a la portavoz de Podemos Isabel Serra. El CGPJ acusó a Iglesias de generar "una sospecha inaceptable" sobre la independencia de los jueces. 
Previamente, en enero, había tenido lugar otro momento de tensión entre ambas instituciones a raíz de la elección de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado. A propuesta del presidente Lesmes, el CGPJ evitó pronunciarse sobre la idoneidad de Delgado para el cargo —tal y como se había hecho en las cuatro ocasiones anteriores— y se limitó a aceptar que reunía los requisitos “exigidos por la legislación". Siete vocales del ala conservadora firmaron un voto particular en el que expresaban que no era idónea porque su "apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo” no contribuía “a la percepción de la independencia de la Fiscalía”. 
La maltrecha relación del Gobierno con la cúpula del Poder Judicial tuvo otro episodio con la entrega de despachos a la última promoción de jueces, el pasado 25 de septiembre. La Moncloa vetó la asistencia de Felipe VI a ese acto, celebrado en Barcelona, tras saber que iba a coincidir con la sentencia sobre la inhabilitación de Quim Torra. En el Ejecutivo, aunque no lo comunicaron a la opinión pública, entendieron que había que blindar al monarca ante posibles incidentes e intentaron aplazarlo y alejarlo lo más posible de la tensión política que podría provocar el fallo, a lo que Lesmes se negó. De hecho, llegó incluso a desvelar una llamada de cortesía de Felipe VI, un movimiento que en la Moncloa se interpretó como una utilización de la Corona como ariete contra el Ejecutivo.


https://www.eldiario.es/politica/mil-dias-bloqueo-judicial-decision-pp_1_8246750.html

El pasado 10 de agosto Tomás de la Quadra publicó en El País un artículo con el título “El blanqueo de la conducta inconstitucional del PP”, en el que calificaba el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte del PP como una "especie de golpe de Estado": "No se puede decir que son los partidos políticos los que bloquean la renovación de los miembros del CGPJ cuando es uno, el que lidera Pablo Casado, el que lo hace".


Se trata de una suerte de golpe de Estado reiterado y persistente, ya que el PP ha bloqueado dicha renovación en las dos únicas ocasiones en que ha dejado de ocupar la presidencia del Gobierno. Lo hizo tras perder las elecciones de 2004 y lo ha hecho, lo está haciendo, tras haber sido desalojado Mariano Rajoy de la Moncloa en 2018 por el triunfo de la moción de censura presentada por Pedro Sánchez y perder en 2019 las dos elecciones generales celebradas en ese año.


 
El PP participa en la renovación de los órganos constitucionales, para los que se exige la mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso de los Diputados y el Senado, cuando ocupa la presidencia del Gobierno y se niega a participar en dicha renovación cuando deja de ocuparla y pasa a la oposición.


En este momento, no solamente está bloqueando la renovación de los miembros del CGPJ, sino que está bloqueando además la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), del Defensor del Pueblo y de los ministros del Tribunal de Cuentas. El golpe de Estado al que se refiere Tomás de la Quadra respecto del CGPJ exclusivamente, es un golpe de Estado múltiple, ya que afecta a todas las instituciones para cuya renovación el ordenamiento jurídico exige esa mayoría cualificada. Reiterado, ya que se ha producido cada vez que el PP deja de ocupar la Presidencia del Gobierno y persistente, ya que, en el caso del CGPJ han pasado ya más de 1000 días desde que caducó el mandato de sus miembros.


Javier Pérez Royo


https://www.eldiario.es/contracorriente/especie-golpe_132_8264467.html?fbclid=IwAR1Eie8L2ing5IMRkewmIeXg_ZnfBRnHnGof1jv-ODyOehyr4pBcWd71mR8

Vergonzoso no, lo siguiente.

Salú y República.

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha iniciado una campaña digital de recogida de firmas para pedir la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018. JJpD ha difundido la iniciativa a través de su página web y sus redes sociales de cara al acto de apertura del año judicial que se va a celebrar el próximo 6 de septiembre.
Desde la asociación han recordado que el órgano de gobierno de los jueces lleva "caducado y en funciones casi tres años", situación que ha calificado de "lamentable" dado que, a su juicio, "provoca un enorme desprestigio al Poder Judicial y proyecta la imagen de que los intereses partidistas pueden controlar la Justicia".


 
En este sentido, ha responsabilizado al PP de estar "bloqueando la renovación con las más variadas excusas, al aprovechar que la ley exige mayoría cualificada del Parlamento". Así, en el marco de la campaña organizada a través de change.org, JJpD ha invitado a firmar "para pedir al principal partido de la oposición", en referencia a la formación liderada por Pablo Casado, "que cambie esa actitud obstruccionista y proceda a la renovación del CGPJ".






https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/09/02/juezas_jueces_para_democracia_lanza_una_campana_recogida_firmas_para_pedir_renovacion_del_cgpj_124081_1012.html

Aqui podeis firmar:

https://www.change.org/p/por-el-desbloqueo-en-la-renovaci%C3%B3n-del-consejo-general-del-poder-judicial?utm_content=cl_sharecopy_30530724_es-ES%3A5&recruiter=1224207429&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition

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Muy "descuadrado" este tema!

gracias por tu aportación... haremos lo mismo con la mierda de posts que tu pones donde el tamaño de letra brilla por su ausencia y aparecen toda una serie de quotes y demás porqueria. Siempre habla quien mas tiene que callar.

marapez escribió:

gracias por tu aportación... haremos lo mismo con la mierda de posts que tu pones donde el tamaño de letra brilla por su ausencia y aparecen toda una serie de quotes y demás porqueria. Siempre habla quien mas tiene que callar.

Yo no pongo "posts", yo pongo MENSAJES! 

Este tema sigue estando DESCUADRADO! 

Moderación!!

La viral explicación de Joaquim Bosch para entender qué está pasando con el CGPJ

Bosch ha explicado en su cuenta oficial de Twitter el problema del CGPJ y de su renovación, aunque lanza un aviso a navegantes: «No es un tema de respuestas simples».
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su renovación tras más de 1000 días en funciones se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno. El Partido Popular se ha cerrado a no negociar mientras el Ejecutivo no reforme la ley para que sean los jueces quienes elijan a los jueces, algo que el Gobierno no contempla en absoluto que, por su parte, les acusa de «menoscabar la Constitución» y de «incumplir sus obligaciones constitucionales» dando «excusas cambiantes».

Sobre esta situación ha querido hablar Joaquim Bosch, magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia, que ha pormenorizado hasta el último detalle del problema en un hilo en su cuenta de Twitter que pasamos a transcribir.

1.- Hay mucha gente que me pregunta cómo se ha llegado al grave deterioro de la cúpula judicial. Voy a intentar explicar lo del CGPJ, aunque no es un tema de respuestas simples. No recomiendo su lectura a quienes solo disfruten con películas de buenos y malos

2. El actual CGPJ lleva caducado casi 3 años y ese largo bloqueo es un episodio más de la lucha de poder entre las principales fuerzas políticas. Los intentos de control partidista han afectado en las últimas décadas a numerosos órganos, desde el inicio de esta etapa democrática.

3. También están afectados el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. El Consejo de Europa nos recuerda constantemente que esas injerencias partidistas explican la corrupción y nuestras debilidades institucionales. 4. El control de la cúpula judicial es un problema de hondas raíces históricas. Tiene que ver con la desconfianza que suscitaba en los primeros años de democracia una judicatura que se formó durante el franquismo. Pero el problema se completó con las actuaciones de los partidos.

4. El control de la cúpula judicial es un problema de hondas raíces históricas. Tiene que ver con la desconfianza que suscitaba en los primeros años de democracia una judicatura que se formó durante el franquismo. Pero el problema se completó con las actuaciones de los partidos.

5. Muchos dirigentes de los partidos democráticos incorporaron erróneamente concepciones de la dictadura sobre la justicia. Entre ellas, la visión de una judicatura subordinada al poder político y los recelos hacia los órganos independientes de control, supervisión y vigilancia.

6. El Consejo de Europa marcó unas reglas comunes para los consejos de la judicatura, a través de una elección mixta. Al menos la mitad de los vocales judiciales debe nombrarse internamente por los jueces. Y los miembros restantes por los parlamentos. Es lo que recomienda la UE.

7. El espíritu del sistema mixto de equilibrios mutuos llegó a la Constitución. Se separó entre elección parlamentaria de los juristas y nombramiento de los jueces, sin cerrarse del todo la elección judicial. En 1980 se constituyó el primer CGPJ con las reglas europeas.

8. Sin embargo, en 1985 el parlamento español cambió la ley para que todos los integrantes del CGPJ fueran elegidos por las cámaras,lo que abrió la puerta a las cuotas de partido. El Tribunal Constitucional convalidó la reforma, pero advirtió de los riesgos de control partidista.

9. Así empezó el control de los partidos. Se «vendió» ese sistema con el argumento de que así la justicia está legitimada democráticamente. Pero no es así. Los partidos no deben configurar a quienes vigilan sus posibles abusos de poder. Lo expliqué aquí:

https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/cupula-judicial-espanola-anomalia-europa_129_1839580.html

10. El actual CGPJ se constituyó en 2013 por el exministro Gallardón,con los intereses partidistas del momento. Se nombró presidente a Carlos Lesmes, ex alto cargo de Aznar. Debería haber acabado en 2018, pero ha rebasado de sobra el mandato de 5 años previsto en la Constitución.

11. El PP ha dado cambiantes excusas para bloquear la renovación. La última es que se acaban de enterar de que se incumplen los estándares europeos. Carece de credibilidad: esa reforma iba en el programa electoral del partido hace pocos años y la incumplieron con mayoría absoluta.

12. De hecho, no hace demasiado seguían negociando la renovación con las cuotas partidistas que siempre se han utilizado. Y sus dirigentes dejaron muy claro que lo fundamental era el control de la justicia para proteger los intereses del partido.

13.- La prueba más clara de la falta de compromiso con los cambios institucionales es que el principal partido de la oposición también está bloqueando por intereses partidistas similares la renovación del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas.

14. Correlativamente, el PSOE asumió el compromiso de que los partidos dejaran de hacer propuestas para el nombramiento de los vocales judiciales del CGPJ y que hubiera una comisión de expertos para filtrar los méritos de los candidatos. Tampoco se ha cumplido esa promesa.

15. En esta legislatura, hace pocos meses, el parlamento español ha rechazado la propuesta de reforma legal para seguir los estándares europeos. Por tanto, no queda otra que aplicar la ley vigente y desbloquear la renovación. En caso contrario, Lesmes seguiría a perpetuidad.

16. Hay quien dice que no puede aplicarse la ley vigente al ser inconstitucional. Pero el Tribunal Constitucional la validó. Y la aplicación práctica de la elección parlamentaria fue confirmada por el Tribunal Supremo en la sentencia que ratificó a Lesmes:

poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-…

17. Entiendo a la gente de mi profesión que está cansada de esta situación. Pero en esta legislatura no hay margen para cambiar ahora el sistema. Seguiremos intentándolo. Comparto ese descontento, pero cumplir las leyes vigentes es una regla básica del Estado de Derecho.

18. A nivel general la ciudadanía debería reclamar que nuestra organización judicial no se pareciera a la de Polonia y sí a la de las democracias avanzadas europeas. A corto plazo debe renovarse urgentemente el CGPJ con la ley vigente y su interpretación constitucional.

Salú y República.

¡LA HISTORIA PPODRIDA DE UN TREPA EN LA JUDICATURA!!

La historia de ausencia de ética y dignidad de un ¿togado?
Lesmes lleva casi cuatro décadas de carrera profesional. Pero el 73% de ese tiempo ha ejercido en puestos a los que ha llegado con el apoyo del PP. Ha sido un largo ascenso hasta la cumbre de la Justicia, de un cargo a otro, siempre apoyado por una red de favores cruzados: hoy por ti, mañana por mí

Por Ignacio Escolar

Aquí el "presidente" del TSCGPJ  cobra 142.000 euros al año, más chófer, más secretaria, más dietas. Es uno de los sueldos más altos de la Administración: un 40% más que el presidente del Gobierno, por comparar.
Pero la razón por la que Carlos Lesmes lleva casi tres años con el mandato caducado y no ha dimitido todavía, aunque fuera por dignidad, no solo tiene que ver con las condiciones materiales objetivas. Es algo más.
Lesmes lleva casi cuatro décadas de carrera profesional. Pero tres cuartas partes de ese tiempo, ha ejercido en puestos a los que ha llegado con el apoyo directo del PP, o de los vocales del Poder Judicial nombrados por el PP.
Son 27 años de 37: el 73% de su vida laboral.
Esa carrera política, y no solo judicial, comenzó con la victoria de Aznar en marzo de 1996, cuando el primer Gobierno del PP le nombró alto cargo del Ministerio de Justicia.
En la primera legislatura de Aznar, ejerció como director general de Objeción de Conciencia.
En la segunda, desde el año 2000, fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia, un puesto importantísimo en ese ministerio porque es quien hace de enlace del Gobierno con los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con la Fiscalía y con las distintas asociaciones judiciales.
descontando su paso por el Gobierno y por la Fiscalía, Lesmes había ejercido menos de cuatro años como juez.
Este ascenso a presidente de Sala es discrecional. Tiene muy poco que ver con un concurso de méritos y capacidad.
La mayoría de las plazas de la carrera judicial se reparten por un sistema de puntos donde lo que más pesa es la antigüedad. Pero hay otros cargos, los más importantes, que decide el CGPJ. Entre otros, los nombramientos al Tribunal Supremo o las presidencias de las salas, de las audiencias provinciales o de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.
La llegada de Lesmes a la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional fue, por tanto, una suerte de puerta giratoria judicial.
Lesmes había sido alto cargo del Ministerio de Justicia del PP que, en 2001, negoció la renovación del CGPJ. Había sido el interlocutor del Gobierno de Aznar con ese consejo. Y fueron esos vocales conservadores los que, en 2005, ascendieron a la presidencia de Sala a un ex alto cargo del mismo Gobierno que les nombró.
Hoy por ti, mañana por mí. No sería la primera ni la última vez.
Un nombramiento impugnado
El ascenso de Carlos Lesmes al Tribunal Supremo fue polémico, y no solo por quién era la otra opción.
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 343), para llegar a una de esas plazas en el Supremo es imprescindible contar con al menos 15 años de experiencia en la carrera judicial, de los que 10 debían ser como magistrado.
En el caso de Lesmes, para cumplir estos requisitos, había que considerar como carrera judicial sus ocho años en el Gobierno de Aznar y sus nueve años como fiscal. De magistrado especialista en lo Contencioso-Administrativo, incluyendo en ese tiempo su etapa como presidente de Sala, había ejercido poco más de ocho años.
Otra jueza que se había presentado a esa misma vacante en el Supremo impugnó el nombramiento de Lesmes.
En su demanda, argumentaba que el CGPJ no había respetado los principios de mérito y capacidad y se había repartido los nombramientos por cuotas entre las distintas asociaciones.
La jueza denunciaba que Lesmes no cumplía con los requisitos, que ella llevaba más de 22 años de ejercicio como juez de lo Contencioso-Administrativo, que tenía más publicaciones y que contaba con un porcentaje de sentencias confirmadas por el Tribunal Supremo muy superior: 74% de ella, frente a solo el 40% de Lesmes.
Según Lesmes, como director general del Ministerio de Justicia con Aznar “se ocupó de funciones eminentemente jurídicas”, y no políticas.  
(Vaya jetaza la suya)
En 2011, la Sala Tercera del Tribunal Supremo respaldó el nombramiento de Lesmes. La sentencia se puede leer (está anonimizada, como ocurre siempre con este tipo de bases de datos de jurisprudencia: Carlos Lesmes aparece mencionado como “don José Antonio”).
No fue una decisión unánime. Dos magistrados del Supremo discreparon de la sentencia y firmaron sendos votos particulares, donde cuestionaron que se premiara a un candidato con mucha menos experiencia sin justificar plenamente la razón.
...........
Según la interpretación del Gobierno, una de las razones por las que Lesmes no dimite es para reconciliarse con el fra Casado y el PPODRIDO
Y claro, no les puede fallar.
“El problema es que Lesmes no tiene solucionado su siguiente destino”, aseguran desde el Gobierno. “Aún le quedan siete años hasta la jubilación y él quiere irse después al Tribunal Constitucional”. Un puesto, como todos los anteriores, donde solo puede llegar con el apoyo del PP.

Qué historia tan instructiva:


Con exdirector se refieren a "Alberto Pérez de Vargas, exdirector del centro Cardenal Cisneros donde Casado se sacó la carrera de Derecho en tiempo record gracias a esos aprobados y a 18 convalidaciones."

Bruselas pide al PP que desbloquee la renovación del CGPJ y la separa de la reforma del modelo de elección


La vicepresidenta y comisaria de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, la checa Věra Jourová, defiende una reforma acordada del procedimiento de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha regido en España durante 37 años, pero la desvincula de la verdadera urgencia: que el PP desbloquee la renovación de este órgano constitucional, en funciones desde hace tres años y medio.

Jourová tuvo ocasión de insistir en el punto de vista de Bruselas sobre este asunto en el transcurso de una vista a Madrid en la que habló ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde pudo presenciar la profundidad del enfrentamiento político que genera esta cuestión, y con el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. La comisaria reunió información para el informe que su departamento publicará en las próximas semanas en torno al complimiento de las normas del Estado de Derecho en España, en el que volverá a pronunciarse sobre este asunto.

La representante de la Comisión no se refirió expresamente al PP —intentó evitar entrar en todo momento en el barro de la política española— pero el énfasis con el que urgió a renovar de una vez el CGPJ sólo puede tener como destinatario al partido presidido por Alberto Núñez Feijóo, el único que lleva bloqueando el nombramiento de nuevos vocales desde el 4 de diciembre de 2021.
La nueva dirección del PP confirmó este lunes que mantendrá la estrategia del antecesor de Feijóo, Pablo Casado, y exigirá que la renovación del Consejo esté vinculada a una reforma de la Ley del Poder Judicial de 1985 para que los doce vocales que durante casi cuatro décadas el Congreso y el Senado han elegido a partir de las propuestas que les hacen llegar las asociaciones judiciales pasen a ser seleccionados directamente por jueces y magistrados. Una modificación legal que sólo respalda la derecha —PP, Vox, Ciudadanos, Foro y UPN—, como demostró el Congreso el pasado mes de septiembre al rechazarla por una amplísima mayoría absoluta.
 El PP entregó a la comisaria un informe detallando la, a su juicio, gravísima situación de la justicia española, con el que espera convencerla para que en el informe sobre el Estado de Derecho exija al España varias modificaciones legislativas, incluidas nuevas limitaciones para la elección del Fiscal General del Estado. El grupo parlamentario popular no quiso atender la petición de este diario para dar a conocer el informe.
El ministro Bolaños, por su parte, difundió un comunicado tras su reunión con Jourová subrayando que ambos “coinciden en la urgencia de renovar el Consejo General del Poder Judicial”.
Bolaños informó a la comisaria de los esfuerzos que el Gobierno de España viene haciendo durante todo este tiempo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, un objetivo imposible mientras el PP se niegue a hablar del asunto, y le explicó que el modelo de elección de sus integrantes es el resultado de un sistema que lleva en vigor desde 1985 y “que ha sido pactado por las principales fuerzas políticas”, según el comunicado difundido por el ministerio.
La posición del Gobierno sigue siendo que el modelo actual da suficiente participación a jueces y magistrados porque Congreso y Senado no son libres para elegir a doce de los 20 vocales porque deben escoger a partir de una lista cerrada seleccionada previamente por las asociaciones judiciales. “En España, los jueces participan en la elección de su órgano de gobierno”, que “se hace también a través del órgano que representa al pueblo español que es el Congreso de los Diputados, tal y como prevé la Constitución”, recordó este martes la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

La actitud “inasumible” del PP

“El drama hoy en España no es el procedimiento de elección de los jueces” sino que el principal partido de la oposición “se niega a cumplir Constitución” desde hace “1.288 días”. Eso, advirtió Rodríguez, “es inasumible” en un Estado de Derecho porque la Constitución no se puede cumplir a la carta o a beneficio de inventario, sino que la deben cumplir todos los ciudadanos y “también el señor Feijóo”, al que ha reprochado que el PP se vaya a tomar un mes más, como anunció el lunes el vicesecretario Esteban González Pons, antes de hablar de la renovación del CGPJ con el Gobierno.
La “clave”, afirmó la comisaria Jourová, es renovar el CGPJ para evitar que se perciba como un “órgano politizado”, independientemente de que se estudie una reforma de la legislación para que la mayoría de los vocales sean elegidos directamente por los jueces.
“En el informe de 2021, la Comisión reiteró su preocupación sobre el hecho de que no se estuviera renovando el CGPJ. Es clave que España se ocupe de esta cuestión para que el estamento judicial no sea politizado, para que no tenga esa vulnerabilidad”, declaró al comisaria durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Jourová rehusó adentrarse en el “debate político” —“casi pelea”, dijo— que se está desarrollando en España en torno a este asunto, pero si dejó constancia de la “preocupación” de Bruselas por el prolongado bloqueo que sufre al CGPJ, algo que aparecerá recogido en el informe que publicará el próximo mes de julio.
“Tenemos una gran preocupación en relación con el CGPJ en España y queremos que esta situación se desbloquee cuanto antes, que se cumpla lo previsto y los estándares generales en Europa”. “Esta cuestión de los nombramientos debe solucionarse cuanto antes”.
La comisaria anticipó también que en el informe de julio incluirá “un comentario acerca de la fiscal general, sobre su autonomía e independencia", después de que tanto el diputado del PP Luis Santamaría como el de Vox Carlos Zambrano denunciasen el “marcado carácter político” de la fiscal de carrera Dolores Delgado por haber sido previamente ministra de Justicia.
Jourová sí anticipó que Bruselas tiene limitaciones en lo que puede exigir porque en toda Europa los modelos son muy distintos. El CGPJ sólo existe “en diez u once” Estados miembros, recordó, lo que significa que la mayoría de los países carecen de un órgano semejante. Incluso en casos extremos como el de Polonia, donde el ministro de Justicia es también el Fiscal General, no pueden intervenir porque así está recogido en su Constitución, precisó.
Examinar el Estado de Derecho en los países de la UE, concluyó, es “un trabajo muy sutil” que consiste en analizar el sistema de controles y contrapesos en su conjunto para determinar si las “imperfecciones” de algunos engranajes se corrigen en otros.


https://www.infolibre.es/politica/bruselas-pide-pp-desbloquee-renovacion-cgpj-separa-reforma-modelo-eleccion_1_1258380.html

Atado y bien atado.

La guerra política de los jueces


Si la Corte Suprema de Estados Unidos ha dado un “golpe de Estado judicial”, preparémonos para lo que puede suceder en España. Ha sido la escritora, ecologista y activista canadiense Naomi Klein quien ha calificado de golpista la decisión del Tribunal Supremo que arrasa con la despenalización del aborto, el control de armas y las emisiones de gases de efecto invernadero. Tras perder las elecciones, los seguidores de Donald Trump dejaron abiertos numerosos frentes judiciales para hacer la vida imposible a sus adversarios políticos. Es profundamente injusto que un grupo de jueces tendenciosos y retrógrados, nombrados a propósito para desbaratar avances democráticos, se cargue de un plumazo el enorme trabajo realizado para lograr la defensa de libertades básicas que favorecen a la mayoría.

Aquí estamos a la espera de que el Constitucional resuelva cuatro recursos (presentados por el PP y Vox) muy delicados: contra la ley del aborto, la ley de eutanasia, la prohibición de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) efectúe nombramientos mientras esté en funciones y la reforma educativa de la ley Celáa. Un Tribunal dividido entre seis conservadores y cinco progresistas (nombrados respectivamente por la derecha y por la izquierda) y pendiente de renovación desde el 12 de junio. ¿Alguien puede imaginar que, en esta ocasión, cualquiera de los doce vote en contra de los intereses de quienes les nombraron? Podrían hacerlo, pero, como reza el proverbio bíblico, sería más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja. Así que han decidido dejar el marrón aplazado hasta que se produzcan los nuevos nombramientos. ¿Cuándo llegará el momento? No es la primera vez que la Comisión Europea le recuerda a España que debe renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) bloqueado desde 2018. Los tres años de retraso que la oposición lleva entorpeciendo el mandato constitucional han provocado la parálisis en todas las instituciones vinculadas al poder judicial. El PSOE culpa al PP de boicotear la negociación y de vetar por sistema determinados nombres. Y viceversa. Un lío que se resume en una frase: se trata de nombrar a jueces que inclinen la balanza a su favor; utilizar las instituciones de una manera perversa para favorecer sus posiciones políticas y no el interés de los ciudadanos. Quiero recordar, a modo de ejemplo, que el reciente cambio de criterio del Supremo respecto a los indultos del procés, fue posible porque se alteró la composición de la sala con la aparición de un nuevo miembro conservador y, según todos los indicios, antigubernamental.

Me animo a escribir sobre tan arduo y delicado asunto después de leer La guerra de los jueces: el proceso judicial como arma política, donde José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, viene a decir, con profundo conocimiento de causa, cosas tales como que se ha borrado la frontera entre la vida política y la judicial, y que existe una guerra política declarada mediante el Derecho. Ya sabemos que hay muchos intereses en judicializar la política, pero los jueces deberían ser más escrupulosos y rechazar todas las querellas que les lleguen sin fundamentar indicios sólidos de prueba y con la evidente intención de sembrar la duda para desprestigiar al enemigo político. Poco importa que termine en absolución o condena, porque, tras el ruido mediático, el mal está hecho.   
La denuncia del magistrado emérito es tan contundente como la de la activista Naomi Klein. Ambos manifiestan serias dudas de que exista igualdad ante la ley e independencia judicial, los cimientos sobre los que se construye Estado de derecho. La independencia es imprescindible para garantizar que ningún juez acepte presiones, trate de una forma igualitaria a todos los ciudadanos y solo se someta al imperio de la ley. Los políticos, por su parte, se resisten a facilitar los contrapesos que fiscalizan los excesos de sus actuaciones, así que ponen todo tipo de trabas a que exista un poder judicial independiente. Por eso, a pesar de lo escandaloso de su actuación, marginan a juristas de reconocido prestigio, para promover a quienes defienden sus intereses. Prefieren un juez leal, por no decir servil, a cualquiera que acredite su independencia.

Sobre la jerga jurídica

Dicho lo anterior, amparada en autores de reconocida solvencia, aprovecho la ocasión para añadir algunos reproches más que nos afectan a todos. No creo que la independencia judicial consista en que los jueces hagan lo que les dé la gana. Nos llegan resoluciones que somos incapaces de entender y para interpretar la jerga jurídica tenemos que acudir a los expertos. Luego se quejan de los malentendidos que su lenguaje genera en los medios de comunicación y nos acusan de frivolidad a la hora de opinar sobre sus dictámenes, pero su obligación es ponerse en la piel de los ciudadanos y expresarse de una manera clara, sencilla, breve y ordenada; lo menos ambigua posible. Quienes no estén dispuestos a prescindir de arcaísmos y latinismos deberían tener la cortesía de traducirlo para que los legos pudieran disfrutar de su riqueza expresiva. El lenguaje claro es compatible con el rigor jurídico; de hecho, hay sentencias que da gusto leer como auténticas piezas literarias.
Hay expresiones que generan indefensión y los jueces suelen ser muy proclives a meter miedo, a tratar con malos modos a todos los que forman parte de la sala y a echar broncas a cualquiera que cometa el mínimo error. Aún se mantienen expresiones, a mi modo de ver, tan humillantes como “suplica”, “ruega”, “tenga a bien resolver”, “gracia que espera obtener de su ilustrísima, cuya vida guarde Dios muchos años”. En algunos países han dejado de utilizarse términos protocolarios tan desfasados como señoría, ilustrísimo o excelentísimo, cuyo único objetivo es mantener el respeto a través del temor y perpetuar la distancia jerárquica. No solo es cuestión de forma, se trata de romper ese muro infranqueable que separa a la justicia de sus destinatarios. 


https://www.infolibre.es/politica/guerra-politica-jueces_129_1277398.html

Los okupas

Hace casi cuatro años que acampan impunemente en uno de los poderes del Estado, en contra del mandato de la soberanía popular. Se definen como “constitucionalistas”, aunque incumplen la Constitución. Son los okupas del Poder Judicial

Hay un problema en la justicia, con los okupas. Y no me refiero a ese bulo sobre esos monstruos mitológicos (el chupacabras, el vampiro, el okupa de tu vivienda habitual…) que se cuelan en tu casa cuando te vas de vacaciones o bajas a comprar el pan. Si alguien quiere conocer la verdad sobre esas ocupaciones, que lea lo que explica este juez, que por fin lo entenderá. Pero los okupas a los que hay que temer, los okupas a los que es urgente desalojar, son otros. Hace casi cuatro años que acampan impunemente en uno de los poderes del Estado, en contra del mandato de la soberanía popular. Se definen como “constitucionalistas”, aunque incumplen la Constitución. Son los okupas del Poder Judicial.

Les resumo los hechos, que son de una extrema gravedad. Hace ya casi cuatro años que el máximo órgano de la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), está en funciones porque el PP se niega a renovar. Las excusas van cambiando, pero la razón es prorrogar artificialmente en la Justicia un poder que la derecha perdió en las urnas. El actual CGPJ fue nombrado por el Parlamento en 2013, durante la mayoría absoluta de Rajoy. Desde entonces los españoles han votado cuatro veces, el PP ya no tiene mayoría absoluta. Y, si se renueva, la derecha dejaría de mandar: por eso bloquean la renovación.

Lo mismo ocurre en el Tribunal Constitucional, que está en las mismas: con varios de sus jueces en funciones, y donde la derecha aún mantiene una mayoría que las urnas le quitaron años atrás.

No es la primera vez que ocurre: siempre que el PP sale de La Moncloa, ocupa por unos años la Justicia, que considera de su propiedad.

Por poner un ejemplo para entenderlo mejor: es como si Pedro Sánchez perdiera las elecciones y el presidente del Congreso decidiera no convocar el pleno de investidura de su sucesor… durante cuatro años. Y mientras tanto Sánchez se quedara en La Moncloa, como presidente en funciones.

¿Se imaginan qué ocurriría si fuera la izquierda quien actuara así? ¿Si fuera el PSOE o Unidas Podemos quien se negara a cumplir la Constitución, y se atrincherara en uno de los poderes del Estado durante años, en contra de la soberanía popular?

En las últimas dos décadas, desde 2002, el PP ha gobernado 8 años frente a 12 del PSOE. Pero gracias a los distintos bloqueos a la renovación (ya ha habido tres, siempre del PP), la derecha ha gobernado 15 años el Poder Judicial frente a 5 de la izquierda.

El secuestro del Poder Judicial por parte de la derecha ha sido tremendamente eficaz. Porque políticamente les ha salido gratis y porque durante años han aprovechado el tiempo extra para colocar a jueces afines en el Tribunal Supremo y otros juzgados claves. Como decía el ex portavoz del PP, Ignacio Cosidó, controlando el CGPJ “controlas la Sala Segunda desde detrás”. Se refería a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde la derecha se ha esmerado para colocar a jueces afines, aprovechando los bloqueos a la renovación. Es la sala que pone todas las sentencias importantes. La última de ellas, la de los ERE de Andalucía.

El monopolio del PP en el Supremo y otros juzgados claves en España sirve para entender muchas cosas. ¿Cómo explicar que José Antonio Griñán vaya a entrar en prisión y Esperanza Aguirre ni siquiera vaya a ser juzgada? ¿Alguien cree que esa responsabilidad ‘in vigilando’ se aplica por igual?

¿Y qué decir de M. Rajoy? ¿Algún día la Justicia exigirá a este anónimo político al menos la mitad de explicaciones que lleva pidiendo a los dirigentes de Podemos el juez García Castellón?

En la foto que ilustra este artículo aparecen dos personas: Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, y Alberto Núñez Feijoo, presidente del Partido Popular. Ambos se conocen desde hace años. Ambos fueron altos cargos en el Gobierno de Aznar.

Carlos Lesmes lleva casi cuatro décadas de carrera profesional. Pero más de dos tercios de este tiempo lo ha ejercido en puestos a los que ha llegado con el apoyo del PP o nombrado directamente por el PP.

Sigue:

https://www.eldiario.es/escolar/okupas_132_9291349.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=ExSocio&utm_campaign=05/09/2022-adelanto&goal=0_10e11ebad6-fc347625e0-56814785&mc_cid=fc347625e0&mc_eid=3bcf7e3348