Tema: Re: CGPJ: mil dias de bloqueo Miér Sep 14, 2022 4:05 pm
Golpe a la democracia
Todo lo que está sucediendo alrededor de la justicia es de tal gravedad que, si nada lo evita, causará daños irreversibles en la institucionalidad del país y en el propio funcionamiento de la democracia. De hecho, los está provocando ya. El Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces y responsable del nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo, de dos del Constitucional y de muchos otros puestos clave del aparato judicial, lleva casi cuatro años en funciones debido a la negativa del Partido Popular a llegar a un acuerdo con el PSOE para su renovación, como exige la Constitución. Por más pretextos que se saque de la chistera para justificar una actitud obstruccionista sin precedentes en esta etapa democrática, el objetivo de partido que preside el ‘dialogante’ Alberto Nuñez Feijóo es muy simple: mantener a toda costa, sin que importe un pepino el estropicio institucional que se ocasione, el control conservador del CGPJ por lo menos hasta las próximas elecciones generales, con la esperanza de que haya un vuelco en las Cortes. Y evitar colateralmente la renovación parcial del Tribunal Constitucional, que, de producirse, daría una mayoría al sector progresista en el máximo órgano de garantías.
La estrategia de los populares ha contado con la complicidad, por acción o por omisión, de los integrantes del CGPJ, con su presidente Lesmes a la cabeza e incluyendo a los jueces del sector progresista, por no haber tenido la dignidad de renunciar para forzar una salida al atolladero. Han preferido mantenerse atornillados a sus puestos, presentándose como unas víctimas shakesperianas de las rebatiñas políticas, quizá por temor a que cualquier paso en falso pueda tener consecuencias negativas en sus perspectivas profesionales. También ha contado el PP con la benevolencia de Bruselas, que ha mantenido a lo largo de esta crisis una posición de pretendido equilibro salomónico, instando una y otra vez a las partes a alcanzar un acuerdo, obviando que la crisis tiene unos culpables inequívocos, que son el PP y sus magistrados afines. La única vez que la Comisión Europea ha reprendido expresamente a una de las partes fue al Gobierno de Pedro Sánchez, tras su anuncio de una reforma de la ley para la elección de los miembros del CGPJ, de modo que, si no se alcanzara la mayoría de tres quintos en las Cortes exigida por la Constitución, pudiese aprobarse en una segunda vuelta por mayoría absoluta (la mitad más uno de los escaños) con el fin de cumplir el mandato igualmente constitucional de la renovación. El Gobierno se envainó aquella iniciativa a raíz de que Bruselas pusiera el grito en el cielo denunciando una “injerencia política” en la justicia y recordando que la directriz comunitaria es lograr que al menos la mitad de los integrantes del órgano judicial sean elegidos directamente por los jueces. Más allá de lo que cada cual opine sobre esta directriz –mientras no se invente una fórmula mejor, yo prefiero que el órgano rector del poder judicial siga sometido a votación en las Cortes-, el tema es otro: que lo que corresponde en este momento es renovar el CGPJ y, por extensión, el Tribunal Constitucional con las normas vigentes. Después podrá hablarse de todas las reformas del poder judicial que se quieran. Como dice el Eclesiastés, cada cosa tiene su tiempo.
El secuestro del poder judicial que se arrastra con la escandalosa interinidad del CGPJ ha dado este martes un salto insospechado y de consecuencias impredecibles para la democracia. En julio pasado, el Congreso aprobó por amplia mayoría una reforma legal para desbloquear la renovación pendiente de cuatro miembros del Tribunal Constitucional –dos por designación del Gobierno y dos por el CGPJ, que por tradición designa uno conservador y otro progresista- y dio al órgano de los jueces un plazo, que expiró este martes, para presentar sus designados, de modo que el Gobierno pudiera proceder a hacer otro tanto con los suyos. El tribunal de garantías pasaría así a tener siete magistrados progresistas y cinco conservadores. Sin embargo, se han cumplido los pronósticos más pesimistas y un sector amplio de los miembros conservadores del CGPJ –ocho en total- ha arrastrado al órgano rector de la judicatura a incumplir la ley aprobada por el máximo órgano de representación popular. Si consideran que la ley tiene sesgos políticos, como ha señalado algún integrante del CGPJ, pues que busquen la forma de cambiarla. Ahí están sus partidos amigos, PP y Vox, expertos en presentación de recursos de inconstitucionalidad. Pero las leyes, mientras no las tumbe el tribunal de garantías o las deje en suspenso algún órgano judicial en determinadas circunstancias, están para cumplirse. Lo más preocupante es que sea el mismísimo gobierno de los jueces el que haya decidido pasarse la ley por el forro. Dirán los magistrados rebeldes que ellos tienen voluntad de llegar a un acuerdo, que sus representantes en las negociaciones para la renovación han tenido problemas de agenda, que tienen disponibilidad para la semana próxima. Pamplinas. Lo que buscan es dilatar la renovación hasta donde se lo permitan las circunstancias y, en el caso de que accedan a negociar una salida, ya se encargarán de enredar las conversaciones para que terminen empantanadas. Tiempo al tiempo. De momento, ya han ignorado una ley que aprobó el Congreso. Y eso es de una gravedad incalculable.
Tema: Re: CGPJ: mil dias de bloqueo Dom Sep 18, 2022 10:09 am
CGPJ, Derecho natural y mascarada
En una reciente entrevista en La Razón, el vocal del Consejo General del Poder Judicial D. José María Macías Castaño – que es, de acuerdo al citado periódico, el “puntal” del bloque conservador de tal órgano – afirmaba impertérrito que “hacer lo adecuado no es síntoma de rebelión, sino de responsabilidad”. Ocurre, sin embargo, que en este caso “lo adecuado” es, según él mismo reconoce, saltarse la ley, en concreto la Ley Orgánica 8/2022, que el Parlamento aprobó recientemente. Que a él, en cuanto ciudadano y por tanto a título personal, esa norma le parezca una irresponsabilidad resulta perfectamente legítimo. Pero que, en su calidad de magistrado, afirme públicamente que las leyes que a uno le parezcan “inadecuadas” no han de cumplirse es de una temeridad que raya en la incapacitación. Y que lo haga, ya como instalado en el colmo del despropósito, desde uno de los veinte sillones que constituyen el Gobierno de los jueces refleja el punto de deterioro institucional que hemos alcanzado. ¿Qué está ocurriendo? Una y otra vez el señor Macías justifica su desobediencia en aras de “la independencia judicial”, lo cual no deja de resultar doblemente sarcástico. Por un lado, y desde un punto de vista teórico, ¿qué es la independencia judicial sino la seguridad de que los jueces se encuentren, tal y como la Constitución establece, “sometidos tan solo al imperio de la ley”? Convertidos de golpe a la doctrina absolutista, premoderna y profundamente iliberal del Derecho Natural, algunos parecen asumir que tienen hilo directo con “La Verdad”, así con mayúsculas (con “La Adecuación”, más bien, que vendría a ser su hermana gemela), de tal modo que se sitúan por encima de la ley vigente, del Parlamento democráticamente elegido, de la Soberanía Popular y de otras minucias de similar calado. ¿Para qué elecciones, representación y alternancia cuando ya sabemos distinguir “lo adecuado” de lo que no lo es? Costó siglos – y mucha sangre - superar esa concepción del Derecho, y sorprende y asusta a partes iguales encontrarla nada menos que en el corazón del Gobierno de los jueces.
Pero es del lado de la práctica de donde procede el mayor cinismo. De los 5.408 jueces que hay en España, los únicos que – siquiera por un elemental sentido del pudor – jamás deberían hablar de “independencia judicial” con respecto al poder político son los 12 magistrados que se sientan entre los 20 vocales que tiene el Consejo, porque todos y cada uno de esos 12 magistrados saben a ciencia cierta qué partido concreto los ha colocado ahí. De independencia judicial pueden hablar los miles de jueces “de abajo”, los de a pie de calle. Hombres y mujeres (sobre todo mujeres: ya son el 56%) que han aprobado una oposición durísima y que, ellos y ellas sí, se limitan a aplicar la ley y lo hacen, como debe ser, con una venda en los ojos que impide favoritismos y componendas. Independientes son el juez Castro imputando a la Infanta o la jueza Alaya haciendo lo propio con Griñán y Chaves, pero… ¿Macías y los otros 11 jueces elegidos para el Consejo por los diferentes partidos son los que van a garantizar la independencia judicial? Oigan, por favor. Un respeto al sentido común. Lo que garantizan es precisamente lo contrario. La percepción que los ciudadanos españoles tienen de “la independencia judicial” es una de las más bajas de Europa. No es una percepción que se genere debido a la actividad de los jueces y juezas “de abajo”, a aquellos con los que los ciudadanos de pie tratamos en su caso. Muy al contrario, tiene su origen en la evidente y palmaria politización de la cúpula del poder judicial: el CGPJ, el Tribunal supremo y los Tribunales superiores de Justicia. Es en “las alturas judiciales” donde la ciudadanía ve que la cosa está podrida de partidismo. Y lo ve porque sencillamente lo está.
Todo este episodio del CGPJ – incomprensible, por lo demás, para el ciudadano medio – se explica única y exclusivamente porque sus 20 vocales están politizados hasta la médula. El señor Macías, por descontado, niega rotundamente ese extremo y afirma que “no hay una correa de transmisión desde los partidos”. Pero es falso, la hay. La primera gran decisión que tuvieron que tomar los 20 vocales, en su primera reunión, consistía en elegir a su presidente. Fue en 2013 y eligieron a Carlos Lesmes. Pero, como todo el mundo sabe y la prensa publicó con absoluta normalidad, no fueron ellos los que lo hicieron: fueron Rajoy y Rubalcaba. Ocurre que el PP y el PSOE acostumbran a comunicar a la ciudadanía el candidato que elegirán los 20 vocales antes de que estos se reúnan, deliberen y voten. Si eso no fuera suficiente prueba de la existencia de esa correa, el wasap de Cosidó, senador del PP, felicitando a sus compañeros de partido porque “controlaremos desde detrás la Sala segunda” debería desterrar cualquier duda al respecto. Y echen, en fin, un vistazo al CV de Álvaro Cuesta, elegido en el CGPJ por el PSOE… ¿de veras alguien cree que este señor no está politizado? Lo que está ocurriendo es una vergüenza brutal sobrevenida sobre una vergüenza inicial. La vergüenza inicial es el procedimiento de elección del Consejo, que lo coloca a los pies de los partidos, y con él a toda la cúpula judicial. La vergüenza sobrevenida y brutal es lo que está haciendo el PP, que lleva cuatro años bloqueando la renovación. El principal partido de la oposición incumple la ley abiertamente. No lo hace por “la independencia judicial”, todo lo contrario: lo hace porque en el Consejo actual tiene mayoría y por tanto el control. Esto es, lo hace por la “dependencia judicial” más descarnada que se pueda concebir. Se está llevando por delante la institución, tal y como Cristina Cifuentes se llevó por delante a la Universidad Rey Juan Carlos. Le da igual. Pablo Casado llegó a un acuerdo de renovación, Feijoo prefiere el bloqueo. Sin siquiera tocar el poder, el actual PP ha logrado pudrir todavía más una situación ya de por sí vergonzosa, como constantemente nos recuerdan desde Europa. Con moderados así, ¿quién necesita radicales?
Tema: Re: CGPJ: mil dias de bloqueo Mar Nov 01, 2022 10:24 am
Feijóo, devorado por el ala más radical
El PP intenta reforzar su relato del incumplimiento constitucional. La enésima excusa para mantener bloqueada la renovación del Poder Judicial, ya saben, ha sido la reforma del delito de sedición, pero podría haber sido cualquier otra porque ya hemos perdido la cuenta de todas las que ha utilizado.
Pero esta es especialmente grave. Y lo es porque el PP quiere que el Gobierno ponga por escrito que renuncia a rebajar el delito de sedición. Y es especialmente grave porque el Partido Popular lo que pretende es inmiscuirse en las funciones del poder legislativo, alterar el orden y el funcionamiento de la democracia. La reforma del código penal, para rebajar las penas por sedición, es una prerrogativa del poder legislativo, porque es una reforma que se hace a través de una ley que el Congreso puede o no puede aprobar, ahí está el juego de mayorías parlamentarias. Un ejercicio absolutamente democrático. Uno puede estar a favor o en contra de una ley, puede votarla o puede rechazarla, este es el único papel que puede hacer el PP con la reforma del Código Penal. Lo que no puede hacer en ningún caso es condicionar el cumplimiento de la Constitución a la aprobación de una ley que solo compete al parlamento donde reside, por si al PP se le olvida, la soberanía popular.
Así que lo que está haciendo el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóó es deteriorar las instituciones y utilizarlas como escudo para no cumplir con su obligación constitucional. Por eso, escuchar ayer a Elías Bendodo, coordinador nacional de los populares, decir que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, es un mal español pone los pelos de punta. El PP que reparte los carnés de españolidad y constitucionalidad es el partido que lleva cerca de cuatro años incumpliendo la carta magna, desde su españolidad, claro.
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Tema: Re: CGPJ: mil dias de bloqueo Mar Nov 01, 2022 9:47 pm
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Tema: Re: CGPJ: mil dias de bloqueo Dom Dic 04, 2022 11:43 am
El PP y la mano que mece la Justicia
"El Partido Popular bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque tiene mayoría en el órgano de gobierno de los jueces, esos vocales del PP impiden la renovación del Tribunal Constitucional donde también hay mayoría conservadora y la mayoría del PP en el tribunal de garantías impide que los dos magistrados elegidos a propuesta del Gobierno tomen posesión". Esta es la descripción de la situación actual de la Justicia en España que hace un destacado magistrado a la Cadena SER que sostiene junto a otros compañeros que existe una pinza entre el Poder Judicial y la calle Génova para incumplir la Constitución. "No quieren renovar las instituciones porque no quieren perder la mayoría", subrayan.
Este bloqueo se traduce en lo que Carlos Lesmes calificó como un "estropicio de efectos devastadores" debido a la reforma impulsada por los socios en el Gobierno en marzo de 2021 que impide al Poder Judicial hacer nombramientos cuando esté en funciones y que tiene sin renovar 70 plazas judiciales. 18 de ellas en el Tribunal Supremo. El alto tribunal tiene al límite de efectivos las salas de los social y de lo contencioso - administrativo.
4 años en funciones
El Consejo del Poder Judicial cumple este fin de semana cuatro años en funciones y de los 21 miembros que empezaron ya solo quedan 18. Rafael Fernández Valverde cumplió la edad de jubilación. María Victoria Cinto falleció y el presidente, Carlos Lesmes, dimitió. Rafael Mozo fue el nombre que pactaron para sustituirle los vocales conservadores y progresistas que se resistieron a aceptar al presidente de sala más antiguo del Tribunal Supremo, Francisco Marín, que era el candidato que proponían los servicios jurídicos del órgano de gobierno de los jueces. Mozo cumple los 72 años, la edad de jubilación, el próximo mes de julio. Vocales progresistas y conservadores consultados por la Cadena SER apuntan a que el escenario electoral que se abre en 2023 hace imposible que haya acuerdo para renovar las instituciones. Elecciones municipales y elecciones generales. El Consejo del Poder Judicial más longevo de la historia se puede ir hasta los diez años de mandato. El doble de lo que establece la Constitución. Está por ver cómo lo ve Europa. La visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, el pasado mes de septiembre estuvo centrada en este tema y ya avisó de que España tenía que renovar el Consejo del Poder Judicial con la legislación vigente e iniciar en el Parlamento la reforma del sistema de elección de los jueces. También dijo que España no puede estrenar la presidencia de la UE en julio de 2023 sin dar ejemplo y sin tener los deberes hechos. Esa visita y la dimisión de Carlos Lesmes, que ya había anunciado en el discurso de apertura del año judicial, espoleó a los partidos a negociar. Las conversaciones no duraron ni un mes porque el PP se levantó de la mesa a finales del mes de octubre por la reforma del delito de sedición.
El órgano de gobierno de los jueces está en funciones desde hace cuatro años y el Tribunal Constitucional tiene a presidente, vicepresidente y dos magistrados también con el mandato caducado desde el pasado mes de junio. Ocho vocales elegidos a propuesta del Partido Popular bloquean la elección de los dos magistrados que le corresponden a esta institución e incumplen con la ley desde el pasado 13 de septiembre. El 22 de diciembre habrá que votar en pleno y, de momento, la reunión se celebrará sin acuerdo previo entre los dos bloques. Los conservadores han vetado al candidato del sector progresista. El magistrado del Tribunal Supremo, José Manuel Bandrés, no cuenta con el visto bueno de estos vocales porque le consideran alineado con el Gobierno.
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Tema: Re: CGPJ: mil dias de bloqueo Jue Dic 08, 2022 11:12 pm
PSOE y Unidas Podemos presentan dos enmiendas a la reforma del Código Penal para que los vocales o el presidente del CGPJ que bloqueen la renovación incurran en responsabilidades penales y para suprimir el requisito de verificación de los nuevos magistrados por parte del Tribunal https://www.eldiario.es/politica/gobierno-pone-secuestro-constitucional-suprimir-mayoria-tres-quintos-cgpj-elegir-magistrados_129_9779502.html
Pues será interesante ver esa enmienda, porque así formulada yo no creo que se pueda ejecutar, no se puede obligar a nadie a llegar a acuerdos...
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Tema: Re: CGPJ: mil dias de bloqueo Jue Dic 08, 2022 11:28 pm
καλλαικoι escribió:
PSOE y Unidas Podemos presentan dos enmiendas a la reforma del Código Penal para que los vocales o el presidente del CGPJ que bloqueen la renovación incurran en responsabilidades penales y para suprimir el requisito de verificación de los nuevos magistrados por parte del Tribunal https://www.eldiario.es/politica/gobierno-pone-secuestro-constitucional-suprimir-mayoria-tres-quintos-cgpj-elegir-magistrados_129_9779502.html
Pues será interesante ver esa enmienda, porque así formulada yo no creo que se pueda ejecutar, no se puede obligar a nadie a llegar a acuerdos...
¿Acuerdo con los vocales o el presidente del CGPJ? No tiene por qué haber ningún acuerdo: Cada parte que escoja los que les corresponde y asunto concluido.
Salú y República.
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Tema: Re: CGPJ: mil dias de bloqueo Dom Dic 11, 2022 9:05 pm
Los jueces que roban la democracia al pueblo
El sector conservador de jueces y juezas del Consejo General del Poder Judicial se cree superior. Siente que es poseedor del gen dirigente que Vallejo-Nájera deseaba para España y que estaba envenenado por el gen rojo marxista a extirpar. Necesita cuidar esa casta directora que emana de la victoria del 39, descendiente de una casta superior que no tiene que compartir el poder con el vulgo plebeyo. Mandatado por un designio divino que les concibe mayor poder crítico y de raciocinio por clase y cuna para decidir quién merece liderar a los no ungidos con el caldo del privilegio. Pobre, no sabe que la endogamia lo que hace es dejarlo medio tonto. En septiembre estos jueces decidieron que no iban a cumplir la ley y que robarían al pueblo la elección mediante soberanía popular de un Gobierno que tenía que tener su representación mayoritaria en el Tribunal Constitucional. El pueblo no sabe, el pueblo se equivoca, los jueces ultras deciden por él. No somos del todo conscientes de lo que está ocurriendo entre los jueces conservadores de nuestro país y por eso quizás no le demos la relevancia que tiene. Pero lo cierto es que una camarilla de magistrados de derechas ha considerado que este Gobierno no se merece el puesto que los ciudadanos le han dado con su voto y ha decidido boicotear la democracia, pisotear la Constitución y elegir entre ellos quién sí merece ser el Gobierno de nuestro país. Han instaurado un sufragio censitario de facto en el que poco menos de una decena de jueces y juezas reaccionarios han decidido que la democracia es lo que ellos decidan y la soberanía popular es un defecto de forma que tiene que ser tutelado por la voluntad de una casta togada. Juran obediencia a la Constitución, pero a la de 1845. Habrán oído muchas veces que los vocales conservadores del CGPJ bloquean la renovación del Tribunal Constitucional sin saber quiénes son esas personas y qué significa esa sentencia. Se resume en que una minoría dentro de las élites ha decidido incumplir la ley y la Constitución porque no cree que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con sus socios en el Congreso tenga la mayoría en el Tribunal Constitucional que la carta magna les otorga. Si ellos no lo controlan, no es un órgano legítimo, es su institución, pertenece a su casta y no van a permitir que una cuadra de rojos y separatistas ocupen lo que la ley les da porque es una institución de las élites para ser manejada a su antojo. La democracia tiene un límite y es la decisión de esta tropa de magistrados y magistradas 'filogolpistas' y antisistema. Lo que deciden las personas con su voto no importa, eso es lo que han concluido
Nuria Díaz Abad, Carmen Llombart Pérez, María Angeles Carmona, José Antonio Ballestero Pascual, Gerardo Martínez Tristán, Juan Martínez Moya, Wenceslao Francisco Olea, Juan Manuel Fernández Martínez y José María Macías Castaño. Importa lo que ellos piensen, lo que ellos decidan, porque el poder les pertenece y cederlo al pueblo solo está bien si lo que elige es solo una rúbrica de sus decisiones. El hurto judicial de la voluntad popular no está en las conversaciones humildes ni en los debates de barra de bar, aunque es el tema exclusivo y prioritario de los cenáculos de las élites reaccionarias. El hecho es en sí mismo una muestra de cómo el poder profundo decide sobre los asuntos de la dirección ejecutiva de nuestro Estado al margen del conocimiento de los depositarios de la soberanía. En Alemania una operación policial acabó con la detención de más de 25 personas de extrema derecha que planeaban un golpe de Estado. Entre los detenidos aparecían los nombres de las fuerzas vivas de la Alemania reaccionaria, entre ellos un aristócrata y un juez. En España no necesitan planear oscuras conspiraciones para quitarle al pueblo la democracia, ya la tienen en posesión exclusiva.
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Tema: Re: CGPJ: mil dias de bloqueo Jue Dic 15, 2022 2:29 pm
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Tema: Re: CGPJ: mil dias de bloqueo Jue Dic 29, 2022 10:11 am
El PP no rectifica y mantiene el bloqueo del CGPJ con la excusa de la "esclavitud moral" de Sánchez
El nuevo Tribunal Constitucional se abre camino. Renovado después de meses de bloqueo y que contará con una mayoría progresista. Se ha salvado una de las ramas de la grave crisis institucional que azota España, empantanada principalmente por las derechas judicial y política. Pero queda otro foco, la madre de todos los corderos: un Consejo General del Poder Judicial con un mandato caducado desde hace más de cuatro años por las obstrucciones del Partido Popular.
¿Y siente ahora más presión el Partido Popular para negociar y pactar? La respuesta la están dejando clara en Génova 13: no. El PP no se ha dado por aludido durante estas horas y no abre la puerta a renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, hay una nueva excusa: la “esclavitud moral” del Gobierno con Esquerra Republicana y EH BIldu.
Esta se une a las más de veinte excusas utilizadas por el PP, tanto en la época de Pablo Casado como de Alberto Núñez Feijóo, para no acceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y que no se pierda la mayoría conservadora que impera en el órgano de gobierno de los jueces. Los populares han pasado por todo tipo de pretextos como el apoyo “de independentistas y batasunos”, que Podemos ataca al rey, los indultos o que había elecciones en Andalucía y Madrid, además de la reforma del delito de sedición.
La enésima excusa del PP
Esta ocasión se utiliza esa supuesta “esclavitud moral” del Gobierno con Esquerra y EH Bildu, a pesar de que esos pactos y el bloque de investidura estaban ya presentes en la anterior negociación entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que estuvo a punto de fructificar pero que el líder popular rompió a última hora, con la excusa de la sedición y la presión de la derecha mediática y de la parte más ortodoxa de su partido. La apuesta de los populares, de hecho, va incluso ahora más lejos. No solo no se avienen a renovar el Consejo General del Poder Judicial, sino que insisten en que se debería ampliar las competencias para que pueda hacer nombramientos este CGPJ en funciones. Las Cortes Generales aprobaron una proposición de ley para retirar esta facultad al órgano de gobiernos de los jueces mientras no se renueve. Pero los populares ahora intentan recobrar para seguir con un GGPJ a la derecha funcionando a pleno pulmón. Pero no sólo eso, el Partido Popular lleva pidiendo, desde que se conoció el acuerdo del CGPJ que el Gobierno, en cambio, cambie a los dos miembros que ha designado (Juan Carlos Campo y Laura Díez). Un nombramiento que corresponde al Ejecutivo por ley. Con el argumento, dice el PP, de buscar otros candidatos más independientes, aunque el Partido Popular no dice lo mismo para, por ejemplo, Enrique Arnaldo, magistrado en la órbita del Partido Popular y que ha participado en cursos de Faes.
El PP quiere que el Gobierno desista de la proposición de ley
Y es que el Partido Popular, según explicó su vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, quiere asimismo que el Gobierno desista de su intención de presentar una proposición de ley, a través de los grupos parlamentarios del PSOE y de UP, para rebajar las minorías en el CGPJ para elegir a los miembros del TC. Esta propuesta fue incluida en la macrorreforma legal del Gobierno. De hecho salió adelante con el conjunto del texto con una abrumadora mayoría de 184 votos a favor en el Congreso, antes de que el Tribunal Constitucional aceptara las medidas cautelarísimas del Partido Popular y paralizara por primera vez en la historia un debate y votación (ya en la fase del Senado). Por el momento, el Gobierno ha enfriado esta proposición de ley, pero es partidario de sacarla adelante luego para evitar futuros bloqueos como se ha visto hasta ahora, con el sector conservador impidiendo los nombramientos a pesar de que por ley se debería haber hecho antes del 13 de septiembre. El Partido Popular no ha cambiado ni un ápice a pesar del desbloqueo del Consejo General de los miembros del TC, gracias al movimiento del sector progresista, y se centra también ahora en el relato, intentando vender que ha sido esto una “lección” al Ejecutivo. Y hablando de “secuestro” del Consejo, al no poder hacer nombramientos, y criticando que esto lleve a que no se renueve el Supremo. Con esta justificación por parte de González Pons: “No ha sido un bloqueo, sino una resistencia democrática de los vocales a que el Gobierno le impusiera los magistrados que debía elegir”. De esta manera, el Partido Popular se niega a llevar a cabo la renovación del Consejo General del Poder Judicial y sitúa a Alberto Núñez Feijóo en una apuesta todavía mayor que la de Pablo Casado, al aumentar el tiempo de la caducidad y pensar ya en una posible renovación de cara a la próxima legislatura. La Justicia se ha convertido en uno de los pilares democráticos más vapuleados durante estos años. De hecho, el propio rey, durante su discurso tradicional televisado de Nochebuena, mostró su preocupación por la “erosión” de las instituciones e hizo una llamada para fortalecerlas para proteger a los ciudadanos, atender sus preocupaciones, garantizar los derechos y responder “al interés general”. Asimismo, de manera paralela al bloqueo durante estos años, el PP y Vox han querido convertir al Tribunal Constitucional en una tercera Cámara, para intentar tumbar algunas medidas clave como la ley de la eutanasia, la reforma laboral, la ley ‘rider’ o ley del aborto de la época de José Luis Rodríguez Zapatero.
El Gobierno pone el foco en el PP y la renovación del CGPJ
Desde el Gobierno se intenta, a raíz de la renovación del Constitucional, poner de nuevo el foco y la presión en el Partido Popular para que se avenga a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esta es la fórmula necesaria, ya que el PSOE descarta acceder a la propuesta que lanza Unidas Podemos de rebajar la mayoría necesaria reforzada a una simple en las Cortes para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Pedro Sánchez no contempla esta vía sabiendo que Bruselas no está a favor de eso. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, volvió este miércoles a pedir al Partido Popular que abandone sus “artimañas” y firme el acuerdo que en su día estuvo a punto de materializarse. Mientras no lo haga, según el Gobierno, Alberto Núñez Feijóo no tendrá “ninguna credibilidad”. Con este mensaje tras la reacción de Génova 13: "Que el PP quiera nombrar a los dos magistrados del TC que corresponde nombrar al Gobierno cuando gobierna el PP y cuando gobierna el PSOE es poco menos que una inocentada". Los puentes con el Partido Popular están rotos en estos momentos. El propio presidente del Gobierno lo verbalizó así durante su comparecencia en La Moncloa este martes para hacer balance del año. Ante la preguntaba de qué esperaba del PP, respondía: “¿Qué espero del PP? Imagino que será una pregunta retórica, permítame el sarcasmo. El balance del nuevo líder de la oposición... pues enmudecer a las Cortes. Niega el pan y la sal, vota no a todo, se opone a todo… Y el insulto y la descalificación, antes me llamaban de una manera y ahora de otra pero significa lo mismo".
Tema: Re: CGPJ: mil dias de bloqueo Miér Ene 04, 2023 3:06 pm
Feijóo hace caso omiso a Bruselas y lleva al Congreso su reforma del Poder Judicial sin desbloquearlo
La última vez que el PP planteó en el Congreso cambiar el modelo de elección del CGPJ fue en septiembre de 2021 y cosechó un amplísimo rechazo
Bruselas ha advertido en numerosas ocasiones al Partido Popular que lo “urgente” es que cumpla la ley y ponga fin al bloqueo en la renovación del Consejo
Tema: Re: CGPJ: mil dias de bloqueo Dom Ene 08, 2023 9:28 am
Yo, juez en campaña
Imaginen que son jueces en campaña. Imaginen que la propuesta del PP para renovar el Poder Judicial que ha presentado en el Congreso, que es una añagaza, fuera aceptada por mayoría absoluta; imaginen que nos creyéramos que esta es una imposición de Europa que no podemos soslayar. Imaginen que ese es el [url=https://raed.academy/el-balsamo-de-fierabras/#:~:text=%C2%ABEl b%C3%A1lsamo es,las famosas triacas%C2%BB.]bálsamo de Fierabrás[/url] para nuestros problemas y que conseguido un consenso improbable, estamos en un escenario nuevo en el que los jueces en ejercicio van a elegir a la mayoría de los vocales del CGPJ —son doce de veintiuno—, y que controlarán así el órgano constitucional, sin importar realmente qué juristas de otra procedencia sean nombrados por el Congreso y el Senado. Yo, juez, estoy en campaña electoral para que me voten mis pares. Eso es lo que propone, sin querer realmente, porque nunca que han podido lo han practicado, el Partido Popular para explicar a su parroquia por qué se niegan, cuan republicanos norteamericanos irredentos, a cumplir su papel constitucional. Por eso dudo que nunca lo lleven a efecto, los populares tampoco se fían de los jueces como para entregarles de manos atadas el poder. Además, tienen antecedentes, cuando Robles y Almenar cogieron las riendas, nada tuvieron que decir los partidos porque mandaba la corporación.
Yo, juez, estoy en campaña. No tengo pasta para contarles mi programa a mis colegas de toda España. ¿Podrán subvencionarme marcas u organismos? Hazte de una asociación y ellos te procurarán los votos. Oigan, que más de la mitad de la carrera no está asociada, porque se conoce bien los mamoneos de las ejecutivas y no quiere ser marcado. Puede presentarse igual. ¿Y qué hago ejerciendo en Montilla para que me vote el de Madrid o el de Cubilledo? Use el correo corporativo y extienda su programa. Misión imposible, hasta para Iván Redondo, pero voy a probar. Puedo ser ocurrente y ofrecer durante meses o años a mis colegas un curro gratuito —¿novedades de jurisprudencia? ¿Estudios sobre temas concretos?— y así, facilitándoles el trabajo hacer que me conozcan. Casos hay. O también puedo intentar hacerme famoso. Si me entra un gran caso y la lío parda pero a favor de corporación, miel sobre hojuelas. A mí en mi juzgado no me entran nunca esos casos. ¿Has probado la tele? Empiezas a salir aquí o allá y si logras un equilibrio entre lo que la tele busca y lo que tus colegas aplauden te harás conocido de toda la carrera. A lo mejor no hay tele para tanto candidato. Sí, es verdad, mejor intento hacer llegar mis propuestas a los compañeros o les sorteo cruceros a St. Barth. Soy un juez en campaña. Voy a comunicarles a mis pares que me preocupa mucho el mal servicio que damos y la soberbia con la que tratamos a otras profesiones jurídicas. Voy a explicarles que creo que hay que endurecer el régimen disciplinario y escudriñar con más afán a los que se corrompen o simplemente se acomodan, para lograr dar un mejor servicio al ciudadano y a la sociedad. ¿Estás loco? ¿Quién crees que te va a votar con semejante programa? Bueno, vale. Pues propongo rebajar el volumen de trabajo y los módulos y defender a los jueces a ultranza de todo ataque y exigir aumentos de sueldo y aumentar las posibilidades de permisos y de situaciones especiales y proteger que siempre, siempre, siempre se pueda volver a ejercer desde cualquier sitio porque, a fin de cuentas, todos queremos tener el mayor recorrido personal y económico posible. Bravo. Eso es un candidato. Oiga ¿pero eso a los ciudadanos nos interesa algo? No sé, pero es que yo me debo al voto de los míos, soy un candidato. ¿Por qué nos han dicho entonces que todo sería mejor para la sociedad si ustedes se votaban entre ustedes, si ahora sólo prometen cosas para su electorado que son los otros jueces? Pues como todos. ¿No lo hacen los políticos? ¿Qué esperaba? Ni que fuéramos tontos o ángeles del cielo. Nosotros a lo nuestro que es lo que importa y lo que da votos. Yo juez candidato. Ese es el riesgo mayor de la propuesta trampa del PP y de la exigencia de las asociaciones judiciales de la elección de los jueces por los jueces. Es obvio que si usted es juez o juez candidato le interesa pero ¿y a los demás, a la sociedad? No hay otra explicación posible para convencernos de la bondad inefable de esta fábula que persuadirnos de que por el hecho de ejercer la judicatura eres un ángel, desprovisto de intereses, puro, asexuado, divino. No cuela. Ese es el verdadero motivo de que no nos traiga cuenta tragar con esa exigencia de las asociaciones judiciales. No les niego que yo hubo un momento en el que llegué a creerme el afán benéfico y altruista de los togados por el hecho de serlo. Me caí de ese guindo, como de otros muchos. Eso sí, hay una parte de la propuesta realizada por el PP que tiene mucho interés y en la que se quedan cortos, porque una propuesta regeneradora de este tipo no les interesa ni a ellos ni a ningún otro partido político, puede que ni a los mismos jueces. Eso es lo que la hace especialmente atractiva ¿no creen? A lo mejor si no les renta a ninguno de ellos es verdaderamente interesante para los ciudadanos. Se trata, por ejemplo, del amago de elevar el número de años de ejercicio necesarios para poder ser nombrado para el Tribunal Supremo o para el Tribunal Constitucional. Les aclaro, cuanto más años de ejercicio se pidan, más viejo es el candidato, habida cuenta de que hay que pasar por una carrera universitaria y una oposición y una escuela antes de empezar a ejercer. Si en vez de diez o quince años se piden 25 o 30 años de experiencia, inmediatamente se está devolviendo a la cúpula a los magíster, a los experimentados, a los que ya tienen menos edad de ser títeres y menos necesidades de futuro alimenticio y ambicioso. Ahí es donde el PP, amagando con esta idea, se queda corto y yo le animo a que la eleve y la eleve. Una de las ventajas de la magistrada Segoviano, al llegar al TC con 72 años, es que poca obediencia debida debe tener ya que no creo que aspire a recibir nuevos nombramientos y prebendas al terminar su mandado con 81 años. ¿Se entiende lo que digo? Fue el PP el primero que osó llevar a cuarentañeros al Supremo para que les duraran para siempre y los demás partidos, vista la trampa, se unieron a la fiesta. Eleven esa edad. Hay sitios que están hechos para la sabiduría, la templanza y el estar de vuelta de todo, que no hay mejor forma de ser independiente que no ansiar y no desear nada más. Eso sí que nos interesa a los ciudadanos, aunque estén seguros de que a los partidos no.
Tema: Re: CGPJ: mil dias de bloqueo Vie Mayo 05, 2023 7:59 pm
Los cenáculos de sus señorías
Hay una línea roja que está traspasando parte de la judicatura durante esta legislatura. El paso entre expresar una tendencia conservadora y actuar para favorecer un cambio de gobierno. El último bloqueo del CGPJ por el Partido Popular fue seguido de la rebelión de los vocales elegidos por el PP en una cena en Madrid donde decidieron bloquear la elección de nombres que les correspondía por obligación parlamentaria para renovar el Constitucional. El ejecutivo había elegido los nombres que le manda la ley y los vocales del PP decidieron incumplir durante meses su mandato. Tomada la decisión, blindaron el pacto en una cena y buscaron apoyos para la insurrección dentro del Consejo. Y como el CGPJ sin renovar son ellos, el órgano de control de los jueces no se iba a sancionar a sí mismo. De aquella cena, estas otras. Normalizar que cincuenta fiscales cenen con el presidente del PP y le expresen su fervor por el cambio de gobierno debería conducir a la recusación de cada causa política que caiga en manos de quienes, sin pudor, expresaron su apoyo.
El mismo estupor que generó aquel “De quién depende la Fiscalía” de Pedro Sánchez, debería generar en el PP que sean los fiscales quienes clamen por la “derogación del Sanchismo” en encuentros nocturnos. Se puede pedir responsabilidad a Feijóo por instrumentalizar la Justicia, dando por hecho que en la política está el ánimo de convencer adeptos. Precisamente por eso, la Justicia debe responder a la virtud de resistirse. La separación de poderes está pensada para frenar al ejecutivo de su tentación de invadir otros poderes. ¿Quién frena al poder judicial de querer ser ejecutivo y legislativo “desde atrás”?, en expresión del ex senador del PP, Ignacio Cosidó, para controlar la Sala Segunda del Supremo.
De las cenas, a las huelgas. Jueces y fiscales tienen buenas razones para pedir un aumento de salarios. No se han revisado desde el año 2008. Ni con Zapatero, ni con Rajoy. Pero anunciar un paro indefinido en plena campaña electoral tiene tintes políticos y se anuncia para forzar al ejecutivo a negociar utilizando el condicionante de las urnas. A quince días de la cita electoral, saltándose la mesa de negociación, las vías intermedias de los paros, las propuestas y las protestas, es un pulso al ejecutivo en toda regla sin guardar el fondo, ni las formas. Magistrados y fiscales tienen concesiones constitucionales que no tienen los trabajadores. Precisamente por ser Poder del Estado, los jueces no tienen reconocido expresamente el derecho de huelga. Tanto es así, que no les cuesta dinero hacerla como a los sanitarios o a cualquier trabajador que ejerza su derecho. Por todos estos motivos, lo mínimo es convocar la huelga el 29 de marzo, como pronto. Por formalidad y neutralidad. Las citas del PP con jueces y fiscales en restaurantes, fuera de la agenda oficial, en la opacidad de los cenáculos, organizadas para favorecer a un partido político, vulneran todo código -tácito y escrito- del Poder Judicial. La apariencia de imparcialidad es obligada. Cuando se vulnera expresamente, si no se frena o se sanciona, tiene consecuencias en el deterioro de la calidad democrática. Se debilita el Estado de Derecho y los poderes del Estado cuando estos no garantizan su independencia. Y hay que recordar que tienen privilegios precisamente por esa imparcialidad que algunos jueces y fiscales ahora vulneran. Es incongruente criticar que el Gobierno abuse del decreto ley para cercenar el debate parlamentario e instrumentalizar a jueces y fiscales para remar a favor de Feijóo. En un contexto de relativa paz social, el PP, sin el apoyo de la calle, pretende que le apoyen en la sombra los poderes que se deben al Estado. En este caso, lo más grave son los miembros de la judicatura que operan en la sombra a favor de un partido. Si el ex ministro, ahora juez del Constitucional, Juan Carlos Campo, tiene que abstenerse de cualquier sentencia sobre leyes del ejecutivo; el fiscal Antonio Narváez -presente en la famosa cena-, como fiscal de la Sala de lo Contencioso del Supremo que dicta sentencias contra leyes del Gobierno, tiene que abstenerse de cada futura ponencia que caiga en su mesa. Como se preguntan algunos fiscales presentes en la cita nocturna con Feijóo, ¿Las ponencias de Narváez contra el Estado de Alarma como juez del Constitucional eran ajustadas a derecho o a la derecha?
Tema: Re: CGPJ: mil dias de bloqueo Lun Oct 09, 2023 10:20 am
Acabar ya con el secuestro del poder judicial, así patalee la derecha
Dos veces ha anunciado Pedro Sánchez su intención de reformar el sistema de elección del CGPJ para poner fin a su largo secuestro por parte del PP, y las dos veces ha reculado, en parte por temor a la iracundia de la derecha y la reacción de Bruselas, en parte por la asunción de que una ley en ese sentido habría sido tumbada por un Tribunal Constitucional de mayoría conservadora. Ahora parece volver a la carga, y cabe esperar que se cumpla el dicho de que a la tercera va la vencida. Por mucho que nos hayamos acostumbrado a lo que sucede con el CGPJ, estamos ante uno de los ataques más graves a la institucionalidad del Estado en esta etapa democrática. El PP, reacio a perder el control del órgano rector de los jueces, ha pisoteado sin miramientos la Constitución para impedir con los más variados pretextos todos los intentos de renovación, que por la nueva aritmética parlamentaria darían la mayoría al sector progresista. En esa cruzada ha contado hasta ahora con la complicidad disfrazada de equidistancia del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y la red de último recurso de los magistrados amigos del TC. Sin embargo, el escenario ha cambiado: el bloque de progresistas y nacionalistas periféricos ha revalidado su mayoría en el Congreso y el TC tiene ahora mayoría progresista pese a los esfuerzos de la derecha por evitarlo. Lo que no ha cambiado un ápice es la virulencia del PP y de Vox, que previsiblemente se recrudecerá si Sánchez resulta investido presidente. Y ello sucederá modifíquese o no el método de elección de vocales del CGPJ, de modo que es una pérdida de tiempo seguir jugando a una más que inútil política de apaciguamiento. El secuestro del CGPJ no solo compromete al PP por vulnerar la norma constitucional que establece para los vocales de dicho órgano un mandato máximo de cinco años. Compromete también a los vocales que siguen atornillados en sus cargos. Y compromete además a las Cortes. La ley orgánica del poder judicial señala, en su artículo 568, que “los presidentes del Congreso y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”. Hasta ahora los presidentes de ambas cámaras han esquivado ese deber, quizá con la esperanza de que el conflicto se resolviera de manera amistosa entre los dos partidos mayoritarios, cuyo concurso es imprescindible en el actual sistema de elección por mayoría cualificada. Sin embargo, la renuencia del PP no permite vislumbrar una solución a largo plazo, de modo que no hay ya excusa para que la flamante presidenta del Congreso, Francina Armengol, cumpla con su obligación legal y, en sintonía con el Gobierno, saque al poder judicial de su atolladero. Es cierto que el PP dispone ahora de mayoría absoluta en el Senado, pero el Congreso tiene la potestad de rechazar vetos o enmiendas procedentes de la cámara alta. La Constitución establece que los ocho vocales propuestos por las Cortes –cuatro por cada cámara– se elijan por mayoría de 3/5. El método de votación de los 12 vocales restantes –que se eligen “de entre” jueces y magistrados, no “por” jueces y magistrados como repite machaconamente la derecha– lo delegó la Constitución en el desarrollo de una ley posterior. Fue la ley orgánica del poder judicial de 1985 la que extendió a este grupo la exigencia de la mayoría cualificada. El PSOE y Podemos registraron en el Congreso en 2020 una proposición de ley para modificar el sistema de elección de esos 12 vocales, de modo que, si no se consigue la mayoría de 3/5, se realice una segunda votación, esta vez por mayoría absoluta (la mitad más uno de los diputados de las Cámaras), con el fin de evitar el bloqueo y cumplir así el mandato constitucional de la renovación. La derecha política y mediática puso el grito en el cielo, habló –¿lo adivinan?– de golpe de Estado, y consiguió que la Comisión de Justicia de la UE, a través de su portavoz, expresara su preocupación ante la posible reforma, lo que disuadió al Gobierno seguir adelante con su proyecto. El último obstáculo puesto por el PP es que, antes de cualquier renovación del CGPJ, el PSOE debe acceder a una reforma para que los 12 vocales propuestos por jueces y magistrados sean elegidos por estos y no por las Cortes. La derecha pretende así hurtar el órgano rector de los jueces de las reglas de representación democrática, con el argumento tramposo de “despolitizar” la justicia. En realidad, lo que busca es asegurarse la fidelidad de un CGPJ de mayoría conservadora fuera de todo control democrático. El PP y sus medios amigos repiten una y otra vez que las “instituciones y órganos europeos” defienden que los jueces se elijan entre ellos, corporativamente. Falso. Tal como señalaba Enrique Santiago en este artículo, la UE ni exige ni plantea un método para elegir al CGPJ. Es más, en Europa existen diversos sistemas de elección de los cuerpos rectores de la magistratura. Y en algunos países ni siquiera existe un órgano semejante. No está de más refrescarle la memoria a nuestra indignada derecha: el presidente Mariano Rajoy, en la reforma de la ley del poder judicial de 2013, mantuvo la elección de los jueces por el Congreso, con el argumento de que la soberania popular reside en las Cortes, pese a que en su programa había prometido dejarla en manos de los propios jueces. En ese momento tenía mayoría absoluta en ambas cámaras. Le convenía. No consta que los suyos salieran a las calles a protestar. Lo que España no se puede permitir por salud democrática es que la anómala situación actual se siga pudriendo de manera indefinida. La renovada mayoría del Congreso debe pasar a la acción, así grite y patalee la derecha. Será en cualquier caso el Tribunal Constitucional, no las algaradas del PP y Vox, el que determine si una eventual reforma legislativa se ajusta o no al texto fundamental. Y en el caso de que Bruselas exprese reparos, habrá que explicarle sin temblores de voz que la derecha española no ha dejado otra salida para cumplir con la Constitución.
Tema: Re: CGPJ: mil dias de bloqueo Lun Oct 09, 2023 11:05 am
Y luego presumen de "constitucionalistas"
Tinajas Moderador
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Tema: Re: CGPJ: mil dias de bloqueo Lun Nov 06, 2023 8:39 am
marapez V.I.P.
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Tema: Re: CGPJ: mil dias de bloqueo Miér Nov 08, 2023 11:56 pm
Los amotinados del Consejo del Poder Judicial
Según las fuentes de que dispongo, el famosísimo Motín de Esquilache fue instigado por grupos de poder nobiliarios y eclesiásticos y estuvo planificado por los jesuitas y personalidades como el Marqués de la Ensenada. Fue instrumentalizado políticamente para dirimir la lucha por el poder entre dos facciones de la Corte. Al parecer el Marqués de la Ensenada ha impregnado su vocación conspirativa en las paredes del edificio, en la calle del mismo nombre, que actualmente ocupa el Consejo General del Poder Judicial. Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial designados por el Partido Popular se han levantado en armas (se entiende jurídicas y legales) para apoyar las tesis del partido político que les ha propuesto (de bien nacidos es ser agradecidos) sobre una cuestión con tantos matices constitucionales, legales y políticos como una ley de amnistía que, de momento, ni siquiera se ha propuesto y por tanto no ha llegado al Boletín Oficial del Estado. La amnistía es una institución de gracia de largo arraigo histórico en nuestro país que nunca había suscitado un debate tan enconado como el provocado en estos momentos. Cuando se anunció la inminencia de una ley de amnistía apoyada por una mayoría parlamentaria –que la considera como una decisión política útil, necesaria y justa para afrontar las consecuencias de todo orden derivadas de una sentencia que condena a los lideres independentistas catalanes a fuertes penas de prisión-se abrió la caja de los truenos. Ocho vocales han propuesto una reunión extraordinaria del pleno del Consejo para hacer una declaración institucional en contra de la amnistía. Su tono apocalíptico y tremendista no lo superaría el histórico predicador dominico Girolamo Savonarola en sus soflamas anunciando toda clase de desgracias e incluso el fin del mundo. Parece mentira que unas personas que están formadas en las ciencias jurídicas afirmen que una medida de gracia como la amnistía supone degradar el Estado de derecho y va en contra del interés de España. Si no fuera por su propósito de dificultar la formación de un gobierno con mayoría parlamentaria que impide la constitución del gobierno de la derecha extrema y la extrema derecha, resultaría conmovedor observar su preocupación y desolación ante la posible promulgación de una ley que, según ellos, acabaría con el Estado de derecho y la disolución de España como nación integrada en la Unión Europea. Cuando afirman que “la amnistía de los políticos contribuye a generar una casta jurídicamente irresponsable por sus delitos”, no sé si se están refiriendo a la impunidad de la secretaria general y el presidente del Partido Popular, María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy, que quedaron al margen del sumario de la Gürtel a pesar de las abrumadoras pruebas que evidenciaban su participación, no solo por los hechos que fueron objeto de condena sino también por el intento mafioso de utilizar el aparato del Estado para impedir que se investigase la Caja B del Partido Popular. El escrito, o más bien el panfleto, intenta revestirse con ropajes jurídicos. Invoca los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea. El artículo 2 es mucho más amplio, dice: “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos”. El articulo 19 se refiere al papel del Tribunal de Justicia, y no entiendo qué tiene que ver con una ley aprobada por un Parlamento y que goza de la presunción de constitucionalidad mientras no se diga lo contrario. ¿En qué parte del derecho de la Unión están prohibidas las amnistías? Ante una ley elaborada por el Parlamento en el uso de las potestades prioritarias que le concede la Constitución como depositario de la soberanía popular, lo único que se puede hacer en un Estado de derecho, si llega el caso, es plantear una cuestión de inconstitucionalidad, que sería absolutamente innecesaria si el Tribunal Constitucional se pronuncia por la adecuación de la amnistía a los principios constitucionales. A la vista del contenido del subversivo desplante de los vocales de la mayoría, creo que es absolutamente innecesario cualquier dictamen. Ya lo han formulado, siguiendo literalmente los argumentos del Partido Popular. Lo más grave para la salvaguarda del Estado de derecho procede de la utilización servilista de una institución como el Consejo General del Poder Judicial sin haberse leído las objeciones que el Tribunal Europeo de Derecho humanos ha formulado al contenido de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. No me parece lo más edificante que los que tienen la misión, según su Ley Orgánica, de velar por la independencia de los tribunales y por la división de poderes dirijan acerbas censuras al Parlamento y al Ejecutivo por tramitar una ley dentro de sus exclusivas competencias. El espectáculo que están dando es demoledor para la confianza de los ciudadanos en la justicia y refuerza el sentimiento muy arraigado, según algunas encuestas, que tienen los ciudadanos sobre la independencia del Poder Judicial. Antes de lanzarse a la arena política con el fervor y arrojo de unos cruzados por la defensa de la Patria y del orden constitucional, deberían repasar la Ley Orgánica para contener sus impulsos partidistas y meditar sobre las sanciones disciplinarias que ellos pueden aplicar a los jueces y magistrados por la provocación reiterada de enfrentamientos graves con las autoridades o por dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos felicitaciones o censuras por sus actos. La sentencia del Tribunal Supremo se ha dictado con absoluta independencia de los componentes de la Sala, ha tenido acceso al Tribunal Constitucional, que la ha ratificado, y en estos momentos está en manos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el órgano al que, según nuestra legislación, le corresponde dictaminar sobre su adecuación o no al Convenio Europeo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. La acción de la justicia ha seguido su curso y no vemos por ningún lado la necesidad de restaurar un orden jurídico que en ningún momento ha sido quebrantado.
El Tribunal Constitucional ya ha tenido oportunidad, en varias ocasiones, de pronunciarse por la posibilidad de elaborar una ley de amnistía. Cuando el texto haya pasado al Boletín Oficial del Estado, 50 senadores o 50 diputados disponen de tres meses para denunciar su inconstitucionalidad. Los jueces deberán respetar y acomodarse a lo que decida el máximo intérprete de la Constitución. Conviene recordarles que su legitimidad democrática, que no les concede directamente la soberanía popular, solo la alcanzan si se someten al imperio de la ley y son capaces de razonar y motivar sus resoluciones. Hasta que llegue ese momento, me parece que lo único que pretenden los vocales insurrectos es participar en la confrontación política de forma partidista vulnerando la ley y la Constitución.
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Tema: Re: CGPJ: mil dias de bloqueo Dom Abr 14, 2024 11:30 am
Se quita el llobu la gorra:
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Tema: Re: CGPJ: mil dias de bloqueo Vie Jun 14, 2024 7:45 pm
Sobre la no renovación del Poder Judicial
La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un problema que no debería existir. Con la definición constitucional del CGPJ como un “órgano de gobierno” y, por tanto, como un órgano de naturaleza política, no cabe duda de que tiene que tener una legitimación democrática visible, como la tienen el Congreso de los Diputados, el Senado y el Gobierno de la Nación. El artículo 1.2 de la Constitución no admite excepción. En este caso la excepción no confirma la regla, sino que supone siempre la contravención de la misma. Quiere decirse que el principio de legitimidad democrática opera respecto del CGPJ de manera distinta a como lo hace respecto de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial. Estos últimos también tienen que tener legitimación democrática. Pero no la tienen porque sean elegidos para el ejercicio de la función jurisdiccional, sino que la tienen porque “únicamente están sometidos al imperio de la ley” (art. 117.1 CE) Los jueces y magistrados no están sometidos a las Cortes Generales, sino que están sometidos a la manifestación de la voluntad de las Cortes mediante el ejercicio de la potestad legislativa. La legitimidad de los jueces y magistrados es una legitimidad “objetiva y pretérita”. No al órgano constitucional Cortes Generales, sino a la ley aprobada por dicho órgano. No resulta, en consecuencia, visible. De ahí la necesidad de la “motivación” de sus actos. “Las sentencias serán siempre motivadas” (art. 120.3 CE), debiendo entenderse por sentencia cualquier decisión judicial. Lo primero que tiene que hacer el juez en el ejercicio de la función jurisdiccional es identificar la norma con base en la cual toma su decisión y el criterio de interpretación con base en el cual la aplica. De esta manera hace visible lo invisible y acredita que no es su voluntad particular, sino la voluntad general la que se está haciendo valer al dictar sentencia. La “motivación” es la forma de acreditación de su legitimidad democrática por los jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional. En el caso del CGPJ no es así. Como “órgano de gobierno”, el CGPJ tiene que recibir su legitimación democrática del único órgano constitucional que en nuestro ordenamiento puede dispensarla, que no es otro que la Cortes Generales. Exactamente igual que le ocurre al Gobierno. Del artículo 1.2 de la Constitución que atribuye “la soberanía nacional al pueblo español del que emanan los poderes del Estado”, se pasa en la Constitución al 66.1, en el que se dice que “las Cortes Generales representan al pueblo español”, del 66.1 se pasa al 99, investidura del presidente del Gobierno, y del 99 al 117. 1, jueces y magistrados que integran el Poder Judicial. Esta es la cadena de legitimación democrática del Estado en la Constitución de 1978. Aquí podía haberse quedado el constituyente. La legitimación democrática expresa de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no puede faltar en la Constitución. Pero no es necesario ir más allá. Si la Constitución no hubiera incluido el CGPJ, no por eso España dejaría de ser un Estado social y democrático de Derecho. No existe en la mayor parte de los Estados de la Unión Europea. Ahora bien, una vez que existe y que existe en los términos en que la Constitución lo reconoce en el artículo 122.2 y 3, hay que estar a lo que la Constitución establece, que, como no podía ser de otra manera, prevé que el CGPJ recibirá la legitimación democrática de las Cortes Generales, que es el único órgano constitucional que posee dicha legitimación democrática de manera directa y puede, en consecuencia, transmitirla. El Gobierno, los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial y el CGPJ, “órgano de gobierno” de este último solo son órganos democráticamente constituidos a través de las Cortes Generales. Los órganos de “naturaleza política”, Gobierno de la Nación y CGPJ de manera visible, mediante la elección por el Congreso de los Diputados en el caso del Gobierno y por el Congreso de los Diputados y el Senado en el caso del CGPJ. Los jueces y magistrados a través del ejercicio de la potestad legislativa, a través de la ley. Los órganos constitucionales de naturaleza política tienen una legitimación democrática “subjetiva y presente”. Los órganos jurisdiccionales, que no tiene naturaleza política, sino jurídica, tienen una legitimación democrática “objetiva y pretérita” Mientras no se reforme la Constitución, no puede ser de otra manera. El CGPJ es una institución constitucional española sobre la que ningún órgano de la Unión Europea tiene nada que decir. Acudir a un mediador europeo es un disparate. Es un problema que lo tenemos que resolver los españoles sin concurso exterior de ningún tipo. Empezaba el artículo diciendo que el problema no debería existir. Y no debería existir porque en el constitucionalismo democrático digno de tal nombre hay una norma no escrita respecto de la renovación de los órganos constitucionales de naturaleza política que consiste en la “interdicción de la prórroga del mandato”. Un “órgano de gobierno” es elegido por el plazo previsto en la Constitución y cesa su mandato cuando concluye ese plazo. Los diputados y senadores cesan con el fin de la legislatura, que podrá acortarse en caso de disolución anticipada, pero nunca prolongarse. El Gobierno se mantienen en funciones tras el fin de la legislatura, pero si no se inviste un nuevo presidente por las nuevas Cortes Generales en el plazo de dos meses se produce la disolución automática de las Cortes y la celebración de nuevas elecciones. Su mandato está vinculado a la duración de la legislatura que lo invistió. Lo mismo debería ocurrir con el CGPJ. La prórroga del mandato es de una “inconstitucionalidad material palmaria que admite apenas racional contradicción”, por utilizar los términos de nuestro constituyente de 1876. Contemplar tal posibilidad, como ha hecho la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) es una monstruosidad inexplicable en términos constitucionales. De cara al futuro es lo primero que habría que corregir. En la LOPJ se debería incluir la finalización del mandato con el cumplimiento de los cinco años fijado en la Constitución y prohibir expresamente cualquier prórroga del mismo. La prórroga no puede siquiera contemplarse como posibilidad. Pero para hablar de futuro hay que salir primero del callejón sin salida en que nos encontramos. Callejón sin salida fáctico, que no jurídico. La renovación del CGPJ está prevista en nuestro ordenamiento y se ha aplicado sin dificultades cuando el PP estaba en el Gobierno y con dificultades cuando el PP pasaba a la oposición. Pero se ha aplicado. Hasta que Pedro Sánchez llegó al Gobierno a través de la moción de censura. Desde entonces el PP se ha negado a aplicar la Constitución y la propia normativa de desarrollo de la misma que el Gobierno y la mayoría absoluta alcanzada en 2011 habían aprobado. Fue con base en ella cuando se produjo la última renovación en 2013. Desde entonces el PP se niega a aplicar su propia normativa. Unas veces por un motivo y otras por otro, pero siempre. Con esa negativa ha transcurrido la pasada legislatura en su integridad y nada indica que vaya a ser distinta la posición del PP en la legislatura que empezó con las elecciones de julio del año pasado.
Pienso que ha llegado el momento de decir basta ya y poner en marcha una solución que no sea anticonstitucional, que permita salir del callejón sin salida fáctico en que nos encontramos. Hay margen de maniobra, ya que la Constitución no dice prácticamente nada sobre las competencias del CGPJ y, en consecuencia, el legislador puede “con libertad de configuración” decidir lo que estime pertinente para hacer frente a la situación de emergencia en la que la obcecación del PP por mantenerse en 2013 ha situado al Poder Judicial y, con ello, al conjunto del sistema político es pañol. Hay que respetar lo que la Constitución dice, lo que, en mi opinión, incluye respetar la mayoría cualificada de 3/5 para la designación de los miembros del CGPJ, pero hay también que levantar el muro que está impidiendo que los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial puedan cumplir la tarea que tienen constitucionalmente encomendada.
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Tema: Re: CGPJ: mil dias de bloqueo Dom Jun 16, 2024 6:49 am
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Tema: Re: CGPJ: mil dias de bloqueo Mar Jun 25, 2024 6:19 pm
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de institucional del PP, Esteban González Pons, han firmado este martes el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial ante la vicepresidenta responsable de Estado de Derecho de la Comisión Europea Vera Jourová.
La ceremonia de firma del acuerdo, que llega tras seis meses de negociaciones con la Comisión Europea como mediadora a petición del PP, ha tenido lugar en la sala de prensa del edificio principal del Ejecutivo comunitario en Bruselas.
Ambos han suscrito el acuerdo bajo la mirada de Jourová, con la que han posado al término de la firma y junto a quien han comparecido, a continuación, por separado en sendas ruedas de prensa.
