Vuelta al cole, madrugón, así que revisa bien la mochila de tu hija o hijo, que seguro que se olvidan algo: cuaderno, agenda, estuche, desayuno…, está todo. Hasta que de camino a clase os dais cuenta de que os habéis olvidado algo fundamental y, manotazo en la frente, exclamas como el niño del anuncio de Donuts de nuestra infancia: “¡anda, los bulos!” En la semana de comienzo de curso, no pueden faltar los bulos educativos, las creencias erróneas, los mitos y falsedades que llevamos años oyendo y repitiendo, y que esta semana no faltarán en las mochilas de las familias, las de periodistas y tertulianos, y en la de más de un consejero de Educación o presidenta autonómica, todos repitiendo los mismos mantras: ¡El sistema educativo va cada vez peor! ¡Antes aprendíamos más! ¡Estamos fatal en PISA! ¡Los inmigrantes bajan el nivel! ¡Copiemos el sistema de Finlandia! ¡En los centros concertados salen mejor preparados! ¡La concertada es más barata! ¡La meritocracia! ¡La libertad de elección de las familias! En tiempos de fake news y realidades paralelas, la educación no podía quedar al margen. Son muchas las ideas erróneas, cuando no mentiras interesadas, que circulan desde hace años y que a veces hacemos nuestras sin darnos cuenta. Por ejemplo, esa de que “en nuestros tiempos” teníamos que esforzarnos más, el aprendizaje era más exigente, memorizábamos ríos y afluentes, y desde entonces todo ha ido a peor. Hasta que llega alguien y te hace un “dato mata relato”, demostrándote con todo tipo de indicadores que la nostalgia educativa es también falsa, que no venimos de ninguna edad de oro, y que pese a las carencias importantes que sigue teniendo el sistema educativo español, en general llevamos décadas corrigiendo atrasos históricos. Me pasó leyendo un libro consagrado a tal fin, a matar relatos con datos (y con análisis críticos): Educafakes, 50 mentiras y medias verdades sobre la educación española, de Jesús Rogero y Daniel Turienzo. De manera tan rigurosa como amena, con matices y cautelas allí donde no cabe certeza, reúnen medio centenar de falsedades educativas que circulan alegremente y que no son inofensivas, tienen consecuencias. Como dicen los autores, todos llevamos dentro un seleccionador de fútbol y una ministra de Educación, de modo que todo el mundo opina. Cosa que no es mala, por cierto: una de las cuñadeces que desmienten es esa de que hay que dejar el sistema educativo en manos de los expertos, que ellos son los que saben, y no los políticos. No, en democracia la educación es cosa de todos; pero mejor si hablamos con algo de rigor. Leyéndolo, resulta que tenemos mucho que mejorar, sí, pero tampoco estamos tan catastróficamente mal como a veces decimos. Incluidos los indicadores internacionales de calidad esos con los que nos fustigamos tanto. Y no, los centros concertados no ahorran dinero al Estado, ni tampoco sus alumnos salen mejor preparados. Bulos estos que tienen consecuencias contantes y sonantes: sobre ellos diseñan sus leyes educativas los partidos defensores de la privada; y también son esos bulos (y otros que denigran la pública) los que hacen que tantas familias elijan la concertada para sus hijos. La sacrosanta “libertad de elección de las familias”, que la derecha lleva décadas usando para recortar y deteriorar la educación pública y legitimar la segregación del alumnado, es otra de las mentiras más dañinas. Y más ideológicas, porque resulta que sí, que la educación es política, aunque a menudo compremos ese otro mito de que la enseñanza debe ser neutral, sin ideología, solo enseñar contenidos, nada de valores.
Todos queremos un sistema educativo como el de Finlandia, pero resulta que España y Finlandia se parecen como un huevo a una castaña. Entre otras cosas porque el problema de fondo del sistema educativo español no es de métodos pedagógicos ni de leyes educativas, sino de desigualdad y segregación, y eso sí que no mejora e incluso va a peor. Esperábamos que la educación sirviese para reducir desigualdades, pero sin otros cambios sociales acaba replicando y legitimando la misma desigualdad que los alumnos traen de casa. Como esta semana se reactivan los grupos de WhatsApp de familias, y por ahí también circulan los bulos, recomiendo leer estas educafakes para que no te los cuelen, y la próxima vez no los eches de menos en la mochila si sales de casa sin ellos.
Tema: Re: Educación Pública Mar Oct 01, 2024 1:59 pm
Cuando la administración te empuja a la escuela privada
Como sabéis quienes estáis interesados en este mundillo, cada cierto tiempo salen informes llenos de estadísticas sobre el sistema educativo español. Y entre los elementos que antes vamos a mirar los periodistas están el número de jóvenes sin la secundaria o los ninis que hay en el país, dos aspectos en los que España destaca para mal históricamente. Antes de seguir: los llamados ninis, ya sabéis, son esos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Es un término que os animo a no usar por despectivo, porque obvia los motivos que pueden llevar a alguien a caer en esa situación y pone la carga sobre esa persona, como si fuera siempre su decisión. Hubo un tiempo en el que éramos campeones en esa estadística, cuando estalló la burbuja del ladrillo y todos esos jóvenes que dejaron los estudios porque había dinero fácil en la obra se quedaron de un día para otro sin obra y posibilidad de estudiar porque no tenían ni la secundaria. El caso es que les pedimos a nuestros jóvenes que estudien, que se formen, pero luego no les dejamos. Ni les damos la oportunidad. Todo esto pensaba la semana pasada mientras escribía que unas 50.000 personas se han quedado sin plaza en la red pública de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid, y después cuando hablamos con algunos de ellos y nos explicaron su frustración. Cuando te quedas sin plaza en la pública básicamente tienes tres opciones: te vas a la privada, te quedas en tu casa o te buscas un trabajo. La privada ni siquiera es una opción para muchas familias: son entre 2.000 y 4.000 euros anuales, según el centro, en un país donde el salario más habitual son 14.586 euros anuales. Ya solo quedan dos: quedarte en casa o buscar un trabajo, opción esta última que para alguien con la Secundaria como mucho, el lugar habitual desde el que se va a la FP, no parece la panacea. Son pocas las comunidades autónomas que satisfacen la demanda de plazas en la red pública. Aunque las reinas (un año más) son Madrid y Catalunya, en este reportaje incluimos gente que se ha quedado fuera en Asturias, Zaragoza o Jaén. La consecuencia normal de que no haya oferta pública es, por supuesto, que la privada se tire al negocio. En el artículo puedes consultar cuánto ha subido la oferta privada en tu comunidad y cuánto (menos) lo ha hecho en la pública. También los hay que precisamente por no quedarse un año parados se apuntan a un Bachillerato, como nos contaba Andrea. En esos casos es casi peor (no por Andrea, claro, que hace lo que puede): hay alguien ocupando una plaza de algo que no quería estudiar y otra persona que no puede acceder tampoco a ese hueco en el Bachillerato. El problema está más que detectado por las comunidades, se sucede desde hace unos años sin que haya visos de que se arregle. Lo que no se entiende tanto es que luego cuando salen los informes nos echemos las manos a la cabeza porque España sea cabeza europea en abandono temprano o ninis. Prácticamente les estamos empujando a ello.
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Laberinto V.I.P.
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Tema: Re: Educación Pública Mar Oct 01, 2024 11:48 pm
Aunque no lo ponga siempre, agradezco mucho que ocupes tu tiempo en traer artículos tan interesantes al foro, sobre todo cuando se trata de Educación.
Gracias
Laberinto
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marapez V.I.P.
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Tema: Re: Educación Pública Miér Oct 09, 2024 10:01 am
Formación Profesional: aquí hay negocio
Último capítulo de esta mini serie improvisada que venimos haciendo sobre la privatización de la FP. La cuenta que echan los fondos de inversión es sencilla: hay mucha demanda y muy poca oferta (pública). Eso significa oportunidad de negocio. Y han entrado como elefantes en cacharrería. Es sabido que desde hace unos años los fondos de inversión están comprando centros de Formación Profesional como si no hubiera un mañana. Sus razones tienen. Cada año hay decenas de miles de personas que se quedan fuera de la red pública de FP, un remanente más que bienvenido por la red privada a razón, normalmente, de entre dos y cuatro mil euros anuales. Hemos estudiado el mercado para averiguar el alcance de este fenómeno. Y, aunque como os decía no da para hablar de sorpresa, la dimensión va más allá de lo que uno esperaba: las principales empresas dedicadas al noble arte de la Formación Profesional pertenecen a fondos de inversión. El principal es KKR, que se ha hecho con todo un imperio educativo en el país que a través de un holding de empresas extiende sus tentáculos más allá de la FP, también a la Universidad y la formación no reglada. Solo con cursos varios ha ganado casi 90 millones de euros en seis años. Medac y Master D son sus señas de identidad. Está el suizo Crescendo, que se hizo con el clásico CCC; Miura Fund III es el socio mayoritario de otra empresa pantalla, Edutech Investment Holding, a través de la cual posee e-magister (que factura 35 millones de euros al año) y más empresas formativas en Latinoamérica; Investindustrial compro CEAC a través de otra firma; Q Impact se hizo con Linkia Talentia; IK Partners con Ilerna, también con intermediarias. No quiero aburriros, pero hay más. Los entramados se suceden, con empresas que cuelgan de otras, sociedades intermedias y grupos de FP que parecerían competencia pero tienen el mismo dueño. Aquí encuentras más detalles de este fenómeno. Todo esto sucede porque las administraciones no están atacando el problema de la falta de oferta. Nos hemos pasado la vida diciéndole a los jóvenes que hicieran una FP y ahora no les dejamos. No hace falta ser un experto para pensar que la situación no es ideal. El principal objetivo de un fondo de inversión es ganar dinero, no educar a gente, y sus clientes son sus accionistas, no los estudiantes. Veremos dónde acaba todo esto, espero que no se esté montando una burbuja.
Tema: Re: Educación Pública Vie Oct 18, 2024 1:05 pm
El plan de Ayuso de llevar los primeros cursos de la ESO a las escuelas va contra la ley
No se puede hacer. El proyecto que tiene la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid de devolver 1º y 2º de la ESO a los colegios va contra la ley educativa, específicamente contra lo estipulado en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, que establece las condiciones que deben cumplir los centros educativos de Secundaria. En concreto, el artículo 13.2 dice: “En los centros de educación secundaria que ofrezcan las enseñanzas de educación secundaria obligatoria se deberán impartir los cuatro cursos de que consta esta etapa educativa con sujeción a la ordenación académica en vigor”.
El Ministerio de Educación evita pronunciarse sobre posibles acciones porque por el momento el proyecto de Madrid es eso, un proyecto que no está plasmado en ningún sitio más allá de declaraciones de intenciones, y por tanto no hay elemento concreto que recurrir. Pero está vigilante, porque la Comunidad de Madrid ha anunciado públicamente su intención de hacer este cambio el próximo curso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció durante el pasado debate sobre el estado de la región dos novedades educativas: la vuelta de los centros de Primaria a la jornada partida –en la Comunidad de Madrid lo habitual es la continua– y la vuelta de 1º y 2º de la ESO a los colegios. En el antiguo sistema de BUP y COU, la secundaria –y por tanto el cambio de centro– empezaba en lo que hoy es 3º de la ESO, con alumnos de 14 o 15 años. La idea es llevar a cabo una suerte de generalización de los CEIPSO (Colegio de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria), un modelo de centro escaso y pensado para situaciones excepcionales, como la educación rural, donde es más difícil juntar a alumnado para todas las etapas. Después se sabría que, como es habitual en el Gobierno de Ayuso, ambas decisiones se tomaron sin consultar con la comunidad educativa. Ni sindicatos ni asociaciones de directores ni familias ni el Consejo Escolar, que reúne a todas las partes, fueron preguntados. La vuelta a la jornada partida fue acogida positivamente al menos por parte de los implicados: aunque no es determinante y va contra la experiencia personal de muchos docentes y algunas familias, la literatura existente tiende a defender que educativamente es mejor hacer una pausa a mediodía. El cambio de la estructura organizativa no ha corrido la misma suerte. La presidenta explicó en su momento que se toman estas dos medidas porque “van a ayudar a combatir el abandono escolar, mejorar el rendimiento de los alumnos, su descanso o sus hábitos de alimentación, así como luchar contra la soledad, las adicciones o la posible influencia de las bandas juveniles”, el mismo mensaje, literalmente palabra por palabra, que trasladó el consejero, Emilio Viciana, el pasado martes cuando explicó que se está “estudiando” la viabilidad en algunos centros para implantarla ya a partir del próximo curso. Fuentes sindicales explican a este periódico que ya se está negociando con algunos colegios concretos.
Oposición generalizada
Sin necesidad de entrar en lo que dice la ley, la oposición a esta medida le llega a Ayuso desde los sindicatos, la principal asociación de directores de Secundaria de la Comunidad de Madrid, los profesores de base o la universidad. No es necesaria, nadie la está pidiendo, ataca un problema que no existe y no resolverá los que sí son reales y además generará problemas organizativos, advierten unos y otros. Solo la FAPA Giner de los Ríos, que reúne a AMPAs de toda la región, se muestra abierta “en función de los detalles”, explica María Carmen Morillas, su presidenta. El problema es que de momento detalles, pocos. “La inclusión de los dos primeros cursos de la ESO en los CEIPs (colegios) no ha sido ni es una demanda de las familias ni de los profesionales, y anunciarlo así, sin ningún debate real y de calado con los afectados es una muestra de hasta qué punto la Comunidad de Madrid no actúa escuchando sino imponiendo”, explican desde la Asamblea Menos Lectivas, que reúne a profesores de base de toda la región. “La Consejería busca generar ruido en vez de atender a las demandas reales de la comunidad educativa, como son la bajada de ratios reales, de horas lectivas o recursos para la atención a la diversidad, así como el fin de la segregación educativa”, añaden. Este reproche es compartido. “Existen problemas en 1º y 2º”, concede Rosa Rocha, presidenta de Adimad, la asociación de directores de centros públicos de Madrid. “Hay alumnos, sobre todo con un determinado perfil, que experimentan dificultades. El cambio de etapa [de Primaria a Secundaria] es complicado y los hay que se aburren, que no quieren estar ahí, se vuelven disruptivos y lo acaban dejando. Pero, ¿esto se va a solucionar dejándolos en los colegios? Lo dudo. Hay que plantear otras medidas. Necesitamos profesores con más formación pedagógica para atender adecuadamente a este alumnado. No se habla de ratios, de apoyo a la diversidad. Creo que es una ocurrencia de los asesores del consejero”, reflexiona. Un discurso similar esgrime Isabel Galvín, responsable de la federación educativa de CCOO en Madrid. “Este tema no es relevante en investigaciones internacionales, ningún experto pone el foco en esta cuestión. Ratios, horarios lectivos, comedores, atención a la diversidad, cotutorías, perfiles del alumnado... Ahí es donde se pone el foco para resolver problemas del sistema educativo”, reflexiona. “¿Hay problemas con la convivencia en los centros? Está la figura del coordinador de bienestar, pero hay que contratar profesores para reforzarla. También podría bajar la ratio de alumnos por orientador, que está en 1.500 cuando la recomendación es de 250. ¿Le preocupa el abandono temprano? Que generalice la figura de los mentores”, ofrece soluciones. Pero, es consciente, esas soluciones requieren dinero. Más que habilitar unas aulas. “Pero sin más medidas, sin memoria económica, es como mover muebles de un lado para otro”. Para la responsable del principal sindicato de la comunidad, “Ayuso alienta el miedo de las familias” a que sus hijos pasen con 12 años al instituto, donde comparten espacios los de Bachillerato, de 17. “Es volver a los 80”, sostiene. Rocha, la directora de instituto, le da la vuelta al argumento: “¿Qué va a pasar cuando esos chicos de 13 y 14 años se junten con los pequeños de los colegios?”, pregunta.
¿Quién da clase?
También está el melón del profesorado que va a atender esos cursos de Secundaria en colegios de Primaria. Por un lado, los maestros de los CEIPs hace tiempo que no pueden dar clase en la ESO salvo contadísimas excepciones más relacionadas con el mundo de la orientación y la atención a la diversidad, por lo que deberían ser docentes del cuerpo de secundaria. Pero con estos surge otro problema, en este caso de horarios: materias con muchas horas semanales como Matemáticas y Lengua pueden cubrirse con docentes a tiempo completo. Pero en otras como Música o Tecnología no hay horas semanales suficientes para llenar una jornada entera, lo que obligará bien a tener profesorado a tiempo parcial, bien a tener especialistas itinerantes que vayan de centro a centro. O, peor aún, dice Menos Lectivas, que se pretenda volver a los maestros dando clase en Secundaria. “Si se vuelve a la situación anterior, en términos efectivos se empeorará la calidad de las condiciones laborales de los trabajadores, puesto que se pasará de tener profesores del cuerpo de secundaria a maestros de primaria, con peor salario y peores condiciones”, sostienen. “El profesorado tiene un malestar enorme”, asegura Galvín, quien augura que si se acaba llevando a cabo este cambio se realizará a base de profesores viajantes de colegio a colegio. Por su parte, UGT amenaza con recurrir a los tribunales en caso de que prospere la incorporación de los cursos de 1º y 2º de la ESO en los colegios públicos de Infantil y Primaria. En un comunicado, el sindicato ha afirmado que está estudiando “si los artículos 4 y 24 de la LOMLOE podrían verse conculcados”. El argumento de la Comunidad de Madrid es que ya existen alrededor de unos 40 centros que ofrecen las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria juntas, los conocidos como CEIPSO, pero solo unos 10 limitan los cursos añadidos hasta segundo de la ESO, según fuentes de la Consejería de Educación. UGT explica que estos se abrieron “de forma transitoria” y que “se supone que implantarán también 3º y 4º de la ESO”, por lo que su situación es válida judicialmente.
¿Dónde están las instalaciones?
Además de la limitación general que establece el Real Decreto 132/2010 quienes se oponen al cambio esgrimen más argumentos legales contra él. Por ejemplo, respecto a las instalaciones que debe tener un instituto, además del espacio físico para las clases. Están establecidas en el mismo RD, que dice en su artículo 14 lo que debe tener cada centro: “Por cada 12 unidades o fracción, un aula taller para tecnologías y dos aulas para las actividades relacionadas con las materias de música y educación plástica y visual respectivamente; Al menos un laboratorio de Ciencias Experimentales por cada 12 unidades o fracción; Un espacio por cada ocho unidades para desdoblamiento de grupos y otro para actividades de apoyo y refuerzo pedagógico”.
Todo eso se tendrá que crear en los colegios que asuman 1º y 2º de la ESO, porque los CEIP no tienen esas instalaciones. “La falta de infraestructuras adecuadas (laboratorios, taller de tecnología, aulas de informática, etc.) podría comprometer el desarrollo óptimo de las clases en algunas materias”, recuerda Menos Lectivas. Los profesores están dispuestos a pelearlo. La asamblea Menos Lectivas anuncia dos jornadas de lucha los próximos días 29 de octubre y 21 de noviembre. “Lo impondrán, con lo que habrá renuncias y requerimientos, augura Galvín. ”Finalmente los tribunales lo echarán para atrás y las personas afectadas habrán sufrido un daño irreparable“.
Tema: Re: Educación Pública Vie Oct 18, 2024 5:21 pm
Gracias, marapez!
Laberinto
marapez V.I.P.
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Tema: Re: Educación Pública Vie Oct 18, 2024 5:43 pm
A mi esta movida me suena a que quiere favorecer a las escuelas privadas... Llámame malpensada.
Laberinto V.I.P.
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Tema: Re: Educación Pública Vie Oct 18, 2024 5:46 pm
marapez escribió:
A mi esta movida me suena a que quiere favorecer a las escuelas privadas... Llámame malpensada.
NOS llamo malpensadas.
Laberinto
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marapez V.I.P.
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Tema: Re: Educación Pública Dom Oct 27, 2024 8:58 pm
¿Qué hacemos con la educación concertada? Un modelo peor financiado, pero que segrega con dinero público
En algún momento hay que abrir el melón. El Gobierno ha generado una buena polémica estos días con la idea de estudiar el coste de la plaza escolar en la educación para, si fuera luego necesario, “actualizar” lo que le paga a este modelo educativo atascado en una eterna polémica por su menor financiación respecto de la pública, que deriva en que acaba incumpliendo su obligación de ofrecer un servicio gratuito y equitativo.
Porque casi 40 años después de que Felipe González instaurara la escuela concertada, España no ha acabado de resolver el encaje y funcionamiento de los centros privados subvencionados como parte del servicio público. “Resolver” en el sentido de eliminarla una vez desaparecida la necesidad de plazas que en los años 80 del siglo pasado la hizo existir, defienden muchos; o resolver en el sentido de financiarla en igualdad de condiciones que la pública para –teóricamente– acabar con la segregación. Lo primero no parece que vaya a suceder en el corto plazo. Lo segundo ahonda en algo que ya viene sucediendo de manera soterrada: el módulo que se le paga a la concertada sube algo casi cada año. Varios elementos distorsionan la prestación de este servicio, que se supone (por ley) debería ofrecerse en las mismas condiciones que el público. No pasa, y básicamente toda la problemática gira en torno a la financiación y los efectos que tiene sobre el sistema. La escuela concertada recibe menos dinero, proporcionalmente, que la pública. Son datos objetivos a partir de la estadística oficial de contabilidad. Pero la escuela concertada también segrega con dinero público. Esto no son datos oficiales porque el INE no mide la segregación, pero diversos estudios científicos coinciden en señalarlo. Como no tienen fondos suficientes se ven obligados a cobrar cuotas mensuales a las familias, impidiendo de facto el acceso a las más humildes, que no se pueden permitir los pagos. Save the Children dice que el español es el sistema que más segrega de Europa: los ricos con los ricos, los pobres con los pobres. La patronal de la escuela concertada se mueve entre negar que cobren cuotas ilegales y admitir que hay pagos mensuales (voluntarios, defienden) que se explican a partir de la infrafinanciación. “Todos los centros concertados cumplen estrictamente con dicha normativa [sobre igualdad de acceso] a través de las plataformas digitales creadas por las Administraciones educativas competentes, y rechazamos cualquier práctica que implique segregación o discriminación de los estudiantes”, aseguran desde Escuelas Católicas, la patronal de la Iglesia que agrupa a la mayoría de las escuelas concertadas del país. “Además, consideramos que las conclusiones que se resaltan en ciertos informes sobre el cobro generalizado de cuotas ilegales en la educación concertada son sesgadas y no reflejan la realidad de nuestro modelo educativo”, añaden.
“El resto, lo tienen que pagar las familias”
Carlos Camí, presidente de la Confederación de Centros Autónomos de Enseñanza de Cataluña, admite que “como el concierto solo cubre una parte del coste real, que históricamente ha estado entre el 60-65%, el resto lo tienen que pagar las familias”, y admite que esa cuota “no deja de ser una barrera para las familias que no pueden afrontarla”. Si no existiera, si se financia adecuadamente, no habrá segregación, asegura. No todos comparten esta visión. Adrián Zancajo es investigador del departamento de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los autores del estudio La educación concertada en España. Reformas clave de equidad desde una perspectiva internacional, de la Fundació Bofill.: “La financiación por sí misma no garantiza el fin de la segregación”. “Es parte de la segregación, pero hay un hecho contrafactual que es el ejemplo de países como Bélgica o los Países Bajos, donde la escuela concertada tiene una buena financiación, pero también hay una gran segregación”, añade. Su colega Xavier Bonal, catedrático de Sociología también en la UAB, se muestra igual de categórico: “En absoluto. La segregación no concluye con la financiación, se acaba con políticas”, sostiene. Como está intentando Catalunya desde hace unos años. Los dos investigadores también destacan que el asunto de la concertada realmente no atañe a todo el país ni es igual en las diferentes comunidades. “Hablamos de un problema que se concentra en la Comunidad de Madrid, País Vasco, Catalunya y un poco de Andalucía. Cada una tiene su lógica: En Catalunya existen los dos extremos: bastantes centros infrafinanciados y cercanos al servicio público y un sector notable de muy sobrefinanciados. En el País Vasco hay en general una muy buena financiación y las cuotas responden a oferta de actividades no obligatorias. En Madrid el modelo está más orientado al negocio”, explica Bonal.
“Actualizar los módulos”
El Gobierno ha levantado un polvorín estos días al deslizar que quiere estudiar el coste real del servicio (no hay datos oficiales sobre cuánto cuesta una plaza escolar) y, llegado el caso, actualizar el módulo –una especie de unidad a la que se le asigna una cantidad de dinero– que paga a los centros privados por cada aula concertada. Si “actualiza” los módulos, dada la situación objetiva respecto a la financiación, el único camino posible es hacia arriba. Pero el Ministerio de Educación no admite abiertamente que pretenda subir la cuantía del módulo y se limita a explicar que va a actualizar los salarios del profesorado de estos centros un 2% (esos sueldos los abona el Estado), igual que hará con los funcionarios de la pública. Pese a la agitación que ha levantado este supuesto movimiento del Gobierno y más allá del análisis político que se quiera hacer, Educación no estaría haciendo nada que no hubiera anunciado. La primera parte (estudiar el coste real de las plazas) la exige la Lomloe, una ley aprobada por una versión anterior de este mismo Gobierno con el voto positivo de Podemos, Más País o ERC, entre otros partidos. Ahora Sumar también se echa las manos a la cabeza porque el Gobierno parezca pretender subir los módulos, pese a que es una medida que el partido de Yolanda Díaz validó en el acuerdo de Gobierno que firmó con el PSOE. “Combatiremos la segregación escolar mediante la actualización de los módulos y de otros costes de funcionamiento de los centros concertados sostenidos con fondos públicos para asegurar que su oferta es accesible a todas las familias sin peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos”, dice el texto.
La foto fija
La patronal de la concertada suele afirmar que el módulo que recibe por aula concertada está “obsoleto”. Entre 1990 y 2024 la cuantía mínima de Infantil/Primaria ha pasado de 3,5 millones de pesetas (21.000 euros) por aula a 43.069 euros. En Secundaria, la evolución ha ido de los 4,7 millones de pesetas (28.300 euros) de hace 34 años a los 70.530 que figura en las cuentas de 2024. Es una subida aproximada del 100% en estos 34 años, mientras el IPC lo ha hecho en un 150%, según el INE. También es cierto que esas cantidades son las mínimas que establece el Gobierno central: muchas comunidades complementan las partidas. En términos individuales (un dato que muchos expertos consideran engañoso en la educación) un estudiante de una escuela concertada le cuesta al estado 3.655 euros al año (otra cosa es lo que pague su familia en cuotas). Un alumno matriculado en un centro público asciende a 6.742. Son cifras oficiales, objetivas, extraídas de la simple cuenta de dividir la inversión pública en cada red entre el número de alumnos; pero también son datos fríos, sin los matices necesarios para entender el fenómeno. Por ejemplo, la concertada no suele tener presencia en zonas rurales, donde la prestación del servicio es más cara al ser las escuelas más pequeñas, y además sus profesores imparten más horas lectivas, por lo que hacen falta menos profesionales para lo mismo que en la pública. Pero no hay datos oficiales de cuánto cuesta prestar el servicio. Cuál es el coste de enseñar a un alumno por año. El Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) abordó el asunto en el que es [url=https://www.sindic.cat/site/unitFiles/7166/Resumen ejecutivo estimacion coste plaza escolar_cast (002).pdf]el estudio más completo sobre la cuestión[/url] que se ha realizado en España. La Comisión de estudio del coste de la plaza escolar sitúa en ese informe el coste teórico en 4.973,63 euros por alumno en educación Infantil de segundo ciclo y Primaria (5.117,3 euros por alumno en el sector público y 4.659,6 euros por alumno en el sector concertado) y 6.100,1 euros por alumno en secundaria (6.579,99 euros por alumno en el sector público y 5.211,08 euros por alumno en el sector concertado). En ambos casos, explica Bonal, “había un déficit teórico en los dos sectores; en el concertado era mayor”. Más estadística: aunque de manera lineal el módulo ha subido menos que la inflación, como se paga por unidad concertada y la educación privada subvencionada solo sube, el gasto total en esta partida también lo ha hecho. El Estado ha duplicado en 20 años los recursos dedicados a estos centros, para llegar en 2022 hasta los 7.495 millones de euros. La inversión en la pública también sube (aunque fue víctima de los recortes de la crisis de la década anterior) y alcanza los 37.500 millones de euros en ese mismo curso. Sube en términos absolutos, pero no tanto en relativos: era un 4,71% respecto al PIB en 2022, frente al 4,51% de diez años antes. El gasto público en educación supone un 9,9% del total que hace el Estado y era el 9,1% en 2012, siempre según el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación del Ministerio.
“Es un buen momento”
Las informaciones aparecidas han puesto sobre la mesa el sempiterno debate sobre la concertada, un modelo en sí mismo no tan particular de España, aunque sí lo es su funcionamiento. Y lo hace en un momento especialmente relevante, tercia Bonal, porque la caída de la natalidad está reconfigurando la red de colegios y obligará a cerrar centros: habrá que elegir cuáles. Este fenómeno, del que nadie está a salvo, ya está sucediendo, pero afecta de manera diferente a las públicas y a las privadas subvencionadas: entre las primeras hay cierres; entre las segundas hay menos unidades, que significan aún menos financiación y, en último término, también algún cierre o el paso del centro a la red pública. Hay quienes sostienen que la privada subvencionada es una anomalía. “La educación de titularidad y gestión pública es la única que garantiza el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia, la que más y mejor asegura la igualdad y la convivencia democrática de personas con distintas procedencias socioculturales; y por ello, la que mejor contribuye a la equidad y la cohesión social (...). Lo que se necesita es valentía y voluntad política para dejar de ser una anomalía en Europa donde la educación es fundamentalmente pública y avanzar de una vez por todas hacia el siglo XXI”, escribe Enrique Díez, profesor de la Universidad de León, una tribuna que muchos firmarían. Esta corriente defiende que no importa que la concertada le ahorre dinero al Estado –suponiendo que sea real, porque no ofrece el servicio allá donde es más caro– y que debe desaparecer. La patronal concertada argumenta que sus centros garantizan la diversidad de la oferta formativa respecto al uniforme modelo público. “La educación concertada es un pilar esencial dentro del sistema educativo, y su correcta financiación y funcionamiento son imprescindibles para garantizar el acceso a una enseñanza equitativa y plural para todas las familias”, defiende Escuelas Católicas. “La concertada tiene una diversidad que la pública no ofrece. Hay centros religiosos, laicos...”, añade Camí. Es la consabida “libertad de elección” que, aseguran, consagra la Constitución en su artículo 27. Lo que no específica la Carta Magna es que esa libertad deba pagarse con fondos públicos: habla de “ayudar” a los centros que cumplan unos determinados requisitos. Entre medias de ambas posturas se ubican perfiles como Bonal o Zancajo, que sitúan el debate en otro sitio: la regulación. “El modelo puede tener cabida porque la mayoría de los países lo tienen. Creo que la diferencia es cómo se regula ese sector, y eso marca el tamaño de la concertada”, sostiene el segundo. Coincide Bonal: “El debate es qué entendemos por interés público y cómo construimos un modelo de educación pública en el que puedan entrar proveedores privados, pero para prestar un servicio público”. Porque, argumentan los investigadores, la anomalía es la escasa rendición de cuentas en lo referente a la matriculación de alumnado. “El problema es cómo regulamos. Y el peligro de mejorar la financiación sin abrir el otro debate es que se mejorará la financiación y se olvidará el otro porque no le interesa a nadie. Pero lo que no puede ser es que siga sin regularse lo que quiere decir tener un concierto público, como sucede en sanidad, donde si no cumplen se les quita el concierto”, reflexiona Zancajo. “Si tiene que haber un modelo de concertada, tiene que ir vinculado a unas obligaciones. También de transparencia financiera, pero un elemento básico es el porcentaje de alumnado vulnerable que matricula”. “Plantear que te voy a cubrir el déficit [en alusión al Gobierno] y luego esperar que te comportes no me parece de recibo”, sostiene Bonal, que también diferencia entre escuelas concertadas. “Es un error tratar a la concertada como si fuera unitaria y toda vaya a reaccionar de igual manera ante esa disposición. Hay una escuela concertada cercana al sistema público, otra más próxima al negocio. Es necesaria una política de bisturí más que de brocha gorda”, opina. Un informe de Esade en el que participó el catedrático sostiene que entre los colegios que cobran cuota, hay casos en los que es por mera supervivencia (un 25%, según el estudio), otros para pagar servicios que los conciertos no contemplan (30%) y un tercer grupo que sí responde a la idea más socialmente asentada respecto a estos pagos, los que cobran por diferenciarse del resto, cribar y/o aumentar sus beneficios económicos (15%). Esta investigación huía de la idea de una infrafinanciación extendida a todo el sector, ligaba la situación económica de los centros a su tamaño (más grande, mejor financiado) y sostenía que no en todos los casos está justificado el cobro de cuotas (desde la perspectiva patronal de su necesidad). “Es evidente”, analiza el informe, “que los centros con peor financiación cobran cuotas y lo hacen en mayor magnitud con una finalidad de supervivencia económica. También puede desprenderse que aquellos centros con mejor financiación, y que cobran cuotas elevadas, lo hacen por motivos relacionados o bien con la ampliación de servicios, o directamente, con el beneficio económico”.
El modelo catalán
Catalunya es, probablemente, la comunidad autónoma que más se preocupa por la situación e intenta corregir los desvíos que se producen. Hace unos años se firmó un pacto contra la segregación por el que la Generalitat se comprometía a mejorar la financiación de las escuelas concertadas si estas a cambio acogían a más alumnado vulnerable. El Govern paga unos 900 euros extra por estudiante con necesidades educativas especiales (NESE, en su acrónimo en catalán) matriculado a estos centros para equilibrar el reparto de alumnado. Está funcionando, valoran los expertos, aunque el grado de éxito depende de a quién se le pregunte. “Hemos cumplido con la distribución del alumnado por igual”, asegura Camí, de una patronal catalana. “La escuela pública tiene un 14,2% de familias con necesidades educativas o vulnerables y la concertada el 14,1%. ”Es cierto también que en Catalunya se consiguió una partida importante en los gastos de funcionamiento en los presupuestos de 2022, pero falta todavía bastante para llegar a esta total gratuidad“, sostiene.
Zancajo matiza que ese análisis tiene letra pequeña que Camí omite. Explica el investigador que la catalogación de un alumno como con necesidades educativas especiales acoge dos grupos diferentes: los que tienen problemas psicológicos y/o físicos (NESE A) y los socioeconómicamente vulnerables (NESE B). Y que como entran todos en el mismo saco hay una apariencia de igualdad, pero realmente la concertada está matriculando una proporción significativamente menor de familias humildes, que son las que tienen un problema de segregación. Lo mismo sucede con los inmigrantes, matriculados mayoritariamente en la pública. Pero el acuerdo también incluía una reserva de plazas en cada colegio para el alumnado NESE B equivalente a su presencia en el barrio de referencia de cada colegio, y se obliga a mantener esa reserva de plazas hasta septiembre. Esto ha provocado que en algunos colegios concertados elitistas la presencia de estos estudiantes NESE B alcanza el 40%, por ejemplo en el Carmel.
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Tema: Re: Educación Pública Dom Oct 27, 2024 9:06 pm
La pregunta se responde sola: que pase a escuela privada y se autofinancie. El 100% de la financiación estatal para la escuela pública.
Salú y República.
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marapez V.I.P.
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Tema: Re: Educación Pública Hoy a las 10:59 am
“Hay que sacar a los niños del lodazal”: la DANA deja 22 pueblos sin colegios y la Generalitat “no tiene un plan”
Casi una semana después, la Generalitat ha dejado a su suerte en el plano educativo a las familias afectadas por la DANA en la Comunitat Valenciana. Al menos 22 localidades de la región se han quedado sin un solo colegio o instituto útil, según una circular enviada por la Conselleria de Educación, que se limita a comentar que no habrá clases esta semana en esos pueblos y abre de manera excepcional la posibilidad de que quien esté interesado pueda acudir a otro centro. Pero, añade esta nota, deberán gestionárselo por sus propios medios y solicitarlo ellos mismos a los centros a los que quieran ir.
Además, ni siquiera es una idea propia: se la trasladó la asociación de directivos de centros de Primaria ADEP-PV, sostiene su vicepresidente Fran Perea, que también lamenta los ritmos a los que se mueve la administración. Hasta este lunes, la Conselleria que dirige el popular José Antonio Rovira no ha convocado a la comunidad educativa para informarles de la situación ni buscar soluciones comunes, lamentan sindicatos, familias y directores. La reunión será el próximo miércoles, ocho días después de las inundaciones. Este periódico ha pedido información a la Conselleria sobre el impacto de la DANA, cuántos estudiantes, profesores y colegios se han visto afectados o sus planes de futuro, pero no ha obtenido respuesta. La única información oficial disponible es que en 23 localidades “no será posible prestar el servicio educativo”. Son Albal, Alfafar, Algemesí, Alginet, Alcàsser, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Cheste, Chiva, Dos Aguas, Godelleta, L'Alcúdia, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví, Siete Aguas, Utiel, tres pedanías de València; Castellar Oliveral, La Torre y Horno de Alcedo y Yátova, además de Aldaia, donde sí están operativos los colegios ubicados en Aldaia-Barrio del Cristo. Efe añade Montserrat, que iba a hacer una prueba piloto para determinar si los accesos e instalaciones pueden funcionar con normalidad, y Xirivella, que tampoco abrirá este martes. Alaquàs cerrará entre el 4 y el 6 de noviembre, aunque estos últimos no aparecen en la lista de la Generalitat. Sí ha medido la Generalitat el impacto en los centros de Formación Profesional, según otra circular. En este caso hay más información: son un total de 21 centros afectados, que alojaban a casi 7.000 estudiantes y con unos daños calculados en 16 millones de euros. En Albacete, los 34 alumnos y ocho docentes del centro escolar de Letur, la población más afectada por los efectos de la DANA en Castilla-La Mancha, han reanudado este las clases en la vecina localidad de Socovos, donde han sido recibidos entre aplausos.
El impacto en los más pequeños
Mientras, crece la preocupación entre profesionales y no profesionales por el impacto que puede tener todo lo ocurrido en la salud mental de los más pequeños, que han visto cómo su mundo conocido se derrumba delante de sus ojos. La Generalitat limita en su circular la información a la semana en curso (“no será posible por razones de fuerza mayor (...) prestar el servicio educativo desde el día 4 al 8 de noviembre”), pero varias fuentes que han visto el estado de los centros educativos afectados sostienen que en muchos casos no va para una semana, harán falta meses para reconstruir los centros más dañados, advierten. Algún colegio habrá que tirarlo entero, auguran. “Entendiendo la dificultad de organizar algo, no puede ser que no haya ningún plan para los niños”, lamenta Rubén Pacheco, presidente de la Confederación de AMPAS Gonzalo Anaya, principal asociación de familias de la región. “Debería haber una alternativa que permita sacarlos del lodazal en el que están, que es insalubre, mentalmente, una mina. Sabemos que incluso el mero acceso [a algunos municipios] es complicado, pero que no haya ningún plan para que las criaturas –que deberían poder seguir yendo a los centros– tengan una alternativa es bastante preocupante”, reflexiona. La comunidad educativa –directores, profesorado, sindicatos, familias– critica que la Conselleria no tengan ningún plan para retomar la actividad de los niños que se han quedado sin colegio, más allá de que esté “está evaluando las medidas necesarias para restablecer el servicio educativo a la mayor brevedad posible”, según explica la circular enviada por Educación. “Ha actuado antes la comunidad educativa que la Conselleria”, sostiene a pie de calle Vicent Mañes, expresidente de Fedeip, la asociación de directores de Infantil y Primaria, y vecino de un municipio arrasado. “Necesitamos, el profesorado y la comunidad educativa, una planificación ya para abordar las soluciones que se deben aplicar ya en los centros educativos que se encuentran en las zonas, poblaciones y comarcas afectadas por la DANA”, pide Francisco González, responsable de Educación de UGT en la Comunitat. “Ha habido dejación de funciones desde el primer momento”, sostiene Rafael Martínez, responsable de Acción Sindical de Educación Publica No Universitaria de CCOO. “Dado que estamos en una zona en la que corremos un riesgo evidente de que esto suceda, estaría bien tener un plan previo entrenado. No solo educativo, también de evacuación, prevención de accidentes...”, añade Mañes. La preocupación principal ahora es mitigar, en la medida de lo posible, el impacto en los más pequeños. María Bilbao, psicóloga infantil, cree que “lo más importante de todo en este momento es darles una sensación de seguridad”, una recomendación que repiten desde Save the Children o la ONG Educo. “Lo que ha pasado atenta contra la integridad y sensación de seguridad que tiene todo el mundo, pero especialmente los más pequeños. Hay que darles cercanía física, abrazos, si necesitan dormir juntos hacerlo... También pueden aparecen síntomas como la angustia de separación”, advierte la psicóloga. Otros ponen el foco en la importancia de retomar las rutinas, que en este caso pasa por volver a clases, explica Pilar Orenes, directora general de la ONG Educo, especializada en actuar en contextos de emergencia por todo el mundo. “Es muy importante que los niños y niñas que han vivido estas terribles inundaciones puedan recuperar cuanto antes la normalidad. Eso incluye retomar las clases, ya que, en este tipo de situaciones, la escuela es un refugio emocional para ellos y ellas, en el que pueden expresarse y compartir sus emociones con sus compañeros y compañeras mientras se sigue garantizado su derecho a la educación”. Bilbao apunta que es importante “que los padres o madres puedan dar sentido a lo que ha pasado”, realizar una narrativa comprensible “que les ayude a elaborar la situación en las cabezas”. Para ello es importante hablar, pero teniendo en cuenta “que los niños no siempre hablan como los mayores. A veces hablan con dibujos, a veces con juegos”, insiste la psicóloga en la importancia de habilitar espacios que posibiliten estas actividades. Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, apunta al riesgo del estrés postraumático y las secuelas a largo plazo, preocupación que comparte Bilbao, quien recomienda “apagar la radio y la tele, es terrible estar escuchando a la gente decir que pensaba que se iba a morir, es retraumatizante”.
Un plan con fisuras
Hay motivos psicológicos para retomar la actividad escolar, de socialización, educativos aunque menos, incluso pragmáticos que permitan a los adultos también volver a su vida, explica Fran Perea, vicepresidente de ADEP-PV y director del colegio Reyes Católics de Silla, uno de los pocos municipios en la zona que esquivó las inundaciones. “Las familias necesitan que se retome la actividad. No veo un problema en que los niños pierdan una semana de clase, pero en muchos casos padres y madres tienen que recuperar sus trabajos. Conozco a muchas familias que no pueden dejar los niños con nadie porque todos sus conocidos están todos igual que ellos”, ilustra. Porque el plan de que las familias interesadas busquen un centro al que acudir plantea más interrogantes de los que resuelve. “Esa circular no explica ni qué tipo de acogimiento se va a producir en esos centros, si va a poder ser en el mismo nivel en el que están los niños, si en la medida de lo posible estará vinculado a otros alumnos que vengan del mismo centro, si van a contar con transporte público como hasta ahora o cada familia debe transportarlo –sin tener en cuenta que la mayoría ha perdido los vehículos–, si el servicio de comedor está asegurado o no, si habrá servicios complementarios al acabar las clases...”, enumera Pacheco, de la Confederación de AMPAS Gonzalo Anaya. “Además, la mayoría de las familias no van a poder recibir esta información de ninguna manera. Están limpiando, muchos sin luz o conexión [a internet] buena parte del día”, añade. En el medio plazo las fuentes consultadas creen que, ante la imposibilidad de recuperar muchos centros en las siguientes semanas, se tratará de reubicar al alumnado de una manera algo más estructural. La Generalitat ha pedido a los centros que identifiquen espacios que puedan habilitar para esta acogida, explican los directores. Perea cree que hace falta un plan bien estructurado, “y rápido”. “Se está yendo de las manos. No es de recibo que alguien de otro municipio venga a mi centro una semana solo porque yo conozca a la familia. Igual habría que hacerlo a nivel de localidad, vinculando pueblos de referencia”.
A este director le vienen a la mente muchas problemáticas a futuro. “Hay que tener en cuenta la situación del profesorado. Hay centros en los que un 50%-60% de los maestros son de las zonas afectadas. En mi colegio (ubicado en Silla) tengo la fortuna de que de casi 40 me van a faltar cuatro o cinco. Pero en otros faltarán ocho o diez. Habría que estructurar la acogida, si van a trasladar al alumnado quizá debería ir su profesorado con ellos”, improvisa. Los sindicatos también confirman que a nivel laboral “la información ha brillado por su ausencia”, según asegura Martínez, de CCOO. “Hemos tenido muchísimas casuísticas de profesorado que se ha visto en la incertidumbre sobre qué debe hacer, qué no... Desde centros que han tenido problemas con el agua hasta el profesorado que no ha podido acudir a las clases y no han sabido cómo gestionarlo”, sostiene. La circular que envió Educación se limita a pedir al profesorado que no pueda acudir a su centro que lo comunique.
