Tema: Lawfare de libro? Miér Jun 22, 2022 10:59 am
Oltra, las responsabilidades penales y las políticas
No hay una sola prueba en el sumario judicial que demuestre que Mónica Oltra maniobró desde su departamento para proteger a su marido, cuando ya se estaba separando de él y no tenían vida en común, en el caso en el que fue investigado por abusar sexualmente de una menor tutelada en un centro donde la pareja de la vicepresidenta ya trabajaba antes de que ella llegase a la Generalitat. No hay pruebas y sin embargo no es extraño que la dirigente de Compromís haya resultado imputada: tanto la fiscal superior de Valencia, Teresa Gisbert, una reputada jurista asociada a la Unión Progresista de Fiscales, como los magistrados del Tribunal Superior consideran que hay materia para seguir investigando. Quieren saber si la entonces número dos del Gobierno valenciano maniobró al frente de la Conselleria de Políticas Inclusivas para proteger a su exmarido en la causa donde acabó condenado a cinco años de prisión por un delito continuado de abusos a una menor (entre dos y diez veces, según la sentencia) con el agravante de prevalimiento. O si al menos Oltra dio instrucciones a su departamento para proteger su propia carrera política en el expediente interno que abrió su consejería para investigar los casos de abusos y en el que funcionarios y cargos públicos dieron poca credibilidad a la entonces denunciante, una menor con una relación complicada con los educadores y vigilantes que a menudo era castigada y enviada a un cuarto separada del resto de las internas, donde se produjeron unos abusos que ya han sido certificados por la Justicia. El papel de Oltra en ese expediente es lo que se va a investigar a partir de ahora y por lo que estaba citada la ya exvicepresidenta de la Generalitat el próximo 6 de julio en el Tribunal Superior de Valencia. No se necesitan pruebas sólidas para seguir adelante con una instrucción judicial. Bastan indicios, también para los aforados como Oltra, por mucho que se necesite una exposición motivada para investigar a un diputado autonómico. Si hay pruebas para condenarla o no, eso se dirimirá en un juicio que todavía queda lejano y en caso de que no se archive todo por el camino. La instrucción se encuentra en una fase preliminar. Y en el Derecho Penal ser imputado no significa más que estar siendo investigado, tener derecho un abogado y a mentir en tu defensa, una licencia que no se permite a los testigos, que pueden ser perseguidos por falso testimonio si no dicen la verdad en un juzgado. Eso es todo lo que implica la imputación en una investigación penal. Otra cosa son las connotaciones de la palabra –que han llevado a una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015 para suavizar el término y cambiarlo por investigado–. Cuestión diferente son también los códigos éticos y programas que han trazado algunas organizaciones políticas durante la última década de escándalos y corrupciones varias. Por eso, la investigación a Oltra sería perfectamente compatible con su continuidad en la Generalitat y el Parlament valenciano. Ya no será así y, tras su doble dimisión de este martes, pronto será un juzgado ordinario el que se haga cargo de una causa que de momento la ha apartado de la primera línea política, quién sabe si para siempre, y que también había situado al borde del precipicio al Gobierno de Ximo Puig. Intereses partidistas y cacerías de la extrema derecha mediática (y de la otra) aparte, el clima que la ha llevado a renunciar hunde sus raíces en la eterna confusión entre las responsabilidades políticas y judiciales y en una falta de conciencia democrática que ha empujado a partidos políticos, editorialistas y comunicadores a trazar sus propias líneas rojas sobre la permanencia en cargos públicos. El mandamiento que se ha extendido en algunas organizaciones, tras los años de corrupción y escándalos políticos, es que una imputación implica dimitir. Ahí se han situado formaciones como Ciudadanos y hasta Podemos en un primer código ético que luego se cambió para situar la frontera en el procesamiento (cuando uno ya está sentado en el banquillo del juicio). No sucede igual en otros países europeos, donde los políticos abandonan sus cargos por comportamientos poco éticos, por traicionar su programa electoral o por conductas socialmente inapropiadas. Las hemerotecas están plagadas de dirigentes que abandonan sus puestos cuando se dan a conocer algunos errores de juventud. Por plagiar tesis en la universidad. Por verter comentarios racistas hace años. Por gastos difíciles de justificar. Por aprovecharse del cargo público de alguna forma. Conductas, todas, que no colisionan con ningún código penal o que estarían prescritas pero que se asumen como impropias de servidores públicos e implican la renuncia. España ha llegado al paroxismo de que hay políticos y tertulianos que reclaman una disculpa al anterior jefe del Estado. Pese a haber quedado demostrado que defraudó a la Hacienda pública. La explicación vuelve a ser judicial: como no hay condena -y no la ha habido porque algunos de los hechos se produjeron cuando era jefe del Estado y por tanto inviolable y porque en otros casos la Fiscalía le permitió regularizar el dinero defraudado antes de denunciarlo en la Justicia, somos los demás los que debemos pedir perdón a Juan Carlos I. En este país donde la sede del principal partido de la oposición fue reformada con el dinero negro que lo alimentó durante 30 años, el de Correa, los ERE de Andalucía, los millones de euros en altillos de los suegros, las líneas rojas suelen ir moviéndose en función de la camiseta del que juzga. Y ahí la derecha mediática lleva varios cuerpos de ventaja desde hace décadas. En esta época que salen sentencias condenatorias de Gürtel una detrás de otra ya casi nadie recuerda aquellos primeros días del caso en que quien tuvo que dimitir fue un ministro del Gobierno de Zapatero, el de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, al que el PP y sus medios afines acusaron de participar en una jornada de caza junto el entonces instructor de la causa Baltasar Garzón. Ningún episodio refleja mejor la hegemonía mediática de la derecha: cuando estalló el caso Gürtel que acabó haciendo caer a un Gobierno una década después, quien primero dimitió, en medio del ruido y aquellas declaraciones de Rajoy de “las tramas contra el PP”, fue un ministro socialista. Últimamente en esa prensa que disculpa las comisiones millonarias de hermanos, amigos y demás parientes con cargo a los presupuestos de la pandemia ha hecho fortuna la tesis de que solo con que un juez o un tribunal abra una investigación, el cargo público debe dimitir. Si esa es la raya en el suelo, Oltra, está claro, debía dejarlo. Diferentes medios le achacan que es el listón que ella misma había fijado para sus rivales aunque eso suponga pasar por alto las declaraciones en las que exigía la renuncia del expresidente valenciano Francisco Camps, no por su imputación sino por las conversaciones que la policía le grabó con la banda de Correa, una organización criminal que ha acumulado desde entonces cientos de años en condenas. Camps, es incontestable, acabó absuelto por el caso de los trajes y columnistas célebres le han dedicado hagiografías. No hay noticias de que el PP vaya a rescatarlo para la primera línea política, muy probablemente porque su figura política ha quedado arrasada por sus manejos e indecentes conversaciones con delincuentes que organizaban sus campañas, como El Bigotes y compañía. Un debate público sosegado y sin camisetas de partidos (que ni está ni se le espera a corto plazo en España) obligaría a buscar consensos sobre la necesaria integridad de los cargos institucionales, la ética de lo público y sus líneas rojas, en lugar de descargar la responsabilidad de las dimisiones en decisiones de jueces y fiscales que bastante tienen con investigar con medios precarios. No es justo ni ayuda a la instrucción de los sumarios que las responsabilidades públicas dependan también del juez que investiga un caso y trata de aplicar todas las garantías al procedimiento (entre las que se encuentra la propia condición de imputado) de la persona denunciada. Situar la frontera de la dimisión en una imputación sin más es un disparate y obvia, además, que hay diferentes tipos de investigados. Que no es lo mismo una imputación, como algunas que hemos conocido estos últimos años, sustentada sobre informes policiales, escuchas telefónicas con autorización judicial y extractos de cuentas bancarias en paraísos fiscales que otras basadas en meros indicios que aconsejan seguir investigando. O por una mera denuncia de un tercero, al que un juez pueda darle credibilidad. En el caso de Oltra, la fiscal y el tribunal consideran sospechoso que los trece testigos hayan declarado en sede judicial que ella no tuvo ninguna responsabilidad en los informes que dudaban de la credibilidad de una menor que acusó a su entonces marido. Por eso la investigación sigue adelante. Para determinar si protegió al marido del que se estaba separando o su propia carrera política, dice el tribunal, que admite la inexistencia de pruebas determinantes. Y por eso ha abandonado la política. Visto el trámite en el que está el procedimiento, es factible (aunque ni mucho menos seguro) que resulte absuelta. Si eso sucede, no implicará que el tribunal o la fiscal no hayan hecho bien su trabajo. Será, más bien, que la opinión pública y publicada deberían reflexionar sobre los listones que se imponen a los políticos. Para pensar si sigue valiendo la frontera de la imputación y si, en caso de mantenerla, hace falta una pista de aterrizaje para que políticos imputados puedan regresar a sus puestos si son absueltos y en el camino no se hayan demostrado conductas impropias del cargo. Todo, si aún tenemos alguna fe en la política... o en que alguien quiera dedicarse a ella.
Tema: Re: Lawfare de libro? Miér Jun 22, 2022 11:05 am
Oltra dimite sin hablar con Puig: “Mi caso pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática"
Cinco días después de ser imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) Mónica Oltra ha dimitido este martes de todos sus cargos: el de vicepresidenta y consellera de Igualtat de la Generalitat y a su acta en Les Corts. Oltra lo ha anunciado en una rueda de prensa improvisada tras acudir a la sede de Compromís en València, en la que se iba a debatir conjuntamente el futuro de la valenciana tras las presiones recibidas.
“No quiero darle la coartada al PSOE para poder decidir unilateralmente que Compromís no forme parte del gobierno valenciano”, ha explicado Oltra ante la prensa. “Me voy con la cabeza bien alta y con los dientes apretados por muchas cosas porque esta historia pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país. Que nadie se pregunte dentro de veinte años o dentro de veinte meses que cojones pasó en este país”, ha sentenciado.
El tribunal ha llamado a declarar a la ya exdirigente de Compromís por la gestión que su departamento (Igualdad) hizo en el año 2017 tras el caso de abusos a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido, Luis Ramírez. La causa trata de aclarar si existió un "concierto" entre Oltra y diversos funcionarios para intentar tapar el asunto. Y se apoya, en buena medida, en una investigación puesta en marcha por su departamento tras los hechos que terminó derivando en un informe interno que restaba credibilidad al testimonio de la víctima. En los últimos días Oltra apenas había recibido el respaldo explícito en público de un puñado de compañeros de fila. Detrás de esos multitudinarios silencios se escondía en privado la creencia casi unánime de que lo mejor que podía hacer era dimitir y mejor cuanto antes. “Se ha generado un ecosistema mediático para justificar una determinada decisión”, ha lamentado la dirigente valenciana. “Este país tiene un problema cuando absuelve corruptos como M.Rajoy y se encausan inocentes como Vicky Rossell, Alberto Rodríguez y las niñeras. Este país tiene un problema cuando no nos defendemos de la extrema derecha”, ha enfatizado. Oltra se ha referido así al hecho de que la primera denuncia en su contra fue presentada por la propia víctima, cuya defensa ejerce el líder del partido de extrema derecha España 2000, José Luis Roberto, que precisamente fue uno de los ultras que acosaron a la vicepresidenta y a su familia hace cinco años a las puertas de su casa. Luego, fue la asociación Gobiernate, cuya presidenta es la cofundadora de Vox Cristina Seguí, la que acudió a los tribunales. De hecho, la formación liderada por Santiago Abascal completa, dejando de lado a la propia Fiscalía, el listado de acusaciones que actualmente están en la causa. “Ganan los malos”, ha sentenciado Oltra. “Quiero evitar que alguien piense que no es posible hacer políticas de izquierdas, que no es posible plantarle cara al poder y a la corrupción. Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas. El día que ustedes quieran reaccionar, les habrán fulminado a ustedes”, ha asegurado. “El mensaje que estamos trasladando es que a cualquier político que no haga política en favor de los poderosos se lo van a cargar, eso es lo que me está doliendo”, ha añadido más adelante.
Oltra, sobre Ximo Puig: “Hace tiempo que no esperaba nada de él”
Los partidos que conforman parte del Govern valenciano, formado por un tripartito entre PSPV, Compromís y Podem, ya señalaban desde hace días que la renuncia de Oltra ayudaría a proteger la imagen del Ejecutivo de Ximo Puig, una de las principales plazas de poder territorial que le quedan a la izquierda. “Hay que reflexionar y tomar decisiones", advirtió el propio Puig el viernes. El día anterior, Oltra descartaba dimitir recalcando que esta era “una postura ética, estética y política" y no personal. Tras la dimisión, fuentes de la presidencia han manifestado su respeto por la decisión y han puesto en valor la figura de la ya exvicepresidenta. La dirigente valenciana ha explicado su cambio de criterio amparándose en que para ella “lo primero” es la gente que vive “en su país” y destacando que “no hay Botànic sin Compromís”. Oltra ha revelado que no había comunicado previamente su decisión a Puig y se ha mostrado decepcionada con el socialista. “Hace tiempo que no esperaba nada de él”, ha asegurado ante los periodistas. Oltra tampoco ha aclarado cuál será su futuro si finalmente la investigación judicial no le condena por ningún delito. “Eso no será cosa mía”, se ha limitado a decir tras las preguntas de los periodistas. “Depende de muchas cosas”, ha añadido. Al renunciar a su escaño en Les Corts, deja de estar aforada, una situación que no parece preocuparle. “Yo no necesito estar aforada, para mí la verdad solo tiene un camino. Si no soy digna de estar en el Govern, menos aún en la Cámara de representación popular”, ha trasladado.
Aitana Mas, principal candidata a sustituir a Oltra
La diputada Aitana Mas (Crevillent, 1990) es el nombre que genera más consenso en las principales corrientes de Compromís para sustituir a Oltra, tal y como explican fuentes de la formación a infoLibre. "Es, al igual que Mónica, una persona que pertenece a Iniciativa (uno de los tres partidos que forman parte de la coalición Compromís)", detallan. Mas fue nombrada coportavoz de Iniciativa en el último congreso de Iniciativa y es también es coportavoz del grupo de Compromís en Les Corts. La coalición valencianista prefiere que sea una mujer la que sustituya a Oltra y descarta, por el momento, que Joan Baldoví, su único diputado en el Congreso (perteneciente al Bloc) entre en las quinielas. Eso sí, las citadas fuentes también dejan claro que el hecho de elegir ahora a Mas no significa que sea ella la próxima candidata a las elecciones autonómicas, que se celebrarán el próximo año. Lo ideal sería que Oltra estuviera desimputada o absuelta. En el caso de que no fuera así el nombre de Baldoví sí que resonaría con fuerza para ocupar ese cargo.
Tema: Re: Lawfare de libro? Dom Nov 06, 2022 8:17 am
A Tinajas le gusta esta publicaciòn
marapez V.I.P.
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Tema: Re: Lawfare de libro? Miér Jun 07, 2023 10:50 am
El informe policial que ratifica la versión de Mónica Oltra estaba listo dos semanas antes de las elecciones del 28M
Un auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de la investigación de la gestión de la antigua conselleria de Mónica Oltra en relación a los abusos de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana, ha desvelado que un informe policial clave de la causa estaba listo poco más de dos semanas antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28M. Se trata del análisis de los correos electrónicos entre Oltra y su equipo del gabinete de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas durante las fechas en las que se encargó un informe interno sobre la denuncia de la menor, a pesar de que la Fiscalía investigaba los hechos. El juez instructor aceptó la petición de la asociación Gobierna-te, de la agitadora ultra Cristina Seguí que ejerce la acusación popular, de analizar los correos electrónicos. La pieza separada echa por tierra la tesis de la acusación popular de extrema derecha según la cual se podrían borrar 'e-mails' incriminatorios. Además, el informe policial también concluye que la ex vicepresidenta del Gobierno valenciano, que dimitió tras su imputación en la causa, no intercambió ningún correo electrónico con su equipo de gabinete ni sus altos cargos sobre la denuncia por abusos hacia su exmarido.
La versión de Oltra, ratificada
También ratifica la versión que dio Otra ante el juez: ordenó a su equipo que indagara qué había pasado después de enterarse el 4 de agosto del 2017 de que la Fiscalía de Menores investigaba a su exmarido tras haber recibido en el domicilio que aún compartían un auto. De hecho, los e-mails que se intercambian en su gabinete comienzan el 8 de agosto. Cuatro meses después de la dimisión de Oltra, el 25 de octubre del 2022, el instructor acordó la apertura de una pieza separada parcialmente secreta que se ha ido prorrogando desde entonces. En un auto notificado a las partes este martes, el juez acuerda el levantamiento parcial del secreto. El informe al que ha tenido acceso elDiario.es, firmado por un inspector del Grupo Técnico Operativo de la Brigada Provincial de Policía Judicial, lleva fecha del pasado 10 de mayo. Sin embargo, no ha sido hasta una semana después de las elecciones del 28M cuando se ha dictado el levantamiento parcial del secreto de la pieza separada. El oficio sobre las gestiones policiales practicadas fue unido a la pieza separada el 16 de mayo. Finalmente, el 26 de mayo (la víspera de la jornada de reflexión del 28M), la Fiscalía dictaminó que se había “culminado” el propósito con el que se incoó la pieza separada de los 'e-mails'. Se trata de un informe policial clave para la causa. El Ministerio Público y el juez instructor mantienen que el equipo de Oltra habría maniobrado para desacreditar con un informe interno la versión de la menor que denunció los abusos del exmarido de la dirigente de Compromís. Oltra dimitió como vicepresidenta y consellera de Igualdad de la Generalitat Valenciana el 21 de junio del 2022, tras su imputación por parte de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV). La propia Oltra y su equipo, por su parte, defienden la actuación del departamento autonómico y mantienen que se trata de una estrategia de 'lawfare' por parte de la extrema derecha (además de Cristina Seguí, la acusación particular la ejerce el abogado neofascista José Luís Roberto). La pieza separada descarta que haya correos de Oltra sobre la supuesta maniobra. “Habiéndose culminado de este modo el propósito con el que se incoó la misma y se declaró el secreto parcial, no subsiste ya el motivo para mantener dicha situación de secreto para las partes personadas, por lo que debe alzarse el secreto de esta pieza”, reza el auto del juez.
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Tema: Re: Lawfare de libro? Miér Jun 07, 2023 8:35 pm
Tal parece que Mónica Oltra sea de Podemos.
Salú y República.
marapez V.I.P.
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Tema: Re: Lawfare de libro? Miér Jun 07, 2023 11:20 pm
El llobu escribió:
Tal parece que Mónica Oltra sea de Podemos.
Salú y República.
Prima hermana.
El llobu V.I.P.
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Tema: Re: Lawfare de libro? Dom Ene 07, 2024 9:36 pm
Ya sabemos que, aunque Séneca quería llevarle una lata de sardinas a la cárcel, Mónica Oltra era inocente. Un Lawfare de libro... y una demostración de deshonestidad infinita.
Otros casos:
Definir esa basura con precisión sería motivo de expulsión en este foro.
