Dato mata relato.

athenea escribió:

¿Por qué los medios mienten?
Por que suelen ser oligopolios
Y la mentira es el arma dilecta de la ultraderecha y el capitalismo.

Zerg Rush escribió:

Es lógico, si faltan argumentos para convencer a la clase media y baja, se les alimenta con banderas y mentiras.

Zerg Rush escribió:

Y luego se sienten ofendidos por llamarles fachas y nazis. Vamos, multar por repartir folletos informativos o impedir a periodistas de filmar, desacreditar y multar a médicos por reclamar sus derechos, deja bien claro su orientación política. Y todavía hay EEG planos que les vota por una cerveza. Ya sólo dan asco.

Datos y hechos para votar con orgullo, sin miedo, sin complejos y con la nariz destapada

Datos y hechos de la gestión del Gobierno

• Más de 4 millones de trabajadores y trabajadoras (4.274.359) se beneficiaron de los ERTE. La mayoría de ellos conservaron así un puesto de trabajo que, de otra manera, habrían perdido debido al parón total de la economía provocado por el virus. En los momentos más críticos llegó a haber, simultáneamente, 3’6 millones de trabajadores acogidos a ERTE (cerca del 20% del total de las personas ocupadas).
  
• 1’5 millones de autónomos recibieron una prestación extraordinaria por cese de actividad o reducción de su facturación.
  
• Solo en 2020, 517.000 empresas se beneficiaron de programas de ayudas gubernamentales.
  
• Las comunidades autónomas recibieron 29.500 millones de euros del llamado “Fondo COVID-19” para reforzar sus servicios sanitarios y atender a otras contingencias derivadas de la pandemia.
  
• Se congelaron los desahucios, se limitaron las subidas en el precio del alquiler de vivienda habitual y se prohibió el corte del suministro de los servicios básicos de electricidad, gas y agua a familias vulnerables.
  
• A diferencia de otros países como Estados Unidos o Reino Unido, España apostó por la vacunación masiva de su población. El gobierno fue uno de los que más presionó a la Unión Europea para que se llevara a cabo una compra conjunta de las vacunas que acabó por materializarse y que, en un contexto de escasez de las dosis, acabó siendo un éxito. Más del 92% de los españoles mayores de 12 años cuentan hoy con la pauta de vacunación completa.
  
• Con sus errores y aciertos, el gobierno mantuvo una estrategia de comunicación marcada por la transparencia. En unos momentos en los que ni los científicos podían dar respuestas certeras, el presidente, el ministro de Sanidad y otros responsables gubernamentales ofrecieron ruedas de prensa diarias para informar de la evolución de la pandemia.
  

• Desde abril a diciembre de 2022 el gobierno subvencionó con 20 céntimos cada litro de combustible que consumían los españoles. La ayuda se mantuvo para los transportistas hasta abril de 2023, en que se rebajó a los 10 céntimos por litro actuales.
  
• El coste del abono de transportes públicos estatales se ha rebajado en un 50% y se ha financiado una reducción del 30% en los que son de competencia autonómica. Hay rebajas específicas para los menores de 30 años: bonificación en un 90 % los billetes de los trenes y autobuses estatales y 50% en AVE e Interrail.
  
• El 16 de junio de 2022 entró en vigor la llamada “Solución Ibérica” que ha permitido a España y a Portugal rebajar sustancialmente la desorbitada factura de la luz que pagaban sus ciudadanos. La Unión Europea solo accedió a esa excepción después de la presión y firmeza de los gobiernos de Madrid y Lisboa. Lo hizo en el Consejo Europeo de marzo de 2022 en el que Pedro Sánchez llegó a levantarse de la mesa para forzar la negociación. Hasta ahora, esa medida ha permitido a los consumidores ahorrarse más de 5.000 millones de euros. Antes de eso, el gobierno rebajó los impuestos que gravaban la factura de la luz: el IVA pasó del 21% al 10%, se suspendió el impuesto de generación del 7% que pagaban las empresas y se redujo del 5,11% al 0,5% el impuesto a la electricidad. Recientemente se ha vuelto a rebajar el IVA de la factura eléctrica del 10% al 5%.
  
• En enero de 2023 se rebajó el IVA de los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% y de otros productos básicos como el aceite o las pastas del 10% al 5%.
  

• La pensión media de jubilación se ha incrementado en un 23% (Era de 1.063 euros en 2017 y ahora es de 1.375 euros).
  
• La renta media de las familias ha crecido un 15% (27.558 euros en 2017; 32.216 euros en 2023).
  
• El Salario Mínimo ha pasado de 708 euros en 2017 a 1.080 euros en 2023 (35% de subida).
  
• 628.000 hogares se benefician del Ingreso Mínimo Vital, creado por este gobierno.
  
• El número de parados ha descendido de los 3,5 millones que había en 2017 a los 2.840.000 en 2023.
  
• La cifra de afiliados a la Seguridad Social ha alcanzado un récord histórico en 2023 con 20,8 millones de inscritos, frente a los 18,2 millones que había en 2017.
  
• La estabilidad laboral ha dado un importante salto con la reforma laboral pactada con los sindicatos y los empresarios. A la espera de corregir los excesos que se están cometiendo con los fijos discontinuos, los contratos indefinidos han pasado de representar solo el 9% del total en 2017, a rozar el 45% este año.
  
• La baja por paternidad ha pasado de las 5 semanas que se podían disfrutar en 2018 a las 16 semanas establecidas para 2023.
  
• Se ha recuperado el subsidio de desempleo para mayores de 52 años que fue eliminado por el gobierno del PP. Se ha incrementado la cuantía del subsidio del 50% al 60% para quienes llevan más de 6 meses en paro y se ha eliminado la temporalidad del subsidio extraordinario por desempleo.
  
• La tasa de paro juvenil ha descendido del 39% de 2017 al 30% en 2023.
  
• El número de autónomos ha crecido levemente: 3.210.000 en 2017 frente a los 3.340.000 en 2023.
  
• La brecha salarial entre hombres y mujeres se ha reducido, aunque las cifras varían según la fuente. Según el INE, se ha reducido en 4 puntos (13,5% en 2017 frente al 10% de 2020), mientras que según el informe anual de Comisiones Obreras ha bajado del 26,5% de 2018 al 20,9% de 2021.
  
• El todavía muy alto porcentaje de personas con “dificultad” o “mucha dificultad” para llegar a fin de mes ha bajado del 25,1% en 2017 al 22,1% en 2022. Los que declaran tener “cierta dificultad” para acabar el mes han caído 8 puntos porcentuales, pasando del 32,8% en 2017 al 24,8% en 2022%.
  
• La Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en diciembre de 2021, asumió numerosas demandas de los agricultores y ganaderos españoles prohibiendo la venta a pérdidas y sancionando prácticas abusivas cometidas por los intermediarios y por algunas de las grandes cadenas de supermercados.
  
• Se han incrementado los medios económicos, materiales y humanos de la Inspección de Trabajo. Las inspecciones, todavía insuficientes, han destapado abusos laborales en numerosas regiones de España. En paralelo, y solo en 2022, se regularizaron más de 38.000 falsos autónomos frente a los poco más de 4.500 regularizados entre 2015 y 2017.
  
• Estas iniciativas se han logrado, en buena parte, gracias al diálogo social. El gobierno ha cerrado esta legislatura 17 acuerdos con los sindicatos y la patronal.
  

• Este mes de julio, quienes ingresan más de 3 millones de euros anuales están pagando por primera vez el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. El Estado prevé recaudar unos 1.200 millones de euros con este nuevo tributo.
  
• 1.454 millones de euros habían entrado también en las arcas públicas en febrero de este año como consecuencia del nuevo impuesto que grava los beneficios extraordinarios de la banca y de las empresas energéticas. Se trata del 50% de lo que se espera recaudar en todo este año 2023.
  
• Se ha rebajado el IRPF para las rentas medias y bajas, elevando de 4.000 a 15.000 euros el mínimo de tributación y ampliando el límite para las reducciones de 18.000 a 21.000.
  
• Se ha rebajado dos puntos el impuesto de sociedades que pagan las PYMES, del 25% al 23%.
  
• Se han prohibido las amnistías fiscales por la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, aprobada en julio de 2021. Los controles y medidas establecidas en esta norma han hecho que la recaudación en la lucha contra el fraude haya crecido en 1.800 millones de euros desde 2018.
  
• Se derogó el llamado impuesto al sol que gravaba el autoconsumo de energías renovables. Las energías limpias ya generan el 51,8% de la electricidad que consumimos. Esa cifra, en junio de 2018, era del 38,4%.
  

• El presupuesto destinado a becas casi se ha duplicado, pasando de 1.523 millones de euros en 2017 a 2.600 millones en 2023. Cerca de un millón de estudiantes se han beneficiado de ellas.
  
• La ley de Ordenación e integración de la Formación Profesional entró en vigor en marzo de 2022 con el objetivo de modernizar la FP. Desde entonces se han creado 250.000 nuevas plazas y se ha alcanzado la cifra de un millón de estudiantes matriculados; un 20% más que en 2017.
  
• También se ha duplicado el presupuesto destinado a la educación pública que se ha situado en 5.355 millones de euros en 2023 frente a los 2.524 millones de 2017. En sanidad pública se ha pasado de los 4.093 millones que se invirtieron en 2017 a los 7.049 millones que se invertirán en 2023.
  
• La ayuda a los dependientes se ha triplicado: en 2017 se invirtieron 1.355 millones y en 2023, 3.500 millones.
  

• La inacción primero y la hostilidad, después, del último gobierno del Partido Popular desembocó en Cataluña en un escenario de violencia, crispación y celebración de un referéndum ilegal. Ha bastado el diálogo, no exento de dificultades, el respeto hacia las instituciones democráticas elegidas por los catalanes y la buena voluntad expresada en la concesión de los indultos a los líderes del procés para normalizar la situación. Queda mucho por hacer y por hablar, pero la crispación ha dado paso a la normalización.
  

• Las trabajadoras del hogar vieron reconocidos sus derechos y equiparados a los del resto de empleados en el Real Decreto-ley que entró en vigor en septiembre de 2022.
  
• Las cuidadoras no profesionales, desde abril de 2019, ven cómo el Estado paga sus cotizaciones a la Seguridad Social. En mayo de 2022 había más de 70.000 beneficiadas por esta medida.
  
• La llamada “Ley Rider”, que entró en vigor en agosto de 2021, empezó a acabar con los abusos que sufren los repartidores a domicilio que, hasta ese momento, eran tratados como falsos autónomos.
  
• En 2023 se mantiene la limitación en la subida del precio de los alquileres a un 2% que pasará a ser del 3% en 2024. Unos 3 millones de hogares se han beneficiado de esta medida.
  
• La nueva Ley de Vivienda (aprobada en mayo de 2023) prevé establecer un nuevo índice de referencia, al margen del imprevisible IPC, para la actualización anual del importe de las rentas. Esa norma, entre otras cosas, prevé incrementar el parque de vivienda pública y crea el concepto de “zona tensionada” donde las comunidades autónomas podrán limitar las subidas de los alquileres e incrementar la protección del inquilino.
  
• Casi 2 millones de hogares se han beneficiado del bono social eléctrico creado para luchar contra la pobreza energética.
  
• En 2023 el gobierno redujo el IVA de los productos de higiene femenina del 10% al 4%.
  
• Cerca de medio millón de jóvenes tienen acceso este año al Bono Cultural Joven; 400 euros en una ayuda directa para gastar en libros, música, espectáculos, videojuegos…
  
• La Ley de la Ciencia, aprobada en 2022, prevé inversiones de 60 millones de euros en 4 años para mejorar los derechos laborales de los jóvenes investigadores.
  

• En 2021 se aprobó la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que, entre otras medidas de protección, amplía el plazo para denunciar los abusos sexuales a menores y evita así la prescripción de los delitos.
  
• En junio de ese mismo año entró en vigor la Ley de Eutanasia que garantiza el derecho a morir dignamente. España se convirtió en el cuarto país de Europa y el séptimo del mundo en regular ese derecho.
  
• Las partidas presupuestarias dedicadas a luchar por la igualdad ascienden en 2023 a 573 millones de euros, muy lejos de los 181 millones asignados en los últimos presupuestos del gobierno popular.
  
• La reforma que ampliaba la ley del aborto se plasmó en la llamada Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Aprobada en febrero de 2023, pretende garantizar que la objeción de conciencia de los médicos no impida a las mujeres abortar en la sanidad pública de la comunidad autónoma en la que residan. La reforma devuelve a las mujeres de 16 y 17 años el derecho a abortar sin consentimiento parental e incluye otras medidas como la baja menstrual, la gratuidad de la píldora del día después o el fomento de la educación sexual en los centros educativos.
  
• En julio de 2022 empezó a aplicarse La Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación que persigue cualquier tipo de discriminación en ámbitos como el laboral, el educativo, el sanitario y el de la vivienda. Con sanciones de hasta 500.000 euros y penas de prisión de hasta 4 años propugna que “nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”
  
• El pasado mes de marzo entró en vigor la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI
  
• Se ha garantizado el derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero al eliminar el voto rogado.
  
• La nueva Ley de Memoria Democrática ha sido tachada de “insuficiente” por numerosos colectivos memorialistas. Aún así, la norma ha permitido ya agilizar la exhumación de las víctimas del franquismo enterradas en Cuelgamuros y la salida de sus tumbas doradas de José Antonio Primo de Rivera y Gonzalo Queipo de Llano. El cuerpo del dictador Francisco Franco ya había sido exhumado en octubre de 2019 y el estado recuperó, un año después, la propiedad del Pazo de Meirás. El presupuesto destinado a este tema ha pasado de los cero euros de los que presumía el gobierno de Mariano Rajoy a los 37 millones que se han invertido en esta legislatura.
  

• La economía española creció en 2022 un 5,5%, superando a grandes economías de la eurozona como Alemania o Francia y permaneciendo dos puntos por encima de la media europea.
  
• La inflación se situó el pasado mes de junio en el 1,9%. España se convirtió así en el primer país de la Unión Europea en bajar del 2%. Alemania se mantiene en el 6,4%, Francia en el 4,5% e Italia en el 64%.
  

Datos y hechos sobre las acusaciones de la oposición

• ETA declaró el abandono definitivo de las armas hace 12 años. Atrás quedaban varios procesos negociadores en el que destacó el que protagonizó el propio Partido Popular entre 1998 y 1999. Ya dediqué un artículo a desglosar las cesiones que realizó a ETA aquel PP del que ya formaban parte Feijóo y Abascal (link https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/acta-tiempos-feijoo-abascal-aplaudian-negociaciones-concesiones-eta-existia-armada-seguia-asesinando_129_10381982.html)  por lo que me remito a ese texto.
  
• Bildu no es ETA. Bildu es una coalición de partidos entre los que figuran organizaciones como Eusko Alkartasuna, Alternatiba o Aralar que siempre estuvieron en contra de la violencia etarra. Junto a ellos se encuentran los herederos de la izquierda abertzale que, en su día, apoyó a los terroristas. Unos y otros han repudiado la violencia, han pedido perdón a las víctimas y llevan una década defendiendo sus ideas en las instituciones democráticas. A Bildu aún le queda terreno por recorrer, pero están haciendo lo que TODOS los partidos políticos les pidieron entre 1977 y 2011: renunciar a la violencia y aceptar las reglas del juego democrático que marca nuestra Constitución.
  
• Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no gobiernan con Bildu. Los pactos que han alcanzado en el Congreso de los Diputados han sido para aprobar leyes que benefician al conjunto de los españoles. Leyes que han creado o reforzado derechos y que han ayudado a las clases más desfavorecidas. La mayoría de ellas han sido citadas con anterioridad. 
  

• Es evidente que la llamada Ley del solo sí es sí contenía un grave error al, conociendo el panorama judicial español, dejar una puerta abierta para que los jueces pudieran rebajar las penas de algunos presos que cumplían condena por violaciones o abusos sexuales. Un efecto inesperado e indeseado; no por ello menos grave, pero del que no se puede extraer un deseo de “excarcelar violadores y pederastas”.
  
• Es igual de evidente que la ley pretendía todo lo contrario y, de hecho, está permitiendo que las nuevas condenas sean más duras que con la legislación anterior.
  
• La ley acababa con la carga de culpa que pesaba sobre la víctima ya que primaba y prima el consentimiento explícito para mantener cualquier tipo de relación sexual: “sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.
  
•  El argumento por el que PP y Vox votaron en contra de la ley nada tiene que ver con la polémica posterior. Las derechas mantuvieron que la nueva ley criminalizaba a los hombres y atacaba su presunción de inocencia.
  
• La ley fue modificada para corregir el error.
  

• En 2022 hubo 17.000 denuncias por ocupaciones ilegales. De ellas, solo el 5% lo fueron de casas habitadas o segundas residencias. El 95% restante fueron inmuebles deshabitados desde hace años y propiedad de bancos, grandes empresas o fondos buitre. Estas cifras supusieron un descenso del 3,2% respecto a los datos de 2021.
  
• Según datos del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados españoles en 2022 abordaron 2.748 procedimientos por ocupación; un 20% menos que en 2021
  
• En los últimos 4 años no ha habido un incremento de las ocupaciones. De hecho, fue entre 2015 y 2017 cuando crecieron las denuncias y las condenas por usurpación y allanamiento de morada. España estaba gobernada por el PP y seguía intentando salir de la crisis económica generada por la burbuja inmobiliaria.
  
• El protocolo vigente con que trabaja la policía nacional establece que si existe denuncia y en el caso de tratarse de una primera vivienda o una residencia vacacional, deben actuar “de forma urgente” para proceder a la desocupación inmediata y la restitución del inmueble al legítimo propietario.