Una opinión del periodista Manuel Romero que me parece acertada.[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]Era difícil imaginar que un acontecimiento de la envergadura histórica y emocional del
Bicentenario de la Constitución de 1812, que se celebra hoy, fuera a pasar tan de puntillas por la epidermis de la
Nación Española, esa a la que por vez primera se le reconociera la
Soberanía desde un estrado del oratorio de
San Felipe de Neri y acompañada por el pueblo gaditano con el grito de
¡Viva la Pepa!, mientras el ejército francés asediaba la ciudad.
Agustín Argüelles, Evaristo Pérez de Castro y Diego Muñoz-Torrero -con quien comparto la sangre del pasado en la remota historia de la localidad pacense de
Cabeza del Buey- fueron los diputados que desde la
comisión redactora de la Constituciónasentaron de forma valerosa y clarividente los fundamentos del
pensamiento democrático y liberal que, con más empeño que éxito, ha
tratado de extenderse, no sólo por nuestro país, sino también por las
naciones que en aquel mismo año comenzaron a forjarse en la
América hispana.
Como aquellos padres de la Patria, que además de
abolir la Inquisición, proclamaron la
división de poderes, el
principio de derechos y deberes de los ciudadanos, la
representación nacional, la
libertad de imprenta, y sobre todo, que
“la Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona” (Artículo 2) y que
“la soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo
pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes
fundamentales” (Artículo 3), la Constitución de 1812 fue perseguida y mancillada hasta desembocar en otro grito unido a su muerte:
¡Vivan la caenas!Con la perspectiva de hoy,
200 años, 7 reyes y reinas, 2 repúblicas y 2 dictaduras militares después,
aquel escenario gaditano aún puede llegar a conmovernos e, incluso, a
parecernos cercano si recuperamos el concepto esencial del que emerge
la Constitución: el de la Soberanía Nacional, puesta en entredicho,
cuando no claramente vilipendiada, por algunas de las instituciones que
conforman el actual Estado.
No es hora de andarse por las ramas para proclamar que el sistema de división territorial de España, establecido por la vigente
Constitución de 1978y, especialmente, el manejo que se ha hecho en su aplicación, lejos de
entroncar con las raíces del principio de Soberanía Nacional que surgió
en Cádiz, regresa al feudalismo más atroz que precisamente quiso
erradicar
‘La Pepa’.
El principio de que
todos los ciudadanos son iguales y disfrutan de las mismas obligaciones y derechos en cualquier lugar de la geografía nacional es
conculcado por partidos separatistas –con el apoyo en ocasiones de
partidos llamados nacionales-, que no reconocen la Constitución actual
y que, por supuesto, abominan y reniegan del concepto que nació en 1812.
Sólo así puede explicarse que 200 años después de que se
estableciera que “todos los españoles tienen libertad de escribir,
imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia,
revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las
restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes” (Artículo
371) y que “en todos los pueblos de la Monarquía se establecerán
escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer,
escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que
comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles"
(Artículo 366), en cientos de localidades de España no esté permitido
en las escuelas públicas ni en las privadas, adquirir la enseñanza en
el idioma español, la lengua materna de esos
ciudadanos libres a quiénes se reconocía en Cádiz el derecho de igualdad.
Hoy, pocos principios resultan tan revolucionarios como defender el
derecho a expresar, escribir, aprender y difundir el pensamiento de
aquellos
ciudadanos que tienen el castellano como lengua materna y de los que hablando
catalán, vascuence o gallego,
quieren también usarla en las mismas condiciones que la suya. En la
actualidad, aunque el derecho está recogido en la Constitución de 1978,
en la práctica, y con el aval del enmarañamiento político y judicial
que obliga a los padres a recurrir a los tribunales para hacerse valer,
está conculcado de forma vergonzosa en una Nación que se proclama libre.
Por eso hoy, 19 de marzo de 2012, todavía tiene valor el grito de
‘¡Viva la Pepa!’ frente a quienes, desde la esclavitud por el
sometimiento que los gobiernos regionales que se autoproclaman naciones ejercen a través de la enseñanza, proclaman su adhesión al ‘¡Vivan las cadenas!’.VIVA LA PEPA Y MUERAN LAS CADENAS!
