FUNDESCAM.... Un problema para el PP?

EL PP INICIA UNA OFENSIVA PARA DILUIR LAS DUDAS SOBRE SU FINANCIACIÓN

Granados denuncia ante el Tribunal de Cuentas supuestas irregularidades en una de las fundaciones del PSM
El PP de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, está preocupado por una acusación de supuesta financiación irregular a través de una fundación vinculada al partido, Fundescam. Esta entidad del PP está siendo investigada por la fiscalía, aunque algunos de los supuestos delitos ya han prescrito por ser anteriores a 2004.

"No han sido capaces ni de camuflar", dijo ayer el dirigente popular

"Es una estrategia para ponernos bajo sospecha", lanzó Rosa Alcalá, del PSM

Los populares han adoptado la máxima futbolística que establece que la mejor defensa es un buen ataque. Por eso, el secretario general del PP regional, Francisco Granados, acudió ayer al Tribunal de Cuentas para denunciar otro posible caso de financiación irregular del PSM. Los populares sostienen que la Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades, vinculada a los socialistas, recibió en 2007 y 2008 una cantidad de dinero de Caja Madrid superior al límite establecido en la Ley Orgánica 8/2007 de Financiación de Partidos. La entidad ligada a los socialistas percibió más de 400.000 euros cada año, más de los 150.000 euros fijados en la citada ley.

Una de las disposiciones de esta norma estatal fija el tope máximo de las donaciones privadas en 150.000 euros para las fundaciones vinculadas a partidos políticos. "No son donaciones privadas. En Caja Madrid están representados todos los partidos políticos. Además, ni siquiera es una donación. Es un convenio de colaboración entre la entidad y Caja Madrid como el que tienen otras fundaciones del PP", sostiene Rosa Alcalá, responsable de Administración del PSM. Los socialistas interpretan que Caja Madrid no es una entidad privada. En cualquier caso, sería una irregularidad contable y no financiación irregular.

Por su parte, el secretario general del PP aseguró ayer que "la Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades ha podido cometer un presunto fraude de ley, intentando ocultar una donación fraudulenta a través de un supuesto convenio de colaboración".

Lo cierto es que, en 2007, esta fundación relacionada con el PSM recibió de Caja Madrid 418.754 euros. La fundación obtuvo la misma cantidad al año siguiente, cuando ya entró en vigor la norma sobre financiación de partidos. Por su parte, FAES, la fundación ligada al PP nacional, recibió en 2007 461.790 euros; al año siguiente percibió solo 150.000 euros. "Caja Madrid reparte el dinero entre las fundaciones en función de la representación que tienen los partidos", explican fuentes socialistas. Además, la denuncia presentada por el secretario general del Partido Popular ante el Tribunal de Cuentas afecta a las cuentas de 2007 y 2008, cuando en la contabilidad de 2007 aún no eran de aplicación los límites de la Ley de Financiación de Partidos. Aun así, Granados dijo ayer tras presentar la denuncia: "Tanto en el año 2007 como en el 2008, el PSM, a través de esa fundación, ha recibido cantidades muy por encima del tope máximo establecido".

El PP ha repartido las cantidades en varias fundaciones para poder eludir el requisito legal. Así las entidades ligadas a los populares reciben más dinero que las vinculadas a los socialistas. "No han sido capaces ni de cambiar, aunque hubiera sido para perder, algún euro y poder camuflar, lo que en nuestra opinión es además de una financiación ilegal un fraude de ley", señaló de forma reveladora.

Además, de la denuncia presentada ayer por Francisco Granados, número tres del Gobierno regional, se desprende que Caja Madrid, controlada por el PP, pagó dinero para financiar supuestamente de forma ilegal al PSM.

Rosa Alcalá, del PSM, fue la encargada ayer de desmontar los argumentos jurídicos del PP. La diputada socialista descartó rotundamente que exista financiación ilegal en el PSM. "El ridículo que hoy está haciendo el consejero de Presidencia es una estrategia del PP sin fundamento que únicamente pretende poner bajo sospecha a todos, para que los ciudadanos crean que somos todos iguales. La misma estrategia que siempre utiliza el Partido Popular cuando se ve acorralado por la corrupción", señaló en un comunicado la dirigente del PSM.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] 09.11.10

FUNDESCAM Y REPARTO DE SOBRES

El auto del pasado viernes no es la primera ocasión en la que el sumario de la operación Gürtel alude a la posible financiación irregular del PP en la Comunidad de Madrid, ya que en una memoria externa en poder de la trama los investigadores descubrieron una carpeta con el epígrafe "Facturación PP Madrid", en el que se sugiere que las empresas de la trama financiaron actos de este partido.

Además, un documento de la Agencia Tributaria refleja que Special Events, una de las empresas de la trama corrupta liderada por Francisco Correa, facturó a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fundescam), vinculada al PP, en 2004 y que ha encargado actos electorales para el partido.

Por otra lado, un informe elaborado por la policía y que está incluido en el sumario detalla cómo en un reparto de dinero entre los miembros de la trama por la consecución de tres contratos en Boadilla del Monte, aparece una entrega de 30.050 euros bajo el concepto "campaña", 15 días antes de las elecciones autonómicas de 2003. Entre las personas que presuntamente habría recibido dinero estarían el responsable de la campaña en Boadilla Tomás Martín Morales, imputado en la causa, y el propio ex primer edil Arturo González Panero. En las conclusiones, Pedreira indica que la empleada de Correa Isabel Jordán explicó que la red corrupta había grabado un vídeo en el que éste contaba dinero junto con el ex teniente alcalde de Boadilla Miguel Ignacio González Sánchez.

Otro informe policial sobre el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, señala que Correa financió actos del partido en el municipio, en concreto en las elecciones generales de 2004 y que el dinero se había ingresado en una cuenta a nombre de Ortega.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] 22.02.11

LA AGENCIA TRIBUTARIA DENUNCIA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN MADRID

“Al menos una parte de la facturación emitida a Fundescam es falsa. El cliente real era el Partido Popular”. La Agencia Tributaria es clara al considerar las pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Madrid. En 2010 ya lo hizo la investigación del caso Gürtel. Ahora, los inspectores de Hacienda —ya bajo el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy— han remitido al juez de Audiencia Nacional Pablo Ruz un informe en el que denuncian la existencia de documentos que acreditan que servicios realizados por la trama Gürtel para el PP acabaron siendo pagados por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam). Esta es una fundación del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados y que no podían servir, según la ley, para financiar campañas electorales. Es decir, el dinero de los empresarios acabó pagando los gastos electorales del PP madrileño.

Sin embargo, el presunto delito ha prescrito, motivo por el que ya en 2010 la Fiscalía Anticorrupción decidió no seguir adelante con la investigación.

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Documentos de Special Events que cubrieron los gastos del congreso de Madid (70.000 euros).

El nuevo informe, fechado hace apenas 10 días, se ha elaborado con el fin de cuantificar las cuotas presuntamente defraudadas por una de las sociedades de la trama, Special Events, en los ejercicios 2003 y 2004. Los inspectores de Hacienda destacan el hecho de que la facturación de Special Events a Fundescam “ofrece determinadas irregularidades”. Y resalta hasta cinco facturas emitidas. En una de ellas, tal como describe el informe y se percibe en el documento incautado en los registros de las empresas de la trama, Fundescam emitió una factura por supuestos trabajos para cursos y jornadas organizados por esa fundación, “pero la nota que aparece adherida a la factura indica que lo que realmente se factura son trabajos para la organización de un acto para el Partido Popular”. Otra, la factura 02/0177 por trabajos realizados en cursos, seminarios y jornadas, lleva adherida otra nota aclaratoria en la que, en este caso, la trama escribió toda una aclaración: “Esta factura es por la entrega a cuenta del Congreso Regional del 21 de septiembre de 2002 y ha sido extendida con un concepto provisional el cual está sujeto a ser modificación en su momento”. “Enviada a Beltrán Gutiérrez, gerente regional del Partido Popular”, indica.

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Documentos de Special Events que justificaron la campaña electoral de Madrid (18.000 euros).

En otra factura, presentada por Special Events a Fundescam, se relacionan un supuesto seminario, una jornada de trabajo y un curso de formación, de los que indican incluso los días de celebración. Sobre el documento, la nota aclaratoria de la trama indica que realmente servía para cobrar el coste de los servicios de la empresa de la red Gürtel en el acto de presentación de candidatos en Móstoles.

La campaña de las elecciones regionales de Madrid y el congreso regional del PP de Madrid fueron otros de los conceptos que, según apuntó la trama para su propia contabilidad, se cobraron a través de la fundación, en lugar de hacerlo directamente al PP. Las elecciones a las que se refiere la nota son las celebradas en mayo de 2003, cuando el pacto de los partidos de izquierdas, PSOE e IU, en la Asamblea de Madrid iba a otorgar la presidencia de la Comunidad a los socialistas, hecho que se truncó cuando uno de los integrantes de la lista, Eduardo Tamayo, y otra diputada se abstuvieron e impidieron la elección del candidato socialista y dieron el poder a Esperanza Aguirre.
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Documentos de Special Events para justificar los gastos de las elecciones generales (57.600 euros).

Las referencias que incluye en su informe la Agencia Tributaria, que se circunscriben a la comisión de un delito electoral, en el que se incluye la financiación ilegal, no afectan solo a actos y campañas regionales sino que también existe una nota que sostiene que la factura por el “transporte, guía, manutención y visitas facultativas” sirvió en realidad para pagos de actos de la campaña de las generales en Madrid, en 2004.

Tras detectar estas irregularidades, la investigación inició la revisión de las cuentas de la empresa de los años 2007 y 2008, durante los que se celebraron varias elecciones, y ante la posibilidad de que se hubiera repetido el mismo modus operandi con delitos que no habrían prescrito. La forma de proceder es, además, semejante a la detectada en el PP valenciano, donde los servicios que las empresas de la trama hicieron para el partido acabaron siendo costeados por empresarios.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] 29.04.12

TOMÁS GÓMEZ: “NO ME EXTRAÑARÍA QUE AGUIRRE ACABE SENTADA EN UN BANQUILLO”

Los partidos de Madrid reaccionan a la denuncia de financiación ilegal del PP

La Agencia Tributaria denuncia la financiación ilegal del PP en Madrid

El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha dicho hoy que no le "extrañaría en absoluto" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, "acabe sentada en un banquillo", en referencia a la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid por medio de la fundación Fundescam que ha denunciado la Agencia Tributaria en un informe remitido a la Audiencia Nacional.

"La Comunidad de Madrid contrata a la trama Gürtel y la trama Gürtel financia las campañas del PP. ¿Pues sabe usted lo que le digo? No me extrañaría en absoluto que, al igual que Camps y el señor Matas, la señora Aguirre acabe sentada en un banquillo", ha afirmado Gómez.

"Si el Gürtel ha financiado las campañas del PP, empezamos a entender por qué la Comunidad de Madrid ha contratado en tantas ocasiones y por tanto dinero a toda la trama", ha declarado Gómez en la Asamblea después de la reunión de la Junta de Portavoces.

Tras recordar que fueron los socialistas los que denunciaron la supuesta financiación irregular de las campañas electorales de Aguirre (ante la Fiscalía Anticorrupción, en junio de 2009), ha señalado que "da igual que esté prescrito o no" el delito y que el PP "tiene ya demasiados entramados de presuntas corruptelas".

"Caso típico"

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Iñigo Henríquez de Luna, ha replicado que le produce "pena" oír a Gómez, porque "España no se merece tener gobernantes de su altura y catadura". Sobre el fondo del asunto, el portavoz popular ha subrayado que "no hay ninguna investigación contra el PP", sino que una investigación contra la trama Gürtel". Henríquez de Luna ha hecho hincapié en que la información, publicada hoy por este diario, "no aporta pruebas, sino facturas de 2002 y 2003 con post-it delante". Tras recordar que Aguirre ha sido elegida este fin de semana presidenta del PP madrileño "por tercera vez y por absoluta mayoría" y que "tiene el apoyo de todo el PP de Madrid y de España", Henríquez de Luna ha dicho que a Gómez "seguramente le da envidia", porque en su partido "tiene lo que él mismo cosecha con propios y extraños: demagogia, sectarismo y falta de respeto". También se ha referido al asunto de Fundescam el portavoz de IU,

Gregorio Gordo, que ha opinado que el PP en Madrid "no puede seguir mirando hacia otro lado cuando el hedor de la trama Gürtel parece indicar que no está muy aseado".

Gordo ha reclamado que las investigaciones "no sigan eternizándose, para que no prescriban delitos", y ha acusado a los dirigentes del PP de querer acabar con las subvenciones a partidos y sindicatos, "porque ellos tienen otras formas de financiación más oscuras y siniestras".

Para el portavoz parlamentario de UPyD, Luis de Velasco, "hay que llegar hasta el fondo" de la investigación y ha recordado que desde el principio del Gürtel, todo indicaba que se trataba de “un caso clásico y típico de financiación ilegal de un partido".

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] 30.04.12

Un esquema resumen para los que tienen problemas en leer textos mas largos que una jaculatoria

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Hacienda y la policía acreditan ante dos jueces la financiación ilegal del PP
Los magistrados Ruz y Ceres reciben nuevos informes sobre la trama corrupta
El dinero opaco de empresas acabó pagando mítines de Aguirre, Camps y Rajoy

El círculo no está todavía cerrado. Pero el Ministerio de Hacienda y la policía están encajando las piezas del complicado puzle de la supuesta financiación ilegal del PP, aquella que, según los indicios, sirvió entre 2007 y 2008 para pagar actos electorales del ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la entonces y aún presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y del que fuera presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps.

El análisis de la contabilidad de las sociedades de la trama y la del propio PP está estrechando el círculo de la investigación ordenada por los jueces de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Ceres, que instruyen la causa Gürtel.

Hacienda y la policía han enviado en las últimas semanas a los jueces informes que apuntalan este desvío irregular de fondos al PP. Y se basa en dos ámbitos. Por un lado, la propia red corrupta que dirigía Francisco Correa, gran beneficiaria (directa o indirectamente) de adjudicaciones no siempre regulares y que compensó con dinero o regalos a sus aliados políticos. Por otra parte, la misma trama aprovechó a otros beneficiarios de concesiones y contratos de la Administración pública para cobrarles las deudas que el propio PP adquirió con la red Gürtel por prestación de servicios y organización de eventos.

Lo que aún no se ha definido es si fue la propia trama la que exigió a los empresarios que saldaran las deudas del PP o fue el partido el que señaló que eran estos a quienes se debían cobrar esos pagos. O es que los límites entre unos y otros se disipaban ya que, tal como aseguró el exconcejal que denunció el caso, “Correa era el séptimo hombre con más poder en el Partido Popular”.


Una de esas empresas que supuestamente financió al PP aparece, además, como cobradora de facturas por un importe de 600.000 euros a un Ayuntamiento popular, no solo sin mediar contrato ni adjudicación sino que los servicios que dice haber prestado no se han certificado. De los informes que hasta ahora se han aportado a la causa, la investigación sostiene que en el año 2007, el PP de la Comunidad Valenciana ocultó al fisco gastos por importe de 2,5 millones de euros y que, además, hay “terceras personas” que habrían pagado, a través de la empresa Orange Market (filial de Gürtel en Valencia), actos electorales de esta formación.

Los documentos indican también que el importe de los servicios prestados por la trama a lo largo de 2008 en decenas de actos electorales del PP se eleva a 1,7 millones de euros. Sin embargo, la firma Orange Market solo cobró a la formación 612.322 euros, es decir, un poco más de la tercera parte.

En el caso de Madrid, la evaluación de la contabilidad de las sociedades de la trama topó con que la fundación Fundescam emitió a la red corrupta facturas de trabajos en los que “el cliente real era el Partido Popular”. Esta es una fundación del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados que acabaron financiando campañas electorales. La detección de este desvío de dinero cayó en saco roto ya que el posible delito había prescrito pero, ante las evidencias, el juez ordenó la revisión de las cuentas en 2007 y 2008, años en los que se celebraron varias elecciones, y ante la posibilidad de que se hubiera repetido el mismo modus operandi con delitos que no habrían prescrito.

Han pasado tres años desde que se inició la investigación de los manejos de la más extendida trama de corrupción, la red Gürtel. Respecto al PP valenciano, la policía, hasta ahora, había presentado informes que indican que una de las sociedades a las que se acusa de financiar ilegalmente al PP, Facsa, pagó al partido hasta 470.000 euros, a través de las firmas Orange Market y de Easy Concept, entre 2006 y 2007.

La investigación atribuye a otro de los empresarios imputados, Enrique Ortiz, el pago de 300.000 euros. Los últimos informes señalan que los pagos del resto de empresas acusadas de financiar ilegalmente al partido de los populares valencianos son Sedesa, con una aportación de 150.684 euros; Grupo Vallalba, con 199.520 euros, y Lubasa, con 110.200 euros.

A todas ellas hay que unir la sociedad Piaf, ahora en concurso de acreedores, que podría haber abonado 27.000 euros para gastos del Partido Popular. Sin embargo, a esta firma se le atribuye otra operación irregular de mayor calado ya que facturó al Ayuntamiento de Vila-real un total de 600.000 euros por trabajos que según los departamentos y funcionarios responsables de dichos departamentos para los que se trabajó, no se realizaron. Esta empresa, además, fue concesionaria del Ayuntamiento de Castellón, al que facturó, durante siete años, 19 millones de euros por servicios y obras realizados al margen de los contratos, sin que hubiera una consignación presupuestaria para ello, ni fiscalización previa, ni un procedimiento de contratación reglado.

Entre los primeros informes remitidos a los jueces, figuraba uno de los elaborados por la brigada antiblanqueo del Cuerpo Nacional de Policía que indica que estas sociedades lograron cerca de 800 millones de euros en contratos solo del Gobierno valenciano que presidía el popular Francisco Camps en concursos a los que se presentaron solos o junto a otras empresas.

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