Pobres funcionarios,

FRANCISCO J. BASTIDA.

CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL



Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplauden de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.



Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.



Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos.


En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.



Francisco J. Bastida.

Catedrático de Derecho Constitucional.


Universidad de Oviedo.


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Vicenç Navarro

Pensamiento Crítico

El mayor problema de España no es ni el déficit público ni la deuda pública



Para estimular la creación de empleo España tiene los recursos. Lo que ocurre es que no los pone en práctica. Y no me refiero sólo al fraude fiscal (90.000 millones de euros), sino a las reducciones de impuestos que han estado ocurriendo en los últimos quince años y, muy en especial, en las rentas de capital y en las rentas superiores, reducciones que, como ha señalado el Fondo Monetario Internacional han sido responsables de más de la mitad del déficit estructural existente en España. El Estado (tanto central como autonómico) podría hacer obtenido:

. y 2.100 millones de euros manteniendo el impuesto sobre el patrimonio,

· y 2.552 millones anulando la bajada del impuesto de sucesiones,

· y 2.500 millones revirtiendo la bajada de impuesto que se aprobó para las personas que ingresan más de 150.000 euros al año,

· y 5.300 millones eliminando la reducción de los impuestos de las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0.12% de todas las empresas)

· y/o 44.000 millones de euros anulando el fraude fiscal de las grandes fortunas y de las grandes empresas citadas en la frase anterior

y/o 6.900 millones de euros aplicando un impuesto finalista en Sanidad (como ha hecho Canadá)

· y/o 3.000 millones de euros gravando los beneficios bancarios (como ha aconsejado el FMI),

· y/o 1.000 millones haciendo pagar 5 euros más por cada pasajero que saliera de un aeropuerto español

· y/o casi 1.000 millones de euros pagando las multas de tráfico según el nivel de renta del infractor (como en Finlandia) y así un largo etcétera.

CON ESTOS FONDOS podría haberse creado empleo y con ello estimular su crecimiento, DISMINUYENDO ASÍ EL DÉFICIT. El que estas medidas no sean las que se tomen y en su lugar se impongan otras (recortes y más recortes) SE DEBE A LA CREENCIA ERRÓNEA DE QUE EL GASTO PÚBLICO ES EL PROBLEMA, Y ASÍ ESTAMOS.

¿Sabeis donde radica el problema de nuestro puto pueblo?. Pues muy sencillo:
"En tanto a mi no me toquen los "bajos" ..... yo me dedico a los chistes".

Ni más ni menos. Que somos un pueblo "¡mu grasssioso, joer!.

(¡Coño,; que lo voy viendo así, tal cual, en votantes familiares de esos que pensaban que las vacas engordaban previa ingesta del guano de las gaviotas y que ....... está resultando que ¡nanai de la china!). ...... (por más avisados que estaban .... sin ser Rappel ni dios que lo fundó).

Allá cada cual .... y mañana otro día.

Pues encima, se callaron cositas que resulta que aparecen en el BOE y desde luego no son alegrías lo que se callaron.

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La paga de Navidad, que el Gobierno se había comprometido a compensarla
en 2015 mediante un ingreso en el fondo de pensiones, queda ahora en el
aire. Es decir, el decreto sostiene que la extra de diciembre solo se
devolverá si el Gobierno cumple los objetivos fijados en la Ley de
estabilidad. Y no hace alusión a ninguna fecha. Es decir si el Gobierno
logra llevar a cabo el ajuste de 65.000 millones en las las cuentas
públicas y consigue controlar la desviación presupuestaria. “Las
cantidades derivadas de esta supresión podrán destinarse en ejercicios
futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de
seguro colectivo que incluyan la contingencia de jubilación, siempre que
se prevea el cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria”, señala el decreto. La medida afectará a todos los
trabajadores contratados por la administración pública.

El BOE ya se parece al Caso, cada día más escabroso. [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]

Estan destruyendo no solo el Estado del bienestar, tambien van a hacerlo con el Estado general, sino al tiempo.

Tatatacháaaaaaannnnn y ahora también los militares protestan, ¿ los siguientes?

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De nuevo los miembros de las Fuerzas Armadas sentimos en toda su
intensidad los nuevos recortes que el Gobierno realiza para toda la función
pública. No en vano, desde el comienzo del “reconocimiento” de la crisis hemos
sufrido ya varios recortes que no han hecho más que agravar una situación que
ya venía siendo complicada debido a las enormes carencias que en derechos y
en capacidades de reivindicación veníamos padeciendo y que precisamente
estamos intentando paliar.

Los militares hemos demostrado, y seguiremos haciéndolo, nuestra capacidad
de solidaridad y de altruismo, que no sólo lo llevamos a cabo en nuestro
quehacer diario sino también en la respuesta firme y callada ante los recortes
que hemos venido sufriendo hasta la fecha. Hemos sido, pacientes, tolerantes,
solidarios y firmes en estas convicciones de altruismo y de arrimar más aún el
hombro cuando toca; pero estas capacidades de aguante tienen un límite.

Nuestras familias y nuestra propia dignidad no permiten que seamos tratados
como comodines de valor infinito. Una utilización interesada de nuestra
situación que se ve agravada además por la escasa o nula intervención del
Gobierno en tratar de paliar esta imagen, que tras estos recortes, muestra un
funcionariado que más que estar realizando un esfuerzo solidario parece estar
pagando un castigo por un estado de cosas que para nada se corresponde con
la labor callada y constante, que nunca es echada de menos cuando la
situación social es boyante.

Arremeter contra el funcionariado, contra los militares, de esta forma unilateral
desde una clase política que día tras día nos ilumina con bajezas, desaires y
falta de ideas para afrontar esta situación, no nos merece gran respeto –salvo
el obligado por nuestra “función-.

Desde AUME no vamos a quedarnos con los brazos cruzados mientras se nos
hace pagar por algo que no hemos hecho y se nos trata como a unos “cabezas
de turcos”, desde en una situación compleja que ni los que nos han prometido
solucionar con ciertas medidas, ahora, tras la confianza depositada en ellos,
modifican las reglas de juego con unos recortes que además negaron que
fueran a realizar.

El párrafo en negrita no se si me da miedo o me alegra.

Coño más olvidos, que mala cabeza tienen algunos.

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Ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados ni la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, citaron alguna de las medidas que afectan a aquellos colectivos de desempleados con mayores dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Eso sí, dejamos claro que esto afectará a los nuevos perceptores y no a los que reciben los subsidios o el RAI en la
actualidad.

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad contempla en su letra pequeña más recortes de los anunciados e incluso, podría haber más porque la redacción de algunos apartados es bastante confusa, con lo que podría afectar al bolsillo igualmente. En cualquier caso,
repasamos las que quedan más claras, tanto las que ya se anunciaron como aquellas que "olvidaron" citar:

La prestación por desempleo pasará a ser del 50% de la base de cotización en lugar del 60% para los nuevos demandantes de empleo a partir del sexto mes de percepción.

Se suprime el subsidio especial para mayores de 45 años, afectando esta medida exclusivamente a los potenciales nuevos entrantes. La eliminación de este subsidio no supone una desprotección para los desempleados, que pueden acogerse al subsidio ordinario, según cita textualmente el BOE.

El subsidio para mayores de 52 años dice el BOE que "se racionaliza para garantizar su sostenibilidad y para incentivar el alargamiento de la vida activa". Eso dice en el preámbulo pero en la disposición, pasa a hablar del subsidio para mayores de 55 años, aun cuando no tengan responsabilidades familiares, siempre que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en los apartados anteriores, hayan cotizado por desempleo al menos durante seis años a lo largo de su vida laboral y acrediten que, en el momento de la solicitud, reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

Se suprimen todas las bonificaciones a excepción de las destinadas a la contratación de discapacitados, así como a la contratación, a través de nuevo contrato de apoyo a los emprendedores, de jóvenes, mayores de 45 años parados de larga duración y mujeres. Se mantienen igualmente las bonificaciones a la contratación de jóvenes que se constituyan como
autónomos, y personas que sustituyen a víctimas de violencia de género y trabajadores en baja por maternidad.

La Entidad Gestora podrá suspender el abono de las prestaciones por desempleo cuando se aprecien indicios suficientes de fraude en el curso de las investigaciones realizadas por los órganos competentes en materia de lucha contra el fraude.»

El Estado dejará de contribuir con el 35 por ciento de las cotizaciones a la Seguridad Social de quienes perciban la prestación por desempleo. En la práctica, supondrá una pequeña reducción de la cantidad que se perciba mensualmente para los nuevos demandantes de empleo.

En aquellos subsidios que dependen de un nivel de rentas para obtenerlos, se cambian los criterios. Se considerarán como rentas o ingresos computables cualesquiera bienes, derechos o rendimientos derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional, salvo las asignaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo y salvo el importe de las cuotas destinadas a la financiación del convenio especial con la Administración de la Seguridad Social. También se considerarán rentas las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 100 por 100 del tipo de interés legal del dinero vigente, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas, todo ello en los términos que se establezca reglamentariamente.

«Durante la inscripción como demandante de empleo a que se refiere el párrafo anterior deberá buscarse activamente empleo, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales u otras para incrementar la ocupabilidad. La salida al
extranjero, por cualquier motivo o duración, interrumpe la inscripción como demandante de empleo a estos efectos.

Por otra parte, se modifica el régimen de acceso a la renta activa de inserción (RAI) para reforzar su vinculación con el empleo y garantizar una mayor efectividad en la utilización de los recursos públicos. Se exige para el acceso a la Renta Activa de Inserción que previamente se haya agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo para
aquellas personas que tiene más de 45 años y son parados de larga duración y que durante el periodo de inscripción ininterrumpida como demandante de empleo (1 año mínimo) no se haya rechazado ninguna oferta de empleo adecuada, ni se haya negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales.

Para los beneficiaciarios de la Renta Activa de Inserción (RAI), la salida al extranjero, por cualquier motivo o duración, interrumpe la inscripción como demandante de empleo a estos efectos. Hasta ahora, se permitía un máximo de 15 días fuera de España que se podía ampliar a 3 meses si el solicitante se trasladaba a algún país de la UE en busca de
trabajo.

«Las citaciones o comunicaciones efectuadas por el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo autonómicos por medios electrónicos para el cumplimiento del compromiso de actividad, se entenderán validas, a efectos de notificación, siempre que los solicitantes o beneficiarios de las prestaciones por desempleo hayan expresado previamente su consentimiento»

Aquí el BOE por si alguien lo quiere consultar


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Mu fuertecito lo de esta gente. [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]