Los expertos en la materia no ven claro este proyecto y no es el primero, estos seguro que son de los que se manifiestan y tiran piedras.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]Que la medida sobrepasa los límites de la Constitución es algo que
también respaldan algunas asociaciones de jueces y fiscales. Maria
Moretó, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, lo tiene claro: la
medida del Gobierno es una “reacción” para “disuadir” las
movilizaciones ciudadanas que “ha habido y habrá contra los recortes y a
la vista del empobrecimiento del país”.
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, afirma
que la medida es “desproporcionada” y vulnera el derecho a la
información. Sobre todo si, como pretende el Gobierno, la prohibición se
acuerda con carácter general, y no excepcional. Los ciudadanos,
defiende Bosch, tienen derecho a “comunicar y recibir imágenes” por
cualquier medio y a denunciar posibles abusos o excesos policiales.
“Siempre será lícita la filmación de un acto delictivo por parte de la
policía”, subraya Melero.
“Cuando hay una imagen gráfica, el policía puede llegar a ser
sancionado. De lo contrario, ante la denuncia de un ciudadano, sin
imágenes, su versión siempre se puede cuestionar, ya que queda
confrontada a la del agente”, opina el penalista Carles Monguilod, quien
añade que la medida del Gobierno sirve más para “dar impunidad ante
posibles excesos” que para proteger a unos policías que ya van
uniformados y, en algunos casos —como los antidisturbios— cubren su
rostro y ocultan su identidad.
Pues ahora con más razón va a salir la ley por decreto. Juristas a Gallardón ¿ tamos tontos?
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