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Tema: Re: PODEMOS Sáb Oct 23, 2021 9:24 am
Al final la Presidenta del Congreso ha cedido a las exigencias de Marchena:
Podemos denuncia «prevaricación» en la retirada del escaño a Alberto Rodríguez
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, procedía este jueves a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo contra el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez comunicando al diputado la retirada de su escaño.
La decisión ha sido tomada tras considerar el oficio que le remitió el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, donde se la instaba a cumplir con los términos de la sentencia que obligan a la inhabilitación del diputado, a efectos de que sea sustituido por el diputado que siguiera en la lista electoral.
Desde la formación morada coinciden en señalar que la condena a Alberto Rodríguez es «injusta» y «sin pruebas» insistiendo en que de ninguna manera se le podía retirar del cargo.
Para el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, la situación es una «vergüenza» considerando que Meritxel Batet: «Ha cedido a las presiones de Marchena y de la (ultra)derecha política y mediática que pedían sangre y, encima, lo ha hecho aún a riesgo de prevaricar».
La titular de Derechos Sociales y actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, escribía en Twitter: «El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación».
Para la ministra de Igualdad, Irene Montero, se trata de un «asalto a la democracia».
Duda el llobu que el caso se quede ahí.
Salú y República.
marapez V.I.P.
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Tema: Re: PODEMOS Sáb Oct 23, 2021 9:32 am
Menuda perra han cogido con el pobre Alberto. Total, para ser sustituido por otro de Podemos. Algo bueno debe haber hecho Alberto que la derecha le tiene tanta tirria. La decisión de Batet, aunque polémica, ha sido la de salir lo menos tocada posible, pero lo de los jueces empeñados en hacer saltar la coalición de gobierno es una jugada fea se mire por donde se mire. Yo les diría lo mismo que les dijeron a los del 15M o a los independentistas vascos... presentaros a las elecciones, así, a cara descubierta, a ver que tal os iba.
El llobu V.I.P.
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Tema: Re: PODEMOS Sáb Oct 23, 2021 10:13 am
marapez escribió:
Menuda perra han cogido con el pobre Alberto. Total, para ser sustituido por otro de Podemos. Algo bueno debe haber hecho Alberto que la derecha le tiene tanta tirria. La decisión de Batet, aunque polémica, ha sido la de salir lo menos tocada posible, pero lo de los jueces empeñados en hacer saltar la coalición de gobierno es una jugada fea se mire por donde se mire. Yo les diría lo mismo que les dijeron a los del 15M o a los independentistas vascos... presentaros a las elecciones, así, a cara descubierta, a ver que tal os iba.
Batet será la que salga más tocada al desoír a todos los juristas del Congreso que le decían lo contrario.
Y le yendo lo que dice la ley es absolutamente incomprensible que le retiren el escaño, y no es una cuestión de falta de entendederas.
Y no sabe el llobu si son conscientes de la gravedad de lo que está haciendo el poder judicial.
Salú y República.
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El llobu V.I.P.
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Tema: Re: PODEMOS Sáb Oct 23, 2021 5:22 pm
Meritxell Batet debe dimitir
La separación de poderes es uno de los pilares sobre los que debe asentarse cualquier sistema democrático. La idea de que el poder emana del pueblo se complementa con la de que ningún poder puede ser absoluto y todos deben tener contrapesos. Se trata de articular complejos mecanismos de reparto de competencias, de modo que no sean los mismos órganos los que aprueban las leyes, los que las ejecutan y los que tienen el poder de asegurar su cumplimiento. La eficacia de estos mecanismos depende en gran medida de la autocontención de cada uno de ellos.
Esto está en riesgo en España en este momento porque el poder judicial tiene una visión expansiva de sus facultades y parece dispuesto a suplantar las competencias de los poderes políticos. Al pensar en la separación de poderes, suele venir a la mente la idea de independencia judicial. Efectivamente, es importante que los jueces ejerzan su potestad de juzgar con total independencia. Pero también deben hacerlo con estricta sujeción a la ley y sin usurpar la facultad de tomar decisiones políticas relativas al modelo de sociedad que sólo corresponden al pueblo y, en su nombre, al Parlamento.
La ofensiva judicial para imponer un modelo conservador de país en un momento en que la izquierda progresista tiene la mayoría social se ha recrudecido estos días. Uno de los casos más graves es el de la condena del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Fue condenado en primera y única instancia, sin posibilidad de revisión, tras un juicio sorprendente, en el que el Supremo dio absoluta credibilidad al testimonio de un policía de extrema derecha, aunque su declaración no ofrecía los requisitos mínimos que permitieran vencer la presunción de inocencia.
La condena, claramente injusta, no puede ser recurrida, pero por responsabilidad institucional, no queda más remedio que acatarla y ejecutarla. Sin embargo, en nuestro sistema constitucional existe un principio básico del Estado que es la autonomía parlamentaria. La legislación estipula que todo lo relativo al estatuto de los diputados y la composición de las Cortes es decisión exclusiva del Parlamento. Cuando el Parlamento, al acatar la sentencia, decidió libremente cómo ejecutarla, el Tribunal Supremo se permitió dirigirle un escrito reclamando que la pena de inhabilitación se cumpliera de manera temporal. Fue un evidente ataque a la autonomía del poder legislativo que exigía una respuesta firme de la presidenta del Congreso.
No obstante, Meritxell Batet asumió una actitud extravagante. Dirigió un escrito al Supremo para intentar que fuera éste quien asumiera la decisión de expulsar definitivamente al representante popular. El juez Marchena, burlón, le respondió recordándole que la ley no permite al Tribunal Supremo aconsejar al Parlamento cómo debe usar sus propias competencias. Humillada, la presidenta se ha acabado saltando a la Mesa de la institución y los informes de sus letrados y ha retirado a Rodríguez el acta y la condición de diputado.
Salú y República.
Z V.I.P.
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Tema: Re: PODEMOS Sáb Oct 23, 2021 5:41 pm
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Pedro Sánchez y todo el gobierno deberian dimitir y convocar nuevas elecciones.
El llobu V.I.P.
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Tema: Re: PODEMOS Sáb Oct 23, 2021 5:45 pm
Z escribió:
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Pedro Sánchez y todo el gobierno deberian dimitir y convocar nuevas elecciones.
Los gobiernos no dimiten y convocan nuevas elecciones porque tú lo quieras.
Salú y República.
marapez V.I.P.
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Tema: Re: PODEMOS Sáb Oct 23, 2021 5:57 pm
Z escribió:
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Pedro Sánchez y todo el gobierno deberian dimitir y convocar nuevas elecciones.
Ojo con lo que se desea... a veces se concede.
El llobu V.I.P.
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Tema: Re: PODEMOS Sáb Oct 23, 2021 7:07 pm
Veamos la opinión de un juez:
Joaquim Bosch
1.- La retirada de su escaño al diputado Alberto Rodríguez ha generado una enorme controversia. Más allá de las pasiones políticas, voy a intentar explicar las implicaciones jurídicas de un caso que presenta cierta complejidad.
2.- Rodríguez fue condenado a pena de prisión de un mes y 15 días, sustituida por multa, y a inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Esta sentencia podía tener dos tipos de efectos, uno directo en la esfera penal y otro indirecto en la parlamentaria.
3.- En el ámbito penal, la inhabilitación para el sufragio pasivo no hace perder al diputado el cargo. Únicamente le impediría presentarse a unas elecciones durante el tiempo de la condena. El cumplimiento directo del fallo no lleva a la destitución del diputado.
4.- Sí que le habría hecho perder automáticamente la condición de diputado una condena a inhabilitación especial para cargo público, porque ese efecto está previsto en la ley. Pero el Tribunal Supremo no condenó a esa inhabilitación.
5.- Se puede constatar la diferencia entre los efectos de ambas inhabilitaciones en los artículos 42 y 44 del Código Penal. No puede haber la misma consecuencia para regulaciones que son distintas.
6.- Por otro lado, la sentencia del Tribunal Supremo puede provocar efectos indirectos en la esfera parlamentaria. El artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General fija consecuencias para las sentencias privativas de libertad.
7.- El artículo 6-2 de esta ley indica que son inelegibles quienes hayan sido condenados en sentencia firme a pena privativa de libertad. Y el artículo 6-4 regula que esta circunstancia (por ejemplo, una condena a prisión) sería incompatible con el cargo.
8.- Y aquí viene la cuestión más dudosa. Rodríguez fue condenado a una pena de multa, pero en sustitución de una pena de prisión. ¿Cuál de las dos penas debería tomarse como base para valorar si hay incompatibilidad? ¿La inicial o la definitiva?
9.- Los letrados del Congreso de los Diputados, en un informe muy motivado, consideran que es la de multa, al ser la aplicada realmente y la que se analiza en el ámbito parlamentario. Lo contrario sería dar preferencia a una pena de prisión que no existe.
10.- También dicen los letrados que las dudas deben resolverse en el sentido más favorable al derecho fundamental a la participación política, como señala reiteradamente el Tribunal Constitucional. Las dudas son visibles, ante una cuestión que no está claramente regulada.
11.- Estas apreciaciones del informe de los letrados son muy razonables, porque la participación política es un derecho fundamental básico en una sociedad democrática. No debería restringirse, salvo en casos en los que existan normas claras que lo limiten.
12.- La sala penal del Tribunal Supremo solo es competente para ejecutar su fallo, en el que se encuentra la inhabilitación para el sufragio pasivo. Pero no tiene facultades para ordenar, sugerir o hacer indicaciones al parlamento sobre cómo interpretar las normas electorales.
13.- La valoración de esas dudas corresponde solo a la presidenta y la mesa del Congreso de los Diputados, y a la Junta Electoral, sin perjuicio de las acciones judiciales en el ámbito contencioso-administrativo. Ahí la sala penal del Tribunal Supremo carece de atribuciones.
14.- La presidenta del Congreso de los Diputados ha acordado retirarle el escaño a Rodríguez. Sería importante explicar por qué no se ha seguido el criterio de los letrados de la cámara, ante una cuestión que genera controversia jurídica.
15.- Los informes de los letrados no son vinculantes, pero apartarse de ellos exige cierta motivación. Por ejemplo, su criterio fue decisivo para no crear una comisión de investigación sobre el rey emérito. En el presente caso no se entendería que el informe fuera irrelevante.
16.- En los últimos años las tensiones políticas han llevado a algunas interpretaciones extensivas contra el derecho a la participación política. Eso no es positivo para el pluralismo, para la calidad de la democracia y para nuestro sistema de derechos fundamentales.
Salú y República.
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El llobu V.I.P.
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Tema: Re: PODEMOS Sáb Oct 23, 2021 8:59 pm
Alberto Rodríguez anuncia que abandona Podemos tras la retirada de su escaño
Así lo ha anunciado el propio Rodríguez tras la sentencia del Supremo por la agresión a un Policía y la retirada de su acta como diputado.
El hasta ahora diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha anunciado que abandona la militancia política. Esto es, que pone fin a su relación política con Podemos. Lo hace después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cumpliera con la inhabilitación decretada por el Tribunal Supremo por la agresión a un Policía y, en consecuencia, le retirara su acta como diputado.
El propio Rodríguez ha hecho pública esta decisión a su llegada, en la tarde de este sábado, al aeropuerto de Tenerife Norte, donde ha sido recibido por una multitud de personas que le han mostrado su apoyo al grito de 'justicia' y 'todas somos Alberto' tras la sentencia del órgano judicial. En ese punto, Rodríguez ha explicado que "uno debe aprender cuáles son las virtudes y los límites" y que "toca cerrar un ciclo".
"Entro en otro momento personal", ha proseguido argumentando Rodríguez, que sigue manteniendo su inocencia frente a la sentencia impuesta por el Supremo; sentencia que, por otro lado, ha tachado como "un ataque a la democracia" y "crónica de una infamia". En esta línea, ha confirmado que recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la decisión si no encuentra cobertura en el sistema jurídico español.
Para Rodríguez, la sentencia "ha sido una cacicada a la voluntad popular y al pueblo canario", y por ello ha asegurado que hará todo lo que esté en su mano "jurídicamente" para que se demuestre su inocencia frente a la decisión del TS, que le ha condenado por una patada a un policía en 2014. Un caso que ha provocado un nuevo escenario de tensión no solo entre los socios del Gobierno de Coalición; también, en el sistema jurídico.
Duros reproches entre Podemos y la CGPJ
Tras lo acordado por el Supremo llegaron las críticas de Podemos y de una parte del Gobierno. La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, acusó en redes sociales de "prevaricación" al Tribunal y a la Presidencia del Congreso por esta decisión "aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia". Poco después, la formación anunciaba una querella contra Batet por prevaricación.
Una polémica posición a la que dio respuesta el Consejo General del Poder Judicial en una durísima nota en la que advertían que, en su opinión, Belarra estaba excediendo "absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión" situando "las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable". Desde Unidas Podemos volvieron a replicar, esta vez a las palabras del CGPJ.
El presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, criticó el reproche del organismo a la ministra afirmando que el "único comunicado legítimo" tras casi tres años con mandato caducado debe ser el de su "disolución". No obstante, desde Podemos han querido rebajar la tensión al aclarar que es Alberto Rodríguez, y no el partido, quien debe presentar la querella contra Batet por una cuestión de forma.
Salú y República.
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marapez V.I.P.
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Tema: Re: PODEMOS Dom Oct 24, 2021 10:57 am
La Audiencia Nacional frena los impulsos de García Castellón contra Podemos
El giro en el caso Dina que impulsó el juez Manuel García Castellón al regreso del confinamiento, orillando al comisario Villarejo y dirigiendo la investigación hacia el entonces vicepresidente Pablo Iglesias, acaba de sufrir un nuevo revés procedente de una instancia superior al magistrado. De nuevo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como ya hiciera hace diez meses sin éxito el Tribunal Supremo, conmina al instructor a tomar declaración a Dina Bousselham, la ex colaboradora de Iglesias que lleva más de un año queriendo explicar en sede judicial que no se siente perjudicada por la actuación de su antiguo jefe. Los delitos que el juez detecta en Iglesias requieren de un perjudicado. Y sin perjudicado, no hay caso contra el antiguo líder de Podemos.
El auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, encargada de revisar las decisiones de García Castellón en el caso Villarejo, ha asumido este viernes en su integridad las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción, revocando al fin la instrucción que el juez decretó hace un año. Un cierre de la instrucción que no es en términos absolutos porque la investigación puede seguir viva. Y así ha sido, pero siempre en dirección a Pablo Iglesias, pese a que el Tribunal Supremo decretó en enero que no hay indicios para imputar al político, tal y como le había solicitado García Castellón. En este sentido, hace apenas un mes, el juez requirió a Samsung información que permita determinar si la tarjeta del móvil de Bousselham fue dañada en el proceso de extracción de datos, durante una reparación, o a propósito por quien la retuvo durante meses, esto es, Pablo Iglesias. Una nueva diligencia que se revelaría inútil si antes hubiera llamado a declarar a Bousselham. Está por ver si esta vez la instancia superior a García Castellón consigue que el magistrado acate sus órdenes, que devolverían a 'Dina' la naturaleza de una pieza más de la causa contra el comisario Villarejo y no el ‘caso Pablo Iglesias’ que impulsó el juez. En este sentido, los magistrados de la Sección Tercera obligan igualmente a García Castellón a que llame a declarar como testigo al que era director adjunto operativo de la Policía en el momento de los hechos, y por tanto, jefe directo de Villarejo. Los magistrados exponen que queda por aclarar la afirmación de los dos periodistas imputados según la cual la entrega de la tarjeta a Villarejo, que habría llegado previamente de forma anónima a Interviú, fue a requerimiento del comisario, quien alegó una investigación policial en marcha. Pino, que podrá declarar acompañado de su abogado al estar imputado en la pieza Kitchen, tendrá oportunidad de corroborar si había ordenado a Villarejo conseguir esa información o no. Cabe recordar que nunca existió una causa judicial a la que se incorporara el material robado a Bousselham sino que, como ocurrió con otras tantas maniobras policiales contra el soberanismo catalán o el propio Podemos, la información de Villarejo y otros miembros de la brigada política fue utilizada para su publicación en medios que ésta consideraba afines a sus intereses. Antes de que García Castellón diese un giro a su instrucción de 180 grados, el propio magistrado había detectado una posible actuación del Ministerio del Interior del PP en el robo del móvil de la colaboradora de Iglesias y en la publicación de la información que contenía sobre Podemos en Okdiario, El Confidencial y El Mundo, según trasladaron en un atestado los agentes de la Unidad de Asuntos Internos. El propio García Castellón expuso sus sospechas de la ‘guerra sucia’ contra Podemos a Pablo Iglesias cuando éste declaró ante él. A partir del giro en plena pandemia, las diligencias del juez, de espaldas a la Fiscalía, y superponiéndose a otras pendientes de piezas como Kitchen o el BBVA, iban dirigidas a obtener indicios de un delito de daños informáticos, de revelación de secretos y de acusación y denuncia falsa contra Iglesias. Anticorrupción, en su recurso de octubre de 2020, volvía a recordar al juez que copias de la tarjeta de Dina Bousselham fueron halladas en el registro de la casa de Villarejo y que lo más plausible es que, de forma directa, o a través de intermediarios, hubiera sido el comisario quien hubiera hecho llegar esa información a los medios de comunicación. García Castellón decidió ignorar la línea de investigación que conducía a Villarejo basándose en los cambios de versión de la propia Bousselham, quien llegó a reconocer que había pantallazos de los que se habían publicado que ella había reenviado a terceras personas. Ahora, la Sala de lo Penal, de acuerdo con el escrito de la Fiscalía, recuerda al juez que también se publicó información del móvil de la colaboradora de Iglesias que ella no reenvió a nadie, y por eso le pide que ahonde en esa circunstancia sin aclarar. El Tribunal Supremo llegó a acusar al juez, en el auto en el que rechazaba imputar a Iglesias, de "abandonar diversas líneas de investigación, para abogar como realidad acaecida una concreta alternativa sin mayor plausibilidad”. Llovía sobre mojado: la decisión de García Castellón de llevar a Iglesias al Supremo se producía después de que la Sala de lo Penal le obligara a devolver la condición de perjudicado a Pablo Iglesias.
Vuelve la brigada política
El auto de reconducción para García Castellón llega 24 horas después de que la Sala de lo Penal frenara otro impulso del juez contra Podemos. En este confluyen varios elementos que retrotraen a la primera legislatura de Mariano Rajoy, cuatro años de actividad frenética de un grupo de mandos policiales contra el soberanismo catalán, primero, y contra Podemos después. En la ecuación aparece Venezuela, la supuesta financiación irregular del partido, la brigada política y un dosier con el que aquel entramado policial, cuya primera línea está hoy procesada en el caso Kitchen, quiso tumbar al partido liderado entonces por Pablo Iglesias, y al que denominaron informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). El detonante fue la detención el pasado 10 de septiembre en Madrid de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, antiguo jefe de la Inteligencia militar de Chávez y huido de la justicia en España desde noviembre de 2019, cuando iba a ser extraditado a Estados Unidos. Carvajal, reclamado por narcotráfico a gran escala, declaró ante García Castellón que tenía información sobre la financiación irregular de Podemos procedente de Venezuela. García Castellón buscó en su juzgado y encontró una causa de 2016, sobreseída provisionalmente, donde poder adjuntar las acusaciones del ‘Pollo’ Carvajal. Se trata de una denuncia presentada ante un juzgado de Zaragoza por una desconocida hasta entonces Unión Cívica que se limitaba a reproducir informaciones sobre el informe PISA y que acabó en la Audiencia Nacional. El juzgado de García Castellón, cuando éste aún estaba de juez de enlace de Italia, archivó de plano la denuncia con un duro informe de la Fiscalía sobre el dossier parapolicial. Argumentaba, entre otras cosas, que su contenido ya había sido despreciado por el Tribunal Supremo, después de que Manos Limpias lo incorporara a una querella contra Iglesias e Íñigo Errejón. En el marco de esa reapertura, García Castellón citó a declarar de nuevo al Pollo Carvajal el 27 de octubre, pero la Sala de lo Penal ha resuelto que el militar ha tenido dos años para colaborar con la justicia española, que en ningún momento lo ha hecho y que su denuncia contra Podemos no puede pretender otra cosa que retrasar su entrega a Estados Unidos. La entrega estaba prevista para este sábado y si se ha retrasado es por un error de forma en un auto de la propia Sala de lo Penal que ésta reconoce a instancias de la defensa del militar venezolano.
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Tema: Re: PODEMOS Mar Oct 26, 2021 11:03 am
ACODAP denuncia al juez Marchena por presunta prevaricación
La asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública (ACODAP) a través de una nota de prensa ha anunciado que denunciará al juez Manuel Marchena a raíz de la sentencia contra el diputado Alberto Rodríguez.
El comunicado de ACODAP es el siguiente:
La asociación contra la corrupción liderada por el Juez Fernando Presencia, ACODAP, decide que es urgente, imprescindible e inaplazable denunciar a Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por el delito de prevaricación judicial en base a unos recientes hechos gravísimos y antidemocráticos que la asociación considera que afectan frontalmente a la estructura misma del Estado.
Estos hechos son: Condenar a una pena de 45 días de cárcel al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez por un delito de atentado contra un agente de la autoridad en una manifestación en 2014, cuando todavía no ocupaba ningún cargo político. Dice la sentencia que propinó una patada en la rodilla a un policía y eso le habría provocado lesiones por las que tardaría en curar un solo día. La sentencia condenatoria de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es mucho más que discutible y polémica.
A pesar de todo, la única prueba que se ha tenido en cuenta ha sido la declaración del agente. Sépase que el testimonio de un policía como víctima de un delito no se tiene por ley como verdad absoluta, ni prevalece sobre la presunción de inocencia del resto. De hecho, eso supondría una vulneración muy grave a los principios penales.
La sentencia no ha sido por unanimidad de los Magistrados, pero es que además la condena a Rodríguez ha sido por la mínima: 45 días de cárcel “con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo”. Una pena sustituible por una multa de 540 euros, que el condenado ya ha pagado.
Sin embargo, no se ha condenado expresamente al diputado de Podemos ni a la inhabilitación ni a la suspensión de su cargo. Es precisamente a partir de ese punto donde estalla la polémica, que se ha resuelto (por el momento) con la pérdida del escaño para el condenado, después de que los letrados del Congreso respaldaran que no era necesaria su expulsión, y después también de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pidiera aclaraciones a la Sala Segunda.
La explosiva crisis se genera cuando su presidente, el juez Marchena, insistió en que se ejecutara la sentencia -pero sin aclarar cómo había que hacerlo- tras lo cual Batet, temerosa de que la condenaran a ella también, decidió expulsar a Rodríguez del Congreso de los Diputados.
El problema jurídico se centra precisamente en el hecho de que en el fallo de la sentencia no condena expresamente a Alberto Rodríguez ni a la inhabilitación ni a la suspensión de su cargo. Y esto es de vital importancia para desenmarañar el enredo.
En una Circular de la Fiscalía del año 2004 sobre las penas accesorias, el propio Marchena (cuando todavía no era juez, aunque sí fiscal jefe de la Secretaría Técnica) orientaba al resto de los fiscales en su quehacer procesal indicándoles que “además de solicitar la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, si el acusado desempeña un empleo o cargo público, salvo que se haya pedido concretamente la inhabilitación especial para empleo o cargo público, se habrá de pedir también la suspensión de empleo o cargo público”.
En el caso del diputado de Podemos la fiscalía no pidió ni la inhabilitación ni la suspensión de su cargo, y en la sentencia tampoco se ha dicho nada. Sin embargo, en el Reglamento del Congreso se exige expresamente que “El Diputado quedará suspendido en sus derechos, prerrogativas y deberes parlamentarios cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria”.
Y aquí precisamente es donde está el embrollo jurídico y cuando de verdad comienzan los graves problemas legales para Marchena, porque le ha exigido a la presidenta del Congreso de los Diputados que expulse de la Cámara a Roberto Rodríguez a sabiendas de que la orden era ilegal, porque la condena NO comportaba la inhabilitación ni la suspensión del cargo, NI tampoco existía pena de prisión alguna que le imposibilitara al diputado de Podemos el ejercicio de la función parlamentaria.
De momento ya han empezado las lógicas denuncias.
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El llobu V.I.P.
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Tema: Re: PODEMOS Mar Oct 26, 2021 12:13 pm
Un tuitero se pone gallito con Antón Losada y se lleva un monumental zasca
El profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Antón Losada, ha sido protagonista en Twitter tras pronunciarse ante la inhabilitación del diputado, Alberto Rodríguez.
Desde su perfil en Twitter, el profesor Antón Losada se expresó en los siguientes términos: «Lo de Marchena y el diputado Rodríguez va más allá de la lógica jurídica. Marchena lo sabe. La pregunta es por qué lo hace. Pagada la multa, la pena principal está cumplida. No cabe la pena accesoria».
Y añade: «Marchena sabe que al forzar la suspensión no priva de la condición de diputado a Rodríguez por 1 mes y medio, si no que le priva para toda la legislatura. ¿Acaso era ese el sentido de la sentencia? Se cumple la literalidad de la misma o se amplía la pena de hecho?».
Sobre estas reflexiones, un usuario de la red social de Twitter reprochó al profesor que manifestase su opinión: «Desde luego cuanto conocedor del DERECHO estamos perdiendo por no darles la oportunidad de manejar los Tribunales para impartir Justicia aunque no estén licenciados ni colegiados sino simplemente se lo dicen por Ideología cuando la verdadera justicia dicta sentencias en su contra».
El profesor Antón Losada no dudó en responderle: «Yo solo estoy doctorado en derecho. Tiene razón. Qué sabré yo».
En la misma línea, otro usuario de la red criticó al profesor: «Losada también es jurista; esperemos a la Beni».
En esta ocasión, Antón Losada respondió al tuitero mostrando fotografías de sus tres titulaciones: «Título Universitario de Licenciado en Derecho, Título de Doctor en Derecho apto 'cum laude' y el título de Doctor en Derecho Europeo».
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Tema: Re: PODEMOS Jue Oct 28, 2021 1:35 pm
El Tribunal Constitucional sentenció en 1992 que no es posible retirar un escaño por una condena leve
La resolución declaró, 8 años después de perder el escaño, el derecho de un diputado cántabro a no ser removido de su cargo por las accesorias de suspensión de cargo público.
El precedente fue incluido por los letrados del Congreso en el primer informe que elaboraron, contrario a retirar el escaño a Alberto Rodríguez.
El recurso que el ya exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez presentará ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de despojarle de su escaño cuenta con un precedente de 1992 en el que el tribunal de garantías sentenció que no es posible retirar dicha condición por una condena leve.
Se trata del caso del diputado de la Asamblea de Cantabria José Luis Vallines, de Alianza Popular, condenado en 1984 a un mes y un día de arresto mayor por la Audiencia de Huesca por un delito contra la libertad y seguridad en el trabajo. Se le impusieron accesorias de suspensión de todo cargo público, profesión, oficio y del derecho de sufragio durante el tiempo de condena.
No obstante, ocho años más tarde la Sala Primera del Tribunal Constitucional, presidida entonces por el magistrado Francisco Tomás y Valiente, además de anular la resolución del presidente de la Asamblea cántabra que había decretado su pérdida de condición de diputado, declaró el derecho de Vallines "a no ser removido de su cargo por causa de las penas accesorias de suspensión de cargo público y de suspensión del derecho de sufragio".
Salú y República.
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A través de la Comisión de Venecia, el Consejo de Europa instó a España en marzo de 2021 a revisar la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Instaron a ello "por el potencial represivo" de esa ley. Cualquiera en el Estado español con un mínimo sentido democrático, o que haya tenido la mala suerte de ser víctima de ese potencial, sabe de esa represión. Tuvo dicho Consejo que describirla en términos de tal naturalismo para que se haya tomado en serio que en la España del siglo XXI -la una, la grande, la libre monarquía parlamentaria española- se ejerce, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, alentadas por instituciones políticas y judiciales, eso que en Europa reconocen, lisa y llanamente, como represión. Represión de derechos fundamentales como el de expresión o protesta. Represión ideológica. Represión xenófoba. Represión física, ya sea en la calle en una manifestación, ya sea en las dependencias de una comisaria en una detención, ya sea en los canales de los medios en una comunicación, ya sea en la fronteras calientes en una devolución. Represión. En el Estado español hay muchas ciudadanas y ciudadanos que, con la represión de la Ley Mordaza en la mano, han sido sancionadas con elevadas multas. En el Estado español hay muchas ciudadanas y ciudadanos con causas abiertas por motivos que tienen que ver con esa represión que refrenda la Ley Mordaza. En el Estado español (no en Venezuela ni en Cuba, no) hay presos políticos que lo son bajo el paraguas de la represión de la Ley Mordaza. Son presos convenientemente escondidos, silenciados, neutralizados, olvidados. Presos, no obstante. Personas encausadas y cautivas que ven conculcados sus derechos humanos fundamentales, empezando por el de la libertad de movimientos. Tal como advirtieron los de la Comisión de Venecia esas ciudadanas y ciudadanos pueden haber sido víctimas del afán despótico de una policía cuyo talante represivo se identifica, además, de manera cada vez más explícita, con signos, símbolos y actitudes de la ultraderecha. Aunque se haya hecho caso omiso, lo cierto es que el Consejo de Europa pidió que se describieran con más precisión las atribuciones coercitivas de los agentes. Para entendernos: que no se pasaran como se pasan, que no abusaran como abusan, que esto no fuera territorio sin ley. La Ley Mordaza fue aprobada por el PP y debiera haber sido derogada ya por el PSOE. Tuvo que llegar un Gobierno de coalición con UP para que esa derogación pueda llegar a ser un hecho, como es de esperar. Un hecho que es ineludible. Mientras la Ley Mordaza, que permite constantes atropellos policiales, siga vigente, España no será una democracia ni en su más básica formulación. Ahora Unidas Podemos y el PSOE están retomando un asunto político tan esencial como esa derogación por cuanto afecta a las libertades ciudadanas y a una convivencia que se sostenga en la cooperación y o en la represión. Un básico democrático. Porque lo es el derecho de reunión. Como lo es que la ciudadanía pueda tomar imágenes de las actuaciones policiales, tantas veces abusivas, o de las cargas, siempre violentas, en manifestaciones. Los abusos policiales son un hecho irrefutable y las imágenes que los registran deben ser consideradas una prueba de cargo frente a quienes, legitimados por la autoridad institucional, y además armados, atentan contra la convivencia social. Hemos visto demasiadas veces, en la España del siglo XXI, cómo se burla la policía de los ciudadanos, cómo se niegan los agentes a enseñar su número de placa, cómo arremeten -a empujones, patadas, porrazos y hasta pelotazos de goma que revientan ojos- contra quienes pacíficamente plantan cara a la represión de su legítimo derecho a reunirse y manifestarse y de hacer fotos a lo que consideren, máxime si es grave y de interés público. Es urgente restituir los derechos y libertades democráticas que la Ley Mordaza conculca. Y, por supuesto, que una ciudadanía libre y pacífica no tenga que comunicar previamente su intención de reunirse, concentrarse o manifestarse. Ese tutelaje, esa vigilancia, vulneran esos derechos y libertades. Es duro y triste que el bloqueo de la derogación de la Ley Mordaza, que tiene que ver con cuestiones tan básicas de salud democrática, se deba a la regulación de las devoluciones en caliente. Que el PSOE no tenga claro, como lo tiene UP, que las devoluciones en caliente atentan gravemente contra los derechos humanos y vulneran las convenciones internacionales sobre la protección de las personas, precisamente, más vulnerables. Que el PSOE no tenga claro que no se respetan las más mínimas garantías de protección de una persona si no se le concede ni el ínfimo derecho a explicarse, a defender ante las autoridades judiciales las razones que le han llevado a cruzar vallas defendidas por metralletas o a saltar concertinas que destrozan el cuerpo (razones que pueden deberse a una persecución política, religiosa, homófoba, criminal). Que el PSOE no tenga claro que las devoluciones en caliente son crueles, injustas y contrarias al progreso moral. Que el PSOE no tenga claro que las devoluciones en caliente son ilegales porque violan los derechos de las personas migrantes. Menos mal que nos queda UP para poner un poco de sensatez y corazón. Ojalá sea posible.
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Tema: Re: PODEMOS Dom Oct 31, 2021 10:01 am
Defender la dignidad del Congreso: ¿qué menos?
La injusticia perpetrada contra Alberto Rodríguez es un avasallamiento consentido de la autonomía parlamentaria que no puede quedar sin contestación.
Mucho se ha escrito y mucho se ha dicho al respecto. Pero cuando se es testigo directo de un atropello es difícil callar. Contemplada desde la propia Mesa del Congreso, la injusticia perpetrada esta semana contra Alberto Rodríguez aparece sin duda como un doble agravio. Como un golpe artero a la inocencia de un diputado canario, obrero industrial de profesión, condenado sin base probatoria jurídicamente admisible. Pero también como un avasallamiento consentido de la autonomía del Congreso que por elementales razones de dignidad no puede quedar sin contestación.
1. El origen del entuerto: un diputado de origen popular condenado sin pruebas.
Que la condena a Alberto Rodríguez es un despropósito es algo que juristas y comentaristas de todas las sensibilidades han reconocido de manera llamativa. Los hechos, como es ya conocido, se remiten a una protesta que tuvo lugar hace ocho años, durante una visita a La Laguna del entonces ministro de Educación del Partido Popular, José Ignacio Wert. Alberto Rodríguez, que no militaba aún en Podemos pero que era ya un activista comprometido en numerosas causas sociales en su tierra, fue acusado de propinar una supuesta patada a la rodilla de un policía durante la protesta contra la Ley de Educación del Partido Popular. Desde aquel lejano 2014 hasta el día de hoy, la coincidencia en que, salvo la declaración del agente implicado, no existe testimonio, imagen o registro alguno que avalen aquella acusación, es amplísima. Lo han dicho juristas de sensibilidades diversas. Lo sostuvieron en un voto particular dos magistrados del Tribunal Supremo que se pronunciaron al respecto. Y en cierto modo lo admitió la mayoría de la Sala, que no se atrevió a sancionarlo más que con 45 días de prisión. Una pena tan leve que el propio Código Penal obliga a sustituirla por una simple multa.
2. La mano ejecutora: un juez arrogante ya reprendido por su arbitrariedad.
A pesar de todo eso, el presidente de la Sala del Supremo, Manuel Marchena, se empleó a fondo para conseguir una mutación de todo punto arbitraria: que un reproche penal mínimo, que una mínima pena de multa, se convirtieran en castigo máximo, llegando a privar a Alberto Rodríguez de su escaño en el Congreso. El objetivo, obviamente, era lanzar una advertencia a navegantes: cualquier ejercicio del derecho a la protesta puede convertirse, en el futuro, en causa de expulsión de la vida política institucional.
No era la primera vez que Marchena lo intentaba. Ya en 2008, el juez con cuya designación el Partido Popular pretendía “controlar por detrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo”, instó a la condena por desobediencia y la inhabilitación del presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa. En aquella ocasión, la decisión acabó en el Tribunal de Estrasburgo, que entendió que el Supremo había vulnerado el derecho a un debido proceso. Más tarde, Marchena ensayó una operación similar con los diputados independentistas que se encontraban en prisión. Esta vez, temeroso de que una nueva decisión similar lo expusiera abiertamente a la prevaricación, no se atrevió a consignar por escrito su voluntad de dejar sin escaño al diputado nacido en el barrio obrero de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife. Escogió otra vía más sibilina: presionar al Congreso para que asumiera la operación y, degradando su propia autonomía, se convirtiera en cómplice último de la misma.
Y así ocurrió. En cada uno de sus oficios de “aclaración” del sentido de la sentencia, Marchena fue dejando claro cuál era su plan: exigir que su decisión se cumpliera, una y otra vez, pero sin explicitarla nunca por escrito, forzando a sus destinatarios en el Parlamento a leer en su mente lo que la propia literalidad de la sentencia no expresaba. Para consumar su propósito, contó con la complicidad activa del PP y de Vox. Y también, por desgracia, de una presidenta de la Mesa del Congreso que prontamente dimitió en su defensa de la dignidad institucional de la Cámara.
3. La colaboración necesaria: una Presidencia de la Cámara que consintió el desafuero.
Apenas conocida la sentencia, el PP y Vox salieron a defender abiertamente que la única ejecución posible de la misma consistía en privar a Alberto Rodríguez de su escaño. Y no solo eso: en las propias sesiones de la Mesa, el representante de Vox no dudó en recurrir al lenguaje de la amenaza, y en más de una ocasión recordó a la Presidenta que no secundar la lectura más severa de la sentencia la exponía a acabar condenada por desobediencia.
Como es sabido, los Letrados de la Cámara salieron a cerrar el paso a dicha pretensión con un informe inapelable. En él se sostenía no había ni una sola línea de la sentencia que contemplara de manera “clara y expresa” el cese de Alberto Rodríguez en el cargo, por lo que esa interpretación debía descartarse. Al pronunciarse sobre ese Informe, la Mesa, como órgano colegiado, hizo además algo muy importante: se atribuyó la competencia para decidir cómo había que llevar a efecto la sentencia.
Con el Informe de los Letrados y el apoyo de la mayoría de la Mesa, incluidos los diputados del PSOE, Meritxell Batet podría haber hecho frente a las pretensiones de Marchena. Para ello, bastaba con recordarle que la pena principal impuesta a Alberto Rodríguez ya se había satisfecho con el pago de la multa a la que se le condenó y que la inhabilitación especial para el sufragio pasivo solo podía operar pro futuro, impidiéndole concurrir a elecciones durante 45 días. No quiso o no se atrevió a hacerlo. Pero lo más grave es que dio un paso más allá, y cediendo a las intenciones reales, aunque nunca puestas por escrito por el presidente del Supremo, pidió directamente a la Junta Electoral Central que sustituyera al diputado canario.
Con esta decisión unilateral, adoptada sin dar audiencia a la Mesa y sin ningún nuevo informe jurídico que la avalara, la presidenta de la Cámara no solo vulneró los derechos políticos de Alberto Rodríguez y de los miles de canarios y canarias que lo eligieron como su voz en Madrid. Consintió que se avasallara la autonomía del Congreso y escribió uno de los episodios más infaustos de la historia del parlamentarismo español.
4. Un imperativo democrático de mínimos: recuperar la dignidad del Congreso.
La condena y la expulsión del Congreso de Alberto Rodríguez, diputado de clase trabajadora, coinciden con dos hechos que dicen mucho del tiempo en que vivimos. Uno, la emergencia pública de delitos millonarios de evasión y blanqueo de capitales atribuidos a Juan Carlos I, todavía hoy impunes. Otro, la constatación judicial de que el partido que escogió a Marchena “para controlar por detrás la Sala Segunda del Supremo”, contaba con una caja B con la que se financiaba ilegalmente, trucando el juego democrático. A la asimetría entre cada uno de estos hechos le corresponde una asimetría en la actitud frente a los mismos. Cuando estas líneas vean la luz, el monarca Borbón con el que Franco dejó “todo atado y bien atado” proseguirá impertérrito su exilio de lujo en Abu Dhabi. También la cooptación del Poder Judicial pergeñada por el PP para que su propia corrupción quede impune continuará blindada. Mientras tanto, Alberto Rodríguez se reincorporará a su puesto de obrero industrial. Y lo hará, como él mismo ha dicho, sin renunciar a revertir la cadena de tropelías e injusticias cometidas en su contra.
Esa actitud de resistencia frente al abuso, esa voluntad de seguir en pie a pesar de las ventajas concedidas a los poderosos de turno, no admiten mirar hacia otro lado. Hace siglos, en 1512, un diputado llamado Richard Strode quiso presentar una iniciativa legislativa en el parlamento inglés para mejorar las condiciones laborales de los mineros del estaño. Ya entonces, sus adversarios utilizaron un tribunal para apresar a Strode e impedirle asistir al Parlamento. Pero el Parlamento reaccionó, hizo valer su autonomía y ordenó su inmediata liberación. Ese pulso marcó un hito y sentó las bases de la inmunidad parlamentaria como garantía de libertad política frente a esas operaciones de guerra judicial que hoy se conocen como lawfare.
La presidencia del Congreso no ha estado a la altura de la mejor tradición garantista parlamentaria ni ha hecho respetar la división de poderes. Y su propio partido debería habérselo recordado. Por eso, por Alberto Rodríguez y por todos los Richard Strode que en el futuro podrían ser víctimas de una justicia persecutoria y arbitraria, el oficio enviado por Meritxell Batet a la Junta Electoral Central debe quedar sin efecto. Por eso, y para que la autonomía del Congreso no se vea irreparablemente atropellada, debe ser la propia Cámara quien tenga la última palabra. Hay que pelearlo. Aunque más no sea para que la autonomía parlamentaria pueda ser de forma creíble otro de los nombres de la libertad en nuestros tiempos.
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Tema: Re: PODEMOS Miér Nov 03, 2021 1:15 pm
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Tema: Re: PODEMOS Vie Nov 12, 2021 9:56 am
Podemos responde a Abascal por los peajes
El presidente de Vox, Santiago Abascal intervino en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso. Como viene siendo habitual en sus intervenciones, Abascal ha aprovechado su turno para arremeter contra el Gobierno de coalición de izquierdas y los peajes.
Santiago Abascal se expresó en los siguientes términos: «Ustedes no pisan los pueblos, ustedes van a toda pastilla en coches que son de los españoles, con gasolina que pagan los españoles y pasando por los peajes pagando con los impuestos de los españoles. Porque todos los diputados que van a imponer peajes a los españoles tienen una tarjeta que les permite viajar sin pagar ningún peaje, mientras a las personas más humildes que necesitan circular para trabajar les van a cobrar ustedes peajes». Al mismo tiempo, Abascal mostró la tarjeta desde la tribuna.
Desde la cuenta oficial de Unidas Podemos en la red social de Twitter, han querido responder en forma de 'zasca' al líder de Vox: «Nuestros diputados renunciaron a esa tarjeta, Santi. La pregunta es: ¿por qué sí la tienes tú?».
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Tema: Re: PODEMOS Miér Nov 17, 2021 3:22 pm
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Tema: Re: PODEMOS Miér Nov 17, 2021 3:35 pm
Ya era hora !!!
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Tema: Re: PODEMOS Miér Nov 17, 2021 3:37 pm
el.loco.lucas escribió:
Ya era hora !!!
Cierto, incluso ya era año... mmmm... incluso ya era década.
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Tema: Re: PODEMOS Miér Nov 17, 2021 3:46 pm
Algo más de información sobre este tema:
Unidas Podemos y PSOE acuerdan enmendar la Ley de Memoria Democrática y aben la puerta a investigar los crímenes del franquismo
PSOE y Unidas Podemos han pacto registrar conjuntamente 30 enmiendas al proyecto legislativo pilotado por el departamento que dirige Félix Bolaños, cuyo plazo concluye este miércoles. PSOE y Unidas Podemos han acordado registrar conjuntamente 30 enmiendas a la Ley de Memoria Democrática, cuyo plazo concluye este miércoles.
Entre ellas, informa Público, «destaca la adición de un párrafo al artículo dos del proyecto legislativo en el que reza: ‘Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables'».
Por lo tanto, se busca garantizar el derecho a la Justicia de las víctimas. «La Ley de Amnistía no va a poder seguir siendo utilizado como una excusa para perseguir este tipo de crímenes», ha remachado el diputado de Unidas Podemos y secretario general del PCE, Enrique Santiago.
«Hasta ahora – explica El País -, cualquier intento de hacerlo – justicia -, los más conocidos los que llevó adelante el juez Baltasar Garzón, chocaban con el muro de la ley de amnistía de 1977, una norma que fue pensada y utilizada para sacar a la calle a los presos políticos del franquismo, pero que después también sirvió como parapeto para frenar cualquier intento de procesar a responsables franquistas por cuestiones sucedidas antes de 1977. De hecho, los únicos procesos que se han intentado han sido en Argentina, de momento sin éxito».
“Después de tantos años de la muerte del dictador estamos dando pasos muy sólidos para que sus crímenes salgan de la impunidad. Es sin duda la última oportunidad de nuestro país después de tantos años. Es el único país occidental donde la impunidad ha sido la tónica ante este tipo de crímenes. Es un día para estar satisfechos” ha dicho Enrique Santiago, secretario de Estado de Agenda 2030 y secretario general del PCE.
Los traidores a la patria siguen perdiendo la guerra.
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Tema: Re: PODEMOS Miér Nov 17, 2021 3:50 pm
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La guerra la perdieron los rojos el 1 de abril del 1939, no le des más vueltas...
Querer "ganar la guerra" tantos años después es un sinsentido...
