Por qué votaré a Podemos I

Ley de Transparencia del Sistema Sanitario

Aprobación de una «Ley Celíaca»

• Investigación, prevención, promoción y tratamiento relacionado con la enfermedad celíaca.
  
• Creación y publicación de un listado de alimentos sin gluten, de gestión pública para evitar clientelismos y especulaciones. Identificación de esos alimentos y de la publicidad que los da a conocer mediante un sello controlado por el Ministerio de Sanidad, en el que se especifique su origen completamente público.
  
• Inclusión de la opción libre de gluten en todas las acciones del Gobierno destinadas al apoyo alimentario de la población.
  
• Optimización de las estrategias de intervención sociosanitaria para garantizar un diagnóstico y un tratamiento precoz de la enfermedad celíaca, así como un adecuado seguimiento del paciente.
  
• Elaboración de una guía de buenas prácticas clínicas, publicada y distribuida entre los trabajadores sanitarios, que será revisada y actualizada anualmente.
  
• Incentivación y promoción de restaurantes, bares y panaderías para la elaboración y venta de alimentos libres de gluten.
  
• Realización de controles periódicos para la detección de la celiaquía a niños en edad de escolaridad obligatoria.
  

Fin de los desahucios y despenalización del uso de viviendas vacías y abandonadas

Derecho a la dación en pago

• Limitación de la responsabilidad del deudor hipotecario al bien hipotecado.
  
• Derecho a la dación en pago con carácter retroactivo.
  

Acceso garantizado a los suministros básicos

• El derecho al contrato de suministro solo requerirá el empadronamiento.
  
• Se impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas a aquellas personas y unidades familiares que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad.
  
  
  
  • El pago de los suministros básicos para las familias en dicha situación se hará de acuerdo con la capacidad adquisitiva de la unidad familiar, respetando siempre los estándares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
    
  • Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada que no puedan ser cubiertos por las personas vulnerables serán asumidos por las empresas suministradoras, que deberán cumplir con los estándares de responsabilidad social corporativa impuestos por la ley.
    
  
  
  

Alquiler estable y asequible

• Se regulará el alquiler para proteger a la parte en general más débil en los contratos de arrendamiento: los inquilinos.
  
• Se introducirán mecanismos para asegurar la renta y su estabilidad, de modo que se alargue el plazo mínimo para prorrogar el alquiler de la vivienda habitual hasta los cinco años.
  
• Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (es decir, propietario de al menos diez viviendas), se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler.
  
• Se garantizará el alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional. Los garantes de este alquiler social serán los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades financieras y filiales inmobiliarias, los fondos buitre y las entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria y las entidades inmobiliarias), en cuyas manos se encuentran pisos vacíos con los que se creará un parque público de vivienda en alquiler social, una vez que la Administración regule este proceso mediante una ley.
  
• Igualmente, se regulará por ley el concepto de alquiler social, que no podrá superar el 30 % de la renta familiar (suministros básicos incluidos). Asimismo, se tendrá en cuenta la delimitación del número de miembros de la unidad familiar para reducir la cuantía hasta un umbral sostenible.
  
• Modificar el procedimiento de desahucio arrendaticio para garantizar el derecho de defensa de los inquilinos.
  

Garantías de defensa y de prueba en el procedimiento de la ejecución hipotecaria

Reforma de la Ley 18 / 2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda

• Crear un concierto institucional para establecer las directrices en la programación en materia de vivienda.
  
• Regular la composición de una Mesa de Concertación con representación del Estado, comunidades autónomas, municipios, asociaciones de vivienda pública, tercer sector, inquilinos, etcétera.
  
• Prohibir la privatización del parque público de vivienda en alquiler.
  
• Crear figuras jurídicas que incentiven la cesión en usufructo de los propietarios a la Administración Pública de viviendas para la creación del parque público de alquiler social (garantía de cobro y conservación).
  
• Definir el procedimiento sancionador en caso de incumplimiento de la función social de la vivienda por parte de los tenedores de más de diez viviendas, con especial agravante para las situaciones de abandono, por el menoscabo que supone para el derecho a la ciudad y a la convivencia. El procedimiento contemplaría la cesión obligatoria en los casos graves.
  
• Gravar un impuesto a los tenedores de vivienda vacía.
  
• Calcular el porcentaje de vivienda disponible para alquiler asequible.
  
• Establecer un marco de negociación entre el Estado, la banca y los fondos, en el que se exijan, a cambio de los miles de millones de euros que costó el rescate a la banca, ciertas compensaciones para poder generar el parque de viviendas de alquiler social y asequible.
  
• Reconocer y promocionar nuevas formas de tenencia, como la cesión de uso, el usufructo o las cooperativas de alquiler.
  
• Promover nuevos profesionales y nuevos modelos de gestión para relanzar la vivienda pública y generar una economía social en torno a este bien de primera necesidad, que permita defender, reforzar o crear (según los casos) entidades públicas al servicio de la vivienda; cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso; empresas privadas, profesionales, sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro limitado que gestionen vivienda asequible en consonancia con las políticas públicas, aunque se garantice su independencia; y entidades del mismo tipo que las anteriores, pero que gestionen alquiler social (y que, por lo tanto, requieran y reciban más ayudas públicas para poder operar).
  
• Promover las asociaciones de inquilinos, con el fin de defender los intereses de este colectivo en relación con el mercado (mejores servicios) y las administraciones (más y mejores ayudas).
  

Garantía constitucional de los derechos sociales

13 700 millones de euros para la educación pública: plazas escolares gratuitas y de proximidad para todos los niños y todas las niñas

• La oferta de plazas escolares concertadas seguirá financiándose con recursos públicos solo en los casos en que sea necesario, es decir, debido a una insuficiencia de la oferta en la red pública (con el fin de paliar estas insuficiencias, se incrementará progresivamente el porcentaje de los fondos públicos destinados a la red pública).
  
• Se ofrecerá una educación laica, al considerarse que las creencias religiosas forman parte de la intimidad de cada persona.
  
• Fijar la inclusividad, y asegurar la igualdad de oportunidades tras la finalización de la etapa obligatoria.
  
• Promover la creatividad, el pensamiento crítico, el espíritu solidario y la profunda respetuosidad con los derechos humanos y el medio ambiente.
  

Una nueva Ley de Educación, que nazca del debate y la participación de toda la comunidad educativa

• Poner fin a la inestabilidad del sistema educativo español que, en los últimos treinta y tres años, ha elaborado siete leyes distintas sin contar apenas con la participación de la comunidad educativa.
  
• La nueva Ley de Educación buscará el desarrollo personal y social de las personas a lo largo de toda la vida. También estará muy presente la educación ambiental como parte del desarrollo curricular de los centros.
  

Plan Nacional de Educación Inclusiva

• La escolarización del alumnado con diversidad funcional se realizará en centros ordinarios, provistos de los recursos materiales y personales necesarios para su educación.
  
• Los centros de educación especial actuales y su personal se integrarán en la red de enseñanza ordinaria, y se podrán establecer como centros de recursos para la educación especial.
  
• La formación continua del profesorado en metodologías pedagógicas innovadoras e inclusivas será de obligado cumplimiento. Cada año se programará la financiación del servicio en función del número de alumnos y alumnas y de su ubicación.
  

Derecho a una educación vehiculada en las lenguas cooficiales

Plan de Aprendizaje Integrado de Lenguas Extranjeras

• El plan deberá garantizar que no supone una desigualdad para el alumnado de diferente origen social.
  
• El plan se desarrollará durante cuatro cursos escolares: durante el primer año se realizará un diagnóstico y una evaluación de la situación actual, y se creará un nuevo plan consensuado con la comunidad educativa. Durante el segundo y el tercer año se creará un programa piloto en diversos centros, que se someterá a evaluación. Y, finalmente, durante el cuarto año se extenderá a todos los centros escolares del país.
  

Normalización de las metodologías participativas

Generalización de los centros integrados de enseñanzas de régimen general y especial de música y danza

Inteligencia emocional

Dotación de mayores competencias a los consejos escolares

Nuevo sistema de acceso a la función pública docente

Disminución de la ratio de alumnado por aula

Plan de Apoyo a Centros y Equipamientos Escolares

• El plan contemplará el progresivo incremento presupuestario necesario para que se aseguren unos requisitos mínimos para todos los centros escolares del Estado en dotaciones de recursos materiales e infraestructuras.
  
• Los centros de nueva construcción contarán con expertos en educación para edificar centros escolares adaptados para la enseñanza, donde se atiendan las necesidades del alumnado con diversidad funcional y, en definitiva, se garanticen las arquitecturas, espacios y tiempos que ayuden al buen hacer tanto del profesorado como del alumnado.
  

Educación infantil de 0 a 6 años universal y gratuita

Formación Profesional realmente gratuita en todos los niveles

Nueva Ley de Universidades

• Esta ley se complementará con un Estatuto del Personal Docente e Investigador, que contemple la reinserción de jóvenes científicos, la estabilidad en la carrera docente e investigadora y mecanismos a favor de la igualdad de género.
  
• La calidad de las universidades se basa en la de su personal, que se garantizará con una reforma de la evaluación y acreditación que respete la diversidad de objetivos docentes e investigadores y la autonomía universitaria.
  
• La Ley de Universidades incluirá igualmente una reforma de su gobernanza, que asegure la participación de la comunidad universitaria y la proteja, como servicio público, de intereses corporativos internos y externos y que, asimismo, garantice la transparencia en su gestión y la rendición de resultados ante la sociedad (a la que debe servir).