Por qué votaré a Podemos I

Nuevo modelo territorial basado en cinco ejes conceptuales

• Construcción de una nueva gobernanza democrática e inclusiva.
  
• Principios de autonomía, subsidiariedad, eficiencia, responsabilidad y control democrático.
  
• Ámbito local clave en la proximidad del Estado de bienestar.
  
• Reducción de niveles institucionales ineficientes.
  
• Sistema de financiación equitativo y suficiente para garantizar los servicios públicos esenciales.
  

• Progresiva asunción de las competencias y recursos de las diputaciones provinciales hasta su supresión constitucional.
  
• Coordinación autonómica de las actuales funciones de las diputaciones provinciales.
  

• Devolución de las competencias en materia de bienestar social a los municipios.
  
• Revisión del sistema de financiación.
  
• Supresión de la autorización del Consejo de Ministros para la celebración de consultas populares locales.
  

• Reconocimiento y articulación del hecho metropolitano para la gestión compartida de servicios comunes derivados de sus relaciones de proximidad y control democrático de su gestión.
  
• Asignación de recursos por municipios con garantía de contribución estatal suficiente.
  

Obligación legal de presentarse a primarias por parte de todos aquellos candidatos a presidir órganos ejecutivos de los partidos políticos

De Tinajas escribió:

Entender de democracia y transparencia en las organizaciones políticas no es fácil, después de estar acostumbrados al secretismo del PPSOE, en la izquierda el debate de ideas es muy constante, pues se trata de conseguir objetivos de distintas formas posibles, no es que les diferencie como a la derecha,  que el único objetivo lo tienen claro el poder y el dinero,  aunque también es cierto que se necesita el poder para alcanzar las cosas, si no al menos que se oiga tu voz y se tenga en cuenta, nada nuevo que no se sepa, salvo los que no conocen como funciona la izquierda,  y en el caso de Podemos nada tiene que ver con los partidos que tenemos, incluso para mi pueden pecar un poco de inexperiencia, pero prefiero políticos honestos que saquen los trapos sucios a relucir,  a las traiciones del tipo de Susana Díaz en el PSOE donde se apuñala por la espalda de los militantes,  y se cambia de dirección en el partido, o la supuesta unidad del PP donde se descubren los casos de corrupción como lucha de poder entre ellos mismo, no entender las cosas así es otra forma de hacer el ridículo.

Derogación del voto rogado y creación de una ley electoral que facilite el ejercicio del derecho al sufragio de los españoles en el extranjero

Despolitización del Tribunal Constitucional

• Estableceremos un nuevo sistema de nombramientos por «cuota de rechazo»: la negociación de los nombramientos partirá de la conformación de un amplio listado de todas las personas técnicamente cualificadas para acceder a él. A partir de esta propuesta, cada uno de los partidos solo podrá ir si descarta de esa lista un número proporcional a la cuota que le corresponde en función de su entidad parlamentaria. Tras sucesivos procesos de descarte, acabarán quedando solo los que menos rechazo generan. No estarán designados por nadie, ni en deuda con nadie.
  
• Derogaremos la «reforma exprés» de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2 / 1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, de forma que el Tribunal Constitucional no asuma competencias como la suspensión de sus funciones a una autoridad.
  

Eliminación de privilegios de los cargos electos

• Rebajaremos las retribuciones de los miembros electos de las Cortes, de manera que en ningún caso sea superior a la de los cuerpos de funcionarios del Estado.
  
• Revisaremos los complementos económicos: gastos de representación, libre disposición, indemnizaciones, etcétera.
  
• Estableceremos mecanismos de control de las dietas y desplazamientos imprescindibles.
  
• Eliminaremos las indemnizaciones por cese, derogaremos las llamadas «pensiones de oro» de los exparlamentarios, y equipararemos sus derechos y deberes laborales a los del resto de las personas trabajadoras.
  

Ley de Profesionalización de la Administración Pública

• Garantizaremos la independencia de las personas que trabajan en las administraciones públicas a través del justo acceso, promoción y provisión de puestos de trabajo mediante la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
  
• Acabaremos con la inflación de puestos de trabajo designados directamente por cargos políticos, conocidos como puestos de libre designación (PLD).
  
• Fomentaremos la promoción profesional vertical y horizontal que permita combinar la libre elección de cambio del puesto de trabajo con el cuidado de la riqueza técnica de los equipos estables. Los equipos estarán compuestos por personas formadas y con amplia experiencia profesional y no será necesario que abandonen el puesto que ocupan para promocionar.
  
• Fomentaremos la promoción interna horizontal. Así, ofreceremos al personal funcionario de distintos cuerpos y categoría idéntica la posibilidad de elegir este cambio en su carrera profesional.
  

Reducción del número de altos cargos

Recuperación de los derechos laborales en el sector público

• Garantizaremos a los empleados y las empleadas públicas la recuperación del poder adquisitivo y de los derechos hurtados en los últimos años en nombre de la austeridad.
  
• Recuperaremos los derechos laborales directamente relacionados con la conciliación de la vida familiar, como el régimen de permisos, vacaciones y los derechos de jubilación.
  
• Revisaremos las pensiones del sector público contraídas en los últimos cuatro años, con unas bases de cotización mermadas.
  

Ampliación de la Ley de Transparencia

• Reconocer el derecho a la información como derecho fundamental.
  
• Mejorar la accesibilidad del Portal de la Transparencia y agilizar las solicitudes y las peticiones de información.
  
• Eliminar la obligatoriedad del DNI electrónico para poder realizar consultas.
  
• Aminorar límites de respuesta de peticiones sin dejar margen a la discrecionalidad y establecer un régimen de sanciones si se incumplen los márgenes de respuesta.
  
• Asegurar la información pública por defecto. La transparencia activa y los formatos abiertos serán principios rectores de la acción de gobierno.
  
• Garantizar la independencia del Consejo de Trans-parencia.
  
• Establecer la obligatoriedad legal de rendir cuentas y de publicar los resultados en la web para todas las instituciones con titularidad o financiación pública: la Casa Real, el Consejo General del Poder Judicial, los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales.
  

Regulación de las incompatibilidades en los cargos públicos

• Extender y clarificar las incompatibilidades de cargos políticos, altos cargos de la Administración Pública central y autonómica, y directivos de empresas públicas una vez finalizada su prestación como tales.
  
• Establecer un mínimo de diez años hasta que un ex alto cargo pueda intervenir en un ámbito afectado directamente por una decisión adoptada por él durante el ejercicio de su responsabilidad pública.
  
• Impedir que cualquier ex cargo electo participe en consejos de administración de empresas que operan en sectores estratégicos del Estado.
  
• Prohibir que desde los lobbies se contrate a los diputados o a sus asistentes.
  
• Obligar a que, si desde los lobbies se emplea a antiguos miembros del Gobierno, estos lobbies informen sobre quiénes son sus clientes, a qué representantes políticos contactan, qué temas tratan y en qué gastos incurren durante su trabajo.
  
• Crear, a nivel estatal y en cada Comunidad Autónoma, una oficina de registro de conflictos de interés e incompatibilidades, que vele por el cumplimiento de estas normas y que esté dotada de independencia y capacidad inspectora.
  

Ley de Paredes de Cristal

• Publicar en portales web parlamentarios la información relativa a la gestión de la institución, su personal y su presupuesto.
  
• Facilitar el acceso a la información relativa a los procesos legislativos, en curso o finalizados, mediante observación directa, a través de la prensa escrita o de las retransmisiones por radio y televisión en directo.
  
• Garantizar el acceso, tanto a las sesiones de comisiones parlamentarias como a los plenos, a medios de comunicación, a observadores y a ciudadanos en general, sin trabas administrativas y sin ningún tipo de discriminación.
  
• Habilitar un escaño ciudadano desde el que se puedan hacer llegar peticiones ciudadanas al Parlamento, tanto de forma individual como colectiva.
  

Reformulación de la Ley de Contratos del Sector Público

• Implantar una red de oficinas centrales de compra para la unificación del procedimiento en las mesas de contratación.
  
• Implantar una plataforma única de información sobre contratación pública.
  
• Crear los Tribunales Administrativos Centrales, como los órganos competentes para la resolución centralizada de recursos contractuales.
  
• Eliminar los procedimientos negociados sin publicidad y limitar el importe que permite la utilización del contrato menor.
  
• Reformar la web del registro mercantil para poder consultar de forma sencilla y gratuita la información básica de sociedades.
  
• Materializar los criterios sociales, medioambientales y de fomento de la economía local en los pliegos de condiciones, así como la participación ciudadana.
  

Seguimiento de la ejecución presupuestaria

Observatorio Ciudadano de Evaluación de Políticas Públicas y Rendición de Cuentas

• Lograr un uso adecuado de la evaluación, al servicio de los intereses generales.
  
• Vincular la evaluación al ciclo presupuestario, de tal suerte que se convierta en un instrumento de difusión de la cultura de evaluación y la rendición de cuentas.
  

Contratos administrativos abiertos y accesibles

• Crearemos una base de datos de contrataciones y licitaciones. Todas las empresas enviarán la documentación relacionada con las contrataciones en formatos abiertos para facilitar su publicación en la red.
  
• Aseguraremos el acceso a la documentación de los contratos suscritos como mínimo en los últimos cinco años. En ella se indicará la siguiente información: objeto, importe de la licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado para contratar, identidad del adjudicatario, duración, número de licitadores, criterios de adjudicación, cuadro comparativo de ofertas y sus respectivas puntuaciones, acuerdos e informes técnicos del proceso de contratación, modificaciones contractuales, prórrogas de los contratos, licitaciones anuladas, resoluciones anticipadas, datos del registro público de contratos, datos del registro oficial de licitadores y empresas clasificadas, y acuerdos y criterios interpretativos de los órganos consultivos de contratación.