Nolocreo escribió: Entonces la presión impositiva recaerá sobre los clientes y consumidores que somos todos, pues alguien tiene que pagar la factura y el dinero tiene que salir de algún sitio, de lo contrario el cierre será inevitable, no es que nadie vaya a cerrar nada es que sencillamente si no hay alguien que pague los caros costes de mantenimiento se tienen que cerrar puertas forzosamente y mandar a todos a sus casas a no ser que aparezca algún mesías que se haga cargo de esos costes salvando la situación..
Sabiendo que hoy el mercado de energía esta fluctuando intensamente, las eléctricas deberían tener previsiones a medio y largo plazo, y se debería tener en cuenta que los recursos primarios ya los pone el estado, y han obteniendo beneficios en los últimos 10 años cuantiosos, sin dejar de crecer, si son empresas privadas que buscan el beneficio para seguir abiertas, ya lo están consiguiendo, pero hay que darse cuenta que la energía eléctrica es un bien necesario y un derecho humano, por lo que reducir impuestos por parte del gobierno para abaratar la factura, es perjudicial para todos los ciudadanos, ya que de esos impuestos se obtienen para cubrir otras partidas necesarias del estado, por lo que sería mejor obligarlas a que se ajusten ellas los beneficios que son limpios después de los costes que tienen y no se haga sobre impuestos ni en el aumento de la factura, ya que hay que entender que la energía eléctrica, el suministro de agua potable, la sanidad, la educación, etc. no debería ser negocios con esos beneficios, y ten por seguro que reduciéndolos o perdiéndolos hasta que se normalice esta crisis no van a cerrar sus puertas por mucha presión que nos metan.
Sabiendo que hoy el mercado de energía esta fluctuando intensamente, las eléctricas deberían tener previsiones a medio y largo plazo, y se debería tener en cuenta que los recursos primarios ya los pone el estado, y han obteniendo beneficios en los últimos 10 años cuantiosos, sin dejar de crecer, si son empresas privadas que buscan el beneficio para seguir abiertas, ya lo están consiguiendo, pero hay que darse cuenta que la energía eléctrica es un bien necesario y un derecho humano, por lo que reducir impuestos por parte del gobierno para abaratar la factura, es perjudicial para todos los ciudadanos, ya que de esos impuestos se obtienen para cubrir otras partidas necesarias del estado, por lo que sería mejor obligarlas a que se ajusten ellas los beneficios que son limpios después de los costes que tienen y no se haga sobre impuestos ni en el aumento de la factura, ya que hay que entender que la energía eléctrica, el suministro de agua potable, la sanidad, la educación, etc. no debería ser negocios con esos beneficios, y ten por seguro que reduciéndolos o perdiéndolos hasta que se normalice esta crisis no van a cerrar sus puertas por mucha presión que nos metan.
No existen tan cuantiosos beneficios..
Endesa, Iberdrola y Naturgy, que acaparan en torno al 85% del mercado, llevan dos años acercándose a los 7.000 millones de euros de beneficios.
Séneca escribió: Hay que leer el BOE y no solo dibujitos [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
A ver, compañero..., ya he reconocido en algunas ocasiones, y hace muy pocos mensajes por última vez, que no soy un lumbreras, y me pones un ladrillo para enterarme que es lo que en realidad cambió Rajoy. ¿Podrías resumirlo para que me entere? Supongo que tú lo has leído, lo entiendes y estás capacitado para intentar explicarlo a una persona "torpe"...
Y una cosa..., no se pierde la dignidad cuando uno reconoce sus limitaciones. La dignidad se pierde cuando uno quiere aparentar lo que no es, por ejemplo.
Por suerte, Tinajas lo ha explicado, si fuera por ti el resumen sería " culpa del gobierno proetarra, golpista, vendido a Maduro..." Está claro que no hay luz en el túnel, que tampoco estás capacitado.
Y lo que veo, es que no soy el único que no entiende la letra pequeña, aunque unos lo reconocen y otros solo utilizan el copi-paste con tochos infumables y llenos de falsedades para aparentar ser "sabio". Pero cuando se demuestra que en realidad no se sabe hacer la O con un canuto, la digidad se pierde por el desagüe...
Prefiero hacer el copi-paste de chistes sencillos, simples, como soy yo..., no quiero aparentar lo que no soy.
El llobu escribió: Según Nolocreo eso igual es calderilla.
Salú y República.
Yo no he dicho que eso sea calderilla ni otra cosa..
Tampoco el llobu ha dicho que lo dijeras. Al final has decidido, en lugar de negar la cantidad, negar que los beneficios sean beneficios. Exactamente igual de patético.
Que sean muchos millones no significa que sean beneficios..
El beneficio ordinario neto es el resultado obtenido por las compañías eléctricas, después de restar al total de ingresos todos los gastos, incluidos amortizaciones e impuestos.
La gilipollez de una fanática de izquierdas que simplifica la cosa culpando como siempre a los ricos y empresarios, cuando a estos les importa un pito quien gobierne
Séneca escribió:Parece que ha caído Antisozzial no se si ha sido por decir algo evidente de la susodicha o por otra causa.
No ha sido por eso.
El motivo lo puedes encontrar aquí: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] (queda un mensaje con insultos, dos previos fueron eliminados)
(tienes que hacer clic en "Ver mensaje", pues los mensajes de los baneados están ocultos)
Ese ultimo mensaje lo he leído y si ese ha sido la causa del baneo pues pronto te quedaras solo en el foro, para no incurrir en ninguna falta calificando a esa sujeta pondre un video donde se descalifica ella sola
Séneca escribió:Ese ultimo mensaje lo he leído y si ese ha sido la causa del baneo pues pronto te quedaras solo en el foro, para no incurrir en ninguna falta calificando a esa sujeta pondre un video donde se descalifica ella sola
Séneca escribió:Ese ultimo mensaje lo he leído y si ese ha sido la causa del baneo pues pronto te quedaras solo en el foro, para no incurrir en ninguna falta calificando a esa sujeta pondre un video donde se descalifica ella sola
Que viera el llobu la Moderación ya le había borrado dos mensajes en los que insultaba directamente al llobu y a los miembros del foro de izquierda. Esos mensajes ya no pueden verse, pero el último, por el que se le ha baneado, merece el baneo directo de cualquier miembro que sea capaz de decir lo mismo.
El Pato no se quedará sólo en absoluto, en todo caso se librará de quienes no merecen estar en un foro decente.
Salú y República.
A el.loco.lucas y a Tinajas les gusta esta publicaciòn
Séneca escribió:Ese ultimo mensaje lo he leído y si ese ha sido la causa del baneo pues pronto te quedaras solo en el foro, para no incurrir en ninguna falta calificando a esa sujeta pondre un video donde se descalifica ella sola
No me refería a ese (me equivoqué de hilo). Relee mi post anterior, que lo he editado.
Gracias Pato, ya lo he leído y eso es otra cosa, lo de Cristina no me parecía motivo suficiente para un baneo, en cualquier caso no soy nadie para cuestionar tu labor como administrador, siempre me has parecido una persona razonable y no tengo motivos para cambiar de opinión. Saludos.
Zerg Rush escribió:Para que no se quejan sobre el precio de la luz aquellos que apoyan a la derecha. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Estaba más que claro: los pepemitas y los voxemitas se opondrán, con lo que sea, a que se abarate el precio de la electricidad.
Las fuerzas políticas distintas al PSOE que le dieron la presidencia del Gobierno deben ser conscientes de su fuerza en una correlación inédita desde el fin del bipartidismo. Es el peso de esas fuerzas, tanto dentro como fuera del Gobierno, el que está determinando decisiones que hubieran sido imposibles con el bipartidismo. No hubo problema para aplicar el 155. Tampoco para cambiar, con nocturnidad y alevosía veraniega, el 135. Pero recordar, ante los abusos de la factura eléctrica, el contenido del artículo 128 de la Constitución parece que despierta al viejo fantasma que recorría Europa. Se ha llegado a definir el Derecho como la voluntad racionalizada de los vencedores, pero como se supone que en democracia no hay vencedores y vencidos absolutos, el Derecho suele ser la expresión normativa de una correlación de fuerzas. El ejemplo más evidente y menos discutible es el derecho del trabajo ¿Alguien podría negar que el derecho laboral es la expresión jurídica de la correlación de fuerzas entre empresarios y trabajadores? ¿Que es la negociación colectiva sino una forma de «legislar», de producir derecho? Lo mismo ocurre con las constituciones. La del 78 fue el resultado de las negociaciones entre las elites políticas franquistas, dispuestas a transitar hacia un sistema político más o menos equiparable a los europeos y una oposición democrática consciente de su escasas fuerzas para impulsar una ruptura absoluta. Manuel Vázquez Montalbán llamó a todo aquello «correlación de debilidades», pero el lado más débil era el democrático. El resultado de aquella correlación fue una Constitución que situaba al heredero de Franco en la jefatura del Estado en el centro de la Constitución. La palabra «Rey» aparece 42 veces en un texto que incluso incluye el nombre de Juan Carlos I. Sin embargo, el bando democrático, a pesar de todo, logró introducir un reconocimiento casi explícito de la plurinacionalidad –al distinguirse los territorios del Estado entre regiones y nacionalidades, sinónimo de naciones– y también muchos elementos sociales inspirados en las constituciones europeas de posguerra (la italiana y la Ley Fundamental de Bonn), que expresaban la voluntad de justicia social del antifascismo. De este modo, la Constitución establece la función social de la propiedad (artículo 33), somete la libertad de empresa a las exigencias de la planificación (artículo 38), subordina la riqueza al interés general, reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, establece la posibilidad de reserva de sectores estratégicos al sector público y permite la intervención de empresas (artículo 128). Además configura tres niveles de derechos sociales según su protección jurídica; en un primer nivel los que son derechos sociales fundamentales (educación, libertad sindical y derecho de huelga); en un segundo nivel los de la sección II del Capítulo II del Título I (derecho al trabajo, a la negociación colectiva y el derecho a adoptar medidas en el conflicto colectivo); y en un tercer nivel, en los llamados «Principios rectores de la política social y económica» aparecen los «derechos» (en este caso son solo mandatos generales al legislador) a la salud laboral, a la cultura, a la seguridad social y la protección frente al desempleo, al medio ambiente, a una vivienda digna o a las pensiones. La Constitución del 78 es, en lo que se refiere al sistema económico, una norma que prácticamente opta por un modelo de economía mixta, poco compatible con el neoliberalismo que llegaría después. Es indudable que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en tanto que intérprete político de la Constitución, devaluó hasta sus últimas consecuencias los derechos sociales. Y también es cierto que la incorporación de España a la UE encerró nuestro sistema jurídico en una caja de Procusto neoliberal. El constitucionalismo de posguerra quedó como una molesta resistencia a los nuevos dogmas imperantes. Pero el Derecho (y sus interpretaciones) no son más que la expresión de correlaciones de fuerzas. Hoy vemos que la emisión de deuda conjunta es una realidad en Europa, así como las inmensas inyecciones de liquidez para financiar los fondos de recuperación. Se han roto todos los paradigmas de la austeridad y las reglas de gasto. Lo que, como consecuencia de la emergencia económica derivada del coronavirus, hoy es posible, habría sido definido como inviable y contrario al derecho comunitario en 2019. Los cazafantasmas neoliberales de hoy dicen que, en el marco del derecho comunitario, son inviables la aplicación del artículo 128, las nacionalizaciones o incluso la creación de empresas públicas de energía. Es mentira. Europa está llena de empresas públicas de energía que operan bajo régimen de reserva y no olvidemos que un gobierno del PP nacionalizó Bankia. Después de que fuera saneada con dinero público, la parte mayoritaria del Gobierno de coalición impuso privatizarla, cuando podía haberse convertido en una banca pública mucho más seria que el ICO. Era simplemente una cuestión de voluntad política (y de correlación de fuerzas). De hecho, las expropiaciones para hacer autopistas, vías del AVE o embalses son frecuentes; es de nuevo una cuestión de voluntad. Las fuerzas políticas distintas al PSOE que le dieron la presidencia del Gobierno deben ser conscientes de su fuerza en una correlación inédita desde el fin del bipartidismo. Es el peso de esas fuerzas, tanto dentro como fuera del Gobierno, el que está determinando decisiones que hubieran sido imposibles con el bipartidismo. La subida del SMI de 230 euros en los últimos tres años, o la última decisión sobre los beneficios caídos del cielo que ha puesto en pie de guerra a las eléctricas, han sido posibles por esa nueva correlación. Esas fuerzas políticas deben ser conscientes de su fuerza para movilizar a amplios sectores de la ciudadanía y que la presión no venga solamente del oligopolio, para negociar políticas sociales, pero también para hacerse valer en la necesaria renovación de los órganos llamados a interpretar políticamente el Derecho. Paradójicamente, la Constitución monárquica, hasta que se reforme o se supere por una constitución confederal y republicana, puede ser un instrumento para defender a las mayorías sociales.
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Las fuerzas políticas distintas al PSOE que le dieron la presidencia del Gobierno deben ser conscientes de su fuerza en una correlación inédita desde el fin del bipartidismo. Es el peso de esas fuerzas, tanto dentro como fuera del Gobierno, el que está determinando decisiones que hubieran sido imposibles con el bipartidismo. No hubo problema para aplicar el 155. Tampoco para cambiar, con nocturnidad y alevosía veraniega, el 135. Pero recordar, ante los abusos de la factura eléctrica, el contenido del artículo 128 de la Constitución parece que despierta al viejo fantasma que recorría Europa. Se ha llegado a definir el Derecho como la voluntad racionalizada de los vencedores, pero como se supone que en democracia no hay vencedores y vencidos absolutos, el Derecho suele ser la expresión normativa de una correlación de fuerzas. El ejemplo más evidente y menos discutible es el derecho del trabajo ¿Alguien podría negar que el derecho laboral es la expresión jurídica de la correlación de fuerzas entre empresarios y trabajadores? ¿Que es la negociación colectiva sino una forma de «legislar», de producir derecho? Lo mismo ocurre con las constituciones. La del 78 fue el resultado de las negociaciones entre las elites políticas franquistas, dispuestas a transitar hacia un sistema político más o menos equiparable a los europeos y una oposición democrática consciente de su escasas fuerzas para impulsar una ruptura absoluta. Manuel Vázquez Montalbán llamó a todo aquello «correlación de debilidades», pero el lado más débil era el democrático. El resultado de aquella correlación fue una Constitución que situaba al heredero de Franco en la jefatura del Estado en el centro de la Constitución. La palabra «Rey» aparece 42 veces en un texto que incluso incluye el nombre de Juan Carlos I. Sin embargo, el bando democrático, a pesar de todo, logró introducir un reconocimiento casi explícito de la plurinacionalidad –al distinguirse los territorios del Estado entre regiones y nacionalidades, sinónimo de naciones– y también muchos elementos sociales inspirados en las constituciones europeas de posguerra (la italiana y la Ley Fundamental de Bonn), que expresaban la voluntad de justicia social del antifascismo. De este modo, la Constitución establece la función social de la propiedad (artículo 33), somete la libertad de empresa a las exigencias de la planificación (artículo 38), subordina la riqueza al interés general, reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, establece la posibilidad de reserva de sectores estratégicos al sector público y permite la intervención de empresas (artículo 128). Además configura tres niveles de derechos sociales según su protección jurídica; en un primer nivel los que son derechos sociales fundamentales (educación, libertad sindical y derecho de huelga); en un segundo nivel los de la sección II del Capítulo II del Título I (derecho al trabajo, a la negociación colectiva y el derecho a adoptar medidas en el conflicto colectivo); y en un tercer nivel, en los llamados «Principios rectores de la política social y económica» aparecen los «derechos» (en este caso son solo mandatos generales al legislador) a la salud laboral, a la cultura, a la seguridad social y la protección frente al desempleo, al medio ambiente, a una vivienda digna o a las pensiones. La Constitución del 78 es, en lo que se refiere al sistema económico, una norma que prácticamente opta por un modelo de economía mixta, poco compatible con el neoliberalismo que llegaría después. Es indudable que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en tanto que intérprete político de la Constitución, devaluó hasta sus últimas consecuencias los derechos sociales. Y también es cierto que la incorporación de España a la UE encerró nuestro sistema jurídico en una caja de Procusto neoliberal. El constitucionalismo de posguerra quedó como una molesta resistencia a los nuevos dogmas imperantes. Pero el Derecho (y sus interpretaciones) no son más que la expresión de correlaciones de fuerzas. Hoy vemos que la emisión de deuda conjunta es una realidad en Europa, así como las inmensas inyecciones de liquidez para financiar los fondos de recuperación. Se han roto todos los paradigmas de la austeridad y las reglas de gasto. Lo que, como consecuencia de la emergencia económica derivada del coronavirus, hoy es posible, habría sido definido como inviable y contrario al derecho comunitario en 2019. Los cazafantasmas neoliberales de hoy dicen que, en el marco del derecho comunitario, son inviables la aplicación del artículo 128, las nacionalizaciones o incluso la creación de empresas públicas de energía. Es mentira. Europa está llena de empresas públicas de energía que operan bajo régimen de reserva y no olvidemos que un gobierno del PP nacionalizó Bankia. Después de que fuera saneada con dinero público, la parte mayoritaria del Gobierno de coalición impuso privatizarla, cuando podía haberse convertido en una banca pública mucho más seria que el ICO. Era simplemente una cuestión de voluntad política (y de correlación de fuerzas). De hecho, las expropiaciones para hacer autopistas, vías del AVE o embalses son frecuentes; es de nuevo una cuestión de voluntad. Las fuerzas políticas distintas al PSOE que le dieron la presidencia del Gobierno deben ser conscientes de su fuerza en una correlación inédita desde el fin del bipartidismo. Es el peso de esas fuerzas, tanto dentro como fuera del Gobierno, el que está determinando decisiones que hubieran sido imposibles con el bipartidismo. La subida del SMI de 230 euros en los últimos tres años, o la última decisión sobre los beneficios caídos del cielo que ha puesto en pie de guerra a las eléctricas, han sido posibles por esa nueva correlación. Esas fuerzas políticas deben ser conscientes de su fuerza para movilizar a amplios sectores de la ciudadanía y que la presión no venga solamente del oligopolio, para negociar políticas sociales, pero también para hacerse valer en la necesaria renovación de los órganos llamados a interpretar políticamente el Derecho. Paradójicamente, la Constitución monárquica, hasta que se reforme o se supere por una constitución confederal y republicana, puede ser un instrumento para defender a las mayorías sociales.
La Constitución del 78 la han blindado tan bien el bipartidismo junto al Poder Judicial, que las fuerzas políticas minoritarias solo pueden forzar un poco, desde su peso político a que los partidos mayoritarios la cumplan, pero más bien se incumple a través de leyes y decretos leyes como las mayoritarias del PP de Mariano Rajoy, donde la potestad a tener un empleo digno, paso a ser una reforma laboral en la que los derechos y el despido era libre a favor de los empresarios, la sanidad y la educación se reducían en los presupuestos que la protegían, incluso no financiando medicación lo que causó la muerte a miles de personas, y la vivienda, que decir , ya que hasta se atrevieron a vender a fondos buitres la viviendas sociales, pagadas por todos los ciudadanos, por eso los derechos como el del 128 y otros, solo se podrán conseguir cambiando el Parlamento con los votos, y mientras, presionando los ciudadanos para ello, algo que noto desde hace unos años que parece que nos hemos dormido para quejarnos, y solo a través de las redes sociales protestamos, y hay que salir a las calles, manifestarse y decir a cualquier gobierno que además de los votos, tenemos el derecho y el deber de corregirles si lo que hacen perjudica a la mayoría.
Salir a protestar lo seguirán haciendo quienes de verdad les interese la solución de los problemas sociales. Los hooligans de los política tienen otros intereses.
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