Las claves sobre la Ley de Amnistía que buscan esquivar PSOE y Unidas Podemos para juzgar los crímenes franquistas
La norma fue aprobada en 1977 y estaba pensada para sacar a los presos políticos del franquismo de las cárceles y el exilio, pero acabó también amparando a quienes cometieron violaciones de derechos humanos durante la dictadura.
Con el objetivo de desencallar la Ley de Memoria Democrática los socios del Gobierno han pactado una enmienda conjunta con la que buscan sortear la Ley de Amnistía. PSOE y Unidas Podemos intentan así contentar a sus socios independentistas, sobre todo ERC y Bildu, que se niegan a darles su apoyo si no incluyen la derogación de la norma de 1977. Lo que busca la enmienda pactada es abrir la puerta a la investigación de los crímenes franquistas, una posibilidad que a día de hoy permanece cerrada en España a pesar de los múltiples pronunciamientos internacionales que recuerdan a nuestro país la obligación de hacerlo.
¿Qué es la Ley de Amnistía?
Aprobada en octubre de 1977, la llamada formalmente Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, pretendió ser uno de los elementos que encaminara a España hacia la democracia y formó parte de las reformas que se llevaron a cabo durante la Transición tras la muerte de Franco. Presentada por el Gobierno de Adolfo Suárez (UCD) en conversaciones con los grupos de la oposición, tuvo la intención de pasar página sobre "los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976".
Se enmarcó en lo que entonces se llamó el proceso para llegar a la "reconciliación entre españoles" y fue apoyada por casi todos los grupos parlamentarios, entre ellos el PSOE y el Partido Comunista. Solo Alianza Popular, germen del actual Partido Popular, se abstuvo.
¿Cuál fue su efecto?
La norma estaba pensada para sacar de las prisiones a los presos políticos de la dictadura y amnistiar a quienes aún ocupaban las cárceles españolas o estaban en el exilio por causas políticas. "No volvimos a hablar de ella durante 30 años. Hasta que se convirtió en el paraguas y el amparo judicial de la impunidad de los crímenes franquistas", explica el abogado especializado en memoria histórica Eduardo Ranz.
"Tiene dos partes: una que se refería a quienes fueron represaliados y que supuso la cancelación de penas injustas; y otra, ese artículo que apenas se discutió en sede parlamentaria y es el que nos trae hasta aquí", añade Javier Chinchón, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Son los preceptos 'e' y 'f' de su artículo 2, que incluían dentro de la amnistía "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público" y "los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas".
¿Por qué ha sido un obstáculo para juzgar el franquismo?
En la práctica, la Ley de Amnistía ha sido uno de los argumentos habituales que han esgrimido los tribunales para impedir la investigación de los crímenes franquistas y que hacen que Argentina sea el único país del mundo en tener una causa abierta. "La ley lo que dice es que se amnistían los delitos comunes, pero no los crímenes de lesa humanidad, que no son amnistiables. Lo que ocurre es que la interpretación que han hecho nuestros tribunales es que estos crímenes fueron delitos ordinarios, así que se les aplica la Ley de Amnistía o la prescripción", señala Chinchón, también miembro de Rights International Spain (RIS).
¿Se han intentado juzgar estos crímenes?
Sí. En 2008 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declaró competente para investigar la querella presentada dos años antes por homicidios y desapariciones forzadas entre 1936 y 1951. Después se inhibió en favor de los juzgados territoriales, pero los casos fueron archivados. Amnistía Internacional contabilizó un total de 38 sobreseimientos hasta 2013 de diferentes juzgados españoles.
La tendencia se consolidó en 2012 con el pronunciamiento del Tribunal Supremo que absolvió a Garzón de un delito de prevaricación pero en la práctica supuso un muro casi infranqueable para posteriores intentos. El Alto Tribunal vino a defender con su interpretación la validez de la Ley de Amnistía que ahora la enmienda del PSOE y Unidas Podemos intenta superar y a esgrimir que no era posible entender este tipo de crímenes como de lesa humanidad en el momento de cometerlos, por lo que estarían prescritos.
¿Qué dicen los organismos internacionales?
Son muchos los mecanismos de Naciones Unidas que recuerdan reiteradamente a España que las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la dictadura no son amnistiables ni están sujetas a prescripciones. El último fue el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU el pasado 30 de septiembre. Pero el principal aldabonazo llegó de la mano del relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos, Pablo de Greiff, que en 2014 cuestionó estos obstáculos en la búsqueda de justicia de las víctimas.
Para el relator, sin embargo, la Ley de Amnistía en sí misma no impide la apertura de causas, pero sí sus "interpretaciones restrictivas", también de los principios de no retroactividad o de seguridad jurídica, de la aplicación de la norma más favorable o de la prescripción de los delitos. Fue tajante en que los efectos de la norma son incompatibles con los compromisos y obligaciones suscritos por España, entre ellos el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España unos meses antes de la aprobación de la norma.
¿Qué busca la enmienda?
El texto de la enmienda apuesta por que todas las leyes del Estado español, incluida la Ley de Amnistía, "se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional convencional" y el derecho internacional humanitario, por el cual "los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".
¿Lo conseguirá?
Está por ver. El Gobierno apunta a que la enmienda cambiará la interpretación que han venido haciendo los tribunales al respecto, y así lo ha explicado Enrique Santiago, secretario de Estado de Agenda 2030 y secretario general del PCE: "La Ley de Amnistía no podrá ser utilizada más como una excusa", ha dicho admitiendo que tampoco tendrá "un efecto muy importante" en materia de justicia porque la mayoría de los autores de estos delitos ya han fallecido.
Sin embargo, entre los juristas hay dudas. Para Chinchón, la enmienda "es un avance en la posición del poder legislativo", pero en cuanto a su alcance prefiere ser cauto y apunta a que "el problema de fondo" es que las interpretaciones de los tribunales van en la línea de no considerar estos delitos de lesa humanidad, "sino como delitos ordinarios a los que se les aplica un estándar ordinario", por lo que duda de que en la práctica suponga un cambio.
En ese mismo sentido se pronuncia Jacinto Lara, abogado participante en la 'querella argentina' y miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos España (APDHE). Entiende que esta iniciativa aborda "uno de los elementos, pero no el resto de los elementos" que, según su experiencia, cimientan la respuesta "monolítica" de los tribunales españoles a la hora de no investigar estos crímenes: el principio de legalidad y la prescripción. La primera, dice, "es la clave de bóveda desde una perspectiva jurídica, que es lo que está impidiendo la investigación y enjuiciamiento de los crímenes franquistas".
Explica que el delito de lesa humanidad entró en el Código Penal en 2004 y que, por tanto, no se puede aplicar a hechos anteriores. Ahí se quedan con delitos como torturas o detención ilegal y "sobre eso se aplica el plazo de prescripción", válido para archivar decenas de querellas sin tener que recurrir a la Ley de Amnistía. Pone encima de la mesa el ejemplo de las querellas fallidas contra 'Billy el Niño': "Si hago desaparecer el tipo general de lesa humanidad me quedo con el de torturas, y en el momento en que se presentaron las querellas contra 'Billy el Niño' está prescrito".
Es más optimista Eduardo Ranz, que aunque admite que más allá de la Ley de Amnistía existen otros argumentos a los que se agarran las interpretaciones judiciales, sí considera "útil" la enmienda porque "aunque no deroga nada, sí refuerza y fundamenta al juez que decida ir por el camino del deber de investigación de los crímenes franquistas". Eso siempre que la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos que también crea la nueva ley "investigue los hechos y proponga acusación". Un "equilibrio", asegura, "que puede dar muy buen resultado".
Nolocreo escribió:Pues si queda alguno vivo habrá que juzgarlo también por sus crímenes..
A ver, que ya lo ha explicado el llobu, cualquiera que hubiera cometido crímenes durante la Guerra Civil, para que estuviera vivo hoy en día tendría que tener más de 103 años. No esperéis ver ninguno de ningún bando.
Hace 82 años que acabó la Guerra Civil, y si sumamos la edad a la que supone el llobu que en aquella época eran considerados mayores de edad, que debía ser a los 21 años, la suma da 103 años que tendrían ahora mismo los más jóvenes mayores de edad vivos de aquella época de la Guerra Civil.
Así que perretas y pataleos de la gente de derechas aparte, sólo puede quedar algún criminal de lesa humanidad vivo que fuera mayor de edad durante la dictadura, y quizá queden pocos o ninguno. El problema para la derecha es que todos serán fascistas.
Salú y República.
¿Y si están todos muertos a quien pretenden juzgar?.. ¿Es que no tienen nada mejor que hacer..?
El llobu escribió: A ver, que ya lo ha explicado el llobu, cualquiera que hubiera cometido crímenes durante la Guerra Civil, para que estuviera vivo hoy en día tendría que tener más de 103 años. No esperéis ver ninguno de ningún bando.
Hace 82 años que acabó la Guerra Civil, y si sumamos la edad a la que supone el llobu que en aquella época eran considerados mayores de edad, que debía ser a los 21 años, la suma da 103 años que tendrían ahora mismo los más jóvenes mayores de edad vivos de aquella época de la Guerra Civil.
Así que perretas y pataleos de la gente de derechas aparte, sólo puede quedar algún criminal de lesa humanidad vivo que fuera mayor de edad durante la dictadura, y quizá queden pocos o ninguno. El problema para la derecha es que todos serán fascistas.
Salú y República.
¿Y si están todos muertos a quien pretenden juzgar?.. ¿Es que no tienen nada mejor que hacer..?
¿Te parece mal que se persigan los crímenes de lesa humanidad?
Quizá quede alguno vivo, y lo normal con los criminales es juzgarlos ¿no?
De todas maneras el artículo anterior traído por el llobu aclara bastante el tema.
El llobu escribió: A ver, que ya lo ha explicado el llobu, cualquiera que hubiera cometido crímenes durante la Guerra Civil, para que estuviera vivo hoy en día tendría que tener más de 103 años. No esperéis ver ninguno de ningún bando.
Hace 82 años que acabó la Guerra Civil, y si sumamos la edad a la que supone el llobu que en aquella época eran considerados mayores de edad, que debía ser a los 21 años, la suma da 103 años que tendrían ahora mismo los más jóvenes mayores de edad vivos de aquella época de la Guerra Civil.
Así que perretas y pataleos de la gente de derechas aparte, sólo puede quedar algún criminal de lesa humanidad vivo que fuera mayor de edad durante la dictadura, y quizá queden pocos o ninguno. El problema para la derecha es que todos serán fascistas.
Salú y República.
¿Y si están todos muertos a quien pretenden juzgar?.. ¿Es que no tienen nada mejor que hacer..?
Los dirigentes de la Republica legalmente establecida, que quedaron vivos fueron juzgados y la mayoría fusilados, incluso siendo inocentes solo por ser leales a la Republica, y los huidos como se ha dicho antes, están muertos, lo que la Ley de Memoria Democrática acordara cuando se apruebe es que los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio, tortura, tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables, de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario y eso tiene que ver con los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, un ejemplo es la orden de detención internacional cursada por la Juez argentina, María Servini, contra el ex ministro franquista Rodolfo Martin Villa, de 88 años, por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los sucesos de Vitoria, donde las fuerzas de la policía dispararon contra obreros refugiados en una iglesia, muriendo 5 de ellos, con esta ley en vigor seria juzgado en España, lo que sería mejor que no hacer nada, sobre todo para la Historia de los mas jóvenes.
A marapez, El llobu y a Odra les gusta esta publicaciòn
El Congreso aprueba la ley del ingreso mínimo vital con la ayuda por hijo de hasta 100 euros mensuales
El Parlamento, con el apoyo de los partidos del Gobierno, ERC, PNV y Ciudadanos, manda la legislación al Senado para su aprobación definitiva, con mejoras en el acceso para los jóvenes, personas en paro que agotan la protección por desempleo y aquellas que sufren una caída repentina de ingresos.
La ley del ingreso mínimo vital ha sido aprobada este viernes por el Congreso de los Diputados con los votos a favor de los partidos del Gobierno, ERC, PNV, Ciudadanos, Compromís y la abstención de PP, EH Bildu y Vox. La legislación va ahora rumbo al Senado y ha incorporado importantes cambios en su tramitación parlamentaria, que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2022 y que amplían el acceso a la renta mínima estatal. Entre ellos, se aprueba una ayuda por hijo de entre 50 a 100 euros al mes para familias beneficiarias del IMV, pero también para hogares que tengan hasta tres veces más de renta. Además, se han incluido modificaciones para ampliar el acceso de jóvenes, personas con discapacidad, en paro y aquellas que ven gravemente empeorada su situación de manera repentina.
La ayuda por hijo que ha aprobado el Congreso consiste en una aportación de 100 euros al mes por cada menor en el hogar con una edad inferior a tres años, de 70 euros mensuales para los niños de entre tres y menos de seis años, y de 50 euros en el caso de los mayores de seis años y menores de 18.
Se beneficiarán del complemento por hijo todas las familias beneficiarias del ingreso mínimo vital, pero también otras en situación de pobreza (no tan severa) que no cumplan con los requisitos para recibir el IMV. La legislación establece que podrán recibir la ayuda por cada menor los hogares con hasta el triple de renta que marca el acceso al ingreso mínimo vital y con un "patrimonio neto sea inferior al 150% de los límites fijados"
El complemento por hijo para las familias de escasos recursos ya fue anunciado por el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, como un acuerdo entre los socios de Gobierno. Es una medida muy esperada por las organizaciones que luchan contra la pobreza infantil, ya que España es una anomalía por falta de inversión frente a otros países del entorno europeo. Además, España es el tercer Estado de la UE con más pobreza infantil, que alcanza a uno de cada cuatro menores.
Otro cambio destacado es la mejora de la cuantía del ingreso mínimo vital a los hogares con algún miembro con una gran discapacidad. A la cuantía mensual "se sumará un complemento equivalente a un 22%" si el hogar beneficiario cuenta con "alguna persona con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65%".
Se facilita el acceso al IMV La tramitación parlamentaria también ha incorporado modificaciones que facilitan el acceso al ingreso mínimo vital en varias situaciones. Como adelantaron los ministros, las ayudas de dependencia no computarán como ingresos del hogar de cara al acceso al IMV.
Se recoge otro cambio muy demandados desde colectivos sociales sobre el acceso de los jóvenes a la ayuda. Tendrán derecho a la prestación los jóvenes extutelados por la Administración Pública desde los 18 años (ahora limitado a partir de los 23) y para el resto de jóvenes se reduce el período mínimo exigido de independencia del hogar familiar, de tres a dos años.
La legislación también facilita el acceso al IMV teniendo en cuenta la renta del año en curso, en lugar de la del ejercicio anterior como es habitual, para los hogares que ven empeorar súbitamente su economía. La regulación establece que estos solicitantes deben cumplir con los requisitos de acceso del IMV en vigor y, además, que el año anterior a la solicitud el hogar no triplicara los umbrales de renta ni el patrimonio neto límite fijado. Antes, se restringía mucho más el criterio de renta, ya que nos hogares no podían superar "en más del 50%" los límites establecidos.
También se prevé un paso más ágil de protección del IMV desde el desempleo, para aquellas personas que pierdan la protección del paro y se queden en una situación de necesidad, sin derecho a otras ayudas. En estos casos en que agoten los subsidios, las ayudas de desempleo en cualquiera de sus modalidades, incluida la renta activa de inserción, no se tendrán en cuenta en el nivel de renta del hogar de cara al acceso al IMV.
"Estos extremos deberán ser acreditados en el momento de la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital mediante el oportuno sistema de interoperabilidad electrónica por medio del cual el Servicio Público de Empleo Estatal, o la entidad gestora de la prestación de cese de actividad, facilite al Instituto Nacional de la Seguridad Social los datos necesarios para su comprobación", recoge la enmienda que ha salido adelante en la tramitación parlamentaria. Esta comunicación entre el SEPE y la Seguridad Social fue referida por los ministros Escrivá y Belarra como una garantía desde las Administraciones que evite que personas en paro pierdan la protección por desempleo y se queden sin ningún tipo de ingresos. Una situación de vulnerabilidad y pobreza que luego es más difícil revertir.
El último debate en el Congreso Durante el debate de la norma, que se ha celebrado brevemente este viernes en la Comisión de Trabajo del Congreso, que tiene competencia legislativa plena, la diputada de Unidas Podemos, Isabel Franco, cuyo grupo ha pactado enmiendas transaccionales con algunos de los socios habituales del Ejecutivo, ha pedido "perdón a las 747.000 personas que solicitaron el IMV y que se les ha rechazado". Ella ha recordado que "esta ley se aprobó el 20 de mayo de 2020" en forma de real decreto "rápidamente, corriendo, con una gran capacidad de respuesta del Gobierno para atender a las consecuencias de la pandemia". "Gracias a esa rapidez se ha podido atender a muchas personas que lo estaban pasando muy mal", ha asegurado, si bien ha enfatizado en la necesidad el texto del Ejecutivo, mostrándose satisfecha con la tramitación parlamentaria.
Desde ERC se han limitado a defender su respaldo a la norma al ver cumplidas sus exigencias pactando enmiendas transaccionales. El portavoz del PNV en la Comisión, Íñigo Barandiarán, ha recordado que la ley "viene a cubrir una faceta de la Constitución que realmente estaba ya cubierta en algunas comunidades autónomas", y ha insistido en reivindicar la transferencia de la gestión del IMV a Euskadi y Navarra, un aspecto que los nacionalistas vascos han logrado pactar ya con el Gobierno, al menos para el caso vasco. Para Barandiarán, "las atenciones sociales deben poder ser gestionadas por las comunidades" porque permite "encontrar las soluciones más cercanas".
EH Bildu se ha abstenido porque, tal y com ha dicho su portavoz en la comisión, Iñaki Ruiz de Pinedo, "esta ley de IMV es importante, pero sigue careciendo de temas importantes". A su juicio, "la cobertura potencial puede ser mayor", la "edad mínima" para poder acceder a la ayuda "debía estar en 18 años" y no en 20, como recoge el texto. Además, los independentistas consideran que "un año de empadronamiento debería ser suficiente" para poder recibir el IMV.
Vox también se ha abstenido aunque aportando argumentos muy distintos. El diputado Juan José Aizcorbe, ha asegurado que la norma demuestra que "la izquierda prefiere gestionar la pobreza en lugar de generar riqueza" y ha sostenido que el IMV genera "un efecto llamada" para los inmigrantes. El PP, que ha anunciado su abstención, ha considerado que "el Gobierno ha fracasado" en la gestión del IMV "creando un galimatías jurídico" e impidiendo su aplicación, "sin un criterio claro". "El IMV sigue sin llegar a quien más lo necesita", ha denunciado la diputada 'popular', que también ha criticado que se haya transferido la gestión de la ayuda a Euskadi. "El Gobierno ejecuta el traspaso de una competencia estatal que puede suponer el inicio de la ruptura del sistema de Seguridad Social", ha denunciado.
Ciudadanos ha asegurado que el del IMV es un "proyecto de ley esencial para crear músculo social en materia de pobreza severa", aunque la diputada Sara Giménez ha denunciado que "el decreto se publicó con muchos flecos" que se han subsanado durante la tramitación parlamentaria, como el acceso a la ayuda de "tutelados" y "huérfanos" o cubriendo "la eliminación de la prestación por hijo a cargo".
El caso Victoria Rosell era el caso Alba: una cacería contra ‘la jueza de Podemos’
Es miércoles, 16 de marzo. Año 2016. Son las dos de la tarde y dos hombres han quedado para conocerse y charlar. La cita tiene lugar en un despacho de los juzgados de Las Palmas, en Canarias. "Yo me quedo fuera", dice un tercer hombre. Cierran la puerta y se saludan. De un lado de la mesa del despacho, el juez Salvador Alba; del otro, el empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado en una causa que investiga ese magistrado. El que se ha quedado fuera es su abogado, que prefiere no saber nada de lo que se va a hablar entre esas cuatro paredes. Esa conversación, que dura una hora y 17 minutos, es el hito fundamental de una persecución judicial y política contra una diputada electa de Podemos. El encuentro cristaliza una serie de voluntades con el objetivo común de tumbar a Victoria Rosell, que ha dejado de lado su labor como jueza para dar el salto a la política; la conversación supone también el punto de inflexión de la conspiración. Es el intento de ponerla en marcha, pero será fundamental para destaparla: el empresario ha decidido entrar al despacho con un dispositivo de grabación en el que recogerá toda la charla. El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves que aquel encuentro tenía como objetivo tumbar a la diputada del Congreso Victoria Rosell. El medio utilizado iba a ser la causa que la jueza había investigado contra el empresario, y que ahora estaba en manos de Alba. Este decidió usar la instrucción para desprestigiarla y salvar a Ramírez, a quien se investigaba por no pagar a Hacienda. Un caso de lawfare, guerra jurídica, de libro, que ahora ha quedado plasmado en una sentencia que condena a Alba a más de seis años de cárcel. Pero la historia no tiene solo a estos tres protagonistas. Hay uno más cuyo nombre aparece en cada capítulo de esa persecución, que ha acabado después de seis años. Es el entonces ministro José Manuel Soria. Su sombra planea durante todo el caso, aunque ha quedado fuera de cualquier investigación judicial. Lo que sigue es la historia en cinco actos de una conspiración a medio camino entre la política y los tribunales que logró que Rosell tuviera que abandonar la política, a la que solo pudo regresar cuando Alba fue condenado por primera vez.
Capítulo 1: el salto a la política
El inicio de este relato comienza con el punto de partida de ambos protagonistas. Alba había tratado en varias ocasiones de ascender en la judicatura, con poco éxito hasta entonces. Rosell estaba decidida a dar un giro a su carrera y ficha por Podemos, que por entonces trata de levantar una estructura como partido para concurrir a las elecciones generales previstas para diciembre de 2015 tras su irrupción espectacular en las europeas de un año antes. 24 de julio de 2014. Salvador Alba intenta, sin éxito, convertirse en el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. No obtuvo ni un solo voto. Para entonces ya había intentado entrar dos veces en el Consejo General del Poder Judicial: su nombre sonó para ingresar en 2008 y encabezó la lista de candidatos en 2013 con los avales de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria de la carrera y de tendencia conservadora. En ese momento, Alba presidía la APM en Canarias y no obtuvo ni un solo voto en el Senado. 23 de octubre de 2015. Victoria Rosell ficha por Podemos. El partido anuncia que la que fuera portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia iba a encabezar la lista por Las Palmas para las elecciones del 20 de diciembre. Es uno de los grandes fichajes de la formación, que va creciendo a trompicones: Rosell es magistrada, aporta un plus de profesionalidad a una formación fundada por politólogos sin experiencia en la gestión política. Es uno de sus perfiles más relevantes, y los medios la apodarán inmediatamente "la jueza de Podemos". En las elecciones, Podemos logra la segunda plaza en esa circunscripción con 136.278 votos, a menos de 10.000 papeletas del PP. 3 de noviembre de 2015: Salvador Alba toma posesión en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria para relevar a Victoria Rosell, que se encontraba en situación de excedencia voluntaria tras su salto a la política. En este juzgado, Alba asume la instrucción de la causa que atribuía al empresario Miguel Ángel Ramírez delitos contra la Hacienda Pública como administrador de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), y que hasta entonces había investigado Rosell. El mismo día de su toma de posesión, Alba acuerda la declaración como imputados el 30 de noviembre de Miguel Ángel Ramírez (que ya había declarado anteriormente) y de Héctor de Armas (administrador de SIC). Es ya desde ese momento cuando Alba comienza a desviar el objeto de la causa: de investigar al entonces presidente de la UD Las Palmas a indagar en el trabajo previo de Rosell, buscando grietas en su instrucción. Con este fin, Alba pidió a De Armas los libros de contabilidad de cuatro ejercicios, los que van de 2011 a 2014, las operaciones bancarias y los contratos publicitarios de SIC. El abogado de De Armas, Sergio Armario, se mostró sorprendido ante las peticiones de Alba, que no tenían ningún tipo de relación con el objetivo de las diligencias. Entonces, el juez le expresó su interés en "incorporar a la causa documentación de contratos que pudieran vincular a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora [medio asociado a elDiario.es] y pareja de Victoria Rosell, con Ramírez". El abogado entiende en ese momento las motivaciones del juez y se pone manos a la obra para propiciar un encuentro entre Ramírez y Alba. 23 de noviembre de 2015. La Fiscalía Provincial abre una “investigación preprocesal” contra la magistrada Victoria Rosell a partir del contrato firmado entre la UD Las Palmas y Clan de Medios, la empresa de Carlos Sosa, que alguien hizo llegar “de manera anónima” al Ministerio Público. La investigación incorpora un informe del juez Alba sobre la instrucción de Rosell. El contrato que motiva esa apertura de investigación tiene una particularidad: tiene una fecha equivocada y solo existía una copia, que obraba en manos del ministro José Manuel Soria. El 3 de diciembre, varios medios publican los detalles de la investigación de la Fiscalía. Un día después, Soria se querella contra Rosell por injurias y calumnias. La entonces candidata de Podemos había afirmado que el ministro utilizaba los medios del Estado para atacar a adversarios políticos. Poco tiempo después, el TSJC ordena suspender la investigación de la Fiscalía contra Rosell tras un recurso de la jueza al considerar que podía estar atentándose contra su derecho a presentarse a unas elecciones. La Fiscalía intentó sin éxito acudir al Consejo General del Poder Judicial contra Rosell.
Capítulo 2: La conspiración
La vía judicial contra Rosell no ha prosperado. La querella de Soria contra la candidata de Podemos, que es ya cargo electo en el Congreso de los Diputados, aún no ha sido admitida a trámite. El intento de investigarla por parte de la Fiscalía de Canarias ha quedado en nada. Es entonces cuando empieza a gestarse la conspiración contra Rosell usando la causa que ella instruía como jueza. 15 de febrero de 2016. Al fracasar la iniciativa de la Fiscalía, el ex ministro Soria transforma su querella por injurias y calumnias contra Rosell en otra a la que sumó los delitos de retraso malicioso, cohecho y prevaricación. En su texto se recogen pasajes íntegros del informe que Alba evacuó en diciembre por encargo de la Fiscalía de Las Palmas. 16 de marzo de 2016. Salvador Alba y Miguel Ángel Ramírez se reúnen en solitario en el despacho del magistrado, sin presencia del abogado del empresario. El encuentro no trasciende hasta meses más tarde. Ramírez graba la conversación porque, dijo tiempo después, le sorprendió y descolocó que el juez le citara en su despacho. En este encuentro ambos conversaron sobre el interés de Alba en poder acreditar "la quiebra del deber de imparcialidad" de Victoria Rosell como instructora de las diligencias relacionadas con Ramírez, utilizando para ello la posible existencia de relaciones comerciales entre Carlos Sosa y el empresario. El administrador de SIC se comprometió entonces a entregar a Alba los contratos comerciales existentes entre él y el periodista, aunque no eran objeto de la causa, que versaba sobre el impago de impuestos. A cambio, el juez le ofreció a Ramírez una declaración de nulidad de actuaciones que impidiera acciones de la Agencia Tributaria en su contra. Durante la conversación, el juez Alba da instrucciones precisas al empresario imputado sobre qué debe decir en su próxima declaración para sostener las acusaciones contra Rosell y tratar de eliminar el rastro de sospecha sobre que ambos estaban poniéndose de acuerdo. La sombra de José Manuel Soria siempre estuvo ahí. Los hechos probados de la sentencia de la Sala Penal del TSJC establecen que la conspiración de Alba pretendía aumentar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Supremo por el exministro contra Rosell, como así ocurrió. 23 de marzo de 2016: juez e imputado vuelven a verse las caras pero ahora sí en el interior del juzgado con luz, taquígrafos y abogados como testigos. Ramírez sigue el guión pactado con Alba en el encuentro anterior. Durante el interrogatorio de una hora dirigido por el juez, se introducen ya preguntas sobre posibles relaciones comerciales de la empresa Clan de Medios de Comunicación, vinculada a Carlos Sosa, con la empresa Ralons Servicios y Sistemas de Gestión 3000. Incluso el empresario se ofrece a presentar documentación sobre estos vínculos económicos. 28 de marzo de 2016: Soria utiliza varias noticias publicadas en prensa sobre la declaración para su querella ante el Supremo, y la amplía con esas piezas informativas. A pesar de que el contenido de la declaración ya se había publicado en el diario El Mundo, el Juzgado número 8 denegó la solicitud de Rosell de obtener una copia de las palabras del empresario. Unos días después otro diario publica la declaración del empresario.
Capítulo 3: El terremoto político
El 25 de abril de 2016 el Supremo admite a trámite la querella de Soria contra Rosell por hechos delictivos relativos a su actuación jurisdiccional en la causa de Ramírez. La Fiscalía había dicho en marzo que no veía indicios de delito en la actuación de Rosell y se opuso a investigarla. En el auto de admisión a trámite el Supremo asegura que la investigación deberá dilucidar si las decisiones que adoptó la jueza en una investigación que implicaba al por entonces socio de su pareja "no eran sino el vehículo par la consecución del objetivo de la señora Rosell, que según el querellante, buscaba enriquecer a su pareja". Rosell ya está formalmente investigada por el Supremo a los pocos meses de las elecciones, el escándalo político se desencadena inmediatamente con gran repercusión en los medios. 27 de abril de 2016: Rosell abandona de Diputación Permanente, el órgano de guardia en el Congreso cuando se disuelven las Cortes, al admitirse a trámite la querella interpuesta por Soria en el Supremo. Con la convocatoria de nuevas elecciones ya fijada, supone la pérdida del escaño inminente cuando se disuelva la cámara baja. El impacto político de la admisión de la querella es doble. Rosell deja la Diputación Permanente y poco después se confirma que no repetirá en las listas de Podemos para las elecciones del 26 de junio, convocadas de manera automática ante la falta de acuerdo para formar Gobierno.
Capítulo 4: la grabación
El objetivo de tumbar a Rosell ya se ha conseguido. El recorrido final de la querella en el Supremo pierde relevancia; la exjueza ha tenido que dejar el cargo electo que consiguió y ha visto truncada su carrera política a los pocos meses de entrar en Podemos. A partir de entonces las bases de la conspiración comienzan a tambalearse.
3 de mayo de 2016. El juzgado número 8 de Las Palmas deja de estar en manos de Salvador Alba. El Boletín Oficial del Estado publica en abril la adjudicación de la plaza a la magistrada Carla Vallejo, actualmente viceconsejera de Justicia del ejecutivo canario. Salvador Alba abandona el juzgado el 3 de mayo de ese año.
11 de mayo de 2016. Miguel Ángel Ramírez entrega al Juzgado de Instrucción número 8, ya con magistrada Carla Vallejo al frente, el audio con la conversación que había mantenido con Salvador Alba en el despacho del juez. Ese mismo día se publican en elDiario.es. Además de acordar la declaración con el empresario, Alba dedica algunos improperios a Rosell, relata su jugada judicial y dice que el fiscal “se tendrá que joder”.
Una vez fuera del Congreso y de la política, Victoria Rosell solicita su reingreso en la carrera judicial. Un día después la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acuerda su reingreso.
12 de mayo de 2016. El juez Alba se defiende y dice que "en ningún momento se ha efectuado imputación alguna de actividades irregulares a Victoria Rosell”, y niega que conspirase con Ramírez. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece, defiende a Alba y dice que “no hay ningún problema en recibir, como acto de transparencia, a quien se lo solicita. Lo hacen todos los jueces". Seis días después, la Fiscalía dice que hay delito en la actuación de Alba.
19 de mayo de 2016. La jueza Vallejo también ve delito y eleva una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que abre diligencias penales contra el juez Alba. Al mismo tiempo, el Consejo General del Poder Judicial le abre un expediente que se salda con una propuesta de expulsión que se hará efectiva ahora que la sentencia condenatoria es firme. El 26 de mayo, el TSJC abre diligencias contra el juez. Para defenderse, Alba ficha al abogado del exministro Soria.
4 de octubre de 2016. La Guardia Civil localiza la grabación completa entre el empresario y el juez. Es de más de una hora, pero el empresario solo entregó al juzgado unos 32 minutos. En esa parte de la conversación, ambos aluden al ministro Soria.
Ramírez: ¿Tú crees que a José Manuel le va bien esto para la querella que tiene?
Alba: A ver, la querella que tiene yo creo que prospera sí o sí, como está, pero desde luego esto...
Ramírez: Sí, ya está, admitirla a trámite.
Alba: Sí, por supuesto, pero esto, ya…
2 de diciembre de 2016. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que había asumido la querella de Soria cuando Rosell dejó de ser aforada en el Supremo, la archiva. La jueza no cometió delito alguno, ni de injurias ni durante la instrucción del caso.
Capítulo 5: la caída del juez
El juez Alba no desiste y empieza a intercambiar correos con un exconvicto, que se autoproclama antiguo agente del CESID. Su interlocutor, apodado “La Araña”, le ofrece en marzo de 2017 un “dossier explosivo” para hundir a Victoria Rosell. El juez mostró su interés pero cortó las conversaciones cuando “Araña” le pidió 1.000 euros a cambio, lo que provocó una denuncia por parte del magistrado. Alba ocultó a la Fiscalía los correos que más le comprometían.
29 de septiembre de 2017. El papel de Alba como uno de los integrantes del tribunal que juzga el ‘caso Faycán’ empieza a ser cuestionado por el escándalo relacionado con Victoria Rosell. Un empresario le recusa por “enemistad” del magistrado con su abogado, relacionado a su vez con Miguel Ángel Ramírez. Alba forma parte del tribunal pero se queda en minoría y no puede evitar que el Partido Popular sea condenado por reformar su sede de Telde con dinero público en 2003.
8 de mayo de 2018. Se cierra la instrucción dirigida por la magistrada del TSJC Margarita Varona, y se decreta la apertura de juicio oral, lo que activó la suspensión del juez Alba, que desde septiembre de ese año no ejerce en la judicatura, aunque sigue cobrando del Ministerio de Justicia un salario sin complementos de acuerdo con el reglamento que rige para jueces y magistrados. El Ministerio Fiscal pide para Alba una condena de 10 años de prisión y 29 de inhabilitación, mientras la acusación particular (Victoria Rosell) y las acusaciones populares (Podemos y Carlos Sosa) elevaban la petición de cárcel hasta los 14 años.
19 de julio de 2018. El Consejo General del Poder Judicial decide suspender de manera cautelar a Salvador Alba después de la apertura de juicio oral contra él. La Comisión Permanente le reprocha incluso que busque acreditar su incapacidad laboral cuando ha estado de viaje en las islas Maldivas.
21 de marzo de 2019. La jueza Rosell anuncia que regresa a la política y que se presentará a las elecciones generales de abril con Unidas Podemos. Encabeza la lista del partido por Las Palmas y obtiene un escaño en unos comicios en los que el partido fue el segundo más votado en la provincia. Conservó su acta en la repetición electoral de noviembre.
1 de julio de 2019. Comienza el juicio contra Salvador Alba en el Tribunal Superior de Canarias. El empresario Miguel Ángel Ramírez reconoce la reunión con el magistrado y llega a comparar su manera de proceder con la de “la mafia”. Previamente, Alba se había declarado víctima de un “chantaje”.
02 de julio de 2019. Victoria Rosell afirma en el juicio que Salvador Alba “es como nuestro Villarejo”.
12 de julio de 2019. El juicio contra Salvador Alba queda visto para sentencia. El todavía magistrado niega haber querido perjudicar a Victoria Rosell y afirma: “Yo nunca he asesorado al señor Soria”. El fiscal Vicente Garrido hace un duro alegato en el que asegura que Alba “usó su poder como juez para satisfacer un interés personal: desprestigiar a Rosell”.
10 de septiembre de 2019. Tres años después de que se iniciara la conspiración, el TSJC dicta una sentencia que evidencia cómo cada uno de los pasos dados por Salvador Alba componen una maquinación dirigida a acabar con la carrera política de Victoria Rosell que le costará 18 años de inhabilitación y seis años y medio de cárcel.
3 de noviembre de 2019. En una entrevista en el digital ConfiLegal, donde ha escrito varios artículos, Alba asegura que el juicio contra él “fue, como poco, irregular” y plantea una batería de argumentos que acaban de ser rechazados por el Tribunal Supremo.
20 de mayo de 2020. El caso empieza a tramitarse ante el Tribunal Supremo y la Fiscalía pide en su escrito que los jueces confirmen su condena. La representante del Ministerio Público defiende, entre otras cosas, que la grabación realizada por el empresario Ramírez es válida y sirve para cimentar su condena junto con el resto de pruebas. Rosell y la acusación popular de Podemos pide aumentar su condena a 10 años de prisión. El juez Pablo Llarena se aparta del caso por su relación profesional pasada con el acusado.
11 de noviembre de 2021. La sala de lo penal del Supremo celebra una vista pública para estudiar la condena de Salvador Alba. La fiscal Iliana Navia-Osorio pide la confirmación de su condena y es contundente al hablar sobre la grabación de sus conversaciones con el empresario Miguel Ángel Ramírez durante la conspiración contra Rosell: “El contenido de la grabación sonroja”.
25 de noviembre de 2021. Seis años y tres semanas después de sus primeras maniobras conspiratorias, Salvador Alba es condenado en firme. El Tribunal Supremo confirma su condena de más de seis años de prisión, lo que implica que tendrá que cumplir condena entre rejas y que será expulsado de la judicatura. Victoria Rosell recibe la noticia en su despacho donde sigue ejerciendo como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
Eduardo Madina triunfa en redes tras explicar qué diferencia a Vox de Podemos
El exdiputado del PSOE, Eduardo Madina, ha sido protagonista en redes tras viralizarse su intervención en el programa radiofónico «Hoy por hoy» emitido este martes en la Cadena SER. El espacio estuvo moderado por la periodista Ángels Barceló y contó con la presencia de José Luis Ayllón, abogado y ex director del Gabinete de la presidencia durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
La periodista Àngels Barceló abrió la mesa de debate señalando que el Congreso no pudo sacar adelante una declaración institucional sobre la violencia machista porque Vox no está de acuerdo.
El exdiputado socialista, Eduardo Madina, intervino para explicar qué diferencia a Vox de Podemos: «Y solo pido una cosa: que la condicionalidad de la política no la den aquellos que creen que hay gente que sobra. Por ejemplo los inmigrantes. Por ejemplo, la gente que tiene la piel de color negro. Por ejemplo los homosexuales, que creen que son menores desde el punto de vista del derecho civil. O las lesbianas. O quienes tienen un modelo de familia diferente. O quienes tienen una identidad de género diferente. O quienes han nacido en un país distinto y han venido a vivir y a trabajar aquí», argumenta.
«Vox cree que toda esa gente sobra José Luis. Podemos no cree que sobra nadie. No cree que sobra nadie ni en Pozuelo, ni en Vox, ni en la dirección del Partido Popular, ni en ninguna iglesia ni en ningún lugar. No hay incompatibilidad de Podemos con ninguna forma de vida dentro ni del PSOE, ni del PNV, ni de Coalición Canaria ni del PRC. En Vox Sí. Es la única formación política que considera que aquí dentro todas esas formas de vida no caben. ¿Cuáles? Las que a Rocío Monasterio no le caben en la cabeza», reflexiona.
Por su parte, el abogado José Luis Ayllón, manifestó: «A Vox les ha habilitado el voto de los ciudadanos. ¿Qué hacemos, eliminamos a Vox de las ecuaciones parlamentarias?». En ese instante, Eduardo Madina le respondió: «Sí, un cordón sanitario solo a Vox, igual que a los herederos de Hitler en Alemania, igual que a Le Pen en Francia», zanjó. El socialista también manifestó contrario a gobernar con EH Bildu.
Por su parte, el abogado José Luis Ayllón, manifestó: «A Vox les ha habilitado el voto de los ciudadanos. ¿Qué hacemos, eliminamos a Vox de las ecuaciones parlamentarias?». En ese instante, Eduardo Madina le respondió: «Sí, un cordón sanitario solo a Vox, igual que a los herederos de Hitler en Alemania, igual que a Le Pen en Francia», zanjó. El socialista también manifestó contrario a gobernar con EH Bildu.
Por su parte, el abogado José Luis Ayllón, manifestó: «A Vox les ha habilitado el voto de los ciudadanos. ¿Qué hacemos, eliminamos a Vox de las ecuaciones parlamentarias?». En ese instante, Eduardo Madina le respondió: «Sí, un cordón sanitario solo a Vox, igual que a los herederos de Hitler en Alemania, igual que a Le Pen en Francia», zanjó. El socialista también manifestó contrario a gobernar con EH Bildu.
Así "hablan" los "demócratas"!
Por supuesto: ningún demócrata puede ni debe respetar que los antidemócratas se hagan con el poder aunque sea por métodos democráticos. A ver si la extrema derecha cree que vamos a dejar que nos ocurra como a la Alemania de Hitler.
Va a ser que no: cordón sanitario a los antidemócratas, insolidaridad con los insolidarios e intolerancia con los intolerantes.
Pero el tema del hilo es Podemos, no lo que Madina opina de Vox, por lo que la discusión procedente, y por ello la argumentación, tiene que ser sobre Podemos, y si se quiere comparándolo con otros partidos, pero no "cómo hablan los demócratas". La cortesía dialéctica incluye no empeñarse siempre en cambiar el tema del hilo.
Por su parte, el abogado José Luis Ayllón, manifestó: «A Vox les ha habilitado el voto de los ciudadanos. ¿Qué hacemos, eliminamos a Vox de las ecuaciones parlamentarias?». En ese instante, Eduardo Madina le respondió: «Sí, un cordón sanitario solo a Vox, igual que a los herederos de Hitler en Alemania, igual que a Le Pen en Francia», zanjó. El socialista también manifestó contrario a gobernar con EH Bildu.
Así "hablan" los "demócratas"!
Por supuesto: ningún demócrata puede ni debe respetar que los antidemócratas se hagan con el poder aunque sea por métodos democráticos. A ver si la extrema derecha cree que vamos a dejar que nos ocurra como a la Alemania de Hitler.
Va a ser que no: cordón sanitario a los antidemócratas, insolidaridad con los insolidarios e intolerancia con los intolerantes.
Pero el tema del hilo es Podemos, no lo que Madina opina de Vox, por lo que la discusión procedente, y por ello la argumentación, tiene que ser sobre Podemos, y si se quiere comparándolo con otros partidos, pero no "cómo hablan los demócratas". La cortesía dialéctica incluye no empeñarse siempre en cambiar el tema del hilo.
Salú y República.
Supongamos por un momento que los de Podemos en las próximas elecciones consiguen una mayoría absoluta de escaños en el parlamento y el senado... podrian poner en marcha y funcionamiento TODAS sus "medidas antidemocráticas"? (no creo que ocurra, pero...)
Ahora supón que los españoles dan la mayoría absoluta en el parlamento (y el senado) a VOX... idem de lo mismo?
La "democracia" no es "demos kratia": "poder del pueblo"? pero vamos, desde hace años es que haya diersos partidos y que la gente elija (vote) a quien quiera...
Z escribió:Supongamos por un momento que los de Podemos en las próximas elecciones consiguen una mayoría absoluta de escaños en el parlamento y el senado... podrian poner en marcha y funcionamiento TODAS sus "medidas antidemocráticas"? (no creo que ocurra, pero...)
Podemos no defiende ninguna medida antidemocrática. Seguramente consideras antidemocrático aquello que a ti no te gusta. Y es curioso porque según has dicho repetidas veces lo que a ti no te gusta es la democracia.
Z escribió:Supongamos por un momento que los de Podemos en las próximas elecciones consiguen una mayoría absoluta de escaños en el parlamento y el senado... podrian poner en marcha y funcionamiento TODAS sus "medidas antidemocráticas"? (no creo que ocurra, pero...)
Podemos no defiende ninguna medida antidemocrática. Seguramente consideras antidemocrático aquello que a ti no te gusta. Y es curioso porque según has dicho repetidas veces lo que a ti no te gusta es la democracia.
Que no me guste la democracia no tiene nada que ver con que gente de "derechas" tache de "antidemócratas" a los de Podemos y estos a su vez tachen de "antidemócratas" a gente de "derechas"... (Para que nos entendamos).
Z escribió:Supongamos por un momento que los de Podemos en las próximas elecciones consiguen una mayoría absoluta de escaños en el parlamento y el senado... podrian poner en marcha y funcionamiento TODAS sus "medidas antidemocráticas"? (no creo que ocurra, pero...)
Podemos no defiende ninguna medida antidemocrática. Seguramente consideras antidemocrático aquello que a ti no te gusta. Y es curioso porque según has dicho repetidas veces lo que a ti no te gusta es la democracia.
Que no me guste la democracia no tiene nada que ver con que gente de "derechas" tache de "antidemócratas" a los de Podemos y estos a su vez tachen de "antidemócratas" a gente de "derechas"... (Para que nos entendamos).
Que el odio de algunos les lleve a mentir sobre los rivales políticos no justifica hacerlo aquí.
En este subforo no se permiten bulos ni falsas acusaciones. Deberías poder decirnos en qué es antidemocrático Podemos.
El llobu escribió: Por supuesto: ningún demócrata puede ni debe respetar que los antidemócratas se hagan con el poder aunque sea por métodos democráticos. A ver si la extrema derecha cree que vamos a dejar que nos ocurra como a la Alemania de Hitler.
Va a ser que no: cordón sanitario a los antidemócratas, insolidaridad con los insolidarios e intolerancia con los intolerantes.
Pero el tema del hilo es Podemos, no lo que Madina opina de Vox, por lo que la discusión procedente, y por ello la argumentación, tiene que ser sobre Podemos, y si se quiere comparándolo con otros partidos, pero no "cómo hablan los demócratas". La cortesía dialéctica incluye no empeñarse siempre en cambiar el tema del hilo.
Salú y República.
Supongamos por un momento que los de Podemos en las próximas elecciones consiguen una mayoría absoluta de escaños en el parlamento y el senado... podrian poner en marcha y funcionamiento TODAS sus "medidas antidemocráticas"? (no creo que ocurra, pero...)
Ahora supón que los españoles dan la mayoría absoluta en el parlamento (y el senado) a VOX... idem de lo mismo?
La "democracia" no es "demos kratia": "poder del pueblo"? pero vamos, desde hace años es que haya diersos partidos y que la gente elija (vote) a quien quiera...
Los de podemos no tienen medidas antidemocráticas.
Vox sí las tiene:
¿Vox, un partido democrático?
Ocho integrantes de Vox abandonan el partido por "antidemocrático"
La discriminación invertida de Vox amenaza la democracia
El 'New York Times' carga contra Vox: "Apuesta al incendio, su discurso es un virus antidemocrático"
Vox y Canal Sur: una deriva antidemocrática
Democracia es una forma de organización social que atribuye el poder a los ciudadanos, y quien, como Vox, pretende que haya ciudadanos con menos derechos sólo está quitando poder a parte de los ciudadanos, y eso es antidemocrático.
Que no me guste la democracia no tiene nada que ver con que gente de "derechas" tache de "antidemócratas" a los de Podemos y estos a su vez tachen de "antidemócratas" a gente de "derechas"... (Para que nos entendamos).
Que el odio de algunos les lleve a mentir sobre los rivales políticos no justifica hacerlo aquí.
En este subforo no se permiten bulos ni falsas acusaciones. Deberías poder decirnos en qué es antidemocrático Podemos.
Podemos son "antidemocráticos" por no respetar el resultado de las elecciones, te suenan las elecciones de Andalucía? Con eso ya sobra.
¿Qué te hace pensar que Podemos no respetó el resultado de las elecciones de Andalucía?
Podemos son "antidemocráticos" por no respetar el resultado de las elecciones, te suenan las elecciones de Andalucía? Con eso ya sobra.
¿Qué te hace pensar que Podemos no respetó el resultado de las elecciones de Andalucía?
Te suena lo de "alerta antifascista"?
Que a uno no le gusten los de VOX, e incluso que los llame fascistas, no significa que no se respeten los resultados electorales, ni ser antidemócrata.
Última edición por el.loco.lucas el Jue Dic 02, 2021 3:50 pm, editado 1 vez
Que a uno no le gusten los de VOX, e incluso que los llame fascistas, no significa que no se respeten los resultados electorales, ni ser antidemócrata.
Los antidemócratas no entienden que los demócratas no les quieran metidos en la democracia para desbaratarla.
Que a uno no le gusten los de VOX, e incluso que los llame fascistas, no significa que no se respeten los resultados electorales, ni ser antidemócrata.
Si Podemos hubiese aceptado los resultados de las elecciones no hubiesen salido con las manifestaciones de la chorrada "alerta antifascista". Por lo tanto, Podemos no son demócratas. No aceptan lo que la gente elige.
¿No gobierna en Andalucía el PP junto con VOX?...¿Dónde está la demostración de que no se ha actuado de forma democrática?...
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