Dice que "daño innecesario" y que "todas las familas"

καλλαικoι escribió:: Yo no estoy cuestionando su honestidad. Yo simplemente estoy poniendo los actos judiciales en este tema, que se comentó antes.

Las sentencias condenatorias lo que nos dicen es si ha cometido delitos o faltas.

Pero aparte hay responsabilidades políticas. Se deberían revisar, sobre todo después de una pandemia como la que tuvimos.
Pero como en España las comisiones no sirven para eso, sino para lanzarse los trastos a la cabeza....

Ponerse a rebuscar en el histórico de querellas contra Ayuso para concluir que todas han sido archivadas y desestimadas no me ha parecido muy practico por tu parte y tal como lo siento lo digo, volver a remachar sobre el mismo tema sin fundamento legal es crear falsas esperanzas en personas que han sufrido dolor.
Acabo de ver a la izquierda del parlamento madrileño y parecían una jauría enloquecida.

Si tú dices esto: "Y contra Ayuso si han presentado denuncia algún partido, no me consta que hayan dicho algo fiscales ni jueces."

te traje lo que han respondido jueces y fiscales a esas denuncias.

καλλαικoι escribió:: Si tú dices esto: "Y contra Ayuso si han presentado denuncia algún partido, no me consta que hayan dicho algo fiscales ni jueces."

te traje lo que han respondido jueces y fiscales a esas denuncias.

Ya sabia de la desestimación de todas las denuncias contra Ayuso, pero eso no les interesa a la izquierda y pese a que ellos también lo saben, siguen sacando el tema una y otra vez y ahora se agarran a la comisión de investigación, su interés es seguir estirando la cuerda a ver si llegan con ella sin que se rompa hasta mayo del año que viene.

Ese es otro tema, la mala utilización de las comisiones de investigación, lo que llevo diciendo todo el hilo.

La solución no es quitarlas, es mejorarlas

καλλαικoι escribió:: Ese es otro tema, la mala utilización de las comisiones de investigación, lo que llevo diciendo todo el hilo.

La solución no es quitarlas, es mejorarlas

Parece que ante la imposibilidad de que mejoren lo mejor es quitarla, en dichas comisiones se violan siempre la presunción de inocencia y al final son como las condenas mediáticas, pura propaganda de la oposición en las que intentan compensar las desestimaciones de la justicia.

Séneca escribió:

καλλαικoι escribió:: Ese es otro tema, la mala utilización de las comisiones de investigación, lo que llevo diciendo todo el hilo.

La solución no es quitarlas, es mejorarlas

Parece que ante la imposibilidad de que mejoren lo mejor es quitarla, en dichas comisiones se violan siempre la presunción de inocencia y al final son como las condenas mediáticas, pura propaganda de la oposición en las que intentan compensar las desestimaciones de la justicia.

Eso es otra mentira basada en tu desconocimiento de qué es la presunción de inocencia (esa misma que, según tu criterio, te pasas por el forro en el caso de Oltra). Ya se te explicó qué es la presunción de inocencia y hasta donde llega, y aunque es de nivel de primero de Barrio Sésamo ya tardas en entender.

Y por supuesto "la imposibilidad" de que se mejoren las comisiones de investigación no es imposible. Eso sólo es un devaneo mental tuyo, básicamente porque perjudican a los de tu cuerda política cuando los jueces corruptos miran para otro lado en las corruptelas de los de tu cuerda.

Salú y República.

El llobu escribió:

Séneca escribió:: Y contra Ayuso si han presentado denuncia algún partido, no me consta que hayan dicho algo fiscales ni jueces.
El Constitucional si dijo que los estados de alarma decretados por Sánchez fueron ilegales, ha asumido alguna responsabilidad política?, no me consta.

Eso es falso, el Constitucional no ha dicho que los estados de alarma fueran ilegales, ha dicho que se cometieron inconstitucionalidades.

Salú y República.

Se cita el llobu por no poder editar:

¿Para qué sirve entonces el estado de alarma? La pregunta que la sentencia del TC deja sin responder

Los magistrados discrepantes coinciden en señalar que en el confinamiento no hubo suspensión de derechos, sino sólo limitación, y que la mayoría se equivoca al situar los estados de alarma y excepción en una escala progresiva.

También reprochan que la resolución no haga un análisis de proporcionalidad de las medidas tomadas por el Gobierno.

"La sentencia de la mayoría no resuelve, sino que crea un grave problema político y sanitario, al desarmar al Estado contra las pandemias". "Para la sentencia, era preferible innovar y considerar que se cumplía el presupuesto de hecho de otro estado, el de excepción, y que se garantizaban mejor los derechos de los ciudadanos suprimiéndolos". "Concurría el presupuesto habilitante para declarar el estado de alarma y no para declarar el estado de excepción". El estado de excepción "tiene claros precedentes referidos a problemas de orden público con notorias connotaciones políticas, el de alarma remite a catástrofes y situaciones como la actual pandemia". La sentencia "genera más inseguridad jurídica de la que intenta combatir y resulta menos garantista de lo que pudiera intuirse al leer el fallo parcialmente estimatorio".

Son algunas de las reflexiones de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) discrepantes con la sentencia que declara inconstitucional el confinamiento domiciliario general del primer decreto de estado de alarma para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Las conclusiones de los cinco magistrados llevan a pensar que, según la resolución aprobada, el estado de alarma, la figura prevista en la ley de 1981 para hacer frente a crisis sanitarias, no serviría para una situación de epidemia como la vivida en marzo de 2020ley de 1981, vaciando así de contenido la propia norma.

Las posturas de los cinco magistrados discrepantes son claramente opuestas a las de los seis que sí avalan la sentencia y por eso así lo reflejan en sendos votos particulares, en los que trasladan a papel el intenso y complejo debate jurídico que se extendió en el tribunal de garantías a lo largo de varias jornadas, tras las cuales, una vez constatada la fuerte división y de que las posturas no iban a acercarse, se optó por finalizar la discusión y llevar a cabo la votación, por mucho que ésta quedara muy ajustada.

Los votos particulares, uno de ellos firmado por el presidente del TC, Juan José González Rivas, son diferentes en cuanto a redacción, pero tienen en común tres argumentos con los que muestran su total discrepancia con la sentencia redactada por Pedro González-Trevijano. Por un lado, consideran que la resolución está equivocada al plantear que los estados de alarma, excepción y sitio describen una escala progresiva en función de las restricciones de derechos; en segundo lugar, ven un error afirmar que en el primer estado de alarma se suspendieron derechos, ya que opinan que sólo se limitaron; y, por último, critican que el texto no entra a valorar la proporcionalidad de las medidas aprobadas en el decreto del Gobierno.

Fallos en el planteamiento de los estados de alarma, excepción y sitio

La sentencia defiende que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debió declarar el estado de excepción, previsto "cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo". "Resulta claro que, aunque la causa primera de la perturbación sea una epidemia, la situación que el poder público debía afrontar se ajustaba también a los efectos perturbadores que justificarían la declaración de un estado de excepción. Cuando una circunstancia natural, como es una epidemia, alcanza esas dimensiones desconocidas y, desde luego, imprevisibles para el legislador, puede decirse que lo cuantitativo deviene cualitativo: lo relevante pasan a ser sus efectos, no su causa", explica.

La magistrada María Luisa Balaguer discrepa totalmente. Según recuerda en su voto particular, "la razón del confinamiento domiciliario no era recuperar el orden público ni el correcto funcionamiento de los servicios públicos porque ese funcionamiento normal se vio alterado, precisamente, como consecuencia de esta medida, del mismo modo que quedó alterada la labor del parlamento, o el trabajo en las escuelas y las universidades, o en la administración de justicia". "La razón del confinamiento, y la de otras opciones como los cierres perimetrales o el toque de queda, fue evitar los contagios exponenciales, una medida estrictamente sanitaria, por tanto, cuya finalidad única es prevenir la pérdida de vidas humanas", subraya.

La propia sentencia, según Balaguer, "reconoce que concurrían estos presupuestos fácticos, pero asume que la gravedad de la situación provocada cualificaba los mismos haciendo posible la declaración del estado de excepción". "Como si alarma y excepción fueran situaciones de distinta gravedad dentro de un mismo arco de escenarios de crisis. Pero el legislador no pretendió que los estados de alarma y excepción fueran vasos comunicantes, ni que se pudiera transitar de uno a otro en función de la gravedad de las situaciones de emergencia", afirma.

Uno de los magistrados que se ha mostrado más crítico en este punto con la sentencia ha sido Andrés Ollero. Este exdiputado del PP critica que la sentencia describa "una escala progresiva de mayor incidencia sobre los derechos de los ciudadanos" a la hora de aplicar estas figuras jurídicas, cuando las diferencias entre unas y otras descansa en las causas que llevan a declararlos. Y es que "la realidad ha demostrado que una pandemia puede afectar con más intensidad a determinadas facetas de los titulares de derechos constitucionales que un posible golpe de estado o la invasión de divisiones acorazadas".

Más adelante, lo expone de forma más gráfica: "Cada uno de los estados aludidos podría identificarse con alguna característica peculiar. Una alarma sanitaria tiene como elemento central el riesgo de contagio. En aquellos estados de excepción, afortunadamente lejanos, una saludable multicopista se podía convertir en indicio criminal. En un –por mí, felizmente, no experimentado– estado de sitio, parece aconsejable no acercarse irrazonablemente a los tanques. Si olvidamos rasgos tan elementales, puede que resulte fácil que no acertemos".

En este sentido, el magistrado incide en que el estado de excepción está pensado en la ley para "problemas de orden público con notorias connotaciones políticas" y que el de alarma "remite a catástrofes y situaciones como la actual pandemia". Todos los juicios de proporcionalidad "no están en modo alguno exentos de control" en el estado de alarma de la primavera de 2020 y tal fue así que tanto el Tribunal Constitucional como otros órganos judiciales de menor rango tuvieron que pronunciarse sobre la conveniencia o no de la celebración de manifestaciones por el 1 de mayo.

El ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido abunda en esta idea recordando que "una medida de confinamiento domiciliario puede ser adoptada bajo cualquiera de los dos estados (alarma o excepción), pero el régimen jurídico y las garantías del derecho variarán dependiendo de si nos encontramos ante una restricción (alarma) o ante una suspensión formalmente declarada (excepción)". "Para la sentencia no había que declarar el estado, el de alarma, que mejor se adaptaba al presupuesto de hecho, una pandemia, y que era el que mejor permitía mantener las garantías constitucionales, entre las cuales se encuentra el control de la proporcionalidad de las medidas. No, era preferible innovar y considerar que se cumplía el presupuesto de hecho de otro estado, el de excepción, y que se garantizaban mejor los derechos de los ciudadanos suprimiéndolos", critica.

El presidente del TC centra más su voto particular en defender que el estado de alarma representó "una contribución muy importante para evitar el contagio masivo de una enfermedad entonces desconocida y mortal, produciendo un efecto dirigido a mantener el presupuesto ontológico de todas las manifestaciones humanas, que es la vida y los derechos fundamentales de ciudadanos afectados".

Limitación vs. suspensión de derechos

He aquí uno de los debates jurídicos más extensos que protagonizan tanto la sentencia como los votos particulares. En concreto, si durante el estado de alarma del año pasado hubo derechos fundamentales que se vieron totalmente suspendidos o si sólo fueron limitados. La resolución defiende la primera idea, afirmando que la restricción fue de “altísima intensidad”, lo que llevó de hecho a su suspensión, lo cual excede lo que la ley orgánica permite para los estados de alarma. "Parece difícil negar que una norma que prohíbe circular a todas las personas, por cualquier sitio y en cualquier momento, salvo en los casos expresamente considerados como justificados, supone un vaciamiento de hecho o, si se quiere, una suspensión del derecho", explica el texto, que apunta en el mismo sentido en referencia a la libre elección del lugar de residencia, estrechamente vinculado a ese otro derecho a la libertad de circulación.

Sin embargo, el presidente del tribunal opina que fueron constitucionalmente admisibles aquellas medidas que limitaron la libertad de circulación, "pues no suprimían el ejercicio del derecho y eran proporcionales en la consecución del objetivo público que las justifica". Máxime, añade, "al tener en cuenta que la OMS, desde el primer momento (enero 2020) en una valoración científica y no política, consideró como factores decisivos de la difusión del virus la movilidad y los desplazamientos, así como las reuniones privadas en grupos acumulados". Por eso, recrimina que la mayoría que apoya la sentencia "debería de haber analizado si las restricciones a la libertad deambulatoria obedecían a finalidades legítimas y si se orientaban a ellas de una manera necesaria y proporcionada".

En su opinión, la suspensión de los derechos fundamentales "sólo existe cuando así se acuerda formalmente por el poder público que tiene atribuida esa facultad", algo que, según recuerda, no ocurrió con la declaración del estado de alarma: "Es claro que, en este caso, no se ha adoptado una decisión formal de esta clase, con lo que ninguno de los derechos fundamentales ha sido suspendido en sentido propio". Es decir, si el derecho a la libre circulación hubiese estado suspendido, por definición no cabría recurso posible ante el Tribunal Constitucional.

Conde-Pumpido se muestra de acuerdo en este punto: "En tales estados de crisis (excepción y sitio), los derechos suspendidos perderían su condición de derechos constitucionales. Se produciría una supresión temporal de la vigencia de la norma constitucional. Los correspondientes ámbitos de libertad pasarían a estar intervenidos y regidos, porque así lo habría querido la Constitución para estas situaciones extremas, por lo dispuesto en la ley orgánica a la que la propia norma fundamental se remite. Un derecho en suspenso no sería, en definitiva, un derecho configurado por la Constitución, por más que la ordenación legislativa de su ámbito propio no pudiera incurrir en arbitrariedaden suspenso".

"Es por ello, por lo que suspensión, de una parte, y restricción extraordinaria de derechos, de la otra, operarán en planos jurídicos diferentes: la primera, para los estados de excepción y sitio, produciría que el derecho fundamental suspendido pierda eficacia temporalmente y sea sustituida por la ordenación dispuesta por la concreta ley orgánica; la segunda, para el estado de alarma, produciría que el contenido del derecho fundamental restringido quede con carácter general disminuido, incluso de modo drástico, por el real decreto de declaración de dicho estado, pero sin que desaparezcan algunas de las garantías constitucionales de aquel contenido como es la del sometimiento de tal restricción al cumplimiento del principio de proporcionalidad", explica.

Para el ex fiscal general del Estado, la razón que lleva a la mayoría a calificar como una suspensión una restricción muy intensa de un derecho fundamental "no parece ser otra que, como se ha denunciado, permitir un atajo argumental para lograr una declaración de inconstitucionalidad".

Balaguer, por su lado, reprueba las conclusiones alcanzadas por la sentencia, ya que si la mayoría ha entendido que debió optarse por el estado de excepción para imponer el confinamiento domiciliario, "lo lógico hubiera sido declarar inconstitucional la totalidad del real decreto". "Si la forma elegida era constitucionalmente inviable, lo era con carácter general, porque las medidas no podían fragmentarse, utilizando el estado de excepción para las suspensivas de derechos y el estado de alarma para las meramente limitativas. En suma, o todo es inconstitucional por inadecuación del estado excepcional identificado, o nada lo es, habida cuenta de la imposibilidad de disociar las medidas adoptadas en varios instrumentos normativos distintos", apunta.

En su opinión, "no es posible definir claramente el alcance de la noción de suspensión y, aunque lo fuera, la sentencia tampoco lo consigue". La calificación del confinamiento domiciliario como medida suspensiva de la libertad deambulatoria termina, para esta magistrada "por parecer un ejercicio de voluntarismo cargado de subjetividad, entre otras razones porque olvida que la restricción de movimientos no fue absoluta, en la medida en que se contemplaban un elevado número de excepciones y de razones que justificaban la salida del domicilio".

Es el problema de tener jueces sectarios en todos los estamentos judiciales, para jolgorio del resto de sectarios no pertenecientes a la judicatura: les importa una mierda la realidad, sólo apoyar a los de su cuerda.

La cagada de la mayoría sectaria del Constitucional ha sido inconmensurable.

Como diría Séneca: ¡vaya tropa!

Salú y República.

Séneca escribió:

καλλαικoι escribió:: Ese es otro tema, la mala utilización de las comisiones de investigación, lo que llevo diciendo todo el hilo.

La solución no es quitarlas, es mejorarlas

Parece que ante la imposibilidad de que mejoren lo mejor es quitarla, en dichas comisiones se violan siempre la presunción de inocencia y al final son como las condenas mediáticas, pura propaganda de la oposición en las que intentan compensar las desestimaciones de la justicia.

Pues yo creo que los ciudadanos debemos presionar para que se mejoren, es algo que nos beneficiaría.

καλλαικoι escribió:

Séneca escribió:: Parece que ante la imposibilidad de que mejoren lo mejor es quitarla, en dichas comisiones se violan siempre la presunción de inocencia y al final son como las condenas mediáticas, pura propaganda de la oposición en las que intentan compensar las desestimaciones de la justicia.

Pues yo creo que los ciudadanos debemos presionar para que se mejoren, es algo que nos beneficiaría.

Yo presionare para despolitizar la justicia y que recupere la independencia perdida, pero no presionare para que los políticos se hagan con una justicia paralela, ya la tienen en la prensa y medios de comunicación que controlan donde pueden condenar a inocentes sin pruebas ni sentencias.

Pues mira los países donde funcionan, qué beneficiosas son...

καλλαικoι escribió:: Pues mira los países donde funcionan, qué beneficiosas son...

Los políticos deberían hacer bien su misión, la de gobernar y legislar y la policía, jueces y fiscales deberían hacer bien su trabajo y si es con prontitud, mejor.

Y hacer bien su trabajo también consiste en hacer revisiones para ver los fallos que hubo, para que no se repitan en el futuro. La famosa mejora continua....

καλλαικoι escribió:: Y hacer bien su trabajo también consiste en hacer revisiones para ver los fallos que hubo, para que no se repitan en el futuro. La famosa mejora continua....

Te veo con mucha fe en los políticos, cuando desde el 78 hasta hoy a poco que analicemos su trayectoria llegaríamos a la conclusión de que no son muy de fiar y que por eso hay que exigir una justicia eficaz e independiente que controle al poder politico desde la independencia y no se deje corromper por el.

No es que tenga fe, es que hay que ir mejorando la democracia que tenemos...

V.I.P. Mensajes : 21154 Edad : 71 Localización : Europa.

καλλαικoι escribió:: No es que tenga fe, es que hay que ir mejorando la democracia que tenemos...

El "yutuber" Aitor Guisasola, "Un abogado contra la demagogia" dice tener la solución para mejorar la "democracia" pero sólo tiene algo más de 300.000 seguidores... míralo...

No creo que haya soluciones mágicas que de repente mejoren todo en grado superlativo. Poco a poco, con educación, pero nosotros también somos responsables, no solamente los políticos.

καλλαικoι escribió:: No es que tenga fe, es que hay que ir mejorando la democracia que tenemos...

Sánchez da pasos en contra de mejorar la democracia, copando todas las instituciones y poderes del estado no se mejora la democracia, controla el tribunal de cuentas, el CIS, la empresa que cuenta los votos en elecciones, la fiscalía general del estado y no para de intentar hacerse con el Poder judicial y el Constitucional, por lo tanto te diría que bajes de la nube.

Pero yo no estoy de acuerdo con eso, creo que hay que despolitizar esas instituciones.

καλλαικoι escribió:: Pero yo no estoy de acuerdo con eso, creo que hay que despolitizar esas instituciones.

Pues hay que obrar en consecuencia y cito otro ejemplo que evita depositar demasiada confianza en políticos y gobernantes, RTVE, la televisión publica que todos pagamos y que ven muy pocos por el bodrio de izquierdas en el que la han convertido los políticos que hoy gobiernan y seguramente también los que gobernaron antes.

Séneca escribió:

καλλαικoι escribió:: No es que tenga fe, es que hay que ir mejorando la democracia que tenemos...

Sánchez da pasos en contra de mejorar la democracia, copando todas las instituciones y poderes del estado no se mejora la democracia, controla el tribunal de cuentas, el CIS, la empresa que cuenta los votos en elecciones, la fiscalía general del estado y no para de intentar hacerse con el Poder judicial y el Constitucional, por lo tanto te diría que bajes de la nube.

Falso:

Tribunal de Cuentas (España)

Los Consejeros de Cuentas son nombrados "seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años".

Centro de Investigaciones Sociológicas

Organismo autónomo. Su presidente lo nombra el Gobierno.

Los votos en España no los cuenta ninguna empresa, sino que los cuentan los Presidentes de cada mesa.

Consejo General del Poder Judicial

La Constitución determina en su artículo 122.3:5

El CGPJ tendrá 20 miembros más un presidente.
El presidente del CGPJ será el presidente del Tribunal Supremo.
12 serán jueces o magistrados. El método de elección lo decidirá una Ley Orgánica.
8 serán abogados o juristas. 4 elegidos por el Congreso y 4 por el Senado, en ambos casos por mayoría de tres quintos.
La Ley Orgánica 2/20016 vigente, modificó la Ley Orgánica 6/1985 solo en lo que se refería al sistema de elección:

De los 12 miembros que deben ser jueces o magistrados, son elegidos 6 por el Congreso y 6 por el Senado, de entre una lista de 36 candidatos propuestos por las asociaciones de jueces o por jueces no asociados.

Tribunal Constitucional (España)

El Tribunal Constitucional está integrado por 12 miembros, que ostentan el título de Magistrados del Tribunal Constitucional. Son nombrados por el rey mediante Real Decreto, a propuesta:

De las Cámaras que integran las Cortes Generales. Cuatro de sus miembros son designados por el Congreso de los Diputados y otros cuatro por el Senado, en ambos casos por mayoría de ⅗ de los miembros de cada Cámara. Los nombrados por el Senado provienen necesariamente de candidatos propuestos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas;
Del Gobierno. Son dos;
Del Consejo General del Poder Judicial. Son dos, por mayoría de ⅗ de sus miembros.
El cargo dura nueve años, y para ser nombrado hace falta tener la ciudadanía española y ser magistrado, fiscal, profesor de Universidad, funcionario público o abogado. Hace falta ser, además, jurista de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

Los Magistrados del Tribunal se renuevan por terceras partes cada tres años.

A engañar a quien se deje.

Salú y República.

V.I.P. Mensajes : 44852

Casi se me pasa esta

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marapez escribió:: Casi se me pasa esta

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Que ridículo... "tu amado líder"!

El llobu escribió:

Séneca escribió:: Sánchez da pasos en contra de mejorar la democracia, copando todas las instituciones y poderes del estado no se mejora la democracia, controla el tribunal de cuentas, el CIS, la empresa que cuenta los votos en elecciones, la fiscalía general del estado y no para de intentar hacerse con el Poder judicial y el Constitucional, por lo tanto te diría que bajes de la nube.

Falso:

Tribunal de Cuentas (España)

Los Consejeros de Cuentas son nombrados "seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años".

Centro de Investigaciones Sociológicas

Organismo autónomo. Su presidente lo nombra el Gobierno.

Los votos en España no los cuenta ninguna empresa, sino que los cuentan los Presidentes de cada mesa.

Consejo General del Poder Judicial

La Constitución determina en su artículo 122.3:5

El CGPJ tendrá 20 miembros más un presidente.
El presidente del CGPJ será el presidente del Tribunal Supremo.
12 serán jueces o magistrados. El método de elección lo decidirá una Ley Orgánica.
8 serán abogados o juristas. 4 elegidos por el Congreso y 4 por el Senado, en ambos casos por mayoría de tres quintos.
La Ley Orgánica 2/20016 vigente, modificó la Ley Orgánica 6/1985 solo en lo que se refería al sistema de elección:

De los 12 miembros que deben ser jueces o magistrados, son elegidos 6 por el Congreso y 6 por el Senado, de entre una lista de 36 candidatos propuestos por las asociaciones de jueces o por jueces no asociados.

Tribunal Constitucional (España)

El Tribunal Constitucional está integrado por 12 miembros, que ostentan el título de Magistrados del Tribunal Constitucional. Son nombrados por el rey mediante Real Decreto, a propuesta:

De las Cámaras que integran las Cortes Generales. Cuatro de sus miembros son designados por el Congreso de los Diputados y otros cuatro por el Senado, en ambos casos por mayoría de ⅗ de los miembros de cada Cámara. Los nombrados por el Senado provienen necesariamente de candidatos propuestos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas;
Del Gobierno. Son dos;
Del Consejo General del Poder Judicial. Son dos, por mayoría de ⅗ de sus miembros.
El cargo dura nueve años, y para ser nombrado hace falta tener la ciudadanía española y ser magistrado, fiscal, profesor de Universidad, funcionario público o abogado. Hace falta ser, además, jurista de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

Los Magistrados del Tribunal se renuevan por terceras partes cada tres años.

A engañar a quien se deje.

Salú y República.

Se cita el llobu porque le faltó la Fiscalía General del Estado:

La persona titular es nombrada y cesada por el rey de España a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. La elección debe recaer entre juristas de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. Tiene carácter de autoridad en todo el territorio español.

Salú y República.

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Salú y República.

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El llobu escribió:: [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]

Salú y República.e

Ayuso echó maná de pancartas a favor de presos etarras en las universidades cuando le preguntaron por esto en un giro completamente inesperado... geek

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