El caso de las residencias

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Familiares de residencias entregarán a la Fiscalía más de 200.000 firmas para pedir "justicia y reparación"

Tras pedirlo en tres ocasiones y esperar ocho meses, familiares de mayores usuarios de residencias se reunirán este miércoles con la Fiscalía General del Estado. Según han informado en una nota de prensa conjunta la Plataforma estatal de organizaciones de familiares y usuarios de residencias, Marea de residencias y la Federación galega de usuari@s e familiares (REDE), el encuentro tendrá lugar a las 10 horas y en él estarán presentes siete representantes de las organizaciones y el fiscal general, Álvaro Ortiz, al que entregarán 209.000 firmas en favor de realizar "investigaciones exhaustivas que garanticen justicia y reparación a las víctimas y sus familiares".

Todos esos apoyos tienen su origen en dos iniciativas distintas. La primera, que se publicó en Change.org, la emprendieron el periodista de investigación de infoLibre Manuel Rico y el abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València Fernando Flores y ha conseguido, a 31 de enero, más de 135.600 apoyos. La segunda fue iniciada poco después por Amnistía Internacional, que bajo el lema "Las personas mayores muertas en residencias merecen justicia. ¡Actúa!", ha conseguido más de 73.200.

Con todas ellas, los familiares solicitaron una primera reunión con la Fiscalía el pasado 3 de junio, cuando todavía estaba al frente Dolores Delgado. Ante la ausencia de respuesta, volvieron a intentarlo el 22 de julio, ya con Ortiz al frente de la institución que, lejos de variar el trato a los familiares, tampoco respondió. La última petición fue en noviembre y ahora, dos meses después, ha llegado la contestación. "En las tres misivas se hacía hincapié en la intención de las organizaciones de familiares y usuarios de entregar al fiscal la totalidad de las firmas recabadas en Change.org y en el portal de Amnistía Internacional, además de solicitar una reunión con la cabeza visible del Ministerio Público 'para que conozca de primera mano lo que pensamos las usuarias de las residencias y sus familiares' sobre la (no) acción de la justicia y de la fiscalía para esclarecer y dar luz a la tragedia acontecida", resaltan en su nota de prensa.
"Las familias tenemos una decepción absoluta con la (no) intervención de la Fiscalía (y de la justicia en general). Nos hemos sentido absolutamente abandonados, hemos sentido que no se ha investigado lo suficiente", lamenta Paulino Campos, presidente de Rede, que recuerda que fueron las asociaciones de Galicia y Cataluña las que presentaron las primeras denuncias masivas contra residencias. "En Galicia contra 52 centros donde se tenía constancia de la existencia de covid y en Cataluña contra 31 residencias con datos y testimonios muy concretos conforme se negaba la posibilidad de trasladar a residentes infectados a los hospitales", denuncia.
Según los datos de Rico, allí murieron 2.797 ancianos sin ser derivados. Pero ocurrió en más comunidades: en Madrid fueron 7.291; en Castilla y León, 2.338 (el 70% sin ser trasladados); en Castilla-La Mancha, 2.170 (de los cuales el Gobierno de Emiliano García-Page se niega a aclarar cuántos no tuvieron la oportunidad de ser trasladados a un hospital). "Resulta prácticamente imposible, sin la información adecuada, saber quiénes habían denegado el acceso a la sanidad, a los hospitales. Solo una investigación a fondo, equitativa, garantista, puede sortear la opacidad y el ocultamiento de la verdad, pero esa voluntad investigadora no existió nunca en los juzgados y en las fiscalías, salvo honrosas excepciones. No se investigó, que era lo mínimo que se espera de la Justicia ante hechos tan graves como la hecatombe ocurrida en las residencias españolas, con 35.000 personas fallecidas", lamenta Campos, que confiesa que se les hace "difícil creer en los gestos" de la Fiscalía.
Aun así, confían en que el encuentro de este miércoles pueda ser un punto de inflexión. "Yo creo que debería cambiar algo. Una sociedad y un Estado que se hace llamar 'de derecho' no puede pasar página y cerrar un capítulo tan negro sin investigar en profundidad y ofrecer justicia. Las familias no van a poder pasar página si no se hace justicia", afirma María José Carcelén, portavoz de La Plataforma y presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residències 5+1. "Si ante una situación de vulneración de derechos fundamentales como esta, todo queda impune, si trasladamos a la sociedad que la gente mayor puede sufrir exclusión sanitaria, estamos condenados a repetir lo que pasó en la próxima pandemia", añade.
María Jesús Valero, de Marea de Residencias, también confiesa estar "esperanzada". "Siempre decimos que la esperanza es lo último que vamos a perder, y a la reunión vamos con ganas", dice. Al igual que Campos y Carcelén, acudirá a la Fiscalía "en representación de todos los familiares", para que por fin puedan ser "escuchados". "Nos han vulnerado el derecho a defendernos, a declarar, y a cerrar el luto después de tres años. Ya no solo luchamos por saber las razones por las que murieron tantos ancianos, sino por comenzar una investigación", añade.

Orden a los fiscales para rendir cuentas

El pasado mes de octubre, el Ministerio Público dio orden a los fiscales superiores para que rindan cuentas sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación con el fallecimiento de personas en estos centros sociosanitarios y, sobre todo, para escuchar a las familias, un movimiento que les dio esperanzas para que, al fin, se esclarezca lo ocurrido. Sin embargo, no era la primera vez que se daba ese paso. Ya en febrero, Delgado anunció lo mismo después de que Amnistía Internacional denunciase la "deficiente" investigación sobre las muertes de residentes durante los momentos más negros de la pandemia.
Poco después, en marzo, la misma organización emitió un demoledor informe en el que aseguraba que que, durante la primera ola del covid, se cometió una "violación del derecho a la salud" de los mayores. De hecho, la suya fue "la mayor violación de derechos humanos de la pandemia". No fue la única. Según un informe de Médicos Sin Fronteras publicado en agosto de 2020, muchos de los ancianos que fallecieron en centros de mayores durante las primeras semanas de la pandemia lo hicieron solos, "deshidratados, en agonía y sin cuidados paliativos". Y en miles de casos, además, sin posibilidad de ser derivados a hospitales que les atendieran.
Por eso las familias exigirán este miércoles, "por enésima vez", que la justicia y los parlamentos "entren en las residencias para construir ese relato imprescindible que posibilite un cambio de rumbo para dejar atrás de una vez por todas la situación inmunda que soportan y sufren las personas mayores y las personas con discapacidad en las residencias", sentencia Campos. "Estamos preparados", añade Valero.

https://www.infolibre.es/politica/familiares-residencias-entregaran-fiscalia-200-000-firmas-pidiendo-investigacion-exhaustiva_1_1415234.html

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Los juzgados mantienen abiertas 106 causas por las muertes en residencias

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha informado este miércoles a representantes de organizaciones de familiares de personas fallecidas en las residencias durante la pandemia que, a fecha 30 de septiembre de 2022, había 106 procedimientos judiciales en trámite y otros 34 archivados por órganos judiciales, la mayoría en 2022. De ellos, 20 se incoaron por denuncia o querella del Ministerio Fiscal y la institución recurrió 31 autos de archivo, de los cuales 19 han sido estimados, cuatro han sido desestimados y ocho están pendientes de resolución.

Las cifras han sido facilitadas a los siete representantes de plataformas de familiares y usuarios de residencias, que este miércoles, tras tres peticiones y ocho meses de espera, se reunieron con el fiscal general en la sede del Ministerio Público. En el encuentro han participado también la fiscal de Sala Coordinadora de Atención a las Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra; la fiscal de Sala Jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León, y otras fiscales de esta unidad.

Los datos proceden de las fiscalías superiores de los TSJ de las distintas comunidades autónomas y tienen su origen en una orden, emitida el pasado mes de octubre, en la que la Fiscalía solicitaba rendir cuentas sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación con el fallecimiento de personas en estos centros sociosanitarios y, sobre todo, para escuchar a las familias, que entonces pensaron que se abría una vía para esclarecer lo ocurrido. Ahora, como han reconocido en una rueda de prensa posterior al encuentro, los familiares están "decepcionados". "Llegamos insatisfechos y nos vamos con un sentimiento similar", ha confesado Paulino Campos, presidente de REDE, una de las plataformas presentes. "Sabemos que el fiscal general se va a preocupar por nuestra situación, pero la reunión no ha ido mucho más allá", ha añadido.
María José Carcelén, portavoz de la plataforma estatal y presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residències 5+1, ha lamentado también no haber salido con un "compromiso firme" de que los 34 procesos archivados "se reabran y se investiguen" y de que la palabra de los familiares sea prioritaria. "Tres años después seguimos pidiendo que se escuche a las familias. Se tenía que haber hecho antes y ni siquiera ahora tenemos la certeza de que vaya a ocurrir", ha dicho. "No hay ninguna garantía de que se reabra nada", ha añadido Miguel Vázquez Sarti, de Pladigmare. "He venido a buscar un compromiso serio, formal y de palabra, y no lo he encontrado", ha lamentado por su parte María Jesús Valero, de Marea de Residencias.
Durante el encuentro, que se alargó más de dos horas, las organizaciones entregaron las 209.000 firmas recabadas durante meses para pedir "justicia y reparación" para los fallecidos en las residencias durante la primera ola del covid y sus familias. Todos esos apoyos tienen su origen en dos iniciativas distintas. La primera, que se publicó en Change.org, la emprendieron el periodista de investigación de infoLibre Manuel Rico y el abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València Fernando Flores y ha conseguido, a 1 de febrero, 135.700 apoyos. La segunda fue iniciada poco después por Amnistía Internacional, que bajo el lema "Las personas mayores muertas en residencias merecen justicia. ¡Actúa!", ha conseguido 73.391.

Escuchar a las familias y replantear el modelo residencial

Según ha detallado la Fiscalía, la mayor parte de las diligencias abiertas en las fiscalías de los TSJ autonómicos, que han sido más de 400, se iniciaron durante 2020 y la primera mitad de 2021, y concluyeron antes de 2022. Según el Ministerio Público, los motivos de ellos son o bien que algunos de esos hechos estaban ya judicializados o bien que no se había podido acreditar la comisión de un hecho delictivo.
Por otro lado, el fiscal general ha insistido en la voluntad que ya mostró en la orden emitida el pasado mes de octubre: hay que escuchar a los familiares. Por eso, ha informado la Fiscalía, ya se está solicitando su audiencia en todos los procesos en los que no se hubiera acordado de oficio, incluso en las archivadas si los familiares así lo solicitan. Sin embargo, los familiares dudan. "No nos están permitiendo defendernos, declarar y presentar más documentación", ha lamentado Valero.
Por último, García Ortiz ha resaltado durante el encuentro que "la pandemia ha constatado la necesidad de replantear el modelo residencial de nuestro país", recalcando que para la Fiscalía "el ámbito de la prevención, la asistencia y la protección es de gran importancia". En este sentido, el Ministerio Público ha asegurado que los fiscales realizan inspecciones periódicas y ha recordado en este sentido que ya dictó una instrucción hace un año para que las sujeciones en las residencias —tanto físicas como farmacológicas— sean medidas temporales y adoptadas bajo suscripción y supervisión médica.

https://www.infolibre.es/politica/fiscalia-general-informa-hay-106-causas-abiertas-muertes-residencias_1_1416592.html

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