CORRUPCIÓN A LA SOMBRA DEL PODER

EL TRIBUNAL SUPERIOR RATIFICA LA IMPUTACIÓN AL DUEÑO DE MARTINSA

El expresidente del Real Madrid pagó 11 millones de euros a Francisco Correa
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), actuando como ponente su presidente, Francisco Javier Vieira, confirmó en un auto del pasado 13 de octubre que la decisión del magistrado que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, de citar a declarar como imputado al presidente de la promotora Martinsa, Fernando Martín Álvarez, fue conforme a la legalidad. De esta forma, la Sala mantiene al empresario su situación de imputado en el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción de la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular.

El dueño de Martinsa está imputado en el caso Gürtel por su relación con la comisión presuntamente ilegal cobrada por el cerebro de la trama, Francisco Correa. Según el sumario, este percibió más de 11 millones de euros por intermediar con el exalcalde y otros cargos del Ayuntamiento de Arganda del Rey para que Martinsa fuera la adjudicataria de varias parcelas, en las que estaba prevista la construcción de más de un millar de viviendas.

La investigación policial, que incluye la documentación remitida por las autoridades suizas, sostiene que el empresario Fernando Martín, que fue presidente del Real Madrid, transfirió los 11 millones de euros desde una cuenta de su propiedad, con fondos originarios de Panamá. Esta cuenta había sido abierta con el nombre de "finca", según las autoridades helvéticas. Las últimas pesquisas apuntan a que la cifra pagada por Martinsa podría sumar un total de 22 millones, cifra récord en la instrucción del caso Gürtel.

Martín, que acudió a la sede del TSJM el pasado 14 de julio a declarar como imputado, al ser citado por Pedreira, se negó a testificar, pero leyó un comunicado en el que aseguraba no haber hecho negocios con los miembros de la red presuntamente dirigida por Francisco Correa. Pedreira se inhibió del caso después de que los diputados de la Asamblea implicados en la trama dimitieran -y por tanto perdieran su fuero-, días antes de las pasadas elecciones autonómicas del 22 de mayo. Ello plantearía el regreso del caso a la Audiencia Nacional, donde se inició la instrucción, pero este se encuentra paralizado por los recursos presentados a la inhibición. La defensa de Martín considera que el apartamiento de Pedreira le obligaba a postergar las decisiones sobre los nuevos imputados, como Martín o Elena Villarroya, exmujer del que fuera regidor de Boadilla del Monte Arturo González Panero. Sin embargo, el auto del TSJM sostiene que, hasta que la inhibición no sea firme, la continuación de la instrucción "es obligada": "Es efectivamente anómala, desde el punto de vista procesal la situación de la causa, al haber declarado esta Sala que ya no le corresponde continuar el conocimiento del asunto, decisión con la que, además, están todas las partes de acuerdo", argumenta el auto. Pero ante la imposibilidad de remitir, por ahora, la causa al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, la investigación no puede verse paralizada: "De hacerse así podrían desaparecer fuentes de prueba o producirse circunstancias que dificultaran o impidieran la persecución de hechos delictivos, como la prescripción de la infracción criminal por inactividad procesal". El escrito del presidente del TSJM asegura que todas las diligencias practicadas por los sucesivos instructores "son perfectamente válidas".

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] 24.10.11

HACIENDA DESTAPA LA FÓRMULA FRAUDULENTA DEL ENTRAMADO GÜRTEL

La Agencia Tributaria describe cómo Correa blanqueaba y eludía al fisco

"Típico o de libro", así califica un informe de la Agencia Tributaria el diseño de las estructuras opacas del entramado societario de Gürtel, liderado por Francisco Correa y creado con el fin de eludir la acción del fisco y blanquear dinero.

La red eludía el control al no inscribir la compra o venta de acciones

El informe califica de "hombre de confianza" al asesor fiscal de Correa

La investigación de Hacienda describe cinco tipos de sociedades en la red Blanco

Balín podría haber recibido parte del botín de la visita del Papa

La Agencia Tributaria explica claramente cuál ha sido el sistema de la red: Para ocultar la titularidad de patrimonios y sus rentas, estos se inscriben bajo la titularidad formal de una sociedad española que recibe fondos (a través de su constitución y ampliaciones de capital o préstamos) de un socio único extranjero. Este socio es realmente una sociedad que, a su vez, es propiedad de una tercera mercantil residente en un paraíso fiscal o territorio no cooperante. Normalmente, tal como explica el informe, el administrador de la sociedad española es un hombre de paja, "alguien vinculado al despacho de los asesores fiscales", mientras que los propietarios últimos de la sociedad extranjera pueden no llegar a conocerse. "Si es preciso, la cadena de sociedades puede alargarse hasta el infinito, y su residencia situarse en países convenientes a los fines que se persiguen", asegura el documento entregado por la Agencia tributaria al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El mismo informe explica "otro esquema más simple" que consiste en la creación de una sociedad mercantil en España, inscrita en el Registro Mercantil con información sobre su asesor fiscal y empleados como socios fundadores y administradores. A continuación, esta sociedad vende sus acciones o participaciones a quienes van a ser los dueños reales, sin que la venta conste en el Registro Mercantil ni en las bases de datos de la Agencia Tributaria, que pasa a "desconocer por completo a los titulares reales". "Es un mecanismo sin complejidad jurídica, pero que de hecho también sirve para ocultar la titularidad real", sostiene la Agencia Tributaria.

Hacienda ha elaborado este informe después de que el asesor fiscal de Correa, Ramón Blanco Balín, solicitara el sobreseimiento de su causa. El magistrado que aún instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, solicitó a la Agencia Tributaria que indicara en un informe los indicios o pruebas que sostuvieran la acusación de cooperación necesaria para la comisión de delito fiscal por la que está imputado el asesor. Hacienda afirma que Ramón Blanco, "al aportar sus especializados conocimientos en el tema, diseñar la estructura, ordenar o intervenir en operaciones, llegando hasta asumir la administración de una sociedad patrimonial española dedicada a estos fines, está desempeñando un papel indispensable para la consecución de los fines de la trama".

La Agencia Tributaria, incluso, eleva el grado de implicación de Blanco Balín y sostiene que de "todas las referencias documentales concretas, pudiera deducirse que más que un simple asesor fiscal era, junto con Pablo Crespo, un auténtico hombre de confianza de Francisco Correa, controlando la administración de muchas sociedades y participando personal y directamente en algunos de sus negocios (en particular, operaciones en Boadilla del Monte)".

Respecto a la tipología de sociedades que forman parte del entramado de Correa, el informe describe cinco modalidades: las que desarrollan actividades empresariales (Orange Market, Special Events o Easy Concept); las que tienen funciones complementarias (Pasadena Viajes); las que se utilizan para realizar inversiones inmobiliarias de carácter especulativo (Hator Consulting); las que son titulares de cuentas bancarias en paraísos fiscales y territorios no cooperantes (entre las que se encuentran varias domiciliadas en Antillas Holandesas, Nevis, lslas Vírgenes); y las que tienen como única finalidad el dar opacidad a un patrimonio situado en España (Osiris Patrimonial, Inversiones Kintamai o Caroki).

Además expone, a modo de ejemplo, algunos casos concretos extraídos del análisis de la voluminosa documentación que obra en las diligencias. Uno de ellos hace referencia a la creación de Osiris Patrimonial, inscrita por el propio Blanco Balín y un empleado de su despacho. Tres meses después entró en el accionariado Clandon BV, una entidad residente en Holanda que, a su vez, era propiedad de Lubag, domiciliada en Antillas Holandesas. Posteriormente, Blanco Balín y su empleado vendieron sus acciones a la propia Osiris Patrimonial, pero este cambio no se inscribió en el Registro Mercantil, por lo que no se hizo público que el socio único de Osiris era Clandon BV.

Pese a que no era el motivo del informe, la Agencia Tributaria se refiere también a que "la complejidad de la conducta desplegada, el empleo de cadenas de sociedades y cuentas bancarias situadas en diversos territorios, consigue, precisamente, lo que pretende: hacer difícil llegar a conocer toda la realidad de las operaciones y personas a las que estas deben imputarse". Por ello, señala, se justifica el tiempo que lleva en marcha la instrucción.

El informe de la Agencia Tributaria aborda otros documentos incautados y hace referencia a las anotaciones "Ramón" o "R", que, según indica, "nos llevan a la plausible participación del Sr. Blanco identificado como R". Entre los escritos en los que aparece esta referencia se encuentra el que "parece ser" el reparto de comisiones entre miembros de la organización de Correa, obtenidas de Teconsa por el contrato por la televisión pública valenciana por la visita del Papa, en julio de 2006. La constructora leonesa logró, supuestamente tras la mediación de Correa, que RTVV le adjudicara un contrato por 6,4 millones que luego subcontrató por 3,1 millones de euros a tres empresas especializadas en estos servicios.

El desglose de los tres millones de euros de la comisión que se repartieron, según la documentación incautada a la trama, señalan a seis receptores. Al margen de la parte que se quedó Teconsa, según la policía, Correa cobró por las gestiones un 30% de la comisión, es decir, 900.000 euros; Pablo Correa, un 21%, 630.000 euros; Álvaro Pérez El Bigotes, un 16,67%, 500.000 euros; el ahora exdirector de la televisión pública valenciana, Pedro García, que aún no está imputado pese a la petición de la fiscalía, otros 16,67%, 500.000 euros, mientras que "R", que podría corresponder al nombre de Ramón Blanco Balín, habría cobrado un 9% de la comisión, 270.000 euros.


No me extraña que quieran que el Papa vuelva!!!

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] 27.10.11

marapez escribió:

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joder !! mara ... que a mi don vito me caia bien.....

Grizzlyman escribió:

marapez escribió:

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joder !! mara ... que a mi don vito me caia bien.....

Acabo de descubrir tu lado oscuro!!!

marapez escribió:

Grizzlyman escribió:

marapez escribió:

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Acabo de descubrir tu lado oscuro!!! [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]

fijate ..que uno de los nombres que baraje para foro .. fue luca brassi el asesino de confianza y mas fiel de Don Vito ...

marapez escribió:

Grizzlyman escribió:

marapez escribió:

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Estoy descubriendo cosas de ti, que no se si me gustan!!

marapez escribió:

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Grizzlyman escribió:

marapez escribió:

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hombre ... luca no era gran cosa ...pero don vito era un tio elegante...y cuidaba de su familia y sus intereses mejor que los politicos patrios de nuestros intereses.... y no te metas con don vito que es cosa de familia....o tendre que hacerte una oferta que no podras rechazar...

Grizzlyman escribió:

hombre ... luca no era gran cosa ...pero don vito era un tio elegante...y cuidaba de su familia y sus intereses mejor que los politicos patrios de nuestros intereses.... y no te metas con don vito que es cosa de familia....o tendre que hacerte una oferta que no podras rechazar...

Ojo que por aqui hay mucho "tio elegante"

LA POLICÍA DESCUBRE PAGOS DE CORREA A CARGOS DE AENA EN LA ETAPA DE CASCOS

La entrega de dádivas coincide con la adjudicación de contratos por 2,4 millones

La red corrupta Gürtel obtuvo de la sociedad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) la firma de contratos por un total de 2,4 millones de euros. Ahora, la policía ha desvelado cómo dos directivos de este organismo público estatal recibieron, según la contabilidad incautada a la trama, dádivas en forma de viajes, obras particulares y dinero en efectivo. Estos pagos coinciden en el tiempo con la firma de los contratos en los que, según la policía, participaron dichos empleados. Las operaciones se realizaron entre 2001 y 2002, cuando el ahora presidente del Principado de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, era ministro de Fomento y el máximo responsable de AENA.

Uno de los directivos niega haber percibido regalos de la trama

La organización de eventos para el Partido Popular posibilitó a la red corrupta Gürtel "establecer un conjunto de relaciones" con responsables del "aparato del partido" que le permitieron "obtener negocio en aquellas Administraciones públicas gobernadas por personas pertenecientes a dicha formación política". Así de claro explica el informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la policía cómo llegó el cabecilla de la trama hasta AENA, un organismo dependiente del Gobierno que entonces presidía José María Aznar.

La policía ha destapado el pago de comisiones, por un valor total de más de 85.000 euros, en un documento, realizado a partir de la contabilidad de las sociedades de la red Gürtel.

Sin embargo, fue el propio Correa quien, en su declaración ante el juez Baltasar Garzón, en 2009, admitió su relación con Cascos y con AENA. "Una de las cuentas que teníamos entonces era de AENA porque Paco Cascos, con el que yo tenía una cierta relación, me dio la cuenta de AENA y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur [Feria Internacional de Turismo] y se hacían un montón de eventos", dijo Correa ante el juez. Desde entonces, no se había realizado ninguna pesquisa sobre la relación de la trama con este organismo del Gobierno.

Álvarez-Cascos, que en su día negó haber favorecido al jefe de la trama Gürtel, rechazó ayer hacer cualquier tipo de valoración sobre el informe de la policía.

El documento entregado por la policía al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, sostiene que uno de los receptores de las comisiones, el director de Comunicación del ente, Ángel López de la Mota, participó en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas que rigieron la contratación de las empresas de Correa para la realización de los expositores de AENA en las ferias de Fitur de 2001 y 2002.

El informe indica que las dádivas a los empleados "responderían a contraprestaciones por el favorecimiento a las empresas". Y marca la ilegalidad de su actuación en la "elaboración de pliegos, donde se establece un sesgo que permite ya sea establecer más baremo a cuestiones subjetivas (...) ya sea modificar las ponderaciones de la valoración económica ad hoc de la oferta de la empresa patrocinada".

Ángel López de la Mota admitió ayer que fue él quien firmó tanto los pliegos de condiciones como la conformidad de las adjudicaciones, pero que "ni yo redacté los pliegos, ni adjudiqué los contratos". El directivo, que aseguró que jamás recibió indicaciones de Fomento sobre a quién debía contratar, explicó que los viajes corresponden a servicios turísticos que contrató con una de las empresas de Correa pero que, tal como afirma "los pagué todos", aunque no guarda dichas facturas. Aún así, admite que recurrió a esta empresa porque la conocía de su trabajo anterior, en el PP, partido para el que trabajó durante 10 años. "Esperaba alguna deferencia, algún descuento, pero cuando vi lo que me facturaban, dejé de contratarles", señaló. López de la Mota, que manifestó su extrañeza sobre la existencia tanto de estas facturas en la contabilidad de la trama como de las anotaciones sobre la reforma de su casa, que "yo contraté directamente y yo pagué", dijo.

El informe destaca el intento de la trama por ocultar las facturas y sostiene que la organización, "consciente de que los documentos reflejan el pago de las obras de carácter particular y son al menos comprometedores", dio instrucciones "para que se guardaran en una carpeta dentro de una caja fuerte".

Las facturas y documentos de la carpeta 'Embolados'

La información de las supuestas comisiones pagadas por la trama Gürtel al entonces director de comunicación de AENA, Ángel López de la Mota, figura en documentos y archivos, tanto en soporte papel como informático, hallados entre la documentación y contabilidad incautada a las sociedades de la trama Gürtel durante los registros efectuados en sus sedes. Los documentos, según figura en el informe remitido por la policía al instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, se encontraban en una carpeta en la que figuraba como título "Embolados".

En soporte de papel, la policía hace mención a documentos sobre el supuesto pago de las reformas de la casa de López de la Mota, que él asegura haber pagado directamente. Sin embargo, la documentación incautada a la trama incluye varias facturas de empresas de albañilería y decoración sobre las que existen otras tantas anotaciones en las que se puede leer "Casa Ángel López de la Mota", "Pagos casa A. López de la Mota" o "Resumen obra Ángel López de la Mota".

El desglose efectuado por la policía también indica que la red de Correa pagó otros gastos a Mota, hasta un total de 54.702,43 euros. Así, bajo el epígrafe "Detalle gastos personales AENA" figuran un viaje de la familia Mota a Eurodisney en abril de 2001; un viaje a Menorca en agosto de ese año (5.462,40 euros); el alquiler de un vehículo en La Palma, en septiembre de 2001; la estancia en el hotel Blanca de Navarra en febrero de 2002; la estancia en el Hotel Iberostar Palace-Fuerteventura; tres billetes de avión Madrid-Fuerteventura y el alquiler de un vehículo allí (2.627,04 euros); la estancia en el Hotel Playa la Barrosa, en Chiclana, en julio de 2002 (3.294, 40 euros) y un billete de avión Madrid-Dublín (Irlanda) en agosto de 2002.

El otro trabajador de AENA que percibió dádivas de la red corrupta es José María Gavari, quien, según la policía, trabajaba en el mismo departamento que López de la Mota. En el mismo cuadro, la contabilidad de la trama sumó 10 entregas de dinero en efectivo por un total de 9916,70 euros entre febrero y diciembre de 2001; cuatro billetes de avión Tenerife-Madrid y el alquiler de un vehículo en la isla; un viaje de la familia Gavari a Eurodisney en abril de 2001; otro viaje a Menorca en abril de 2001 (5.462.40 euros); el alquiler de una furgoneta en mayo de 2002 y billetes de avión Madrid-Tenerife de cinco personas en agosto de 2002 (1.504,36 euros), entre otros.

Eterna instrucción

- El grueso del caso Gürtel todavía está en fase de instrucción, es decir, de investigación. La policía aún tiene pendientes de analizar cerca de 200.000 folios.

- La competencia sobre la instrucción se encuentra en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque volverá a la Audiencia Nacional, porque ya no hay aforados entre los imputados.

- Los Tribunales Superiores de Valencia y de Castilla y León tampoco han concluido sus investigaciones, excepto en el caso de los trajes, sobre la ramificación del caso en ambas comunidades.

- Hasta que finalice la investigación, los jueces no fijarán los nombres de quiénes serán juzgados.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] 03.11.11

EL SUMARIO LLEGA A LA AUDIENCIA NACIONAL CON CAJAS DE DOCUMENTOS AÚN SIN ANALIZAR

El juez del Supremo que lleva el caso Gürtel enviará hoy decenas de miles de folios del sumario a la Audiencia Nacional, entre los que se encuentran cajas repletas de papeles aún sin analizar que fueron descubiertas por la policía en una nave de Alcorcón (Madrid). En ellas figuran documentos relativos a viajes de placer que la trama Gürtel pagó a cargos del PP. Otros papeles sin analizar hacen referencia a la boda de la hija del expresidente del Gobierno José María Aznar, así como a parte de la contabilidad b de la red Gürtel.

No se descarta que una vez que el sumario esté en manos de la Audiencia Nacional -en concreto, del Juzgado Central de Instrucción número 5, donde comenzó a investigar este asunto el juez Baltasar Garzón-, alguna de las partes recurra la competencia de este tribunal y exija que el caso sea desgajado e investigado en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid pertenecientes a localidades donde se cometieron algunos de los delitos relacionados con la trama.

Recurso rechazado

El Supremo confirmó ayer que será la Audiencia Nacional la que investigue este caso después de que el instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, se inhibiera en favor de este tribunal. El alto tribunal rechazó el recurso presentado por el exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas contra la decisión del TSJM, que el pasado julio avaló la inhibición de Pedreira.

La devolución a la Audiencia Nacional de la instrucción y el eventual enjuiciamiento posterior de las actuaciones del caso Gürtel fue acordada el pasado 8 de junio por el instructor en el TSJM tras dejar de ser aforados tres de los procesados en la causa: los exdiputados de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. Un mes después, la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal confirmó la decisión. Tras inhibirse Pedreira, consideró que las diligencias debían ser remitidas al primer tribunal que instruyó la causa.

De esta forma, estimó el recurso de súplica del abogado del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, al que se adhirieron las del considerado número dos de la misma, Pablo Crespo, y de los también procesados Felisa Isabel Jordán, Alfonso Bosch, Fernando Martín y Alberto López Viejo. A ello se opusieron el ministerio fiscal y los letrados de Bárcenas y del exdiputado del PP Jesús Merino.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] 29.11.11

LA TRAMA CORRUPTA GÜRTEL SIENTA A GARZÓN EN EL BANQUILLO DEL SUPREMO

Los jefes de la red delictiva que salpica al PP piden para el juez que les encarceló hasta 17 años de inhabilitación por pinchar sus conversaciones con abogados

El juez Baltasar Garzón, magistrado reconocido internacionalmente por la instrucción de casos relacionados con crímenes contra la Humanidad, el terrorismo etarra y las redes del narcotráfico, enfilará mañana la escalinata del Tribunal Supremo hacia el que previsiblemente será el último acto de su trayectoria judicial: se sentará en el banquillo de los acusados para ser sometido a juicio por supuesta prevaricación al haber intervenido las comunicaciones en prisión de los jefes de la red Gürtel, a los que encarceló, con sus abogados. La red Gürtel es la mayor trama de corrupción política de España vinculada al PP.

Varela y Marchena, los instructores de los otros procesos, están en el tribunal

El magistrado vuelve al banquillo el día 24 por abrir la causa del franquismo

Dos antiguos compañeros de Garzón son ahora sus acusadores

El testimonio del juez que prorrogó las escuchas ha sido rechazado

La acusación, sustentada por los jefes corruptos, Francisco Correa y Pablo Crespo, además de por el abogado Ignacio Peláez, que representa al empresario vinculado a la trama José Luis Ulibarri, reclaman entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su derecho de defensa al haber intervenido sus comunicaciones en prisión, incluidas las mantenidas con sus abogados. Correa y Crespo, que supuestamente repartieron millones entre cargos del PP para conseguir sustanciosos contratos, siguen en prisión desde que los encarceló Garzón, pero han dispuesto de medios sobrados para pagar unos abogados muy caros que han conseguido sentar al juez Garzón en el banquillo y, muy posiblemente, acabar con su carrera para siempre. Entre esos letrados, hay dos antiguos colegas de Garzón en la Audiencia: el exjuez José Antonio Choclán, abogado de Correa, y el exfiscal Ignacio Peláez, que promovió la querella inicial. Si Garzón es condenado, será expulsado de la carrera judicial.

El pesimismo sobre la suerte del magistrado, que lleva casi dos años suspendido de funciones, pesa en su entorno. El desarrollo de la instrucción, en paralelo con otras dos causas que tiene abiertas -por investigar crímenes del franquismo y por cobros de dos cursos jurídicos impartidos en Nueva York y en los que otro juez lleva más de dos años buscando un supuesto cohecho- dejan pocos resquicios, según su entorno, sobre las intenciones de la Sala Penal del Supremo. Y la arremetida final del instructor del caso de las escuchas, Alberto Jorge Barreiro, cierra virtualmente cualquier especulación sobre un resultado distinto al de culpable, según las mismas fuentes. Garzón, según Barreiro, al ordenar las escuchas a los abogados lesionó "uno de los principios básicos del sistema penal, retrotrayéndonos a un estatus procesal anterior al Estado de derecho". Las escuchas a los abogados fueron anuladas por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Aunque la fiscalía solicitó desde un primer momento el sobreseimiento y ahora reclama la absolución asegurando que Garzón no cometió ningún delito, los distintos fiscales que han intervenido en los tres procesos han visto rechazadas una y otra vez todas sus peticiones.

La defensa de Garzón, a cargo del abogado Francisco Baena Bocanegra en este proceso, ha visto rechazadas por el Supremo sus principales peticiones de prueba: la declaración del juez del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira, que tras suceder a Garzón en la instrucción prorrogó las escuchas, y la de las dos fiscales Anticorrupción que las validaron. El testimonio de Pedreira era clave para la defensa, dado que este juez no solo prorrogó las escuchas sino que desestimó los recursos de los imputados y resolvió sobre las propuestas de las fiscales respecto a qué escuchas debían incorporarse a la causa.

El juicio se desarrollará en principio en tres sesiones de mañana, que son las que el Supremo considera suficientes para liquidar el asunto. Se trata de un proceso técnico, basado en la prueba documental, y sin poder contar con la versión del juez Pedreira y la de las dos fiscales Anticorrupción el interés de las sesiones queda restringido a las explicaciones que el propio Garzón exponga durante su interrogatorio. A renglón seguido, a Garzón le espera nuevamente el banquillo el próximo día 24, en que afrontará su segundo juicio por la investigación de los crímenes del franquismo, hasta mediados de febrero.

Durante los dos años que ha durado el proceso del Supremo a Garzón, sus abogados han conseguido que la Sala Especial del alto tribunal reconociese que los mismos magistrados que abrieron los procesos y que después planeaban juzgarle estaban contaminados. Por primera vez en la historia del Supremo, la Sala Especial declaró que el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, y otros ocho magistrados carecían de la necesaria apariencia de imparcialidad para juzgar a Garzón.

Pero esa única victoria procesal pronto se demostró ineficaz y hasta contraproducente. La Sala Penal sustituyó a los jueces iniciales de un tribunal por los contaminados del otro y viceversa. Así, tras la remoción de los cinco jueces iniciales de las escuchas a Gürtel, en el tribunal definitivo figuran tres magistrados que abrieron la causa contra Garzón por investigar el franquismo. Y a estos se han sumado los jueces instructores de los otros dos procesos: Luciano Varela, el juez que procesó a Garzón por su investigación del franquismo, y Manuel Marchena, que lleva dos años investigando las ganancias del juez.

El tribunal de las escuchas a Gürtel ha quedado definitivamente configurado por Joaquín Giménez, como presidente; Miguel Colmenero, ponente de la sentencia; y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Manuel Marchena. Ideológicamente, son tres progresistas (Jiménez, Arrieta y Varela) y cuatro conservadores, pero en este caso alguno de los progresistas, como Varela, puede ser más letal para Garzón que cualquiera de los conservadores, según fuentes del entorno del encausado.

En cuanto a Marchena, será seguramente el primer magistrado de la historia que juzgue a un imputado por las mañanas (por las escuchas a Gürtel) e instruya una causa contra el mismo por las tardes (el caso de sus honorarios en Nueva York). Y ambos asuntos, por presuntos delitos de prevaricación. El intento de última hora del defensor de Garzón de apartar a ambos jueces del tribunal ha fracasado. Garzón ha explicado hasta la saciedad que los cabecillas de la trama corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo, disponían de un conglomerado de sociedades en paraísos fiscales creadas por testaferros a través de despachos de asesoramiento jurídico y fiscal. Su detención retrasó varias operaciones en marcha, entre ellas la relativa al blanqueo de fondos de una cuenta en Suiza de más de 20 millones de euros. A la vista de que los imputados iban a continuar el blanqueo de fondos a través de terceros que les visitasen en prisión, Garzón ordenó la grabación de todas sus conversaciones, incluidos sus abogados, aunque después expurgó las que afectasen a la estrategia de defensa.

Frente a esta versión de Garzón, el instructor Alberto Jorge Barreiro ha preferido la de los cabecillas de la trama y sostiene que Garzón quiso conocer "indebidamente" la estrategia de defensa de sus abogados. Barreiro considera a Garzón autor de un delito continuado de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] 16.01.12
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LAS ESCUCHAS DE GARZÓN SOBRE GÜRTEL FUERON AVALADAS POR JUECES Y FISCALES

El juez Baltasar Garzón se sentará a las 10.30 de esta mañana en el banquillo de los acusados del Salón de Plenos del Tribunal Supremo para ser juzgado por haber ordenado grabar las conversaciones de los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, y las del abogado Ignacio Peláez, que acudió a entrevistarse con el primero. Nunca un juez ha respondido penalmente por ordenar unas intervenciones telefónicas, aunque se han anulado centenares de ellas por defectos de forma. Garzón no solo se enfrenta a un juicio por ordenar dicha prueba, sino a la una más que probable pena de hasta 17 años de inhabilitación que conllevará su expulsión irreversible de la carrera judicial.

La intervención de las comunicaciones de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados, por las que hoy se sienta en Garzón en el banquillo, fueron avaladas por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le sucedió en la instrucción, Antonio Pedreira, por las dos fiscales Anticorrupción adscritas a la causa y por el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM José Manuel Suárez Robledano. Frente a todos ellos y frente al criterio de los fiscales de Sala del Tribunal Supremo Antolín Herrero y Pilar Valcárcel, el instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, decidió abrir juicio oral aceptando los argumentos de los abogados de los cabecillas de la trama corrupta.

Las escuchas, según ha explicado Garzón y su defensa, no fueron ordenadas porque sí. Ya en el primer auto en febrero de 2009, Garzón centró las escuchas en el abogado José Antonio López Rubal, dados los claros indicios de que en las actividades de la trama habían intervenido abogados, que dada su condición, podrían actuar de "enlace" de los cabecillas con el exterior. Al resultar ese abogado imputado en la trama, Correa y Crespo lo sustituyeron por Rodríguez Mourullo y Choclán. Garzón prorrogó las escuchas y Anticorrupción no puso trabas.

En su informe de 20 de marzo, Anticorrupción informó a Garzón de que una parte importante de seis conversaciones grabadas se referían a "estrategias de defensa" y debían ser excluidas del procedimiento. Pero al final de ese mismo informe, la fiscalía dijo expresamente que no se oponía a las intervenciones la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la unidad policial antifraude. El 27 de marzo, Garzón ordenó la exclusión de las conversaciones interesadas por Anticorrupción.

Al aparecer indicos de criminalidad contra aforados, Garzón se inhibió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El nuevo instructor, Antonio Pedreira, prorrogó a petición de la fiscalía las escuchas ordenadas por Garzón y, más adelante, en enero de 2010, rechazó anular las grabaciones. Pedreira sostuvo entonces que el derecho de defensa no era "ilimitado" ni una patente de corso a los abogados para colaborar en delitos. También expuso que, bajo supervisión judicial, sí es posible la intervención entre un abogado cooperador y sus clientes. Según Pedreira, de la misma forma que se puede ordenar la entrada y registro en despachos profesionales, se puede, de forma motivada, acordar la intervención de comunicaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin embargo, anuló parte de las intervenciones ordenadas por Garzón. Aunque uno de los tres magistrados, José Manuel Suárez Robledano, se opuso a la anulación por entender que se daba un margen muy elevado de "impunidad y privilegio" a los abogados.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] 17.01.12

EL PP GALLEGO, CON FRAGA A LA CABEZA, PAGÓ MILLONES DE EUROS EN NEGRO A LA TRAMA GÜRTEL

El Partido Popular gallego pagó 3.224.826 euros en dinero negro, entre abril de 1996 y septiembre de 1999, a los proveedores que le organizaron todo tipo de eventos, según revela un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía, que concluye que existen indicios de una presunta financiación ilegal del PP, según recoge Público.

Rajoy estaba al tanto de los pagos en dinero negro a las empresas de Correa

El PP gallego, con Fraga a la cabeza, pagó millones de euros en negro a la trama Gürtel

El presidente de los populares gallegos durante aquellos años era Manuel Fraga, que tenía como secretario de Organización del partido a Pablo Crespo, hoy en prisión acusado de ser uno de los cabecillas de la trama Gürtel, y como secretario general a José Cuiña, fallecido en 2007 e implicado en múltiples escándalos durante su trayectoria política.

La caja de Pontevedra
Las conclusiones de la Policía se basan en el análisis de los documentos encontrados en la caja de seguridad número 5 de la oficina del Banco Santander en la calle Peregrina de Pontevedra, cuyo titular era Pablo Crespo. El registro en la entidad se realizó el pasado 19 de febrero, por orden judicial, cuando el caso de corrupción ya había estallado y Crespo se encontraba en prisión, según recogió El Plural el pasado domingo.

Más de tres millones en negro
En los documentos en poder de la Policía se detallaban los gastos totales del PP de Galicia entre los años 1996 y 1999, que ascendieron a 6,1 millones de euros. De ellos, más de la mitad se pagaron en negro.

La Brigada de Blanqueo
La Brigada de Blanqueo explica en su informe que las cantidades abonadas en dinero B se dividen en dos grupos: "uno que corresponde a pagos realizados donde existe un soporte documental del mismo mediante notas de recibí, recibos, etc, que ascienden a 2.640.246 euros, y otro que se refiere a pagos realizados donde no existe un soporte documental del mismo, cuyo montante asciende a 584.580 euros".

Las empresas proveedoras
En los documentos escondidos en la caja de seguridad de la entidad bancaria figuraba una relación de empresas que habían organizado los actos del PP gallego, pero de los que el partido no tenía ni un recibí. En uno de los papeles encontrados, Crespo escribe "que está intentando localizar los justificantes de dichas empresas y los importes correspondientes. Según la Policía, son los siguientes: FCS (126.000 euros), A-Uno Asociados (120.000 euros) y Special Events (114.000 euros).

Empresas Gürtel
Los investigadores concluyen que dos de esas empresas, Special Events y FCS, forman parte del entramado empresarial de Francisco Correa, el cabecilla de Gürtel. En el informe no se realiza ningún comentario sobre la tercera sociedad, A-Uno Asociados. En el Registro Mercantil Central figura una empresa con dicha denominación, constituida en 1997 y dedicada a la publicidad.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] 04.10.09

EL PP GALLEGO PAGÓ EN DINERO NEGRO 3,2 MILLONES DE EUROS

El Partido Popular de Galicia pagó 3.224.826 euros en dinero negro, entre abril de 1996 y septiembre de 1999, a diferentes proveedores que le organizaron todo tipo de eventos. Así consta en un informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de la Policía, donde también se recogen múltiples pruebas que demuestran la financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana y en Madrid.

El presidente del PP gallego en aquella época era Manuel Fraga y como número tres del partido en su calidad de secretario de Organización figuraba Pablo Crespo, ahora en prisión acusado de ser uno de los cabecillas de la trama Gürtel. La cúpula la completaba el secretario general, José Cuiña, fallecido en 2007 e implicado en múltiples escándalos durante su trayectoria política.

Las conclusiones de la Policía se basan en el análisis de los documentos encontrados en la caja de seguridad número 5 de la oficina del Banco Santander en la calle Peregrina de Pontevedra, cuyo titular era Pablo Crespo. El registro en la entidad se realizó el pasado 19 de febrero, por orden judicial, cuando el caso de corrupción ya había estallado y Crespo se encontraba en prisión.

Dos grupos de dinero B
En los documentos se detallaban los gastos totales del PP de Galicia en ese periodo de tres años y medio, que ascendieron a 6,1 millones de euros. De ellos, más de la mitad se pagaron en negro.

En algunos casos, el PP no tiene ni una nota de recibí del pago realizado

La Brigada de Blanqueo explica en su informe que las cantidades abonadas en dinero B se dividen en dos grupos: "Uno que corresponde a pagos realizados donde existe un soporte documental del mismo mediante notas de recibí, recibos, etc, que ascienden a 2.640.246 euros, y otro que se refiere a pagos realizados donde no existe un soporte documental del mismo, cuyo montante asciende a 584.580 euros".

En los documentos escondidos en la caja de seguridad de la entidad bancaria figuraba una relación parcial de acreedores que habían organizado actos del PP gallego, pero de los que el partido no tenía ni un recibí. Es más, Crespo menciona expresamente en sus papeles "que está intentando localizar los justificantes de dichas empresas y por dichos importes". Las empresas y los importes son los siguientes: FCS (126.000 euros), A-Uno Asociados (120.000 euros) y Special Events (114.000 euros).

La Policía recuerda que dos de esas empresas, Special Events y FCS, forman parte del conglomerado empresarial montado por Francisco Correa, jefe de la trama Gürtel. En el informe no se realiza ningún comentario sobre la tercera sociedad, A-Uno Asociados. En el Registro Mercantil Central figura una empresa con dicha denominación, constituida en 1997 y dedicada a la publicidad.

El partido abonaba más de la mitad de sus gastos en dinero B

Junto al nombre de la empresa y el importe, en el listado de Pablo Crespo también consta el "concepto" genérico del evento por el que pagó el PP. En varias ocasiones se especifica que fueron actos de las elecciones autonómicas de 1997, las terceras que ganó Fraga.

"Facturación dual"
Tras analizar los documentos, la Policía es contundente en sus conclusiones: "Este método de facturación pone de manifiesto la existencia de un sistema de facturación dual, una parte es visible y por tanto fiscalizable, y otra es invisible y en consecuencia ajena a los circuitos financieros reales". Además, los investigadores de la Brigada de Blanqueo denuncian que esta forma de actuar "dota de opacidad a la forma de financiación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política".

El PP no ha asumido aún ninguna responsabilidad por la financiación ilegal destapada por la Policía.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] 04.10.09

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UNA CONVERSACIÓN GRABADA EN LA CÁRCEL APUNTA A LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP GALLEGO

Tras la Comunidad Valenciana y Castilla y León, las redes de la trama Gürtel llegan a Galicia. Una conversación mantenida entre uno de los cabecillas de la trama, Pablo Crespo, y su abogado, y que figura en la parte del sumario hecha pública hoy por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, apunta a una posible financiación ilegal del PP de Galicia.

La conversación entre Pablo Crespo, que fue secretario de Organización del PP gallego y hombre de confianza del ex que fuera número tres de la Xunta de Galicia, Xosé Cuiña, se produjo el pasado 24 de febrero en los siguientes términos:

Pablo Crespo. Mira una cosa, hay un dato que tengo que darte. Cuando viniste la última vez, que estaba en unas diligencias, esas diligencias pertenecían a la apertura de una caja de seguridad que tenía yo en Pontevedra, donde yo tenía la información económica de toda mi gestión como secretario de Organización del PP de Galicia durante cuatro años, cuatro ejercicios completos, entonces ahí hay una documentación ordenada por mí en su día, porque cuando yo me marché quería dejar las cosas claras.

José Antonio. Seguramente.

Pablo Crespo. Pero no creo que sea un problema jurídico muy grave, salvo lo del ejercicio de 1999. ¿Cuándo prescriben ese tipo de cosas?

José Antonio. Depende de lo que estemos hablando, si es un problema de financiación irregular que puede conducir a un delito electoral [inaudible], como mucho diez años, pero yo creo que es menos.

Pablo Crespo. Le dice a Francisco Correa "como mucho diez años". Yo te hablo de 1999, pero nada más. Pero bueno, les va a dar alas para...

José Antonio. Seguro, seguro. Aunque hiciese veinte años de esto, EL PAÍS lo sacaría igual.

Pablo Crespo. Lo que me sorprende es que no lo saquen esta semana. Si estando el secreto del sumario, si lo sacasen esta semana, el lío que se puede montar es morrocotudo.

José Antonio. Lo sacan igual, porque ya me lo han hecho con otras cosas parecidas.

([Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] 06/10/09)

'FONTANERO' EN BUSCA DE DINERO FÁCIL

No hubo acto político entre 1996 y 1999 en el PP gallego que no organizase Special Events, la empresa implicada en la presunta trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional. Su monopolio era tal que el resto de agencias ni peleaban por las campañas de los populares gallegos. Corrían buenos tiempos para el sector de la boina, el ala rural del partido, que proporcionaba a Manuel Fraga las romerías multitudinarias que tanto le gustaban. Su máximo exponente, Xosé Cuiña, el sempiterno delfín -ya fallecido-, ocupaba la secretaría general del PP y presidía la consejería más inversora del Gobierno: Obras Públicas. Y, para los asuntos corrientes, Cuiña había aupado a número tres del PP (secretario de organización) a Pablo Crespo, un dirigente de perfil bajo con experiencia en los números como director de banco en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Si Cuiña programaba un baño de masas para don Manuel, Pablo Crespo se encargaba de cerrar el trato. Siempre a través de Special Events. Si el alcalde de un pequeño ayuntamiento se tambaleaba en las encuestas, el secretario de organización asfaltaba carreteras para ganarse a los vecinos. Aunque luego olvidase pagar la factura, como recordaban ayer dos constructores pontevedreses.

A Crespo apenas se le conocieron declaraciones públicas. Los enemigos de Cuiña, el sector urbano del PP, no olvidan sin embargo una afrenta a finales de 1997 que refleja la incruenta batalla interna. El secretario de organización, ya con escaño autonómico, aprovechó la celebración de un congreso para relegar a los últimos bancos a dos ministros de Aznar: Mariano Rajoy y José Manuel Romay, enfrentados al sector galleguista. En primera fila posaban sonrientes Cuiña y su equipo. El episodio molestó mucho a La Moncloa y sirvió a la prensa para explicar la caída de Crespo un año más tarde. Pero su eclipse, a principios de 1999, tuvo más que ver con la gestión y contratos a empresas (singularmente Special Events) que firmó en nombre del PP, según fuentes del partido.

Tras la caída de Cuiña, el nuevo secretario general, Xesús Palmou, exigió a Fraga la destitución del secretario de organización. Y Crespo buscó acomodo en la sociedad con la que tanto había tratado. Special Events le ofreció un cargo directivo en Madrid y el eterno fontanero siguió organizando actos y campañas del PP en todo el país, a excepción de Galicia, donde se le había cortado el grifo. Fue tal el ninguneo que ni siquiera la presión desde la sede nacional del PP surtió efecto: y entre 1999 y 2004 la sociedad no facturó un euro al PP gallego (aunque sí firmó una campaña por 1,5 millones con la Consejería de Agricultura).

Las informaciones sobre el accionariado de Special Events y su ubicación en un paraíso fiscal obligaron a Fraga a comprometerse en 2005 a no tratar más con la empresa. Pero Pablo Crespo hacía un lustro que volaba por libre lejos de Santiago. A través de ocho sociedades distintas ha negociado contratos con Administraciones publicas gobernadas por el PP, como la Generalitat valenciana o la Comunidad de Madrid.

En octubre no perdió ocasión de saldar viejas cuentas en el juzgado. Acudió como testigo a una vista por una deuda que el PP de Pontevedra contrajo con una pequeña agencia de publicidad cuando él era gerente provincial. Crespo testificó a favor de la empresa y el PP fue condenado.

Nada más conocerse su detención, los populares gallegos anunciaron el viernes que el ex secretario de organización ni siquiera es ya afiliado. El fin de su carrera empresarial no pilló por sorpresa a quienes lo conocieron en Pontevedra. Algunos ex compañeros recordaban ayer su propensión a elegir socios comprometidos en busca de dinero fácil.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] 06.10.09

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