CORRUPCIÓN A LA SOMBRA DEL PODER

EL JUEZ EXIGE AL PP VALENCIANO SEÑALAR A LOS AUTORES DE SU FINANCIACIÓN ILEGAL

El instructor requiere que presenten una querella si quieren ser parte del caso

El juez que instruye la causa por financiación ilegal del PP valenciano ha rechazado el intento del Partido Popular de personarse en el proceso como acusación sin presentar querella contra nadie en concreto, ni mencionar los delitos que presuntamente cometieron, ni dónde tuvieron lugar. El magistrado José Ceres ha rechazado, en un auto conocido ayer, el recurso presentado por el partido, y exige que especifique a los responsables que presuntamente cometieron los delitos que se investigan. El PP ha recurrido la decisión a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano.

La formación trata de evitar el trago de acusar a la cúpula de Camps

El PP logró personarse como acusación en el procedimiento original de Gürtel que instruía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que ahora ha vuelto a la Audiencia Nacional. La actuación del PP como acusación -en una causa que investiga un vasto caso de corrupción vinculado a esa misma formación política- ha estado marcada por la insistente presentación de recursos, que han dificultado el avance del procedimiento. Han sido tantas las demoras causadas que hasta el entonces instructor de la causa, Antonio Pedreira, instó al partido en julio de 2010 a terminar con la "batalla campal" de informes y contrainformes que había desatado.

El magistrado de Valencia José Ceres recuerda en su auto que la querella que el PP "de la Comunidad de Madrid" presentó en su día en la causa troncal de Gürtel, y con la que pretendía darse por personado también en Valencia, iba dirigida únicamente contra Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y el lugarteniente de la trama, Pablo Crespo. Y se limitaba solo a los supuestos delitos de "administración desleal, injurias, calumnias y denuncias falsas".

"No se menciona nada relacionado con los hechos ocurridos en la Comunidad Valenciana", indica el juez. "Ni aparece mención de persona alguna, aforada o no, con intervención en hechos ocurridos en la Comunidad Valenciana, no citándose ni mencionándose en momento alguno en el escrito de querella siquiera a la sociedad Orange Market [que administraba Álvaro Pérez El Bigotes], que es la protagonista principal de los hechos", agrega Ceres.

El, de momento, infructuoso objetivo del PP era personarse como acusación para tener acceso directo a la causa sin pasar el mal trago de tener que querellarse contra las cúpulas del PP valenciano y de la Generalitat que presidía, en ambos casos, Francisco Camps. En la causa por financiación ilegal están imputados Ricardo Costa (ex secretario general del PPCV), Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat), David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV), Yolanda García (tesorera del PPCV), Luis Bárcenas (extesorero del PP nacional) y otros.

La causa incluye una pieza separada por delitos contra la Administración Pública: cohecho y prevaricación en la adjudicación a la trama de contratos de Fitur por importe de seis millones de euros. En ella están imputados Rambla, Milagrosa Martínez (exconsejera y expresidenta de las Cortes Valencianas) y Rafael Betoret (exjefe de gabinete en Turismo), ya condenado en el caso de los trajes.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] 17.01.12

EL JUEZ IDENTIFICA A OTRA FUENTE DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO

La policía localiza a los empresarios que Gürtel llamaba Príncipe y Cantante

La investigación sobre la financiación ilegal del PP se encontraba en punto muerto desde el pasado mes de julio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana asumió el caso y se declaró competente para instruir el caso. Sin embargo, el juez que instruye la causa, Francisco José Ceres, está ahondando en las pesquisas después de recibir el informe que requirió a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía y que identifica a El Cantante y El Príncipe, dos personajes que aparecían en los apuntes contables de la trama y que, supuestamente, habrían efectuado "pagos opacos por cuenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana a Orange Market".

La novena empresa involucrada también es adjudicataria de la Generalitat

Su identificación elevaría a nueve, según la policía, el número de empresarios incluidos en la causa y sobre los que también pesa la acusación de pagar facturas a la trama Gürtel por trabajos efectuados realmente para el PP valenciano en el marco de las campañas electorales de 2007 (autonómicas, en las que salió elegido presidente Francisco Camps) y 2008 (nacionales, en las que perdió Mariano Rajoy). Todos los empresarios implicados pertenecen al sector de la construcción, que salía en aquellos años de la era del boom del ladrillo, que fue especialmente intenso en la Comunidad Valenciana por la permisiva legislación en la materia.

En su informe, la policía sostiene que El Cantante, que "presuntamente abonó a Orange 199.520 euros" es Rafael Martínez Berna que, tal como indican, ha ocupado distintos puestos directivos del grupo Vallalba. Este conglomerado empresarial ya figuraba en el listado de empresas que habrían aportado, indirectamente, financiación al PP, por lo que Martínez Berna ya figura en la causa como imputado. El empresario presidió hasta hace unos meses la patronal de Alicante. Su dimisión fue atribuida por distintas fuentes a su implicación en el caso de corrupción.

En cuanto a El Príncipe, el escrito de la Udef sostiene que se corresponde con una persona que ostenta un cargo directivo en la sociedad Cyes y "cuyo nombre de pila coincidiría con el del sucesor de la corona española". Según la investigación, este habría abonado 200.000 euros a la misma sociedad de la trama, Orange Market, después de que esta realizara diversos trabajos durante dos de las campañas electorales, la autonómica de 2007 y la de las generales de 2008. En cualquier caso, el juez ha solicitado a la policía que "investigue la persona a quien concretamente pudiera referirse" en su informe, con el fin de comunicarle la causa judicial en la que está involucrado.

El informe que realizó Hacienda sobre el caso de financiación ilegal del PP valenciano se basó en la documentación intervenida en los registros efectuados en las sedes de las empresas corruptas de Gürtel.

Según este informe, por los actos electorales del PP, Orange Market percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros, de los que 2,5 fueron en dinero B e incluidos en una cuenta que la trama llamaba "Barcelona".

Otros 872.208 euros de los ingresos que ese año registró Orange Market se contabilizaron en otra cuenta que llamó "Alicante" y que sí fue declarada al fisco. Y es que Orange Market, la empresa cabecera del PP de Valencia que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, tenía una doble contabilidad. Al PP le cobraba muchas veces en B y otras en A, según Hacienda, que sostiene que la empresa de El Bigotes recibió en 2007, también en dinero negro, de El Príncipe y El Cantante.

En la causa por financiación ilegal ya estaban imputados los gestores del grupo Enrique Ortiz (implicado también en el caso Brugal), Sedesa (propiedad de la familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino), Lubasa, Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste y Constructora Hormigones Martínez. Todas ellas adjudicatarias de contratos millonarios de obra pública por parte del Gobierno autonómico que presidía Francisco Camps. En la página web de Cyes, la última empresa incluida en la causa, la constructora destaca las obras realizadas tanto para la Generalitat como para el Ayuntamiento de Valencia.

Junto a los empresarios figuran imputados en la causa la cúpula del PP que presidía Camps (incluido Ricardo Costa), así como varios miembros destacados de su Gobierno.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] 20.01.12

GÉNOVA RECIBE UNA ADVERTENCIA POR RESISTIRSE A APORTAR DATOS

"Procede reiterar del Partido Popular el inmediato cumplimiento de lo requerido (...) Invocando el deber de colaboración con la justicia, reitérese el oficio".

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia asumió en mayo la investigación de la financiación irregular del PP autonómico. Dos meses después, el instructor del caso, José Ceres, requirió a la dirección nacional del partido para que aportara un informe sobre el funcionamiento de sus cuentas y determinara quién o quiénes han sido responsables o han intervenido en la contabilidad del partido en la Comunidad Valenciana. El magistrado solicitó que se informara del "modo de funcionamiento", del grado de "autonomía económico-financiera y contable" y del modo en que Génova fiscaliza y controla al PP valenciano. Además, reclamaba una atención especial al funcionamiento de la contabilidad electoral "y en concreto la derivada de las campañas de los años 2007 (autonómicas y locales) y 2008 (generales)".

A principios de octubre, el PP aún no había contestado y el juez les requirió para ello. Ni lo hizo después del día 10, fecha en la que se le recordó, ni tras el 29 del mismo mes, cuando alegó una "inmediata" remisión. El 22 de diciembre la reclamación se hizo vía telefónica y, a finales de ese mismo mes, después de medio año, el juez decidió realizar la advertencia señalando además que, de no cumplirse el requerimiento, el PP podría ser apercibido de la posibilidad de incurrir en responsabilidad penal. Fue con esa "amenaza" con la que, finalmente, Génova (sede del PP nacional) decidió remitir el informe el pasado día 16.

Imprecisiones

Mientras, el PP valenciano envió su propio informe, pero el instructor ha exigido precisiones ya que no indica quién o quiénes fueron responsables de las finanzas en los años 2007 y 2008 y quiénes supervisaron en el PPCV la actividad económico-contable en los mismos años.

Los datos son necesarios para que el magistrado determine quiénes están involucrados en la causa por el posible endoso de facturas a empresarios, que habrían abonado los servicios realizados por la trama al PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008. De momento, están imputados quienes conformaron la cúpula del PP valenciano en aquellos años y el extesorero del PP nacional, Luis Bárcenas, así como varios miembros de la trama Gürtel.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] 30.01.12

Desde luego...¡¡cuanta mierda con corbata...!!

LA POLICÍA RATIFICA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO EN UN INFORME A RUZ

El análisis sobre el cerebro jurídico de Gürtel constata la corrupción en Valencia

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha recibido el último informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la policía, en el que se ratifica el sistema que utilizaba la trama Gürtel y se constata el método para la supuesta financiación ilegal del PP valenciano. El escrito desgrana la forma mediante la que Ramón Blanco Balín, asesor fiscal del cabecilla de la trama, Francisco Correa, manejaba sociedades y cuentas.

Emitían facturas al PP valenciano que se transformaban en deudas de empresas

La "deuda total" englobaba tanto la contabilidad visible como la "B"

El registro en el despacho de Blanco aportó un importante volumen de documentación sobre el método de la trama. Entre otros, se encontraron los documentos respecto al sistema de facturación y contabilidad de las operaciones realizadas por Orange Market. El informe, que fue encargado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira antes de que la competencia en la instrucción del caso volviera a la Audiencia Nacional, señala que la documentación refleja la doble contabilidad en la sociedad que la trama corrupta creó en Valencia. Constata, tal como lo hizo ya en 2009, que Orange Market "mantendría una contabilidad dual", integrada por una contabilidad visible, denominada A, y otra invisible, llamada B. El documento expone cómo en la contabilidad aparecen unas cantidades pendientes de cobro "generadoras de una deuda a favor de la sociedad" y explica que el epígrafe "deuda total" agrupa tanto la derivada de la contabilidad A como de la B.

La brigada de blanqueo de capitales añade que las formas utilizadas para permitir incorporar a la caja esos fondos de la deuda B, de manera que posteriormente pudieran ser utilizados, son "variadas". Y describe cuatro: enmascarando los pendientes de pago dentro de otras facturas; realizando cambios de facturas al alza o a la baja en la base imponible; con facturas de otras empresas de la trama; o incluyendo en la contabilidad facturas con la intención de reducir el saldo de pérdidas y ganancias y así optar a la devolución del IVA.

La policía describe al juez Ruz que Orange Market cambiaba el concepto de sus facturas "a conveniencia, parece que para no mostrar el origen real de los fondos". Y pone como ejemplo una factura emitida al PP de la Comunidad Valenciana que "la transforman" en otra emitida a Enrique Ortiz, "que es la pagadora real del acto del partido". El informe incluye otro ejemplo: una factura emitida al PP de Castellón "se cambia por otra emitida a Facsa, quien efectúa el desembolso del evento del partido". Ambas empresas, junto a otras siete, forman parte de la causa de financiación ilegal que investiga el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, en la que también está imputada la cúpula del PP valenciano, acusada de un delito electoral que incluye financiación ilegal por las prácticas detectadas en las elecciones autonómicas de 2007 y la campaña de las generales de 2008.

"PIEZA CLAVE" EN EL ENGRANAJE DE LA TRAMA

La policía califica a Ramón Blanco Balín como "pieza clave del engranaje de la organización". El informe entregado al juez Pablo Ruz sostiene que acabó convirtiéndose en el cerebro jurídico de la trama y que pese a que "heredó" la estructura del anterior gestor de Correa, acabó teniendo el control directo de las estructuras y posiciones bancarias. De hecho, incluso participaba en algunos negocios.

La policía recalca que la entrada Blanco en escena "dinamiza las estructuras mediante la liquidación de algunas sociedades y la constitución de otras nuevas, el cierre de cuentas bancarias y la apertura de nuevas posiciones en otros países, la utilización de nuevos canales de circulación del dinero y, en definitiva, establece una nueva fórmula de gestión de la estructura financiera y de inversión tanto en España como en el exterior". Así, coincide con la Agencia Tributaria, que ya indicó que Blanco Balín era "un auténtico hombre de confianza" de Correa.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] 30.01.12

HACIENDA DESTAPA UN GRAVE DELITO FISCAL EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA

La Agencia Tributaria implica a seis directivos de Teconsa y a la red Gürtel - Los inspectores apremian a la Audiencia por la prescripción del fraude

La visita del Papa a Valencia en 2006 supuso unos importantes beneficios para la trama Gürtel -unos tres millones de euros- y menguó las arcas públicas, pero no solo por el sobrecoste que pagó la Televisión Valenciana (RTVV), dirigida entonces por Pedro García, un cargo de confianza del Gobierno de Francisco Camps, y amigo íntimo de la red corrupta, que dimitió de su cargo pero que aún no está imputado en la causa pese a que lo pidió la fiscalía. La Agencia Tributaria sostiene que la empresa adjudicataria de la explotación televisiva del acto, Teconsa, una constructora leonesa que actuaba de tapadera de la red Gürtel, defraudó a Hacienda más de 600.000 euros en el IVA y en el impuesto de sociedades.

"Determinadas personas se enriquecieron sin declarar a Hacienda"

Francisco Correa usó de tapadera a una constructora leonesa (Teconsa)

Los inspectores señalan a seis empresarios como responsables

La fiscalía pidió la imputación del exdirector de RTVV, aún no resuelta

Así lo describe la Agencia Tributaria en un documento remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y en el que se realiza un primer avance del análisis de la contabilidad incautada a las sociedades de la red que lideraba Francisco Correa y de la propia documentación contable de Teconsa. El inspector de Hacienda que ha elaborado el informe advierte de la importancia de este avance ante el peligro de que los presuntos delitos de fraude fiscal que considera acreditados prescriban si la Audiencia Nacional no actúa pronto. La Fiscalía Anticorrupción pidió hace varios meses la imputación en la causa del que fue director general de la televisión autonómica valenciana. El juez Pablo Ruz, que instruye ahora el caso en la Audiencia Nacional, deberá resolver sobre esta petición en unos días.

Teconsa cobró 7,4 millones de euros (IVA incluido) de la televisión pública valenciana para montar televisiones y altavoces en el recorrido del Papa por las calles de Valencia, cuando el coste de los servicios apenas alcanzó 3,2 millones, según la contabilidad hallada en los registros de las empresas de la red Gürtel.

El informe de Hacienda describe lo que ya adelantó la investigación: "Teconsa actuó solo como empresa pantalla para ocultar que el destinatario último de la mayor parte del dinero pagado por la televisión autonómica era la organización de Francisco Correa". Documentos hallados en las sedes de las empresas de Correa acreditan cómo se amañó el concurso y cómo la red Gürtel, y no Teconsa, se encargó de subcontratar los distintos servicios que debían prestar a la televisión autonómica valenciana durante la visita del Papa.

Además, el informe de la Agencia Tributaria expone que "existen indicios que permiten considerar" que la constructora se llevó 200.000 euros por "su participación" y que el resto fue repartido entre los cabecillas de la trama y el entonces director del ente público en tiempos del Gobierno de Francisco Camps, Pedro García.

Las fórmulas mediante las que Teconsa "trasvasó" el dinero a la red fueron tres, según el informe:

- Una parte fue cobrada "en efectivo por Pablo Crespo e ingresada en la caja B de la organización" como cobertura a unas facturas irregulares.

- Otra parte se destinó a financiar una operación inmobiliaria en el municipio valenciano de La Nucia, "utilizando como justificante de la salida de fondos una factura emitida por una sociedad vinculada a la organización de Correa".

- El resto, añade el informe, salió de Teconsa por medio de facturas que "documentan pagos a favor de los miembros de la organización para sus gastos particulares o el cobro de sus respectivas comisiones".

Hacienda considera que existe un fraude de IVA de más 198.000 euros, porque Teconsa cobró más de un millón de euros de la Televisión Valenciana por este concepto. Sostiene que la constructora "cobró el IVA repercutido y redujo su propia cantidad a ingresar descontando el IVA de las facturas irregulares".

En cuanto al impuesto de sociedades, el informe indica que para que un gasto resulte deducible es necesario que quede acreditada la realidad del mismo, así como su actividad empresarial. Dadas las facturas, que no reflejan verdaderas prestaciones de servicios, Hacienda sostiene que se desgravó "improcedentemente" dichas facturas, con lo que la cuota defraudada sería de 434.941 euros.

"Sin perjuicio de la trascendencia penal que tenga el hecho de que, inflando un contrato de adjudicación, se hayan detraído de la Televisión Valenciana fondos", el informe añade que determinadas personas "se han enriquecido sin haber reflejado ese enriquecimiento en sus declaraciones tributarias", indica el documento. Así, señala como posibles responsables a los seis miembros del Consejo de Administración de la constructora leonesa Teconsa y a quienes "se beneficiaron de la operación", entre los que menciona a Correa, a Pablo Crespo, a Álvaro Pérez, El Bigotes, y al que era director de la televisión pública valenciana en el momento en el que se produjo la adjudicación, Pedro García. Este, según la contabilidad incautada a la trama, percibió 500.000 euros por el contrato.

Después de más de dos años desde que la investigación judicial y policial destapara el pelotazo de la red Gürtel, con la connivencia de cargos del PP valenciano, en la visita del Papa Benedicto XVI, Pedro García aún no ha sido imputado, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que era el tribunal valenciano el que debía investigar esta causa y el valenciano no lo aceptó.

Ahora, cuando la instrucción del grueso del caso Gürtel está en manos de Pablo Ruz, después de que la causa volviera a la Audiencia Nacional, este juez deberá decidir la imputación del ex director general del RTVV, tal como solicitó la fiscalía, y resolver sobre las numerosas irregularidades que denuncia el informe de la Agencia Tributaria con un grave perjuicio para las arcas públicas.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] 02.02.12

HACIENDA HALLA UNA CARTA ‘MUY COMPROMETEDORA’ DEL PP ANDALUZ A UNA ‘EMPRESA GÜRTEL’

Según un informe de la Agencia Tributaria instruye que el PP-A posiblemente emitió, a nombre de una de las sociedades sospechosas dentro la 'Gürtel', denonimada Rialgreen, "facturas irregulares", en el mes de mayo del año 2003, así figura dentro del sumario del caso que investiga la supuesta trama de contratos irregulares ligados al PP.

Posible financiación irregular cuando Teófila Martínez presidía el partido y Arenas era vicepresidente segundo y ministro de la Presidencia

Desde el PSOE andaluz llevan días anunciando que el cerco de Gürtel se estrecha contra el PP andaluz y en concreto contra Javier Arenas. Hoy datos de Hacienda sumados a informes policiales parecen darle la razón. La clave se llama Rialgreen. Esta firma fue la empresa de diseño gráfico que se encargó de elaborar el diseño de la campaña electoral de los populares a nivel nacional. En aquel entonces Teófila Martínez presidía el PP andaluz y Javier Arenas era vicepresidente segundo y ministro de la Presidencia. La Agencia Tributaria sugiere en el escrito que Rialgreen recibió dinero del PP-A por unos servicios que no llegaron a realizarse o, si acaso, que el montante de las facturas no justifica los servicios finalmente prestados.

Conclusión
El informe concluye que las facturas “emitidas por el PP de Andalucía” fueron “meros justificantes formales de pagos efectuados a Rialgreen por otros conceptos, no pudiendo descartarse que tales pagos puedan guardar relación, directa o indirecta, con las campañas electorales del PP del año 2003″.

El PP lo niega

Fuentes del partido que dirige Javier Arenas negaron ayer cualquier vinculación con las facturas de Rialgreen y aseguraron que “en mayo de 2003, el PP-A no contrató nada ni tuvo gastos de ningún tipo de elecciones, ni de campaña ni de precampaña, porque los comicios eran municipales”. La Audiencia Nacional está investigando la relación entre Rialgreen y el PP andaluz desde diversos frentes.

Nota manuscrita

El informe sobre las supuestas “facturas irregulares” parte de una nota manuscrita en un impreso con membrete del PP-A, fechada en Sevilla en mayo de 2003, en la que puede leerse: “Muy señores nuestros: Rogamos nos rehagan las adjuntas facturas, con el texto que indicamos en las mismas. Gracias”. Las rectificaciones a las que se refiere esta nota consistieron en “eliminar” de las facturas que el PP-A le hizo a Rialgreen “toda referencia a la campaña electoral “Elecciones Autonómicas y municipales 2003″ y al slogan “Cumplimos”, y sustituirlas por la expresión “Pre-Campaña” en las nuevas facturas”. Los populares sostienen que ese documento con membrete del PP-A “no tiene firma y puede no pertenecer al partido”.

Vínculos andaluces

Rialgreen se ubica en el epicentro de la investigación de la presunta trama Gürtel por su vinculación con Pablo Crespo, secretario de Organización del PP de Galicia hasta 1999, y número dos del cerebro de la trama, el empresario Francisco Correa. El director de la campaña de Teófila Martínez en 2004 era Ricardo Tarno, hoy número tres del PP-A. El nombre de Tarno también aparece en un margen en la agenda de Crespo, en 2005, junto a la anotación: “temas pendientes”, “36.974 euros+IVA”. Un informe de la Cámara de Cuentas sobre los gastos de las elecciones de 2004 ya reveló que la empresa Rialgreen no había informado sobre la facturación como proveedor del PP-A por importe de 567.047 euros.

Policía judicial

La conexión de Rialgreen con el PP-A también apareció en un informe de la Policía Judicial en el que la empresa vinculada al entramado Gürtel anotó que el PP de Sevilla, entonces dirigido por Tarno, le debía 125.700 euros de la campaña electoral de 2004. En un aparte de dicho informe también aparecía una anotación que la Policía está investigando: “Cobro en B en Andalucía”.

El PP se defiende

Los populares andaluces marcan distancias con Rialgreen, y aseguran que contrataron el diseño de campaña a la multinacional de marketing y publicidad McCann, y fue ésta quien a su vez subcontrató a Rialgreen. Sin embargo, el informe de la Agencia Tributaria se centra en facturas del PP-A a Rialgreen, que posteriormente subcontrató los mismos servicios de publicidad que le habían encargado a un ramillete de pequeñas empresas. La actividad de dichas sociedades también aparece bajo sospecha en el informe.

No consta la forma de pago

Sobre una de ellas, ASA Digital, advierte de que “resulta incongruente por su dimensión económica que en el ejercicio 2003 haya pagado a Rialgreen por semejantes conceptos un total de 60.743 euros, tratándose de una pequeña empresa que había iniciado sus actividades en 2002 y que en 2003 tenía sólo dos empleados”. El informe insiste en que las facturas no están bien justificadas: “No consta la forma de pago”; “no se repercute el IVA”, “constan presupuestos dirigidos a los mismos destinatarios y por los mismos conceptos”… Los recibos oscilan entre 134.989 y los 539.944 euros.

Conexión con el PP de Madrid y Valencia

Crespo, responsable de Rialgreen, también estuvo al frente de la empresa Special Events, encargada de las campañas del PP de Madrid y de Valencia en 1999 y 2003, en el primer caso, y en 2003, en el segundo. En esta empresa, el juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha descubierto facturas falsas que apuntan a una supuesta financiación ilegal del PP.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] 29.04.11

ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO:

La versión oficial, aparte de falsa, contradice el concepto
mismo de corrupción. Por ello es increíble. La corrupción no consiste
en un acto personal de inmoralidad o una suma de casos aislados. Para
merecer la categoría de corrupto no basta con transgredir la moral de
manera habitual. Se necesita además llevar una doble vida, en la que el
mal modo privado de vivir sea compartido o conocido por el estrecho
círculo social donde se desarrolla la vida pública buena del corrupto.
La corrupción sólo escandaliza a la sociedad exterior a ese círculo. En
cuyo interior no es más que una falta de pericia. Es el meollo de la
corrupción social y de la política. Sin la primera es imposible la
duración de la segunda. Aunque ésta sea la causa original de aquélla.
Para saber el origen de la corrupción española conviene echar una ojeada
a otros tiempos y lugares, en busca de una causa histórica común que
pueda explicar lo que nos pasa. Bajo Franco, se diga lo que se diga, no
hubo corrupción de los poderosos por la simple razón de que no la
necesitaban. La moral pública era una imposición de su moral privada.
Continuación, por otros medios, de una moral de victoria bélica. Todo lo
inhumana que se quiera pero, al fin y al cabo, una moral. Como la ética
de los griegos que prosperó en una moral de esclavitud.

La corrupción parlamentaria vino con Jorge I, un alemán que fundó la
actual dinastía inglesa comprando diputados de izquierda hasta lograr
mayoría en el parlamento. Esa duradera corrupción mudó la monarquía
constitucional en la parlamentaria que hoy tenemos. La corrupción
mundanal fue la del Directorio francés. Los renegados de la izquierda
jacobina y de la legitimidad monárquica formaron por consenso, a la
muerte del dictador, un bloque social con banqueros y especuladores para
suprimir la intervención estatal, dar autonomía al Banco emisor y
fundar el Estado liberal. La corrupción prebendaria es la del presidente
Jackson. Un demagogo que repartió entre sus fieles los empleos de la
Administración, y que canceló el Banco federal para dar la
administración de los fondos públicos a la oligarquía bancaria que lo
apoyaba. Esta corrupción retrasó tres cuartos de siglo la Reserva
Federal y obligó a establecer el consejo de gobernadores que ha
inspirado al Banco europeo de Maastricht. La corrupción patrimonial se
instala en México con el reparto de fincas a los generales de la
revolución y la «mordida» institucional del PRI. Y, por fin, la
universal corrupción del Estado de partidos, la italiana.

El caso español es un magnífico compendio de todas ellas. Toma de la
inglesa la unión de intereses entre una nueva monarquía y una vieja
izquierda. De la francesa es una repetición: modales mundanos de un
consenso entre renegados de la dictadura, de la oposición clandestina y
de la legitimidad monárquica, con los círculos financieros, para liberar
al mercado del proteccionismo estatal. De la americana imita el sistema
prebendario y la inclinación del Banco de España ante los intereses del
clan bancario. De la mexicana aprende que no necesita tener finalidad
histórica. Y de la italiana coge todo, incluso las técnicas de fraude,
salvo el fomento de la economía sumergida. ¿Por qué la izquierda tiene
que corromperse? Para conquistar la hegemonía política en la sociedad no
lo necesita. Pero, sin propósito de cambio social, no sabe gobernar.
Busca experiencia empresarial y apoyo de los medios de comunicación. Y
mediante la corrupción como factor de gobierno conquista la complicidad
financiera y editorial que da estabilidad política a su programa de
derechas. Salvo las del Banco de España, capital financiero y
televisión, las demás corrupciones son superfluas ambiciones personales
de enriquecimiento, y de fraude partidista, en el Estado de partidos de
una sociedad sin ideales y sin separación de poderes. O sea, sin frenos
morales ni institucionales a la corruptibilidad.

EL MUNDO. LUNES 25 DE ABRIL DE 1994