El Gobierno da un año a la Iglesia para poner los templos a su nombre

La cosa viene a ser más o menos así, una ley franquista ( raro ¿ verdad? ) que favorecía que la iglesia pudiera registrar como propias las propiedades que no tenían registro oficial, esta ley fue ampliada por Aznar ( raro también ¿ verdad?) para que se pudieran registrar los templos, caso nada más y nada menos que de la Mezquita de Córdoba. Hasta aquí la cosa es como par mirárselo pero ahora se prepara un anteproyecto de ley hipotecaria para modificar esto.  No, la modificación no se trata en absoluto de reparar este disparate, ni de que se tribute como cualquier propietario, ni se indemnice a los pueblos a los que se les ha privado de su iglesia, tierras y demás, la modificación viene a eliminar este privilegio pero y aquí la gracia al menos en un año no va a entrar en vigor, con lo cual se concede plazo para seguir haciendo y deshaciendo a su antojo. Fascinante.   

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El Gobierno despojará a la Iglesia de los privilegios de que goza desde 1946 para poner a su nombre cualquier edificio, almacén, cementerio, garaje o huerto sin tener que demostrar que es la propietaria. En la actualidad (gracias a que el Gobierno de Aznar agrandó esos privilegios en 1998), basta con que un obispo se acerque al registro de la propiedad para que una catedral que nunca tuvo dueño oficial quede inmatriculada, por un puñado de euros, como ha ocurrido con la de Navarra, o con la mezquita de Córdoba, por poner dos ejemplos notables. El artículo 206 de aquella ley franquista que permitía a los obispos proceder como los funcionarios públicos ha desaparecido por completo en el anteproyecto de ley que reforma la Ley Hipotecaria que ha presentado el Consejo de Ministros. En su lugar (ahora el artículo 204) hay una redacción que nada menciona sobre ello.
Pero la reforma presentada ayer da un año de plazo desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que entren en vigor estos cambios, por tanto, hay tiempo aún para seguir haciendo lo que se ha hecho hasta ahora. Y aún más, teniendo en cuenta que se trata de un anteproyecto de ley al que le faltan meses de trámites.
José María Aznar extendió a los templos de culto la posibilidad de esas inmatriculaciones exprés en 1998 y desde esa fecha, solo en Navarra, la Iglesia puso a su nombre 1.087 inmuebles religiosos o no, un gran patrimonio artístico que en buena medida había construido el pueblo, como queda acreditado en numerosas escrituras.
La Iglesia ha inmatriculado (así se dice en la jerga cuando se registra alguna propiedad por primera vez) en estos años miles de inmuebles y templos en toda España, con un proceso sencillo que muchos expertos jurídicos consideran inconstitucional pero que nadie llevó nunca a tribunales para que quedara demostrado. Se desconoce el número de propiedades que se han puesto a su nombre por toda España, pero algunas estimaciones de fuentes cercanas al Registro de la Propiedad hablan de alrededor de 4.500. Muchos alcaldes desconocen que la iglesia o la ermita ya no pertenece al pueblo. Revertir ese proceso requiere ir a tribunales, algo que no está al alcance de muchos ciudadanos, ni de algunos Ayuntamientos.
La reforma presentada por el Ministerio de Justicia, equiparará a esos obispos con el resto de los ciudadanos, que tienen que presentar en el registro de la propiedad la documentación que obre en su poder y que acredite que la propiedad les pertenece. Pero la Iglesia parte, de nuevo aquí, con ventaja, porque uno de los requisitos que se incorporan en la reforma es que esos inmuebles estén certificados en el catastro, algo que han venido haciendo los religiosos con la misma facilidad con que inmatriculaban aquello que nunca tuvo propietario. En la Conferencia Episcopal no quisieron hacer ayer ninguna declaración. Cuando se consultaba a las diócesis solían argumentar que los templos eran de su propiedad, por tanto, no se estaban apropiando de algo ajeno. Y remarcaban el favor que suponía registrar bajo su nombre algo que no tenía dueño que se ocupara de ello. Quizá por eso, el comunicado que el Gobierno emitió ayer destaca la “conciencia del valor de los inmuebles y de la necesidad de inscribirlos” que ha adquirido la sociedad desde que Aznar permitió inmatricular templos en 1998. Aunque no menciona a Aznar, solo dice que se hizo “por diversas razones históricas”. Más que conciencia adquirida, la sociedad ha estado luchando a brazo partido para evitar que la Iglesia se apropiara de templos y ermitas. Hasta llegar a los tribunales, en muchos casos y con poco éxito, en ocasiones. Sonados han sido los enfrentamientos con la Plataforma Navarra, que se opuso a estas inmatriculaciones y que ha conseguido arrebatarles algunas propiedades utilizando estrategias legales. Carmen Urriza, letrada de esa plataforma, destacaba ayer la “falta de voluntad” de esta reforma por presentar como inconstitucional el famoso artículo 206 de la ley franquista: “Si hubieran tenido conciencia clara de que esto es inconstitucional habrían dispuesto que la ley tiene un plazo de un año para entrar en vigor salvo en lo que respecta a ese artículo, y así se habrían evitado cuanto antes esos abusos. Es una chapuza jurídica que permite a la Iglesia seguir expoliando bienes de naturaleza pública durante más de un año”.
Antonio Hernando, secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, dijo ayer que este anteproyecto del Gobierno más que restar privilegios a los obispos “les pone sobre aviso para que sigan haciendo de las suyas. No derogan el artículo de inmediato, sino que se trata más bien de una amnistía a las que acostumbra el PP. Les van a quitar el privilegio, pero les avisan antes”.





Y a todo esto el gobierno guarda silencio sobre el numero de inmuebles apropiados excepto en Navarra y previa petición formal del parlamento. Acojonante, como para no preocuparse.  

Si. No detiene este despropósito, sino que por el contrario, les pone sobre aviso, de que ya no vamos a aguantar mas y les concede un plazo, suficiente y sobrado, para que aten bien sus cabos sueltos...  

Bueno, lo de la Mezquita ya es... y dicen, que la gente que está apoyando el que no se consienta su escrituración por parte de la IC, son ignorantes y que lo que pretenden (los que estan detrás) es devolversela al Islan.   

Cualquier cosa que yo dijera ahora, se quedaria corta, para resumir todo lo que pienso, pero como es muy tarde y estoy muy indignada, prefiero no añadir a estas horas nada más, de lo que mañana cuando amanezca pueda arrepentirme...

Haría   falta una dosis de comunismo y expropiar todos los bienes de la iglesia.

y permitir a la gente apropiarse de las cosas sin dueño...como se lo permiten a la iglesia.

 Tengo el día curiosón ¿Alguien puede responderme a estas preguntitas ?
-¿Entiendo bien si interpreto que en las auto-adjudicaciones se incluye en cada lote, además del continente, el contenido (Retablos Imágenes, Esculturas, Joyas, antigüedades y demás mobiliario?
-¿ Además del "derecho de pernada" sobre las Catedrales, Mezquita y demás  auto-adjudicaciones, la Iglesia NO paga I.B.I. ?
-Y, puestos a preguntar ¿Quién paga el mantenimiento de esas propiedades?

  Mejor me callo y dejo de preguntar ¿Verdad?

Con la Iglesia hemos topado, amigo PANORAMIX.

Por cierto acabamos de regalar la Mezquita de Córdoba, patrimonio de la humanidad. Eso es un regalo y no lo del día del padre.

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Citación :

La Mezquita de Córdoba se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de la lucha de plataformas ciudadanas contra los privilegios de la Iglesia. Y en esa pelea, el Estado acaba de ponerse del lado de la jerarquía eclesiástica. La Dirección General de Patrimonio del Estado, encargada de la defensa de los bienes públicos, no considera que el Obispado de Córdoba haya “usurpado” los más de 22.000 metros cuadrados del monumento, como planteaba un particular en una denuncia que ha decidido archivar.
Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, se coloca al margen del debate asegurando que de su investigación “no ha resultado indicio alguno de que dicho inmueble pudiese ser de titularidad de la Administración General del Estado”. Añade que el único “titular catastral” del monumento es el Obispado de Córdoba y pasa de puntillas sobre la constitucionalidad del artículo de la Ley Hipotecaria que convierte a los clérigos en una suerte de notarios.
El artículo 206 de esta norma franquista de 1946 les ha permitido inmatricular (registrar por primera vez) a su nombre miles de propiedades con un proceso sencillo que distintos expertos jurídicos consideran inconstitucional. La citada Ley Hipotecaria equiparó a la Iglesia con un funcionario para registrar propiedades. En 1998, el Gobierno de José María Aznar extendió este privilegio para que también pudiera aplicarse a los templos de culto. Desde entonces son miles las propiedades de todo tipo —cementerios, huertos, ermitas o catedrales— que han pasado a sus manos.
Solo en Navarra se han registrado 1.087 propiedades con esta fórmula, entre ellas la Catedral. Una estimación realizada por este periódico hace un año con fuentes cercanas al Registro de la Propiedad aludía a unas 4.500 en España, aunque la cifra real no se conoce porque el Gobierno no da datos.
En medio de este debate, en el que las plataformas ciudadanas piden el fin de esos privilegios con carácter retroactivo, el Ministerio de Justicia presentó en abril una reforma de la Ley Hipotecaria que elimina el artículo 206. Pero, además de los meses de tramitación que quedan por delante, ha fijado un año desde su publicación el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que entren en vigor los cambios.
El Obispado de Córdoba registró la Mezquita en 2006 por 30 euros. A finales de 2013 un grupo de ciudadanos crearon una plataforma cívica para exigir que la titularidad y la gestión pasaran a manos públicas y tratar así frenar el intento del obispado de borrar las huellas islámicas del monumento (llegó a borrar el término mezquita de folletos y carteles). Otra Administración, la Junta de Andalucía, ha dado también algún paso en este debate y pidió un informe en febrero que le indique si es competente para pedir su gestión o la titularidad del monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad hace 30 años.
La postura del Estado ha quedado definida por ahora en la respuesta a la denuncia de un particular, Fernando Jabonero, que acudió por su cuenta a la Dirección General de Patrimonio para denunciar la “usurpación” de este bien por parte de la Iglesia. Patrimonio le responde en un escrito fechado el 6 de mayo, haciendo suya la misma referencia histórica que usó el Obispado de Córdoba cuando inmatriculó la Mezquita a su nombre en 2006. Ambos citan que Fernando III el Santo decidió en 1236 que fuera “consagrada y convertida en Catedral”.
“El Código Civil no recoge la consagración de un bien como una de las fórmulas para adquirir una propiedad, eso es solo un acto religioso”, señala Isabel Urzainqui, abogada de la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Navarra, el colectivo que ha sido referencia en esta batalla ciudadana contra la inmatriculación de más de un millar de propiedades en la Comunidad Foral y ha conseguido arrebatar algunas de ellas a la Iglesia. Urzainqui considera que los argumentos de Patrimonio para archivar la denuncia por la Mezquita son una “dejación del Estado por no defender un patrimonio público”.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres, comparte que la postura del Estado incluye argumentos “más políticos que técnicos”. “Es sorprendente que el órgano que debe defender el patrimonio no se plantee la menor duda sobre la inconstitucionalidad” de las inmatriculaciones, añade. Patrimonio lo zanja señalando que no existe un pronunciamiento contrario del Tribunal Constitucional, que ni siquiera tiene encima de la mesa una petición para analizar este asunto.

Expoliando el patrimonio con total impunidad.  

¡Pero si es que hacen lo que les dá la gana...! Ya estoy encendido otra vez , si es que no puede ser tanta cara dura.