¡Qué horror! como si los indultos no hubiesen existido nunca en este país, hay exclamaciones como si la llegada de un fuerte terremoto se anunciara.
Igual más que indultos mejor sería una amnistía, ya que los delitos de los que se acusa a los separatistas, quizás no lo sean tal como los pintan.
Porque lo primero que hay que entender, si verdaderamente somos una democracia, donde existen partidos políticos extremistas, que jalonean a etarras unos, y a criminales como Franco y sus secuaces otros, que existan personas que deseen estar en un Estado propio, y que no se sientan para nada españoles tal como se entiende ha de ser la españolidad (por ejemplo amante del espectáculo sangriento de los toros) no es un delito, es una convicción respetable.
Una vieja canción española decía así:
"El ladrón piensa en el robo, el asesino en la muerte, el preso en la libertad, y yo morena en quererte".
Así de sencillo es el tema, el separatista, que no es feliz con este Estado al que le obligan a pertenecer, el que piense en la separación no es un delito, y si el delito se contempla por la manera de llevarlo a cabo, al no ser un delito, la ley, ya sea la Constitución, debe contemplar esa posibilidad. Bien es cierto que con determinadas condiciones, como todas las leyes. El que a Juan le guste circular a 200 kilómetros hora, si la ley lo impide debe acatarla, pero lo que no puede impedirle es que luche para conseguir autopistas que permitan esa velocidad. El que lo consiga o no ya es otra cosa. Los separatistas, actualmente, no tienen ninguna oportunidad tal cual la legislación vigente, ya se grande o pequeña, más que acatarla les guste o no, y eso no es una verdadera Democracia, que si bien ha de regirse por las mayorías, las minorías no pueden estar ninguneadas. Es como obligar a los separatistas que para su logro hayan de ir contra la ley.
Lo primero sería poder realizar un referéndum, dentro de la Ley, para saber la realidad catalana, pues igual resulta que el deseo separatista es inferior a quienes quieren continuar en este Estado, y si fuera al contrario, tendría que haber mecanismos para lograrlo dentro de la legalidad, por ejemplo si esa mayoría rondase un 70% o más. Impedir algo que es democrático (el separatismo debe serlo) que es de libre decisión, no puede ser rodeado de impedimentos de tipo "legal" como llamar sedición a un acto en donde no se utilizó ni un tirachinas, ni siquiera esas armas dejadas "por descuido" en un furgón policial con las puertas abiertas.
Si queremos ser un país verdaderamente democrático, si permitimos partidos donde el fascismo impera, u otros donde los antisistemas o anarquistas están presentes, o sus líderes aplauden a los revoltosos y causantes de destrozos y problemas sociales (véase Echenique) unos partidos que ambicionen democráticamente crear su propio Estado porque el actual consideren que los oprime, me parece justo.
No se, no puedo copiar el texto. Interesados abrid el enlace...
Obsesión por el franquismo no sé si se da, pero tú nos dejas entrever cierto fervor por el mismo, lo cual puede ser incluso más grave.
Dice así la RAE: Obsesión. Estado de la persona que tiene en la mente una idea, una palabra o una imagen fija o permanente y se encuentra dominado por ella.
¿Dominarme ese personaje abyecto, asesino, perjuro y deshonesto? En absoluto, lo que me produce es repulsión, y, como aborto de la Naturaleza que tanto mal ha hecho a España, mi país, lo repudio y lo citaré como ejemplo de un ser pernicioso, cada vez que se me ocurra.
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Dice así la RAE: Obsesión. Estado de la persona que tiene en la mente una idea, una palabra o una imagen fija o permanente y se encuentra dominado por ella.
¿Dominarme ese personaje abyecto, asesino, perjuro y deshonesto? En absoluto, lo que me produce es repulsión, y, como aborto de la Naturaleza que tanto mal ha hecho a España, mi país, lo repudio y lo citaré como ejemplo de un ser pernicioso, cada vez que se me ocurra.
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Obsesión por el franquismo no sé si se da, pero tú nos dejas entrever cierto fervor por el mismo, lo cual puede ser incluso más grave.
Dice así la RAE: Obsesión. Estado de la persona que tiene en la mente una idea, una palabra o una imagen fija o permanente y se encuentra dominado por ella.
¿Dominarme ese personaje abyecto, asesino, perjuro y deshonesto? En absoluto, lo que me produce es repulsión, y, como aborto de la Naturaleza que tanto mal ha hecho a España, mi país, lo repudio y lo citaré como ejemplo de un ser pernicioso, cada vez que se me ocurra.
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Obsesión por el franquismo no sé si se da, pero tú nos dejas entrever cierto fervor por el mismo, lo cual puede ser incluso más grave.
Donde está lo "grave" en reconocer lo bueno que hizo Franco? (Que fué mucho)
Del reconocimiento al fervor hay un trecho...; y nadie hay tan malo como para haberlo hecho todo mal...; de todas formas los crímenes de Franco son tan graves, que oscurecen cualquier virtud que pudiera tener.
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Obsesión por el franquismo no sé si se da, pero tú nos dejas entrever cierto fervor por el mismo, lo cual puede ser incluso más grave.
Dice así la RAE: Obsesión. Estado de la persona que tiene en la mente una idea, una palabra o una imagen fija o permanente y se encuentra dominado por ella.
¿Dominarme ese personaje abyecto, asesino, perjuro y deshonesto? En absoluto, lo que me produce es repulsión, y, como aborto de la Naturaleza que tanto mal ha hecho a España, mi país, lo repudio y lo citaré como ejemplo de un ser pernicioso, cada vez que se me ocurra.
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Obsesión por el franquismo no sé si se da, pero tú nos dejas entrever cierto fervor por el mismo, lo cual puede ser incluso más grave.
Dice así la RAE: Obsesión. Estado de la persona que tiene en la mente una idea, una palabra o una imagen fija o permanente y se encuentra dominado por ella.
¿Dominarme ese personaje abyecto, asesino, perjuro y deshonesto? En absoluto, lo que me produce es repulsión, y, como aborto de la Naturaleza que tanto mal ha hecho a España, mi país, lo repudio y lo citaré como ejemplo de un ser pernicioso, cada vez que se me ocurra.
El PP despliega contra los indultos la ofensiva que lanzó contra el Estatut y la negociación con ETA
Recursos ante los tribunales, recogidas de firmas, movilizaciones callejeras y mociones en todos los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos. Junto a las otras dos derechas –Vox y Ciudadanos–, el Partido Popular de Pablo Casado ha desplegado contra los indultos a los líderes independentistas una ofensiva idéntica a la que puso en marcha su predecesor al frente de los 'populares', el expresidente Mariano Rajoy, durante la primera legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En ese caso la guerra sin cuartel fue en contra del Estatut catalán y la negociación entre el Estado y ETA. Entonces la estrategia no solo resultó fallida para los intereses de los populares –el PP perdió las elecciones de 2008 y cambió sus mensajes haciéndolos más centristas y alejados de la bronca permanente–, sino que, además, impulsó el independentismo en Catalunya, donde hoy el PP es una fuerza residual, con solo tres escaños de los 135 que componen el Parlament surgido de las urnas el pasado 14 de febrero.
Las cuatro millones de firmas presentadas por el PP contra el Estatut y, sobre todo, el posterior recurso interpuesto por el partido conservador contra el texto ante el Constitucional, que en 2010 anuló 14 artículos de la máxima norma catalana –quitando validez jurídica al término nación– que había sido aprobada por el Parlament, Las Cortes españolas y ratificada por referéndum por los catalanes –con un apoyo de más del 73%–, se consideraron el germen del procés independentista que ha marcado la política catalana en la última década. Numerosos dirigentes 'populares', entre ellos la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre o el exlíder del PP catalán y actual alcalde de Badalona, Xavier García-Albiol, reconocieron posteriormente errores en la actuación de su partido contra el Estatut, que derivaron en la crisis abierta en Catalunya. "Votar contra el Estatut quizá fue un error", llegaba a admitir Aguirre en 2015, en una entrevista en La Vanguardia. El propio Casado criticó en la reciente campaña electoral catalana la actuación de Rajoy ante el referéndum independentista de 2017. "Yo el 1-O [el 1 de octubre de 2017] era portavoz del PP. Decidí no salir a explicar lo que estaba pasando en Catalunya porque no estaba de acuerdo con los que decían que allí se estaba votando de forma homologable ni con los que decían que no se estaba votando nada", afirmó el hoy líder del PP. Como hace 15 años, el único objetivo del plan puesto en marcha ahora desde Génova 13 es desacreditar a un Ejecutivo progresista –que hace 15 años era del PSOE en solitario y que ahora los socialistas comparten con Unidas Podemos– al que consideran ilegítimo desde el mismo momento en el que se constituyó, y tratar de tumbarlo a mitad de legislatura, a pesar de que, como en la época de Zapatero, la izquierda cuenta con el apoyo de la mayoría del Parlamento y, por tanto, de los representantes de la ciudadanía española elegidos en las urnas. Todos los socios parlamentarios del Ejecutivo se han mostrado además en la última semana a favor de los indultos a los líderes del procés.
Declaraciones que se repiten 15 años después
Un simple vistazo a las hemerotecas permite contrastar cómo las declaraciones pronunciadas por los principales dirigentes populares entonces, contra el Estatut catalán, y ahora, contra los indultos de los presos del procés, son también prácticamente exactas y se caracterizan por la hipérbole y las visiones apocalípticas acerca del futuro de España. El 31 de marzo de 2006, cuando el Congreso de los Diputados aprobó la máxima normativa catalana, Rajoy aseguró que el Estatut había nacido "para dar satisfacción a los nacionalistas" y que suponía "el principio del fin del Estado". Ahora, Casado asegura que los indultos, que aún no se han concedido, supondrían el "pago" del Gobierno a las fuerzas independentistas por su apoyo en la investidura de Sánchez y pondrían "en riesgo la continuidad de la España constitucional". A pesar de que en esa primera legislatura de Zapatero, la estrategia de Rajoy de la exageración y la sobreactuación no le dio resultados en las urnas, Casado está dispuesto a repetirla tres lustros después. Este viernes, el líder del PP anunciaba que su formación "va a movilizarse" y "a recoger firmas" contra los indultos, que es exactamente lo que hizo su predecesor en 2006 contra el Estatut. Rajoy comenzó la campaña de recogida de firmas contra la máxima norma catalana el 31 de enero de ese año, cuatro meses después de que el Parlament la aprobara con los votos favorables de PSC, ERC, ICV, y CiU, que sumaron 120 de los 135 diputados de la cámara autonómica, y los votos en contra de los 15 diputados del PP. El Estatut llegó al Congreso en noviembre de 2005 y se aprobó cuatro meses después, en marzo de 2006, por 189 votos a favor y 154 en contra –se ratificó por el Senado el 10 de mayo–. Solo 26 días después de la aprobación en la Cámara Baja, Rajoy presentó en el Parlamento una proposición no de ley para convocar un referéndum en toda España sobre la normativa catalana, a pesar de que la Constitución explicita que esos textos autonómicos los debe aprobar el Congreso, como así había ocurrido solo 26 días antes, sin la necesidad de consulta alguna. El entonces líder del PP acompañó su propuesta con las cuatro millones de firmas que había recogido a favor de dicho referéndum de carácter estatal. Al mes siguiente de la escenificación de la entrega de firmas por parte de los 'populares', el 18 de junio de 2006, se celebró una consulta no vinculante en Catalunya –que tuvo una baja participación del 48%– en la que el 73,9% de los catalanes dieron su visto bueno al Estatut a pesar de que el PP pidió votar 'no'. Aunque el texto contaba ya con el refrendo tanto del Parlament, como del Congreso y del pueblo catalán, Rajoy recurrió la máxima norma autonómica ante el Tribunal Constitucional un mes más tarde, el 31 de julio de 2006.
Del 'lawfare' a las calles
La sentencia de dicho tribunal, conocida en 2010 y que anuló parte de los preceptos del Estatut, fue la mecha que encendió la llama independentista en Catalunya. Supuso el inicio del llamado procés para la desconexión de España por el que precisamente están condenados los políticos soberanistas a los que el Gobierno actual planea indultar en las próximas semanas, a pesar de los informes en contra del Tribunal Supremo, la Fiscalía o la Abogacía del Estado. Unas prerrogativas que el PP combatirá al menos con el mismo ímpetu con el que lo hizo contra el Estatut, según insisten sus dirigentes, presentando también, como hace 15 años, mociones en todos los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos. Además de la recogida de firmas, en 2006 el PP también se manifestó contra la normativa catalana en las calles con numerosas marchas por todo el país. Las movilizaciones callejeras –impulsadas también por la Conferencia Episcopal y las terminales mediáticas más conservadoras– sirvieron asimismo a los populares para hacer oposición al Gobierno de Zapatero por su diálogo con ETA, la aprobación de la reforma de la ley del aborto o contra la regulación del matrimonio igualitario. Estas dos últimas normas fueron recurridas también ante el Constitucional en una estrategia, la de la judicialización de la política –la llamada lawfare, una actuación recurrente de la derecha contra los gobiernos progresistas–, que también tiene previsto poner en marcha Casado si se aprueban los indultos. El PP, al igual que Ciudadanos y Vox, ya ha dicho que, si se conceden, recurrirá ante el Supremo. Las movilizaciones callejeras las piensa repetir ahora la dirección de Casado contra esos posibles perdones a los dirigentes independentistas. Hasta el punto de que el próximo 13 de junio el PP repetirá la conocida como foto de Colón –la imagen de la concentración de febrero de 2019 contra Sánchez en la que se pudo ver juntos a los líderes de las tres derechas– en una protesta en esa misma plaza madrileña a la que también asistirán Ciudadanos y Vox. El acto ha sido convocado por Unión 78, una plataforma impulsada por la exlíder de UPyD, la exsocialista Rosa Díez, el filósofo Fernando Savater o la exdirigente del PP vasco, María San Gil, entre otros, que considera que los indultos por parte de Sánchez "no tienen otro propósito que conservar la mayoría parlamentaria para mantenerse en La Moncloa a cualquier precio".
Del "usted traiciona a los muertos" al "pacta con los de Hipercor"
Aquella primera legislatura de Zapatero estuvo marcada por una crispación agitada por el principal partido de la derecha que recuerda mucho a la practicada por la dirección de Casado –y sus medios afines– desde su llegada al frente del PP, en 2018. Como entonces, la turbulencia permanente está caracterizada por la descalificación constante al Gobierno progresista, al que los populares sitúan como próximo al terrorismo, el recurso a los tribunales para solucionar diatribas políticas y la agitación de las calles. En 2005, Rajoy –en un recordado discurso ante el Congreso– acusaba a Zapatero de "traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento" por dialogar con la banda terrorista en busca de la paz cuando la organización aún mataba. Ahora que la banda lleva disuelta tres años Casado llama al Gobierno "filoetarra", y desde el PP aseguran que el Ejecutivo "tiene las manos manchadas de sangre" por haber pactado los Presupuestos con EH Bildu, un acuerdo que también sirvió al líder de los populares para lanzar a Sánchez en el Congreso que había contemporizado con terroristas: "¿Se imagina a Biden pactando con terroristas del 11S o a Macron con los de Bataclan? Pues usted lo ha hecho con los de Hipercor". 15 años después, Casado tiene el mismo plan que no le salió bien a Rajoy para tratar de tumbar al Ejecutivo progresista al margen de las urnas. El líder del PP considera que el indulto, si finalmente se concede, "será el finiquito" de Sánchez "y el epitafio del Partido Socialista constitucional". Además, la dirección popular cree que esas posibles prerrogativas a los líderes del procés harán que el PP siga creciendo en las encuestas tras el impulso que supuso el triunfo de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas del pasado día 4, lo que hizo que Casado haya conseguido escalar puestos en algunos sondeos que apuntan a que hoy en día el PP podría superar a los socialistas en intención de voto. Todo ello a pesar de que desde el Gobierno han dejado claro que no se producirá ningún adelanto electoral, y a que el propio líder del PP tampoco quiere que las generales sean antes de la convención de su partido del próximo otoño, en la que tiene previsto perfilar su "alternativa" política frente al Ejecutivo de izquierda. Hasta que lleguen los comicios, Génova 13 está dispuesta a situar en el centro de su estrategia de oposición de los próximos dos años –o durante lo que quede de legislatura– los indultos a los presos independentistas que el PP ya da por hechos tras las últimas declaraciones de Sánchez.
Felipe González y el viejo PSOE: de reclamar el indulto a los condenados del GAL a presionar para que no se conceda en el procés
El expresidente Felipe González se ha erigido en el portavoz de quienes, desde dentro del PSOE, critican que el Gobierno vaya a indultar a los condenados por el procés. "No debe ser indultado quien no quiere serlo porque no respeta las leyes que lo hacen posible", dijo el miércoles en una entrevista en El Hormiguero en prime time, donde afirmó también que para esa medida de gracia es imprescindible el arrepentimiento, un requisito que la ley no contempla.
González refleja así el sentir de varios cargos socialistas, entre ellos algunos barones y miembros de la vieja guardia, que no ven con buenos ojos que el Gobierno vaya a conceder un indulto que se da por hecho. "En la Constitución no está la revancha ni la venganza, están el diálogo, el respeto, y la vocación por superar fracturas y reencontrarnos", dijo Sánchez el martes, preguntado por este asunto, y anticipando cuál será la decisión final del Ejecutivo, que ya tiene sobre la mesa los informes de Fiscalía y Supremo, ambos contrarios al perdón gubernamental. Las palabras de González reflejan un cambio en su postura sobre los indultos, una medida que no dudó en reclamar cuando los condenados eran sus subordinados. El expresidente del Gobierno llegó a firmar un escrito dirigido al Gobierno de José María Aznar para reclamar el "indulto total" de Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de González y condenado primero por el secuestro de Segundo Marey y luego por malversación de fondos reservados. Vera y José Barrionuevo, ministro del Interior en los gobiernos de González, fueron condenados por primera vez por el Tribunal Supremo en julio de 1998 a diez años de cárcel por el secuestro del empresario francés Segundo Marey, al que tres mercenarios de los GAL confundieron con un líder de ETA en plena guerra sucia contra el terrorismo. Los jueces señalaron a Vera y Barrionuevo como organizadores y financiadores del secuestro y les situaron como impulsores de los GAL. El Supremo ordenó su entrada en prisión en septiembre de 1998, un acto que el PSOE convirtió en una demostración de apoyo a ambos condenados. La cúpula del partido y 7.000 personas desplazadas desde distintos punto del país (especialmente de Extremadura y Andalucía) se plantaron a las puertas de la cárcel de Guadalajara. Allí se juntaron Felipe González, Josep Borrell, Alfonso Guerra, Ramón Rubial, Manuel Chaves, Juan Carlos Rodríguez Ibarra o José Bono, entre otros. González fue el último en despedirles con un abrazo a las puertas de la prisión; Almunia les prometió que el partido trabajaría para que salieran pronto de prisión. Y así lo hicieron. González volvió a visitarles a la cárcel unos meses después, en diciembre: "Los que no somos familia pero nos sentimos de la familia, lo que queremos es libertad ya". Añadió que si no se les indultaba continuarían las manifestaciones a las puertas de la prisión y dijo que sería incomprensible que no se les concediera antes de Navidad. Ese día también acompañaron al expresidente otros cargos socialistas, como Juan Alberto Belloch, ministro de Justicia con el PSOE, que reclamó a Aznar el perdón si tenía "un mínimo de sensibilidad democrática". La concentración de altos cargos socialistas ese día en la cárcel no era una casualidad: acudieron justo después de que el Supremo hiciera público su informe favorable al indulto de Vera y Barrionuevo. En un acto en Murcia, Almunia pidió el indulto por "criterios humanitarios y de oportunidad política". El Supremo avaló un indulto que González pedía pese a que ninguno de los condenados se había arrepentido de los hechos, una condición que el expresidente del Gobierno considera ahora imprescindible para perdonar las penas de los presos independentistas. Es más, Vera y Barrionuevo renegaron por carta de la petición de indulto que habían presentado unos cargos del PSOE al Tribunal: "Nos queda nuestra dignidad y no la perderemos pidiendo el indulto". Ese indulto por parte del Gobierno de José María Aznar solo tardó unos días. El Gobierno se acogió al informe del Supremo y les rebajó dos tercios la condena, lo que les permitió acceder a un régimen abierto. El 24 de diciembre abandonaron la prisión de Guadalajara. El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, justificó la decisión por "altura de miras"; el PSOE criticó que solo fuera un indulto parcial. El Constitucional confirmó sus penas años más tarde, lo que en la práctica les obligaba a volver a prisión a cumplir con el tiempo que les restaba de condena. Vera, Barrionuevo y el resto de condenados se presentaron en distintos centros penitenciarios el 30 de mayo de 2001. Tan solo unas horas después les fue concedido a todos un tercer grado especial que les libró de la obligación de dormir en la cárcel, que abandonaron pasadas unas diez horas. El problema para Vera fue que otra causa, una investigación por haber malversado fondos reservados —se habría quedado con 141 millones de pesetas—, le acarreó en 2004 otra condena, esta vez a siete años de prisión. González encabezó de nuevo la petición de indulto y firmó una carta junto a Barrionuevo y José Luis Corcuera, exministro del Interior del PSOE, en la que pedía al Gobierno de Aznar un "indulto total". Aquella vez el Gobierno de Aznar no accedió. Vera ingresó en prisión en febrero de 2005 pese a que la condena se había producido meses antes. El Supremo accedió a retrasar su entrada en la cárcel a después de las fiestas de Navidad. Vera, esta vez sí, pidió el indulto él mismo, aunque se le denegó. En agosto del año 2006 obtuvo el tercer grado. Tanto Vera como Barrionuevo se han mostrado contrarios a que los líderes del procés se acojan al mismo perdón que ellos. Barrionuevo ha considerado que ambas situaciones se parecen "como un huevo a una castaña"; y Vera ha apostado por llegar a un acuerdo con el PP antes de aplicar el indulto.
El Gobierno decidirá próximamente sobre el indulto de los políticos catalanes condenados por su actuación durante el procés. Obligado por ley a tomar una decisión, el Gobierno ha sido objeto ya de críticas y descalificaciones de alto voltaje que intentan amedrentarlo preventivamente. Por nuestra parte, esperamos una decisión favorable al indulto y reconocemos la valentía de una decisión difícil que provocará costes inmediatos al Gobierno de PSOE-UP. Pero desde una perspectiva de horizonte más dilatado, surgen razones de mucho peso para apoyar el indulto. Son razones compartidas en Cataluña por una amplia mayoría de sus ciudadanos y que podrían serlo también por quienes en otras partes de España quieren dar una salida eficaz y estable a la grave crisis territorial que nuestro sistema político padece desde hace tiempo y no quieren explotarla en beneficio de intereses de partido o de grupo Entendemos que el indulto es necesario no solo para acabar con una privación de derechos que ya va más allá de lo razonable, sino también para dejar atrás una etapa política nefasta, recuperando el terreno del diálogo y mejorando la convivencia, en lo político y en lo social. Existen, al menos, tres argumentos en apoyo de los indultos que presentan una considerable solidez política y jurídico-constitucional. En primer lugar, el indulto es una medida propia del poder ejecutivo que no supone, como temen algunos, una descalificación de la sentencia porque no entra en la forma en que se aplicó la legalidad, sino que maneja criterios de utilidad pública valorando si las penas impuestas son necesarias y oportunas. En este momento, no solo es claramente apreciable la inutilidad de mantener a los presos privados de libertad, sino también el perjuicio que representa para normalizar la situación política en Cataluña y mejorar la comunicación con la política española. En segundo lugar, empeñarse en el cumplimiento de unas penas desproporcionadas que se sitúan en el nivel del delito de homicidio y que provocan extrañeza en medios políticos y jurídicos europeos, solo puede basarse en la creencia equivocada de que la dureza del castigo es un remedio eficaz para doblegar al nacionalismo catalán o para compensar el daño producido social e institucionalmente. Y ésta es una creencia de escaso fundamento que solo contempla el pasado y renuncia a mejorar las condiciones de construcción del futuro. Finalmente, creemos necesario abandonar conceptos como “perdón” y “arrepentimiento” de claras resonancias morales, impropias de un derecho democrático y de la concepción actual del indulto. La Ley de Indulto sólo menciona el arrepentimiento como posible contenido del informe no vinculante del tribunal sentenciador, pero en ningún caso es requisito legal para concederlo. Políticamente, quienes lo exigen pretenden en realidad obtener la renuncia a unas ideas que son legítimas y que no han sido objeto de condena como demuestra el hecho de que las comparta el actual Govern de Cataluña. Insistir en esa renuncia como requisito para el indulto podría abonar la teoría de que la condena se debe a las ideas y no a los hechos. El informe del Tribunal Supremo reafirma, como es natural, los argumentos jurídicos de su sentencia. Pero recuerda al mismo tiempo que los motivos del indulto han de valorar especialmente la necesidad de la pena. Señala además que el Gobierno no es una segunda instancia destinada a ejercer la crítica jurídica, lo cual equivale a reconocer las distintas competencias de una y otra institución. Al afirmarlo y quizá sin pretenderlo, el propio Tribunal rechaza implícitamente la idea de que el indulto sea una enmienda a su sentencia, como afirma algún sector de la opinión pública en contradicción con las exigencias elementales de la división de poderes. El Grup Pròleg se constituyó hace ya más de tres años con una declaración a favor de la puesta en libertad de los dirigentes políticos encarcelados, aun sin compartir sus posiciones políticas ni sus actuaciones. Es una declaración que hemos reiterado en más de una ocasión. Es coherente, por tanto, que apoyemos ahora una de las fórmulas que permitirían su puesta en libertad e invitamos a otros a hacerlo, porque es útil y necesario en términos personales, políticos y sociales y es además adecuado a la legalidad de la que forma parte la Ley de Indulto. Esperamos que la decisión del Gobierno del Estado se produzca lo más pronto posible y en sentido favorable. Si así ocurre, desearíamos igualmente que tanto el nuevo Govern de la Generalitat, como los partidos y grupos que se oponen al Gobierno del Estado entendieran que mantener la retórica estéril de la confrontación impide explorar una salida dialogada a la grave crisis política que padecemos. Trabajar constructivamente por esta salida dialogada es lo que piden a la política una mayoría de nuestros conciudadanos. En Cataluña y en España. *El GRUP PRÒLEG se constituyó en febrero de 2018, con el afán de recuperar espacios de diálogo democrático en Catalunya y con los demás pueblos de España. Lo integran personas procedentes de las izquierdas catalanas no independentistas. Sus miembros actuales son Jordi Amat, Marc Andreu, Marga Arboix, Oriol Bartomeus, Laia Bonet, Joan Botella, Victoria Camps, Joan Coscubiela, Jordi Font, Mercedes García-Aran, Oriol Nel.lo, Raimon Obiols, Lluis Rabell, Joan Subirats, Marina Subirats i Josep M. Vallès.
Yo no creo que ese indulto deba concederse, son ellos quienes deben rectificar y en cambio dicen no arrepentirse de nada y que lo volverán a intentar...
Nolocreo escribió:Yo no creo que ese indulto deba concederse, son ellos quienes deben rectificar y en cambio dicen no arrepentirse de nada y que lo volverán a intentar...
Los presos no están pidiendo indulto, piden amnistía, pues no consideran haber cometido delito alguno. Por otra parte, cuando se pide arrepentimiento, se da la sensación de querer humillar, y eso tampoco es de recibo. La gracia del indulto debe darse como eso, como una gracia, sin exigencia alguna, y si no se quiere conceder, no se conceda. Se ha de ser consecuente con la pena impuesta, salvo que, interiormente, se pudiera entender que se ha excedido.
Hoy, precisamente, un individuo ha matado a una Guardia Civil, yo me apuesto lo que usted quiera que no le pondrán 13 años de cárcel como a los independentistas por poner las urnas, porque las demás acusaciones no se sostienen, en Catalunya no se proclamó la independencia, porque eso debe figurar ene el Boletín Oficial, y nunca apareció. No se usó de la violencia, ni hubieron armas. Lo que hay, al menos a mí me lo produce, es un castigo desproporcionado como reflejo para que otros, o los mismos, no hagan igual, pero la idea independentista, y se lo dice alguien que no está a favor de ella, nunca debe intentarse eliminarla por la fuerza. España lleva ya más de 300 años con ese intento, y nunca lo ha conseguido, ni con guerras ni con gaitas. No sentirse español, pretender tener un Estado propio, eso no es delito. Delito puede ser robar a los españoles millones de euros, y no hay ni cárcel ni historias, y ya sabe a qué me refiero...
A mí, tonterías e hipocresías, pocas o mejor ninguna.
Nolocreo escribió:Yo no creo que ese indulto deba concederse, son ellos quienes deben rectificar y en cambio dicen no arrepentirse de nada y que lo volverán a intentar...
Se indultó a terroristas de estado condenados a cárcel (un Ministro de interior Barrionuevo, y su Secretario de Estado, Vera, se indultaron a los golpistas del 23 F, se han indultado a corruptos, al consejero delegado del Banco Santander, a policías torturadores, al juez Gómez de Liaño por prevaricar, al presidente del atlético de Madrid, Jesús Gil por el homicidio involuntario de 58 personas en la inauguración de su urbanización, en los Ángeles de San Rafael ¿Tú crees que se arrepintieron y devolvieron el daño causado a la sociedad?
A marapez, El Postiguet y a Zerg Rush les gusta esta publicaciòn
marapez escribió:Teniendo en cuenta que nunca debieron estar en la carcel...
No solo deben estar en la cárcel sino que además deben cumplir sus penas íntegras y no a medias o ya directamente para llegar al mismo resultado y si nunca debieron estar en la cárcel no hubiese hecho falta juicio alguno tampoco...
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